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La CNDH emite recomendación a CFE, Semarnat y CDI por Proyecto Integral Morelos

POR GLORIA LETICIA DÍAZ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tras acreditar que con la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) se agravió a habitantes de 27 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El argumento: “No se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas”.

La Recomendación 3/2018 está dirigida a los titulares de Semarnat, CFE y CDI, Rafael Pacciano Alemán, Jaime Francisco Hernández Martínez y Roberto Serrano Altamirano, respectivamente, como resultado de la acumulación de 45 denuncias formuladas -desde octubre de 2012 y hasta junio de 2015- por 34 quejosos de las tres entidades federativas inconformes por la construcción del megaproyecto que incluye una Central Termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto, en las inmediaciones del volcán Popocatépetl.

La investigación de la CNDH confirmó que no se atendieron los parámetros nacionales e internacionales de consulta previa, “toda vez que la Semarnat difundió el proyecto mediante internet y la CFE no realizó esa consulta, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del Proyecto y sus implicaciones a la población en las localidades impactadas que representan niveles de marginación de altos a muy altos”.

En cuanto a la CDI, la recomendación la CNDH resaltó la expresión de que “ningún ente del Estado solicitó su intervención respecto del PIM”. Sin embargo, el organismo “acreditó que sí conoció del problema, a partir de una reunión con indígenas nahuas del municipio de Nealtican, Puebla, sin referir actuación adicional y no cumplir con su mandato y normatividad sobre consulta a los pueblos y comunidades indígenas”.

En su indagatoria, el organismo obtuvo información de que los riesgos que representa el megaproyecto, a la población y al medio ambiente, fueron ampliamente conocidos por la CFE, a través de documentación del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP), que “resaltó diversas irregularidades en la información difundida; falta de conocimiento de los responsables técnicos; además del riesgo a las distintas poblaciones cercanas al proyecto”.

La opinión pública del CUPREDER-BUAP incluye “el mapa de peligros del Volcán Popocatépetl elaborado en 1997 por del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (IG-UNAM) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)”; una nota técnica del Cenapred dirigida a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el que alertó que “el peligro es significativo para el trazo del Gasoducto respecto a la amenaza de flujos piroclásticos, lava, caída de materiales volcánicos y en el flanco sur del volcán de derrumbes gigantes y, en cuanto a flujos de lodos este fenómeno puede ocurrir independientemente de la existencia de la actividad volcánica”.

Sobre estas advertencias, la CRE solicitó a la CFE fueran consideradas en “las licitaciones para la ejecución del proyecto”, en tanto que el IG-UNAM y el Centro de Geociencias de la UNAM, señalaron que “no es prudente minimizar los riesgos que del volcán pudiesen emanar. Por lo que se sugirió se reevalúen los parámetros de diseño de las obras ubicadas en zonas de alto riesgo”.

La Recomendación 3/2018 especifica que el PIM tiene un impacto sobre 930 mil 863 habitantes, de los cuales 51 mil 30 son indígenas, concentrados principalmente en Puebla, y que en la zona afectada se identifican 37 pueblos originarios y 38 comunidades de interés por contar con 150 habitantes indígenas.

En cuanto a los niveles de marginación, la CNDH documentó a partir de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que “el porcentaje de población en situación de pobreza era de 52.3. 64.5 y 58.9 en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, respectivamente”, en tanto que la proporción de la población con al menos una carencia social es de 78, 84.4 y 81.5, respectivamente en dichos estados, “siendo la carencia social más recurrente en los tres casos el acceso a la seguridad social”.

Responsabilidad institucional

Al concluir su investigación, la CNDH consideró que “se actualiza una responsabilidad institucional para la Semarnat, CFE y CDI por no armonizar la normatividad vigente con el artículo 1º Constitucional; por la falta de coordinación interinstitucional; desconocimiento de normas nacionales e internacionales; insuficiente supervisión de acciones en el proceso administrativo y para garantizar el acceso a los mecanismos de participación de la sociedad y de los pueblos y comunidades indígenas”.

La CNDH explicó que tomó como base de análisis el concepto de desarrollo sostenible delineado por la ONU, que considera que “el impacto positivo del desarrollo sostenible consiste no sólo en beneficiarse económica o socialmente de una obra, sino en su trascendencia para la vida comunitaria al permitir a las personas, grupos y comunidades participar en la toma de decisiones”.

Por tanto, la Comisión “recomendó al titular de la Semarnat instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que vigilen el cumplimiento de los términos de las resoluciones en materia de impacto ambiental y supervisen las condiciones de seguridad en la puesta en marcha y operación del PIM, respectivamente”.

A la Semarnat y a la CFE las emplazó a formar “un grupo de trabajo que evalúe si el PIM cumple con las especificaciones técnicas previstas para obras de esa naturaleza y en materia ambiental, verifique sus condiciones actuales en relación con la actividad del Popocatépetl y otros agentes exógenos que pudieran impactar la seguridad en su funcionamiento y operación, así como de las personas en las poblaciones involucradas”, para lo cual deberán solicitar el apoyo del Cenapred, CUPREDER de la BUAP, Instituto de Geofísica de la UNAM y unidades de protección civil estatales y municipales.

Al titular de la CFE se le pidió “atender las recomendaciones pendientes del Cenapred; dar mantenimiento riguroso a la infraestructura del PIM durante su vida útil; cumplir con el Plan Integral de Seguridad y Protección Civil y el Plan de Respuesta a Emergencia, con apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y, en su caso, considerando las recomendaciones del grupo de trabajo que se establezca, se cree un programa específico de protección civil”.

Por último, se recomendó al director general de la CDI “emitir una circular que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dirigida al personal de dicha Comisión, para que cuando conozca de hechos como el presente los someta a consideración de la instancia que se designe, para que se asesore y garantice el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

https://www.proceso.com.mx/525049/la-cndh-emite-recomendacion-cfe-semarnat-y-cdi-por-proyecto-integral-morelos