CONVERSATORIO
"MIRADAS, ESCUCHAS, PALABRAS: ¿PROHIBIDO PENSAR?"”

Aumentan 8% desapariciones; ya son 37 mil 435

Luis Carlos Sáinz

De 34 mil 656 personas desaparecidas, no localizadas en octubre de 2017, la cifra aumentó a 37 mil 435 en abril de 2018. Las fronteras registran aumento moderado de casos durante el último semestre, a excepción de Sonora, que aumentó 66 por ciento en denuncias. En el Occidente, en Colima se duplican las desapariciones, y en Jalisco incrementan en 15%. La desaparición de personas no es un fenómeno aislado, sino parte de las muchas caras de la violencia, considera el investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Jesús Pérez Caballero

Un juez de Distrito de Baja California se negó a remitir las constancias de un juicio de amparo promovido por una angustiada madre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de su hija. Magistrados de un Tribunal Colegiado determinaron que si bien el juez no puede hacerlo directamente, deberá expedirle testimonio certificado de la totalidad de las constancias sin ningún costo para que ella acuda ante dicho organismo como es su derecho.

Se trata de Graciela, quien denunció que su hija, del mismo nombre y de 24 años de edad, salió de su casa en la colonia Guajardo en Mexicali hace casi un año y hasta la fecha no ha regresado. El 5 de agosto de 2017, a las 10:00 am, la muchacha salió de su casa en la calle Chihuahua con rumbo desconocido. Al día siguiente, la mamá y un hermano de la desparecida, presentaron la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Desde entonces, nada ha sucedido. El acta NUC 0202-2016-06187/NAC por “localización de persona”, convertida en carpeta de investigación. Por ello la madre de familia decidió ir ante la CIDH, sustentada en sentencias de casos internacionales registrados en Guatemala y Perú, que han obligado a los estados nacionales a hacer más para cumplir con su función social.

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, dijo simplemente ante la petición de Graciela, que resulta improcedente remitir una reproducción certificada de los autos del juicio de amparo promovido ante la desaparición de la chica, ya que “aún no se agotan los medios implementados en este procedimiento en torno a su localización (…) aunado que hasta este momento, no se cuenta con dato alguno que revele que se haya iniciado procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con este expediente por parte legitima para ello”.

La joven mexicalense forma parte de la vieja estadística de 34 mil 656 personas desaparecidas, no localizadas, entre 2007 y octubre de 2017. Desde esa última fecha, hasta abril de 2018, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) pudo actualizar las cifras por denuncias en el fuero común y federal. Ya aumentaron un 8 por ciento más.

NUEVOS DESAPARECIDOS

Durante los últimos seis meses en México se sumaron 2 mil 779 desaparecidos más a los que ya se tenían contabilizados por los mecanismos de las procuradurías estatales, la Procuraduría General de la República (PGR) y el banco de datos coordinado por la Secretaría de Gobernación como no localizados. Hoy ese padrón tiene 37 mil 435 nombres, de ellos, 384 son extranjeros.

Los estados que encabezan los deshonrosos primero y segundo lugar en el rubro, Tamaulipas y Estado de México, no son de las entidades que dispararon los indicadores, pues la primera no aumentó ni 1%, mientras que autoridades mexiquenses reportaron un decremento en los ilocalizables de -8%; es decir, bajaron sus cifras en 324 personas que ya no aparecen en sus listas de desaparecidos.

En general, los estados fronterizos manifestaron poco crecimiento en su número de desaparecidos, a excepción de Sonora, que aumentó un 66% las denuncias, al pasar de mil 305 desaparecidos no localizados hasta octubre de 2017, a 2 mil 169 en abril del presente año. Nuevo León incrementó sus reportes en 12%, Coahuila 7%, Chihuahua 5%, mientras que Tamaulipas y Baja California, casi permanecen igual en el último semestre.

Donde se dispararon los números de personas desaparecidas, es en los estados del Occidente y El Bajío. En Colima, 99% de nuevos casos, Jalisco con 15%, Aguascalientes y Michoacán igual, 15%, Zacatecas 9% y Guanajuato 8%.

Otros puntos del país que registraron aumento en sus denuncias por los mismos motivos, son Puebla con 21% y Yucatán 19%. En Guerrero, entidad estigmatizada por la desaparición masiva de personas y la aparición de decenas de fosas con cadáveres en años anteriores, apenas incrementaron las denuncias en 5%

SERES ANÓNIMOS, SIN ROSTRO

Para el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Capítulo Matamoros, Jesús Pérez Caballero, todavía existe confusión entre las instituciones sobre el significado de persona desaparecida. En los casos de desaparecidos violentamente, se tiene por un lado, la desaparición forzada, cuando interviene alguna dependencia oficial, individuo o grupo que pertenece al Estado, o con la tolerancia o aquiescencia de este. Y por otro lado, los desaparecidos por grupos criminales que actúan en un territorio por la incapacidad, negligencia o complicidad de la autoridad.

