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Ejidatarios denuncian intento de extorsión del alcalde de Mexicali

Jorge Heras. Mexicali, B.C.

Ejidatarios que exigen una indemnización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la contaminación de sus tierras, generada por la planta geotérmica en la delegación Cerro Prieto, acusan al presidente municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, de pedirles por las gestiones realizadas el 10 por ciento de los 5 millones de pesos que otorgó la paraestatal en diciembre de 2014 a las familias que residen en las inmediaciones de la planta.

Más de dos décadas de denuncias recurrentes por la contaminación de la planta de energía geotérmica del Valle de Mexicali, ha puesto el problema social y de salud a la vista de todo el país, incluso se ha convertido en tema político y bandera de candidatos a diferentes cargos populares, pero continúa sin resolverse.

Esta geotérmica de la CFE cuenta con 70 kilómetros cuadrados, 167 pozos y 14 kilómetros de laguna con aguas residuales.

Jaime Díaz Ochoa, el alcalde panista, ha transitado a pie y en vehículo los terrenos donde se ubica una de las geotérmicas más grandes del país, en la delegación Cerro Prieto. Conoció la problemática a fondo cuando ocupó la silla municipal por primera vez (2001-2004) y después llevó el tema a la Cámara alta siendo senador y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte.

Ahora, en su segunda oportunidad como jefe de la comuna, es acusado por ejidatarios de pedir un porcentaje de la indemnización que entregó CFE, en reparación parcial del daño a algunas de las personas afectadas por la contaminación de la planta geotérmica.

La solicitud, dicen los ejidatarios, la hizo de manera personal y a través del secretario del Ayuntamiento por la gestión que realizó con autoridades federales, y bajo la advertencia de que él se encargaría de repartir el recurso.

La denuncia en voz de los ejidatarios

“La CFE dio un donativo que quería depositar y dispersar por medio del ayuntamiento, entonces el ayuntamiento dijo que sí lo hacía, pero que les diéramos una cierta cantidad que eran 500 mil pesos. El secretario del Ayuntamiento nos informó: es para el jefe, pero yo le respondí que no podíamos darles ni un cinco porque todo el dinero viene etiquetado”, relató el Comisario del Ejido Hidalgo, Ramiro Magaña Calderón.

Estas declaraciones las vertió el representante de esta demarcación del Valle de Mexicali ante regidores, diputados, autoridades del Gobierno Estatal, personal de la Semarnat y trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando se instaló la comisión especial de cabildo para dar seguimiento a la problemática ambiental de la Geotérmica.

Los señalamientos fueron respaldados por el líder de los pobladores inconformes del ejido Nuevo León, Alejandro Lira Caballero, en la visita que hicieron este jueves 5 de noviembre al Congreso del estado.

“De esos 5 millones que nos dio la Comisión (CFE), mandó el dinero con el presidente municipal para que él lo entregara, pero a la hora de hacerlo nos pidió 500 mil pesos, pero ese dinero ya venía etiquetado para la gente, por eso el comisariado (del Ejido Hidalgo) se enojó y le dijo que ese dinero no se iba a tocar porque en los ejidos hay gente que lo necesita, que ya no trabaja”, sentenció.

El recurso en cuestión fue entregado el 21 de diciembre a más de 200 afectados en montos de 20 mil pesos en una sola exhibición; más que indemnización fue parte de un primer acuerdo para que levantaran el bloqueo que realizaron a los accesos de la planta durante 30 días en noviembre de 2014, sin embargo, el dinero fue depositado bajo el concepto de Proyecto para la Forestación y Mejoramiento de las Viviendas de los Avecinados de las Zonas Urbanas de los Ejidos Miguel Hidalgo y Morelia.

En la primera semana del presente mes salieron a relucir de nueva cuenta los 5 millones de pesos que pagó la CFE, cuando empleados de la paraestatal entregaron a medios de comunicación una hoja en la cual critican el movimiento de los ejidatarios y además los acusan de oportunistas al expresar que ya se les había pagado, pero continuaban con las mismas.

De igual forma advertían que también se le habían depositado 600 mil pesos a Jesús Adolfo Román Calleros, del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), por asesoría técnica y otros 100 mil pesos por trabajar y supervisar el Proyecto de Forestación para el Mejoramiento Ambiental y de las Casas Habitación.

