Peña Colorada, acusada de desplazar asentamientos indígenas para depositar desechos mineros #Especial

“Pedro Zamora Briseño

La noche del pasado 11 de febrero, la señora Alondra Deniz Gerardo y su esposo, el señor José Luis Ramos Gerardo, regresaron a su domicilio, en la comunidad Puertecito de las parotas —enclavada en la Sierra de Manantlán— y encontraron derrumbada su vivienda, en la que han vivido junto con sus ocho hijos.

En las mismas condiciones se encontraba la casa ubicada a un costado, propiedad del hermano de José Luis, Jesús Ramos Gerardo, quien vivía ahí con su esposa y sus tres hijos.

Ambas familias habían acudido ese día a comprar alimentos y otros productos a la cabecera municipal de Minatitlán, Colima.

En entrevista vía telefónica con Colima3.0, la señora Alondra Deniz narra que desde dos semanas antes de esos hechos, trabajadores de la empresa minera Peña Colorada habían estado ingresando, con maquinaria pesada y camiones, a terrenos de Puertecito de las parotas para depositar en ese lugar desechos minerales.

“Ya investigamos —dijo la mujer— y sabemos que fueron ellos, por lo que metimos una denuncia en Guadalajara contra Peña Colorada, que también ya nos tapó el ojo de agua; queremos saber por qué tumbaron las casas, así como las tiraron que las vengan a levantar, qué necesidad tenemos de estar sufriendo con la familia, tenemos un niño de dos años y otro de cinco, que están durmiendo en el sereno, todos estamos a campo raso”.

De acuerdo con Alondra Deniz, después de que derrumbaron las casas, los camiones de la minera empezaron a depositar desechos minerales en el sitio donde aquellas se encontraban, lo que provocó que los habitantes de poblaciones y caseríos vecinos se organizaran para instalar un plantón e impedir el paso de las unidades y la descarga de los materiales.

Félix Monroy Rutilo, representante del movimiento de resistencia, dice por su parte que desde la instalación del plantón han sufrido acoso por parte de vigilantes de la empresa minera, así como de la Policía Municipal de Minatitlán y de la Policía de Procuración de Justicia destacada en esa zona.

Comenta que en el plantón participan alrededor de 40 personas de los asentamientos indígenas La Coconal, Los Potros, Puertecito de las parotas, Mameycito, además de que cuentan con apoyo de los poblados de San Antonio y Changavilán, todo ellos ubicados en los límites de los estados de Colima y Jalisco.

Este viernes 20 de febrero, indica Félix Monroy, los manifestantes del plantón permanecieron rodeados por cuatro patrullas de la Policía Municipal y dos de la PPJ, con alrededor de 30 elementos que trataron de detenerlo a él, pero desistieron cuando la gente se opuso.

“Los de la judicial venían con rifles en la mano y querían levantarme; les dije ‘no crean que estoy solo, tengo muchos compañeros y estamos defendiendo nuestros derechos y los de los niños’; les dijimos que la empresa ya había quedado con nosotros que no iba a tirar más desechos y ha seguido haciéndolo; nos dimos un agarrón recio con ellos, pero no estamos asustados, estamos decididos a todo; entonces se retiraron”, cuenta Monroy.

La mañana de este sábado 21, dijo, bajó al Poblado de Peña Colorada y fue seguido por patrullas de la Policía Municipal, por lo que de inmediato retornó a Puertecito de las parotas.

José Luis Ramos Gerardo, dueño de una de las casas destruidas, refiere que la policía ha estado intimidándolos y sólo busca un pretexto para llevárselos detenidos, pero “nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, ya tumbaron las casas, los lienzos, todo recogieron, pero nosotros aquí estamos topando, no queremos dejar nuestras tierras; les suspendimos para que ya no tiraran desechos, por eso se enojaron y mandaron las patrullas”.

Dice que después de que les tiraron las casas, ya están construyéndolas otra vez. “Una era de madera y otra de material, ya les dijimos que nos las paguen y no quieren; nosotros las estamos construyendo con palitos y con lo que se puede; el licenciado que nos apoya en Guadalajara nos dijo que no nos fuéramos de aquí, que estamos en nuestro derecho”.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

El conflicto se generó a partir de que la directiva del ejido Ayotitlán firmó el 22 de julio de 2012 un convenio de ocupación temporal de una superficie de 801 hectáreas de esa zona para el depósito de sus desechos de mineral durante una década.