“Las dinámicas delincuenciales pueden tener que ver con el asesinato de rivales externos o internos, pero también con actuaciones desproporcionadas fruto de la posibilidad de actuar impunemente. En muchos casos si se mata y se desaparece, es porque se ha podido matar y desaparecer sin impedimentos”, señala el académico.

Pérez Caballero no descarta que parte del incremento en el número de desapariciones tenga que ver con esa vox populi que establece que, estar en la recta final de un gobierno y en el principio de otro, alienta a resolver aún más violentamente los conflictos, “en el fáustico año de Hidalgo”. Desde ese punto de vista, desaparecer a individuos sería una técnica fácil, con personas cada vez más preparadas y lugares cada vez más adecuados donde poder desaparecer a las víctimas.

Lo lamentable del asunto es que a la sociedad mexicana parecen no sorprenderle, sino que se han convertido en parte de la “normalidad”. Cuando la persona desaparecida es una persona cercana, al ciudadano le afecta directamente y exige explicaciones. “Sin embargo, esa emotividad hacia el desaparecido se va perdiendo a medida que la víctima está más alejada. Eso es normal, porque en general estamos apegados a los nuestros y los anónimos son eso, gente sin rostro; pero el problema es que en México la desconexión emotiva es radical de municipio a municipio, hasta de colonia a colonia, y sin duda de entidad federativa a entidad federativa”, advierte el doctor en Derecho por el Instituto Gutiérrez Mellado de Madrid.

Desaparecidos abril 2018

Fuero Federal
* Al mes de abril de 2018

 

Fuero común
*Al mes de abril de 2018

Solo algunos movimientos de familiares han logrado superar esos círculos cercanos y se relacionan entre sí, como “el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la desaparición de los tres estudiantes de cine del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV) en Guadalajara, que logran salir del lugar donde sucedieron los hechos, pero no se nos fijan con solidez, se disipan en el imaginario público. Digamos que esos movimientos han llegado a ser ciclos de reproche a las instituciones, pero el modo de desaparecer violentamente en México es como una atmósfera, que impregna prácticas violentas de todo tipo, unas a escala micro, otras a nivel macro”, opina.

Jesús Pérez enfatiza que quizá como ciudadanos aún no se haya salido de la indiferencia o la falta de compromiso hacia los desaparecidos “porque esa expansión del círculo de afectividad supondría acercarse a individuos que, decididamente, han tenido que ver con el crimen organizado. Por ejemplo, con zetas desaparecidos, con secuestradores desaparecidos. No siempre es así, pero esa línea de pensamiento permite a sectores de las instituciones estigmatizar a la mayoría de desaparecidos violentos y enmarcar sus desapariciones en un ajuste, reconfiguración o cualquier otra palabra trampa, entre criminales. ‘Pugnas entre cárteles’, se dice, un mantra que lleva años usándose y al que también se achacan la mayoría de homicidios violentos”.


FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

AUTORIDADES CÓMPLICES

Sobre las indagatorias oficiales, el investigador de El Colef advierte que “si las autoridades están implicadas, como sucede cuando son desapariciones forzadas, la labor de estas suele ser tratar el asunto con opacidad y ganar tiempo ante la opinión pública para encapsular, aislar, a quienes han realizado la desaparición y, en ocasiones, entregarlo a otra rama de la institucionalidad para, si acaso, lo juzgue. Pero en mi opinión eso siempre cederá al axioma de que lo primordial es asegurar el orden -entendido como el statu quo– fomentado en una idea de seguridad esquemática”.

El entrevistado cita dos ejemplos, uno pasado y otro reciente, para entender mejor la situación:

* Uno es el caso de los 43 normalistas de Guerrero.

* Dos, una veintena de desaparecidos en Nuevo Laredo, presuntamente a manos de miembros de la Marina. “Si una desaparición tan publicitada como la de Ayotzinapa todavía sigue sin resolverse, ¿qué podemos esperar de otras? Piense que sobre ese caso aún se mantiene -con una especie de respiración artificial alentada por los automatismos del poder- el discurso falso de que los desaparecidos fueron a boicotear un evento local, lo que ha servido para culparlos por su propia desaparición y mantener la crisis en el ámbito del municipio de Iguala, un lugar lejano para la mayoría de ciudadanos, e identificado, por su número de fosas, como un sitio donde son habituales esas desapariciones”.

En el asunto de los más de veinte individuos, que algunas fuentes elevan la cifra a la cincuentena y culpa a la Marina, “la primera reacción de las autoridades es negarlo y deslizar que, si ha habido desapariciones, es por individuos disfrazados de marinos. Además, desde redes sociales se sugiere que los desaparecidos estaban vinculados a la delincuencia organizada y que los que lo denuncian también pueden estarlo, y eso sí encuentra una difusión más amplia en la prensa nacional. No obstante, el tema nunca es tan claro como dicen las instituciones, y por las presiones, con el tiempo, se decide investigar desde la misma Marina, reconociendo que han suspendido a posibles marinos implicados”.

