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Estudiantes agredidos en Veracruz denuncian falta de apoyo para garantizar su seguridad

Fabiola Gutiérrez

México, D.F., 16 junio de 2015.- En conferencia de prensa, estudiantes agredidos por un comando armado el pasado 5 de junio en Xalapa, Veracruz, pidieron protección y ayuda a organizaciones sociales e institucionales en el Distrito Federal (DF), pues denunciarón que las instituciones veracruzanas no les han brindado garantías de seguridad para ellos y sus familias.

Ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana, fueron agredidos por personas que portaban chaleco de policía e iban encapuchadas. Los sujetos entraron a una casa particular —al rededor de la una de la madrugada— donde los jóvenes se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de ellos, comenzaron a golpearlos con bates, palos, machetes y armas largas; recibieron multiples agreciones en todo el cuerpo, causando fracturas en cráneo, manos y perdida de dientes, algunos fueron hospitalizados de urgencias. Elementos de la policía que acudiaron al lugar de los hechos no brindaron auxilio a los heridos, tomaron fotografías y se retiraron después de hablar con personas que llegaron en un carro.

“Estos acontecimientos se dan en un clima donde los periodistas, activistas sociales y estudiantes están siendo acosados y asesinados en el estado de Veracruz”, señaló Julián Ramírez de la Asociación Defensora de los Derechos Humanos Decide, quien dijo que las agresiones se dieron antes de unas elecciones electorales que estuvieron fuertemente militarizadas y que durante la contienda se reprimió a la población. Informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró una “lista negra” —que fue dada a conocer días antes de las elecciones—, donde aparece alrededor de 25 nombres de funcionarios públicos, consejeros electorales, estudiantes, defensores de derechos humanos, entre otros, todos acusados de planear el boicot de los comicios. Pero, dijo, que dentro de esta lista no se encuentra el nombre de ninguno de los jóvenes agredidos, sin embargo son acusados de ser los actores intelectuales de los ataques a las oficinas del INE.

Por su parte, Iganacio Córdoba, estudiante agredido, mencionó que uno de los hombres no iba encapuchado y pudieron darse cuenta que éste traía corte militar, pero debido a los golpes que recibían no distinguieron bien su rostro. Comentó que hasta el momento el gobierno de Veracruz no se ha deslindado del ataque y tampoco funcionarios del INE. El estudiante relató que tanto él como sus compañeros apoyan las luchas sociales por medio del artes y se han pronunciado en contra de los mega proyectos que son impulsados en Veracruz, por lo que se cree que este sea uno de los motivos por el cual sean considerados “gente incomoda para el Estado”.

La activista de la organización Decide, Giovanna Mazzote, denunció que en la Universidad Veracruzana se han colocado cámaras para vigilar las actividades de los estudiantes. Agregó que “el ataque hacia los jóvenes fue diseñado para dejarlos como están, fue una agresión totalmente planeada y con toda la intención de sembrar terror, pues los golpes no fueron dirigidos para matar, sino para meter miedo a la población que no esté de acuerdo con el gobierno de Veracruz”. Hizo un llamado a las autoridades de la universidad para que brinden apoyo a las víctimas y sus familias, pues Ignacio Córdoba reveló que a la fecha ninguna institución estatal les ha ayudado en este proceso de recuperación y denuncias, y que la Comisión de Derechos Humanos del Estado no ha abierto un expediente de investigación sobre el caso.

Otro de los agredidos, Josué Bello, puntualizó que los ataque sufridos hacia su persona fue un claro ejemplo de cómo los grupos paramilitares están operando para desmovilizar a los estudiantes organizando en la universidad, pues como lo señaló Giovanna Mazzote, dentro del campus, en la Casa de Humanidades —donde llegan grupos sociales y estudiantes de todas las facultades—, se realizan asambleas y se planea las movilizaciones de protesta.

Para finalizar, Araceli Olivo, de Centro de Derechos Humanos José Miguel Agustin Pro Juárez (Centro prodh), y Alberto Solis, director de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), enfatizaron su respaldo hacia los estudiantes agredidos e hicieron un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, pues ambos defensores de derechos humanos señalaron que Verecruz es uno de los estados con mayores indicies de violencia y en donde hay más riesgo para la libertad de expresión. Por tal motivo, piden que se aclaren los hechos y que este caso no quede impune, pues sólo así se comenzará a detener los abusos policiacos y del crimen organizado que existen en la entidad.

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