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“Salte del movimiento del agua o se los va a cargar la chingada”, agreden a defensores; Organización Mundial Contra la Tortura se pronuncia

Emma Martínez

(13 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 23 de julio pasado, pasadas las 20 horas en el Barrio Chautonco, perteneciente al municipio de Coyotepec, Estado de México, el trabajador de la Administración Autónoma de Agua Potable de la localidad, Agustín Rodríguez García, fue golpeado por un grupo de cuatro hombres, quienes al iniciar la agresión explícitamente le dijeron “salte del movimiento del agua o se los va a cargar la chingada”, refiriéndose a sus familiares y compañeros. Agustín iba acompañado de su hermano y sobrino y ellos también resultaron lesionados, ya que recibieron golpes con palos y botellas.

Días más tarde, el 31 de julio pasado, aproximadamente a las 16 horas, en el barrio San Juan, perteneciente al pueblo de Coyotepec, el trabajador de la Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec Juan Refugio Contreras Alcibar, también fue víctima de una agresión física por parte de tres sujetos desconocidos.

Los hombres violentaron por la espalda a Contreras Alcibar, cuando iba acompañado de su esposa, lo golpearon severamente, dejándolo lesionado, para después salir corriendo y darse a la fuga. Aun cuando de inmediato se interpusieron las denuncias correspondientes, las autoridades no realizaron las investigaciones debidas para dar con los responsables, según denunciaron.

El pueblo de Coyotepec mantiene una lucha por el agua, ya que durante años han sido quienes de manera autónoma se encargan de la distribución, hecho que los gobiernos locales y estatal han querido tomar en sus manos y ser ellos quienes manejen este recurso, para así “entregarlo a empresas privadas”, han aseverado.

Así como también el incremento de las agresiones y “la cerrazón de los gobiernos municipal y estatal, así como de la Comisión Federal de Electricidad para entablar un diálogo serio que permita una solución de fondo al conflicto”.

Sobre el tema, la activista Sofía del Campo, especialista en ingeniería hidráulica, asevera a este medio, que los ataques a los defensores del agua de dicho municipio vienen “desde arriba, hablamos de un gobernador represor, Eruviel Ávila se caracteriza por esto, y el agua es un negocio que le interesa a él, como a todos los gobiernos corruptos que buscan enriquecerse de la venta de los pocos recursos que le quedan al país.

Es toda una cadena de políticos en contubernio para seguir reprimiendo y hostigando a los defensores, para que desistan y abandonen el objetivo que es defender lo que por ley les corresponde. Los hechos son tan graves, que la Organización Mundial contra la Tortura se ha pronunciado ante inacción de autoridades, aun cuando los ataques ponen en riesgo la seguridad de un pueblo. Pero como siempre, los que deberían proteger, son los que atacan, nuevamente como sucede siempre en el país asistimos a un hecho donde es lo mismo juez y parte”.

A su vez, menciona que sea una organización internacional la que se pronuncie nuevamente hace quedar en ridículo a los gobiernos estatal y federal y evidencia no solamente su falta de capacidad para gobernar, sino también “la deshumanización en la que se vive, donde solamente importa el dinero y quienes lo manejan”.

Este viernes, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitó al Estado una intervención urgente ante la situación.

“Los dos defensores denunciaron los ataques que se produjeron consecutivamente a una semana de diferencia ante las autoridades competentes, que hasta la fecha no han iniciado las investigaciones correspondientes.

Es importante destacar que estos ataques ocurren en un contexto de conflicto entre las autoridades municipales y las personas que defienden el agua del pueblo indígena, en específico a través de la AAPCOY, que tiene el manejo del agua en el pueblo, y que se oponen a la municipalización de este servicio”, se da a conocer en el documento emitido.

A su vez, se cuestiona que los pasados 22 y 26 de mayo, hubiera confrontaciones entre fuerzas policiales y defensores del agua de Coyotepec, donde se dejó a varias personas heridas y se produjeron detenciones arbitrarias. Señalando que en dicho contexto, el director de educación del Ayuntamiento, Federico Cruz, habría amenazado con arma de fuego a defensores en el Barrio Santiago.

El pronunciamiento también ha sido producto, que desde el 2013 el conflicto con las autoridades municipales ha escalado y las personas defensoras del agua de Coyotepec han sido atacadas, amenazadas de muerte, detenidas arbitrariamente o incluso, asesinadas, todo ello a pesar de que algunas fueran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en el momento de los hechos.

Por lo que el Observatorio resaltó que estos ataques “son emblemáticos del patrón de represión que existe en México en contra de las personas defensoras de los recursos naturales. En el Estado de México se está viendo un incremento de situaciones similares, particularmente en relación con proyectos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la autopista Toluca-Naucalpan, diversos desarrollos inmobiliarios y la municipalización de la administración ciudadana del agua en diversos lugares”.

Por lo que el organismo, expresó su grave preocupación frente al aumento de agresiones en contra de miembros de la AAPCOY y personas defensoras, en represalia a su trabajo de defensa del agua, así como al preocupante deterioro del clima en el que las personas defensoras de los recursos naturales y de los derechos de los pueblos indígenas trabajan en México.

Es por ello, que solicitó a las autoridades de México, adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de Juan Refugio Contreras Alcibar y Agustín Rodríguez García, así como del resto de los integrantes de la Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec y de todas las personas defensoras de derechos humanos en México.

Así como llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

“Lamentablemente, es difícil que esto suceda, puesto que el cinismo y descaro de las autoridades es tan grande, que primero cuestionarán a los organismos defensores de derechos humanos internacionales, antes de defender a un pueblo sumido en los frecuentes ataques, donde la vida peligra a cada momento, y más con políticos represores como Peña Nieto y Eruviel Ávila”, denuncia del Campo.

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