Costa Alegre S.A.
Los procesos de despojo en la Costa Alegre de Jalisco –ese litoral que el gobierno del estado quiere explotar como el nuevo gran polo turístico del país– se han intensificado a tal punto que a lo largo de los 240 kilómetros que separan a Cihuatlán de Puerto Vallarta las historias brotan una tras otra.
Raúl Torres/mas GDL
Tan sólo en el municipio de La Huerta se han privatizado 33 de 36 playas que existen y el acceso es restringido o de plano prohibido. En este municipio los pescadores de la playa Careyitos aún resisten ante las artimañas con las que la empresa Imagen y Espectáculos SA de CV, vinculada al banquero Roberto Hernández, intenta arrebatarles la concesión para desalojarlos y poder realizar ahí proyectos turísticos exclusivos.
También en La Huerta, en la playa de Tenacatita, ocurrió en agosto de 2010 un desalojo violento por parte de policías estatales a petición del José María Andrés Villalobos, empresario tapatío que a través de la inmobiliaria Rodenas pretende construir un desarrollo turístico en la zona; hoy un decreto federal ha otorgado la concesión de esa playa al municipio, sin embargo el acceso es restringido y siempre está vigilado por policías estatales que no permiten a los paseantes moverse más allá de la zona federal.
Pero el despojo en esta zona de la costa también ha cobrado vidas. El 13 de julio de 2011 fue asesinado a balazos Aureliano Sánchez Ruiz, líder de las cooperativas pesqueras de la costa sur del estado y quien confrontaba tanto a las autoridades omisas como a los empresarios que buscaban hacer negocios excluyendo a los pescadores y privatizando las playas; hasta el momento las autoridades no han aclarado este homicidio.
Unos 70 kilómetros más al norte, en el municipio de Tomatlán, una historia parecida tiene lugar, y es que meses antes del asesinato de Aureliano Sánchez, el 24 de marzo de 2011, después de acudir a una reunión con autoridades federales y estatales en Guadalajara, desaparecieron José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruíz López y Rafael Espinoza Díaz, líderes de una cooperativa pesquera que mantiene una pugna con los dueños del lujoso hotel llamado El Hotelito Desconocido, que cobra entre 450 y dos mil 500 dólares la noche.
El más reciente de estos conflictos se desarrolla en el poblado de Mismaloya, en el municipio de Puerto Vallarta, donde unas 800 personas están a punto de ser desalojadas por el empresario Fernando Beltrán y Puga, quien obtuvo una resolución en su favor por parte del Tribunal Agrario para quedarse con 10 hectáreas en las que ya se proyectan desarrollos de lujo.
Este martes unas 200 personas que han vivido en la zona por más de 50 años se manifestaron fuera del ayuntamiento de Puerto Vallarta para pedir la intervención de las autoridades, pues argumentan que se dictó sentencia tras una serie de irregularidades en el proceso.
Sin embargo, para el alcalde de Vallarta, Ramón Guerrero alias El Mochilas, y para las autoridades estatales, este tema no es rentable y simplemente no han querido escuchar siquiera a quienes les reclaman atención.
Por cierto… hoy se cumplen seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y apenas (y a penas) estamos viendo la magnitud del asunto en todo el país….