PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MUJERES QUE LUCHAN

Sobrevivientes de Atenco exigen al gobierno del Estado de México cese al hostigamiento y amenazas de que son víctimas

México, Distrito Federal (Newsmexico).- Sobrevivientes de los operativos realizados el 3 y 4 de mayo de 2006 en las poblaciones de Texcoco y San Salvador Atenco por más de 4,500 elementos de las policías Federal, de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y del municio de Texcoco exigieron al Poder Judicial del Estado de México el cese inmediato a la intimidación de que son objeto desde hace más de un año, cuando empezaron a recibir citatorios para presentarse como testigos en varias causas penales, toda vez que ellos mismos fueron víctimas de diversas violaciones a sus garantías individuales y sometidos a tortura física y sicológica.

Los hermanos Ken y Dierk Lueders Monsiváis, quienes el día del operativo del 4 de mayo se encontraban en Atenco trabajando como periodistas independientes y acreditaron de manera fehaciente su presencia en el lugar, así como Jorge Salinas, adscrito al Sindicato de Telefonistas, y Heriberto Salas, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, denunciaron en conferencia de prensa “que a casi diez años de la sangrienta represión contra el pueblo de Atenco, que tuvo un saldo de dos jóvenes asesinados por cuerpos policiacos, mujeres violadas, heridos de gravedad y más de 200 detenidos, ordenada por los tres niveles de gobierno, y coordinados por el entonces jefe de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, Wilfrido Robledo, seguimos sin obtener justicia, y, en cambio, desde hace más de un año se ha incrementado la presión y hostilidades por parte del poder judicial del Estado de México en contra nuestra, llegando al extremo de órdenar a policías ministeriales nuestra “búsqueda, localización y presentación“ para el día 30 de Octubre del 2015 a las 11Hrs ante el JUZGADO PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA.”

Los citatorios, que son entregados con amenazas, obedecen a las denuncias presentadas ante autoridades del Estado de México por un grupo de 11 mujeres que fueron detenidas en el operativo del 4 de mayo de 2006, quienes fueron víctimas de tortura sexual por parte de los policías que las arrestaron, y debieron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia al no encontrar la misma en las instituciones mexicanas,

“Se pretende hacernos testificar en contra de un grupo de personas por su participación en los actos de tortura, encubrimiento y omisión lo que nosotros consideramos que es un artilugio más para hacer creer a la población la supuesta intención del gobierno de ‘resolver´ el problema y poner un punto final al asunto y simular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la impartición de justicia. Nosotros no creemos en esa impartición de justicia y los métodos mediante lo cuales pretenden tapar y olvidar este sangriento episodio, ya que los verdaderos responsables de dicho operativo ni siquiera figuran en la lista de consignados o procesados”, afirmaron los sobrevivientes.

Los denunciantes afirmaron que “repudiamos que se nos pretenda utilizar como instrumento que de fé y legalidad al teatro político mediante el que pretenden hacer ver ante instancias internacionales que México es un país de justicia. Rechazamos que siendo sobrevivientes de dicho acontecimiento y víctimas de tortura seamos citados en calidad de testigos siendo que la tortura es un delito que debería seguirse de oficio y en nuestro caso no hemos visto ningún avance por dar solución integral al asunto.”

Recordaron el aumento en los últimos meses de la intensidad, frecuencia y crueldad de las agresiones contra el gremio periodístico, como la reciente masacre en Narvarte, así como las amenazas de muerte y desapariciones forzadas de integrantes de los medios de comunicación libres y consideraron que las vejaciones de las que fueron víctimas los medios libres en Atenco obedecen a la intención de desaparecer a cualquier medio no alineado, que no este al servicio del sistema como herramienta de control y manipulación.

“Sabemos que lo que estamos denunciando sucede en un país de donde prevalece la impunidad, la injusticia, la corrupción en todos los niveles, donde hay más de 27 mil desaparecidos,…… somos sólo un botón de muestra de ello”, destacaron.

“Hacemos responsable al Gobierno de cualquier acto que atente contra nuestra integridad física y emocional que se desprenda de nuestro ejercicio libre de manifestación de ideas y del derecho a difundirlas a través de nuestros medios informativos y en calidad de víctimas exigimos se imparta justicia real y se deje de acosarnos, intimidarnos y acecharnos mermando nuestra vida”, concluyeron.

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