En Oaxaca exigen cancelar más de 400 concesiones y 35 proyectos mineros; siembran cultura de la muerte

Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Habitantes de 48 comunidades y representantes de 30 organizaciones exigieron la cancelación de las mas de 400 concesiones y los 35 proyectos mineros que fueron autorizados por el gobierno federal en el estado de Oaxaca sin la anuencia de los pueblos, principalmente indígenas, situación que vulnera sus derechos fundamentales.

De acuerdo a la declaratoria del encuentro estatal de comunidades y organizaciones contra la Minería que se realizó este fin de semana en el Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo, los participantes hicieron un llamado a defender la tierra y el territorio contra los proyectos de muerte.

Y es que esos proyectos violan sus derechos a la autonomía, el territorio y atenta contra sus sistemas comunitarios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, al generar división y romper su tejido comunitario.

Hicieron hincapié que a los pueblos se les violenta su derecho a la información, ya que el gobierno federal otorgó concesiones mineras sin el consentimiento de las asambleas comunitarias, esto sin contar que la información que existe sobre las concesiones es manipulada, parcial y poco accesible.

Además resaltaron que sus territorios sostienen la economía y alimentación comunitaria y regional, por lo que los proyectos mineros también amenazan gravemente dichas formas de vida, generando una contaminación irreversible en su medio ambiente.

El representante de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, informó que la Secretaría de Economía entregó 344 títulos de concesión minera, entre enero de 2002 a junio de 2011, para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, en una superficie de 742 mil 791.02 hectáreas, que equivale al 7.78 por ciento del territorio estatal y fueron otorgadas a 13 empresas canadienses y dos estadounidenses.

Los inconformes denunciaron que las empresas mineras utilizan como estrategia mecanismos para dividir y confrontar a las comunidades, mientras que los gobiernos federal y estatal realizan modificaciones legislativas e institucionales en beneficio de los intereses de las empresas trasnacionales tales como el Fondo Minero, cambios tienen como finalidad el despojo de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas.

De igual forma, se quejaron, se criminaliza el trabajo de las y los defensores del territorio, ya que se les persigue, encarcela y en el peor de los casos se les priva de la vida, esto sin contar que el sistema de justicia tampoco garantiza el ejercicio de los derechos humanos.

A pesar de esta situación los pueblos se organizan para defender la tierra, el territorio y sus bienes comunes, combinando diversas estrategias de resistencia pacífica.

En el encuentra, la comunidad de Ciudad Ixtepec rechazó rotundamente el proyecto minero impulsado por la empresa Plata Real, Filial de Primero Mining misma que está presionando a las autoridades para obtener su consentimiento.

Y la comunidad de Monte del Toro exigió respeto a su declaratoria de territorio prohibido para la Minería, al tiempo que denunció al subdelegado de Conciliación Agraria, Alfredo Ramírez, quien mediante engaños y promesas falsas intenta dividir el ejido.

En tanto que la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige la cancelación del proyecto minero “San José” y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez.

De igual forma, exigió poner alto a la campaña promovida por Fortuna Silver para expandir su proyecto de muerte en las comunidades de Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo.

Mientras que 14 comunidades del municipio del Barrio de la Soledad denunciaron que la empresa Cruz Azul S.C.L., que desde 1943 está substrayendo el agua de nuestra comunidad para el procesamiento de su fábrica y para venta a otras comunidades vecinas, esta situación ha afectado nuestro derecho al uso y disfrute del agua.

A su vez, el Centro de Estudios para la Región Cuicateca (CEREC) denunció que en la región de la cañada existen 13 concesiones mineras, las cuales han vulnerado el derecho a la autonomía y el territorio. Exige la cancelación definitiva del proyecto “La Raquelita”, ubicado en el municipio de San Juan Tepeuxila.

Por su parte, 14 comunidades Chontales de los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita denunciamos que cinco mil 413 hectáreas están concesionadas a las empresas mineras Zalamera y Minaurum Gold y fueron entregadas por el gobierno federal sin su autorización por lo que exigen la cancelación de dichos permisos.

Por otra parte, la comunidad de Santa Catarina Coatlán denunció las afectaciones a sus tierras ejidales por la introducción de la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido.

En esa reunión a la que asistieron habitantes de Agua del Espino, San Miguel Panixtlahuaca, San Antonino Castillo Velasco, La Guadalupe, Monte del Toro, San José Chiltepec, San Dionisio Ocotepec, Magdalena Teitipac, San Andrés Chicahuaxtla Putla Villa de Guerrero, Ejutla de Crespo, Tlahuitoltepec, Guelavía, Zaachila, Santa María Alotepec San José del Progreso, Santa Lucía Mecaltepec, Ixtepec, y San Juan Chilateca, declararon el 22 de julio de cada año como Día Estatal de Resistencia contra la Minería en Oaxaca.

Al encuentro también asistieron representantes de las comunidades San José de las Huertas, San Cristóbal Amoltepec, Jaltepec de Candayoc, Tepeuxila Cuicatlán, La Noria de Ortiz, Zanatepec, Tiracoz Cuilapam, San Esteban, San Miguel Chongos, Rincón Vaquero, San Martín de los Cansecos, Taniche Ejutla, Barrio la Soledad, Chigola, Maguey Largo, Santa Catarina Coatlán, San Bartolomé Quialana, Pozo de Agua, Yutanino, San Juan Chilateca, Ejutla, Capulálpan de Méndez, San Gregorio Ozolotepec, San Matías Chilazoa, Tlaxiaco, Nacedero, Yagila, Ejido Barrio del Progreso y San Cristóbal Amoltepec.

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