octubre 06, 2015
Sergio Mastretta, Puebla
La primera ruta de la conversación con Adán y Paúl Xicale
La podredumbre del sistema judicial en Puebla analizado desde la cárcel por Adán Xicale
“El sistema judicial en México está podrido.”
Con esa primera frase me recibe en la cárcel Adán Xicale Huitle. Y yo pienso al escucharla que no hay mejor manera para definir la quiebra del Estado en nuestro país.
No hay otra forma de entrar a la realidad de su detención ilegal e injusta en la prisión de San Pedro desde hace un año, que se cumple este miércoles 7 de octubre: la violación sistemática de los derechos humanos de los reos, no importa si la deben o no, culpables o inocentes. Ese es el hecho fundamental que describe perfectamente al sistema de justicia en México.
Y Adán no empezó para profundizar en este análisis por su propio proceso. El abogado cholulteca de 56 años, preso político junto con su hijo Alejandro Paúl por encabezar el movimiento social que enfrentó la imposición en el 2014-2015 de un proyecto de desarrollo turístico impulsado por el gobierno de Rafael Moreno Valle en la pirámide de Cholula, abiertamente rechazado por un importante grupo de pobladores de los pueblos de San Andrés y San Pedro Cholula, analiza la situación desde los casos que se acercan a la mesa en la que platicamos en el patio principal del penal de San Pedro Cholula.
“La violación de derechos humanos de todos los procesados es la norma–me dice Adán nada más arrancar la conversación la mañana del jueves 10 de septiembre de 2015, en la primera de las visitas que a lo largo de las últimas cuatro semanas he realizado a los presos políticos cholultecas Adán y Alejandro Paúl Xicale–: No hay autoridad que tenga el sentido amplio de la justicia. Los jueces no tienen vocación de justicia.”
Cinco conversaciones en cinco visitas al penal. En ellas correrán en paralelo la vida del propio Adán Xicale –sus correrías políticas de juventud hacia la construcción del carácter de un luchador social–, el análisis del proceso penal que se le sigue y que bien da cuenta de su calidad de preso político, y la descripción y análisis del sistema de justicia, el comportamiento de las instituciones de procuración de justicia (los ministerios públicos) y su aplicación por los jueces.
Adán no empezó por describir su propio proceso: no relató de inicio las contradicciones legales de la averiguación en la se asienta la forma en que los detuvieron, ni el burdo proceso por el que los agentes del Ministerio Público en la Procuraduría en la ciudad de Puebla inventaron las declaraciones de los policías de la fuerza pública que detuvieron a los Xicale y a los Tlachi aquella madrugada en el zócalo de San Andrés; ni la manera en la que el juez empalmó contra la ley dos averiguaciones previas (la primera que conocieron los reos, la 581/2014, de la madrugada del 7 de octubre, por el delito de motín y sustentada en las declaraciones de los policías, y que alcanzaba la libertad bajo caución que les fue negada, y la que con la acusación de despojo, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación y daños a la presidencia, les fundó el auto de formal prisión, la 580/2014, armada a la carrera para asegurar el encierro antes del cumplimiento de las 48 horas establecidas por ley; ni la manera en que, luego de dos amparos federales con sentencia de libertad, la autoridad judicial saco de la manga en julio de 2015 una tercera acusación con la averiguación previa 532/2015 por los delitos de despojo en su hipótesis de: “turbe la posesión pacífica”, daño en propiedad ajena doloso y delitos cometidos contra funcionarios públicos en agravio de la sociedad, justo con todos los elementos en los que se fundó el proceso 445/2014 y por los cuales la justicia federal otorgó los amparos, y con la que el juez cholulteca justificó de nueva cuenta las órdenes de aprensión. Ni los careos exigidos por el propio juez federal, realizados el 31 de julio, en los que, entre otras irregularidades, se impidió a la defensa interrogar a los acusadores, ni se analizaron los videos que, presentados como pruebas por el propio Ayuntamiento de San Andrés son justo el descargo que la defensa subraya para comprobar la inocencia de los acusados Xicale.
No empezó Adán por describir el mayor de los absurdos con los que se ha llevado su proceso: el personaje en el que se conjuntan todas las acusaciones de los funcionarios de San Andrés Cholula –y que son con las que funda el juez Alejandro León Flores en el proceso 445/2014 el encarcelamiento de los Xicale–, la de Paulino Pedro Lozada Cuaya, el síndico municipal de Ayuntamiento, no estuvo en el lugar de los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2014.
