Medio para armar
En el municipio de Atenco, Estado de México, pobladores del pueblo de San Cristóbal Nexquipayac continúan en lucha contra el despojo de sus tierras por la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un proyecto de Enrique Peña Nieto.
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CHIMALHUACAN, Méx. 11 de noviembre 2015.- En una acción coordinada, pequeños propietarios de los Tlateles o el Moño realizaron manifestaciones en la Secretaria de Gobernacion, PGR, CNDH, SEDATU y en el Congreso de la Unión, para defender sus tierras y que se les pague a un precio justo, porque van a estar dentro de donde se construirá el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
El lunes 16 de noviembre se instalará una mesa auxiliar de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chimalhuacán para que reciba las denuncias en contra de Lorena Roa y Mario Vázquez, funcionarios de la secretaria de Gobernación, quienes serán acusado de despojo e intimidación a pequeños propietarios del predio Los Tlateles o los Moños.
Juan Loreto González, uno de los defensores de los Tlateles, informó que ayer 10 de noviembre los pequeños propietarios se movilizaron e hicieron manifestaciones en la Secretaria de Gobernación, PGR, cámara de diputados y de senadores, así como en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para buscar solución a su demanda de pago justo.
Dijo que uno de los logros fue que se va a instalar una mesa auxiliar de la PGR en Chimalhuacán en contra de los funcionarios públicos federales que han engañado y despojado de sus tierras a familias.
Asimismo, en la Cámara de diputados se buscó una reunión con el presidente de la mesa directiva, Jesus Zambrano y en la SEDATU la revisión de los expedientes de predios confiscados a sus dueños.
Juan Loreto dijo que también se buscan las condiciones para tener una reunión con el secretaria de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se soluciones este conflicto agrario que ocasionados los funcionarios federales Lorena Roa y Mario Vázquez.
Los pequeños propietarios de Los Tlateles o El Moño se han movilizado durante un años para conseguir ser escuchados por le gobierno federal y obtener el pago justo por sus tierras.
En el fondo, los pequeños propietarios luchan por el pago de casi mil hectáreas, en donde ya se hacen obras hidráulicas en torno a donde quedará el aeropuerto internacional.
Ellos establecieron que no se oponen al proyecto aéreo, sino sólo quieren que se les pague lo justo, es decir dos mil 500 pesos por metro cuadrado y no 10 o 60 pesos.
Miguel Ángel Miranda, GUANAJUATO, Gto.
La empresa minera Parreña tiene el permiso para realizar excavaciones en otros cerros, sin embargo, tendrá que entregar informes a la dirección de Desarrollo Urbano para no dañar la fisonomía de la ciudad, así lo informó el titular René Martínez Ríos.
El funcionario señaló que las explosiones que podrá realizar dicha empresa son temporales y que, además, tendrán que remediar las zonas afectadas. “Ellos van a seguir haciendo exploraciones, pero nos van a dar un informe de cuáles sitios van a estar trabajando; ello tienen un programa que tiene autorizado por la federación para las exploraciones”, indicó.
Para ello, se les solicitó un informe sobre las próximas excavaciones que realizarán en otros cerros del municipio y sobre los trabajos que estarán realizando.
Y es que desde hace más de cuatro meses, la empresa Exploración Minera Parreña (filial Fresnillo, antes Peñoles), realiza una exploración en el Cerro de Sirena de manera irregular, al no contar con el uso de suelo forestal para dicha excavación, además de que no ha presentado el estudio técnico justificativo a la Semarnat.
“Hay un trabajo que no nos compete como son las exploraciones y la cuestión ambiental, en donde tienen el permiso que le compete a la federación” René Martínez Ríos director de desarrollo urbano
“No se llegó al nivel de la multa porque atendieron el requerimiento que se les había hecho, señalaron que no era competencia del municipio, sin embargo ya hubo una reunión con ellos en donde se les comentó el asunto y el motivo con las justificaciones que se estuvo interviniendo y lo entendieron así”, indicó Martínez Ríos. En este sentido, comentó que están en el proceso de enviarles un listado de los requisitos que tiene que cumplir para que se regularicen, entre ellos, se les solicitará un informe sobre las perforaciones que están realizando en el Cerro de la Sirena.
Tendrá que remediar daños
René Martínez Ríos, explicó que la empresa minera tendrá que mitigar las afectaciones que están haciendo en el Cerro de la Sirena cuando terminen los trabajos; “pero los trabajos que le tocan al municipio es desde el punto de vista de la fisionomía, del entorno natural”. En una reunión que tuvieron las autoridades municipales con los empresarios para determinar los requisitos que tendrán que cumplir; “esperemos que la próxima semana empiecen a entregar los requisitos para regularizar los permisos”. El funcionario confío en que la empresa cumpla con los requisitos para evitar a llegar en la sanciones como establece el reglamento; “al principio si estaban un poco recios a participar, pero cuando se les explicó, están en la mejor disposición”, sentenció el titular de Desarrollo Urbano.
periodicocorreo.com.mx/minera-parrena-con-permiso-para-excavar-en-otros-cerros/
11/11/15. Basurero en Tecámac: bomba de tiempo
Contralínea
28/10/15. Video: Tecamac, familias arrojadas a la basura
Contralínea
29/10/14. Tecámac: familias “arrojadas” a la basura
Contralínea
Elva Mendoza
Sin autorización de impacto ambiental vigente, la empresa Waste Co México, SA de CV, opera desde 2005 un basurero a cielo abierto de 247 mil 931 metros cuadrados en el municipio de Tecámac, Estado de México. Al menos 4 mil familias colindan con el depósito. Los efectos son evidentes. Piel irritada, salpullidos, enrojecimiento, constantes infecciones en los ojos, en las vías respiratorias y gastrointestinales, urticaria, hongos en la piel, asma y alergias son los padecimientos más comunes.
Los habitantes de las colonias Lomas de Te-cámac, La Esmeralda, Santa Cruz, 10 de Junio, Santo Tomás Chiconautla, Ciudad Cuauhtémoc y La Fortaleza viven entre fauna nociva, agua contaminada, olor fétido y un paisaje en el que predomina la basura.
Los efectos de la contaminación no sólo son visibles en ellos, sino también en los animales. Perros, gatos y aves mueren prematuramente. Con los ojos viscosos, deambulan en las casas o en la calle ya sin pelo o plumas.
Además de las enfermedades, en el municipio mexiquense son cada vez más comunes los asaltos, los robos a casa habitación, las desapariciones forzadas, las violaciones y los asesinatos. “Los niños regresan de la escuela sin zapatos porque en el camino los asaltan y se los roban”, denuncian los vecinos.
El Relleno Sanitario de Tecámac recibe a alrededor de 100 camiones de basura diariamente provenientes del Distrito Federal y el Estado de México. Descargan en el área por una cuota de 500 pesos cada uno.
Incumple Norma Oficial Mexicana
La empresa que también ofrece servicios de saneamiento en su portal de internet no cumple con las medidas de protección al medio ambiente y a la salud de las personas.
“Jamás debió haber operado. Nunca hubo la intención de cumplir con la Norma Oficial”, dice a Contralínea Luis Ángel Barrios Sánchez, perito ambiental.
También doctor en ingeniería y catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México, Barrios Sánchez realizó un estudio de aire y suelo en el predio.
Los resultados arrojan que el lugar “es una bomba de tiempo”, como él mismo lo describe. “Yo preferiría vivir debajo de un puente, en una casa de cartón; pero lejos”, expresa ante la magnitud de los hallazgos.
Al no contar con la infraestructura propia de un sitio de disposición final de desechos, no es posible considerar que es un relleno sanitario, sino por el contrario resulta “un tiradero clandestino”, asevera el experto consultado.
Los resultados de laboratorio evidencian la presencia de ácido sulfhídrico, que daña la salud del ser humano y de los seres vivos de cualquier especie. Al no cubrirse con tepetate, los gases metano se escapan sin control. Al no contar con celdas herméticas, estos gases no pueden ser conducidos a los pozos de biogás (que no existen en el lugar) para ser quemados y no dañar la salud humana. “Al llover se produce también lluvia ácida que daña la piel y la salud”.
De acuerdo con el peritaje realizado, los principales contaminantes son los gases que producen las bacterias en la descomposición de la materia orgánica, la falta de protección con geomembrana en la tina de lixiviados y la carencia de tratamiento de los mismos. “Se infiltran al subsuelo”.
La fauna nociva es transmisora de enfermedades. Clasificados como vectores, las moscas pueden transmitir fiebre tifoidea, salmonelosis, disenterías, diarrea infantil u otras infecciones. Los mosquitos: malaria, fiebre amarilla, dengue o encefalitis vírica. Las cucarachas son transmisoras de fiebre tifoidea, gastroenteritis, infecciones intestinales, disenterías, diarrea, lepra, intoxicación alimenticia. Las ratas: peste bubónica, tifus murino, leptospirosis (enfermedad de weil), fiebre de harverhill, ricketsiosis vesiculosa, enfermedades diarreicas, disenterías, rabia.
La alimentación de animales con basura es una práctica no recomendable. El consumo, por ejemplo, de cerdos alimentados con basura causa triquinosis, cisticercosis.
Según lo observado y lo comprobado por Barrios Sánchez, el sitio controlado no cumple con la Norma Oficial Mexicana Nom-083semarnat-2003 así como las antecesoras de la misma, ya que no existe tratamiento de los lixiviados y protección de la geomembrana en el ciento por ciento de la superficie; no existen pozos de biogás en la cantidad que específica la norma, no se cubre con tepetate, sino sólo con cascajo y material no adecuado de cobertura, no existen pastos ni pendientes adecuadas que protejan las erosiones de estos suelos que se ven contaminados tanto por los lixiviados como por los vientos que transportan a la zona poblada.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-083- Semarnat-2003, los pozos de agua deben estar a una distancia de 600 metros y a 500 metros la traza urbana. “Cabe hacer notar que el cono de abatimiento del pozo de agua potable queda dentro de la zona del área del sitio controlado”, apunta el perito.
La dirección de los vientos afecta directamente a la manzana YF, que se encuentra a escasos 6 metros del basurero. La cercanía de las más de 200 familias que conforman la manzana vulnera aún más su salud.
Unos van a enfermar de inmediato, dependiendo de las condiciones físicas o la exposición a los tóxicos, pero los niños y los adultos son los más vulnerables. El perfil económico de las familias que están alrededor del tiradero es bajo, por lo que la calidad y expectativa de vida se reduce aún más. “Lo poco que pueden comer está contaminado”, refiere Luis Ángel Barrios. Y concluye: “se deberá cerrar este tiradero”.
Pero la contaminación no fue sólo documentada por Barrientos Sánchez. Marco Antonio Reyes Olivares, jefe de la Jurisdicción 17 de Regulación Sanitaria Zumpango, mediante oficio 20017B40027/197/2015, reveló que derivado de un análisis bacteriológico, las muestras son positivas a califormes totales y fecales.
Más de 200 familias a 6 metros del basurero
Tal como lo documentó Contralínea, el 3 de octubre de 2011, más de 264 familias llegaron a la manzana YF, Tecámac, en los límites de Ecatepec. Con láminas y tabiques en mano se protegieron de las últimas lluvias de esa temporada, improvisando habitaciones con hules y palos.
Agrupados en la asociación civil (AC) Fondo Popular de Vivienda Digna (Fopovid), fueron desalojados de El Potrerillo, terreno de 17 mil 500 metros cuadrados ubicado en Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México, a consecuencia de un contrato de permuta.
El instrumento, fechado en marzo de 2002, se celebró entre la ya extinta Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México (Cresem), representada por su entonces director general David Korenfeld Federman, en calidad de funcionario y apoderado de la AC (gracias a un poder que le otorgó la asociación en 1998 que aún es vigente), y la empresa Consejeros y Servicios Externos, SA de CV, representada por Guillermo Pérez Rodríguez.
general-ordenamiento-300En el documento se establece que el objeto de la operación de permuta es el terreno Potrerillo a cambio de tres inmuebles propiedad de Consejeros y Servicios Externos, SA de CV. Uno de 28 mil 423 metros cuadrados, otro de 35 mil metros cuadrados y un último de 15 mil 580 metros cuadrados en Zumpango, Estado de México.
No obstante, la permuta no logró concretarse y en 2005 se firmó un convenio modificatorio. El documento señala escuetamente: “Por razones ajenas a su voluntad, los predios ofrecidos por la empresa Consejeros y Servicios Externos no pudieron ser objeto de la transmisión de propiedades propuesta”.
Esta vez, la oferta de Consejeros y Servicios fue entregar dos terrenos a la organización civil. Se trataba de un predio rústico y construcciones existentes, ubicado en Rancho La Loma Buenavista, municipio de Zumpango, Estado de México, con superficie de 19 mil 839 metros cuadrados, propiedad de Irma Patricia Corona Poblador, quien otorgó poder al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y un terreno propiedad de Óscar Manuel Suárez Díaz, de 30 mil 677 metros cuadrados, denominado Cornelio Téllez y Embarcadero, también en el municipio mexiquense de Zumpango y del cual el Imevis contaba con poder.
Según la cláusula cuarta del convenio modificatorio, Consejeros y Servicios se obligaba a depositar en la caja del Imevis 420 mil pesos, “monto que resulta de multiplicar la cantidad de 70 lotes de 120 metros cuadrados a razón de 50 pesos el metro cuadrado como contraprestación”.
Ya en manos de la empresa el lote El Potrerillo y sin que los agremiados de Fopovid pudieran hacer uso de los terrenos permutados debido –asegura Irma Noyola Campos, presidenta de la asociación– a la incapacidad del Imevis para gestionar la factibilidad de servicios ante el ayuntamiento no obstante que ya se contaba con el alineamiento y número oficial, apeo y deslinde catastral, uso de suelo habitacional, etcétera, en diciembre de 2011 el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social firmó con la organización civil un nuevo contrato de permuta.
En el nuevo instrumento, el Imevis se obliga a transmitir a Fopovid, AC, mediante permuta, los lotes de terreno que resulten de la subdivisión de la manzana YF en el predio denominado Santo Tomás Chiconautla, ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México, con superficie de 31 mil 733 metros cuadrados propiedad del gobierno del Estado de México, según consta en la declaración 1.7 del contrato. A cambio, la asociación transmite al Imevis el terreno conocido como Cornelio Téllez y Embarcadero.
Desde 2008, Consejeros y Servicios externos emplazó en repetidas ocasiones a la organización y a sus agremiados a desocupar y entregar El Potrerillo. El 3 de octubre el desalojo fue inevitable. Los vecinos fueron sacados por la fuerza. Quitaron láminas y tabiques, tomaron sus escasas pertenencias y fueron llevados en camiones de Consejeros y Servicios a la manzana YF: un llano sin luz eléctrica, sin pavimento, sin agua potable.
“Nos dijeron que al basurero le quedaba 1 año de vida útil, que eso sería convertido en un parque; por eso aceptamos el terreno”, reclaman furiosos. Y agregan que la constante amenaza de desalojo influyó cuando decidieron aceptar la propuesta.
Un año les tomó montar nuevamente las precarias casas, sin varillas, sin cemento. “A flor de tierra”, al pie del basurero. De aquellos días quedan todavía cuatro baños que ellos mismos construyeron para las 264 familias y que no han querido derribar. “Para que vean cómo vivimos”.
La disputa legal por cerrar el basurero
Con la resolución 21203/RESOL/065/03 en febrero de 2003, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México autorizó a Waste Co México, SA de CV, previo cumplimiento de 49 condicionantes establecidas en dicha autorización, la construcción y operación del Relleno Sanitario en Santo Tomás Chiconautla, municipio de Tecámac.
El predio es arrendado por la propia Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México (Cresem), entonces a cargo de David Korenfeld Federman, por un monto de 55 mil pesos al mes y con vigencia de hasta 10 años, que es el tiempo de vigencia de los permisos y licencias otorgadas, o una vez que sea rellenado el inmueble.
Derivado de una visita de inspección al relleno sanitario ordenada por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), realizada el 28 de mayo de 2012, el 4 de junio del mismo año, bajo el expediente PROPAEM/0414/2012, la Procuraduría inició un procedimiento administrativo común en contra de Waste Co México, SA de CV, y/o León Esquenazi Levy, por considerar que no se daba cumplimiento a las condicionantes 1, 3, 5, 7, 11, 16, 38, 42, 43, 44, 45 y 46 de su autorización en materia de impacto ambiental.
En respuesta, Waste Co argumentó con escrito fechado el 2 de octubre de 2013 que las condicionantes mencionadas fueron evaluadas y calificadas por la Secretaría de Ecología del Estado de México, dependencia que habría determinado que algunas de las condicionantes se cumplían, otras se cumplían parcialmente, otras habrían sido reconsideradas y en algunos otros casos aún no era pertinente calificarlas sino hasta finalizada la vida útil del proyecto.
Por ello, Horacio Lozano Abascal, representante de Waste Co México pedía dictar el cierre del procedimiento administrativo común. “En virtud de que mi representada ha dado cumplimiento a todas las condicionantes de la autorización de impacto ambiental”.
El 31 de octubre de 2013, la Propaem resolvió que las pruebas y argumentos de Waste Co resultaron insuficientes para desvirtuar la conducta infractora, por lo que “en consecuencia se le impone la sanción pecuniaria, consistente en 1 mil 426 días de salario mínimo, suma equivalente a 84 mil 248 pesos”.
Asimismo, decreta como medida correctiva acreditar que ha dado cumplimiento total a las condicionantes 1, 3, 11, 16, 38, 42, 43, 44, 45 y 46 de su autorización en materia de impacto ambiental o acreditar que la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México le ha otorgado prórroga. La medida debía de ser cumplida en 30 días hábiles.
De incumplir con la resolución, Waste Co se haría acreedor al pago de una multa de 1 día de salario mínimo vigente por cada día que transcurra. La empresa interpuso un recurso de inconformidad mediante el que solicita se declare la nulidad del expediente administrativo PROPAEM/0414/2012, de la resolución del 31 de octubre de 2013, así como la invalidez de la orden de visita de inspección del 28 de mayo de 2012, puesto que –a decir de Waste– la Procuraduría de Protección al Ambiente la ejecuta sin contar con facultad alguna o sin fundar dicha facultad.
El proceso, aún abierto, se resuelve en juzgados civiles. El archivo en la Procuraduría lleva el folio 548/2014. Como terceros interesados, los agremiados de Fopovid, AC, solicitaron copias certificadas y se encuentran a la espera.
Waste opera sin permiso vigente
A través del oficio 212090000/DGOIA/OF/ 958/15, fechado el 15 de mayo del año en curso, la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente, dio a conocer que el Relleno Sanitario Waste Tecámac no cuenta con autorización vigente, situación que hizo del conocimiento de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México para los efectos correspondientes.
El oficio SGG/CGPC/0-3063/2015, de 12 de mayo de 2015, da cuenta también de la irregularidad con que opera el sitio. “Después de realizar una búsqueda en los archivos de esta Coordinación General, no se cuenta con antecedentes en el Registro Estatal de Protección Civil de la inscripción del Programa Específico de Protección Civil del Relleno Sanitario Waste Tecámac”.
Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con Félix Pérez Camilo, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; así como con Cruz Juvenal Roa Sánchez, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México; con Rocío Díaz Montoya, presidenta municipal de Tecámac, y con Waste Co México, SA de CV, empresa encargada del basurero, sin que al cierre de edición se haya tenido respuesta.
contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/11/11/basurero-en-tecamac-bomba-de-tiempo/
11/11/15. Gobierno Edomex viola autonomía de Tepetlaoxtoc al avalar introducción de ductos de gas
Reporteros en Movimiento
19/07/15. Cabildo de Tepetlaoxtoc revoca permiso para gasoducto
Quadratín
16/07/15. Pobladores demandan cancelación de obras de gasoducto
Reporteros en Movimiento
15/07/15. Vecinos bloquean carretera en protesta por gasoducto
Hoy Estado de México
Violan autonomía municipal de Tepetlaoxtoc al pasar sobre acuerdo de cabildo
El cabildo acordó revocar permiso de operación a la empresa Gas Natural S.A. de C.V.
TEPETLAOXTOC, Méx., 11 de noviembre del 2015.- Con el aval del gobierno del Estado de México, la empresa Gas Natural, S.A. de C.V., viola la autonomía municipal, al continuar los trabajos de interconexión de un gasoducto que atraviesa el territorio municipal para conectarse con Texcoco y llevar el combustible hasta Ixtapaluca, informó el regidor Juan Miranda Alvarado.
Señaló que con fecha 16 y 17 de julio, al cabildo en pleno de Tepetlaoxtoc, por unanimidad, voto a favor de revocar el acuerdo 236, tomado en la sesión de extraordinaria número 34 de fecha 7 de febrero del 2015, en donde se autorizó que la empresa Gas Natural S.A. de C.V., operará la interconexión del gasoducto.
El regidor estableció que el pleno del cabildo, revocó el acuerdo, con lo que la empresa Gas Natural S.A. de C.V., ya no debería de estar realizando trabajos de introducción del gasoducto en su municipi; sin embargo esto siguen avanzando sin importar la inconformidad del pueblo.
Señaló que en la última sesión del cabildo, el presidente municipal Salomé Sánchez
González, ni llegó, argumentando que fue citado en la subsecretaria regional de gobierno, en donde le dijeron que el quedaba fuera de la problemática originada por el gasoducto de la empresa Gas Natural S.A. De C.V. y que serán las autoridades estatales las que se harán cargo de ello.
“Esto quiere decir que el gobierno del Estado de México esta violando la autonomía municipal al pasar por alto las determinaciones del cabildo”, dijo el regidor perredista, quieren desde siempre se ha opuesto a esta iniciativa que pone en riesgo a los habitantes de Tepetlaoxtoc.
Miranda Alvarado hizo un llamado a las autoridades para que respeten la autonomía municipal, “porque el alcalde nada hace por frenar este abuso que pasa sobre los acuerdos del cabildo”, dijo el regidor.
Ante ellos, Juan Miranda dijo que acudirá a las diferentes instancias en el congreso, para exigir respeto a la autonomía municipal y en todo caso se frené al gobierno del Estado de México al no respetar al cabildo del municipio.
J. Jesús Lemus/Reporte Índigo
En Tenancingo, Tlaxcala, se puede tener sexo hasta por 50 pesos.
El arreglo se da entre el padrote y el cliente. No es necesaria la decisión de la mujer sometida a explotación sexual.
La prostitución, cuenta Celeste, es un asunto de hombres. A las mujeres solo nos queda obediencia y quedarnos calladas, porque si no, nos va mal.
Celeste es casi una niña. Ella dice que tiene 20 años, pero su escuálido cuerpo no representa más de los 16. Trabaja en una casa de prostitución en Tenancingo desde hace más de 4 años. La joven es originaria de una comunidad cerca de Tehuacán, de donde su padrote se la trajo.
Lo conoció saliendo de la escuela (no explica si primaria o secundaria) y se hicieron novios. Por más de un año, su padrote la enamoró. A ella la deslumbró su camioneta y la forma en que la trataba: la consentía, la llevaba a pasear y le prometió una vida de ensueño con hijos y una casa en la ciudad de Orizaba. La realidad fue otra apenas decidió escaparse con él. La comenzó a golpear y la obligó a prostituirse. El amor que siente por él, del que ni siquiera dice su nombre, es la que la mantiene en esa vida.
La jornada de trabajo de Celeste comienza todos los días a las cinco de la tarde y termina cuando amanece. A veces ha atendido hasta 30 clientes en una sola noche, porque su dueño no permite que nadie permanezca con ella más de 15 minutos.
“Él es muy celoso, no le gusta que los hombres me toquen y mucho menos que me besen”.
A Celeste le gusta que la celen.
Una tradición
En Tenancingo, Tlaxcala, la explotación sexual y la trata de personas, es una tradición. Es parte de una cultura arraigada que se quiere amparar en los usos y costumbres de los pueblos naturales.
A la mayoría de los niños se les predestina a ser padrotes aun antes de saber que están en el mundo. Existe un rito para que los hombres en ciernes tengan poder sexual sobre las mujeres.
El chamán de la comunidad es el iniciador de la cultura de la explotación sexual. La tradición marca que el recién nacido debe someterse a una iniciación: con apenas unos cuantos meses de edad, se le deja sin bañar por espacio de dos semanas a un mes. El niño es llevado a una ceremonia privada en donde se le limpia con algodón la costra acumulada en sus genitales.
Hay oraciones y rezos, claveles rojos para la pasión. Las ramas de pirul y el incienso recorren el cuerpo del menor. Lo alejan del mal y lo acercan a las bondades de la vida. La costra de los genitales es tratada con un ritual que tiene que ver con la luna llena y mezclas de aceites especiales. Luego esa costra convertida en bálsamo especial se unta en el ombligo del menor. El niño está listo para atender sexualmente a cuanta mujer pueda tener, cuando alcance el uso de razón. Se le formó como un padrote que está obligado a mantener todo un harem bajo su control, aunque por la fuerza.
Así nace otro proxeneta.
Un problema que crece
Este año el tráfico de personas se apunta como uno de los de mayor incidencia, pues solo en el primer semestre de este 2015 se rebasó la cifra de averiguaciones previas iniciadas en relación a las integradas por ese delito durante el 2014.
La trata de personas tiene su epicentro en nueve municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, en donde en promedio se registran por mes dos casos de robo de personas, principalmente mujeres indígenas menores de 20 años, de las que en su mayoría no se vuelve a saber de ellas.
Los municipios que se apuntan en cuanto a las cifras de desaparición, bajo la presunción de la trata de personas son Zacatlán, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, San Martin Texmelucan, Tepeaca, y El Seco, en Puebla, así como Tenancingo, en Tlaxcala, municipio considerado por los propios vecinos del lugar como “la cuna de la trata y la prostitución”.
Reporte Indigo buscó ayer las versiones del gobierno de Tlaxcala y de la Procuraduría local.
Se contactó a Daniel Irvin Angulo Juárez, quien aparece como jefe del Departamento de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, y se le solicitó una entrevista con la titular de la dependencia, Alicia Fragoso Sánchez.
Dijo que por la premura de la llamada, la titular no podría responder a los cuestionamientos, pero que enviaría al correo electrónico información estadística sobre el tema.
Por parte de gobierno del estado, la titular de la Coordinación de Información, Verónica Hernández, dijo que “el tema no es nuevo” y que es hasta esta gestión que se ha trabajado para dar resultados, y se comprometió a mandar información.
“Te mando algunos datos generales, digamos, y ya en la Procuraduría si te pueden dar una información complementaria, sería lo más importante. Aprovecho para comentarte que este tema del que tú hablas no es nuevo. Al contrario, en esta administración es cuando se hizo una estrategia estatal de combate contra este problema.
“Entonces, ya ahí en los datos que te mande pues a ver si te ayudan para tener un poquito de contexto y del trabajo que se ha realizado”, comentó la funcionaria
La información, hasta el cierre de edición, no había llegado al correo electrónico.
Pero no solo en Puebla y Tlaxcala es donde se registra la creciente incidencia de desaparecidas por trata de personas. El fenómeno se extiende, de acuerdo a las estadísticas de la PGR, a otras entidades del país.
Lo más grave
La organización Unidos Contra la Trata, que encabeza Rosy Orozco, establece la gravedad de la trata de personas al referir dos simples cifras: el 85 por ciento de las víctimas de explotación sexual que se detectan en el país son mujeres menores de 15 años, en tanto que el restante 15 por ciento son niños también menores de edad, lo que apunta hacia el creciente mercado del sexo con menores de edad.
Para el investigador J. Jesús Ruiz González, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la trata de personas va a la alza debido al uso de las redes sociales por parte de los menores, los que son fácilmente enganchados por las redes del crimen organizado, que allí encuentran su principal “fuente de abastecimiento de materia prima”.
El modus operandi de los enganchadores –explicó el especialista- es casi siempre el mismo: comienza por contactar a sus víctimas, compartiendo sus gustos y aficiones.
En la mayoría de los casos se hacen pasar por personas del mismo sexo y la misma edad. Cuando se ganan la confianza del niño o la niña hacen una cita y de allí los menores son secuestrados y trasladados a la mayor distancia posible del lugar de origen, para someterlos por medio de la violencia y las amenazas.
La casada infiel
Erika tiene más de 13 años dedicada a la explotación sexual en Tenancingo. A sus 35 ya es “una mujer vieja para el negocio”. Su padrote ya no la trata con el cariño de los primeros días. Ahora ya ni la golpea.
“Antes era bonito, porque había días que no me dejaba salir a trabajar, le gustaba quedarse acostado conmigo todo el día, y me decía que no le gustaba que yo me acostara con nadie más”.
Su padrote es el que le lleva los clientes. Entre 10 y 15 personas atiende por día. A ella le toca atender a los clientes más viejos. El celo de su padrote no le permite a Erika tener relaciones con hombres más jóvenes que ella. Cobra 250 pesos por ocasión y de ese dinero solo le corresponden a ella 100 por día, para que compre sus cigarros y a veces un paquete de cervezas.
Legalmente no están casados, pero ella se siente su esposa. Su padrote vive con otras cuatro mujeres, pero al ser más jóvenes que Erika, a ella le corresponde el primer lugar entre todas.
Es la que menos dinero le genera, pero –se consuela- es porque le arrima menos clientes, eso la hace sentirse amada. Con eso le basta. A las otras mujeres que cohabitan con su padrote, Erika las considera como sus hermanas menores. Las cuida y en no pocas ocasiones las ha librado de las golpizas.
No revela su nombre. No quiere hablar de él, pero dice que lo ama con toda el alma. Se conocen desde hace más de 15 años, cuando él la enamoró en Veracruz y le pidió que se fuera con él. Se conocieron en un baile y comenzó a enamorarla. Fueron novios casi un año, hasta que Erika decidió dejar a su marido, con el que no hacía vida.
“Esta es mi vida”, dice con un dejo de dolor que apenas se compensa con una sonrisa leve en sus labios, “esto es lo que me tocó vivir”.
Está asignada a una cantina cerca de Tlaxcala, en donde es vigilada de cerca por un niño al que le paga su padrote para que le informe lo que ella hace, mientras él está en busca de clientes para llevárselos.
Un desenlace feliz
Lety Cruz, de 13 años, tuvo mucha suerte. La reacción rápida de sus padres permitió arrancarla de una red de tráfico de personas. El caso de Lety tuvo un desenlace feliz a diferencia de los otros 457 registrados en lo que va de este año.
En la mayoría de los delitos de trata de personas, el sistema judicial opera a favor de las redes de tráfico de personas.
Las denuncias por desaparición de personas pocas veces son atendidas de manera inmediata. Tienen que pasar horas y a veces días para que en las agencias del Ministerio Público se reciba la querella, se integre la averiguación previa y se inicie con la investigación.
A veces la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público es la causa principal para que no se emita en tiempo y forma la Alerta Amber.
El caso de Lety Cruz refleja el grado de incapacidad de las autoridades ministeriales. Cuando los padres de la menor acudieron a interponer la denuncia por la desaparición de la niña, el Ministerio Público recibió la denuncia dos días después, pero integró la averiguación con el número de oficio correspondiente al robo de una gallina.
Por eso no se aplicó nunca la Alerta Amber, lo que dejó a la niña expuesta por una semana a la acción de la red de trata que la mantenía en su poder.
En ocasiones, reconocen activistas, los casos de trata no son clasificados así porque los agentes del Ministerio Público no saben identificar los elementos constitutivos del delito.
En Puebla, Tlaxcala y Edomex es necesaria a veces la intervención de las Organizaciones no Gubernamentales para orientar a los ministerios públicos en la integración de la investigación.
Con la mirada perdida
No es difícil reconocer a las mujeres mayores de edad que son víctimas de trata, sometidas a la explotación sexual. Casi siempre son como autómatas –explica un activista de derechos humanos en Tlaxcala-.
Se les ve con la mirada perdida. No hablan y siempre están con miedo. Son mujeres que están muriendo todos los días porque no tienen forma de salir de la prisión y el infierno en los que viven.
Las víctimas de trata, por lo general viven en casas de seguridad y en hoteles bajo el control de las redes de tráfico de personas. De acuerdo al activista que pidió la omisión de sus datos, el desmedido crecimiento de moteles a pie de carretera es signo inequívoco de esa actividad. Por eso refirió que en los municipios de Puebla y Tlaxcala, en donde se considera la sede nacional de tratas, ha aumentado considerablemente ese tipo de establecimientos.
Solo en el corredor de la carretera Puebla-Tlaxcala, en un tramo de 60 kilómetros, se contabilizan 53 moteles de paso, algunos de ellos en obra negra, los que prestan sus instalaciones al mejor postor, por sumas que van desde 50 hasta 500 pesos. Esos son los sitios que utiliza la red de trata de personas que opera en esa parte del país, con mujeres sustraídas de otras entidades de México.
Las víctimas de explotación sexual, dijo Samanta, una mujer sustraída de Chiapas desde hace 10 años, están obligadas a atender en forma diaria de 35 a 40 clientes. Todos ellos son llevados por parte de un miembro de la red hasta su habitación. Ella cobra 200 pesos por cita, y de lo que logra recabar en un día nunca ha visto un solo peso. Le pagan con el hospedaje, la comida y la protección de su persona.
Pero los clientes que logra la red de tráfico no solo tienen la preferencia de mujeres de más de 30 años, como es el caso de Samanta. Hay clientes que prefieren menores de edad. Otros, son clientes especiales, los que no se limitan en el costo de los servicios, los que piden mujeres menores de edad, a veces niños, los que también se suministran en esta parte del país.
Martín Vargas, Oaxaca
noviembre 10, 2015
#Ixtepec 10 nov (#istmopress).- Tras una semana de permanecer tomadas las instalaciones de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, los normalistas hicieron la entrega a las autoridades educativas, para continuar las clases de manera regular este martes 10 de noviembre.
El representante de la mesa de pasantes de esta institución, señaló que la nueva administración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), les aseguró que a partir del 13 de noviembre iniciará la entrega de becas para alumnos de sexto, séptimo y octavo semestre para cubrir sus prácticas de campo.
Este recurso autorizado en el plan de estudios del año 2012, no se había entregado desde el semestre pasado, debido a los cambios que sufrió el IEEPO, por lo que los normalistas recurrieron a esta acción hasta que fueron atendidos.
Sin embargo, los normalistas señalaron que la lucha sigue en contra de la reforma educativa, específicamente en contra del examen que de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública se realizará a mediados de este mes en Oaxaca.
En ese sentido expresaron que en una acción conjunta se movilizarán durante el examen, a fin de apoyar a los 950 normalistas egresados en Oaxaca que aún no cuentan con una plaza, por lo que se subemplean en oficios que no tienen que ver con su formación docente.
El vocero de pasantes, señaló que la nueva generación está próxima a graduarse, es decir otros 950 normalistas egresarán sin ninguna garantía laboral.
www.istmopress.com.mx/istmo/liberan-normalistas-instalaciones-de-la-enufi/
Eric Pacheco/Proceso
El gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, admitió esta tarde que, luego de un mes y 10 días de tomar el cargo, ignora la cifra de personas desaparecidas en el estado.
Familiares de personas desaparecidas marcharon desde la Universidad Autónoma de Querétaro hasta las afueras de las oficinas del mandatario para denunciar que, pese a solicitar una cita con él, sus subalternos les dijeron que estaba “muy ocupado”.
Sin embargo, el gobernador salió a atenderlos personalmente e hizo el compromiso de recibirlos el próximo lunes para analizar cada uno de sus casos.
“Yo quiero trabajar con ustedes, yo alcé la voz por ustedes cuando estaba en campaña. Que la autoridad, el gobierno que terminó nunca los atendió, nunca quiso enfrentar, nunca quiso decirles el número de desaparecidas y desaparecidos y el procurador pasado nunca quiso hablar del tema”, les dijo.
Yadira, quien busca a su hermano desde el 2006, le preguntó sobre las cifras oficiales de personas desaparecidas. Éste reconoció públicamente que “aún” no cuenta con ese dato.
–¿Señor gobernador, ya tiene usted las cifras de (personas) desaparecidas en Querétaro?, preguntó la mujer.
–Mira, es que han sido irregulares, unas organizaciones dicen un número, otras organizaciones tienen otro número, se excusó el mandatario.
–¿Y cuáles son las que tiene usted?, le insistió Yadira.
–Unos me dicen ciento y pico, otros dicen doscientos y pico y hay quien dice mil, afirmó el gobernador de Querétaro.
De igual forma, el secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres negó que tengan la cifra. Aseguró que en la administración trabajan en una “depuración de las cifras” porque –afirmó– hay casos de gente que está en Estados Unidos y que “por cuestiones de migración no se puede acercar”.
El funcionario estatal insistió en que a la fecha no cuentan con una cifra oficial: “No existe todavía, como lo acabo de puntualizar, una cifra oficial, sino un trabajo de depuración en razón de las cifras oficiales que había de la administración anterior, las cifras de los organismos no gubernamentales y las cifras incluso que están a nivel del sistema nacional de Seguridad Pública”.
Brenda Rangel Ortiz, integrante de la organización Desaparecidos Justicia, consideró “preocupante” que Domínguez Servién “nos diga que no sabe la cantidad de personas desaparecidas en Querétaro”.
La organización tiene el reporte de 21 casos de familias queretanas que tienen alguno de sus seres queridos desaparecidos.
El procurador de justicia de la pasada administración Arsenio Durán Becerra reportó públicamente la ausencia y/o extravío de al menos 260 personas en Querétaro. No obstante, aclaró que de manera oficial no tenían un solo caso como delito de desaparición de particulares o desaparición forzada.
Durante el encuentro entre el gobernador y familiares de personas desaparecidas, una mujer se quejó de la falta de apoyo por parte del exprocurador, Juan Martín Granados Torres (2003-2009), actual secretario de Gobierno del estado.
Se trata del mismo funcionario que en su carácter de procurador emitió un acuerdo para que las agencias del Ministerio Público no iniciaran una averiguación, ante el reporte de desaparición de personas. En vez de eso, les pidió abrir sólo una constancia de hechos. Tal decisión derivó en que los casos no fueran investigados.
