Los cadáveres de nadie en Sinaloa

Lorena Caro / Debate

Culiacán, Sinaloa.- La mayoría de las madres se niegan a aceptar que un hijo está desaparecido. La mayoría piensa que su hijo salió y va a regresar, porque esa esperanza las mantiene con vida. La idea de que un día puedan ver de nuevo a sus hijos caminando frente a ellas también las hace buscarlos en instituciones públicas, como hospitales o policías; en la calle y hasta debajo de la tierra.

Mirna Nereyda Medina, creadora del movimiento Rastreadoras de El Fuerte, comenzó la búsqueda de su hijo Roberto, desaparecido en 2014. Buscó a la vista de todos, y después comenzó a cavar fosas clandestinas. Encontró junto a más de 40 mujeres entre 140 y 200 cuerpos. Tres años después, el 14 de junio del 2017, descubrió los restos de su propio hijo.

“Muchas veces mis compañeras los encontraban y yo decía ‘como ellas encontraron ya a su hijo, ya no están con la incertidumbre de no saber si come, si duerme, si tiene frío o algo’. A veces sentía hasta envidia, y hoy que ya encontré a mi hijo es un dolor muy grande porque ya no tengo esa esperanza, y vivir con esperanza es vivir; en cambio nosotros, pues ya no vivimos, porque ya al morir nuestro hijo, al saber que ya está muerto, muere parte de nosotros”, contó a EL DEBATE.

Durante todos esos años, Mirna, acompañada de familias del norte del estado, vio la labor del Servicio Médico Forense, los errores, las deficiencias y las necesidades. Fue entonces que con la lucha social se creó en 2016, durante el gobierno de Mario López Valdez, un laboratorio de genética, esperando de que todos los cuerpos sin identificar encontrados pudieran tener su prueba de ADN, una eficiente, que les permita cotejar con las familias que los buscan.

Hoy, cada que un familiar denuncia la desaparición de una persona, debe realizarse la prueba de ADN. El problema que persiste —dijo— es que el laboratorio de genética se ubica en la capital del estado, además de que las instalaciones del Servicio Médico Forense funcionan en Culiacán y Mazatlán; en el resto del estado son las casas funerarias las que se encargan de levantar, inhumar y resguardar cuerpos, después de que el Ministerio Público lo autoriza.

“Si no hubiera sido yo tan insistente, yo no hubiera recuperado a mi hijo, sabiendo que los restos que estaban ahí eran de él, porque para ellos eran nada mas cuatro vértebras un pedazo de cráneo y una rodilla, entonces para mí era un tesoro, era mi hijo. Para ellos se les hizo muy poco eso, hacerle una carpeta (de investigación), tanto insistí que hasta el 28 de junio se le hizo la carpeta y se mandó a laboratorio. Si otras personas hubieran encontrado sus restos, no los hubieran tomado en cuenta. Yo siempre hablo de una doble desaparición. Si no hubiera existido yo, esos restos se quedan por ahí en una esquina y nunca hubiera sabido yo que los restos que encontraron eran de mi hijo”, lamentó.

Sin nadie

Aunado a las familias que buscan a sus hijos incansablemente, organizadas y por lugares inimaginables, existen paralelamente los «cuerpos de nadie», olvidados tres veces: cuando son abandonados sin vida en calles, veredas o canales; cuando llegan al Servicio Médico Forense, y cuando terminan en fosas comunes.

Del 2015 hasta diciembre del 2018 se mantiene el registro de 389 personas privadas de la vida, no identificadas o sin reclamar, doce corresponden a mujeres, esto de acuerdo con estadísticas oficiales de la Fiscalía del Estado en su portal oficial: fiscaliasinaloa.mx.

Del 2015 se tiene el registro de 80 cuerpos, de los cuales seis fueron identificados con nombre. En 2016 la cifra se incrementó a 90 cuerpos, 86 de los cuales corresponden al género masculino.

La cifra más elevada durante el periodo de análisis ocurrió en 2017 con 149 cuerpos de personas privadas de la vida, no identificadas o sin reclamar; mientras que hasta diciembre del 2018 se registraron 70 cuerpos, dos de los cuales corresponden al género femenino. Los municipios de Culiacán y Navolato mantienen al mayor número de víctimas no identificadas o sin reclamar.

En Culiacán se han depositado 432 cadáveres en fosa común del año 2013 a diciembre del 2018. La Fiscalía señaló que el banco de datos no tiene información de cómo fallecieron estas personas.

