Despojo de Tierras Santa María Magdalena Cahuacán
Nicolás Romero, Estado de México.
El territorio es la dimensión sagrada que presupone la existencia de un pueblo. Despojar a una comunidad de sus tierras no sólo implica la disminución del patrimonio sino que pone en riesgo la existencia del mismo.
Los megaproyectos han provocado el despojo de tierras, degradación de bosques, contaminación de cuerpos de agua dentro de los territorios de los pueblos campesinos de todo el país. Los pobladores viven una nueva colonización.
Los campesinos del Ejido de Santa María Magdalena Cahuacán, están pasado por momentos reales de crisis, el daño que les está provocando perder sus tierras es irreversible. La falta de legalidad en todos procesos, el abuso de constructoras generadoras de riquezas particulares, y la corrupción de las autoridades han sido factores que sin duda alguna son las causas del despojo de las tierras de los campesinos, no sólo en Cahuacán si no en muchísimos pueblos y sobre todo en pueblos indígenas.
Las luchas de los campesinos se encuentran marcadas por los nuevos rumbos del capitalismo, una vertiente importante del capital se está enfocando en despojar a los pueblos de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y, por lo mismo, en mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo, los pueblos lo saben; por eso lo resisten y luchan por liberarse de él.
El pueblo de Santa María Magdalena Cahuacán, fue dotado de una considerable extensión de tierras y montes en la época virreinal, que más tarde les fueron usurpados y con ellos los usurpadores formaron la hacienda La Encarnación, ésta contaba con más de 18 mil hectáreas ubicadas alrededor de la misma en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.
En el año de 1916, se dice propietario de esta finca el Dr. José Ignacio Capetillo, quién tomo posesión de la Hacienda en enero de 1915. Pobladores de Cahuacán reclamaron las tierras presentando títulos de propiedad, un plano grafico a colores y la copia certificada expedida por el Secretario de Juzgado de Distrito Lic. Leopoldo Vicencio, el 27 de agosto de 1897 que respalda el derecho de posesión de las tierras.
Desde 1897 y hasta 1917 se presentaron disputas entre el pueblo de Santa María Magdalena y el Dr. Capetillo por la posesión de las tierras de la Hacienda La Encarnación.
Tras una lucha histórica por la restitución de las tierras en mayo de 1917, una resolución presidencial firmada por el Gral. Venustiano Carranza dota al pueblo de Cahuacán de la posesión provisional de las tierras, en tanto se dictaba la sentencia definitiva. Finalmente en diciembre de 1917 de acuerdo al informe que el C. Delegado de la Comisión Nacional Agraria rinde a esa H. Comisión, en cumplimiento del artículo 37 del Reglamento al remitir el expediente XIV-G-3 relativo al pueblo de Santa María Magdalena Cahuacán, expone:
“…la titulación presentada por el pueblo de Cahuacán, es suficiente para comprobar el derecho de la reivindicación de sus tierras…”
Fue así como en 1917 se creó el primer Ejido pos revolucionario: el de Santa María Magdalena Cahuacán.
Hacia el año de 1953 Cahuacán es considerado un Ejido modelo en todo el país gracias a la implementación de sistemas de riego que permitían mayor productividad, en este mismo año el Presidente de la República Lic. Adolfo Ruiz Cortines, el entonces Secretario del Trabajo Lic. Adolfo López Mateos y el Jefe del Departamento del Reparto Agrario Lic. Garriz Urieta, visitan el Ejido de Cahuacán tras considerarlo un ejemplo de progreso. Sin embargo, existieron grandes injusticias con el reparto de tierras dentro del mismo Ejido, hasta hoy día se presentan personas con títulos de grandes extensiones de tierras y personas que son originarias del pueblo que no cuentan con un lugar donde construir sus viviendas. El problema de la desigualdad del reparto de tierras es una situación que se viene arrastrando desde la conformación del Ejido, gracias a las luchas campesinas y a la presión ante el gobierno se otorgó una ampliación ejidal, a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario en 1997 donde se declaró que 2402 hectáreas de las parcelas le pertenecen a la comunidad de Cahuacán.