En ambos casos se muestran dos versiones, una oficial y otra que es más verosímil, dice Jesús Pérez. “La oficial sobre los desaparecidos de Ayotzinapa es que unos estudiantes de dudosa reputación hicieron algo que enojó a un grupo criminal, este los desapareció y cualquier tipo de investigación que cuestione las pruebas al respecto -debilísimas y obtenidas muchas por tortura, por lo que llamar a eso ‘pruebas’ es un eufemismo-, es por afinidad ideológica con los desaparecidos o por una mano negra internacional”.

Sobre Nuevo Laredo, la versión oficial es que “los marinos son los únicos que están luchando en Tamaulipas contra la delincuencia organizada, ellos ni siquiera quieren estar allá y, si lo están, es porque los pánfilos civiles los llamaron, y si los soldados desaparecen a gente, es porque no tienen más remedio para pacificar el septentrión. Hasta aquí las versiones oficiales”.

En cuanto a posibles verdades reales, Pérez Caballero refiere que en “Ayotzinapa se desconoce el alcance del conglomerado criminal que desapareció a los estudiantes, al igual que los niveles de implicación, tolerancia u omisión de las fuerzas federales, y eso es simplemente una cuestión de qué es verdad y qué no, al margen de ideologías”.

Del asunto de Nuevo Laredo, “los organismos federales son incapaces de penetrar en el tejido criminal local, y actúan como una extraña fuerza de ocupación, sobre todo porque los marinos que patrullan por las calles o descienden del helicóptero en azoteas de particulares no saben ni siquiera el nombre ni las caras de los vecinos de los lugares por donde pasan todos los días. Eso crea la posibilidad de ejercer acciones desproporcionadas, porque en ese actuar está la orden implícita de que el ciudadano de Nuevo Laredo es un cripto-narco, un posible enemigo camuflado al que es mejor anticiparse, interceptarlo, aunque sea violentamente”, reflexiona.

 


FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

LA CARA DE LA VIOLENCIA

Las desapariciones no son un fenómeno aislado, sino parte de las muchas caras de la violencia en México, en las que los autores intelectuales o materiales también matan, extorsionan o corrompen.

“No hay un profesional que solamente se dedique a desaparecer y nada más. Incluso alguien de un perfil tan exclusivo en su macabro saber hacer, como Santiago Meza ‘El Pozolero’, ya por su mero actuar comete tres o cuatro crímenes más”.

Pérez agrega: “Desde esas dinámicas violentas, ahora en Colima empiezan a surgir denuncias y las cifras se disparan, y el próximo foco puede que vaya a Nayarit, donde familiares de víctimas están haciendo labores extremas por encontrar ni tan siquiera briznas de sus desaparecidos. Y luego vaya Usted a saber dónde se posará el foco rojo, quizá en Puebla, en Guanajuato, lugares donde tenemos cotas de violencia altas en el último año. No lo sé, pero sí sé que esos giros en la violencia tienen que comprenderse agregados a contextos más previsibles -si se permite la expresión- como Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero o Coahuila, que sí están presentando durante años un fenómeno de fosas y, latentemente, de desaparecidos”.

El entrevistado destaca que se deben agregar piezas al rompecabezas en lugares inquietantes como Veracruz, con el caso Tierra Blanca. “Ahí tenemos hasta procesos al más alto nivel por desaparición forzada, donde el nuevo fiscal pide procesar al antiguo fiscal, los policías estatales actuales reúnen pruebas para encausar a los estatales que les precedieron y el gobernador vigente pone los recursos necesarios para capturar al gobierno que le precedió. Pero si se miran bien las cifras, algo no está cuadrando, y seguramente aparecerán de sopetón decenas de cadáveres que sitúen los números ofíciales a la altura del escándalo entre la población jarocha por sus desaparecidos”.

¿Dónde podría estar tanta gente desaparecida?, se le preguntó al doctor, quien no dudó en decir que es probable que los desaparecidos a nivel federal estén muertos, “sobre todo si ese tipo de desapariciones tienen que ver con operativos donde se ejecuta extrajudicialmente o se entrega a individuos a grupos rivales”.


FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

En las desapariciones de fuero común “puede haber una zona gris, si el grupo de delincuentes se lleva a individuos para, por ejemplo, reclutarlos forzadamente -eso es habitual con migrantes, por ejemplo-, o hay arreglos económicos o de intercambio de individuos que por su naturaleza son difíciles de conocer”.

El experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos aún espera una explicación coherente del fenómeno: “Sería importante encontrar una teoría, una hipótesis sólida, que integrase violencia, desapariciones y fosas; es complicado, por los rasgos de esos fenómenos, pero un punto de partida podría ser considerar el sencillo silogismo de que por cada desaparición forzada hay necesariamente una fosa. Y estoy tentado de decirle que casi habría dos: una para el desaparecido, y otra para quien lo desaparece, de lo grave que es el problema y la sutileza con que se ha logrado su ocultación”.

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