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Por defender a migrantes, a María ya no la reclutan para laborar en EU

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- Cada año, cientos de mujeres emigran desde el estado de Sinaloa a Estados Unidos para trabajar hasta por 10 meses en la agricultura, pero María de los Ángeles Soto Cañedo lleva dos años sin ser reclutada. La razón: hizo valer el sistema de justicia para exigir mejores condiciones laborales para ella y el resto de las y los trabajadores migrantes.

Ella es una mujer de 49 años de edad que vive en la costa de Topolobambo, en la localidad de Los Mochis, cabecera del municipio de Ahome, que tiene 27 mil 519 hogares con jefatura femenina, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ahora, convertida en activista, María de los Ángeles Soto es integrante de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que coordina Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), y que tuvo su cuarta reunión el pasado fin de semana en esta ciudad a fin de articular a trabajadoras de los sectores más marginados del país, como empleadas del hogar, jornaleras, personal de la maquila y migrantes.

Soto Cañedo relata que las familias de Los Mochis viven de los productos del mar y del turismo pero sólo por temporadas, por lo que “ya es parte de la cultura” que las mujeres emigren a EU para trabajar por entre cuatro y hasta 10 meses en plantas de mariscos, pelar camarón o empaquetar camote.

Los ingresos obtenidos allá son definitivamente más altos que si se quedaran en su localidad, reconoce María de los Ángeles, pero a cambio de que las mujeres dejen a sus familias por mucho tiempo y vivan en pequeñas casas que comparten con hasta 14 personas.

VÍCTIMAS DE FRAUDES

Además, agrega, enfrentan abusos y fraudes de reclutadores falsos que les exigen hasta 500 dólares (poco más de 9 mil pesos mexicanos) para supuestamente llevarlas a trabajar, lo que hace que la gente venda sus pertenencias o pidan créditos que luego no pueden pagar.

Desde la primera vez que María se fue como migrante, hace 11 años, se dio cuenta de que es una injusticia la que viven estas trabajadoras y trabajadores agrícolas, ya que “los americanos tienen sus derechos, pero nosotros allá no tenemos nada, ni dónde quejarnos, simplemente nos aguantamos. Nos enfrentamos con la desigualdad, razón por la que estamos en la defensa de los Derechos Humanos laborales”, asegura.

Sin embargo, los abusos en este tipo de trabajos se dan incluso antes de que dejen sus hogares, ya que los reclutadores (personas que contratan a las y los trabajadores para las empresas) seleccionan primero a sus amigos, familiares y a la gente que extorsionan cobrándoles cuotas.

Y si de casualidad te llevan una vez no hay ninguna certeza de que el próximo año te vuelvan a contratar, advierte María, lo que resulta en una inestabilidad e incertidumbre para las y los trabajadores.

En EU, cuando las y los mexicanos ya están trabajando, las condiciones no mejoran. En una pequeña casa viven hasta 14 personas que comparten un refrigerador y una estufa con dos quemadores.

En cada habitación duermen hasta seis mujeres, mientras que los amigos del reclutador pueden dormir en un cuarto con su pareja. A veces, las trabajadoras son obligadas a compartir la habitación con hombres, relata María de los Ángeles, quien vivió esta situación, se quejó, solucionó el problema, pero al año siguiente ya no fue recontratada.

Ella está a cargo de su mamá y su papá, quienes son adultos mayores, pero es soltera y no tiene hijos, lo que le da la oportunidad –apunta– de ir y venir de México a EU; pero 98 por ciento de las mujeres tienen que dejar en nuestro país a sus hijas e hijos por largas temporadas para ir a trabajar, asegura.

Aunque estas son las condiciones, las y los trabajadores las asumen porque los empleadores (estadounidenses) no se hacen responsables en caso de que los reclutadores cometan abusos; o porque éstos últimos tienen el poder de “borrarlas” de las listas de trabajo, y porque en México los salarios son muy bajos.

