Sergio Caballero
26 de noviembre de 2015
Reportaje Especial
El área protegida de Punta Laguna ha sido defendida con denuedo por los ejidatarios de Valladolid, en el estado de Yucatán. Desde hace años han sido despojados de grandes cantidades de tierras, los han hecho víctimas de sanciones y “rasuramientos” para manipular las asambleas. Recientemente el secretario general de Gobierno de Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, y el asesor Rafael Acosta Solís les propusieron un pacto para mantener la parcelación del ejido y para que la zona sea administrada por el gobierno estatal. Los pobladores inconformes, quienes con machetes impidieron un desalojo en los años noventa, dicen ahora que no aceptarán la propuesta y advierten: “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.
VALLADOLID, YUC. (Proceso).- A mediados de los noventa, el padre y los tíos de Mariano Canul Abán repelieron con machete en mano a policías estatales que pretendían desalojarlos de Punta Laguna para dar cumplimento a un acuerdo de permuta de tierras establecido por los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán.
Más de 25 años después, Mariano y los pobladores de Punta Laguna, hoy Área Natural Protegida (ANP), están dispuestos a empuñar otra vez los machetes para impedir que los desaloje Rafael Acosta Solís, exfuncionario del gobierno de Yucatán vinculado con la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y respaldado por el actual mandatario estatal, Rolando Zapata Bello.
Punta Laguna, lugar conocido como santuario del mono araña, se ha convertido en un nuevo Holbox, en donde grupos económicos y políticos no sólo pretenden despojar a indígenas mayas de sus tierras, sino apoderarse de una reserva natural para la construcción de un desarrollo turístico en una zona estratégica entre la Riviera Maya, de Quintana Roo, y Valladolid, Yucatán, la segunda ciudad más importante de esta entidad.
Procedentes de Chemax, el abuelo de Mariano, Ignacio Canul Tun, y sus hermanos Domingo y Marcos fueron fundadores en los años sesenta de esa pequeña comunidad en medio de la selva que, si bien colinda con Quintana Roo, pertenece al ejido y al municipio de Valladolid.
Al principio se dedicaron a la explotación del chicle y a la agricultura, hasta que la zona fue declarada Área Natural Protegida (ANP), con el nombre de Otoch Ma’ax Yetel Kooh (Casa del Mono y el Jaguar).
El 5 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del ANP de Otoch Ma’ax Yetel Kooh, con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), bajo la administración del ejido de Valladolid.
Los pobladores dejaron el chicle y la agricultura tradicional para dedicarse a actividades turísticas sustentables, consistentes básicamente en el avistamiento del mono araña en esta ANP, en donde hay unos 400 ejemplares.
Ejidatarios y sus hijos, agrupados en la cooperativa Najil Tucha, entablaron, hace nueve años, un acuerdo para la explotación del ANP Ma’ax Yetel Kooh con las entonces autoridades del ejido de Valladolid.
El convenio entre la cooperativa y el ejido consiste en una “concesión” por 30 años, con una contraprestación de 4 mil pesos mensuales.
El ejido de Valladolid cuenta con cuatro polígonos que están separados y que son denominados: Zaciabil, de 340 hectáreas, en la periferia de la ciudad; Papagayo, de 3 mil 600; San Antonio, de 3 mil 600, y Punta Laguna, de unas 30 mil hectáreas, incluida la APN de Otoch Ma’ax Yetel Kooh.
Pero las cosas empezaron a cambiar en 2013 para las 40 familias de Punta Laguna y los 704 ejidatarios de Valladolid, ya que el entonces presidente del Comisariado Ejidal, Leonardo Pech Un, de buenas a primeras determinó fraccionar el polígono Zaciabil.
Proceso se reunió con un grupo de ejidatarios en un domicilio del barrio de San Francisco, de Valladolid, quienes narraron la manera en que Rafael Acosta Solís, en complicidad con dirigentes comunales, ha realizado una serie de acciones para parcelar todo el ejido, con el último fin de apoderase de Punta Laguna.
El primer problema de Leonardo Pech es que necesitaba una mayoría calificada de la asamblea –75% del total en primera convocatoria y la mitad más uno en la segunda, de un conjunto de 704 ejidatarios inscritos en el padrón– para fraccionar Zaciabil.
La última vez que se logró la mayoría calificada fue en 1998, y en asambleas recientes la participación no ha superado los 350 ejidatarios.
Para resolver este inconveniente, el presidente del Comisariado Ejidal se dedica a sancionar a ejidatarios y a separarlos de sus derechos con el objetivo de reducir el número total a efecto de obtener el quórum legal.
La purga y la explotación
El ejidatario Miguel May señala que empezaron a ser sancionados sin mediar el elemental derecho de audiencia.
En medio de este proceso de purga de ejidatarios apareció Rafael Acosta Solís como “asesor legal del nuevo presidente del Comisariado Ejidal, José Matilde Cervera Dzul, quien formó parte de la Comisión de Reparto durante la administración de Leonardo Pech”, explica.
En ese entonces poco se sabía en Valladolid de Rafael Acosta, quien había sido subprocurador general de Justicia y posteriormente fue parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado –en la administración de Ivonne Ortega–, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y actualmente diputado federal.
En marzo de 2014 se realizó una asamblea que tuvo tres puntos principales: el primero fue la lotificación y parcelamiento de las 324 hectáreas del polígono Zaciabil; el segundo, la suspensión de 245 ejidatarios, entre ellos opositores a la lotificación del ejido; y el tercero, formalizar la contratación de los servicios de Rafael Acosta como asesor del ejido.
Pero lo que más llamó la atención fue la manera en la que se pagarían los honorarios de Acosta Solís: se determinó que fuera 20% “de lo que se haga”, según consta en el acta de asamblea.