Según el documento, en poder del reportero, a cambio del usufructo de las tierras el ejido recibiría de la empresa una renta anual de 14 millones 418 mil pesos, además de un pago único de 8 millones como compensación por el valor de los bienes distintos a la tierra.

Sin embargo, en una fracción del inmueble viven campesinos de la etnia nahua otomí, quienes se dicen afectados porque nacieron ahí y desde hace varias décadas se dedican a la ganadería y siembran maíz en la zona.

Tras varios intentos de hacerlos abandonar el terreno mediante presiones y ofrecimientos económicos, tanto de la minera como del ejido, la mesa directiva de éste presentó el 28 de noviembre de 2012 una querella penal contra los indígenas por los presuntos delitos de despojo y daño en las cosas, ante la agencia del Ministerio Público con sede en la cabecera municipal de Cuautitlán.

PeñaColorada

La denuncia fue suscrita por el entonces presidente del ejido, Ambrosio Isaac Chávez; el secretario, Hermenegildo de los Santos José; y el tesorero Beatos Chávez Rosales, con la asesoría de los abogados Carlos Estrada Casillas y Raúl Peña Hernández, de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Antes de esta denuncia, el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada –perteneciente a las empresas Ternium-Ispat y Mittal Steel, de capitales italiano, argentino e indio– había presionado a las comunidades aledañas al predio en disputa, según J. Jesús Hermenegildo García, presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco A.C. (Fremmar).

Dijo que los manantiales que abastecían de agua a varias poblaciones se contaminaron o quedaron sepultados y algunos caminos están bloqueados a consecuencia del depósito de residuos ferrosos de la mina, lo que afecta a más de 450 familias de El Mameyito, San Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemado, Los Potros, Puertecito de las Parotas y La Piedra, cuya población ha sido parcialmente desplazada en los últimos años.

En su denuncia, radicada bajo el número de expediente 1641/2013, los miembros de la mesa directiva del ejido Ayotitlán refirieron que el 20 de julio de 2012, dos días antes de firmar el convenio con Peña Colorada, fueron citados a la casa ejidal los hermanos Ramos Gerardo y Federico Deniz.

Ellos, aclaran los funcionarios ejidales, “no ostentan ningún carácter de ejidatarios y a pesar de ello se encuentran dentro de los terrenos que se denominan Las Parotas, (por lo que) les solicitamos que dejaran de estar invadiendo las tierras con ganado y estar cortando árboles para su beneficio, ya que las tierras que se encuentran en el predio mencionado serán circuladas en su totalidad y serán rentadas al consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V., a lo cual dijeron que sí reconocen que se tienen que retirar del lugar, ya que ellos no ostentan ningún derecho para permanecer en ellas y que ya sabían que las tierras las tienen que desocupar”.

Según los denunciantes, el 16 de agosto siguiente a las 11 horas se reunieron en el predio Las Parotas los integrantes de la directiva ejidal con los representantes legales de Peña Colorada, Arturo Miguel Tronco Guadiana y José Enrique Martínez Fernández, así como los miembros de la comisión plural Ernestino Ciprián, Daniel Elías, Santos Isaac, Faustino Cobián, Santos Leopoldo Ciprián, Gaudencio Mancilla, Juan Prudencio, Vicente Hermenegildo y Beatos Peña Chávez.

En esa ocasión, añaden en su querella, “nos dimos cuenta de que los ahora denunciados se encontraban dentro del terreno y al reclamarles que no tenían ningún derecho a estar ahí porque esa propiedad pertenece al ejido, con voz altanera nos dijeron: ‘No nos vamos a salir de este lugar, háganle como quieran, si quieren que nos salgamos nos tienen que dar la cantidad de un millón 500 mil pesos y no vamos a dejar este terreno, mucho menos que la empresa deje su cochinero’, es el motivo por el cual nos vemos precisados por mandato de la propia asamblea de ejidatarios a presentar esta denuncia de carácter penal”.

Entre las pruebas, el ejido presentó ante el MP el acta de la asamblea en la que se aprobó la firma del convenio con la minera, el convenio de ocupación temporal del terreno, el acta de posesión y deslinde del 16 de agosto pasado y el plano de una fracción del ejido Ayotitlán donde se localiza el predio Las Parotas, que “vienen invadiendo los ahora denunciados”.

