Edomex no tiene prisa en investigar feminicidio, como le ordenó la SCJN: madre de víctima

Sergio Rincón

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– A poco más de cuatro meses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiera al Estado de México investigar el feminicidio de Mariana Lima Buendía, abogada asesinada en Chimalhuacán en 2010, las autoridades mexiquenses han sido lentas en el proceso por lo que el Máximo Tribunal ha tenido que estar al pendiente, informó Irinia Buendía Cortés, la madre de la víctima.

Hace unos días SinEmbargo publicó la denuncia de la señora. “Las autoridades no están cumpliendo, siguen cometiendo las misma negligencia, la misma impunidad”, dijo Buendía, durante un foro de violencia contra mujeres realizado en el municipio de Chalco, donde aseguró que acudiría al máximo tribunal del país para que hiciera un exhorto a la administración que encabeza Eruviel Ávila Villegas.

Esta semana este medio volvió a tener contacto con Irinea para saber los avances del caso e informó que en efecto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sí está trabajado pero de forma lenta y regañadientes, puesto que la SCJN ha estado sobre las autoridades mexiquenses.

“Fuimos a la Suprema Corte y nos dijeron que están sobre de ellos y le están pidiendo a la Procuraduría que se agilicen las cosas porque van muy lento”, comentó Buendía Cortés.

Irinea agregó que por fin le presentaron al grupo de expertos que reinvestigará el caso de su hija. Sin embargo, antes que ella se acercara y buscara respuestas, el Edomex no le había notificado cosa alguna.

“Ya vimos al grupo que va a llevar el caso de mi hija, no sabemos cuál es su perfil, pero estamos al pendiente para que se cumpla lo que la Suprema Corte pidió. Ese día estuvo la Subprocuradora de género, la fiscal, y vamos a ver cómo se va desarrollando. De hecho, estos primeros casos serán un indicador para saber si la Alerta de Género en el Estado de México se está cumpliendo”, explicó Irinea Buendía.

El pasado 25 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió un caso de probable feminicidio y reconoció las irregularidades por parte de autoridades del Estado de México en la investigación del caso de Mariana Lima, quien presuntamente fue asesinada por su ex esposo, quien actualmente es comandante policial en el municipio de Chimalhuacán.

De forma unánime, los ministros otorgaron un amparo a los familiares de la víctima para que se investigue la muerte como un probable feminicidio y no como un suicidio, versión que se emitió en 2010 si que hubiera peritaje, declaraciones de testigos y si que se contara con el contexto de violencia que sufrió la víctima.

Sumado a ello, pasado 28 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aprobó por primera vez en su historia emitir la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México. La medida se aplicará en: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México implica un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común. “Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses”, detallaron.

Esta semana se dio a conocer que el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, omitió información al grupo imultidisciplinario de expertos que realizó el informe para la declaratoria de alerta de género, lo que demoró aún más la decisión de ese organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). Además, el mandatario estatal informó que él hizo la solicitud del mecanismo, pero nunca tuvo facultades legales para ello, denunciaron organizaciones civiles, quienes explicaron que si las autoridades federales aprobaron la medida en 11 municipios mexiquenes fue gracias a una lucha jurídica que duró cinco años que fue promovida por la sociedad.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) detallaron que el informe se realizó con los datos que el Estado de México proporcionó, pero donde se omitió información como: los procesos, el número de sentencias, sanciones a los delincuentes sentenciados, modus operandi, formas de violencia, casos de feminicidio desde 2005. Sumado a ello se mezclaron cifras de delitos dolosos como abortos, suicidios, entre otros.

“[El grupo de expertos] se enfrentó al no registro de datos en el Estado de México, sobre todo a la Procuraduría del Estado de México, para hablar de la situación de violencia familiar, violencia sexual y feminicidio”, declaró María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.

La activista agregó que las autoridades del Edomex omitieron casos de feminicidio en lo que va de la administración de Eruviel Ávila.

“No existen datos. La Procuraduría sólo informó de un caso de feminicidio de 2011 a 2014″, contó María de la Luz Estrada.

En las conclusiones del informe, los expertos informaron que las bases de datos no son alimentadas ni actualizadas en el Estado de México por lo que no “ha permitido a las autoridades de la entidad federativa comprender la dimensión y características del fenómeno de la violencia feminicida que sufren las mujeres en la entidad, invisibilizado su gravedad”.

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años.

En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.

LOS CASOS SERÁN LA BASE

Irinea Buendía contó que desde un principió a su hija se le negó el derecho a la justicia, pero ello emprendió una lucha legar en contra de Julio César Hernández Ballinas, entonces esposo de Mariana y policía judicial del Edomex.

Tras cinco años de negativas, el caso logró llegar a la Suprema Corte, donde se ganó el amparo 554/2013. Sin embargo, antes de escuchar la resolución Irinea dijo: “Justicia y justicia, no queremos otra cosa. Confiamos en que los ministros se den cuenta de lo que Julio César Hernández Ballinas hizo; no se necesita ser experto para darse cuenta que a él lo han protegido”.

–¿Quién lo ha protegido? –se le preguntó.

–Los ministerios públicos, tres fiscales, tres subprocuradoras de feminicidio y tres procuradores generales –dijo la señora.

Mariana se casó en 2008 con Hernández Ballinas. De acuerdo con los testimonios disponibles, el agente la golpeó desde el inicio de la relación. El 29 de junio de 2010, el hombre llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que la joven había muerto.

Cuando Irinea llegó ante el cadáver de su hija, la notó golpeada y recién bañada. Hernández Ballinas declaró que la encontró colgada y que, en esa posición intentó reanimarla. Luego la acomodó en la cama y ahí “la besó” y “dio masaje en los pies” para resucitarla.

Hernández fue investigado por sus compañeros de trabajo. Nunca fue suspendido. Al contrario: fue ascendido como comandante de la Policía Judicial.

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