Tras localizar a seis personas sin apoyo de las autoridades queretanas, familiares participantes de Desaparecidos Justicia dijeron que tienen esperanza de que el gobernador se sume a buscar a sus seres queridos.
noviembre 09, 2015
Leticia Ánimas Vargas, Huauchinango, Pue.
La electricidad que genere la hidroeléctrica Puebla 1 que Deselec-Comexhidro pretende construir en el río Ajajalpan servirá para “autoabastecer” a sus socios que bajarán sus costos y aumentarán sus ganancias, usando la red eléctrica nacional para llevar energía a Nueva Wal-Mart, Suburbia, Waldo´s Dólar, Operadora Vips, Colchas México e Ileana Jinich Mekler.
Lo anterior se desprende de la concesión de Autoabastecimiento de Energía Eléctrica E/1067/AUT/2013, otorgada por tiempo indefinido por la Comisión Reguladora de Energía el 1 de noviembre de 2013 en favor de Deselec 1, S. de R. L. de C. V., en términos de la Resolución Res/493/2013 publicada en el Portal de Transparencia del gobierno federal.
De acuerdo con el documento, las beneficiarias de la producción de energía eléctrica con las aguas del río ubicado en territorio de las etnias totonakú y náhuatl de la Sierra Norte de Puebla que han manifestado su rechazo al proyecto, serán la transnacional Nueva Wal-Mart que requiere de 22.0286 MegaWats (MW), Waldo’s Dólar con 18.8880; Suburbia 3.4858, Operadora Vips . 4.1683; Colchas México 0.9060 e Ileana Jinich Mekler 0.1000
El permiso otorgado a Deselec-Comexhidro prevé que pueda generar hasta 60.00 MW “para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de sus socios” e incluye la conducción, transformación y entrega de la energía eléctrica generada.
Consultado por este medio, el economista Efraín Torres, refirió que planteado de esta manera se confirma que la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 únicamente beneficiará a estas empresas.
Éste, agregó, “podría ser el esquema de ganar, ganar, ganar al que se refiere en un video corporativo el ejecutivo de Deselec, Mauricio Justus Villarreal. Porque aunque usen la red nacional de distribución, dejarán de ser consumidores de la Comisión Federal de Electricidad, bajarán sus costos y aumentarán sus ganancias. Mientras que se afectará el entorno de las comunidades de los municipios de Ahuacatlán, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán donde ya se ha generado una ruptura del tejido social”.
Mauricio Justus, responsable de Medio Ambiente, Asuntos Políticos Sociales y Relación con Accionistas de Comexhidro, dijo en entrevista con “Controversia Puebla” en agosto pasado que “la energía que se genere será distribuida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)… para llevarla a todo el país” y agregó que no serán 60 MW, sino 170 MW los que se produzcan.
Un 75 por ciento de los recursos para el proyecto de “autoabastecimiento” privado de energía, provienen de Banobras, una institución que se define como empresa pública y sólo el 25 por ciento será aportado por la iniciativa privada, declaró en esa misma ocasión.
El rechazo
Desde hace varios meses, pobladores indígenas de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y recientemente de Tlapacoya, manifestaron su rechazo a la instalación de la hidroeléctrica Puebla 1 y denunciaron actos intimidatorios por parte de la compañía Deselec- Comexhidro.
Además, la división creada en las comunidades llevó a algunos partidarios de la empresa a denunciar a sus coterráneos que se oponen al proyecto, y que acusaron que fue un fraude la supuesta consulta hecha por la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto con la firma.
No obstante, Deselec-Comexhidro solicitó a la SEMARNAT la aprobación de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de un nuevo embalse en las cercanías de Zoquiapa, en Tlapacoya.
En ese mismo municipio habrá otra presa de 7 hectáreas, mientras que la casa de máquinas estará en la comunidad de Xochimilco, en el municipio de San Felipe Tepatlán donde ocupará una superficie de 1 hectárea; y la línea de transmisión de 42 kilómetros se conectará con la red nacional de la CFE en la subestación de El Entabladero, en Veracruz.
Por Valentina Valle y Heriberto Paredes
Video de Rafael Camacho
Poco más de un mes ha pasado de la firma, en Tuzantla, del acuerdo que establece el «Mando Único», acto con el cual el gobernador Silvano Aureoles Conejo reiteró su voluntad de arreglar los asuntos de seguridad en el estado y, sin embargo, Michoacán está a punto de colapsar nuevamente.
Empezamos nuestro recorrido en la meseta p’urh’epecha, donde la inconformidad de Nahuatzen con su alcalde, fruto de las fraudes electorales de junio pasado, mantiene al pueblo en estado de alerta desde hace ya varias semanas; seguimos en Uruapan, que nos recibió con un homicidio recién perpetrado y sus calles repletas de camionetas blindadas sin placas; pasamos por Tierra Caliente, después de que Simón «El Americano» liberara el paso del enésimo bloqueo, supuestamente colocado para blindar la zona y permitir la elección de un nuevo líder del crimen organizado; alcanzamos la Sierra-Costa, donde en Coalcomán una reunión entre la Fuerza Rural y los emisarios gubernamentales nos recordó la razón de que el comandante Felipe Díaz no estuviése en la junta, sino en una ofrenda en la explanada municipal; y llegamos a la Costa, donde el primer comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula, Cemeí Verdía, sigue encarcelado y quien ahora ha tomado las funciones tiene una orden de aprehensión, al igual que el comandante de Coahuayana, donde el presidente municipal presentó, entre las protestas de su propio pueblo, un nuevo aparato policiaco cuyos objetivos él mismo dio prueba de desconocer.
En cada región se respira tensión, inconformidad, temor por las represalias del crimen organizado y del propio estado. Pero también se respira unidad y resistencia, y la voluntad de no permitir que todos los logros de estos dos años de lucha desaparezcan por intereses particulares que no son los de la población. Estamos a principios de noviembre de 2015 pero viajando por Michoacán nos sentimos en mayo de 2014, cuando en los calendarios de las barricadas una marca roja evidenciaba el día 10, la fecha del desarme.
En este entonces, el gobierno federal quiso acabar con el movimiento de las autodefensas y, a través de la labor del comisionado Alfredo Castillo, en una cierta medida lo logró, legalizando algunos de sus integrantes e imponiendo la creación de la Fuerza Rural, Ciudadana e Indígena. Ahora, el mismo gobierno federal quiere acabar con lo que queda de este levantamiento popular armado, sin duda uno de los más controvertidos de los últimos años en México, y pretende lograrlo a través de la estrategia de seguridad presentada por Aureoles, con la supresión de dichas fuerzas creadas por Castillo y la implementación de una nueva policía estatal, regida por los lineamientos del mando único y supuestamente «confiable y limpia».
Escuchando al gobernador, la decisión resulta tomada y listas las primeras medidas para que se respete: el 5 de octubre los alcaldes electos recibieron el oficio con la convocatoria del acuerdo y la advertencia de que los que no respeten el plazo para certificar a sus mandos tendrían que aclarar sus razones ante la Procuraduría General de la República (PGR). La «recomendación» fue clara y el plazo corto, así que en seguida los presidentes municipales se apuraron en poner manos a la obra. Sin embrago, después de un mes de concertación, Michoacán resiste. Esta y otras «sugerencias» del mandatario estatal no intimidan a los integrantes del movimiento que, a pesar de la camiseta que ahora visten, siguen encontrando su razón de ser en la voluntad del pueblo y no en las imposiciones del gobierno. Si en su momento se pudo «calmar» a unos cuantos de los civiles armados que andaban sueltos por el estado, los sentimientos de rabia, dolor, hartazgo y sed de justicia de los michoacanos, nunca se pudieron encerrar en un uniforme y ahora están más fuertes que nunca.
En Coahuayana, la voz del pueblo reclama a las autodefensas y no a la policía militar
«¿Esa es la preocupación del presidente de la república, del gobernador? ¿Mandarlos a ustedes [a la policía militar] para acá a levantar borrachos? ¿Es en serio?» le pregunta un ganadero originario del municipio michoacano de Coahuayana al teniente de infantería Ricardo Canseco Arias, encargado de la policía militar que recién llegó a la cabecera municipal el pasado 5 de noviembre. Convocados por el recién electo presidente municipal, Porfirio Mendoza, representantes de diversos sectores de la población de este costeño municipio, colindante ya con Colima, se reunieron la tarde del 6 de noviembre en las instalaciones del edificio de gobierno local; ahí, tras una escueta y mal preparada presentación, los dos tenientes de infantería del primer batallón de policía militar con sede en Lázaro Cárdenas, Alfonso Padilla Sánchez y el mencionado Ricardo Canseco Arias, trataron de explicar la presencia de un nutrido batallón de la policía militar mientras que el edil hacia lo propio respecto al mando único que el gobernador Silvano Aureoles le exigió imponer en la demarcación. Ambas explicaciones, fallidas. La población presente, incluido el comandante de las autodefensas –ahora fuerzas rurales– Héctor Zepeda, «Teto» y elementos similares de los municipios colindantes de Aquila y Chinicuila, rechazaron enérgicamente la presencia militar y la confusa estrategia del mando único.
Hay algunas cosas claras que se evidenciaron en este desafortunado encuentro. En primer lugar, la falta de coincidencia entre los intereses y preocupaciones de la ciudadanía que habita este municipio y los expresados, en voz del presidente municipal y de los tenientes de la policía militar, por el gobierno estatal y federal. Una notable distancia separa estas dos partes y deja mucho qué pensar del lado de los habitantes, sobre todo porque el contexto les da una lectura precisa y puntual de lo que acontece ahora y de las necesidades que tienen y que debería atender el Estado: la reactivación de la economía local tras el paso del huracán Patricia, sobre todo por la pérdida de cientos de miles de hectáreas de plantaciones y varias pérdidas en la infraestructura de las playas que sirven de soporte económico; la detención de varios de los principales líderes de la organización delictiva Los Caballeros Templarios que asolaron durante varios años la región costa y que aún siguen libres, sin siquiera una averiguación previa, pero que han sido señalados constantemente tanto por los habitantes de toda esta zona como por los grupos de autodefensas. A decir del propio comandante «Teto», «El Tena», «El 500», «Tío Pinto», «Chuy Playas», «El Güero Champú», Federico González «Lico» se encuentran entre la localidad de Huahua (Aquila) y Caleta de Campos (Lázaro Cárdenas) así como hacia la parte serrana rumbo al municipio de Aguililla, y por supuesto, en el estado vecino de Colima.
En segundo lugar, el debate desatado en esta reunión pone sobre la mesa una profunda desconfianza en los cuerpos de seguridad del Estado, la ciudadanía no alcanza a creer que la respuesta que se le da a sus exigencias sea la de un batallón de la policía militar que –en palabras de los tenientes– viene a «levantar borrachos, o sancionar gente que se orine afuera de las escuelas, maridos que les pegan a sus esposas, puras faltas administrativas»; además, el edil Porfirio Mendoza, «Pillo» asegura que ya tiene listos a los nuevos integrantes de la policía municipal, alrededor de 22 (porque no supo definir cuántos) elementos que aparentemente aprobaron examenes de confianza aunque, por señalamientos de la misma población, estos mismos eran parte de la policía que encubrió y protegió a los Caballeros Templarios antes del levantamiento armado. Finalmente, el mando de la policía federal –quien también tiene presencia en Coahuayana– el comandante Santiago Mejía, asegura que su labor es también la de faltas administrativas aunque afirma que «si alguien me hace el enorme favor de señalarme a los verdaderos criminales, se lo agradecería mucho, porque la verdad, no los conozco».
La gente que asistió a la reunión, ganaderos, empresarios, tenderos, campesinos, estuvo de acuerdo en un punto central: existe un amplio consenso en que la seguridad debe quedar a cargo de las autodefensas, hoy fuerzas rurales, a cargo del comandante Teto, ya que ellos fueron los únicos que de verdad realizaron acciones para detener a los criminales que asolaron el municipio y la región costa, así como para desestructurar la organización templaria y sacarla de estos territorios; los habitantes de Coahuayana, en su mayoría, reconocen que son ellos quienes denunciaron el contubernio entre criminales y funcionarios y policías, y que hasta el momento no hay ninguna queja en contra de ellos, al contrario, son la única fuerza de seguridad en que se tiene confianza.
En una entrevista hecha al comandante Teto, éste afirmó que si hay todavía quienes busquen su desaparición como fuerzas de seguridad es porque «ya olvidaron cómo vivían hace tan sólo dos años, todo mundo vivía con miedo. Ahora esta gente que nos quiere quitar, ya perdió el miedo pero está olvidando la lucha y eso puede motivar a que regresemos a la situación anterior. El presidente municipal, además, es sobrino de Toño Mendoza, le administraba sus tierras y él es un reconocido templario, por eso Pillo insiste en seguir la orden del gobernador aunque no esté obligado a hacerlo si el pueblo le da otro mandato. El día que desaparezcamos nosotros, el alacranerío va a regresar y con más fuerza. No pasaría ni un mes para que empezara a haber muertos y desaparecidos si nos vamos».
La costa michoacana está compuesta por los municipios de Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas. En los primeros dos existe una coordinación entre los grupos de autodefensas o fuerzas rurales y la policía comunitaria de Santa María Ostula y de San Pedro Naranjestil, así como la integración de los grupos de Chinicuila, como las autodefensas de Huizontla, y de un sector de Coalcomán, juntos conforman un amplio grupo que está llevando a cabo las labores de seguridad como patrullaje, atención a la ciudadanía, sin embargo, también llevan a cabo la investigación necesaria para detectar a integrantes de los Caballeros Templarios y determinar sus movimientos y sus intentos por reorganizarse; es gracias a ello que la costa, por lo menos hasta la localidad de Huahua (un poco después de la conocida playa de Maruata) se mantiene tranquila, comienza a restablecerse la vida que estuvo interrumpida por el crimen organizado durante varios años en que eran las extorsiones, los asesinatos y las desapariciones los rostros de la vida cotidiana.
La estrategia de seguridad que dibuja impositivamente Silvano Aureoles reconoce en el discurso lo que han hecho las autodefensas y policías comunitarias de la región costa, de inmediato se puede notar que el interés es retomar el control de la zona para imponer un orden hasta cierto punto ilegítimo, ya que no cuenta con la participación ni de la población ni de los grupos que hasta el día de hoy garantizan la tranquilidad. Es más, los intentos del gobierno estatal por imponer el llamado «mando único» (que en palabras de las fuerzas rurales se le conoce como «el único que va a chingar») tratan de echar tierra sobre las graves faltas y ataques que el ejército y la marina han realizado en contra de la población, basta mencionar el caso del asesinato de Idelberto Reyes García, niño que murió a causa de una bala disparada por el ejército el pasado 19 de julio en un ataque en contra de la comunidad de Santa María Ostula que buscaba, además la detención de Cemeía Verdía quien continúa preso hasta ahora.
Tal actitud del gobierno de Aureoles genera desconfianza entre la gente, entre las fuerzas rurales y entre las policías comunitarias. Para la gente de a pie no se han visto que el Estado detenga a los responsables de tantos horrores, como dice un habitante de Coahuayana, «Pueden orinar lo que quieran en la calle, pero que no me secuestren que no me roben, que no me pidan cuota, esa es la gravedad de este asunto, antes había muertos por donde quiera, no que borrachos o cosas así, eso es tolerable». No hay una aplicación de justicia que ayude a la reconstrucción del tejido social.
Claramente, el presidente municipal de Coahuayana, Porfirio Mendoza, «Pillo» responde a las características que favorecen al gobierno de Aureoles, es decir, se trata de un funcionario a modo: débil, manipulable y con un alto desconocimiento de las demandas de la población; incluso carga con el peso de un posible fraude las elecciones pasadas, algo que se dice mucho entre la gente pero que no se reconoce oficialmente. Por eso, al verse cuestionado en esta reunión, no pudo responder claramente a las inquietudes de la gente que él mismo convocó, no pudo tampoco mostrarse del lado de la gente al momento en que ésta cuestionaba a la policía militar, su presencia y el gasto público que ésta genera. Se limitó a repetir que eran órdenes del gobernador y que todo estaba bien, que empezando la semana se repartirían unas hojas con toda la información sobre el «mando único» que tantas molestias y conflictos ha causado en todo el estado. La última noticia que tuvimos de él fue la solicitud que hizo para obetener una licencia y ausentarse del cargo hasta no tener «condiciones para gobernar».
Para las y los habitantes de Coahuayana queda un resentimiento porque han sido testigos de cómo las autodefensas y las fuerzas rurales han pedido constantemente apoyo al gobierno estatal para poder realizar las labores de seguridad y nunca se les ha concedido nada, sin embargo, a la llegada de la policía militar de inmediato se les otorgan patrullas municipales para patrullar, un espacio para que se establezcan y equipamiento necesario; por otro lado, la población también denunció que «la policía federal no salen a patrullar, no se ensucian y se duermen temprano».
Entre las necesidades que las personas plantearon están, además de la reactivación de la economía y apoyos para el campo, las acciones necesarias para localizar a cientos de desaparecidos que aún son buscados por sus familias y la consolidación de procesos de justicia que lleven a esclarecer las responsabilidades de todos los delitos cometidos en tantos años de dominio del crimen organizado. Algunos integrantes de las fuerzas rurales, así como los comandantes de Aquila, Santa María Ostula y San Pedro Naranjestil, señalaron que el presidente municipal de Coahuayana, al igual que el resto de los ediles michoacanos no está obligado a implementar el mando único pese a las amenazas que el propio Aureoles lleva a cabo, como en el caso de Chinicuila, en donde el gobernador aseguró que de no aceptarse el mando único se cancelarían los apoyos a los programas pensados para beneficiar a la población y se restringiría el presupuesto municipal.
El comandante general de la policía comunitaria de Santa María Ostula, Germán Ramírez, presente en la reunión en respuesta a la estrategia de equipo que hasta ahora han llevado los distintos municipios costeños, teme que esta necesidad de imponer el mando único tenga el único fin de «encerrar a la comunidad de Ostula, el principal foco de resistencia y de lucha contra el crimen organizado en la región, y en donde se está construyendo un proceso social que está basado en las necesidades de la comunidad». Señaló también que con esta actitud de parte del gobierno de Silvano Aureoles queda claro que «los Templarios van de la mano del gobierno del estado. Son los mismos pero con otros uniformes». Finalmente, al ver los varios intentos que ha tenido, tanto la administración anterior como esta nueva, para frenar los procesos de autonomía y seguridad comunitaria, el comandante Germán, afirmó que no hay vuelta atrás, no habrá rendición ni la aceptación de ofertas económicas ya que «a muchos de los que están en el movimiento les ha costado el sufrimiento de haber perdido familiares, a mi me costó la vida de mi padre y con eso no se negocia, así que no queda de otra, se trata de quedar en la batalla o de darle pa’delante a la historia».
Teodoro Lavín León
El Diarío de Morelos
Un grupo de miembros del Ejido de Cuautla se dirigió a su servidor para solicitarle la publicación de lo que ellos llaman la imposición del gobierno para el uso del agua del balneario ejidal “El Almeal”, situado en medio de la capital histórica del estado.
