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Grupo México: Otra mina en polémica

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Javier Cruz Aguirre, Tijuana, B.C.

La operación de una de las minas de cobre más grandes del continente americano en la población de El Arco, Baja California, dispuesta para este año y que generará ventas anuales por al menos 2 mil millones de dólares durante un mínimo de 25 años, enfrenta el rechazo de un sector de la población rural en donde se pretende instalar.

También del Poder Legislativo de Baja California Sur, de grupos ambientalistas y de funcionarios de la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios.

La oposición al megaproyecto minero del Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país según la revista Forbes –uno de los principales beneficiados con la privatización del sector minero puesta en marcha por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari–, tiene su génesis en los siguientes puntos:

1. La explotación de los yacimientos de cobre, plata y molibdeno presuntamente a cielo abierto –y por lixiviación con cianuro en el caso específico del oro, segundo mineral de importancia comercial en El Arco, municipio de Ensenada–, lleva implícito altos impactos ambientales.

2. La sobreexplotación de la cuenca hidrológica de El Vizcaíno, que nace en el Arroyo El León de la Sierra de San Luis –en la delegación municipal Villa Jesús María–, para satisfacer las necesidades del consorcio minero: 800 litros por segundo de agua, cantidad superior en 75 litros por segundo a la que actualmente consume la ciudad de Ensenada con sus cerca de 300 mil habitantes.

3. El riesgo de contaminación en Laguna Manuela, humedal costero en donde dos grupos ejidales siembran semilla de ostión y anualmente arriban cientos de ejemplares de ballena gris en migración.

Esto por la construcción en las inmediaciones de ese cuerpo de agua marina, de una planta generadora de energía eléctrica y otra para desalar agua de mar, infraestructura indispensable para la realización de un proyecto minero que tendrá una inversión de 2 mil millones de dólares.

4. La alteración ambiental del Valle de Los Cirios, que el gobierno federal decretó en 1980 como Zona de Protección Forestal con una extensión de 2 millones 521 mil 776 hectáreas –casi la mitad del territorio del municipio de Ensenada-, y que no cuenta con un Plan de Manejo Integral pese a que esa disposición esta lista para firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación desde hace un año.

De hecho desde hace cinco años la federación, primero, y el Senado de la República, ahora, desean incorporar la actividad minera del Grupo México en el Valle de Los Cirios, disposición de gobierno incompatible con el ordenamiento ambiental asignado a la zona.

Para el licenciado Xavier García de Quevedo Topete, presidente de la unidad minera mexicana de Grupo México y presidente ejecutivo de la empresa Southern Copper Corporation, subsidiaria de la trasnacional mexicana, los temores de contaminación y desastre ambiental en Los Cirios son infundados ya que, afirmó, el yacimiento minero está fuera del área protegida.

Sin embargo, geólogos que conocen la región e incluso respaldaron el estudio que Grupo México realizó en la zona con cientos de barrenos hechos con la más avanzada tecnología, dijeron que si bien El Arco se ubica en la parte sur del yacimiento, éste avanza claramente con rumbo al norte y noreste, es decir hacia el “corazón” del Valle de Los Cirios. mina El Arco iglesia

El geólogo Alejandro Rimoldi recordó que la Mina El Arco, en donde hace apenas cinco años únicamente vivían siete personas, está en proceso de exploración y explotación desde los 70 del siglo pasado.

El experto explicó: “Lo que ahora se habla (de su importancia) ya se sabía desde hace muchos años. Ahí se extraía cobre, mineral que también se explotó en pequeñas minas de la zona. El cobre lo compraba una empresa de Santa Rosalía, pero vino el Grupo México y sus geólogos encontraron que el potencial de toda la región es muy grande.

“Compraron y empezaron a barrenar con la mejor tecnología hasta que hicieron una especie de mapa en tercera dimensión, que les ayudó a ubicar en dónde están los óxidos, los sulfuros. Por eso ya tienen una cantidad de toneladas probada, ya saben cuánto van a sacar, qué porcentaje de mineral tiene cada depósito”.

Esta información la corroboró el director de la División Ciencias de la Tierra del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Luis Delgado Argote, quien confirmó que el volumen del yacimiento de cobre es grande, económicamente factible de explotar y muy interesante porque también es rico en oro.