A pesar de la sentencia emitida por el Tribunal Agrario nunca se obtuvieron los títulos de la ampliación del ejido debido que el 15 de Abril de este mismo año Rutilo Rojas, Enrique Rojas y Elena Osornio ( personas con gran influencia decisiva) lograron obtener un amparo que revocó la resolución posesoria. El Ejido cuenta con la resolución legal del Tribunal Superior Agrario pero no con los títulos de las tierras es por esta causa y bajo este argumento que por años estas tierras han estado en conflicto.
Cabe mencionar que no existe un conflicto por los límites ya que se cuenta con un documento legal emitido por el Tribunal Superior Agrario que contiene medidas, planos y trazos de límites territoriales, no debe confundirse un intento de invasión y ocupación ilegal con un conflicto de límites.
Desafortunadamente la Familia Rojas cuenta con gran poder de influencia dentro del gobierno Municipal como Estatal gracias a las grandes extensiones de tierras con las que cuentan y el gran poder económico que poseen. Desde 1997 campesinos pertenecientes al Ejido de Cahuacán han seguido de cerca este conflicto, sin embargo en todo este tiempo nunca se ha dado una respuesta clara por parte de las autoridades así como del Tribunal Superior Agrario para otorgar el titulo correspondiente de la ampliación ejidal.
Desde hace seis años representantes del Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V. y de Ingeniería Eléctrica Especializada S.A. de C.V. se han presentado en la comunidad con documentos que acreditan ante notario público la propiedad de gran parte de la ampliación ejidal, ¿Cómo es que tierras en conflicto y que son peleadas desde hace años por los campesinos resultan ahora propiedad privada?
Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V. e Ingeniería Eléctrica Especializada S.A. de C.V, presentan documentos ante notario donde se expone que el Sr. Enrique Rojas Valle vende a la sociedad denominada Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V; la fracción numero 2 restante de la fracción denominada “Salazar” perteneciente a la fracción número 1 de la Ex Hacienda La Encarnación, que cuenta con una extensión de 400 hectáreas, sin reserva o limitación alguna. Es precio de la venta la cantidad de tres millones quinientos setenta y un mil setecientos noventa y ocho dólares, que equivale aproximadamente actualmente a cuarenta y cinco millones setecientos setenta y cuatro mil pesos mexicanos.
Ante tal situación que sobre pasa en todos aspectos leyes constitucionales, desde el procedimiento ante notario público hasta la toma de las tierras, el Gobierno en todos sus órdenes de gobierno no ha hecho nada, parece ser que ninguna autoridad es competente ante esta situación y por si fuera poco se han expedido una serie de permisos para tratar de imponer los diversos megaproyectos bajo el argumento de la modernización, confundiendo a las políticas de desarrollo con el crecimiento de la mancha urbana.
Es claro que un terreno en conflictos no puede ser vendido, campesinos que han trabajado toda su vida esas tierras están indignados al ver que sus propiedades se les van de las manos, que las maquinarias de las constructoras comienzan a trabajar y que las autoridades están a favor del despojo de las tierras.
El día 15 de mayo del 2013, ante un intento de despojo de las tierras para comenzar a talar los árboles por parte de la empresa Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V con apoyo de la policía municipal, habitantes de la comunidad de Cahuacán realizaron un marcha en los alrededores de la Presidencia Municipal, gracias a la presión que se hizo por este medio se emitió la orden para clausurar el lugar, sin embargo esto a ocasionado que las amenazas de personas relacionadas directa o indirectamente con la constructora se intensifiquen.
El día miércoles 22 de mayo del año 2013 se llevó a cabo una manifestación con aproximadamente 300 habitantes de la comunidad de Santa María Magdalena Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, en respuesta al rechazó del megaproyecto. Ese mismo día por la noche ya en el pueblo se agredió físicamente y se amenazó a personas que encabezan el movimiento contra el despojo de las tierras, las víctimas de las amenazas junto con gran parte de los avecindados del Ejido se dirigieron a la Procuraduría General de la República ya que las denuncias en el Ministerio Público local no proceden, desgraciadamente se encontraron con la misma impunidad de los hechos, hasta la fecha los agresores siguen en libertad y se ven apoyados y protegidos por la policía municipal.