—¿Por qué si ustedes buscan hasta debajo de la tierra hay posibles hijos sin reconocer en Semefo? —se le cuestionó a Mirna Nereyda. «Porque hay miles de mamás que están buscando, pero muchas de ellas no tienen denuncia y mucho menos tienen la prueba de ADN», respondió.

“Todas hacemos lo mismo. Todas corremos inmediatamente a Semefo cuando se encuentra un cuerpo o se encuentran unos restos, todas las madres corremos a checar que sea el nuestro con la esperanza y el temor de que sea. Yo creo que es tan desgastante también, pero si ya te tomaron la muestra de ADN, a ellos les corresponde si hace un match (coincidencia de ADN) buscarte y hablarte”, contó María Isabel Cruz, creadora de la asociación civil Sabuesos Guerreras, que junto a más de 135 familias buscan a familiares desaparecidos, principalmente en Culiacán.

El 26 de enero del 2017, el hijo de María Isabel Cruz desapareció, a partir de eso se convirtió en rastreadora, luchadora social y defensora de los derechos humanos.

Ella misma se cuestiona: “¿Cómo a mí me garantiza [la Fiscalía del Estado] que en realidad ellos están haciendo su trabajo bien? ¿Qué me garantiza a mí que en realidad ellos están haciendo la comparativa de los ADN?”.

Contó que les ha costado mucho trabajo tratar de llegar con la Fiscalía. Reconoció que al principio sí tenían acceso al Semefo, buscaban hacer un álbum fotográfico de todos los cuerpos que están ahí sin identificar, entonces pidieron información, al menos de los cuerpos que ellos han encontrado, para saber cuál es el seguimiento que les dan: “Cuando nosotros los entregamos, ellos se los llevan al Semefo y les hacen un ADN, (también) a la familia, y pues ¿a quién se lo entregan? A nosotros no nos quieren dar esa información que porque es información confidencial, entonces nosotros le metimos un escrito al fiscal para que se nos autorice esa parte de saber qué hacen con los cuerpos y con los restos que uno les entrega, porque hasta ahorita los 5 mil 517 fragmentos que encontramos hace tres meses en La Noria no sabemos cuál es el fin, ni si le han hecho ni nada, nosotros en Semefo estamos en batalla para que se nos permita información que requerimos como colectivo”, expuso.

María Isabel cree en la necesidad de visibilizar el problema, visibilizar a las madres. Buscar que las autoridades, uno, hagan los ADN, pero que se trate como debe ser: “Porque muchas veces lo hacen, tal vez sí, pero muchas veces las máquinas ni sirven, pero ellos insisten en que sí y los mandan así a la fosa común. Nosotros los sacamos de una fosa clandestina para que ellos se vayan otra vez a otra fosa clandestina. Yo creo que eso es injusto, y el que no se proporcione información de los mismos cuerpos que nosotros encontramos, creo que estamos mal desde ahí, eso es lo que debería mejorar”.

Su movimiento llegó hasta catedral, en fechas de diciembre del 2018, buscando ser vistas con lonas y su dolor: “Yo creo que la esperanza es lo que nos queda, si no, moriremos en esta lucha y tal vez el último suspiro sea para el que no tenemos en casa”.

Efectos sociales y políticas públicas

EL DEBATE solicitó entrevista con el encargado del laboratorio de genética en Semefo o el médico al frente; sin embargo, el área de comunicación respondió que “los peritos han estado en mucho trabajo de capacitación”, por lo que seguirían “pendientes para entrevistas”.

Sin embargo, afirmaron que el área funciona bien y la tecnología que se tiene es de primera calidad, además de que ahora se encuentran en un proceso para acreditación.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla, indicó que una de las deficiencias estructurales que tiene el país es el de su red forense, sobre todo en los estados.

Señaló que si antes se ha visibilizado y denunciado que no se tienen suficientes policías estatales, policías federales, jueces y magistrados, ahora no se ha puesto sobre la mesa la precariedad de los sistemas forenses y los investigadores también forenses que hay en el país: “Yo creo que el país tiene un déficit de especialistas forenses que ayuden a los estados de la República a solventar el tema de la cantidad de cuerpos de gente que ha sido asesinada en este país y no ha sido reconocida”, comentó.

Lo anterior —dijo— sumado a que todavía no se tiene una buena base de datos, un buen registro de las denuncias de las personas desaparecidas con la información genética de sus familiares, que se ha vuelto un cuello de botella para las autoridades federales y estatales para poder identificar los cientos de miles de personas que han sido asesinadas y decenas de miles que no han sido, inclusive, identificados.