Dicho balneario se construyó en la época de don Felipe Rivera Crespo y el proyecto lo realizó la Secretaría de Desarrollo Económico, que presidia el licenciado Ángel Ventura Valle; el encargado de realizar el proyecto fue el licenciado Ernesto Treviño Santos (q.e.p.d.), en aquella época director de Planeación Económica y Control del Gasto Público. Ahora, el presidente del comisariado ejidal se mostró molesto por la manera en que el pasado día 4 habían realizado actos las autoridades del Gobierno del Estado y de la CFE, a donde sólo invitaron a una parte de los ejidatarios en segunda convocatoria, lo que desató la furia de los que no fueron convocados. La falta de sensibilidad política de las autoridades está creando un problema que podría repercutir en un movimiento de proporciones inimaginables, ya que la convocatoria sólo la hicieron colocando una invitación fuera de su oficina y no con el tradicional perifoneo.
El presidente del Comisariado Barranco García mandó cerrar las rejas de las instalaciones del auditorio ejidal, prácticamente corriendo a los reporteros, pidiéndoles que regresaran en dos horas para darles información; el grupo de los campesinos que acudió señala que las autoridades estatales también se hicieron rosca para que los reporteros no entraran a la asamblea del Proyecto Integral Morelos, que comprende la central de ciclo combinado de la termoeléctrica de Huexca, ocasionando sospechas sobre la venta del agua de los ejidatarios. En esta reunión también estuvieron los presidentes de los ejidos Gabriel Tepepa, El Hospital, Otilio Montaño, Tetelcingo, Calderón, Casasano, Cuautlixco y Eusebio Jáuregui, quienes de manera conjunta con el de Cuautla deben dar la autorización de dotar de agua de manantiales, canales y veneros a la Comisión Federal de Electricidad, específicamente a la termoeléctrica de Huexca.
Nos señalan que la asamblea se convirtió en una cena de negros, donde se calentaron los ánimos de los 250 campesinos presentes, pertenecientes primordialmente al núcleo de campesinos de Cuautla, quienes se opusieron, a pesar de la insistencia de las autoridades, a tomar una determinación sobre el uso del agua, por lo que se nombró una comisión de campesinos, primordialmente de los que usan el río Cuautla, y Asurco, que recibirán toda la documentación para determinar si se dota a la central de ciclo combinado del agua de la zona.
Al parecer, la situación estuvo tan mal manejada que la falta de la función real de la política ha creado un verdadero problema entre los ejidatarios; el gobierno tiene todos los hilos y la termoeléctrica es un buen proyecto, en lo que los campesinos no están de acuerdo es que no se les tome a ellos en cuenta y los beneficios sean para los ejidatarios, nada más como siempre lo hace el gobierno: lo ancho para un lado y angosto para el pueblo.
Los medios nacionales ya están en el juego, y la semana pasada la versión que corrió fue la siguiente: que el Gobierno del Estado realizó una reunión con líderes de al menos nueve ejidos de esta región y los comprometió -a cambio de promesa de pago económico y obra pública- a dotar del agua suficiente para echar a andar, a más tardar en diciembre, la termoeléctrica de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Huexca, Municipio de Yecapixtla.
El conflicto es claro después de la asamblea realizada en Apatlaco, en Ayala, en la que campesinos y usuarios del río Cuautla reiteraron su negativa a dotar del vital líquido a la planta, y el mismo día en que se realizó el Segundo Congreso de Pueblos de Morelos, donde se anunció un plan de acción contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), el Gobierno del Estado echó a andar su plan B para conseguir agua para las turbinas de la termoeléctrica.
El proyecto necesita al menos 500 litros de agua por segundo para completar el ciclo productor de energía eléctrica y para enfriar las turbinas de la planta, para evitar que éstas estallen. Sin embargo, los usuarios del río Cuautla ubicados al sur, en los municipios de Ayala y Tlaltizapán, dependen del agua del afluente y de la planta de tratamiento que se encuentra en Apatlaco para lograr sus cultivos. Así que instalaron un campamento en esa comunidad del Municipio de Ayala para evitar que se termine la conexión de un acueducto entre el afluente y la planta termoeléctrica de Huexca. Para concluir esta conexión, faltan 400 metros. En materia jurídica, los ejidatarios inconformes consiguieron un amparo que les otorgó la suspensión definitiva contra cualquier obra que afecte su dotación de agua para cultivos.
Así que ahora, ante la negativa de estos campesinos, el gobierno recurrió a los ejidatarios de Cuautla, al norte de Ayala, para conseguir el vital líquido. Por ello realizaron esta reunión. Grave, ¿no cree usted?
Alfredo Beltrán, Sinaloa.
Alrededor de 10 padres de familia, que sufrieron la pérdida de sus bebés presuntamente por una infección en el área de cuneros del Hospital Regional No.1 del IMSS, acudieron a la delegación
de la PGR en Sinaloa para ratificar las denuncias que interpusieron por estos
hechos y ver los avances que se tienen.
Tere Guerra Ochoa, presidenta del Colectivo de Mujeres, llegó acompañada de los denunciantes y señaló que esta reunión es seguimiento de lo que se logró en la Ciudad de México pues quedan asuntos que preocupan, como ha sido la entrega de los expedientes inconclusos que aún tiene en sus manos el IMSS.
Cecilia Rodríguez, otra de las mamás que perdió a su bebé y que interpuso la denuncia correspondiente, expresó que lo que espera de esta reunión es que se hable de cuál es el avance de las investigaciones y el paso a seguir, que las cosas no queden estancadas y de ser necesario pedir la destitución del delegado del IMSS en Sinaloa porque no hizo y ni ha hecho bien su trabajo.
“Que nos digan cómo van los casos hasta ahorita y qué es lo que sigue, que no queden las cosas
estancadas, que avancen”…
“¿Estarían pidiendo la destitución del delegado?… Si es necesario, por qué no, porque estamos mirando que no hizo bien su trabajo y no lo está haciendo todavía”,indicó.
Por otra parte acudió a denunciar por primera vez la señora Lidia Ruíz, quien también sufrió el fallecimiento de una bebé a causa de esta bacteria, cuando su hija solamente había sido trasladada de Guasave al hospital de Culiacán porque había nacido con bajo peso, pero la causa de muerte fue por sepsis, caso que se suma a las denuncias anteriores que fueron interpuestas en la PGJE.
Más de 80 trabajadores del IMSS serán citados a declarar; padres se dicen insatisfechos tras la reunión
Tras cuatro horas de reunión, la presidenta del Colectivo de Mujeres señaló que estuvo presente Ángela Quiroga Quiroga, Fiscal Especial de Atención a Víctimas de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, el delegado de la PGR en Sinaloa, Jesús Gerardo Rodríguez Prado, quien les explicó a los presentes que el pasado viernes se realizó una inspección ocular por parte de su personal en el hospital del IMSS, que fue uno de los compromisos que se tomaron en México, pero el tema fue la falta de entrega de resultados de la COFEPRIS, quien sí tomó nota antes de que se realizarán la limpieza y cambios en el área de cuneros.
Guerra Ochoa destacó que se reconocieron 19 averiguaciones previas, en las cuales se encuentran en investigación 23 infantes que fallecieron en dicho hospital, la mayoría de los decesos son del mes de septiembre, por lo que se rompe la versión, una vez más, de los dos que reconocía la institución de salud a nivel federal.
“Estaríamos hablando de 19 averiguaciones previas todas de bebés, estamos hablando de 23 menores que perdieron la vida, de los cuales 14 son del mes de septiembre, en los cuales en el acta de defunción viene como causa de muerte la sepsis neonatal. Eso confirma lo que los padres ya habían dicho, que no habían sido dos”, declaró.
La representante legal añadió que las pesquisas serán de lento avances, dado a que se tiene en
la listas el personal del IMSS que será citado a declarar a más de 80 de ellos.
“Dicen que podría ser un poco lento, ellos tienen registrados alrededor de 20 médicos que van a ser citados. Hablan de un número también similar de enfermeras, en total están hablando de más de 80 personas que van a ser requeridas, que tuvieron que ver con los casos, eso a partir de los nombres que las mismas personas han dado”, puntualizó.
Una de las primeras mamás que salieron del inmueble fue la señora Mariana Medina Rodríguez, quien se dijo completamente insatisfecha por esta reunión, pues el trato y atención que les dieron fue deprimente, además de que el expediente de su bebé que falleció en el mes de mayo no está incluido aún en las investigaciones.
“No les miré tanta importancia en lo que platicaron, tampoco le miré tanta importancia en la manera de cómo nos atendieron y a las opiniones que estábamos dando. También no me vengo satisfecha porque mi expediente todavía no llega, pero en sí, no me siento satisfecha de lo que hoy trató la reunión”, dijo.
Se destacó que el resto de los padres de familia quedaron en manos del Consejo Ejecutivo para
Atención a Víctimas para ver la manera de darles apoyo desde la federación y tratar sus casos desde el ámbito psicológico.
Mario Marlo
Gobierno de Jalisco pagará a la ONU 4.6 mdd por estudio de la presa El Zapotillo
Guadalajara, Jalisco 9 de noviembre, 2015.- El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) y el Colectivo de Abogados hicieron un llamado al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval para que realice el replantamiento del estudio técnico sobre la cuenca del Río Verde a cargo de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El pasado 10 de septiembre el gobierno de Jalisco firmó un adendum con la UNOPS, para realizar un ánalisis hídrico con apoyo del PNUMA. El estudio que costará 4.6 millones de dólares y durará 18 meses, tiene como objetivo, según el gobierno de Jalisco: “Sumar nuevas herramientas para la toma de decisiones desde una perspectiva neutral y humanitaria”.
Sin embargo, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo denunció que la intervención de las Naciones Unidas llega a destiempo, en un conflicto socio ambiental generado por la construcción de la presa El Zapotillo que ha ocasionado falta de credibilidad a las instituciones del Estado y una serie de violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el proyecto.
Desde hace diez años los pobladores de la comunidad de Temacapulín ubicada en los altos de Jalisco, emprendieron una lucha contra la construcción de la presa El Zapotillo. A pesar de existir un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para detener la construcción de la presa que medirá 105 metros de altura, los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) no lo han respetando y los avances de la obra continúan. Son 45 mil habitantes los afectados, de los cuales 1,000 directamente.
En conferencia de prensa, el Comité explicó que el citado estudio aun no comienza y ya presenta graves vacios y omisiones. Una de ellas es el hecho de que las comunidades afectadas no fueron consultadas y a las organizaciones que les asesoran para la elaboración del estudio y sus Términos de Referencia y que a pesar de haber solicitado los Términos de Referencia del estudio desde diciembre de 2014 estos no nos fueron proporcionados vía solicitud de información.
Finalmente, los representates del comité Salvemos Temaca exigieron que el proyecto de la presa El Zapotillo y el trasvace del Acueducto Zapotillo-León, se suspenda completamente mientras se realice el estudio. Que en coordinación con las comunidades afectadas y sus asesores se modifiquen y aclaren las dudas planteadas a los términos de referencia del estudio (adendum). Que se retire de forma absoluta del estudio la posibilidad de que se ejecute como “producto temprano” un estudio que viabilice el aprovechamiento de la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa. Que a lo largo de todo el desarrollo del estudio y durante las reuniones, talleres y encuentros que se lleven a cabo, las oficinas, instituciones y equipos participantes en el estudio privilegien la participación de la sociedad civil y la academia, así como el respeto a los pueblos y comunidades afectadas y a sus derechos humanos. Que se conforme un Comité Ético de Garantes de la Sociedad Civil que vigile el respeto de los derechos de los pueblos, el desarrollo del estudio y su transparencia. Que les sea permitido a las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo y por el Acueducto El Zapotillo-León, visitar las obras de la presa y conocer su estado actual, ya que este derecho se les ha negado por más de 10 años.
http://www.somoselmedio.org/article/temaca-cuestiona-estudio-de-la-onu-sobr%C3%A9-presa-zapotillo
noviembre 9, 2015
LA VENTA/REDACCIÓN/ORO NEGRO.- De nueva cuenta y en menos de un mes fue cerrada la principal vía de Villa La Venta, Huimanguillo del estado de Tabasco a más de 400 obreros que laboran en el Complejo Procesador de Gas La Venta, (CPGLV) y compañías así como se les negó el paso a diferentes trabajadores que iban hacia los campos en Magallanes y demás pozos petroleros de la zona.
De esta manera el grupo de más de 50 pobladores y vecinos de la calle principal de esta Villa volvieron a exigir a la empresa Pemex que termine de arreglar su calle, ya que culpan a la empresa de no dar ninguna aportación para reparar esta vía de comunicación la cual utilizan todos los días y peor aún, señalan que los petroleros son los que más desgastan su carretera.
Señalaron que a pesar de haber firmado varias minutas con el municipio de Huimanguillo y la empresa Pemex, estos siguen sin cumplir, por lo que tomaron la decisión de volver a cerrar el paso únicamente a los camiones y camionetas con logotipos de Pemex y compañías, los demás ciudadanos pudieron pasar libremente.
Por tal motivo la guardia de día que tendría que haber llegado a las 8 de la mañana se quedó varado a unos metros de la telesecundaria de la Villa, con los camiones y los obreros, los datos señalan que solo el personal de guardia permaneció a doblar las horas mientras algunos obreros pudieron pasar “camuflajeados” y llegar a sus puestos de control.
Hasta el cierre de esta nota los pobladores seguían bloqueando la entrada a los trabajadores petroleros, por tal motivo la guardia que entraría al relevo por guardia a las 4 de la tarde no pudo continuar su camino hasta el complejo, por lo que esto genera pérdidas a la empresa, los pobladores señalaron que hasta se comience la reparación de su calle quitaran el bloqueo.
http://oronegro.mx/2015/11/09/cierran-el-paso-al-complejo-procesador-de-gas-la-venta/
Samuel Vera
Intolerancia Diario
Ante el retraso de los amparos individuales que se presentaron para frenar las obras del gasoducto Morelos, el siguiente paso es presentar un amparo colectivo entre los pobladores de los municipios afectados por esa obra en tres Estados, Puebla, [Morelos y Tlaxcala, reveló Alejandro Torres, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua.
Reveló que ya se unieron los tres Estados para un interponer un sólo amparo colectivo, “y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, por eso seguiremos en la resistencia”, por lo que apuestan que si la obra se retrasa por un año más, las empresas desistirán de su cometido y abandonarán la obra.
El pueblo está organizado
En entrevista, reveló que además de los amparos individuales que siguen su curso, la lucha social se mantiene y la resistencia sigue, “por eso tenemos la fe que ese gasoducto no se va a echar a anda, porque los pueblos se están organizando para no dejar que sus ríos sean llevados para la termoeléctrica que necesita 50 millones de agua”.
Reveló que el nieto de Emiliano Zapata, está levantando la voz ahorita y él mismo ha dicho que “correrá sangre pero no se llevan nuestra agua de Cuautla”, por lo que tienen confianza en tirar el millonario proyecto.
Por eso, recordó que en la actualidad, existen tres amparos, uno de cada Estado, aunque hay otros individuales, por ejemplo de una familia que está afectada, que no le pidieron permiso y le perforaron un kilómetro de terreno, “hay tres amparos y otros de particulares”.
Dijo que la alternativa que les queda, es seguir levantando la voz, por eso irán ante las instancias internacionales, “porque aquí en el país nadie hace caso, todo está comprado, por eso seguiremos hasta echar abajo ese proyecto”.
Los amparos poblanos y las voces internacionales
Alejandro Torres, recordó que en el territorio poblano, los amparos ya presentados en contra de la construcción del proyecto integral Morelos, se hicieron en San Buenaventura Enaltecen, Tlaltenango, Juan C. Bonilla, Santa María Zacatepec además de otros particulares.
Dijo que “esos amparos los están evadiendo, les están dando largas, no les están dando seguimiento y hoy estamos tratando de meter un nuevo amparo, pero va a ser integral, entre Tlaxcala, Puebla y Morelos, será un amparo colectivo”.
De manera paralela, reveló, también recurren a organismos internacionales, donde se están presentando las denuncias públicas, “empezamos en Irlanda, en un evento internacional de Derechos Humanos, donde levantaremos la voz para denunciar estos atropellos”.
Reveló que desde hace varios meses, tienen el apoyo de muchas organizaciones, por lo que es creciente la solidaridad nacional e internacional, “porque no vamos a bajar la guardia, aunque vemos que la represión sigue en todos los ámbitos, educativos, laborales, sociales, porque donde se mueva la gente organizada ahí nos pega”.
Dijo que tienen claro, seguir en la defensa de su territorio, “de nuestra agua, de nuestros recursos naturales en la zona del Izta-Popo, que los empresarios extranjeros le traen muchas ganas, por eso, la lucha sigue, pero también sigue el gaseoducto, que se tenía que haber inaugurado antes que saliera Felipe Calderón y ya tiene tres años y eso no se consolida”.
Reveló que la obra, tiene afectados unos 160 kilómetros en las tres entidades federativas y solamente en el Estado de Puebla, son unos 90 kilómetros, desde Tlaltenango hasta los linderos de Atlixco, “pero estamos en la lucha y la obra se ha parado, está la resistencia, pero no tienen por qué tocarnos, no pueden violentarse con el pueblo porque están para defender a la población”.
Dijo finalmente, que tienen fe que a la empresa, como ya le dieron prórroga, ya se quiere ir, ya se cansó, “porque no está viendo resultados, son tres empresas, por eso si resistimos un año, estos señores se van a hartar y van a desistir”.
*** Repudian coahuilenses el artero atentado contra familias y bienes.-
*** Demandan intervención de Peña Nieto para detener a responsables de incendiar casas, escuela, centro de salud, iglesia y matar animales.-
*** Tierras son ricas en minerales; es factible la explotación de mármol y de minas de oro y plata.-
Cuatrociénegas, Coah.- Miles de coahuilenses externaron su repudio por el ataque que sufrieron los campesinos del ejido Gabino Vázquez, de este municipio, y exigieron la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto a fin de que el gobernador deje de proteger a los responsables y se ordene la inmediata devolución de las tierras a sus legítimos propietarios así como la reconstrucción de viviendas.
A través de las redes sociales, los ciudadanos, tras conocer la noticia en torno a la forma en que sicarios llegaron al citado ejido protegidos por las sombras de la noche y a punta de armas de grueso calibre primero sacaron a las familias de sus casas para después incendiar casas, clínica, escuela, centro de usos múltiples, iglesia, enseres, y dar muerte a animales de granja, demandaron del gobernador Rubén Moreira deje su irresponsable actitud a un lado y como autoridad devuelva sus tierras a los ejidatarios.
También pidieron la intervención de organizaciones de derechos humanos en México e internacionales para que tomen cartas en el asunto para que demanden la detención de los responsables materiales e intelectuales de los atropellos que sufrieron los ejidatatarios.
TIERRAS RICAS EN MINERALES
El despojo del que fueron objeto los ejidatarios de Gabino Vázquez tiene la finalidad de iniciar la explotación minera de esas tierras, más de 90 mil hectáreas.
De acuerdo con los campesinos, en ellas es factible de explotación una serie de yacimientos de mármol de calidad superior al que actualmente se produce en Coahuila.
También se detectaron vetas de algunos minerales, entre ellos oro, plata y cobre, razón por la que a los empresarios les urgía echar de sus tierras a los ejidatarios.