“Van a sacar oro como subproducto. Un metal pagará la extracción del otro. Así de grande es el proyecto”, dijo.

–¿Cuál es su opinión de la presencia del Grupo México en El Arco?

–Que ya era tiempo de que se trabajara ese yacimiento. Está cuantificado desde hace muchos años y es una riqueza a la que no se le está dando ningún uso.

El proyecto millonario de GMéxico

El licenciado Xavier García de Quevedo dio pormenores del plan de trabajo del Grupo México en El Arco.

Primero, aceptó que la inversión se retrasó debido a los bajos precios que registraba el cobre en los mercados internacionales, pero ahora que la libra del metal se ubica en promedio a 3.40 dólares o más, su explotación es mercantilmente redituable.

“Es un proyecto –dijo– que el Grupo tiene en cartera desde hace años y que pretendemos realizar, sobre todo después de que en México se está logrando tener una mayor estabilidad laboral con la recuperación, por parte del gobierno, de la Mina de Cananea.

“Con esta certidumbre jurídica se pueden desarrollar este tipo de megaproyectos. Se trata de inversiones superiores a los 2 mil millones de dólares. Hablamos de uno de los proyectos mineros más importantes del mundo”.

Los productos que se explotarán son, en orden de importancia, cobre, oro, plata y molibdeno.

La mina producirá 50 mil toneladas anuales de cobre en cátodos –el récord mundial de producción lo tiene la división chilena Radomiro Tomic, que en 2010 logró una producción de 309 mil 400 toneladas de ese material–, y 140 mil toneladas al año en concentrados de cobre.

Con esto, Grupo México espera duplicar su producción global de cobre dentro de los próximos seis o siete años y alcanzar una reserva superior a 1.3 millones de toneladas de cobre al año, mercancía que al comenzar 2011 tenía un valor comercial el mercado internacional de 12 mil 590 millones 500 mil dólares.

Además, según el estudio de factibilidad de El Arco, la mina producirá anualmente 105 mil onzas de oro, con un valor promedio en este año de 152 millones 250 mil dólares, y mil 500 toneladas de molibdeno, con un valor de unos 44 millones de dólares, esto de acuerdo con el precio promedio de tuvo ese metal en 2010.

De esta forma, la producción minera de El Arco, calculando una producción anual de 190 mil toneladas de cobre, será cercana a 2 mil 36 millones de dólares.

A pregunta expresa de cuál será el país que consumirá la riqueza minera de Baja California, el empresario detalló que el cobre se moverá en los diferentes mercados del mundo, siendo el costo del transporte del metal un elemento que determinará su condición competitiva.

“Obviamente –reveló– el mercado de Estados Unidos va a ser, si no el principal, uno de los más importantes, pero también esperamos vender en los países con fuerte expansión económica como China y la India. De hecho, ya toda Asia consume 57% del cobre mundial. Es allá a donde se van a ir muchos de los metales que produzca El Arco”.

–Necesitarán un puerto para mover los minerales. ¿En dónde estará instalado?

–En la región ya existe el puerto de Santa Rosalía, el cual cumple perfectamente con lo que requerimos en materia portuaria. El movimiento del mineral en la península se hará por carreteras. No es necesario un ferrocarril.

Al respecto, en diciembre de 2010 el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, reconoció que la dependencia federal no tenía contemplado un proyecto de desarrollo de infraestructura en comunicaciones y transportes para respaldar el proyecto minero.

“En ese tipo de proyectos –explicó– obviamente los desarrolladores de los mismos, históricamente así ha sido y no puede ser de otra forma, tienen que contribuir al desarrollo de la infraestructura que lleve a las personas y a las mercancías, a la carga, desde los puntos más cercanos de contacto hacia donde se ubican”.

Molinar recordó que la ubicación de los yacimientos mineros siempre ha sido “caprichosa” desde el punto de vista de la logística, porque hay que ir a donde está el mineral y eso suele ser en lugares muy remotos.

“Entonces habrá que trabajar muy de cerca con el proyecto, conforme se vaya desahogando, pero ahorita no tengo nada”, reiteró en aquél tiempo.

García de Quevedo fue contundente cuando se le preguntó si Grupo México utilizará Laguna Manuela, ubicada a casi 80 kilómetros de El Arco y en el litoral Pacífico de Ensenada, como parte del proyecto minero.

