ENCUENTRO DE REDES
DE APOYO AL CIG
COMPARTE 2018
Y 15º ANIVERSARIO DE LOS CARACOLES

Jornaleros agrícolas piden que salgan de México dos programas de la ONU

Javier Cruz Aguirre Ensenada, B. C.

Ello lo solicitaron la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social y el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), en las horas previas a la conmemoración del primer aniversario del movimiento de decenas de miles de trabajadores agrícolas del valle de San Quintín (17 de marzo de 2015).

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones establecen que las dos instancias mundiales “no han hecho nada para cambiar las condiciones laborales, sociales y económicas” de los jornaleros agrícolas de México, y “representan tan sólo los intereses de las grandes compañías internacionales que dominan al sector agropecuario del país”.

Y anuncian que pedirán la inmediata intervención de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), otra agencia de la ONU que entre sus objetivos busca promover y cumplir las normas, los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como crear mayores oportunidades para que “mujeres y hombres del mundo puedan tener empleos e ingresos dignos”, a fin de que el FLO y el FIDA se retiren “inmediatamente” de México.

– “El programa Comercio Justo se encarga de otorgar certificaciones a las empresas agrícolas que más violan los derechos fundamentales de los trabajadores, como lo es el caso del Rancho Los Pinos, de los hermanos Rodríguez del valle de San Quintín, a quien el gobierno mexicano premia con apoyos y subsidios que sólo facilitan la evasión de responsabilidades de los patrones hacia sus miles de trabajadores”, indicó Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros de la alianza, al dar a conocer el contenido del documento.

De acuerdo con su página en internet, el programa “Comercio Justo” cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Fija un precio mínimo garantizado por el producto que se exporta, más un premio, “dinero que las organizaciones de productores deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad”.

Naciones Unidas fracasa en obligar a gobierno y rancheros en México a evitar violación a derechos de los niños en los campos agrícolas del país.

Postula que en el caso de la producción en plantaciones como las que existen en el valle de San Quintín, el propósito central es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

La certificación la otorga la Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations Internacional – FLO), una organización encargada de establecer los requisitos del “Comercio Justo” y certificar.

La FLO actualmente cuenta con 21 organizaciones nacionales en Europa, Norteamérica y Japón. En Centroamérica, los productores con certificación de Comercio Justo exportan café, cacao, azúcar, miel de abeja, banano y otras frutas frescas y jugos de fruta.

Hasta hoy, la certificación de esta empresa sólo ha beneficiado a las grandes empresas trasnacionales y nacionales que operan en México, y de los supuestos premios que otorga a quienes cumplen con su certificación, los jornaleros no hemos visto un solo centavo”, indican las dos organizaciones de trabajadores del campo en su comunicado.

Por su parte, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una agencia especializada de las Naciones Unidas, fundada en diciembre de 1977, con el mandato de servir exclusivamente a los pobres en zonas rurales de los países en desarrollo.

En su página cibernética, el fondo dice que “es único entre las agencias de las Naciones Unidas, por lo que es primordialmente una institución financiera que suministra préstamos y subsidios para sus países miembros en vías de desarrollo, para programas y proyectos dirigidos a las necesidades de los más pobres y segmentos marginados de la población rural, ya sea que estén sin tierra, minifundistas, mujeres, artesanos, pescadores, pastores o indígenas”.

Al respecto, Fidel Sánchez manifestó que el fondo no ha hecho nada por erradicar la pobreza en el campo mexicano, pues sus programas para que los jornaleros “y demás pobres del agro” tengan acceso a los medios de producción, tierras y agua, insumos técnicos, capacitación y extensión, mercados, investigación de adaptación para sostener la base de recursos, crédito y servicios comunitarios, “son nulos”.

La alianza y el sindicato indican en su posicionamiento que los dos programas de Naciones Unidas no evitaron la situación de explotación, pobreza y marginación de los jornaleros de Baja California, por lo que las demandas iniciales de los trabajadores que paralizaron los campos de hortalizas y berrys del valle de San Quintín, continúan vigentes.

– “Estos dos proyectos son cómplices de las autoridades y empresarios nacionales y extranjeros que persistentemente violan los derechos de los jornaleros mexicanos, por lo que a un año del inicio de nuestra lucha por la dignidad y la justicia social decimos que los 14 demandas siguen vigentes”.

Esas demandas son: 1.- revocar los contratos colectivos de trabajo que las empresas firmaron con “sindicatos de protección” afiliados a las centrales priistas CTM, CROC y COR; 2.- respeto al derecho de antigüedad laboral de los jornaleros; 3.- afiliación masiva y efectiva de los trabajadores del campo al Instituto Mexicano del Seguro Social; 4.- pago de todas las prestaciones de ley; 5.- pago efectivo de dos y tres salarios por días festivos y descanso obligatorio; 6.- descanso con derecho a pago para mujeres embarazadas en las seis semanas previas y posteriores al nacimiento de sus hijos. 7.- no tomar represalia laboral o penal alguna en contra de los trabajadores que se sumen a las demandas de la alianza y el sindicato.

8.- Permisos de una semana con pago de salario a los padres de hijos recién nacidos; 9.- fin al abuso o acoso sexual de los mayordomos y empleados de los ranchos a las mujeres jornaleras; 10.- pago de 300 pesos diarios de salario; 11.- pago de 30 pesos por cada caja de fresa cosechada; 12.- pago de 17 pesos por cada jarra de mora colectada; 13.- pago de ocho pesos por cada cubeta de tomate levantada; y 14.- aplicar los beneficios de sus demandas a todos los jornaleros agrícolas de Baja California y el país.

– “Seguiremos nuestra lucha por alcanzar cada una de nuestras peticiones iniciales. La lucha es larga, pero tenemos confianza en que lo lograremos”, terminan manifestando las organizaciones firmantes.

http://www.4vientos.net/?p=42144