Para cumplir su objetivo, los empresarios compraron conciencias e inclusive se señala que el mismo gobernador de Coahuila, quien, «extrañamente» ha guardado silencio ante estos hechos, participa en el reparto de esas riquezas minerales.
El Siglo de Torreón
En las últimas dos semanas repuntó la desaparición de adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos. La Fiscalía estatal ha emitido seis alertas -tres son mujeres y tres hombres.
Incluso, el rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) informó que cinco estudiantes están en calidad de desaparecidos.
Se consultó el apartado de personas desaparecidas en la página de internet de la Fiscalía General del Estado (FGE) y observó que en las primeras 45 fichas -todas con la leyenda “no localizado” y la mayoría con terminación 2015 en las carpetas de investigación- al menos 27 corresponden a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años.
Además, siete tienen entre 32 y 52 años, todavía en edad productiva, mientras que nueve son menores de edad y dos son adultos mayores.
De las alertas emitidas por el gobierno, se reportó que dos personas fueron localizadas: una estudiante de la Facultad de Psicología de la UAEM y un menor registrado como desaparecido en el municipio de Cuautla.
Los cuatro restantes son una menor de 16 años, una joven de 22 y dos jóvenes de 18, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.
Uno de los casos más recientes es de Keila Patricia González, de 16 años, cuya madre, Eva González, relató que el pasado 18 de octubre, alrededor de las 22:30 horas, su hija fue privada de la libertad por su vecino identificado como Antonio “N”, de 40 años, en el municipio de Emiliano Zapata.
Por este caso la Fiscalía emitió la alerta Amber para localizar a la estudiante de bachillerato.
Paralelamente se registraron las desapariciones de Patricia Organista, de 22 años, el 23 de octubre en Temixco; de Jairo Dioney Sánchez Bautista, de 18 años, el 24 de octubre en Zacatepec, y el de Yozhit Emmanuel Paredes, de 18 años, reportado como desaparecido el 31 de octubre en Cuautla.
www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1168195.alerta-en-morelos-por-jovenes.html
Jorge A. Pérez Alfonso, Oaxaca
Oaxaca, Oax. Estudiantes de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO) protestaron este domingo en el zócalo de la cuidad de Oaxaca donde se instalaron en “plantón educativo”, esto en rechazo de la evaluación docente a realizarse el próximo fin de semana.
Los profesores quienes cursan una especialidad en dicha escuela, se manifestaron también en apoyo a los 4 profesores detenidos el 29 de octubre, Othón Nazariega, Roberto Jiménez, Juan Orozco y Efraín Picazo.
Los estudiantes recriminaron al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ya que no han entregado los certificados de estudios desde el año 2010 y hasta ahora no se ha dado solución a la problemática.
Vanguardia MX
Autoridades se niegan a buscar cadáveres; familias rastrean cerro
MONTERREY, NL.- Prepárate bien, porque este día va a ser duro: esta mañana buscarás restos humanos en un cerro que “Los Zetas” usan como cementerio clandestino y la única protección que tendrás son tres policías armados de una corporación local que los vecinos creen infiltrada por cárteles.
Tu viaje empieza en el centro de Monterrey con las madres y padres de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), quienes entrarán a narcoterritorio con varillas, palas y picos, porque se han cansado de esperar por meses a que el Ejército quiera acompañarlos.
Hoy, sus aliados son los padres y madres de desaparecidos en Coahuila que han fundado el Grupo VIDA, quienes enseñarán a los neoleoneses cómo encontrar rastros humanos en los cerros, especialmente a los que rodean el Municipio de Santa Catarina, el semillero de sicarios que quemó el Casino Royale y mató a 52 personas.
Viajarás en la camioneta de Julio Oliva, quien busca a su hija Karina, desaparecida desde enero de este año. Su auto es el último de una caravana de 6, que a las 8:25 horas enfila hacia la carretera que conecta con Saltillo.
En el camino, te contará que entre 2010 y 2014, esta ruta era intransitable para ciudadanos y policías, porque todo lo controlaban “los malitos”. El fotógrafo con el que viajas asentirá: hace tres años, un par de colegas suyos quisieron retratar el paisaje de la zona y en minutos varios “zetones” los rodearon, los golpearon y los dejaron medio vivos, sólo para que llevaran el mensaje a la prensa de que nada debían hacer por ahí.
“Aquí nomás se circulaba de día y sin voltear a ver a nadie, porque te mataban de noche o si parecía que andabas curioseando”, dirá Julio, “lo que vamos a hacer hoy, no se podía hacer. Y bueno, hoy tampoco, pero andamos en grupo”.
Después de una hora de anécdotas de terror, la caravana parará al pie de los cerros de La Huasteca, kilómetro 92 de la carretera, donde el letrero marca el arroyo seco San Francisco. Este es el punto donde buscaremos, anunciarán los padres, porque aquí se hallaron los supuestos 116 huesos de Brenda Damaris, hija de Juana Solís, quien vino a buscar más restos de su hija; también se ha elegido este lugar porque los chiveros y vaqueros de la zona confiaron a los activistas que por aquí pasan camionetas atiborradas de muchachos que luego bajan sin gente.
Descenderás de la camioneta y verás a los padres y madres extender una manta con las fotografías y nombres de sus familiares, tomar aire con un gesto descompuesto, como si pensaran para sí mismos: “¿En qué momento mis días se convirtieron en esto?”, rezar la oración para los secuestrados, gritar “¡vivos los queremos!” y abrazarse.
Entonces tomarás, junto con ellos, picos y pilas, y mirarás la punta del cerro mientras suplicas en silencio que a ningún jefe de plaza se le ocurra venir por el grupo.
Silvia Ortiz, la madre de Fanny Sánchez, es la líder de la búsqueda. Es una veterana con 11 años de experiencia, los mismos que lleva esperando el regreso de su hija, presuntamente raptada por un zeta coahuilense apodado “Chuyín”.
Ella enseñará a los 16 integrantes de la búsqueda que hay que usar guantes de látex y cubreboca, dividirse en parejas y esparcirse a lo largo de la falda del monte, dejando tres metros de distancia entre ellos para caminar en zigzag, “jamás en línea recta, porque se examina menos”, rumbo a la cima.
Iniciarás la búsqueda, primero, de basura como colillas, latas de cerveza o atún, cucharas, cualquier evidencia de que en este cerro —que ninguna familia usaría para acampar— hubo personas.
Probablemente serán las huellas del paso de sicarios locales como “El Mataperros”, “El Comandante Pelón” o “El Locote y sus secuestrados. Al encontrar esos desechos, actuarás conforme la guía de Silvia: tomarás tu varilla y la clavarás alrededor de la basura; si no se entierra, seguirás tu camino, pero si se hunde con facilidad es porque hay tierra recién removida y es probable que estés pisando una tumba clandestina.
Entonces, chiflarás. “¡Aquí hay algo!” “¡Eh, tierra fresca!” “¡Traigan palas!”. Por un momento, padres y madres se pasmarán. Pasarán saliva por una garganta seca por el calor húmedo de la zona. Alguien llegará con herramientas para remover plantas y tierra, y verás a Letty Rivera, madre de Roy, desaparecido en enero de 2011, meter las manos al monte y preguntar: “¿Esto es piedra caliza… o dientes humanos?”
Si en ese momento pudieras entrar al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, encontrarías que el Gobierno mexicano reconoce, hasta este día de búsqueda, 26 mil 636 ilocalizables en el país. Cinco días después, la cifra crecerá a 26 mil 749; es decir, un nuevo caso al ritmo promedio de hora. Y si pusieras a cada uno de esos casos en un mapa, hallarías que la emergencia está al norte: los seis Estados que rozan a EU concentran —hasta el 5 de noviembre— a 13 mil 27 desaparecidos, mientras que los cuatro Estados fronterizos al sur apenas 448.
En la frontera norte, Nuevo León es el 2° Estado con más desaparecidos, con 2 mil 203, sólo superado por los 5 mil 519 de Tamaulipas. Para dimensionar la tragedia del suelo que pisas, debes saber que todos los casos de Michoacán (mil 71), Guerrero (mil 5) y Morelos (109) se quedan cortos frente al total de neoleoneses ausentes.
Subirás entre piedras resbaladizas por la brisa, plantas con espinas que arañan tu cara y los tobillos, serpientes que se mueven bajo tus pies y rocas que tienen escrito con marcador Chemos, una pandilla de zetitas de Santa Catarina. Escalarás con los familiares de los desaparecidos Alejandro, Gino, Kristian Miguel Ángel, entre otros. A éste último lo busca su hermano de 14 años, Ramiro Lara, el mejor detective del grupo: por allá encontrará unos tacones, más allá unos zapatitos de bebé, arriba piedras salpicadas de sangre humana y más adelante una cadena de hierro a la altura de unos jeans rotos de mujer, una blusa rasgada y calzones de hombre.
“Luego nos dicen [los policías ministeriales] ‘no suban tanto a los cerros, allá no hay nada, los sicarios son huevones’. ¡Están pendejos!, los sicarios no cargan a las víctimas, las obligan a caminar hasta la cima, las hacen cavar sus tumbas, las ejecutan, las meten y se quedan allá arriba a drogarse sobre los cuerpos”, protestará Silvia.
Sentirás calor, frío y lluvia. Pero nadie se detendrá en cinco horas de búsqueda. Incluso, las madres menos atléticas no descansarán; bajarán a la sima para hacer el lonche, dar de comer a los buscadores, cargar energía y volver a subir.
Buscarás, junto con Laura Delgado, madre de Carlos Alberto Fernández —desaparecido desde abril de 2011—, un ojo de agua que dicen los pobladores que es una alberca de cuerpos. Cerca de ahí conocerás a don Benjamín, un hombre solitario que cuida un paraje en el monte, quien confesará que en las noches se escuchan el llanto y las súplicas de gente que es tableada hasta morir. Para que no quede duda de su palabra, regresará a su choza y te mostrará la licencia de conducir de un chico de 19 años, de apellidos “Garza Treviño”. “Si este muchacho andaba por aquí, ya debe estar muerto”, sentenciará.
Porque en este monte nomás la muerte se pasea sin cuotas, dirán los policías que según te cuidan: cuando Monterrey vivía sus días más violentos por la disputa de “Los Zetas” contra el Cártel del Golfo y los de Sinaloa, los uniformados veían desde lejos destellos en lo alto de este cerro y mentían a la gente diciendo que era una fogata. Todos sabían que era una pira de llantas en las que los “zetones” quemaban a rivales, comerciantes que no se dejaban extorsionar y niños y adolescentes que se negaban a trabajar con ellos.
“¡Traigan palas!”, sonará por los radios de comunicación de los coahuilenses. “¡Encontraron una tumba clandestina!” Y correrás por el monte hasta desagües oscuros, caminarás medio kilómetro entre maleza cerca de Santa Catarina y encontrarás a tus demás compañeros de búsqueda apuntando a una cruz de madera encima de unas piedras apiladas en medio de la nada, con un nombre genérico: Antonio Alvarado.
Llamarás a los peritos de la Procuraduría regia, pero llegarán sin bolsas para trabajar; luego, a cuatro agentes del Ministerio Público, pero te dirán que no tienen facultades para investigar si ahí hay una osamenta. Un policía de esas corporaciones, supuestamente infiltradas por el crimen, dirá algo que no sabes si es consejo o amenaza: “¿Y si están ustedes en propiedad privada y luego yo tengo que llevármelos detenidos?”
Para calmar los ánimos de los padres y madres, las autoridades dirán que es probable que se trate de un migrante; horas después sabrás que en Santa Catarina Los Zetas ni siquiera dejaban hacer funerales a los familiares de los ejecutados, así que muchas veces enterraban a sus hijos en el monte, a la mitad de la noche, esperando no ser los siguientes en morir.
La FUNDENL exigirán que se levante un oficio para que las autoridades indaguen esa tumba. Porque estas madres y padres no sólo buscan a los suyos. Buscan a todos. Aquí puede haber gente de Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Guerrero, dirá Letty Rivera, “y si mi Roy está allá, quiero que haya gente buscándolo en otros estados”.
Verás que la tarde oscurece. A ratos, sólo escucharás las pisadas de los padres, el viento que mece los arbustos y la electricidad que corre por los cables. Sentirás miedo, porque tú no sabes quiénes son “los malitos”, pero ellos seguramente ya saben quién eres tú. Querrás salir pronto de ahí, así que respirarás aliviado cuando las madres y padres digan que ya, que se acabó, que es mucho riesgo estar ahí tan tarde, que afortunadamente no hay osamentas completas, pero sí objetos recogidos con la esperanza de que aún se pueda conocer el ADN.
Todos subirán a la camioneta, pero a punto de que el grupo se vaya habrá una última parada: un montículo de tierra fresca a la orilla de la carretera. Bajarán con picos y palas. Enterrarán la varilla y se hundirá con facilidad. Entonces escarbarán, y para horror de todos saldrá un olor a azufre. Entonces Silvia encajará con más fuerza su varilla y olerá la punta. “Hay que oler, m’hijo, porque luego, luego sabe uno. Si huele a carne podrida, es uno de los nuestros”. Pero nada, no hay cuerpo. Y no sabrás si eso es buena o mala noticia.
Será hasta ese momento que notes que el monte está tapizado de mariposas muertas. Nadie sabrá decirte por qué, pero al despedirte del lugar no podrás evitar recordar al policía que dijo que aquí la muerte no paga cuota para entrar. Y si es cierta esa frase, será cierta otra: que los sicarios que habrían vigilado a distancia al grupo vieron el mensaje: “Mientras no te entierre, te seguiré buscando”, escrita en el reverso de las playeras de los buscadores, el lema con el que viven cientos de familias de Nuevo León.
Viajarás de regreso a Monterrey por una hora. Bajarás de la camioneta. Te despedirás de las madres y padres, y antes de irte te harán una promesa: volveremos a esos cerros y encontraremos a todos los que el narco enterró, porque tarde o temprano nuestros desaparecidos deberán regresar a casa.
SABÍAS QUE…
En la frontera norte, Nuevo León es el 2° Estado con más desaparecidos, con 2,203, sólo superado por los 5,519 de Tamaulipas.
www.vanguardia.com.mx/articulo/en-nuevo-leon-papas-escarban-en-el-cementerio-zeta
Redacción El Debate, Sinaloa.
La presión, en la lucha que mantienen los papás de los bebés que fallecieron en el Hospital Regional Número Uno del IMSS, podría aumentar para la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado, ante la posibilidad de que a las 16 denuncias penales ya formalizadas, se sumen otras.
La muerte de los neonatos es quizás el más escandaloso asunto de presunta negligencia médica que se ha hecho público en Sinaloa. Hasta el momento las autoridades del Instituto Mexiccano del Seguro Social no han admitido responsabilidad alguna en el caso.
De acuerdo con datos que les proporcionaron en la mesa de denuncia que los recibió en la Ciudad de México, el IMSS reveló que por lo menos 84 menores que estaban en el hospital se infectaron con una bacteria y presentaron un cuadro de sepsis, por lo que no se puede descartar que existan más víctimas por las fallas en la atención de ese hospital.
Aunque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mostró apertura para atender en la PGR de Culiacán a los afectados y, de haber más casos, recepcionar las denuncias.
En Guasave, de donde eran cinco de los bebés fallecidos, hay mamás como Yecenia Galaviz, que aseguran que no van a ceder a una posible oferta de indemnización, ya que lo que buscan es que se castigue penalmente a los responsables, y que al corto plazo el IMSS mejore su infraestructura para que no mueran más inocentes.
www.debate.com.mx/opinion/La-pelea-contra-el-IMSS-en-Sinaloa-20151108-0014.html
La Jornada
Sanjuana Martínez
Ciudad Juárez, Chih.
¿Por qué siguen desapareciendo mujeres?, se pregunta Anita Cuéllar Figueroa, madre de Jessica Ivonne Padilla, desaparecida en el centro de esta ciudad a los 16 años y a quien busca desde hace cuatro.
“Las desapariciones y los feminicidios nos mandan un mensaje: ‘Naciste mujer y naciste bonita; te friegas, vas a hacer lo que a mí me plazca’. ¿Quién está detrás de esas palabras y acciones? El hombre”, dice Anita, con los ojos llenos de lágrimas.
Y sentencia: Aquí la mujer carece de valor. Ser mujer y ser bonita en Ciudad Juárez es un pecado. Desde el momento en que se vive aquí, se siente mucho machismo, y es el hombre responsable, tenga la posición que tenga; desde mi casa el hombre ya puede estar hostigándome.
Anita está sentada en una sala de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del delito por razones de género de Chihuahua. La Procuraduría General de la República (PGR) acaba de poner en marcha el programa Sumando esfuerzos en la búsqueda de personas, a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Nadie está buscando a las desaparecidas, sólo nosotras, dice tajante. La seguridad en Ciudad Juárez no está funcionando. Todo es producto de la inseguridad. Nosotros no somos libres de decidir si me quedo en mi casa a dormir o me salgo a estudiar. Cada vez que salgo de mi casa es exponerme. Y por eso no encuentran a estas niñas, y no es una, ni dos, son muchas; son cientos.
Las imágenes de las desaparecidas surgen en distintos puntos de la ciudad con pinturas de artistas locales que colaboran en su búsqueda. En el antiguo Campo Algodonero el gobierno ha construido un monumento a las víctimas de feminicidio y desaparición. Sus fotos aparecen al lado de las cruces con la leyenda: Ni una más.
¿Ausentes o desaparecidas?
Anita está esperando ser atendida, junto a otras madres de desaparecidas, por el fiscal especializado en Atención a Mujeres Víctimas del delito por razones de Género, Refugio Ernesto Jáuregui Venegas, quien en entrevista con La Jornada explica que es necesario hacer una diferencia entre las ausencias voluntarias y los casos de desaparecidas, algo que las madres consideran estrategia eufemística.
En lo que va del año tenemos más de 30 casos de feminicidios y 12 vigentes de reportes de ausencia de poco más de 300 reportes. Me gustaría hacer esa precisión: hay casos de ausencias voluntarias, extravíos y lo que pudiera entenderse como desapariciones.
–Las víctimas se quejan de impunidad…
–Hay muchos casos que aún no logramos esclarecer; tenemos que reconocer también esto. Desde 1993 a esta fecha tenemos cerca de 230 casos de los cuales 70 por ciento está judicializado y tienen sentencia condenatoria en 30 por ciento. Hay cerca de 200 personas detenidas por feminicidios. De esa manera estamos procurando abatir la impunidad”.
–¿Y las desaparecidas?
–La mayoría son voluntarias.
–¿Quién secuestra a las mujeres en Ciudad Juárez?
–Están relacionadas en entornos de grupos que se dedican a actividades ilícitas, y eso las pone en una situación de vulnerabilidad. La mayoría de los casos de mujeres con reportes de desaparición que hemos encontrado sin vida es porque han estado en un entorno que les genera riesgo, como actividades ilícitas. Y ellas de alguna manera están relacionadas con esos grupos.
–¿Están relacionadas?
–Así es.
–Habrá muchos casos en donde a los delincuentes les gustan y se las llevan…
–No muchos. De alguna u otra manera las captan. No olvidemos que estamos hablando de niñas y que son chavos también los que las enganchan.
–¿Quiere decir que ellas tienen la culpa?