“No”, contestó. “Nunca consideramos esa posibilidad”.

La respuesta no deja tranquilos a los integrantes de grupos ambientalistas. La directora del grupo ecológico Pro Esteros, Laura Martínez Ríos, destaca la importancia ecológica de un humedal que da sustento a una biodiversidad que incluye diversas especies de flora y fauna endémicas (nativas), y que es refugio a cientos de ballenas grises en temporada de invierno.

Asimismo, Laguna Manuela alberga dos proyectos de producción de semilla de ostión y es la sede principal de captura de diversas especies marinas de escama para al menos dos grupos ejidales de la zona.

También se preguntó a García de Quevedo si el proyecto afectará el área protegida del Valle de los Cirios: “No. Estamos fuera del Valle. Vamos a tener una operación minera totalmente cerrada. No vamos a tener descargas de afluentes. Por eso lo que hacemos, con toda responsabilidad y que lleva tiempo, es el estudio de manifestación ambiental”, esa fue su respuesta.

El documento ecológico debía estar listo, según el ejecutivo empresarial, en los primeros días del presente año y se presentaría a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el primer semestre de 2011, cosa que no sucedió hasta la primera quincena de julio del presente año.

Lo que sí ha hecho la empresa es comprar terrenos ejidales y comunales en la región, diseñar la ingeniería básica del proyecto y construir y operar dos plantas de explotación minera piloto, para demostrar que se puede beneficiar el mineral en condiciones económica y ambientalmente seguras.

También se dedicó a localizar mantos acuíferos susceptibles de explotación, toda vez que el agua y la energía son dos factores relevantes para la explotación de los minerales.

“Estamos haciendo los estudios para la energía eléctrica. Sin ella no se pueden llevar a cabo estos proyectos porque, en el caso de nuestra mina, demandará instantáneamente 180 megawatts”.

Por esta razón, Grupo México busca generar energía eléctrica dentro de la unidad minera o, en su defecto, traerla de otra región. En el segundo caso, la opción de la trasnacional es el tendido de un cable submarino en el Mar de Cortés desde Guaymas, Sonora, en donde se construye una planta generadora de energía eléctrica con capacidad de 450 megawatts.

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía federal (Sener), el costo de esa planta será de 150 millones de dólares y se hará a través de constructores privados mediante un contrato que permitirá a Minera México ser la propietaria de la infraestructura eléctrica después de 30 años.

Otra opción de la que García de Quevedo no habló es la construcción de una planta de electricidad en las inmediaciones del poblado Villa Jesús María, distante apenas 50 minutos al norte de El Arco, poblado que se ubica en la parte central del Paralelo 28, en el límite geográfico de Baja California y Baja California Sur.

La negociación

Al respecto Everardo García, presidente del Comisariado del Ejido Villa Jesús María, reveló que el núcleo social está en pláticas con ejecutivos de Grupo México para la venta de terrenos en aquella región del municipio de Ensenada.

“La empresa quiere 200 hectáreas, una parte a la orilla del mar y otra parte de uso común en El Morro-Santo Domingo. No sabemos para qué quieren la tierra, pero han dicho que quieren construir una planta de energía eléctrica, así como desalar agua para mandarla por tubería a la zona de la mina”, reveló.

Para lograr una buena y justa negociación con Grupo México, los ejidatarios buscaron asesoría externa. La delegación de la Procuraduría Agraria en Ensenada es una de ellas.

“Hemos tenido varias reuniones con la gente de la minera –contó García. El último precio que ofrecieron era de tres dólares por metro cuadrado, es decir 30 mil dólares por hectárea (6 millones de dólares por las 200 hectáreas), pero ahí quedó. Ya no nos hemos vuelto a reunir con ellos desde junio del año pasado”.

Agregó: “Inicialmente andaban muy raquíticos con su propuesta. Querían pagarnos a 900 dólares la hectárea, luego subieron a mil dólares, luego 2 mil. Después cambiaron de estrategia y dijeron que querían nada más 50 hectáreas y nos pagaban 30 mil dólares por hectárea –un millón y medio de dólares–, cosa que no aceptamos porque es mucha la diferencia de tierra la que ahora desean. Ahí nos quedamos”.

El agua, otro riesgo Mina El Arco. El agua en riesgo

El tema del agua también generó conflictos entre la empresa y los habitantes de la región en donde se pretende instalar la mina.