Mejorar las redes forenses depende —indicó— de los gobernadores junto con los Congresos de los estados: “En el caso de Sinaloa igual, que el gobernador pueda solicitar los recursos necesarios para la Fiscalía del Estado a través del Congreso para que se fortalezcan esas áreas para que se contrate a jóvenes especialistas. En el país han aumentado las carreras, las universidades que ofrecen este tipo de licenciaturas, y es un eslabón fundamental del sistema de justicia penal acusatorio. No hemos invertido en esa parte”, sostuvo el investigador.

Por su parte, el experto en psicología social Hiram Reyes Sosa señaló que lo que evidencian los cuerpos que las personas no reclaman y que las instituciones tampoco pueden identificar es una deficiencia institucional.

Explicó que las instituciones no cuentan con la capacidad, las estrategias ni los procedimientos, entonces se convierte en uno de los principales problemas para hacer pruebas de identificación.

Manifestó que desde la parte social existen bastantes factores, y para el caso específico de Sinaloa indicó que la proliferación del tema del narcotráfico es uno de ellos. “Pudiéramos pensar que por el tema de las familias pudieran tener miedo o incertidumbre de identificar cuerpos para que no los identifiquen por una rencilla pasada; podemos pensar también que realmente en esa creación de pruebas las instituciones no tienen la capacidad de identificar a las personas, porque habría que ver en qué condiciones se encuentran estos cuerpos, por las familias, visualmente, y, segundo, para hacer una prueba por ejemplo de ADN para poder identificarlos o no”.

Respecto a la existencia de solo trece médicos forenses en todo el estado, el académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció que se trata de deficiencias institucionales tanto en estructura como de mecanismo, por lo que sugirió prestar mayor atención a las instituciones en este y otros problemas: “En las ciencias sociales también se estima que tienen que haber ciertos fenómenos para que entren en la mentalidad colectiva y sean más importantes que otros. Ahorita el fenómeno más alarmante es la violencia a la mujer, se va priorizando qué tipo de fenómeno se debe de atacar más o menos, y en ese tipo de temáticas México no cuenta con las condiciones para enfrentarlas”, concluyó.

Por su parte, Anajilda Mondaca Cota, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Occidente y doctora en Ciencias Sociales, indicó que se debe considerar que existe mucha desconfianza en las instituciones.

Está el miedo por un lado —dijo—, y la impunidad por el otro, así como el miedo de la revictimización, que es tan común en todas las formas de violencia. Lo anterior —señaló— provoca que la gente muchas veces se retraiga.

En algunos de los casos —señaló— es posible que desconozcan incluso los trámites que deben hacer, las vías y las instancias a las que debe acudir: “Considero que hay mucho desconocimiento. No hay una información que entere a las personas las posibilidades que tienen, más que ir a buscar porque sí. Sabemos que cuando se presentan casos de desaparecidos que no encuentran rápidamente, los buscan en hospitales, Semefo, policías; pero a veces no hay información, no se las dan, se las niegan o no la tienen. Y la gente o busca por su cuenta o decide esperar a confiar medianamente en que el estado por medio de sus instituciones le va a resolver o dar trámite a su caso, y en la mayor parte de los casos no sucede así”, señaló.

Anajilda Mondaca comentó que habría que considerarse también que ahora con la dinámica de los movimientos de la población no se tiene la certeza de que todas las personas registradas como privadas de la vida, no identificadas o sin reclamar sean del estado de Sinaloa.

A la paradoja en donde decenas de familias buscan a sus hijos y decenas de posibles hijos esperan en Semefo o en las fosas comunes, la experta, con más de veinte años estudiando el fenómeno de las expresiones culturales de la violencia por narcotráfico, indicó que es el reflejo de la inacción que tienen las instituciones, el estado y las corporaciones que son las encargadas de proteger de alguna manera, no en el sentido necesariamente del proteccionismo puro, pero sí de evitar, ya que resulta que forman parte del mismo problema: “¿Qué hace la gente? Buscar por su cuenta, evitar involucrarse en cuestiones legales, pero sí busca, como el caso de las Rastreadoras de El Fuerte que buscan a sus tesoros, que es una cosa paradójica, que buscan encontrarlos vivos y los buscan como algo, a la vez con esa doble posibilidad de que los pueden encontrar vivos o muertos”, finalizó la investigadora de la UAdeO.

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