Trabajadores del Seguro Popular acusan incertidumbre jurídica laboral (Querétaro)
Esmeralda Trueba / Código Querétaro
Los afectados dicen que no se les ha informado si se dará continuidad a sus servicios en el Insabi, o bien, si serán liquidados ante su despido y cierre laboral del Seguro Popular el próximo 31 de diciembre
Son 173 trabajadores del Seguro Popular a nivel estatal que actualmente se encuentran en incertidumbre jurídica y laboral, pues no se les ha informado si se dará continuidad a sus servicios en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), o bien, si serán liquidados ante su despido y cierre laboral el próximo 31 de diciembre.
Lo anterior fue expuesto por uno de los trabajadores inconformes, quien pidió el anonimato, y que explicó que cualquiera de las dos opciones que les ofrezcan tiene que definirse este viernes, toda vez que, mencionó, es el día en que se “congelan las cuentas de gobierno”, ya que se tienen que mandar los remanentes de los recursos no ejercidos a la federación.
“Lo que estamos pidiendo es que nos liquiden conforme a la ley, porque ya es un hecho que desaparece esta institución, y si nos quieren contemplar para el nuevo instituto, empezar de cero. Pero sí queremos que se nos liquide porque dicen que nos resuelven pero hasta marzo o abril, y nosotros ya trabajamos y no sabemos qué va a pasar”, refirió.
Manifestó que este martes fueron citados a una reunión en donde se les daría una respuesta clara, sin embargo, las autoridades siguen con evasivas respecto a su situación laboral.
“Nosotros solo exigimos nuestros derechos laborales. A lo largo de unos meses nos han citado para darnos largas, porque le echan la culpa a la Comisión Nacional, la Comisión le echa la culpa a Seguro Popular, Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y el REPSS le echa la culpa a la Secretaría de Salud (Seseq). Ninguna institución se quiere hacer responsable de nosotros. Ayer (24 de diciembre), tuvimos una reunión y nos comentaron que no hay dinero para liquidaciones, aunque sí está el presupuesto y sí se aprobó, pero la contraloría no autorizó que se ejecute ese recurso”, expresó.
El afectado precisó que ya buscaron el apoyo del gobernador -a través de un escrito- para que intervenga, y aunque se venzan los plazos, se les dé certidumbre jurídica y laboral.