El licenciado Xavier García informó: “Localizamos mantos freáticos muy cerca del yacimiento. Baja California tiene corrientes, tiene ríos subterráneos. De esos mantos extraeremos 40% de las necesidades del proyecto”.

¿Cuál será la demanda de agua de la mina una vez que ésta haya estabilizado sus procesos productivos?

De acuerdo con el directivo empresarial, más de 800 litros por segundo, cantidad que es mayor a la que hoy consume la ciudad de Ensenada: 780 litros por segundo, de acuerdo con cifras a octubre del año pasado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE); y 725 litros por segundo, según el Programa Integral del Agua de Ensenada 2008.

“Será agua que en su mayor parte va a estar recirculando”, explicó el empresario, directivo del Grupo México desde abril de 2002, vicepresidente de Grupo Condumex durante ocho años y ex presidente de la Cámara Minera de México.

“Estimamos que la pérdida de agua sólo será por evaporización, aunque en esta zona, que es tan desértica, el coeficiente de evaporización es muy alto”, agregó.

El resto del agua que la mina consumirá se obtendrá de plantas desalinizadoras, obras que Grupo México ya proyectó pero cuya existencia oculta a los habitantes de la región, por lo que en Baja California Sur existe una abierta campaña de rechazo a la operación de la mina.

El 19 de octubre de 2010, por unanimidad de votos, el Congreso de aquella entidad peninsular aprobó una iniciativa de acuerdo económico presentada por Felipe Prado Bautista, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde el Poder Legislativo se pronunció en contra del proyecto minero.

Esto porque la empresa Minera México, subsidiaria del Grupo México, “pone en riesgo de envenenamiento y sobreexplotación al manto acuífero de El Vizcaíno”.

Los diputados sudcalifornianos también acordaron exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno, a la Reserva del Valle de los Cirios, a la Secretaría federal del Medio Ambiente (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), que rechacen el proyecto minero.

Esto porque la mina afectará la calidad y cantidad de los mantos acuíferos ubicados en las cuencas de la región fronteriza peninsular, mismos que abastecen de agua al valle de Vizcaíno, al poblado Guerrero Negro y a la región Pacífico Norte (en Baja California Sur), y a los ejidos Jesús María y José María Morelos y Pavón, del municipio de Ensenada, Baja California.

La pugna llegó al extremo de que el senador por Baja California Sur, Francisco Obregón Espinoza, denunció que el director general de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, dio permisos a Grupo México para perforar nuevos pozos en el acuífero El Vizcaíno pese a que éste se encuentra en veda por sobreexplotación.

Esta versión la rechazó el gerente de la Conagua en La Paz, Baja California Sur, Celso Castro Sánchez, quien reviró informando que por instrucciones de Luege la dependencia está cancelando pozos irregulares y no autoriza nuevas concesiones en Vizcaíno.

Sin embargo trascendió que en una junta que sostuvieron los integrantes del Consejo del Valle de los Cirios, en donde están representados todos los ejidos de la zona, así como las autoridades en los tres niveles de gobierno y las grandes empresas que operan en la región (la Exportadora de Sal Guerrero Negro y el Grupo México), los representes de la mina informaron que el proyecto necesita 720 litros por segundo de agua para ser viable.

Además, en su informe de avance del proyecto la minera notificó que tiene el permiso de la Conagua para abrir y operar ocho pozos de exploración con una capacidad de hasta 320 litros por segundo de agua, lo cual alarmó a todos los campesinos del sur de Baja California y Norte de Baja California Sur, pues esa extracción pone en riesgo sus proyectos agrícolas.

El ejidatario Everardo García manifestó que los habitantes de Villa Jesús María están mayoritariamente de acuerdo con la operación de la mina, “pero quisiéramos que si ellos se animan (a instalarse en la región), primero debemos resolver el problema del agua”.

Y es que los residentes del poblado ensenadense, de aproximadamente 450 habitantes, tienen agua pero esta es escasa y de baja calidad para uso humano y agrícola.

“Para uso doméstico –dijo– el agua es buena, pero tiene mal olor (es azufrosa). Los gobiernos municipal y del estado nos acaban de equipar de todo a todo en ese sentido: electrificación y rehabilitación de los pozos, y hasta construyeron una pileta para quitarle el olor al agua, pero lo que vemos ahora es que la minera tiene una aprobación para sondeo de 75 pozos. Oiga, ¡nos van a partir la torre en la cuestión agrícola!”.

