Dalia Souza
19 de octubre 2015.- “Justicia… justicia sería que mi hijo estuviera conmigo”, expresó la madre de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, a quien hace un año a le arrebataron la vida. Su cuerpo fue encontrado en el callejón Peña Grande dentro del terreno marcado con el número 28 en la ciudad de Guanajuato, después de que policías estatales le detuvieran de manera arbitraria.
Ricardo era estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica en el Centro Universitario de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en Lagos de Moreno; Jalisco. Todo sucedió el fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2014 dentro de la coyuntura del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, cuando Ricardo junto con varios estudiantes del CULagos, salieron en una excursión con destino a este festival cultural.
Horas más tarde de su llegada a la ciudad, mientras él y dos de sus amigos descansaban en una fuente en la Plaza del Ropero, un par de policías estatales (así lo corroboraría la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato) llegaron al lugar y los detuvieron para hacer: “una revisión de rutina”. Ricardo que había ido al baño no se percató de ello hasta que regresó y vio lo que le sucedía a sus amigos. Él optó por retirarse del lugar sin generar conflictos, sin embargo, su único error fue decir al aire “mejor vámonos, ya se van a poner perros”. Acto seguido los elementos de seguridad estatal le sometieron -aseguraron los testigos- y se lo llevaron al callejón que está a un costado del estacionamiento del Hinojo, sin permitir que sus amigos pudieran llegar a él. Ahí fue la última vez que se le vio con vida.
Las declaraciones oficiales aseveran que Ricardo había orinado en vía pública y que por esa razón se lo llevaron, par que “pidiera disculpas” al dueño de la finca donde lo había hecho. No obstante, una persona que se encontraba en el sitio, declaró que había sido testigo de cómo los policías lo estaban extorsionando en el callejón e incluso, aseguró que pudo ver que Ricardo había hecho una llamada telefónica desde su celular pidiéndole a “alguien” dinero.
A un año de esta tragedia, para la familia de Ricardo no hay consuelo, ya que les arrebataron a un hijo, a un hermano, a un novio y hasta hace unos meses a un padre, pues Ricardo es ahora papá de un pequeño hijo. Para su familia no hay justicia pues la investigación en torno a su muerte se ha mantenido intacta, no hay nada más allá de la obtención de la sábana de llamadas del celular de Ricardo con lo cual se podrá saber las últimas llamadas que él realizó el día de su muerte. Esta sábana que les otorgó la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato se obtuvo casi un año después siendo que ésta será vital para conocer si, en efecto, Ricardo llamó para responder a la extorsión de la que estaba siendo objeto de parte de los policías de Guanajuato.
Tanto el gobierno de Guanajuato, como el de Jalisco, la propia UdeG, así como las organizaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que en primer momento estuvieron “al tanto” y “pugnando” para que se esclareciera su muerte, han demostrado con el paso de los meses que sus promesas han sido falsas y sus acciones son lentas y escasas.
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Las promesas que nunca se cumplieron
Tras la muerte de “Richard” -como le nombran aquellos que lo quieren aun en la distancia-, los gobiernos del estado de Guanajuato y de Jalisco, así como la Universidad de Guadalajara (casa de estudios del joven) y las organizaciones de estudiantes que de ella se desprenden, estuvieron activamente coadyuvando en la investigación del caso aunque con el tiempo se deslindaron, se volvieron omisas e indiferentes.
Durante los primeros momentos, cuando se pensó que habían sido policías municipales los que se lo había llevado, las autoridades guanajuatenses emitieron distintas declaraciones en las que presumían un dejo de justicia y apoyo a la familia para el esclarecimiento de la muerte de Ricardo pero que de apoco se esfumarían, tales como las del ahora ex Presidente Municipal de Guanajuato (2012-2015), Luis Fernando Gutiérrez Márquez, quien aseguraba que todo estaba en manos del Ministerio Público y que buscarían el esclarecimiento del caso: “Todo está en manos del Ministerio Público y nosotros no quisiéramos dar una declaración al respecto porque le corresponde a ellos. Lo que nos queda por hacer es apoyar en las investigaciones”.