“Simplemente te aguantas porque quieres llevar un beneficio a tu familia y a México, o te quedas en México porque no estás dispuesta a tolerar esas situaciones”, apunta.

AUTOORGANIZACIÓN

María de los Ángeles se considera defensora de los DH laborales desde hace cuatro años, cuando iba de casa en casa convenciendo a sus compañeras y compañeros de que se unieran a una organización en EU, pero éstos la cuestionaban sobre qué ganaban si en el corto plazo ya no los iban a contratar.

Después, junto a otras trabajadoras y trabajadores, hacían reuniones, prestaba sus casas, y motivaba para que se expresaran las problemáticas que en otros espacios no denunciarían por miedo a represalias. Crearon así la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses y recibieron más apoyo jurídico y técnico de otras organizaciones.

“Precisamente por estas condiciones surgimos como necesidad; nunca pensé ser defensora, pero lo injusto me motivó a estar aquí y mirar una manera de hacer justicia, de que nos vean que somos seres humanos y que necesitamos lo justo”, expresa.

Un hecho específico llevó a esta mujer a no dar un paso atrás: un reclutador dejó de contratar a una de sus compañeras, de nombre Olivia, quien interpuso una demanda laboral en 2014.

“Me pareció injusto y decidí apoyarla; ella decidió hacer una demanda laboral y yo decidí servirle como testigo y ya no la llevaron (a EU a trabajar). Ya no me llevan a mí tampoco. Tengo dos años aquí en México”, recalca.

“Yo quisiera que nuestros compañeros entiendan que estamos aquí en la lucha de un derecho para todos, de un beneficio para todos, que ellos reconozcan que nosotros vamos y tenemos un sueldo que nos permite tener un nivel de vida, pero si se ponen a pensar Derechos Humanos laborales, ¿cuántos tenemos? ¡Ninguno!”, subraya.

Ahora, María de los Ángeles trabaja en lo que puede, sobre todo hace limpieza en hogares, donde le pagan mucho menos que en EU, pero a cambio, integradas en la Coalición, las mujeres y sus compañeros presentaron dos demandas contra los reclutadores Humberto Salinas Cepeda y Jesús Mercado por abusos laborales, las cuales están por concluir –afirma– en sentencias favorables para ellas, pues aportaron todos los elementos probatorios.

Este año, la activista espera integrar un archivo con los nombres de todas las y los trabajadores y su experiencia, para que sean tomados en cuenta cuando haya empleo; confía también en que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social entregue certificados de competencia que tiene comprometidos con la Coalición; además de consolidar un equipo o apoyo jurídico; y ejecutar un reglamento trasnacional para que los empleadores se hagan responsables de los abusos que cometen sus reclutadores.

María de los Ángeles insiste: “Yo tenía el privilegio de tener un trabajo temporal; si me quedo callada yo podría seguir disfrutando de ese trabajo, pero lo injusto no me gusta. Cuando empezó la primera persona (Olivia) a manifestarse dije ‘pues yo también’, porque no me quiero quedar en esta empresa donde tenga yo tanta injusticia, no voy a estar trabajando a gusto y prefiero ir a mi tierra, y no importa que batalle con lo económico, no sé cuánto tiempo porque tengo la esperanza de poder volver un día con mejores condiciones”.

Añade: “Permanezco porque considero que la causa justa se pelea y se gana, y tengo la esperanza y la seguridad de que se van a conseguir beneficios para todos los trabajadores”.

La mujer exige que todos los patrones den seguridad en el trabajo, que se ponga en una lista quiénes van a regresar el año siguiente y quiénes no, y que en ese caso se les explique la razón laboral por la que ya no serán contratados.

Al participar en la Coordinadora Nacional de Defensoras de DH Laborales, María se siente impresionada del trabajo que por más de 20 años han realizado las empleadas del hogar, lo que ella pretende imitar con la convicción de que un día regresará a trabajar y cuando eso suceda, augura, las condiciones habrán cambiado.

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/72893