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Se recrudece crisis en El Pochotal

Luis Fernando Nájera, Sinaloa.

Denuncia a Procurador por abuso de autoridad

El conflicto agrario en el ejido El Pochotal del municipio de El Fuerte apuntó penalmente hacia un nuevo implicado, el Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, a quien le endilgan el delito de abuso de autoridad por ordenar a la Policía Ministerial del Estado resguardar un predio agrícola ajeno y detener a los legítimos propietarios, sin investigación previa.

Además, imputaron al Jefe de Distrito 075, Alejandro Rodríguez Camarena y al presidente del módulo de riego Nohme, como cabecillas de una red de complicidades para favorecer con riego a Antonio Aníbal Miranda López, sin ser usuario.

Esta semana, poco más de 20 campesinos, en su mayoría indígenas, se plantaron a las afueras de la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Zona Norte, mientras que el abogado Martín López Félix y el rentador Erasmo Vega Zamora interponían la querella en contra de Higuera Gómez.

Estos basaron la acusación en hechos sucedidos días antes cuando habrían llegado a un predio de cien hectáreas de tierras de uso común para defenderlo, pues habían recibido avisos de que Antonio Aníbal Miranda López, un profesionista bajo contrato de una empresa agroquímica, pretendía destruir el marcado de surcos amparado en la protección de la Policía Ministerial del Estado. Al llegar, todos fueron amenazados, hostigados, detenidos y obligados a declarar, aunque esto último no lo consiguieron.

La implicación policial se debió a hechos tergiversados intencionalmente por el denunciante, Miranda López, con la aprobación del procurador Higuera Gómez, expuso López Félix.

“Es tan burdo el engaño, que en la investigación que se inicia saldrá a relucir toda la maquinación. Un dato es revelador, para utilizar a la policía inventaron fechas de un supuesto despojo y agresiones a Marisela Orrantia Rocha, esposa del acusador. El despojo no se da porque en la fecha indicada no había contrato existente”, sostiene.

Vega Zamora sostuvo que todo lo denunciado es una mentira que deberá desenmascararse en el proceso de investigación.

Los líderes ejidales Raúl Valenzuela Combera y Mario Valenzuela Cruz, aseguraron que el caso apesta a corrupción y a una treta operada desde funcionarios estatales para despojarles por medio del terror institucional las más de cien hectáreas que años atrás le dieron en usufructo a Miranda López, por labores de desmonte.

De acuerdo con los campesinos, en el año 2012 venció el contrato de beneficios mutuos y Miranda López entregó el predio, el cual en asamblea dura le fue asignado a un grupo de campesinos que formalizaron una asociación. Tres años después, la misma asamblea resolvió rentar las tierras a Erasmo Vega, reapareciendo en el terreno el profesionista de la empresa agroquímica internacional reclamando el predio bajo el argumento que esas tierras no eran las que entregó, sino unas que estaban más al sur.

“Ese amigo nos quiere engañar, pero los linderos están ahí, las marcas no se pueden mover, ni la tierra tampoco. La parcela que dice que entregó ya tiene dueño, desde hace mucho es de Óscar Rodríguez. Lo que ese quiere es seguir sembrando sin pagar renta. Nos quiere seguir chingando como desde años lo hizo en complicidad con la ex comisariada Olga Vázquez, que siendo trabajadora de una maquiladora, construyó una casa que en comparación con la que habitan los indígenas es toda una mansión”, dijo Valenzuela Combera.

Este, acompañado de Mario Valenzuela criticaron que las instituciones se vendan al dinero mal habido y acusaron al Jefe de Distrito 075, Alejandro Rodríguez Camarena y al presidente del módulo de riego Nohme, Vicente Silva, de reconocer como usuario a Miranda López y darle el derecho al agua para riego. “A esos ya les comprobamos que no es dueño de nada ni ejidatario, que sus papeles son una estafa pero se niegan a anularle la aprobación, y pues con ese derecho ilegitimo, Rodríguez, silva y Aníbal nos siguen chingando”.

La denuncia.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Subprocurador Regional de Justicia del Estado dijo que no tiene impedimento legal para recibir la acusación en contra de su jefe, Marco Antonio Higuera Gómez, y aseguró que tampoco hay excepción para que declare.

“Los mecanismos de la dependencia están fijos. Hay formas para que un superior declare”, sostuvo.

La obligación de la dependencia es recibir la denuncia, que es un derecho de los particulares, investigar y resolver, que es una obligación de la autoridad. Los acusadores tendrán que aportar pruebas que acreditan su dicho, y el denunciado pretenderá desvirtuar lo afirmado. Es el procedimiento normal que se agotará, dijo el funcionario.

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