Comenzaría también el deslinde de responsabilidades, pues durante la primera rueda de prensa en Guanajuato, el 21 de octubre 2014, sería también el alcalde Gutiérrez Márquez quien desvincularía a sus cuerpos de seguridad, advirtiendo que no existía reporte de que elementos de la Policía Preventiva hubiesen detenido a Ricardo, según se precisó “en base a una investigación que realizó la Dirección General de Seguridad Ciudadana”.
Incluso, en su momento se intentó criminalizar la causa de su muerte y hasta minimizarla presumiendo que había sido una “caída” ya que se encontraba realizando “parkour”.
Es importante precisar que Ricardo no conocía la ciudad, ya que era la primera vez que la visitaba. Es decir, resulta poco verosímil que en lugar de regresar al punto donde se encontraban sus amigos después de la detención (suponiendo que se le haya dejado en libertad) y lo que ello supone: miedo e incertidumbre sumada la preocupación, hubiese decidido ir a realizar cualquier otra actividad.
Días más tarde grupos estudiantiles de la Universidad de Guanajuato y de la UdeG llevaron a cabo una gran manifestación en la que exigieron al gobierno guanajuatense justicia y esclarecimiento por la muerte de Ricardo. El contingente estuvo conformado por nueve camiones provenientes de Ocotlán, Lagos de Moreno y Guadalajara, además de 50 vehículos particulares de la Federación de Estudiantes Universitarios. Aquel día José Alberto Galarza, presidente de la FEU, y Mauricio Piñón Maldonado, representante de estudiantes del CULagos, entablaron el diálogo con el subprocurador de Justicia de Guanajuato, René Urrutia De la Vega, y el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, quienes ante la exigencia de la comunidad universitaria hablaron de la probable “incorporación de una comisión de investigación en el estado de Guanajuato”, esto si los familiares de Ricardo y sus representantes legales no confiaban en el trabajo de transparencia y procuración de justicia de las autoridades guanajuatenses.
En el mismo sentido y con insistencia se mencionó sobre la importancia de que se coadyuvara a la localización de los testigos presenciales para que ellos declarasen a la brevedad. A pesar de ello sólo tres lo han hecho y de acuerdo con la familia todas las versiones parecer ser el espejo de una sola versión oficial que además presenta inconsistencias, las cuales aún no han sido aclaradas por nadie y de las que nadie quiere hacer ningún comentario, pese a que se propusiera de parte de la FEU, la creación de una “Coordinación de Acompañamiento a Víctimas” donde presuntamente estaría integrado el caso de Ricardo. De esta coordinación la familia nada ha sabido.
Se anunció también la formación de una comisión integrada por el abogado general de la universidad y autoridades universitarias, tal y como lo declaró el Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: “esta Casa de Estudio quiere conocer, de manera directa, las pruebas periciales que ellos (la Procuraduría de Guanajuato) han presentado, con el propósito de que la comunidad universitaria esté informada de lo que ocurrió” (27 de octubre 2014).
Al respecto, el abogado General de la UdeG, Francisco Javier Peña Razo, declaró que a un año de la muerte de Ricardo la investigación está cerrada debido a que tanto las necropsias realizadas en Guanajuato como en Jalisco determinaron y coincidieron en que la causa del deceso había sido “traumatismo craneoencefálico y obstrucción de las vías respiratorias”. Sin embargo, opuesto al dicho de esta autoridad, para la familia la investigación sigue abierta mientras no se esclarezca cómo es que Ricardo llegó a la barda de ese patio después de que los policías lo detuvieron, ya que es importante aclarar quiénes fueron los que le arrebataron la vida, pues para la familia de Ricardo es claro que éste no pudo llegar sólo al lugar de los hechos.
La promesa que haría a la familia de Ricardo, el rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, sobre la facilitación de un abogado en la ciudad de Guanajuato para que coadyuvara en la investigación no sólo fue incumplida sino que ésta se condicionó, tal y como aseguran los familiares, pues les advirtieron que de entrar otro abogado al caso se eliminaría la asesoría que se estaba otorgando de la UdeG. También fue echada al vacío la propuesta que les hizo el Rector del Centro Universitario de los Lagos, Armando Zacarías, sobre la facilitación de los testigos, sus declaraciones y el listado de los estudiantes que asistieron aquel día al Festival Cervantino y a un año nada de lo anterior ha sucedido. En lo que concierne al papel desempeñado por el gobierno de Jalisco y por el abogado que fue designado por el gobernador, Aristóteles Sandoval, éste sólo ha sido un mediador entre las entidades y nunca un verdadero coadyuvante como se prometió.
