Comunidades mayas deben alzar la voz sobre proyectos energéticos (Yucatán)
(José Castillo Baeza)
Afirma la investigadora Ariana Escalante
Hay dos hechos puntuales que están impactando en el cambio de vida de muchas comunidades mayas en Yucatán. Uno, externo, resultado de los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París (2015); otro, interno, relacionado con las remanencias de la Reforma Energética aprobada en el año 2013. Ambos acontecimientos están vinculados en más de un sentido y han colocado al Estado de Yucatán en un punto de peculiar importancia respecto a la transición energética que actualmente se lleva a cabo en todo el mundo con el fin de paliar los efectos del cambio climático. Ello debido a que, a raíz de la Reforma Energética, las compañías ya pueden participar en subastas para adquirir concesiones que les permitan explotar el petróleo, el gas o generar electricidad. Yucatán y Oaxaca, dadas sus condiciones ambientales, han sido los lugares más solicitados por parte de los desarrolladores para instalar plantas generadoras de energía limpia, particularmente solar y eólica. Sin embargo, el costo ha sido alto y ha pasado por encima de los derechos de los pueblos indígenas.
Estos hechos están siendo objeto de estudio por parte de la investigadora Ariana Escalante. Egresada de la carrera de economía de la UADY, actualmente estudia el doctorado en Economía Ambiental en la Universidad de York, Inglaterra. Ariana ha dedicado buena parte de su vida académica a analizar los impactos económicos y sociales de los proyectos renovables en el Estado. En estos días se encuentra realizando trabajo de campo en México y pude charlar con ella para conocer algunos resultados de sus estudios.
Legitiman desigualdades
Apenas nos hemos sentado en el café cuando, sin previo aviso, dispara estas palabras: “El marco legal está constituido para legitimar desigualdades”. Poco después me explica que los proyectos de las compañías privadas están afectando directamente a muchas comunidades en Yucatán que están recibiendo beneficios muy pobres por el uso de su suelo. Hasta ahora hay más de 20 proyectos de energía renovable aprobados en el Estado y los desarrolladores tienen un tiempo muy limitado para hacer evaluaciones sociales y ambientales: “Durante el trabajo de campo he escuchado historias que bien podrían haber salido de un cuento de terror del siglo pasado. Las empresas les ofrecen 70 centavos por el alquiler de las tierras de uso común, esto es cínico. Las empresas van a tener un margen de ganancias millonarias, ¿y esperan pagarles centavos a quienes son los que viven de los recursos naturales que ellos mismos usarán para hacerse millonarios?”.
Ariana ha trabajado alrededor de un concepto clave llamado “democracia energética”, mismo que establece que los individuos y las comunidades deben tener voz respecto a las formas en las que se desarrollan los proyectos energéticos; se trata de buscar una justicia distributiva con relación a los beneficios económicos que pudieran generar los distintos desarrollos. El problema estriba en que los empresarios están lucrando con las necesidades económicas de un sector muy vulnerable de la población en Yucatán: “Esa no es ni debería ser la vía para obtener los permisos para instalar los parques de energía renovable”. El problema de origen está en el hecho de que, señala en un trabajo próximo a publicarse en coautoría con la doctora Shalanda Baker, “el capital privado tenga un papel central dentro del marco del cambio climático únicamente garantiza que los proyectos energéticos a gran escala terminarán eclipsando la democracia energética”.
Por ejemplo, en ese mismo trabajo, Ariana Escalante habla de un proyecto llamado “Ticul A y Ticul B”, mismo que le pertenece a una empresa privada de la India llamada “Vega Solar 1, S.A.P.I. de C.V.”. El proyecto requerirá la tala de más de 700 hectáreas de selva y no han quedado esclarecidas suficientemente las consecuencias del previsible impacto ambiental.
Muchas irregularidades
“Al entrevistar a varios habitantes indígenas pude notar muchas irregularidades en la información que recibían por parte de las empresas desarrolladoras.”. Se trata entonces de una imposición de desarrollo, como la han sufrido los numerosos pueblos alrededor del mundo que son ajenos a Occidente. Ya sea en nombre del progreso o, como en este caso, en nombre de la energía limpia, el Estado y las grandes compañías no solamente no están respetando el derecho de las comunidades a construir de manera autónoma sus propios modelos, sino que tampoco hay esfuerzos por dialogar o escuchar, ya no se diga comprender. Tampoco hay democracia energética ni justicia en término de beneficios económicos. Como señala la investigadora, todo ha sido muy oscuro alrededor de este caso: “te enfrentas con que la información es inaccesible, está escondida en el lugar menos pensado de las páginas gubernamentales. Tuve la fortuna de conocer el increíble trabajo de la Articulación Yucatán y de la Asamblea Múuch Xíinbal, quienes hacen un esfuerzo por difundir información de estos desarrollos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Esto es de gran ayuda, ya que existen varios tecnicismos a los que no estamos familiarizados. Esto pone a pensar que cualquier persona, por ejemplo, gente de las comunidades indígenas, no pueden acceder a la información ni entenderla. También existe falta de transparencia, pues para que las empresas puedan empezar a desarrollar sus proyectos primero deben realizar una consulta pública a las comunidades. Sin embargo, esta información no está siendo libre de coerción, no está siendo informada y tampoco es prevista. En una consulta pública en San José Tipceh, las autoridades de la SENER me corrieron. También sucede que hay grupos de poder dentro de la comunidad que sí están de acuerdo con el proyecto y que están recibiendo beneficios económicos, por ejemplo, personas allegadas al comisario ejidal”.
Comida y bebida
Ariana Escalante ha registrado numerosos testimonios de los habitantes de las comunidades afectadas que se mantendrán, en esta entrevista, en el anonimato. Muchas de esas fuentes señalan, por ejemplo, que en Cunucul la consulta se hizo el Día de Muertos, cuando la gente estaba entregada a sus tradiciones y recordando a sus seres fallecidos. También explican que las consultas parecen muchas veces mítines políticos, pues reparten comida y bebidas. Otros se preguntan por qué la comunidad no puede tener y administrar su propio parque energético o cuestionan si es posible que la energía generada abastezca también a la comunidad (cosa que no va a suceder).
Otros testimonios señalan que no ha habido tampoco la generación de empleos prometida y que los desarrolladores no tienen ni siquiera oficinas en las comunidades: “Seguro que cuando terminen su proyecto van a desaparecer”. Pero quizá sea esta voz la que mejor resume la dolorosa situación de las comunidades mayas: “Yo siento que este modelo va a llevar a más pobreza, sólo nos vienen a pisar. Nosotros no vamos a perder sólo una oportunidad, sino que vamos a perder lo poco que tenemos, nos van a aplastar”.
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