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Semarnat permite a empresario minero reconocido internacionalmente seguir contaminando por medio de basurero tóxico

Revolución Tres Punto Cero
Emma Martinez
09/02/2016

A finales del año pasado, trascendió la noticia sobre la construcción de un confinamiento de desechos industriales en San Luis Potosí, cuya ubicación sería en el municipio de La Victoria, en el rancho Palula, dicho proyecto se había propuesto ya desde 2014, cuando los habitantes dieron inicio a una serie de movilizaciones, cuyo primer objetivo fue obtener el apoyo de las autoridades locales y después las estatales, esperando que detuvieran el proyecto.

Esto no sucedió, ya que finalmente -y de forma apresurada- Semarnat avaló la construcción. Con ello, poco más de 10 comunidades de aproximadamente 200 habitantes cada una, padecerán afectaciones debido a que será inevitable no tener contacto con los tóxicos que ahí se encuentren.

El ambientalista Rodrigo Torreblanca, quien forma parte del organismo internacional Ecologistas en Acción, y desarrolla un estudio sobre el crecimiento y la facilidad de los permisos para la construcción de los basureros tóxicos en México, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO: “en este país este tipo de sitios donde se confinan desechos tóxicos van aumentando y la principal característica es que los construyen cerca de comunidades indígenas y de aquellas con pobreza y pobreza extrema.

“La excusa es que buscan lugares alejados, sí, pero no sitios sin población. La lejanía de las zonas sirve nada más para que los pobladores que están alejados de las dependencias u organismos civiles que no puedan demandar el cierre o detención del proyecto en su totalidad. Paradójicamente son los gobiernos seudo ecologistas los que promueven la muerte de estas poblaciones, por medio de las enfermedades que pueden incluir desde cáncer hasta malformaciones”.

En el caso del basurero que se construye en Palula, explica que se ha dado a conocer que será 2017 el momento en que comience a funcionar, ya que aún con las constantes exigencias para que se detenga, la construcción no se ha detenido ni un sólo día. Agrega, que grupos de pobladores han presentado un largo listado de anomalías, que se han llevado ante las autoridades correspondientes, “pero no han sido tomadas en cuenta, el desarrollo va y no se detiene”, además de denunciar que jamás fueron consultados.

Dicho basurero es un proyecto del empresario minero José Cerrillo Chowell, quien ya en distintas ocasiones ha sido acusado de contaminar México, así como exponer a sus trabajadores en las minas, al grado de llevar a algunos a la muerte, pese a que activistas y población de San Luis Potosí han exhibido estos hechos, las autoridades, a decir por ambientalistas, le permiten al empresario reconocido internacionalmente, seguir operando con total impunidad.

Dentro de las principales afectaciones que han denunciado los habitantes, así como el Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”, es la contaminación de sus tierras, puesto que debido a la cercanía del basurero con las propiedades, al enterrar los desechos peligrosos, dañará tanto los cultivos, como el agua, que llevaría a desarrollar varias enfermedades y daños de salud mortales, como los mencionados por el ambientalista.

El centro de Derechos Humanos ha denunciado que en 2015 cuando se aprobó el proyecto, también se dio visto bueno al estudio de impacto ambiental, aún cuando presentaba una serie de daños a flora, fauna y población humana, por lo que la aceptación de manera irregular, comenzando por la ubicación, ya que pese a la cercanía con las zonas de cultivo y ciudadanos, Semarnat lo pasó por alto.

Omar Mazariegos, un poblador de las comunidades afectadas, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que la compra por medio de dádivas, comenzó desde antes de la aprobación del proyecto; “como los primeros vendidos fueron los del cabildo que iba saliendo, quienes lo hicieron de noche para que nadie supiera de la aprobación, quisieron engañarnos desde antes a nosotros, de pronto llegaron a repartir despensas, artículos electrodomésticos, ropa, calzado y hasta computadoras, todo a nombre del señor Cerrillo Chowell, fue ahí el primer indicio que nos iban a joder.

Nunca le interesó nuestra vida y nuestras necesidades a ese hombre tan rico, nos podíamos morir en su cara y él ni en cuenta, pero como estaba a punto de ser el que nos asesinara quiso ir preparando el terreno, para después tener permiso fácil y sin problemas para envenenar nuestras tierras”.

El Centro de Derechos Humanos y la población, recientemente ha solicitado la colaboración de especialistas en materias del medio ambiente de El Colegio de San Luis A.C., a fin de fundamentar su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). A su vez han buscado a otros organismos civiles y activistas ambientales para que se unan a la causa, ya que aseguran se enfrentan al hombre más poderoso y rico del Altiplano de San Luis Potosí.

Según la información de la Semarnat, dicha dependencia otorgó el permiso al empresario José Cerrillo Chowell para construir un tiradero de desechos industriales de 600 hectáreas y que anualmente recibirá 185 mil toneladas de tóxicos; “hemos tenido información que el empresario ya está comenzando a promover su basurero con otros dueños de minas para que compren un espacio y depositen sus desechos, para él nuestra lucha ni existe, porque tiene el apoyo total de las autoridades más importantes”, comenta Mazariegos.

“Lo más lamentable es que pese a las justificaciones que han dado las mismas autoridades que buscan favorecer al empresario, es un hecho que uno de los sitios más afectados será el área natural protegida de Wirikuta.

Por lo que ya la comunidad huichol ha externado el apoyo en la lucha en contra del basurero; es terrible que esta lucha sea en contra de las autoridades, los argumentos para demostrar que no es viable el proyecto están. En un Estado justo esto sería impensable, porque simplemente el proyecto hubiera sido rechazado de inmediato, pero en el México corrupto, las mismas dependencias encargadas de proteger el medio ambiente, lo han abrazado.

Sin embargo el movimiento ha cobrado mayor fuerza, ya que en éste se encuentran indígenas, académicos, sacerdotes, ambientalistas, activistas sociales y grupos de ciudadanos de otras entidades quienes buscamos pelear con el gigante de la corrupción”, asegura Torreblanca.

Académicos especialistas en el tema han expresado que desde un inicio el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV no cuenta con la experiencia necesaria para operar un proyecto como lo es un basurero tóxico, y han puesto como ejemplo otros sitios del mismo tipo, donde pese a las medidas de seguridad bien aplicadas, algunas sustancias contaminantes se filtraron al subsuelo y contaminaron los pozos de donde se obtiene agua para abastecer a los habitantes del lugar, lo cual ha llevado a la radiactividad.

“De hacerse realidad este basurero, el norte será un basurero tóxico, ya que el de General Cepeda, Coahuila sigue sin detenerse, existe uno en Ramos Arizpe y otro en Mina, Nuevo León, que tienen la capacidad de recibir hasta 700 mil toneladas de residuos peligrosos al año, más éste, una gran parte de la población nacional estaría rodeada de peligro y muerte, solapada por gobiernos estatales y el federal”, agrega el ambientalista.

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