El primer pago para Acosta Solís consistió en 20% por las 94 hectáreas del polígono San Antonio, y la proporción correspondiente por los 840 mil pesos que el ejido recibió por la ampliación del periférico de la ciudad de Valladolid.
Más aún, los servicios de Acosta Solís no se reducirían a Zaciabil, sino que abarcarían los cuatro polígonos del ejido Valladolid, que suman 36 mil hectáreas y que incluyen a Punta Laguna.
Por todo, Rafael Acosta recibiría 7 mil 200 hectáreas, una extensión que supera la reserva de Punta Laguna, que es de 5 mil 300.
En contraste, cada ejidatario obtendría, en caso de la parcelación de todo el ejido, unas 37 hectáreas.
Una vez concretado el reparto de Zaciabil, al año siguiente José Matilde Cervera y Rafael Acosta organizaron otra asamblea para parcelar todo el ejido, incluido el polígono de Punta Laguna.
El 29 de marzo de 2015 se efectuó la asamblea, con el padrón rasurado, pero no sólo 245 ejidatarios fueron suspendidos, sino que además no dejaron pasar a otros que contaban con derechos, y permitieron el acceso a personas que no eran ejidatarios.
Por primera vez hubo granaderos de la Policía Estatal, y en la asamblea participó un representante de la Secretaría de Gobierno de Yucatán, al que los entrevistados dicen no haber reconocido.
A fin de cuentas, fue aprobada la lotificación, pero sin planos del parcelamiento.
El 19 de abril se realizó otro asamblea sin dar vista a todos los asistentes del acta de la anterior y cuando ya había concluido el castigo de 245 ejidatarios.
Dicha asamblea tuvo el propósito de sancionar a más ejidatarios para no sólo alcanzar el quórum legal, sino también para borrar cualquier disidencia ante el parcelamiento.
Y con la disidencia plenamente suprimida, se convocó a otra asamblea para el 20 de septiembre. Entre sus fines, ratificar a Rafael Acosta como asesor legal y acabar con el contrato con la cooperativa Najil Tucha.
La sesión tuvo un mal inicio, pues ingresaron personas que no eran ejidatarios y no fueron nombrados en el pase de lista. Los “rasurados” iniciaron entonces una trifulca que derivó en la detención de siete “opositores” y tres partidarios de José Matilde Cervera.
El Comisariado convocó a otra asamblea para el 4 de octubre, también en la Casa Ejidal. Desde el día 3, policías estatales resguardaron la Casa Ejidal; en la fecha de la asamblea se impidió el acceso a los disidentes y, de nuevo, dejaron entrar a personas que no son ejidatarios.
Se aprobó la ampliación del contrato de Acosta Solís, quien, ante las inconformidades expresadas por sus altos honorarios, aceptó reducir el porcentaje de su pago a 12%. Aunque, en realidad, la operación de la lotificación de los cuatro polígonos del ejido ya estaba concluida, con la tarifa de 20%.
La asamblea también determinó finalizar unilateralmente el contrato con la cooperativa Najil Tucha.
Por lo pronto, los “opositores” han presentado recursos para revertir las asambleas en las que se lotificó el ejido, aun cuando ignoran la magnitud del daño y cuáles fueron las tierras con las que se cobró Rafael Acosta Solís, pues Matilde se niega a proporcionar copias de las últimas asambleas.
Medio de subsistencia
Punta Laguna es una comunidad de unas 40 familias. Todas dependen del ecoturismo y de la zona protegida, precisa Mariano Canul Abán, presidente de la Cooperativa Najil Tucha.
“Los hombres somos guías. Hacemos paseos a la laguna, a la selva, a los cenotes. Las mujeres elaboran y venden artesanías”, refiere.
Cuando el ahora expresidente del Comisariado Ejidal Leonardo Pech les dijo hace dos años que la cooperativa, en vez de pagar como contraprestación 4 mil pesos mensuales, tendría que aportar 25% de sus ingresos, los cooperativistas rechazaron las nuevas condiciones y le dejaron en claro que la concesión y sus términos eran por 30 años.
En marzo de este año, Matilde Cervera se negó a continuar recibiendo las aportaciones de los miembros de la cooperativa, para después acusarlos de que habían dejado de pagar 4 mil pesos mensuales.
Bajo ese argumento, el pasado 4 de octubre Matilde Cervera puso a consideración de la asamblea retirar la concesión a la Cooperativa Najil Ticha, lo cual fue aprobado.
Su intención es, acusa Canul Abán, desalojarlos para hacer un desarrollo turístico con los terrenos que obtuvo como pago por sus servicios al ejido Rafael Solís.
Por lo pronto, los cooperativistas ya recurrieron a un amparo contra la asamblea, que fue avalada por las autoridades agrarias.
Además, los ejidatarios disidentes también han tratado de llegar a un acuerdo político con el apoyo del gobierno del estado.
El 28 de mayo de este año, un grupo de ejidatarios, entre los que se encontraba Armando Hoil Uicap, se reunieron con el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, en un encuentro donde también participó Rafael Solís.
El colaborador del gobernador Zapata Bello les propuso un acuerdo, relata Hoil Uicap, y explica: “Nos ofrecieron las mejores tierras a cambio de que abandonemos a los compañeros ejidatarios”.
El trato consistía en mantener los acuerdos para parcelar el ejido, aunque Punta Laguna pasaría a ser administrada por el gobierno estatal.
“El secretario me dijo que era nuestra oportunidad, y que una oportunidad así no presentaría otra vez.
“Y esta fue mi respuesta –recuerda Armando Hoil–: Unos están acostumbrados a traicionar a su gente, pero nosotros no.”
Y le advirtió:
“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.”
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