Gobernador del PRI protege a empresa que causa graves daños a la salud y medio ambiente en Hidalgo

José Dueñas

México, D.F.- En el marco de la segunda visita a México, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los integrantes del Colectivo “Caminando por la Justicia”, María Eugenia Hernández Chávez y Fidel Wilivaldo Pérez Tovar, entregaron a esa organización, un documento denunciando muertes por contaminación en los municipios hidalguenses de Atitalaquía, Atotonilco de Tula y otros aledaños.

El Colectivo explica que la explosión de la Fábrica de Agroquímicos ATC -VELSIMEX, el pasado 7 de abril del año 2013, contamino tierra, agua y aire, amén de que no fue apagada con las espumas con que Pemex controla los incendios, “fue apagada con agua, lo cual provoco que el incendio se avivara y se prolongará por más de 20 horas, a esto hay que agregar que ni la empresa VELSIMEX (de capital mixto, entre mexicanos y extranjeros) ni el gobierno del estado de Hidalgo (que preside el priísta Francisco Olvera Ruiz) a través de sus instituciones encargadas de vigilar el cuidado al medio ambiente, tomaron en cuenta que el agua que utilizaron para pretender apagar dicho incendio arrastro todos los componentes químicos tóxicos de la fabrica hacia nuestros cuerpos de agua, de por sí ya contaminados por la gran industria de la región”.

Expone que a partir de la explosión de la fábrica de Agroquímicos ATC, tanto el gobierno del estado de Hidalgo como la empresa han emprendido una campaña de desinformación al afirmar que la explosión no dejo ninguna secuela en la salud de la población ni en el medio ambiente de los municipios de Atitalaquía y Atotonilco de Tula, así como también en la región, argumentando que la empresa actuó con responsabilidad ante el incidente.

“Lo cierto es que, a pesar de esta campaña mediática, las consecuencias son visibles en los árboles, el agua de la comunidad y son cuantiosas con respecto a la salud de la población. Ya que existe un incremento en la cantidad de gente intoxicada, de mujeres embarazadas afectadas, en la incidencia de canceres atípicos en la población de la región, y hoy en día se considera normal las enfermedades respiratorias, enfermedades crónico degenerativas como el cáncer de piel, deformaciones genéticas y leucemia en nuestros niños”, denunció el Colectivo.

Asegura que ante la falta de atención médica, que denunció como una omisión deliberada por parte del gobierno para encubrir los daños irreparables causados por la empresa VELSIMEX, “nosotros buscamos apoyo de médicos y científicos para que nos informara sobre las repercusiones de este crimen industrial en nuestra salud. Sin embargo cualquier apoyo que nosotros recibimos y cualquier información verídica que contradijera las mentiras del gobierno y de la empresa fueron tajantemente descalificadas. Fueron blanco de campañas mediáticas e institucionales que lo único que lograron fue sembrar dudas entre los afectados y pretendieron desvincular la relación que hay entre la explosión de la fábrica de ATC y la incidencia de nuevas enfermedades en la región”.

“Nosotros hemos denunciado este crimen impune y la desviación del poder del gobierno del estado de Hidalgo que preside el priísta Olvera Ruiz, para garantizar la impunidad de la empresa VELSIMEX durante 2 años 7 meses, la empresa nos ha contestado con comunicados que pretenden descalificar nuestras denuncias y el gobierno del estado nos ha respondido con silencio y con ambulancias que llevan veintena de enfermos diariamente a la ciudad de México a recibir atención médica especializada que en nuestro estado no nos quieren ni nos pueden brindar. Pero no solo nos han violentado nuestro derecho a la salud, nosotros hemos tenido que enfrentar los altos costos médicos que requieren los tratamientos de nuestros familiares y que ni el gobierno ni la empresa VELSIMEX quieren asumir, nos han empobrecido”, condenó la organización.

Los activistas señalaron que la población de los municipios afectados esta enredada en varios retos simultaneaos, todos difíciles de enfrentar. Consideraron que el primer paso es reconocer que la situación de contaminación no le ha importado a los gobiernos. Puntualizaron que en esa zona se tiene un riesgo de por lo menos 115 empresas y cada una de ellas por si sola representa un riesgo grave, siendo este corredor industrial uno de los más grandes del mundo. Los ya afectados y otros que aún no lo están, están rodeados de cementeras, caleras, petroquímicas, refinería, carboneras y las que se dedican a los plaguicidas, como ATC.

“Ha sido política de los gobiernos estatal, federal e incluso municipales dar todas las facilidades para la instalación de industrias sumamente contaminantes, sin contar sin ninguna clase de ordenamiento y regulación. La población está completamente ignorada y el daño no existe para los neoliberales de todos los colores”, condenaron.

Señalaron que por lo anterior, “nosotros les reiteramos al gobierno federal, estatal, municipal y a la empresa VELSIMEX que no nos hemos olvidado de que el caso de la explosión de la fábrica de agroquímicos ATC en Atitalaquía hace dos años sigue impune, que no olvidamos que no ha habido ni siquiera un intento de reparación del daño a la comunidad y que nosotros todos los días pagamos los costos de la irresponsabilidad de una empresa que lucra con la muerte y la enfermedades de la población”.

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