La historia reciente

En 2011, los entonces senadores por Baja California Jaime Díaz Ochoa y Fernando Castro Trenti llevaron este tema a la Cámara Alta, logrando la elaboración de estudios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la UABC y la Universidad de Chapingo. Los estudios fueron pagados por la CFE y arrojaron como resultado que se encontraron contaminantes en la zona, pero no se podían relacionar con problemas de salud, calidad de suelo y de agua, pues las emisiones de los gases están dentro de la norma oficial mexicana.

Román Calleros fue el único que en foros y ante medios de comunicación expuso que existía contaminación grave en esta demarcación, pero la fuerza de sus declaraciones fueron decayendo al no entregar documentación fehaciente a la prensa y autoridades.

La exigencia de los pobladores de los ejidos Morelia, Hidalgo y Nuevo León se mantuvo en pausa hasta el penúltimo mes de 2014, cuando tras bloquear la planta por cuatro semanas, los directivos de la CFE se comprometieron a analizar en menos de 12 meses si les pagaría el valor de sus tierras y se harían cargo de los gastos médicos de algunas personas con problemas respiratorios y hasta cáncer.

Antes de que se venciera el plazo, el personal de la CFE pospuso su decisión, lo que produjo un nuevo bloqueo en 20 puntos de acceso a la planta generadora de energía. Solo que esta vez no habría un acuerdo económico.

De acuerdo con el comisariado del ejido Hidalgo, Ramiro Magaña, y a la residente del mismo poblado, Silvia Jiménez desde que inició la manifestación el 12 de octubre, los militares y la Policía Estatal Preventiva comenzaron con los acosos para que se retiraran del lugar, justificando que parte de la carretera que bloqueaban era propiedad de la CFE, aunque solo a quienes se les impidió el acceso fue a los empleados de la planta.

Las reacciones en contra se intensificaron el 2 de noviembre, cuando alrededor de 300 trabajadores de la geotérmica en compañía de sindicatos “rompieron” el bloqueo sin uso de la fuerza, pero amedrentaron a los manifestantes para que uno de los accesos principales se mantuviera libre.

Dos personajes identificados con el Partido Acción Nacional fueron parte importante de esta acción: el delegado de Estación Delta, Elías Contreras Covarrubias- hermano del dirigente municipal del PAN en Mexicali, Hidalgo Contreras- y José Ruvalcaba, quien dijo representar a más de 300 habitantes del mismo ejido, quienes rechazaron el movimiento inconforme y respaldaron las acciones de los empleados de la CFE.

Fuerzas políticas involucradas

Alberto Martínez Carrillo, diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente, aseveró que la influencia de partidos políticos en las decisiones de algunos de los actores ha mermado los acuerdos entre los residentes y la planta geotérmica.

Advirtió que los diputados que integran este órgano legislativo no han querido apersonarse en el lugar, porque “creemos que hay influencia de algunos partidos políticos apoyando a un grupo de residentes del Valle y también agricultores del partido rojo (PRI) y se han identificado otras personalidades que están muy vinculadas con partidos”, puntualizó.

“Es un asunto económico que quizá con lo que ellos solicitan no van a resolver el problema porque el poblado entero está en una área contaminada”, agregó.

En tanto, el regidor presidente de la Comisión Especial para atender el tema en el cabildo, Jorge Eugenio Núñez mencionó que están trabajando para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) esté al pendiente de las agresiones que han sufrido los pobladores de los tres ejidos durante los bloqueos; realizarán una reunión entre ejidatarios y regidores con los diputados la próxima semana; revisarán de nueva cuenta los estudios que hicieron sobre el tema la UABC, UNAM y Universidad de Chapingo; y gestionarán un encuentro con CFE para que dé respuesta a las demandas.

Sobre el tema se buscó en dos ocasiones entrevistar al presidente municipal Jaime Díaz Ochoa, pero se negó a la petición, una de ellas fue al terminar la sesión extraordinaria de cabildo, en donde al escuchar la pregunta respondió “disculpa tengo una reunión importante” y salió caminando a prisa de la sala.

Se solicitó al director de comunicación, Alejandro Contreras, un posicionamiento del gobierno municipal al respecto, el cual dijo no se había podido enviar por lo apretada de la agenda de la oficina de presidencia.

jornadabc.mx/tijuana/16-11-2015/ejidatarios-denuncian-intento-de-extorsion-del-alcalde-de-mexicali