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PGJE, sin perspectiva de género al indagar homicidios

Gabriela Martínez, Tijuana, B.C.

De las casi 100 mujeres asesinadas en Baja California en lo que va del año, solo cinco casos fueron considerados feminicidios; sin embargo tres casos se reclasificaron como homicidio calificado, para evitar que los responsables salieran bajo fianza, ya que asesinar a una mujer no es un delito grave en el estado.

La estrategia de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) deja sin efecto la reforma al artículo 129 del Código Penal, de marzo pasado, cuando los diputados corrigieron la ley porque en su redacción original omitieron la cantidad de años en prisión.

La fiscal estatal, Perla del Socorro Ibarra, dijo que esa reforma permitiría perseguir y sancionar a los asesinos de mujeres; sin embargo, ocho meses después, los resultados son los mismos, pues los legisladores cometieron otro error: no calificaron el feminicidio como un delito grave.

“Los defensores, en ciertos casos piden a los jueces cambiar el delito de feminicidio, por considerar que no se cumplen los criterios. Nosotros impugnamos porque queremos evitar que los responsables salgan de prisión, sin importar cómo sean consignados”, advirtió.

Activistas de los derechos de las mujeres, como Meritxell Calderón, presidenta de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, cuestionan la aplicación de la ley y la opacidad en las cifras. Dicen que al no consignar los casos como feminicidios pareciera que los delitos no existen.

Mexicali, violento contra las mujeres

Mientras en Tijuana –con más de 2 millones de habitantes– la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) atiende 300 reportes mensuales por violencia familiar –en los que nueve de cada 10 casos la víctima es mujer–, en Mexicali las cifra se dispara al doble con 600 denuncias al mes.

Dada la magnitud del problema, el Congreso del estado y lo ayuntamientos otorgaron facultades a los jueces municipales para expedir órdenes de protección, medida cautelar que permite a una mujer separarse del agresor con el apoyo de la corporación, cuando se determina que se encuentra en peligro.

Rosalba López Regalado, diputada panista, admitió que los resultados no son los esperados. De mil 300 solicitudes recibidas en Mexicali, desde abril, “pocas prosperaron” y en Tijuana las mujeres violentadas ni siquiera se acercan a pedir protección.

“Toda ley es perfectible, y en eso seguimos trabajando”, dijo la diputada.

En tanto, de las 469 mil llamadas que recibe anualmente el centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), 70 por ciento es por violencia familiar, según informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En suspenso, alerta de género

A un mes del plazo para que la Secretaría de Gobernación (SG) declare o no una alerta por violencia de género en el estado, el gobierno de Baja California adelantó su respuesta: no habrá.

En enero pasado, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos pidió la intervención del gobierno federal para atender la violencia de género, a raíz del creciente número de mujeres desaparecidas, asesinatos y agresiones en el seno familiar.

El resultado fueron 14 recomendaciones elaboradas por un equipo de investigadoras elegidas por la SG, que analizó las condiciones para declarar la alerta. El documento fue entregado en mayo de 2015 al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien se comprometió a resolver cada punto antes del 15 de diciembre.

Javier Gutiérrez Vidal, subsecretario general de Gobierno estatal, responsable de dar seguimiento a las peticiones, dijo que la mitad ya fue atendida y están en proceso de cumplir al 100 por ciento.

Dijo que el padrón sobre mujeres desaparecidas entra en vigor al concluir noviembre, a través de la SSPE. También se construirá un refugio integral para mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

“Tenemos un terreno del gobierno estatal en Tijuana. Obviamente no decimos su ubicación porque debe ser un lugar con cierta privacidad para que el agresor no lo identifique. Ahí se construirá el refugio con fondos federales del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef)”, detalló.

Mencionó que se trabaja en la elaboración del protocolo de investigación de feminicidios, pero el tema pendiente, reconoció, es la creación de una Unidad Especializada de la PGJE, que atienda los asesinatos de mujeres. El problema es que su construcción y creación de plazas no están en el presupuesto.

Feminicidios… sin protocolo

La falta de perspectiva de género en las investigaciones preocupa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Melba Adriana Olvera, titular de la CEDH, pidió al gobernador investigar los asesinatos violentos de mujeres como feminicidios.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, sentenció que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer los órganos investigadores realicen su trabajo con perspectiva de género, para determinar si se trata o no de un feminicidio”, dijo Olvera.

El problema, explicó, es que los ministerios públicos descartan el feminicidio desde el inicio de las averiguaciones, cuando, según la SCJN, debe ser lo contrario para evitar la discriminación en el proceso de investigación.

Advirtió que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, aplicando las leyes para que los casos se investiguen con rapidez y diligencia, para que se sancione a los responsables y se otorgue la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.

A falta de un protocolo, actualmente la PGJE utiliza los lineamientos de la Procuraduría General de la República (PGR) para indagar los asesinatos de mujeres.

Antecedentes

La Organización de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la sociedad respecto a este problema.

La fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del presidente Rafael Trujillo (1930-1961).

Las Mirabal formaron parte de un grupo de oposición al régimen, conocido como la Agrupación Política 14 de Junio. Fueron conocidas como Las Mariposas, por el sobrenombre de una de ellas.

Minerva y María Teresa fueron encarceladas, violadas y torturadas, pero continuaron en su lucha por terminar con la dictadura de Trujillo. Después de varios encarcelamientos este decidió eliminar a las hermanas, ordenando una emboscada, en la que soldados del Servicio de Inteligencia Militar las asesinaron.

jornadabc.mx/tijuana/24-11-2015/pgje-sin-perspectiva-de-genero-al-indagar-homicidios