Remueven a 6 jueces de paz en Ixtacamaxtitlán para favorecer a Almaden Minerals (Puebla)
Aurelio Fernández – La Jornada de Oriente
Desde hace 19 años en el municipio de Ixtacamaxtitlán existe un movimiento de resistencia en contra de los proyectos mineros Tuligtic e Ixtaca. El fin de semana se empezó de nueva cuenta a vivir un clima de tensión y violencia, ya que el presidente municipal Víctor Herrera Pozos, sin el consenso de las comunidades y sin cumplir con las normas, empezó un proceso para remover a seis jueces de paz de comunidades que corresponden a las áreas en donde se encuentran las minas de oro y plata que busca explotar la canadiense Almaden Minerals.
Ese movimiento se ha interpretado como un intento de remover a las autoridades comunitarias que han acompañado al movimiento de resistencia a la explotación a cielo abierto de abundantes yacimientos de oro y plata, que se buscan hacer a través de la filial mexicana Minera Gorrión.
El fin de semana el edil de ese municipio Víctor Herrera mandó un documento sin firma a los jueces de paz de las comunidades de Santa María, Zacatepec y Loma Larga para convocarlos a una reunión en la cual les comunicaron que llegó el periodo para que entreguen sus cargos y se elija a sus reemplazos. Ver foto adjunta.
Las tres comunidades en cuestión son donde curiosamente se asientan las minas de oro y plata que, desde el año 2014, pretenden ser trabajadas por Gorrión.
Al mismo tiempo se dio a conocer que en próximos días se hará lo mismo con los jueces de Tecoltemic, Tateno y la Unión, que son las comunidades colindantes a las minas.
A los jueces les faltan ocho meses para concluir sus periodos como servidores públicos y, además, no se consultó a las comunidades sobre los relevos.
Por esa razón esos movimientos se han tomado como una provocación del alcalde, que todo mundo percibe como una autoridad que trabaja a favor de los intereses de Almaden Minerals.
Y que pareciera que la empresa canadiense sabe que próximamente le podrían autorizar el manifiesto ambiental que le falta para iniciar la extracción de los minerales y por esa razón, ya está buscando quitar de su camino a autoridades que le resultan incomodas.
No es la primera vez que los intereses económicos de las empresas mineras rompen con la estabilidad del municipio.
En 2003 se supo que había un reparto de 400 mil pesos mensuales a las autoridades municipales para que realizaran labores sociales tendientes a crear un ambiente entre la población a favor de los proyectos Tuligtic e Ixtaca.
Al anterior alcalde Eleazar Hernández lo acusaron los pobladores de que las principales obras públicas de su gobierno las había financiado Minera Gorrión, como una manera de tener de su lado al ayuntamiento.
Ahora parecen regresar esas practicas que dividen y confrontan a la población.
Lo que está en juego no es algo menor. El proyecto minero en juego abarca una extensión de 14 mil hectáreas y el potencial a explotar sería de 73 millones de toneladas de oro y plata.