La falta de legalidad en todos procesos, el abuso de constructoras generadoras de riquezas particulares, y la corrupción de las autoridades han sido factores que sin duda alguna son las causas del despojo de las tierras de los campesinos y no solo en Cahuacán sino en muchísimos pueblos y sobre todo en pueblos indígenas, ahora ya no basta solo con robarle la tierra al campesino sino que pese a esto también se prohíbe el derecho de defender lo que legítimamente es suyo amenazándolo, encarcelándolo injustamente y hasta poniendo en riesgo su vida.
Las ganancias que tienen las constructoras con un megaproyecto como lo son unidades habitacionales, centros comerciales, club de golf, etc., son inmensas a costa del deterioro ambiental.
Cahuacán posee manantiales de hasta 100 litros por segundo y sus recursos forestales son los más importantes del municipio. Gran parte de estos manantiales se encuentran en la ampliación ejidal, si se llega a concluir el traspaso de las tierras a las constructores el Ejido carecerá aparte de tierras de estos recursos naturales. La búsqueda de minerales con el fin de explotación, así como el propósito gubernamental de generar energía eléctrica utilizando ríos, cuencas y arroyos ocasionan la contaminación de los cuerpos de agua así como el impacto irreversible de muchos ecosistemas originando la muerte de animales y la desaparición de flora y fauna de todo tipo.
Al contar estos territorios con manantiales es muy probable la explotación y contaminación del agua. La explotación del agua subterránea genera un desabastecimiento en diferentes puntos de las localidades, recordemos que el agua de los manantiales ubicados en la ampliación ejidal da abasto a toda la población de Cahuacán que cuenta con 14,195 habitantes según un censo realizado en 2010, tampoco olvidemos que el agua procede de fuentes no renovables que en pocos años se pueden secar y que en la actualidad uno de los negocios más retribuidos es la explotación indiscriminada del agua. Se pretenden hacer unidades habitacionales y claro brindar el servicio del agua podría generar sustanciosas ganancias.
El impacto ambiental por las construcciones en los ecosistemas es irreversible, las descargas de contaminantes en el medio ambiente afecta al aire, al agua y al suelo.
Las emisiones al aire desde los distintos focos emisores de contaminantes pueden alterar su equilibrio hasta el punto de perturbar la estabilidad del medio y la salud de los seres vivos; las emisiones al agua en las obras de construcción suelen estar provocadas por las tareas de limpieza y por los vertidos de productos peligrosos en sanitarios, desagües o en el suelo, cuantas más impurezas transporte el agua, más difícil resultará realizar las tareas de depuración y, por consiguiente, mantener el equilibrio del planeta; el suelo es un recurso no renovable a corto y medio plazo que se caracteriza por una gran vulnerabilidad, la emisión de sustancias contaminantes al suelo (vertidos de combustibles, aguas de limpieza y productos peligrosos, etc.) puede desestabilizar su orden natural como consecuencia de la disminución o aniquilación de la capacidad de regeneración de vegetación, y como consecuencia de la filtración de las sustancias contaminantes hasta las aguas que alimentan nuestros depósitos de agua potable o redes de riego.
Es sorprendente que aun conociendo los daños que provoca una construcción de tal magnitud, las autoridades apoyen este tipo de proyectos pasando por alto las leyes de protección al ambiente y ya ni hablar del despojo de tierras.
Jurídicamente somos los únicos propietarios ya que contamos con la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario; moralmente lo somos también porque desde tiempos inmemorables hemos reclamado tenazmente el título de las tierras de nuestros abuelos, que por décadas hemos cuidado y cultivado para beneficio de nuestra comunidad.
La nueva forma de invasión es ahora la de un modelo que se justifica bajo la idea de “desarrollo” que amenaza con la desaparición de los ejidos con el despojo de las tierras y el deterioro ambiental. Sabemos que las autoridades no están de nuestra parte y vemos con preocupación el fututo inmediato de nuestra comunidad, aun así hemos dado la batalla y en nuestros pueblos lo que hemos hecho son las consultas comunitarias para declarar territorios libres de megaproyectos.
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