Corte de Arizona confirma responsabilidad de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa
Foto: Ximena Natera
Anabel Hernández / Contracorriente / Deutsche Welle
Durante cuatro años fui testigo de un proceso judicial histórico en una Corte en Florence, Arizona. El veredicto fue dictado el 7 de enero pasado y dio un inesperado giro al caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Crimen que marcó el gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto. Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la Juez Molly S. Frazer: solo instituciones del gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad.
Todo ocurrió en el marco de un juicio de asilo político solicitado por un mexicano llamado Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad, o hacían escándalos en la vía pública. De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche.
Tradicionalmente las cortes migratorias en Estados Unidos son conservadoras, aún más en un estado como Arizona, donde existen grupos de ultra derecha que cazan en el desierto a migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de México a la USA. Los juicios de mexicanos que piden asilo político en ese país son difíciles y que les sea concedida la protección del gobierno americano casi imposible.
A fines de 2015, la abogada americana Margo Cowan, representante legal de Bernabé García, reconocida por su lucha por la defensa de los derechos humanos de los migrantes, me pidió declarar ante la Corte como ‘testigo experto’, una categoría judicial en la ley norteamericana. Yo había investigado el caso de la desaparición de los estudiantes y había ya encontrado pruebas documentales y testimonios claros que mostraban que la versión de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto sobre los hechos ocurridos en Iguala era falsa. Mis hallazgos los hice siguiendo mi método de investigación que me ha permitido descubrir y documentar verdades antes que la lenta y muchas veces viciada justicia mexicana.
Anabel Hernández, periodista mexicana
Cowan sabía que uno de mis testigos principales había sido Bernabé García. Lo conocí en noviembre de 2014 cuando viajé a Iguala por primera vez para hacer una investigación de campo de la desaparición de los normalistas, financiada por el Programa de Periodismo de Investigación de UC Berkeley. Mi padre había sido secuestrado y desaparecido en el año 2000, el no saber donde estaba, si sufría, si tenía hambre o frío, fue un suplicio. Podía imaginar lo que los padres de los 43 sentían por no saber nada de sus hijos en más de 30 días. Puedo imaginar su dolor luego de seis años de no conocer su paradero.
En aquel viaje la primera voz clara, nítida, espontánea y sin prejuicios que escuché fue la de Bernabé García. Cuando todo era turbio, cuando el gobierno de México imponía a los medios de comunicación nacionales e internacionales su “versión oficial”, cuando afirmaba que el ataque había sido orquestado por el presidente municipal José Luis Abarca y su policía, sin que el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la base de la Policía Federal, la base de la PGR, ni de la policía estatal tuvieran conocimiento de eso, cuando todas esas oficinas se encontraban en el perímetro de los lugares donde ocurrió el ataque contra los muchachos, la muerte de tres de ellos y la desaparición de los 43.
La conversación con él, como cuando hago este tipo de investigaciones, comenzó de manera casual. Él estaba libre, no tenía ningún problema legal, y el cargo que había tenido de juez de barandilla había sido accidental ya que era sustituto del titular que había pedido permiso de ausentarse durante tres meses. Le pregunté cómo había sido toda esa jornada del 26 de septiembre de 2014. Su memoria aún estaba muy fresca. Me dijo incluso hasta a qué hora se levantó, a qué hora se presentó a trabajar esa mañana en la base de la policía municipal de Iguala. A que hora fue a comer el lunch, a qué hora regresó, y cuantas personas habían sido arrestadas durante ese día y llevadas a la base de la policía municipal. Dijo que seis. Me mostró ahí mismo las boletas de multas que había puesto y cómo a los hombres arrestados no habían tenido dinero para pagar los habían metido en las celdas de la base.
Según la versión de la PGR, esa noche, mientras el juez de barandilla ponía multas a personas que bebían u orinaban en la vía pública, los 43 habían sido llevados a la base de la policía municipal y de ahí habrían sido llevados en camionetas de la policía a un paraje donde habrían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado y quemado. Todo por órdenes que supuestamente había dado el presidente municipal José Luis Abarca.