–No me estoy explicando. Ellas se ponen en una situación en riesgo porque los grupos que las enganchan son delictivos y ellas ni saben; son niñas de 12, 13 o 14 años…
–Pero, ¿qué es lo que sucede en Ciudad Juárez para que la vida de las mujeres no valga nada?
–Han sucedido estos hechos lamentables que nos han permitido ver que ese índice que existe de feminicidios debe erradicarse completamente y prevenirlo. La prevención es impostergable.
–Sin embargo, Ciudad Juárez sigue siendo el foco rojo…
–Es el estigma que se ha creado para la ciudad.
–¿Y cómo va a reducir esos altos índices de desaparecidas y feminicidios?
–Tenemos ese objetivo y una de las acciones es la transparencia y compartir la información para generar una conciencia y un reconocimiento del problema.
–¿Cuáles son los grupos que están secuestrando a mujeres? ¿Los Aztecas, La Línea…?
–No puedo afirmarle que se trate de un grupo que está operando la trata en estos casos que le estoy comentando.
En el centro de la ciudad
Aquel 11 de julio del 2011, Jessica Ivonne Padilla Cuéllar salió a buscar trabajo al centro de esta ciudad, el mismo lugar donde decenas de niñas y mujeres han desaparecido.
Su madre ha recorrido estas calles día y noche, buscándola: Estábamos pasando una mala racha económica; hasta las colegiaturas estábamos debiendo. Yo no quería que trabajara, obviamente, pero ella me dijo que así me ayudaba con la inscripción y los uniformes. Finalmente accedí.
Durante dos años, su hija hizo el mismo recorrido para ir a estudiar a la preparatoria: Ella ya era conocida o muy vista en el centro. Atravesaba el centro para ir a la escuela, y empezó el martes a buscar trabajo, salió también el miércoles, y el jueves ya no regresa.
Ese día le dijo: Voy a ver cómo me va hoy. Regreso si no consigo nada, pero en caso de que me quede, le aviso. Sin embargo, jamás volvieron a saber nada de ella, aunque a los tres meses de desaparecida les dijeron que estaba detenida en Estados Unidos por indocumentada: Fuimos a checar y no era ella. Han sido cuatro años con muchísimo trabajo, con angustia y muchas necesidades de todo. Desde el momento que ella ya no regresa, mi esposo y yo dejamos de trabajar para dedicarnos a buscarla. Nos ha afectado la economía y la estabilidad emocional porque no está.
Días antes de su desaparición, su hija le contó que un señor como de unos 40 años, le dijo: ¿Te gustaría ser modelo?, por eso piensa que fue víctima de una red de trata con fines de explotación sexual, particularmente porque sus características físicas coinciden con las de otras víctimas.
“Mi hija es víctima de trata. Lo sé porque desde el momento que ella estaba buscando trabajo estuvo expuesta y más vulnerable a esos delitos. Pasaba todos los días por el centro y ya sabían quién era; ya la tenían ubicada y a lo mejor alguien ya le había echado el ojo y la había señalado para secuestrarla.
Es muy bonita físicamente, con un cuerpo que llena perfectamente el ojo libidinoso de cualquier hombre. Medía 1.68, delgadita con 16 años; son las características perfectas para encuadrar dentro de ese tipo de delitos.
A sus 49 años, Anita se ve prematuramente envejecida. Lleva el cabello cano recogido, tiene ojos negros sobre unas pronunciadas ojeras y una expresión de desesperación permanente. Trae puesto un botón con la foto de su hija que dice: Búsquenla, un botón que usa cada vez que sale de su casa ubicada en la colonia López Mateos, uno de los centros neurálgicos de las redes de trata con fines de explotación sexual:
Tengo esperanza de encontrarla con vida y bien. Ella no estaba en el grupo de jovencitas que se han localizado muertas o en calidad de osamentas; eso me da más esperanzas de que mi hija vive. Mientras yo esté de pie, con vida y respirando, no voy a dejar de buscarla. Y advierte con absoluta entereza: No me voy a quedar con los brazos cruzados ni quietecita en mi casa.
08/11/15. Promueven proyecto de hotel en Holbox Blue
El Economista
22/08/15. Surge movimiento separatista en Holbox
Proceso
12/08/15. Alcalde inicia campaña para impedir protección de la reserva de Yum Balam (Holbox)
Noticaribe
04/07/15. Asegura Profepa embarcaciones sin autorización para avistamiento del tiburón ballena en Holbox
Noticaribe
27/06/15. Cadena humana para proteger Holbox
Noticaribe
27/06/15. Jornada de protestas ambientales en Quintana Roo
Noticaribe
21/05/15. Escala otra querella ambiental en Holbox
Noticaribe
31/03/15. Liberan a 12 comuneros implicados en caso Holbox
El Universal
05/02/15. La paradisiaca isla Holbox, en Quintana Roo: la disputa entre comuneros y una empresa.
Animal Político
Los promoventes solicitan autorización en materia de impacto ambiental para la construcción y puesta en operación de un hotel ubicado en el interior del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam
Jesús Vázquez
Nov 8, 2015
Cancún, QR.- Dos particulares ingresaron a Semarnat el proyecto Hotel Holbox Blue para construir un hotel de 28 habitaciones en la isla del mismo nombre. El año pasado ya fueron rechazados dos proyectos de similares características.
Los promoventes solicitan autorización en materia de impacto ambiental para la construcción y puesta en operación de un hotel ubicado en el interior del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, incluyendo tanto en este procedimiento como en el correspondiente en materia forestal, el cambio de uso de suelo en una extensión de 1,298 m2 (metros cuadrados) que contienen vegetación halófila de suelos arenosos con algunos elementos secundarios de manglar.
Debido a su ubicación natural, la superficie del predio no cuenta con infraestructura urbana clásica, motivo por lo cual, con la finalidad de minimizar el impacto sobre el territorio, se instalará un sistema de tratamiento de aguas residuales utilizando biodigestores, incluyendo así mismo su conexión con la red de servicios municipales ordinarios para cubrir las necesidades básicas requeridas durante la etapa de operación.
“El valor calculado de inversión es de 211,422.88 dólares, equivalentes a 3.5 millones de pesos con un factor de cambio de 16.55 pesos por dólar, según se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental.
Antecedentes
Semarnat ya rechazó en agosto de 2014 dos proyectos para la isla de Holbox, uno de ellos se denominaba Desarrollo Inmobiliario Holbox Reality, el cual pretendía construir 10 villas, 16 condominios de dos pisos y un hotel de 95 habitaciones sobre una superficie de casi dos hectáreas entre las calles Paseo Carey, Cornuda y Calamar, con una inversión aproximada de 110 millones de pesos.
El hotel tendría una capacidad máxima para 204 personas y contaría con restaurante-bar, café, gimnasio, oficina y baños, así como zonas de circulación y acceso. Además de alberca y área verde de vegetación nativa.
El otro proyecto, rechazado era de mucho menor tamaño, pues sólo pretendía la construcción de un edificio de seis departamentos de lujo, con amplias jardineras y albercas, para el que se proyectaba una inversión de 1 millón 350,000 pesos.
En la justificación presentada ante la Semarnat se explicaba que los “Departamentos de Holbox” pretendían, entre otras cosas, generar empleos directos e indirectos durante todas las etapas, coadyuvar a la compra de bienes y servicios que ya oferta la isla y de esta manera generar divisas para el sector turístico de Quintana Roo.
eleconomista.com.mx/estados/2015/11/08/promueven-proyecto-hotel-holbox-blue
Por: Joel Barrera / El Siglo Coahuila / Cuatro Ciénegas
En los últimos dos años los campesinos trataron de revelarse y le exigieron a Arturo Lerma las escrituras de sus tierras
Un grupo de ejidatarios de Cuatro Ciénegas denunciaron un caso de esclavitud al que fueron sometidos durante 7 años por un terrateniente llamado Arturo Lerma, quien los despojó de sus tierras una vez que ellos se negaron a servirle.
Los afectados advirtieron que Lerma podría estar sobornando a autoridades del Gobierno del Estado, ya que a pesar de no tener documentos que lo acrediten como propietario de las tierras la Procuraduría General del Estado no ha hecho nada en 7 años.
Todo comenzó en el 2005 cuando los ejidatarios del ejido Gabino Vázquez, ubicado a 60 kilómetros de la cabecera municipal, vendieron sus tierras a un empresario monclovense.
En el 2008 Arturo Lerma convenció a los ejidatarios de que habían vendido sus tierras a un mal precio y los manipuló para que tomaran el ejido por la fuerza, sacando a los trabajadores del empresario.
Con esa acción Lerma se apropió de 300 cabezas de ganado, 7 toros sementales y diversa maquinaria, además de un sofisticado sistema de riego que había instalado el nuevo propietario.
En los últimos dos años los ejidatarios trataron de revelarse y le exigieron a Lerma las escrituras de sus tierras que tanto les había prometido.
Cada vez que alguno de los ejidatarios exigía sus derechos era reprimido mediante amenazas por un grupo de hombres armados al servicio de Lerma.
Cuentan los ejidatarios que ya con el ejido tomado el terrateniente se apoderó del control de entradas y salidas del rancho y comenzó la esclavitud.
“En ese rancho se le habían vendido los derechos a un empresario de Monclova, él tenía un ganado, pero unas personas se empezaron a agarrar cosas que no les pertenecían, a nosotros siempre nos tenían con la puerta del ejido encerrados, como si fuéramos unos esclavos, nomás ellos entraban y salían, pero con la llave en la mano, nos tenían amenazados, duramos como 7 años así” dijo Pascual Flores Zúñiga.
“Yo tenía un jacalito, siempre he estado solo pero ya se empezó a hacer la cosa más fea y me vine para acá, porque oíamos pláticas que nos iban a llevar gente para golpearnos a todos, yo dije, si me golpean a mí pues ahí me matan, no puedo correr no defenderme y aquí estoy, viviendo de caridad, estoy en un templo evangélico donde el pastor me dio alojo, no tengo casa aquí y mis casitas que tengo en el campito no sé si las quemarían, no he vuelto por temor a que me den un golpe y ya no me levante” narró Pascual Flores.
LES QUEMAN SUS PATRIMONIOS
Guillermo Pecina de la Rosa, otro ejidatario, dijo que él fue uno de los que sufrieron una de las peores agresiones cuando Lerma mandó quemar su casa con todas sus pertenencias dentro.
“A mí me quemó mi casa con 3 roperos, 3 camas, la ropa de mi mujer y la mía, ahorita no tenemos nada, nos dejaron solo una cobija y vivimos en ciénegas, pero no tenemos nada” señaló Pecina de la Rosa.
Los ejidatarios fueron entrevistados en un restaurante de Cuatro Ciénegas y señalaron que todos los pobladores del ejido salieron del rancho y se refugiaron en la cabecera municipal, ahora viven como pueden, algunos rentan tierras para trabajar la candelilla, otros como Pascual viven de la caridad.
Octavio Cordero Rodríguez, comisariado del ejido Gabino Vázquez, quien laboraba como encargado del rancho, narró que desde un principio el empresario monclovense comenzó una defensa legal de las tierras.
Aseguró que ganó el pleito ante la Procuraduría Agraria y ante el Registrado Agrario Nacional, pero que aun así con papeles en mano la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha avanzado en la demanda por despojo y lo que resulte.
“Han pasado uno y otro agente del Ministerio Público y nadie ha hecho nada, el empresario antes de morir habló con el gobernador y nada, se dice que Lerma está siendo apoyado por el Secretario de Gobierno, solo así se explica que después de hacer eso aquí y en otros ejidos de toda la región no le hayan hecho nada” comentó.
COBRA LERMA CUOTA POR FERRODUCTO
Los ejidatarios señalaron que por el ejido pasa el ferroducto que lleva el material de la región carbonífera hasta Altos Hornos de México, por el cual Arturo Lerma está cobrando una cantidad de 245 mil pesos mensuales.
siglocoahuila.mx/noticia/76699.denuncian-ejidatarios-por-esclavitud-a-terrateniente.html
Golpean y secuestran a campesinos, destruyen casas, iglesia, escuela y matan vacas, chivos y gallinas.-
*** Gobierno de Rubén Moreira da protección a los responsables de este atentado terrorista.-
Cuatrociénegas, Coah.- Bajo la protección del gobierno de Coahuila, una nube de hombres armados destruyeron e incendiaron casas, iglesia, escuela, centro de salud, salón de acuerdos, plantas de luz, bodegas y dieron muerte a decenas de animales, todo para apoderarse de las tierras del ejido Gabino Vázquez, de este municipio.
Los hombres armados que arribaron al lugar llevaron consigo equipo pesado para demoler las construcciones que ahí estaban edificadas porque esa propiedad, «de acuerdo a la ley del gobernador Rubén Moreira», es del empresario Salvador Kamar.
El atentado terrorista se dio el pasado miércoles a las 20:00 horas. Los primeros en llegar mientras la gente dormía fueron los sicarios del empresario monclovense, quienes dispararon contra vacas, chivos y cuanto animal se encontraba a su paso a fin de obligar a la gente a abandonar sus viviendas.
Además en forma sorpresiva le prendieron fuego a las viviendas sin permitir que la gente sacara nada de ellas. Los daños por este atentado son millonarios.
El periodista Apolonio de la Cruz dio cuenta de los hechos e hizo un recorrido por el lugar para corroborar las dimensiones de este atentado. De las decenas de casas del ejido, de la escuela, de la iglesia, aun podían verse salir humo, como fiel testigo de este crimen. Todo era caos y desolación. El ataque fue certero. No quedó nada en pie. Solo un montón de campesinos heridos y uno, que se atrevió a defender su propiedad, desaparecido.
Los sicarios, quince en total, fueron comandados por el regidor plurinominal del Partido de la Revolución Democrática de Cuatrociénegas, Octavio Cordero, en representación del alcalde y el cabildo en pleno.
Los ejidatarios temerosos de perder la vida solicitaron la presencia de la Policía Acreditable, estos arribaron al lugar y actuaron hasta que no quedó casa en pie, detuvieron a los ejecutores de esta artera agresión y «sospechosamente», tras recibir una llamada del secretario de gobierno Víctor Zamora, los dejaron en libertad al arribar a la cabecera municipal.
En el ejido todo es desolación. Los campesinos curan a sus heridos e inician la búsqueda de su líder. No hay donde guarecerse de las inclemencias del tiempo ni un lugar dónde suplicarle a Dios.
GOBIERNO SE PRESTA A «ENJUAGUE»
De acuerdo con datos recabados por El Demócrata, se sabe que 35 campesinos del ejido Gabino Vázquez aceptaron un préstamo de 20 mil pesos cada uno para la producción de ganado y siembras, a cambio de devolver esos recursos con jugosas ganancias.
El personaje que llevó los préstamos, a nombre del multimillonario Salvador Kamar Apud, fue Hugo Vargas de León. Todos aceptaron entregar como garantía el título de derechos agrarios, mismo que sería liberado al devolver el dinero con sus respectivos intereses.
Pero llegó la muerte del prestamista y la deuda quedó en el aire hasta que el nuevo propietario Salvador Kamar Gómez hizo una simulación jurídica, con el apoyo del Gobierno del Estado, y convirtió los papeles firmados como crédito en contrato de compra-venta.
Sin embargo, con todo y esta farsa, se desconocen las causas por las que el gobierno aceptó el desalojo violento, la golpíza a las familias, la destrucción de propiedades del gobierno federal, el incendio de las viviendas y la cruel matanza de animales domésticos.
Esta es una acción más de la crueldad que vive Coahuila solapada por el gobierno de Rubén Moreira.
«¿Derechos Humanos, qué es eso?» Se preguntó uno de los campesinos perjudicados aún con visibles huellas del terror que vivieron a manos de sicarios protegidos por el gobierno.
Abel González Suárez
Hace 15 años la empresa quitó plataformas fijas, cortó las bases dejando el sobrante en el olvido.
Después de que unos 700 pescadores de Sánchez Magallanes bloquearan los accesos al Puerto de Dos Bocas y el edificio Kaam Ceiba en exigencia de que se les pague daños ocasionados por un deshuesadero de plataformas que hay en la costa cardenense, éstos lograron abrir una mesa de diálogo, donde participarán funcionarios de Pemex, municipio, Sernapam y líderes pesqueros; sin embargo, aún la empresa petrolera evade sanear la zona de “chatarra”.
La limpieza de desechos metálicos del área donde se encontraban las viejas plataformas petroleras, que fueron desmanteladas por la empresa Oceanografía, en 1988, tendrían un costo aproximado a los 10 millones de pesos, consideró un conocido constructor de la localidad.
En su momento, el permisionario de pesca y buzo, José Manuel Torres, conocido como “Chongón”, afirmó que la compañía contratada por Pemex había dejado partes de las bases de las estructuras de hasta dos y tres metros en el lecho del mar, frente al ejido San Rafael.
Los pescadores costeros de Sánchez Magallanes y comunidades circunvecinas denunciaron daños a sus redes que al ser arrastradas por las corrientes marinas se atoraban en los tramos metálicos.
www.tabascohoy.com/2/notas/279329/rechaza-pemex-retirar-chatarra-del-fondo-del-mar
La existencia de contratos de la empresa con gobiernos de estados pertenecientes al Valle de México para incinerar basura en los hornos de calentamiento, dijo, son palpables y ponen en riesgo la seguridad de la población.
Por el incidente ocurrido en la planta cementera de Cemex en Huichapan, el presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), Marco Antonio Moreno Gaytán, demandó acciones “contundentes” por parte de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que impidan mayores daños al ecosistema y a la población.
La existencia de contratos de la empresa con gobiernos de estados pertenecientes al Valle de México para incinerar basura en los hornos de calentamiento, dijo, son palpables y ponen en riesgo la seguridad de la población.
El ambientalista demandó que las autoridades no sólo requieran a la empresa limpiar la ceniza y polvos que lanzó (poco después de una explosión) por la incineración de residuos, sino que clausure las instalaciones en tanto no existan condiciones de seguridad para que no vuelva a ocurrir un suceso similar.
“El hecho de que la empresa Cemex se comprometió de inmediato a limpiar la zona afectada, principalmente en la zona de El Maney, sólo quiere borrar las evidencias y la dimensión que alcanza ese tipo de accidentes a que están propensos los vecinos y los propios trabajadores”, consideró.
El activista también demandó de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que preside José Alfredo Sepúlveda Fayad, inicie una investigación de oficio “por la forma deliberada” en que la Profepa se niega a actuar en contra de la empresa, aun cuando se vulneran los derechos a la salud de los vecinos.
Este esquema, dijo Moreno Gaytán, se repite de manera “impune” en todas las regiones donde existe una planta cementera en la entidad, aun cuando las autoridades se vanaglorien de que Hidalgo es el primer estado productor de ese material para la construcción.
Alma Leticia Sánchez
Huichaoan, Hidalgo.- Quemadores de Cementos de México (Cemex), en este municipio, salieron de control y provocaron una explosión que a su vez generó una gigantesca fumarola que arrojó cenizas.
La comunidad El Maney, la más cercana a la planta, fue la principal afectada y en respuesta al evento se manifestaron afuera de las instalaciones de la empresa para exigir la reparación de los daños a su salud, así como al medio ambiente de la región.
