La represión del gobierno de Colima contra familiares de personas desaparecidas
Imagen: tomada de un video compartido por los familiares de la víctima desaparecida.
Pedro Zamora Briseño / Diario Avanzada
Inaugurada el pasado 10 de junio como una herramienta de lucha social para exigir a las autoridades de Colima celeridad en la búsqueda de personas desaparecidas, la práctica del bloqueo del libramiento Ejército Mexicano por parte de familiares de las víctimas —a la altura de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE)— terminó por desnudar la intolerancia e insensibilidad gubernamental frente al drama de quienes peregrinan tratando de encontrar a un ser querido cuyo paradero es desconocido.
Siete plantones han sido instalados en los últimos cinco meses en ese punto carretero, con el propósito de llamar la atención de la sociedad y presionar a las autoridades con una exigencia recurrente: que las corporaciones policiacas se apresuren a realizar su trabajo y localicen a una, dos o tres personas.
Poco a poco, el enojo de los directivos de la FGE ante esta forma de protestar se fue haciendo evidente. Al principio fue el discurso, con declaraciones en las que se afirmaba que con bloqueo o sin él, el personal de ese organismo de procuración de justicia se aplicaba de igual manera al cumplimiento de sus responsabilidades.
Posteriormente, la Fiscalía anunció la apertura de carpetas de investigación contra quien interrumpiese el tráfico del libramiento, además de que revictimizó a un desaparecido revelando públicamente aspectos de su vida privada, violó la ley al difundir parte del contenido de una carpeta de investigación y se utilizó la policía para evitar, con empujones, la ampliación del bloqueo.
Y así, ocurrió el ignominioso hecho de este lunes 14 de noviembre, cuando agentes de la FGE que habrían realizado un papel más digno investigando o fortaleciendo las pesquisas sobre la ubicación de Fernando —el chofer de Didi desaparecido el jueves 10 en Manzanillo— fueron lanzados contra los familiares de la víctima para desalojarlos por la fuerza del bloqueo que realizaban desde horas antes.
No conformes con lo anterior, detuvieron a seis personas, entre ellas una adolescente, aunque al llegar con el agente del Ministerio Público la menor y una mujer adulta fueron dejadas en libertad, mientras que contra las cuatro restantes se abrió una carpeta de investigación, en la que se les imputó el delito contra las vías de comunicación, que enfrentarán en libertad.
Esta embestida contra los familiares de las personas desaparecidas ya se impregnó como una mancha indeleble de la administración de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues se trata de un acto que por la sensible violación a los derechos humanos que representa —guardando ciertas proporciones—, podría ser comparable con el envío de la tanqueta contra los comuneros indígenas de Zacualpan en marzo de 2014, durante el sexenio del gobernador Mario Anguiano Moreno.
Seguramente la mandataria estatal tratará de mantener libre de abolladuras su título de maestra en derechos humanos argumentando frente al reciente hecho que la fiscalía es autónoma, tal como ya se había deslindado hace más de dos meses, cuando el organismo anunció la apertura de carpetas de investigación contra quienes bloquearan el libramiento.
Se trata, sin embargo, de una autonomía de papel. Para nadie es un secreto que el actual fiscal fue impuesto por la gobernadora aún antes de que ésta asumiera el cargo, luego de que “casualmente” renunció el anterior fiscal cuando todavía le restaban tres años al periodo para el que había sido designado.
Por lo tanto, aunque Indira Vizcaíno trate de lavarse las manos, lo que hace la fiscalía también es su responsabilidad.
El desalojo y la detención de los familiares de un desaparecido era lo que menos se habría esperado de un gobierno que llegó hace poco más de un año ofreciendo una transformación. Es aberrante que la autoridad proceda contra familiares de víctimas que, en medio de la angustia y desesperación por no conocer el paradero ni la suerte de un ser querido, ni ver resultados de la actuación gubernamental, se manifiestan pacíficamente para exigir la agilización de la búsqueda.
Al respecto, ya se encuentra abierta una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), que seguramente realizará su investigación y emitirá en su momento una resolución. ¿Y la sociedad colimense? Lo peor que puede pasar es que permanezca impasible frente a este atropello cometido contra uno de los sectores más vulnerables: el de las víctimas.