“CONTESTA el testigo –se puede leer (y respeto la falta de comas) en la diligencia de careos realizada sin la presencia del juez Alejandro León Flores, el 21 de julio pasado–: mire don ADÁN yo no tengo nada en contra de ustedes yo simplemente recibí información toda por vía telefónica.”
Adán y Alejandro Paúl Xicale en una audiencia en el juzgado. Foto de la Jornada de Oriente
Por nada de eso empezó Adán Xicale su conversación conmigo. Su proceso lo expondré entonces en una tercera conversación aquí mismo en Mundo Nuestro.
La podredumbre en tres casos
Porque la podredumbre del sistema la expone el caso de cualquiera de los reos que vemos dar de vueltas en parejas por la cancha de básquet que sirve de espacio para la vida cotidiana de los reos en San Pedro Cholula. Así, en los hechos, en el análisis de tres casos de defensa que el abogado Xicale lleva desde la cárcel y con la descripción breve de la situación de sus compañeros de celda, la 119, Adán reflexiona y delimita la precaria situación de los mexicanos que caen en esta construcción porfiriana construida como hospital y que el gobierno poblano convirtiera desde hace décadas en prisión.
Así lo resume Adán: “Le decimos al juez: respeta, garantiza, promueve, difunde los derechos humanos, los que están en la constitución, empezando por el artículo primero. Pero al contrario, se violan los derechos humanos, no hay el debido proceso, no hay justicia rápida, expedita, completa. El juez viola la ley que establece que los procesos que contemplen menos de cinco años sean resueltos en menos de cuatro meses. Los ministerios públicos fabrican las acusaciones, los policías se convierten en los principales acusadores.”
Caso 1: Gabriel Mawitl Zamora
Gabriel aparece en la primera visita. Tiene 50 años de edad. No tiene duda en contarme su caso, no lo consulta con Adán, y aprovecha la primera oportunidad para contarme su historia:
“Yo nací en la ciudad de México, pero me vine a Puebla en 1991. Yo era taxista en el DF, pero con el terremoto las cosas se pusieron difíciles y acabé por venir para acá, pues mi papá era de Huejotzingo. Mi pleito empezó en el 2001, me acusó mi exmujer por supuesto abuso de confianza, un problema mercantil me lo volvieron penal. Por 52 mil pesos, que eran 30 mil sin intereses. Bueno, pues en el 2009 libera un juez una orden de aprensión. Me enteré en el 2013, cuando fui a solicitar un trabajo, salí positivo en los antecedentes penales. El 5 de agosto me reaprenden en Puebla, en la 10 Poniente y 5 de Mayo, llegaron tres judiciales de Cholula y me agarraron. Me dieron 4 años un mes. Y 78 mil pesos de fondo de reparación del daño. Mi delito no es penal. Metí un amparo y lo gané, el magistrado ordenó nueva sentencia, eso fue apenas el 12 de julio, y me sentenció a dos años 15 días, que ya cumplí, ya debería estar fuera, pero entonces el Ministerio Público apeló. Hay saña contra mí. Mis hijos ya no vienen. Aquí mismo me divorciaron de mi nueva pareja. Antes venía con mi hija, pero ya no la han traído… Ora yo veo el caso de don Adán y Paúl, es algo tan ilógico, tan disparatado, pero se ve que nuestras autoridades están para su beneficio, y si alguien las enfrenta optan por lo más fácil: que no estorben. Pero el señor Adán no lo hizo por él, lo hizo por su pueblo, por sus raíces, todos deberíamos tener algo de lo que ellos tienen, las cosas en México serían distintas.”
“Esa es la primera realidad aquí –afirma Adán Xicale tras escuchar el relato de Gabriel–: el abandono. Ahí tienes, el gobierno, en vez de invertir en más juzgados y personal, sigue en lo mismo. Todo se acumula, y los procesos se alargan seis meses, nueve, un año. Yo creo que hay una línea del gobierno de reprimir a la gente a través del Ministerio Público. ¿Y cómo lo hace?: inventa delitos a través de los policías, de los agentes del MP, incrementan las acusaciones, eso es generalizado. Por ejemplo, si el delito es en casa, si es en comercio, si es de noche, si es en transporte, si llevaba arma, inventan, crean agravantes. Y entonces, muchos jóvenes, por delitos menores, por mil pesos, por una bicicleta, se pasan años en la cárcel.