Al respecto, en entrevista con algunos pobladores, informaron que fue un hecho que alertó a gran parte de la población.
Señalaron que se registró alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando ya hay mucha actividad entre pobladores por el ingreso a clases.
Mencionaron que escucharon un fuerte ruido, “como si algo hubiera explotado, salimos de las casas y vimos que de la cementera salía una enorme columna de humo, era gigantesca. Luego comenzaron a caer piedritas, muy pequeñas, que al tocarlas se desasían en los dedos, entonces nos dimos cuenta que era ceniza”.
Mientras explicaban, otros mencionaban que Maney se cubrió de una enorme nube oscura.
Además, detallaron problemas en su salud, como sentir la garganta irritada y los ojos llorosos, especialmente en niños.
Las personas se organizaron y solicitaron la intervención de su delegado para acudir a la empresa a fin de exigir una explicación, pero especialmente la reparación de los daños, pues todo el territorio fue cubierto por cenizas.
Conformaron una comisión vecinal que se trasladó a la cementera de Cemex.
Ahí, los atendió la encargada de recursos humanos que también, pobladores la conocen como la enlace con las comunidades a quien denominaron como Jessy “N”.
Los entrevistados dijeron que Jessy justificó al decir que fue un evento lejos del alcance de su mano, pues mencionó que todo es computarizado y el personal no tuvo nada que ver.
“De ahí surgieron las cenizas, de ahí salió la fumarola. La empresa es la responsable, no sabemos si fue un error humano o un error de las máquinas, pero de Cemex fue la causante de los daños a la comunidad”, puntualizaron.
Mencionaron que arribaron al sitio patrullas estatales junto con los policías, pues recibieron el reporte que los manifestantes habían retenido a la representante Jessy, “fue un reporte falso, nunca hicimos tal situación, tan es así que los oficiales se retiraron luego”.
Su petición a la empresa fue solventar las afectaciones a su salud, así como al medio ambiente en la región y la respuesta fue satisfactoria.
El gobernador Héctor Astudillo Flores y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, instalaron el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, mediante el que entregaron 60 millones de pesos a siete municipios con actividad minera.
En su mensaje, el titular del Ejecutivo estatal hizo un llamado a los alcaldes a cuidar los recursos y aplicarlos en beneficio de los guerrerenses.
“Creo que debemos tener cuidado para que nuestras riquezas no nos vayan a ocasionar enfrentarnos entre nosotros y que los municipios que van a recibir estos dineros, los ocupen bien y que se mencionen y se diga en sus municipios que son derivados del fondo minero”, dijo Astudillo Flores al celebrar este beneficio que se logra a través de la Minería para los pueblos del estado.
Los municipios que recibirán los recursos son Atenango del Río, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, Arcelia, Leonardo Bravo, Petatlán, Teloloapan y Tetipac.
El Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras está integrado por la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga; el secretario de Desarrollo Económico del estado, Abel Arredondo Aburto; el representante de los municipios mineros y alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza; el representante de la empresa Filos-Goldcorp, Michael Harvey y el director general de Desarrollo Minero de la secretaría de Economía, Juan José Camacho López.
Cabe mencionar que éste es el octavo Comité que se forma en México y tiene como objetivo transparentar los recursos otorgados por la Minería y verificar su aplicación para generar una mejor la calidad de vida de los pueblos y la inversión en obras de servicios públicos, equipamiento de centros escolares, pavimentación de calles y alumbrado, entre otros.
Por su parte la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga sostuvo que se hará una planeación que permita que este recurso se dirija a la necesidad más importante de cada lugar y que se pueda satisfacer con este fondo minero a los ciudadanos.
“Aquí se está haciendo un acto de justicia en los municipios donde se realiza esta actividad y evidentemente que queremos que se reflejen rápidamente en obras concretas”, agregó.
En ese sentido la funcionaria instruyó al secretario del Comité de Desarrollo Regional que de manera inmediata se reciban las propuestas de los municipios y del gobierno del estado para la evaluación que se requiere y garantizar que antes que concluya el año se estén aplicando los 60 millones que le corresponden a Guerrero, derivados de los impuestos generados en el 2014.
Por: Darwin Franco Migues
06 de noviembre 2015.- Hablar de desapariciones en la Región Costa Sur de Jalisco es casi imposible porque el miedo gobierna las expresiones de las familias que prefieren no denunciar porque hacerlo implica un riesgo importante, ya que muchas de las desapariciones en los seis municipios que componen esta región están relacionadas con el crimen organizado y con la manera en que diversas policías municipales participan también este delito.
La región es geográficamente estratégica para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no sólo para el trasiego de drogas sino también por la extracción ilegal del hierro que existe en municipios como La Huerta o Villa Purificación, el comercio de este mineral ha sido redituable para la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, pues vía el puerto de Manzanillo, Colima, el Cártel ha intercambiado con China este recurso por la materia prima que le permite realizar la producción de metanfetaminas.
Reporte Índigo informó que tan sólo en 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decomisó 380 mil 630 toneladas de hierro extraídas de manera ilegal que provenían de los municipios de La Huerta y Villa Purificación, en este último inició el 1 de mayo la Operación Jalisco, acción de seguridad emprendida por las autoridades federales para minar el crecimiento del CJNG y detener a sus principales líderes. Ahí en Villa Purificación, integrantes del Cártel derribaron el helicóptero (Eurocapter Cougar EC 725 SP, matrícula 1009) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En el ataque murieron nueve soldados y 13 más resultaron heridos pero también se registró la ejecución extrajudicial de ocho personas y la desaparición forzada de tres más, esto producto de las acciones militares que se dieron después de la caída del helicóptero.
También en esta región, Celedonio Monroy Prudencio, líder indígena, fue desaparecido en Loma Colorada, comunidad de Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, el 23 de octubre de 2012. Monroy Prudencio era un activo defensor de los derechos humanos en la región. Han pasado más de tres años sin saber nada de él.
La Región Costa Sur se compone, desde inicios de 2015, por seis municipios Tomatlán, Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta y Villa Purificación. De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), a cargo de la Secretaría de Gobernación, en esta región sólo tiene registradas 110 denuncias por desaparición.
Los municipios con más desapariciones en la Región Costa Sur son La Huerta con 37 desaparecidos y Casimiro Castillo con 30. Este último municipio incluso ha sido centro de operaciones del CJNG, ya que ahí el 23 de octubre de 2014 la Armada de México realizó un gran operativo para detener a Nemesio Oseguera, “El Mencho”. El operativo fue fallido porque al llegar al rancho La Cieneguilla, el líder del CJNG se había dado a la fuga. Las fuerzas federales denunciaron que esto se generó por la infiltración de las policías locales.
La infiltración del Cártel en la policía de Casimiro Castillo ha generado hasta ahora la detención de siete policías, en noviembre de 2014 éstos confesaron trabajar para el CJNG como halcones y en el robo de automóviles. En diciembre de este año, toda la policía municipal de Casimiro Castillo fue desarmada por la Fuerza Única Jalisco y no fue hasta octubre de 2015 que sus elementos se reintegraron a sus labores.
Después de los bloqueos generados el 1 de mayo de 2015, por el inicio de la Operación Jalisco, también fue desarmada la policía municipal de Villa Purificación. Sin embargo, éstos no han sido reincorporados porque a decir del Fiscal General, Eduardo Almaguer, 19 policías de este municipio que están actualmente prófugos de la justicia.
La Fiscalía General de Jalisco, a través del Área de Desaparecidos, reportó mediante la solicitud de transparencia LTAIPJ/FG/1134/2015 que desde el año 2013 hasta el 7 de octubre de 2015 ha recibido 119 denuncias de las que se desprenden la desaparición de 134 personas (113 hombres y 21 mujeres) en la Región Costa Sur. Estas cifras oficiales incluyen la localización de 39 personas (19 con vida y 10 sin ella). Por ello, para la Fiscalía en la región sólo existen 95 desaparecidos. Los habitantes de Costa Sur precisan que existen más de 200 pero que el miedo a denunciar las desapariciones es muy grande.
Villa Purificación: desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
Villa Vieja, perteneciente al municipio de Villa Purificación, es una pequeña comunidad donde la gente tiene la opción de trabajar en los aserraderos o en las minas de hierro aledañas. La vida en Villa Vieja cambió la madrugada del 1 de mayo de 2015 cuando se inició ahí la Operación Jalisco con una balacera entre integrantes de un Grupo de Fuerzas Especiales de la Sedena y sicarios del CJNG. Estos hechos provocaron la caída del helicóptero que generó la muerte de nueve militares.
Ese día también marcó el inicio de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales a manos de integrantes del ejército. Los pobladores, incluso, refirieron que fueron más de 40 personas inocentes las que fueron asesinadas. El gobierno federal sólo reconoció la muerte de ocho civiles. Sin embargo, estas personas permanecieron casi tres semanas en calidad de desaparecidas porque sus familias ignoraban su paradero y las fuerzas federales les negaron la posibilidad de reconocer los cuerpos que permanecían en el campamento militar que se levantó en la zona donde cayó el helicóptero.
Los cuerpos de estas ocho personas que murieron el 1 de mayo fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en Guadalajara, hasta el 19 de mayo. Todo el tiempo previo estuvieron bajo el resguardo del ejército y no existieron las medidas necesarias para garantizar su preservación. Los dejaron descomponerse al aire libre.
Las familias que buscaban a sus familiares, a través del abogado Javier Díaz, interpusieron un amparo (666/2015) ante el Juzgado Quinto de Distrito para que las autoridades informaran sobre la identidad de las personas que murieron en la primera acción de la Operación Jalisco. Este recurso legal además solicitada información para saber por qué razones estos cuerpos fueron retenidos por la Sedena; cuáles fueron las causas reales de su muerte porque el lunes de 18 de mayo se había informado que eran “bajas” de un enfrentamiento que sostuvieron militares e integrantes del CJNG entre el 16 y 17 de mayo; sin embargo, después se confirmó que su muerte sucedió desde el 1 de mayo.
En este lapso de tiempo las familias de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora, Margarito Capetillo García y Fernando Gaspar González, presentaron su denuncia por desaparición e indicaron que el último día en que tuvieron comunicación con sus familiares fue ese 1 de mayo.
Adriana, esposa de Margarito Capetillo, incluso refiere que días después de la desaparición de su esposo, quien laborada en un aserradero, un compañero de éste le marcó para confesarle se lo habían llevado por la fuerza unos militares. De ahí que ella acudiera a ellos para exigirles que la dejaran ver los cuerpos que tenían resguardados:
“Fui hasta Villa Purificación para ver los cuerpos que tenían los soldados pero no me dejaron. Cuando metimos el amparo nos dijeron que los cuerpos los habían trasladado a Guadalajara… después de varias semanas pude ver el cuerpo de mi esposo. En las fotos que me enseñaron no lo podía reconocer porque los cuerpos estaban en muy mal estado pero cuando lo vi supe que era él y fue terrible porque él era un buen hombre y cuando me lo entregaron tenía dos impactos de bala uno en la cabeza y otro en la mejilla. Yo quiero que me digan por qué lo desaparecieron y por qué fue que me lo mataron”.
Los cuerpos de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora y Fernando Gaspar González también fueron entregados a sus familias con huellas de tortura, el 3 de junio del 2015; sin embargo, los otros cuatro cuerpos que también fueron remitidos al Semefo por los hechos sucedidos en Villa Purificación no han sido identificados. Tampoco se ha tenido conocimiento del paradero de por lo menos tres jóvenes que se encuentran desaparecidos desde aquel 1 de mayo, así lo ha informado el abogado, Javier Díaz, quien ha acompañado a las familias en su proceso judicial y en la queja 3593/2015 que interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de sus familiares a manos del ejército.
Pese a estos terribles hechos, el RNPED sólo tiene el dato de cuatro personas desaparecidas en Villa Purificación. Ninguna de ellas desapareció en el año 2015.
La extracción y el tráfico ilegal de hierro detrás de las desapariciones
El municipio de La Huerta es quizá más conocido por paradisiacas playas como La Manzanilla, El Tamarindo, Chamela, Careyes y Tenacatita, la población de esta bahía también es reconocida porque desde hace cinco años mantiene una lucha por el despojo de tierras y la privatización ilegal de la bahía, en agosto de 2010, por parte del empresario Andrés Villalobos, dueño de la Inmobiliaria Rodenas.
Sin embargo, en este municipio poco se habla de las 37 denuncias por desaparición que han acontecido desde el año 2012. De estas 37 denuncias, 4 se presentaron en 2012, 27 en 2013 y 6 en 2014. No hay registros de desapariciones en 2015. Con esta cantidad de denuncias, La Huerta se ubica entre los 10 municipios de Jalisco con más desaparecidos.
En la información solicitada al RNPED se precisa que al menos 10 de los 37 desaparecidos trabajaban en actividades relacionadas con la minería.
Esto es un dato relevante en un municipio donde el CJNG tiene actividades delictivas relacionadas con la extracción de hierro que después traslada al puerto de Manzanillo para intercambiarlo por precursores químicos que se usan para la elaboración de drogas sintéticas. En 2014, el SAT decomisó 193 mil toneladas de hierro proveniente del municipio de La Huerta. Esto a decir de algunas de las familias de los desaparecidos de este municipio, que prefirieron el anonimato, es lo que provocó la desaparición de sus familiares: “se los llevaron para ponerlos a trabajar en sus minas. Eso es lo que hemos denunciado pero ninguna autoridad quiere hacer algo”.
Los problemas con la instauración de zonas de explotación minera, legal e ilegal, se extienden por casi todos los municipios de la Región Costa Sur, pues el fenómeno es visible no sólo en La Huerta sino también en Cihuatlán y Cuautitlán de García Barragán aunque este fenómeno continúa hasta los estados de Colima y Michoacán.
A la par del deterioro ambiental que causan las mineras también se está dando un escenario de despojo y violencia sobre todo en los alrededores de la Reserva de la Biosfera de Manantlán donde las comunidades indígenas de Ayotitlán están realizando la defensa de su territorio. Esto, a decir de la familia de Celedonio Monroy Prudencio, es una de las razones por las cuales este líder indígena fue desaparecido por hombres armados el 23 de octubre de 2012 en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Blanca Estela González Larios, esposa de Celedonio, ha insistido a las autoridades en que investiguen a fondo la desaparición de su esposo pero es poco el trabajo que han realizado las autoridades al respecto. Celedonio fue llevado de manera violenta por ocho hombres armados, esa misma noche Blanca Estela también fue golpeada y encañonada por estos mismos hombres que llegaron a su casa “buscando armas”. Son tres años ya de la desaparición de su esposo y hasta el momento no se sabe por qué se llevaron: “el miedo es lo que hace que la gente no hable o no diga nada de lo que pasó aquella noche”. Celedonio Monroy Prudencio está desaparecido desde el 23 de octubre de 2012.
Celedonio Monroy Prudencio. Foto: Especial
Una región sin justicia
Otro de los fenómenos vinculados con la desaparición de personas en la Región Costa Sur es la infiltración del crimen organizado que hay en las distintas policías municipales, pues en algunos casos se ha comprobado la participación de policías en la desaparición de personas. El 19 de febrero de 2014, el ex Fiscal General, Luis Carlos Nájera, dio a conocer que cuatro elementos de la policía municipal de La Huerta que participaron en la desaparición y homicidio de tres personas nunca fueron detenidos porque el Ministerio Público: “no encontró indicios de su participación en el triple homicidio”.
Humberto Mancilla Pinal, de 29 años de edad, Edgar Iván Aguilar Pinal, de 25 años, y Antonio Acosta Ángel, de 23 años, vecinos de la población de Jaluco, municipio de Cihuatlán, fueron denunciados como desaparecidos el 9 de febrero de 2014. Su desaparición ocurrió después de que éstos pasaran por un retén instalado a la altura de La Manzanilla. En este retén policial se les retuvo y ya no se les volvió a ver hasta que el día 14 de febrero los tres fueron localizados sin vida dentro de la camioneta en la que viajaban. El hallazgo ocurrió en una brecha, ubicada en la carretera que conduce de Chandiablo-El Huixcolote, esto ya en el municipio de Manzanillo, Colima.
Hechos similares han sido denunciados por familiares de desaparecidos en Casimiro Castillo, Tomatlán, Villa Purificación y Cuautitlán de García Barragán. Sin embargo, no existen aprensiones ni consignaciones de policías municipales por estos delitos.
En la Región Costa Sur, el RNPED registra sólo 110 desaparecidos, la Fiscalía General de Jalisco contabiliza 134. Todas estas personas, más allá del desfase entre los datos estatales y federales, no han logrado regresar a casa con sus seres queridos. El silencio sobre las desapariciones pesa en una región golpeada por la violencia generada por el CNJG y por la custodia que ahora tienen de las fuerzas federales, las cuales –como pasó en Villa Purificación- están sembrando más temor que seguridad. Algunas familias, sin embargo, están comenzando a romper el miedo para buscar a los suyos y denunciar a quienes propiciaron su desaparición.
Esta es la sexta entrega de la investigación titulada “El tortuoso camino de quienes buscan a los desaparecidos en Jalisco”, la cual es una radiografía de cómo está el segundo estado con más desaparecidos de México.
http://www.proyectodiez.mx/region-costa-sur-desaparecer-en-territorio-del-crimen-organizado/
Radio Calentana exigió al Gobierno del Estado de México retractarse de los señalamientos que aseguran que los locutores incitaban el apoyo a grupos criminales.
A través de un comunicado, Indalecio Benítez, titular de la estación desmantelada días atrás por La Marina, acusó al Gobierno del Estado de México y Federal de criminalizar la libertad de expresión.
“Exigimos la aclaración pertinente y a satisfacción para todo el equipo de apoyo, técnicos y locutores, quienes han demostrado su compromiso social y su solidaridad con Radio Calentana”, dijo.
Benítez, cuyo hijo de 12 años fue asesinado el 02 de agosto de 2014 durante un ataque armado a la estación que aún no ha sido esclarecido, recordó que diversas organizaciones nacionales e internacionales de periodistas y comunicadores, quienes han estado cercanos con esta estación vía internet, pueden constatar que su función social principal radica en la vinculación de mexiquenses con sus familiares migrantes en Estados Unidos.
“La calentana ha servido durante casi dos años a la comunidad del sur del estado, particularmente de Luvianos”, refirió.
También recordó que se encuentran en marcha los trámites para su regularización, derivado de la nueva legislación y lineamientos, pues se logró obtener una frecuencia autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para ese municipio sureño.
Por estas razones, manifestó su sorpresa por el contenido de un comunicado oficial distribuido por Gobierno del Estado de México a través de sus canales de comunicación social, para informar, de manera extemporánea, sobre el desmantelamiento de esa estación comunitaria.
En el boletín, lamentó, “acusan gravemente y sin fundamento, de manera escueta, que además de explotar el espectro radioeléctrico al no contar con concesión alguna para emitir su señal, la estación, a través de sus locutores, incitaba a apoyar grupos criminales relacionados con la delincuencia organizada”.
El comunicado fue emitido el 4 de noviembre y señala como fecha del operativo el 15 de octubre; ha circulado por la red, en medios electrónicos y en medios impresos diversos, con lo que ha originado comentarios en las radios de la capital mexiquense y ocasionado una serie de reacciones en perjuicio de los locutores.
