Detención arbitraria e irregularidades en el proceso jurídico de Luis Fernando Sotelo, preso político

Colectivo Grieta

En entrevista el abogado defensor de Luis Fernando Sotelo, estudiante preso político en el contexto de las manifestaciones contra de desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, denuncia una serie de irregularidades en el proceso legal. Luis Fernando está detenido desde noviembre de 2014 acusado principalmente de ataques a la paz pública y a las vías de comunicación.

El 5 de noviembre de 2014, en el marco de la tercera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, Luis Fernando Sotelo Zambrano y Sergio Pérez Landeros fueron detenidos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, por elementos de la policía. Ambos fueron acusados de haber participado en el incendio de la unidad de transporte y la estación del Metrobus Ciudad Universitaria. La detención se realizó con base en la declaración del chofer de dicha unidad de transporte, en la que decía reconocer a los dos como responsables de la quema. No obstante, al día siguiente, Sergio pudo comprobar que estaba en otro lugar en el momento del ataque gracias a la presentación de un video del circuito cerrado del Instituto de Biología de la UNAM y se acreditó que no participó en los hechos. Sin embargo, el testimonio del chofer continuó imputando a Luis Fernando, aunque al liberar a Sergio, automáticamente se debió desestimar la declaración del chofer.

Luis Fernando no contó con un video, se encontraba sobre Avenida Insurgentes y no iba acompañado. Los elementos de seguridad capitalina al revisar su mochila y ver que traía volantes informativos sobre los estudiantes desaparecidos, lo detuvieron y desde ese momento se le señaló como uno de los causantes del incendio ocurrido en la estación del Metrobus. Desde entonces se le acusó de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daños dolosos agravados (portación de explosivos) en pandilla. Además, según explican sus abogados, durante la detención y revisión de sus pertenencias los policías le sembraron un fierro en su mochila, que fue la principal “prueba” de que había cometidos dicho delitos.

Entrevistados por Grieta, miembros del Colectivo los Otros Abogadoz explicaron que tanto Luis Fernando como Sergio tuvieron, desde el principio, un proceso plagado de irregularidades. Desde su detención, la cual fue totalmente arbitraria, hasta el proceso que actualmente lleva Luis Fernando, se puede ver que se trató más bien de un escarmiento, de un mensaje para la población, sobre todo para los estudiantes, que se manifestaron exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa.

Luis Fernando fue sentenciado en primera instancia a 33 años 5 meses de prisión, sus abogados presentaron una apelación que resultó en la reducción de la pena a 13 años y 15 días. Posteriormente se ingresó un amparo en contra de la sentencia, el resultado fue el retiro de delitos de daños, lo que redujo su condena a 4 años 8 meses y 5 días. Nuevamente, la defensa de Luis Fernando apeló la sentencia y se le solicito a la Suprema Corte que atrajera el amparo. La corte rechazó la petición, por lo que se quedó en el tribunal; en días pasados se le notificó que le fue negado el amparo, por lo quedó confirmada la última sentencia. Sus abogados ingresaron el trámite para que en su caso fuera aplicada la Ley de Amnistía, la cual le fue negada por el juez. Sigue considerándosele culpable por ataques a la paz pública y ataques a las vías de comunicación.

Luis Fernando podría pedir libertad bajo caución al tener una sentencia menor a 5 años, siempre y cuando pague 70 mil pesos de multa, 20 mil pesos de caución, además de 8 millones de pesos que exigen 4 empresas, para reparar daños a la estación. Estas empresas son: Corredor Eje 4M, dueña de la unidad de transporte Metrobus ($2,566,219.31); Promotora de Negocios, a quien pertenecen las cámaras ($57,067.00); Promotora Inbursa, propietaria de los torniquetes y máquinas expendedoras de tarjetas ($628,160.50); y al Organismo Público Descentralizado de la Ciudad de México que es el dueño de la estación del Metrobus ($5,461,559.37). Es decir, las leyes mexicanas permiten que la libertad de una persona se subordine a los intereses económicos de un conjunto de empresas que no solo controlan amplias franjas de la vía pública -ahora convertida en propiedad privada- sino que exigen una reparación económica imposible de pagar a quienes como Luis Fernando viven de su propio trabajo, sin despojar a nadie, sin explotar a nadie.

Como consecuencia de todo el proceso Luis Fernando y sus abogados exigen la derogación del Artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México, en el que se especifica que se impondrá de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, a quienes, mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos que perturben la paz pública en contra de los bienes o servicios públicos. El colectivo de abogados argumenta que este artículo debe derogarse ya que el concepto de paz pública es muy ambiguo y puede utilizarse en casos como los de Luis Fernando y sobre todo para criminalizar la protesta; ya que este concepto no está definido, es un tipo penal que no es claro y que queda abierto; por lo tanto, violenta el principio de legalidad, pues debes saber exactamente qué conducta es la que te tiene en la cárcel. Los abogados opinan que los criterios utilizados en el proceso de Luis Fernando son a conveniencia y responden a intereses políticos.

Desde el día de su detención, diversas organizaciones, colectivos, amigos y compañeros de Luis Fernando se manifestaron para exigir su liberación. Hasta la fecha, esas acciones de solidaridad y protesta se han mantenido, y como señalan sus abogados, la presión política ha sido fundamental para avanzar en el proceso legal, pues gracias a ese acompañamiento su sentencia pasó de 33 años y 5 meses en prisión, a 4 años, 8 meses y cuatro días.

Luis Fernando es un joven anarquista, parte de la Otra Campaña, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y es el único de los detenidos durante esa jornada de protestas, marcada por la represión, que continúa encarcelado. A punto de cumplir cuatro años preso, ha mantenido lazos de solidaridad con diferentes luchas y organizaciones, particularmente por la libertad de los presos políticos y comunes, y con el Congreso Nacional Indígena.

La situación de Luis Fernando en el penal es difícil, pues ha sufrido abusos carcelarios, como el cobro por pase de lista o por recibir visitas, venta de celdas, y privilegios. Desde el momento de su detención, fue separado del resto de la población del penal y se le mantiene aislado. Adicionalmente, y de acuerdo con la última denuncia compartida por los compañeros de la Campaña Luis Fernando libre en julio de este año, le han acortado el tiempo de visitas y es continuamente acosado por los custodios del penal. Actualmente, el colectivo Los Otros Abogadoz lleva la defensa de Luis Fernando Sotelo, de manera gratuita, para ellos, el defender a los presos políticos es parte de la lucha en contra de la represión y la criminalización de la protesta. Para sostener los gastos que genera el proceso jurídico organizan junto a los miembros de la Campaña Luis Fernando Libre, rifas, bailes o conciertos. La organización ha permitido sostener esta lucha de años por aquello que una famosa canción anarquista llama “el bien más preciado”: la libertad.