Caso 2: Teo Mejía Albor
Teo Mejía Albor antes de su detención es un joven guardia de seguridad en Grupo NORM, una fábrica de autopartes en la que ensamblan llantas y rines para la planta de Volkswagen. Sale con algunos compañeros de la fábrica en el parque FINSA. Van a la cantina, se emborrachan. En la calle paran un taxi. Van lejos. Acuerdan un precio. Cerca de su destino el taxi les dice que ahí los deja. Se hacen de palabras. Ellos dicen, entonces no te pagamos los 200 pesos, sólo la mitad. El taxista los ve pedos, dice, la regla es que si no pagan les rompemos la madre. Ya para eso se las ha arreglado para que lleguen otros taxistas de su base. Y si, les rompen la madre. Están en eso cuando pasa una patrulla con ministeriales de Tlaxcala, y de entrada, por lo que encuentran y ven suben al taxista a la batea de la unidad. Pero pronto llega el abogado de la corporación de taxistas y las cosas se revierten: bajan al taxista y suben a los obreros. Pasan de víctimas a acusados: que asaltaron al taxista, que le robaron la cartera. El taxista les pide dos mil pesos para arreglarse. No los tienen. Los llevan a San Lorenzo Almecatla, de ahí a Cholula. Ahí les piden 11 mil pesos, que no tienen. El Ministerio Público arma el caso: asalto con violencia a chofer de transporte público cometido por más de dos personas, en la noche, en estado de ebriedad. No necesita más agravantes: un juez los condenan a 19 meses de prisión, de los que en este septiembre han cumplido diez.
Dice el muchacho: “El MP imagina los hechos, dice que amagamos, que nos agarraron en flagrancia. Y lo que ocurrió es que los ministeriales de Tlaxcala no nos pidieron declaración, se arreglaron con el taxista, le dijeron al taxista tú ya no digas nada. Pero después, ya en el proceso, el taxista nunca se presentó, yo creo que por pena moral porque no le hicimos nada. Así que ya no hubo parte acusadora, nunca se presentó a las diligencias, pero así y todo, el juez nos echó 19 meses.”
El análisis de Adán
Dice Adán Xicale: el MP armó la averiguación, y aquí están ahora. Se violaron sus derechos humanos, y se violó en particular el artículo 17 de la Constitución mexicana, el derecho a una justicia rápida, expedita y completa. Los defendió un abogado de la defensoría pública que, como todos los defensores de oficio, vive del cochupo, vive presionado por el Tribunal y que simplemente no quiere perder la amistad del juez. Es sencillo probar esto: basta con revisar los procesos en los juzgados en los que intervienen los defensores públicos, ahí encontrarás que no hacen nada por defender a lo que Defensoría Pública llama “los usuarios”. Puedes revisar las sentencias, la documental pública de los casos, las actuaciones judiciales. El defensor público no se preocupa por ello. En muchísimos casos el preso dice: “no tengo parte acusadora.”
Así es, el taxista que acusa a Teo Mejía simplemente no ha vuelto a aparecer desde aquella noche en que le propino una madriza al guardia de seguridad industrial. Ahora de la parte acusadora sólo queda la averiguación armada por el Ministerio Público.
“La verdad es que al juez no le preocupa lo que le pase a la gente –continúa el abogado Xicale–. Este muchacho, y nosotros, cuando salgamos, no vamos a recibir de su parte una disculpa por el daño que nos hace.”
Cómo funciona este sistema
Para Adán Xicale el dinero es lo que explican este sistema podrido. Dos elementos pueden explicarlo:
“La verdad es que hay una indicación: meter a la gente a la cárcel, incrementar las fianzas –y en ese tema es un hecho que no hay control–, y como no están ligadas al presupuesto en el Congreso, toda esa gran bolsa se maneja en el Tribunal Superior de Justicia. Es un gran juego de intereses, ¿tú crees que alguien de ellos le interesa que ese problema se resuelva? Y luego está el Fondo para la Reparación del Daño, que tampoco tiene control. ¿Cuánto dinero se mueve ahí?”