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Ricardo: la siembra de un cuerpo
Quienes aman a Ricardo en presente saben que la escena de su muerte es un montaje. Para ellos, su cuerpo fue sembrado al igual que las pruebas que intentan decir que él simplemente se cayó mientras bajaba la barda de una casa. El cuerpo sin vida de Ricardo fue localizado el domingo 19 de octubre de 2014 en el número 28 del callejón Peña Grande en la ciudad de Guanajuato.
De acuerdo con la hipótesis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, Ricardo murió por una caída mientras intentaba bajar por la parte posterior de la fachada de esta casa desde la azotea. Aseguran que quiso descender agarrado de un tubo de cobre que corría hacia un boiler éste al no sostener el peso de Ricardo se venció o provocándole la caída que derivó en su muerte.
Algunos de los argumentos para sostener esta hipótesis son:
1.-Que en una de sus manos se encontró una ligera coloración verde proveniente dijeron del tubo por el que se deslizó.
2.- La abolladura en el boiler, que según precisaron se generó por el impacto que tuvo Ricardo al instante de la caída.
3.- La fibra roja o rastros de la tela de su camisa en el boiler.
Los médicos forenses sostuvieron que la causa de muerte de Ricardo fue traumatismo craneoencefálico, de acuerdo con los resultados de la primera necropsia realizada, además de que con ésta, dedujeron que la muerte “aconteció en el lugar donde se localizó su cuerpo”. Este dicho es el que se presentó frente a la voz pública en la ciudad de Guanajuato y hasta el momento ha sido la versión oficial fehaciente. Sin embargo, existe una segunda necropsia realizada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y por la que se pugnó insistentemente aún con las negativas del equipo jurídico responsable del caso en Jalisco.
En ella, aunque Jalisco coincide con la causa de muerte planteada por las autoridades guanajuatense se evidenciaron por lo menos 30 puntos omitidos en el examen médico forense de Guanajuato, así lo advierte la familia de Ricardo, quienes señalaron que entre ellas estaban rasguños en sus muñecas, golpes en la entrepierna, costillas y en su cara, una fractura de nariz que -a decir de su familia- tuvo que provocarle un gran sangrado, el cual en ningún no fue evidente ni en el lugar donde se le encontró, así como tampoco hubo manchas en su pantalón, camisa o zapatos. Para la familia la muerte se generó por algo más que por la caída.
No obstante, señalan que el peritaje realizado en Guanajuato manifiesta que Ricardo todavía cayó con una de sus rodillas y que al recibir la presión del impacto esto fue lo que ocasionó el traumatismo y posteriormente su muerte. De manera sorprendente, la rodilla de Ricardo no resultó fracturada, ni lastimada y mucho menos herida.
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La simulación de las autoridades
Una simulación, un ejercicio ficticio de lo que a un año continua siendo la “verdad” oficial. Tres videos que prometieron esclarecerían los trayectos y caminos andados por Ricardo en la ciudad de Guanajuato entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de octubre de 2014. 64 cámaras del programa Escudo del gobierno estatal revisadas, 768 horas de grabación y con ellas la gran pregunta aún no resuelta ¿Por qué, quién y cómo llegó Ricardo hasta el lugar donde estaba su cuerpo?
Sin respuestas y sin verdad. La familia de Ricardo, asegura que de los tres videos presentados sólo en uno aparece: en el primero donde se encuentra el estacionamiento y dónde lo retienen los policías, en el segundo donde Ricardo aparece “hablando por teléfono”, como lo advierte la autoridad, la familia señala que es evidente que Ricardo no es el de la imagen pues la forma en la que lleva las mangas de su camisa, es decir, sin doblar, deslizadas hasta sus puños no es siquiera semejante a como él las tenía cuando fue encontrado sin vida, arremangada a tres cuartos, y el tercero que ya fue eliminado de la red, estaba grabado en blanco y negro lo que dificulta el que pueda afirmarse o no que es él.
