San Quintín había estallado hace 30 años y todo sigue igual
Julieta Martínez, Tijuana,
Las condiciones laborales y sociales que motivaron este martes una manifestación de jornaleros agrícolas que paralizó el Valle de San Quintín, son las mismas que hace más de 30 años se denunciaron y causaron movilizaciones de trabajadores del campo en esa zona, y en 2003 generó una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Explotación laboral, falta de acceso a servicios médicos y de vivienda, malos tratos, acoso sexual a las mujeres y contacto con pesticidas sin protección, son una constante en los campos de cultivo que no cambió ni con la firma del Tratado de Libre Comercio y en cambio fortaleció el capital regional asociado a las inversiones dedicadas a la exportación de hortalizas, afirmó el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro.
Recordó que a principios de los 90 un grupo de jornaleros integrantes del Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se organizaron para exigir respeto a sus derechos, pero se enfrentaron a empresarios protegidos por autoridades que tienen intereses, y finalmente fueron desarticulados por el gobierno “ya que estaba alterando una paz porfiriana en el Valle”.
En esa época también se bloqueó la carretera Transpeninsular, pararon actividades e incluso quemaron la tienda de raya, lo que atrajo la atención de Amnistía Internacional y la prensa nacional los entonces diputados Heraclio Zepeda, José Woldenberg y Rolando Cordera, pero finalmente fueron desarticulados.
“Vimos y vemos cómo en el Valle se entremezclan los intereses de funcionarios propietarios de campos y capital regional. Son alrededor de 12 familias que controlan la actividad agrícola en San Quintín a través de articulaciones con el estado por puestos que desempeñan”, señaló.
Entre otros mencionó como propietarios de los ranchos más “poderosos” al exsecretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, que recibía en sus instalaciones a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y a los familiares del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid.
Clark Alfaro recordó que cercanía con los jornaleros de San Quintín, integrado por los poblados Punta Colonet, Camalú, San Vicente, Lázaro Cárdenas, San Quintín y El Rosrio, es parte de su trabajo como antropólogo social e integrante del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la época de las movilizaciones.
Recomendación
En mayo de 2003, el entonces procurador de los Derechos Humanos en el estado Raúl Ramírez Baena emitió la recomendación 06/2003 por violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales de los jornaleros agrícolas, dirigida al entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther.
La recomendación señaló que los trabajadores del campo no contaban con acceso a servicios, vivían hacinados en galerones hechos de lámina de fierro y más de una familia tenía que ocupar espacios de cinco por cinco metros, mientras que otras ocupaban viviendas improvisadas con cartón y materiales de desecho.
En ese tiempo se denunció el trabajo infantil sobre todo en el cultivo de cebollín, lo que provocó que Estados Unidos, el primer comprador de sus productos, condicionara a continuar adquiriendo su producción a cambio de que no tuvieran niños jornaleros.
La recomendación fue mencionada en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México del 2003.
Las autoridades de Baja California negaron que existieran las condiciones señaladas.
El valle de San Quintín se encuentra a unos 300 kilómetros al sur de Ensenada donde laboran cerca de 60 mil jornaleros agrícolas, la mayoría originarios de estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, entre otras entidades, quienes desde hace años se asentaron en la región y dejaron de emigrar de campo en campo.
http://jornadabc.mx/tijuana/17-03-2015/san-quintin-habia-estallado-hace-30-anos-y-todo-sigue-igual