Evidentemente indignado, agregó: “Si hacen los sondeos no van a encontrar agua, estoy seguro, pero van sellando los pozos y al rato vamos a tener el chorro de agua y la cuenca afectada. ¿Y nosotros qué? ¡Esta es nuestra cuenca! Baja de la Sierra San Luis, por el arroyo El León. De ella sale el agua hacia El Vizcaíno y El Arco. Imagínese, quieren 750 litros de agua por segundo. ¡A dónde nos van a llevar!”

Comentó también: “No sabemos para qué quieren tanta agua, pero escuchamos que la explotación que harán del mineral es a cielo abierto. Van a agarrar la tierra y a escarbar para abajo destruyendo todo. Por eso nos preguntamos ¡por qué nosotros no podemos tener el agua y ellos sí! Antes que cualquier cosa debemos ponernos de acuerdo con eso del agua y ser justos”.

Surgirá una nueva ciudad

Por otra parte, para los residentes de Villa Jesús María, población localizada a 650 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, la instalación del Grupo México en El Arco representa la oportunidad de ver crecer su poblado, en unos cuantos años, en al menos 700% para convertirse en una ciudad de hasta 30 mil habitantes.

Este desmedido crecimiento le permitiría convertirse en la población más grande de toda la porción media de la Península de Baja California, incluida Guerrero Negro, que actualmente tiene una población estimada en 15 mil personas.

El licenciado Xavier García de Quevedo confirmó que el proyecto generará una importante ciudad en la zona.

“Sin duda se necesita hacer un centro poblacional que este cerca de la mina, pero también cerca a otros centros poblacionales existentes. En este caso estamos pensando en la comunidad de Villa Jesús María, que está al norte de Guerrero Negro y que estaría a menos de una hora de la mina”.

–¿Que tan grande deberá ser esa ciudad y cuántos años tendrá de vida?

–Será por muchos años. Los recursos de esta mina así lo aseguran. Tenemos mina para más de 40 años –la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California afirma que su vida útil es de apenas 25 años–; por ello se tiene que planear el centro poblacional con todas las instalaciones urbanas que se requieren”.

–¿Para cuántas personas se requiere esa localidad?

–Nosotros creemos que la mina generará alrededor de 10 mil empleos entre directos e indirectos. Por eso pensamos que deberá ser un centro poblacional del orden de unos 15 mil habitantes, en una primera etapa.

–Y en el mayor auge de la mina, ¿cuántas personas podrán vivir en esa ciudad?

–Podemos citar el caso de Nacosari (Sonora), que es un poblado minero impulsado por uno de nuestros proyectos y que se ha desarrollado con más de 30 mil habitantes. Por eso creemos que Villa Jesús María puede ser una ciudad muy importante para esa zona de Baja California.

Mientras eso sucede, la realidad de Villa Jesús María y el poblado vecino José María Morelos y Pavón, en donde habitan otros 300 ensenadenses, es conmovedora.

La única vía de comunicación asfaltada que tienen es la carretera transpeninsular, que cruza los pueblos de norte a sur. No tienen sistema de drenaje, no hay banquetas y la electricidad se introdujo en los poblados hace siete años.

La pesca es vital para los ejidatarios y avecinados de Villa Jesús María, y recientemente la agricultura de hortalizas –tomate– da otra buena opción de ingreso a los habitantes del poblado José María Morelos.

Sin embargo es la gasolinera de Villa Jesús María, que operan directamente los ejidatarios, la mejor fuente de ingresos en la zona, pero esto con grandes riesgos de ser asaltada por los delincuentes que operan impunemente en Guerrero Negro, ciudad distante 20 kilómetros al sur del poblado ensenadense.

Everardo García contó: “El ejido (Jesús María) fue dotado en 1971. Obtuvimos la tierra por dotación presidencial. Son 11 mil 200 hectáreas para 95 ejidatarios. La tierra se nos dio físicamente en 1973, cuando el gobernador era Milton Castellanos y el presidente Luis Echeverría Álvarez”.

La primera actividad que realizaron fue la pesca de langosta, abulón, caguama y pescado de escama, pero en 1994 los ejidatarios tuvieron problemas internos y se dividieron.