Los videos para la familia son la prueba de la simulación y el encubrimiento de las autoridades.
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Una ejecución extrajudicial producto de una detención arbitraria
¿Cómo explicar este crimen? ¿Cómo alguien puede aparecer sin vida en un patio, de una casa, en un estado donde se presume plena seguridad, y tras la detención de unos policías? La respuesta es simplemente la prueba de lo sucedido: una ejecución extrajudicial. Así lo denunció el “Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014? del Departamento de Estado de Estados Unidos que además de nombrar los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa anuncia la muerte de Ricardo de Jesús Esparza Villegas: “México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos, incluidos participación de policías y militares en serios abusos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abuso físico. La impunidad y la corrupción siguen siendo serios problemas, particularmente a niveles del Estado y locales, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. El crimen organizado perpetúa altos niveles de secuestro y violencia contra periodistas y otras personas, lo que limita la libertad de expresión”.
En Guanajuato, los elementos de seguridad son los que más quejas acumulan ante la Procuraduría de Derechos Humanos, así lo reconoció el vocero de esta institución, José Luis Pérez. Detenciones arbitrarias y faltas a los derechos humanos son mayormente cometidas por los policías municipales.
De acuerdo con el Informe de actividades enero-diciembre 2014 de la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato, hubo 156 quejas por detenciones arbitrarias en el estado respecto al 2013 donde se presentaron 164, es decir apenas una disminución del 4.88% en dos años y 51 expedientes abiertos por el mismo delito, además, la mayoría de éstas son atribuidas a autoridades de seguridad pública municipal (341 quejas). Respecto a casos de tortura, Guanajuato concentra 21 expedientes, 20 de ellos son hacia agentes de la policía ministerial. Mientras que 282 recomendaciones fueron emitidas a autoridades estatales.
Aunque las estadísticas parecen representar un patrón común en las prácticas que los elementos de seguridad ejercen en contra de los civiles, la muerte de Ricardo en Guanajuato no se investiga ni como una detención arbitraria y, mucho menos, como ejecución extrajudicial. Pese al informe de las autoridades norteamericanas, las autoridades locales descartaron su dicho porque para ellos no hay otra verdad que no sea la suya.
Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato mantuvo el caso de Ricardo hasta mayo o junio de 2015 bajo el expediente 273/14 A para posteriormente turnarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD). De ello, sólo se desprende que quienes le detuvieron en el primer momento fueron dos policías que portaban las siglas en su uniforme: Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y que por ende fueron agentes estatales. La CNDH se negó a compartir información sobre el caso argumentando que era un expediente particular.
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Familia de Ricardo clama justicia
Ya ha pasado un año de la muerte de Ricardo y la justicia parece distante. Para su familia, las irregularidades van desde los testigos que no han declarado o que lo han hecho con inconsistencias, hasta el encubrimiento de las autoridades, omisión o descarte de pruebas relevantes para el avance de la investigación en manos de los abogados, irregularidades en los peritajes y necropsias de ambos estados. Todo esto, para la familia, lo único que ha generado es impunidad.
Pero la lucha aún no ha terminado, la necesidad de justicia que siente su familia parte del gran amor que sus hermanas, su mamá, su novia y ahora su pequeño hijo (vivo reflejo de su mirada), requieren para seguir existiendo, para seguir dándole al mundo lo que él le dio: un ser humano harto de las injusticias, en contra de cualquier impunidad y fuerte en la verdad.
Por esta razón realizan las siguientes peticiones:
Que se esclarezca la muerte de Ricardo
Que las autoridades involucradas en el caso coadyuven para que se detenga a los responsables
Que declaren los testigos que aún no declaran y que se deje de protegerles
Que sea entregado el listado de los estudiantes que asistieron al Festival Cervantino aquel 18 de octubre de 2014.
Que se revisen las irregularidades en los peritajes y que trasciendan en resultados.
Que la sociedad no olvide
Para ellos no existe explicación evidente, y la pregunta permanece sin ser resuelta ¿cómo Ricardo llegó al número 28 del callejón Peña Grande? ¿Quién lo llevó ahí y por qué razones?
www.proyectodiez.mx/la-impunidad-que-no-termina-un-ano-del-asesinato-de-estudiante-de-la-udeg/
