Cuñado de Salinas de Gortari, tras proyecto ecocida en BCS

Por Redacción Bajo Palabra

A través de un comunicado, académicos, legisladores y activistas deploraron las amenazas de muerte realizadas contra el abogado John Joseph Moreno Rutowski, representante de los pescadores de Todos Santos, Baja California Sur, de 6 mil habitantes.

En últimas fechas, Moreno ha intentado frenar que la empresa Tres Santos propiedad Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, realice un mega desarrollo turístico en Todos Santos que incluiría 5 mil viviendas.

De acuerdo con los firmantes del comunicado, entre los que se encuentran Sergio Aguayo, Clara Luz Álvarez, Irma Ávila Pietrasanta, Daniel Gershenson y Jesús Robles Maloof, el proyecto inmobiliario ocasionaría una afectación a la sustentabilidad de esa población de Baja California Sur.

Los afectados con este desarrollo, defendidos por Moreno, dicen que el mismo se ha autorizado con presuntas violaciones a la ley. Además, aseguraron que, que tanto las autoridades de BCS como la empresa, recientemente han enviado diversas amenazas contra la integridad del abogado y su familia.

“Deploramos que el gobierno de Baja California Sur utilice vías de acoso e intimidación a la defensa de los derechos humanos, violando la Constitución y la ley. Hacemos un llamado para que el gobierno del Estado ajuste su actuar únicamente a las atribuciones que le confiere el ordenamiento legal y cese su política de amedrentamiento contra John Moreno y su familia” sostuvieron los académicos, legisladores y activistas, entre ellos Denise Dresser, el senador Benjamín Robles Montoya, Gabriel Sosa Plata y Ernesto Villanueva, en la misiva.

Los firmantes dicen haber solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitan medidas cautelares a la brevedad posible.

Además, pidieron la intervención del Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, ponga en marcha un mecanismo que permita el respeto del ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, dijeron.

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