Contó: “Cancelamos nuestra cooperativa pesquera, que era ejidal –Sociedad de Producción Rural Villa Jesús María–, y se transformó en la sociedad Siempre Viva. Ahora trabajamos con permisionarios, pero ya pedimos a las autoridades federales que nos reintegren los permisos de pesca para 14 embarcaciones que nos fueron cancelados en 1998. Hasta hoy no nos dan una respuesta”.

Los ejidatarios sufren el “pirateo” (pesca ilegal) de langosta y abulón. Los “piratas” operan impunemente en aguas bajacalifornianas y llegan incluso a la Isla de Cedros. Su sede de operaciones, afirman los afectados, es Guerrero Negro.

Aún con estos problemas comunes los residentes de ambos poblados marginales, separados por menos un medio kilómetro de carretera, expresan ideas diferentes respecto a la posibilidad de fusionarse en una nueva ciudad minera.

Así, en José María Morelos la oposición al proyecto es evidente, o se acepta siempre y cuando se trate de un plan sustentable; pero en Villa Jesús María mucha gente dice: “Esta bien, ¿por qué no?”.

Everardo García confirmó que Grupo México tiene interés en Villa Jesús María porque ahí está la oficina de la delegación municipal, hay una clínica médica, las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la gasolinera y escuelas: desde un kinder hasta un Centro de Estudios Tecnológicos, que recibe alumnos de Guerrero Negro.

“Tenemos terrenos donde no tumbarían ningún árbol. Son 25 hectáreas, pero si quieren 50 se las damos, aunque primero tendríamos que regularizarlas”, comentó el ejidatario.

Conscientes de que el arribo de miles de personas a las dos comunidades cambiará el estilo de vida de sus habitantes, los residentes de Villa Jesús María aceptan que no pueden frenar el desarrollo de la región y creen que aliándose con la empresa minera podrán encontrar un mejor trabajo, bien pagado y seguro.

“Es una detonación económica de la noche a la mañana, aunque ellos crearían sus propias tiendas porque así trabajan. Abrir un nuevo pozo también nos acarrearía un provecho a nosotros. Si con su dinero pueden explorar más lejos y arrimar el agua al poblado, nos beneficiaríamos también nosotros”, apuntó García.

Otra visión del proyecto es la que tienen los vecinos de Morelos y Pavón.

Eugenio Cota, suplente del presidente del comisariado del ejido –72 campesinos dotados a finales de la década de los 60 del siglo pasado con poco más de mil hectáreas–, reveló que ellos no han recibido ninguna oferta de la empresa porque no cuentan con zona costera, salvo una pequeña zona comunal.

“Nosotros observamos el proceso de desarrollo urbano de la región como descontrolado y anárquico. El gobierno (de Baja California) y la empresa se aprovechan de que nuestras comunidades son apáticas a reunirse, están mal organizadas y no tienen información del proyecto”, añadió.

Resaltó que el Plan de Manejo Integral del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, que dará orden y control a la región, ya está firmado por todos los interesados, pero el Senado de la República lo detuvo porque los intereses de la compañía minera se anteponen a los de la población.

“El Plan de Desarrollo (del Estado) –afirmó– simplemente no se respeta. Los políticos permiten que se realicen actividades económicas que no están aprobadas ni en el ordenamiento estatal ni en el Plan de Manejo Integral del Valle de Los Cirios”.

Los residentes de Morelos y Pavón también tienen alternativas de trabajo que chocan frontalmente con el proyecto minero. Por ejemplo, el grupo productor Calmallí desarrolla una zona de siembra, de 10 hectáreas de extensión, para la producción de alfalfa especial para el berrendo peninsular de Vizcaíno, especie en peligro de extinción.

Para tal fin, el grupo ejidal tiene un contrato de producción con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y los campesinos dicen que la zona de siembra puede crecer tres o cuatro veces más en terrenos que pertenecen a otro grupo social de producción, pero la instalación de la mina frenó el proyecto.

“Este año también queremos sembrar una hectárea de uva en Santa Gertrudis para comenzar a desarrollar lo que nosotros llamamos ‘La Cuna del Vino’, porque en ese sitio histórico tenemos una parra de 250 años de existencia. Pertenece a los primeros cultivos de vid que se hicieron en la península y no sabemos qué sucederá con esto si la empresa se instala tal y como lo tiene planeado”, expresaron los ejidatarios.

