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Puebla, entre los estados con más ataques a ambientalistas

enero 16, 2016
Samantha Páez, Puebla

Apenas en un año se registraron ocho agresiones en Puebla contra defensores y defensoras del medio ambiente, según lo dio a conocer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda), organización civil reconocida a nivel internacional.

De acuerdo con el “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015”, que el Cemda dio a conocer en diciembre pasado, Puebla se encuentra entre las diez entidades de México de mayor riesgo para activistas o periodistas ambientales.

A nivel nacional, el Cemda, incluido en la lista Global Go to Think Tank Rankings de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, indicó que entre mayo de 2014 y junio de 2015 se registraron 109 agresiones hacia 130 personas.

Violencia contra ambientalistas

Durante 2015 el Cemda detectó ocho agresiones contra defensores del agua, medio ambiente o bosques en Puebla, lo cual ubica al estado en el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a número de percances, empatado con Chiapas, Chihuahua y Colima.

El año pasado se ubicaron en los primeros sitios de agresiones a ambientalistas los estados de Sonora, con 16 agresiones; Oaxaca, con 13 casos; México, con 12, y Guerrero con nueve casos.

Mientras que se registraron seis ataques en el Distrito Federal; cinco casos en Morelos; cuatro en Veracruz; tres en Sinaloa; dos en Michoacán; y uno en Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala.

Aunque Puebla fue el quinto lugar nacional en 2015, de 2013 a 2014 fue el segundo estado con más ataques a defensores y defensoras ambientales con nueve casos. Sólo Oaxaca estuvo por encima con 35 hechos.

En tanto que en 2012, las entidades más peligrosas fueron Chihuahua y Guerrero. Y durante el 2011 fue Guerrero y Oaxaca.

Destacan casos poblanos

Los ataques que se cometieron en Puebla tienen que ver con la instalación del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl, de hidroeléctricas, minas, por fracking y obras hidráulicas en la Sierra Norte, así como por la construcción del Parque Intermunicipal en las inmediaciones de la pirámide de Cholula y la expropiación de un inmueble.

El documento señala que los ataques se dan sobre todo a “líderes comunitarios y de grupos que manifestaron en diversos momentos su oposición a los proyectos, los cuestionaron y exigieron el respeto a los derechos humanos o, en su caso, presentaron demandas legales o denuncias en contra de dichos proyectos”.

Tal es el caso de Antonio Esteban Cruz, asesinado en junio de 2014, debido a su oposición a la hidroeléctrica en Cuamono, en el municipio de Cuetzalan, y quien era uno de los líderes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).

También destaca el enjuiciamiento “a defensores ambientales, muchas veces en oposición a megaproyectos, los cuales logran detener o mermar la actividad de líderes, autoridades comunitarias y municipales que buscan proteger los derechos humanos de su población”.

En específico se toca la oposición al proyecto turístico en Cholula, donde Adán y Paul Xicale, así como Primo y Albino Tlachi, fueron arrestados el 6 de octubre de 2014, tras la toma pacífica de la presidencia de San Andrés Cholula.

Los Xicale salieron del penal de San Pedro Cholula el pasado 30 de noviembre tras pagar una fianza de 25 mil pesos cada uno. Mientras que los Tlachi fueron liberados en marzo de 2015 al ganar un amparo.

Conflictos por agua y megaproyectos

De los 109 ataques que se contabilizaron en el país durante el último año por el Cemda, 27 casos tienen que ver con proyectos de agua; 16 con proyectos hidroeléctricos; 13 con proyectos mineros; 11 con proyectos inmobiliarios; diez con temas de tierra (despojo), y ocho con proyectos eólicos.

Además de siete casos en proyectos de infraestructura (principalmente carreteras); cinco relacionados con actividades en materia de hidrocarburos, cuatro donde la reclamación es meramente ambiental; tres casos sobre proyectos turísticos; dos casos sobre contaminación; dos casos sobre proyectos forestales y uno sobre un proyecto termoeléctrico.

En el periodo 2014-2015 abundaron las amenazas, pues se pudieron identificar 75 personales, telefónicas o electrónicas contra ambientalistas.

También hubo 25 agresiones físicas, 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales (durante manifestaciones o en la vía pública), 11 asesinatos -entre los cuales se encuentra el de Antonio Esteban Cruz-, tres casos de difamación hacia ONGs y dos casos de uso indebido de la fuerza.

Hacen recomendaciones

Ante esta situación el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, encabezado por Gustavo Alanís Ortega, hizo recomendaciones para evitar que se agreda a los y las defensoras del medio ambiente en México.

Entre las sugerencias se pide evitar la aprobación de proyectos de desarrollo sin el respeto y garantía de los derechos humanos de las comunidades afectadas; suspender la implementación de un proyecto de desarrollo cuando en ese contexto existan evidencias de ataques en contra de un defensor ambiental.

Así como realizar las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto; implementar acciones de prevención de las agresiones a defensores ambientales, así como ampliar la protección e implementar las medidas adecuadas de manera pronta a los defensores y defensoras ambientales, a través de medidas eficaces y oportunas.

También mejorar el funcionamiento y alcance del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas puesto que existe un número amplio de casos de defensores y defensoras ambientales que, a pesar de haber sufrido un ataque o agresión, no tienen alguna medida de protección decretada desde el mismo Mecanismo.

http://www.e-consulta.com/nota/2016-01-06/sociedad/puebla-entre-los-estados-con-mas-ataques-ambientalistas