Jornadas “SAMIR SOMOS
TODAS Y TODOS”
COMBO POR LA VIDA: DICIEMBRE
DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

Organizaciones presentan amparos contra acuerdo de militarización

Alexis Ortiz/El Universal
22 julio 2020

Organizaciones de la sociedad civil presentaron múltiples amparos contra un acuerdo publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual permite que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad hasta el 2024.

El acuerdo fue publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora es impugnado por las asociaciones civiles. Quienes promovieron el recurso legal argumentaron que esta acción viola la Constitución de México, pues no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementado.

A través de un comunicado, las ONG alegaron que el Ejército y la Marina han llevado a cabo tareas de seguridad pública durante 14 años, tiempo en el que se ha documentado su participación en detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales.

“La evidencia acumulada indica que la militarización de la seguridad pública no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado. A pesar de ello, la estrategia que apuesta por profundizar la militarización avanza contradiciendo a la Constitución, a los tratados internacionales, al Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, y pone en riesgo los derechos humanos de todas las personas”, reclamaron las asociaciones.

Quienes interpusieron los amparos fueron la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México Unido contra la Delincuencia, EQUIS Justicia para las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Intersecta y la acción fue respaldada por el colectivo Seguridad sin Guerra.

Todas estas organizaciones pidieron al Poder Judicial de la Federación (PJF) interpretar como “caso urgente” la militarización de la seguridad pública, y tramitar las demandas de amparo que se le presentaron de manera física.

“La operación regular de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública provoca un efecto amedrentador que inhibe el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, el derecho de asociación, el derecho a la protesta, y el derecho al acceso a la información”, mencionaron las organizaciones en su comunicado.