La preocupación de estos hombres y mujeres crece cuando recientemente fueron informados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que de concretarse la venta de terrenos costeros en Laguna Manuela para la minera, se pondrá en marcha el proyecto Guerrero Negro IV, el cual consiste en la construcción de una planta generadora de energía eléctrica, que estará acompañada de una planta desaladora de agua de mar, justo lo que necesita Grupo México para arrancar formalmente la explotación minera en El Arco.

“No estamos en contra del desarrollo siempre y cuando éste sea sustentable y consensado. Lo cierto es que a nosotros, que vivimos en la zona que impactará el desarrollo urbano de Villa Jesús María y la mina, no nos han tomado en cuenta para nada”, manifestó Cota.

Oposición “oficial”

Pero existen otros opositores al proyecto. En Guerrero Negro no todo el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, está de acuerdo con la instalación de la mina.

Entrevistados con la promesa de no revelar sus nombres, cuatro de ellos manifestaron que están en contra de la instalación de la minera simple y sencillamente porque va en contra del entorno ambiental decretado previamente para la zona por el gobierno federal.

“Aquí trabajamos en las comunidades –explicaron– con la intención de cuidar y proteger el medio ambiente. Fundamentalmente impulsamos el Procodes (Programa para las Comunidades de Desarrollo Sustentable). No es un programa social, sino estrategias dirigidas hacia la conservación con y para las comunidades”.

Este programa lo pide la gente que reside en Los Cirios, que abarca una extensión de dos millones 521 mil 776 hectáreas. Se trata de actividades de capacitación o estudios de factibilidad relacionados con la conservación y la protección del medio ambiente.

Los principales proyectos solicitados tienen que ver con la pesca y el turismo, así como con la instalación y operación de talleres de artesanía con conchas y huertos comunitarios para autoconsumo y venta.

También se están haciendo estudios para evaluar la población del borrego cimarrón y beneficiar directamente a las comunidades con su cacería, pero se trata de un proyecto de aprovechamiento sustentable a largo plazo.

En la zona del valle de los Cirios –informaron los entrevistados–, hay una población de dos mil 500 personas. Las comunidades más grandes son Bahía de los Ángeles, Villa Jesús María, Cataviña, Punta Prieta, Santa Rosaliíta, los ejidos Morelos y El Costeño, además de diversas rancherías.

Al igual que los habitantes de la región, los consultados en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, consideraron que es urgente tener y poner en práctica el Plan de Manejo Integral de la zona protegida, que ya fue aprobado por todos los residentes del valle.

Asimismo consideraron que el desarrollo de la Minería será de gran impacto en toda la región ya que el sitio de explotación “es enorme”, a cielo abierto y en un área que sin duda impactará negativamente a la flora y fauna del valle.

“Hasta el momento nosotros no hemos hecho nada en conjunto con la compañía minera. Nos dan información, nosotros damos nuestras opiniones, que por cierto casi siempre son negativas al proyecto porque sabemos que no le conviene a la región por más que ellos (los empresarios mineros) vengan con su dinero y quieran desarrollar un nuevo poblado y ayudar a la gente”, indicaron los consultados, que solicitaron el anonimato por temor a sufrir represalias laborales.

Agregaron que el problema del proyecto es que los estudios de impacto ambiental los hace directamente la empresa, o terceros especializados sin interés en la mina.

“Y no te puedes fiar en una empresa que tiene un gran historial de irregularidades. Imagínese. De momento sus directivos están regalando gorras, hacen talleres de educación ambiental, regalan cosas a la gente, como mini calendarios que no sabemos cómo los contrataron con la comisión (Conanp) en la Ciudad de México”, apuntaron.

Manifestaron por último que ellos están comprometidos con la conservación y el desarrollo realmente sustentable, “pero estamos frente a intereses mucho muy grandes. La mina está por encima de cualquier ley”.

Los riesgos de contaminación

Esta visión negativa del proyecto minero la externan por igual organizaciones nacionales e internacionales de protección al medio ambiente, quienes afirman, con estudios científicos en la mano, que la operación de un mineral a cielo abierto es altamente destructiva de la naturaleza y el entorno humano.