Pregunté a Bernabé García por los estudiantes, me miró y con claridad me dijo: ‘nunca estuvieron ahí, que le pregunten al ejército. La prueba de que no estuvieron ahí es que el Ejército llegó a las mismas horas en que dicen que los estudiantes estaban ahí’. La hora que decía la PGR era entre las 23:30 y 24:00 A esa hora ocurrió en las calles del centro de Iguala el ataque más feroz. Los normalistas fueron balaceados y perseguidos por las calles. Dos de ellos quedaron heridos tirados en el asfalto bajo la lluvia.
Bernabé García fue el primer testigo en decir que el Ejército estuvo en las calles a la hora de los ataques. Era mentira que no habían tenido conocimiento de los hechos como decía el gobierno. ¿Por qué mentir si no había nada que esconder?, pensé. Ese fue el origen de mi investigación sobre la presencia y participación del Ejército. El juez de barandilla no mintió, un año después el propio Capitán del 27 Batallón, luego de mentir varias veces en sus declaraciones ministeriales, reconoció la versión de Bernabé García.
Después de esa pista encontré muchos elementos, incluyendo pruebas periciales que probaban que el Ejército y la Policía Federal encabezaron el ataque de esa noche y la desaparición de los estudiantes. Quien coordinaba a todas las fuerzas del orden era el Ejército, el alcalde y la policía municipal eran pequeñas figuras en comparación a la fuerza del Ejército y otras corporaciones del gobierno federal que estuvieron vigilando y siguiendo a los estudiantes desde cuatro horas antes de los ataques, durante estos y la desaparición de los 43. Gracias a Bernabé García seguí la pista para descubrir que el Ejército controlaba las cámaras de seguridad de toda la ciudad, y fue el Ejército el único que había podido borrar los videos de dichas cámaras para eliminar cualquier prueba que los involucrara.
Publiqué esta primera parte de mi investigación en diciembre de 2014, titulé al artículo “La Verdadera Noche de Iguala”, que después se convirtió en un libro publicado en 2016. A consecuencia de ese reportaje que pegaba justo en el punto más frágil del discurso del gobierno de Peña Nieto, días después el entonces procurador salió a dar “verdad histórica” basada en declaraciones obtenidas bajo tortura, y cero pruebas periciales que pudieran confirmar algún rastro de veracidad de dichas declaraciones. Comenzó una feroz persecución contra Bernabé García y para salvar su vida ingresó de manera ilegal a Estados Unidos y pidió asilo político porque su vida estaba en serio peligro.
Durante 4 años testifiqué en la Corte de Arizona ante la Juez Molly S Frazer. Yo solo narré mi investigación periodística paso por paso, aporte documentos y pruebas. En cada audiencia, ella preguntaba hasta el más mínimo detalle. Se veía que estudiaba el caso. Tuvo en su poder 61 pruebas presentadas por Cowan y por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security ) que se oponía a que Bernabé García tuviera el asilo político. En primer lugar porque por norma se oponen a dar asilo político no importa el perfil de la persona, y en segundo lugar porque a raíz de las declaraciones que me dio la PGR en México giró una orden de arresto en su contra, para silenciarlo, y el Ejército comenzó a perseguirlo.
Por el nivel de profundidad al que llegó el juicio, y lo sé porque estuve ahí, Frazer no sólo estaba juzgando su debía o no conceder el asilo a Bernabé García, ella quería realmente conocer la verdad de lo que pasó esa terrible noche en Iguala. La Juez pudo haber solo dado un resolutivo sobre Bernabé García, pero el 7 de enero de 2020 dio un paso más allá: no solo decidió conceder el asilo político del juez de barandilla, sino también emitió un fallo histórico que sienta el primer antecedente de una Corte americana sobre una violación grave a derechos humanos en México.
“La Corte está de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la Señora Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fín de sustentar la falsa verdad histórica”, afirma la sentencia de la Corte de Arizona.
“(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más posible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, afirma.
De este modo, la jueza Frazer no sólo dio protección a Bernabé García, sino proporcionó en tantos sentidos una forma de justicia a los 43 estudiantes desaparecidos, a sus familias, y a la sociedad mexicana. Justicia y verdad que hasta el día de hoy el gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador no puede o no se atreve a dar. Hay personas de su gabinete que piensan que el caso se mantendrá inconcluso porque el mandatario no quiere pelear contra el Ejército Mexicano. Aún espero que eso no sea verdad.