Colima, quinto lugar nacional en ataques contra ambientalistas: Cemda
Colima, México, Avanzada (09/01/2016).- Con ocho casos registrados, el estado de Colima ocupa el quinto lugar nacional en agresiones contra activistas defensores del medio ambiente, revela el “Informe sobre la situación de los defensores ambientales 2015”, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En el primer lugar se encuentra Sonora, con 16 ataques; seguido por Oaxaca, con 13; Estado de México, con 12, y Guerrero, con 9.
Aunque en el informe no se especifican los nombres de las víctimas de agresiones, en el caso de Colima los ocho ataques recogidos en la investigación están relacionados con el tema de la Minería, por lo que se presume que se refiere a la situación de las organizaciones Bios Iguana y Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), varios de cuyos integrantes han sufrido hostigamiento, detenciones y amenazas en el periodo de la lucha contra el proyecto minero que se pretendía instalar en esa comunidad.
De acuerdo con el documento, el número de ataques a personas defensoras del ambiente registrados en México en el período de mayo 2014 a junio 2015 fue de 109 casos en total, del que 49 sucedieron en 2014 (del 1º de mayo a diciembre) y 60 en los primeros seis meses del 2015 (del 1 de enero al 31 de julio).
Además, el Cemda reporta en su informe que de 2010 a la fecha se ha registrado un crecimiento sostenido en las cifras de agresiones contra ambientalistas en el país, puesto que en ese primer año hubo 10 ataques, en 2011 la cifra se elevó a 16, en 2012 fueron 23, en 2013 se contabilizaron 53, durante 2014 el registro llegó a 87 casos, y en los primeros siete meses de 2015 ya iban 60 casos, con la posibilidad de que al cierre se haya rebasado la cantidad del año previo.
“Las víctimas de estos ataques y agresiones —señala el Cemda) se dividieron en tres categorías para su análisis: personas, comunidades y organizaciones no gubernamentales. Los datos recabados nos señalan que de los 109 ataques registrados, 130 personas fueron objeto de un tipo de ataque; además, registramos 21 casos de ataques dirigidos a la comunidad y 17 casos de ataques a ONGs”.
El mayor número de ataques registrados en el último año, 27, se derivó del activismo en torno a proyectos de agua, le siguen 16 en proyectos hidroeléctricos, 13 casos en proyectos mineros, 11 en proyectos inmobiliarios y 10 en asuntos relacionados con la tierra.
Entre los tipos de agresiones documentados por el Cemda contra activistas del medio ambiente en México, se identificaron 75 amenazas (personales, telefónicas o electrónicas), 25 agresiones físicas a defensores ambientales (personales o en grupo), 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales (durante manifestaciones o en la vía pública), 11 asesinatos, 3 casos de difamación hacia ONGs y 2 casos de uso indebido de la fuerza.
En cuanto al origen de los agresores, de los 109 casos de ataques a defensores ambientales, en 49 casos el autor es no identificado, en 37 el o los ataques fueron ejecutados por personas identificadas como autoridades, en 13 casos por miembros de la comunidad (generalmente por personas a favor del proyecto), en 7 casos los autores fueron identificados como personas relacionadas con la empresa promovente del proyecto y por último, en 3 casos el agresor fue identificado como personas ligadas a la delincuencia.
“Los datos recabados respecto de la participación de autoridades en los ataques y agresiones a defensores ambientales son preocupantes, puesto que las autoridades son las principales obligadas a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, sus recursos naturales y en general el ambiente”, señaló la organización.
En sus conclusiones, el Cemda considera que México es un país peligroso para los defensores ambientales, pues existe un riesgo para todas las personas que ejercen acciones en defensa del medio ambiente y de otros derechos que están interrelacionados, como son el derecho a la salud, a la vivienda, al territorio, entre otros, puesto que se enfrentan, en muchos casos, a continuas amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, criminalización y, en situaciones extremas, hasta riesgo de asesinato.
“Es posible apreciar un aumento en el número de casos de ataques o agresiones hacia defensores y defensoras ambientales. No es posible definir una zona geográfica donde se concentra la mayoría de los ataques. Sin embargo, se registraron agresiones a personas defensoras y periodistas en veinte estados de la República: Estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Colima, Puebla, Morelos, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y el Distrito Federal”, finaliza.