En entrevista concedida a este reportero en mayo de 2013, para un reportaje publicado en Proceso Jalisco, Federico Deniz Gerardo negó haber reconocido ante sus denunciantes que debía desocupar las tierras por no tener ningún derecho a permanecer en ellas y desmintió que la reunión del 20 de julio se realizara en la casa ejidal, ya que en realidad se efectuó en El Poblado, municipio de Minatitlán, Colima.

Además, precisó, en el encuentro del 16 de agosto él les dijo a ejidatarios y representantes de la mina que el conflicto podría arreglarse sólo si llegaban a un acuerdo sobre la indemnización, pero “ellos dijeron que iban a denunciarnos; entonces les contesté que están en su derecho, si me acusan qué puedo hacer, pero tengo papeles que me avalan”.

Entre los documentos que Deniz dijo tener se encuentra un acta de posesión otorgada en 2002 por el entonces presidente del comisariado ejidal, Santos de Jesús Ciprián, un certificado parcelario que lo acredita como ganadero y comprobantes del pago de contribuciones.

Padre de tres hijos, el indígena nahua Deniz Gerardo, de 33 años y nacido en la comunidad El Mameyito, dijo que las tierras de donde se le pretende desalojar han estado en posesión de sus padres y abuelos desde hace varias décadas.

Tras enterarse de las acusaciones contra él, el campesino consideró que se trata de una injusticia: “Aquí hay muchos intereses económicos. Dicen que soy más carajo que el diablo, pero que me den tiempo para aclarar las cosas porque lo que ellos están queriendo es despojarme, quieren que me quite de ahí, que no haya gente ni animales en ese lugar porque ya comprometieron esa parte con la empresa Peña Colorada”.

Afirmó que la minera y el ejido les han ofrecido dinero a él y a sus compañeros para que se salgan, pero no quieren hacerlo: “Están violando la ley, nos dan un precio injusto: 250 mil pesos para que los repartamos entre nueve familias de El Mameyito. Con eso no vamos a vivir, son tierras de trabajo, nosotros vivimos del maíz y tenemos animales, de ahí somos, cómo nos van a despojar. Les dije que necesitamos otro terreno, pero no estoy de acuerdo que esa mina siga ahí porque está afectando a muchas comunidades, el mineral de hierro que cae está contaminando el río, afectando todas las especies”.

Impacto-ecológico-de-minerías-un-conflicto-socioambiental

LA DISPUTA LIMÍTROFE Y LOS INTERESES ECONÓMICOS

De acuerdo con el abogado Óscar González Garí, las comunidades de la Sierra de Manantlán se encuentran en medio de varios conflictos, entre ellos la disputa limítrofe que protagonizan Colima y Jalisco y los intereses económicos que implica el funcionamiento de Peña Colorada.

En este contexto, dijo el litigante en aquella ocasión en entrevista, el ejido Ayotitlán negoció la entrega de 801 hectáreas de tierras a la minera a cambio de la mencionada renta anual, pero firmó el contrato sin consultar a todos los ejidatarios y comuneros, sobre todo a las personas asentadas en esos terrenos.

“Ahora –añadió– hay muchos interesados en sacar a los que estorban, a los que nacieron y crecieron ahí, a los que ahí tienen su ombligo, a sus padres, a sus muertos, sus cultivos, sus animales, su pasado.”

El representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos consideró inaudito que los indígenas fueran acusados de despojo y daño en las cosas, pues “no es posible que estén robando el lugar en que ellos nacieron, no se metieron a un predio ajeno a disponer de él, sino que están haciendo uso de lo suyo, de lo que recibieron de sus padres y sus abuelos y que por la misma razón les pertenece con justo derecho”.

González Garí señaló que a pesar de que el ejido Ayotitlán –que recibió esa dotación de tierras en 1963– reclama esa superficie como parte de su territorio, los comuneros nahuas que habitan el área tienen una herencia muy anterior y más importante que la del ejido.

Advirtió, sin embargo, que hay un enfoque erróneo en la denuncia, por lo que se requiere poner las cosas dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho indígena para que se aplique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los territorios de los indígenas como bienes de especial importancia, que no pueden ser desplazados sino en circunstancias muy especiales y con una serie de condiciones muy particulares.

http://www.remamx.org/2015/02/pena-colorada-acusada-de-desplazar-asentamientos-indigenas-para-depositar-desechos-mineros-especial/