Ambientalistas de Baja California consultados manifestaron que en la pasada década, la estadunidense National Wildlife Federation, en un estudio del daño ecológico que provocan las compañías mineras que extraen oro por lixiviación con cianuro, determinó que:

A la vez que se extraen millones de toneladas de mineral de minas a cielo abierto y se les trata con millones de galones de solución de cianuro, las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro trastornan los hábitats de la vida silvestre y las cuencas hidrográficas, generando una multitud de riesgos para la salud y el ambiente.

Estos impactos pueden manifestarse durante varias fases de la operación. Por ejemplo, “se ha registrado frecuentemente la muerte de animales silvestres, en especial aves, atraídos por el señuelo de los espejos de agua de los estanques de cianuro”.

Al respecto, cabe señalar que a menos de 35 kilómetros del yacimiento minero, en las lagunas Ojo de Libre y Manuela, decenas de miles de aves migratorias hacen de ambos humedales sus estaciones de destino y descanso en los viajes migratorios que hacen al sur y norte del continente.

El documento destaca que la extensión generalizada de la mortalidad de animales silvestres en las instalaciones que utilizan el proceso de lixiviación con cianuro, preocupó al Servicio de Vida Silvestre y Pesquerías de Estados Unidos.

Destaca asimismo que después de la lixiviación, el cúmulo de mineral ya procesado todavía contiene vestigios de la altamente tóxica solución de cianuro, así como de metales pesados concentrados que han sido precipitados del mineral.

Y alerta que si no se enjuaga totalmente el mineral usado y la roca de desecho, o si se le deja sin tratar, el cianuro puede seguir filtrándose al medio ambiente.

Al respecto, la oficina de la vida salvaje estadunidense comenta: “Tanto el cianuro como los metales pesados liberados por él (arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio y talio, entre otros), y otras sustancias tóxicas que se encuentran en el cúmulo y los lixiviados (por ejemplo sulfuros), son una amenaza para las quebradas, ríos o lagos, para las fuentes subterráneas de agua y para los peces, la vida silvestre y las plantas”.

Por ello, concluye, los problemas a largo plazo derivados de la lixiviación de metales pesados de los cúmulos de desechos de las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro, probablemente exceden el impacto directo del cianuro en sí.

El doctor en Historia, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, integrante del Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, que el año pasado logró el virtual retiro del país de una compañía minera canadiense –representada en México por el consorcio Minera San Xavier–, que explotaba oro (entre otros minerales) en el emblemático cerro de San Pedro, manifestó:

“El problema en México, que lo es también en los Estados Unidos y Canadá, es que las actuales regulaciones federales y estatales no abordan de manera adecuada los impactos de la Minería que utiliza la extracción por lixiviación con cianuro”.

Y remató: “A pesar del gran aumento en el número de actividades mineras de extracción de oro y de los impactos conocidos de estas actividades, los organismos reguladores a nivel federal y estatal no se han apresurado a abordar estos problemas”.

Pero la mina, va…

En la entrevista con el presidente de la unidad minera mexicana de Grupo México, se le preguntó cómo se desarrollarán las relaciones sindicales en El Arco.

“La oferta que vamos a hacer –explicó García de Quevedo–, es obviamente para las comunidades de Baja California. Creo que mucha gente se va a querer emplear y nosotros como grupo tenemos la experiencia de haber abierto grandes minas en donde antes no había nada; entonces, le vamos a dar empleo a los habitantes de Baja California, pero si faltara mano de obra, le vamos a dar empleo a otros mexicanos que se quieran venir a colaborar con nuestro proyecto”.

–¿No tendrán que contratar gente del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, con el que tuvieron problemas en otros estados de la República?

–Nosotros ya no trabajamos más con el sindicato minero, excepto lo que tenemos de dos pequeñas minas porque inclusive, en Cananea, la Suprema Corte de la Nación determinó la terminación de las relaciones laborales.

Actualmente hay incertidumbre si va a haber suficiente oferta para satisfacer la demanda, pero es importantísimo ver cómo los millones de pobladores chinos están comprando en la economía formal. Ellos van a necesitar de infraestructura, de casas, de automóviles, de servicios, y todo esto lleva cobre.

Justo el mineral que el consorcio de Germán Larrea Mota pretende extraer del subsuelo bajacaliforniano.

www.sinembargo.mx/11-08-2011/22660