Manifestantes exigen, en San José del Progreso, Oaxaca, la salida de empresa minera canadiense
Redacción Sin Embargo
Ciudad de México, 6 mayo (SinEmbargo).– Este día, instalaciones de la Minera Cuzcatlán, ubicada en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca, fue tomada simbólicamente por integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que pedían la salida inmediata de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
Los manifestantes denunciaron que el proyecto minero de Fortuna Silver Mines cuenta con la protección de las autoridades estatales y que a siete años de la represión en la cual integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán fueron golpeados y encarcelados, la empresa no ha cumplido con las indemnizaciones a los afectados, tampoco con creación empleos para los habitantes de la región y que aún no cuentan con las condiciones de desarrollo social y productivo.
Asimismo exigían justicia por el asesinato de su líder Bernardo Vásquez, principal opositor de la operación de la mina de plata Cuzcatlán, ocurrido en 2012 en una emboscada. La la Red Mexicana de Afectados por la Minería siempre vinculó la muerte con su oposición a las actividades de explotación de oro y plata de la empresa y reprochó que los implicados hayan sido puestos en libertad en abril de 2015.
El proyecto de Silver Mines se está expandiendo a los territorios de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, aun cuando la comunidad ha comprobado las violaciones sistemáticas que el proyecto ocasionó en San José del Progreso.
Por su parte, ayer la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió ayer 5 de mayo una alerta temprana dirigida al ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, y al poder Ejecutivo del estado a fin de que garanticen la libre manifestación de las ideas, derecho de reunión y asociación de las y los habitantes de esa comunidad y quienes participen en las actividades convocadas para esa fecha por la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán.
“La institución autónoma expresa su preocupación por la posibilidad de la reaparición de violencia en San José del Progreso, que pudiera vulnerar de manera grave los derechos humanos de las y los participantes a dicho manifestación, así como también de las y los habitantes de dicha población.
La Defensoría, ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos de imposible reparación, solicitó la colaboración del ayuntamiento de San José del Progreso para que garanticen la libre manifestación de las personas que acudan a los actos pacíficos que se realicen el 6 de mayo frente a la mina en dicha población”, señala el comunicado.