Médicos exigen con marcha cese de acoso y represión
La Jornada
Por Saúl Maldonado, corresponsal
jue, 05 mar 2015
Durango, Dgo. Unos 100 médicos salieron a las calles a marchar y exigir un alto a la represión que viven por parte de las autoridades judiciales y por algunas del sector salud, “no queremos impunidad, queremos un trato digno a nuestra labor como profesionistas”, señalan.
Raúl Edmundo Arias es un anestesiólogo que fue despedido por el Seguro Social acusado de una supuesta negligencia médica a finales del mes de enero de este año, en donde falleció una niña cuando fue intervenida quirúrgicamente.
El galeno padece desde hace varios meses de una enfermedad que le prohíbe controlar sus dedos, por lo que ha solicitado en varias ocasiones ser removido a un área donde no le afecte la falta de control en sus dos manos.
La delegación local del IMSS se negó a darle el cambio y le obligó a mantenerse como anestesiólogo en la clínica de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo ante la falta de estos especialistas, aunque los mismos médicos reconocen que el galeno cometió un error a la hora de anestesiar a la menor, pero un error involuntario por la enfermedad que padece.
El anestesiólogo fue cesado de forma inmediata del Seguro Social a pesar de demostrar que a él lo obligaban a mantenerse en esa área de trabajo cuando medicamente no puede, pero la delegación lo dio de baja para evitar una demanda por parte de los padres de la menor.
“No estamos pidiendo impunidad al doctor, no se vale que lo den de baja cuando él había demostrado con documentación que no podía seguir trabajando, él debió de haber sido removido desde el año pasado, pero no fue así porque la delegación no quiso y ahora sólo lo corren, cuando por ley no puede hacerlo”, comentó Federico Martínez, presiente del Colegio Médico.
Explicó que el galeno debió de haber sido removido por lo que de existir negligencia no es del especialista sino del Seguro Social al negarse a hacer el cambio solicitado por el mismo anestesiólogo.
Raúl Edmundo Arias pensaba iniciar la mañana del jueves 5 de marzo una huelga de hambre para que lo reinstalen en el IMSS aunque sea en un área administrativa, sin embargo, el delegado Víctor Infante se comprometió a restituirle su lugar en un área donde no ponga en riesgo a los pacientes por lo que se suspendió este movimiento.
“Mientras que se siga el proceso penal, porque no estamos pidiendo impunidad, solo justicia y si el proceso penal dicta alguna resolución en contra del médico, entonces ya el especialista se acatará a la misma”, dijo el presidente del Colegio Médico.
Otros galenos que formaron parte de esta marcha manifestaron que las autoridades judiciales los han estado amedrentando, sobre todo cuando llegan pacientes muertos al Hospital General “si el paciente ya falleció antes de ingresar al nosocomio es responsabilidad del Ministerio Público la necropsia de ley, y nos amenazan con responsabilizarnos a nosotros de la muerte de la persona si no hacemos la necropsia y nos negamos a firmarla bajo los términos que nos indican”, dijo una doctora que por seguridad pidió omitiéramos su nombre.
No quiso abundar más, sólo señaló que constantemente son amenazados por el Ministerio Público y las autoridades de salud nunca han querido hacer nada.
Mientras tanto, en la PGR siguen alrededor de 240 médicos bajo proceso en aproximadamente 25 casos y en promedio cada uno de estos tiene a 10 galenos que están siendo investigados de los cuales uno se encuentra detenido.