La justicia podrida y la pobreza
Entender el hecho de que los policías municipales, y sus declaraciones, se convierten en los principales acusadores. Esa realidad es la que tiene en la cárcel a los señores Xicale.
Por el patio camina un muchacho. Adán lo señala, me dice su apodo, es el Caballito, y está aquí acusado del robo de unos caballos. No tiene muchos meses que llegó de extracción muy humilde, virgen en sus sentimientos. Ha sufrido mucho el maltrato de los otros presos, ya lo malearon, ya va receloso, ha aprendido a defenderse. Adán lo ve pasar y reflexiona sobre la justicia que tiene aquí a muchachos como el Caballito.
Entender el fenómeno del encarcelamiento
“Tienes que entender el fenómeno del encarcelamiento –me dice–. Desde ahí ves que el sistema judicial está podrido. Y en el fondo, por ahí se explica el clientelismo electoral, hay un objetivo político en el hecho de tener a tanta gente, la deba o no, sin sentencias, pasando años sin que sus procesos avancen y se resuelvan. Las personas que no tienen trabajo o que no tienen ingresos seguros y suficientes se ven obligadas a robar, robos menores, que la playera, que la bicicleta, las herramientas, no son delincuentes peligrosos, y muchísimos roban por primera vez. Los atrapan, y en vez de llevar dinero a su casa lo que les crean es deudas y conflicto familiar por el costo de la defensa, y si ya de por sí la familia es pobre, se convierte en más pobre económicamente, en valores, en sentimientos. Esa gente es la más susceptible de convertirse en mercancía electoral, y si les ofrecen 200 pesos por su voto claro que lo venden. Aquí ves llegar a las familias que sin empacho, sin pena traen la comida para sus presos en las bolsas de propaganda de los partidos políticos, y las cuidan porque no tienen para comprar otra; bolsas del PAN, del PRI, de Nueva Alianza. Por eso mucha gente ya no les interesa nada, no razonan sobre el sistema. Al pobre lo quieren tener más pobre, porque así sólo va a estar pensando con el estómago, no verá el origen de los problemas sociales, vivirá despolitizado.
Caso 3: Salvador Estévez
En el patio la voz femenina en el parlante llama a pase de lista. Una pelotera de alrededor de 300 reos se ordena en filas como si estuviéramos en el patio de una primaria. Salvador Estévez, de 36 años de edad, profesor de inglés, olvida por un instante que ya no es un reo, que ha venido de visita y que no tiene que formarse. Lo veo decidido cómo deja la silla en la que me ha platicado su situación y casi toma camino con los presos Adán y Paúl Xicale. Al final se acuerda y regresa. Sonríe. “Tenemos que reírnos de nuestras desgracias”, me dice.
Estuvo poco más de un mes en la prisión de San Pedro, del 21 de junio al 16 de julio. Lo agarraron por robo de una playera en el Liverpool de Angelópolis. Sí, no niega que lo hizo. Lo enganchó un amigo sin mayor aviso: escóndela, le dijo, no pasará nada. La escondió… y lo agarraron a la salida. Primero el policía. No hay bronca, le dijo al vigilante, la pago y ya estuvo. No, no estuvo. Aparecieron dos empleados: “Así que te llevabas la playera, una polo, ¿verdad?, bueno, sí la pagas, pero te va a costar cuatro mil pesos. ¿Cómo?, no los tienes, pues consíguelos, pero rapidito, tienes quince minutos.”
No los tuvo. Se lo llevaron al Ministerio Público.
El careo de Adán con sus acusadores
Al final Adán voltea para sí mismo. “Puedes entenderlo en los careos ordenados por el juez federal para nuestro caso el 31 de julio pasado –me dice–. El juez, de entrada, no asiste, sólo se presenta el secretario. Y nuestros acusadores, callados, riéndose, viendo al piso. Nunca alegaron nada. ¡Reconoce que mentiste!, les decíamos, y ellos, lo que declaré lo sostengo. Y todos nuestros alegatos no sirvieron de nada. El juez no los toma en cuenta. Pero ahí está lo que sí dijo el Síndico, que él no estuvo ahí, que todo se lo dijeron por teléfono.”
Y con esa acusación principal, la del representante del gobierno municipal de Leoncio Paisano, los señores Xicale han permanecido en la cárcel un año.
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