La actuación de Radio Calentana, añadió, puede ser fácilmente comprobada con la información de la memoria en que se han grabado las emisiones de casi dos años, pero que fue decomisada también por La Semar.
trespm.com.mx/exige-radio-calentana-que-gem-se-retracte-criminalizan-libertad-de-expresion/
En México, defender la dignidad, la autonomía y la soberanía, para los pueblos se vuelve cada vez más difícil. El proyecto de los ricos, del capital, del poder, es, al final de cuentas, la historia del despojo, del sometimiento, de la esclavitud, de la expropiación, de la humillación, de la deshumanización, del proyecto de muerte que por años ha padecido nuestro pueblo.
Comunidades enteras han sido despojadas y desplazadas de sus territorios con la finalidad de extraer los minerales, las aguas y la biodiversidad que se encuentra en los lugares donde habitan; miles de hectáreas donde se producían los alimentos con la agricultura comunitaria, hoy se cubren con planchas de cemento y miles de casas de interés social sin ninguna planeación, solo “don dinero” reina.
Por eso, cuando vemos cómo los pueblos vienen organizándose, coordinándose y luchando en contra del despojo y por la defensa de sus recursos naturales, sabemos que nuestro proyecto es de vida; que es totalmente opuesto a los intereses de politiqueros, diputados y presidentes de cualquier partido político de este país, que no van a titubear ni un instante para traicionarnos, a criminalizar a quienes defienden sus territorios, de perseguir y reprimir al pueblo para servir a los intereses de transnacionales.
Eso se comentaba en reciente reunión en Coyotepec, donde se tuvo memoria del acuerdo que el presidente municipal en turno contrajo con la ciudadanía que dice representar, de respetar la voluntad en las elecciones al elegir la administración del agua.
Sin embargo, al ver afectada su intención de privatizarla, ha realizado una serie de acciones para deslegitimar y desprestigiar a la planilla electa propuesta por el movimiento “9 de junio”. Reuniones en cabildo con la promesa de abastecer el agua a la población mediante un generador a cambio de pagar 500 pesos, brigadas recorriendo los barrios tratando de persuadir para aceptar la municipalización por parte de personas del programa “prospera”, el paro laboral de las secretarias de la administración, la toma por policías del pozo central, mismo del cual los pobladores acudían a surtirse y que ahora para hacerlo deben pagar a Anguiano 100 pesos, etc.
Para detener esto, el pueblo se organizó, barrio por barrio, para hacer una colecta y buscar soluciones a la cerrazón de la CFE, para reconectar la cooperación casa por casa por parte de responsables por barrio; esto pone de manifiesto una comunidad más integrada, más consciente de las batallas que hay que dar para construir sus proyectos comunitarios autonómicos.
Por lo pronto, se ve a los comuneros manifestarser por los barrios de Coyotepec y, la la vez, en la ciudad de méxico junto a los compas de Atenco, Xochitlahuca y los mestros democtáticos del estado de México en protesta contra los despojos y en fensa del fuego nuevo que se levanta construyendo comunidad en la lucha.
05/11/15. Cahuacán y Coyotepec, comunidades en defensa del agua
Revolución 3.0
22/04/15. #AlertaCahuacán, el ejido más grande de México en despojo (parte 2)
5oymexico.org
10/04/15. #AlertaCahuacán, el ejido más grande de México en despojo (parte 1)
5oymexico.org
08/06/13. Despojo de Tierras Santa María Magdalena Cahuacán
Guardianes fieles del bosque
Edgar Rosas
Cahuacán y Coyotepec, comunidades en defensa del agua: “en el Edomex siempre hemos tenido gobiernos represores”
(05 de noviembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).-Diversas comunidades del Estado de México se encuentran en un proceso de lucha, en defensa de sus recursos y territorio ante los intentos de autoridades y empresas por despojarlos de sus riquezas. Un par de estos casos son el de la comunidad de Santa María Magdalena Cahuacán y Coyotepec, en defensa del territorio y el agua respectivamente.
Ambas comunidades han sufrido de los actos de hostigamiento y represión que el gobierno del Estado de México ha emprendido para desarticular su lucha. En los dos casos el papel de las instituciones encargadas de impartir justicia. Esto ha quedado evidenciado girando órdenes de aprehensión, a partir de acusaciones fabricadas.
Trinidad Cruz es integrante de la comunidad de Santa María Magdalena Cahuacán. Explicó que en el territorio de esta comunidad localizada en el municipio Nicolás Romero han intentado imponer la construcción de un complejo industrial así como la edificación de casas de alta plusvalía. “En nuestro territorio pretenden instalar un corredor industrial, con centros comerciales, con viviendas para ricos, estilo Sayavedra. Por eso estamos en pie de lucha”, dijo.
El poblador explicó que su hermano, Jesús Cruz, ha sido uno de los principales opositores a la construcción de este complejo industrial y habitacional. Denunció que como consecuencia de su activismo, le fue fabricado el delito de robo, con lo cual las autoridades mexiquenses le giraron una orden de aprehensión.
“Mi hermano es líder del pueblo, (está) en defensa de la tierra, del agua, del bosque, porque nosotros poseemos una superficie de 2 mil 402 hectáreas que fueron entregadas al pueblo el 27 de abril del 1997 por un dictamen a favor del pueblo, una sentencia del Tribunal Superior Agrario.
“(A mi hermano) le fincan un delito, el cual según es robo con lujo de violencia, mano armada y todo el rollo de 2 mil 700 pesos a unos fulanos que iban saliendo de una chatarrera”, relató al participar en el foro de personas perseguidas y presos políticos”, expuso.
Trinidad Cruz detalló que la orden de aprehensión fue ejecutada el pasado 2 de mayo, luego de que su hermano fuera hospitalizado tras fracturarse una pierna. Señaló que al nosocomio arribaron elementos de la Policía Judicial. No obstante, dijo, su hermano logró escabullirse, por lo que se mantiene escondido.
“Él está con esa orden de aprehensión por defender los derechos a la tierra que es nuestra, nos pertenece, pero con artimañas, la anuencia de los políticos, de todos los niveles de gobierno, se prestan para que a los dueños de inmobiliarias facilitarles todo el terreno que gusten para hacer sus megaproyectos (…) la gente se espanta, le da miedo cuando mencionan una orden de aprehensión a cualquiera. Muchos nos espantamos, no sabemos de donde venga, pero nos mantendremos en resistencia”, apuntó.
Trinidad Cruz llamó a la sociedad a luchar para cambiar al gobierno. Expresó su rechazo ante los intentos por desarrollar los megaproyectos en diversas zonas, pues, dijo, quieren cubrir con cemento tierras de cultivo.
“Nosotros seguimos en pie de lucha, e invitamos a los jóvenes que son los futuros dueños de México que nos apoyen, que nos ayuden para ver si con su ayuda podemos tener un mejor gobierno que sea justo, que respete nuestros derechos, que nos respete a cada uno.
“Que se den cuenta que si están cubriendo todas las áreas que son de cultivo, el día de mañana dónde vamos a vivir. Como está creciendo la población, ¿dónde va haber para sembrar tanto, si todos los campos que son de cultivo los están cubriendo de cemento y pavimento? ¿Dónde vamos a sembrar, dónde vamos a cultivar? De todo eso nosotros somos los dueños, somos indígenas mexicanos que nos han venido a arrebatar todo lo que era nuestro. Unidos todos podemos recuperarlo. La tierra no se vende, se ama y se defiende”, dijo.
Coyotepec, en defensa del agua
El principal problema que vive la comunidad de Coyotepec, como lo informó hace unos meses Revolución TRESPUNTOCERO, es el intento del gobierno municipal por quitar a los habitantes de esta demarcación el control de la Administración de Agua Potable Autónoma.
De acuerdo a Tomas Meza, desde el arribo al poder del actual presidente municipal de Coyotepec, Alfredo Anguiano Fuentes, la intención de despojar a los habitantes de este sistema autónomo de agua, que fue construido por el propio pueblo, se ha intensificado.
“El problema principal que tenemos es por el agua. Empezó este problema a partir de que el presidente municipal actual (Alfredo Anguiano Fuentes) entra en funciones y vimos el interés que tiene tan grande por controlar el agua que tenemos en el municipio.
“Contamos con tres pozos profundos que suministran el servicio a todos los domicilios, y ha sido construido por las mismas manos de los ciudadanos que habitamos ese municipio. Los gobiernos municipales que han estado al frente no han aportado casi nada. Entonces viene este presidente municipal y viene ese interés por controlar el vital líquido, pero debemos reconocer que toda la población se sumó para defender ese recurso”, explicó.
Tomas Meza denunció que los habitantes de Coyotepec han sufrido los embates del gobierno estatal “represor”. Enfatizó que el nivel de los ataques ha tomado dimensiones nunca antes vistas en el municipio, a tal grado que habitantes que se han caracterizado por defender el agua han sido asesinados.
“Estamos de acuerdo que en el Estado de México siempre hemos tenido un gobierno represor. (Hemos sido) presa de hostigamiento, de represión, de golpes, e incluso, ha habido compañeros que perdieron la vida por defender este recurso; hemos sido presa de incluso de privación ilegal de la libertad. Tenemos casos como el del compañero Vicente Moreno, que hasta su domicilio fueron a agredirlo, hiriéndolo casi de muerte. Afortunadamente sigue con nosotros en la lucha. La verdad hemos batallado demasiado. Repito, hemos sido presa de una represión como nunca se había vivido en este municipio”, dijo.
El habitante de Coyotepec explicó que en los alrededores del municipio se han construido megaproyectos habitacionales, como las denominadas ciudades bicentenario. Detalló que en estos complejos habitacionales carece el agua, por lo que una de las razones por la que se supone el ataque a los habitantes de Coyotepec es para abastecer estas zonas.
“Estamos rodeados ya por ciudades bicentenarios, que son miles de casas que se están, y que desafortunadamente el gobierno no planea las cosas como deben ser porque no tienen agua esas ciudades. Entonces ven que nuestros mantos acuíferos son muy generosos, nos lo quieren quitar, precisamente para darle a esas ciudades, pero quienes son los ganones son los empresarios, y nosotros los originarios de esos pueblos nos despojan de todo, de nuestros terrenos, porque también eso pretende hacer“, señaló.
Tomas Meza llamó a la sociedad estar al pendiente de las luchas de las comunidades que resisten contra el despojo. Pidió difundir las luchas que existen y apoyar.
“Les invito a todos que ayuden a difundir esto, que informen y que con base a eso el gobierno tanto municipal, estatal, federal, se dé cuenta que no estamos solos, que tenemos el apoyo de muchísima gente (…) les pido que den seguimiento a los casos, no precisamente el de Coyotepec, sino los lugares que estamos teniendo este problema.
“Esa es nuestra lucha. Hemos sufrido de muchas agresiones pero eso no nos detiene, al contrario nos fortalece porque lo hemos visto y vivido, y si no fuera por nuestros mismos vecinos, incluso su servidor no estaría hablando con ustedes, porque hemos sido presa de demandas, incluso de persecución, en donde gracias a algunos vecinos que nos informan nos hemos escondido, pero no por miedo sino porque si estamos presos, no podemos seguir. Tenemos que estar libres para seguir luchando y eso lo vamos a seguir haciendo mientras el gobierno siga reprimiendo a la población. Unamos esfuerzos, no nos dejemos solos. La fuerza es la unidad”, sentenció.
Francisco Medina
CHICONAUTLA, ESTADO DE MÉXICO, 5 de noviembre (Al Momento Noticias).- El líder de la Asociación civil Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna, José Humbertus Pérez Espinosa fue detenido este miércoles por elementos de la policía ministerial de estado de México en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el presunto delito de robo a casa habitación, confinaron familiares del dirigente.
La asociación que encabeza Pérez Espinosa ha ganado varios amparos y litigios a dueños de empresas como Urby y Geo por diversas irregularidades que ha logrado demostrar el frente mexiquense entre ellas la venta de casas construidas con materiales de mala calidad.
Este jueves un juez de control con sede en Chiconautla iniciará las primeras audiencias para revisar, entre otras cosas si la detención de Pérez Espinosa fue legal y si las acusaciones que le imputa la Procuraduría del estado de México están fundadas y motivadas en pruebas sólidas.
Por la mañana, previo a su detención, Pérez Espinosa ofreció una conferencia de prensa en la que ya adelantaba las intenciones de las autoridades mexiquenses de fabricarle delitos que por su gravedad no le permitiera la libertad bajo fianza.
En su página de internet el Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna, señala que el procurador de justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, perdió la controversia jurídica con el frente, y su respuesta ha sido fabricar delitos y carpetas de investigación como venganza.
Indica que el Frente Mexiquense inició el pasado 26 de septiembre de 2015 la recuperación de las viviendas por la vía legal y con una movilización ciudadana decidimos quitarle a la delincuencia los espacios y la paz que nos han robado.
“En esta manifestación ciudadana participaron aproximadamente 300 personas y notificamos a los invasores que tienen en su poder de 5 hasta 15 viviendas y que son líderes de los Comités Seccionales del PRI, sobre todo al grupo armado y violento que son protegidos por Vicente Urbina Bedolla y por el secretario de Seguridad Pública de Tecámac, Carlos Medina Olivares”.
El grupo violento, señalan, tienen controladas las Privadas de Laredo y Gallarta del Conjunto Urbano de Villa del Real Sexta Sección. “Esta acción la realizamos porque nosotros tenemos la Legitimidad Jurídica para solicitar y darle el derecho de audiencia a los invasores, para que acrediten a título de que tienen posesión de los inmuebles, en virtud de que el Frente Mexiquense representa a la Colectividad Agraviada por los delitos cometidos en contra de nuestro patrimonio”.
Indicaron que esta acción ciudadana tuvo como objetivo evitar que los invasores realicen la venta de los inmuebles por una cantidad de 40 mil pesos, con documentos apócrifos y sobre todo a compradores de buena fe, motivo por el cual pusieron un pegote en las puertas de los inmuebles vacíos, evitando tapar la chapa de entrada del inmueble para que no se les acusara de despojo.
Los pegotes señalan que las casas están aseguradas por la Fiscalía de Fraccionadores como resultado de la Averiguación Previa TOL/DR/I/490/2010, por el Ejercicio de la Acción Penal y por la causa penal 76/2014, “es preciso señalar que esta acción se la comunicamos a la Fiscal para Combatir los Delitos Cometidos por Fraccionadores, María Camacho Robles quien aprobó que realizáramos estas acciones ciudadanas ante la omisión del Secretario de Seguridad Pública de Tecámac, Carlos Medina Olivares, de no evitar las invasiones de los inmuebles”.
Señalaron que ante ésta acción pacífica y ciudadana, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, el procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el subprocurador General, Germán García Beltrán, el Fiscal Regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar y el titular del Centro de Atención Ciudadana en Tecámac “C” 3, Omar Hernández Heredia, y el presidente municipal de Tecámac, Oscar Raymundo González Pereda, en una acción concertada han fabricado una Carpeta de Investigación, en donde se acusa a José Humbertus Pérez Espinosa del delito grave de usurpación de funciones, cuando en ningún momento se presentó como policías cuando realizo la notificación a los invasores.
“La acusación es totalmente falsa, sabemos que no es la única Carpeta de Investigación, inclusive existen varias averiguaciones previas reservadas para consignarlas y que al ser detenido no alcance fianza y lograr privarme ilegalmente de mi libertad durante muchos años. Estas acciones son violatorias a mis Derechos Humanos y las enfrentaré, no es posible de que si soy acusado no se me deje conocer de que se me acusa y conocer a las presuntas víctimas de los delitos, esto no lo hacen porque saben que no existen elementos de tipo penal para detenerme por eso lo quieren o lo harán de manera oculta, como actúan los delincuentes” señala José Humbertus Pérez Espinosa en su página de internet.
Señaló que en este primer punto el Titular del Centro de Atención Ciudadana en Tecámac “C” 3, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Omar Hernández Heredia, protege impunemente a los delincuentes autores intelectuales y materiales del delito despojo.
Agregó que la estrategia del titular del Centro de Atención Ciudadana en Tecámac “C” 3, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Omar Hernández Heredia de no integrar las investigaciones y vincularlas a proceso en el nuevo sistema penal acusatorio es muy sencilla, no consignar e investigar a los autores intelectuales del delito de despojo y que son: Vicente Urbina Bedolla, Amelia Bautista Quijano, Valentina Serrano Fernández conocida como “La Abogada del Diablo”, y América María González Sánchez, ex presidenta de la Sexta Sección de Villa del Real, y demostrar que las invasiones fueron realizadas por los comités municipales del PRI en Tecámac y por el PRI del Estado de México.
“Tampoco me quieren dar el derecho a defenderme y ocultan la Carpeta de Investigación porque solo mediante testimoniales e imputaciones de los autores intelectuales y materiales de los despojos sostendrán la investigación, es decir utilizaran a delincuentes, a los propios invasores para fabricarme un ‘delito’ que es grave”.
Indicó que: “el fondo de la fabricación de la Carpeta de Investigación y la venganza del gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas y del procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez, es porque perdieron la Concentración de los Amparos que solicitaron desde el 9 de junio de 2015 a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ésta estrategia o chicana jurídica les fallo, y ante la negativa de no concentrar nuestro Amparo: 405/2015 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de México con Residencia en Naucalpan, con los: Amparos: 377/2015 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito del estado de México con Residencia en Naucalpan y que fue promovido por el delincuente, prófugo de la justicia y representante legal de la empresa constructora URBI DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., Sergio Armando Guevara Márquez y el Amparo 405/2015 radicado en el Juzgado Decimosegundo de Distrito con residencia en Nezahualcóyotl, promovido por René Jaime Mungarro, este Juicio de Garantías o Amparo quedo sin efectos jurídicos en virtud de que se cumplió con la orden de aprehensión y se detuvo a Jaime Mungarro”.
Para acreditar la grave derrota por parte de la PGJEM solo basta leer el Tercer Resolutivo de fecha 14 de octubre de 2015 con el Número de Oficio: STCCNO/1751/2015-CONC, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, Lic. José Felipe Marcelo Iniesta y que a la letra dice: “Tercero. Es improcedente la concentración del juicio de amparo 405/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez conforme del capítulo de exclusiones”.
Con esto se cumple la estrategia que se propuso el Frente Mexiquense, en virtud de que se tendrá que presentar a declarar en primer término por el delito grave de fraccionadores como servidor público que participo y colaboró: Aarón Urbina Bedolla, presidente electo para ocupar por cuarta ocasión la presidencia municipal de Tecámac, al presidente municipal en funciones Oscar Raymundo González Pereda y Rolando Velázquez Badillo, ex Director de Desarrollo Urbano y Director de ODAPAS.
Es importante señalar que en el Resolutivo segundo de fecha 14 de octubre de 2015 con el Número de Oficio: STCCNO/1751/2015-CONC, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, José Felipe Marcelo Iniesta, señala que es procedente la concentración del Juicio de Amparo 405/2015 que interpuso René Jaime Mungarro y el Amparo 377/2015 promovido por el prófugo de la justicia Sergio Armando Guevara Márquez, es decir el Amparo de René Jaime Mungarro se quedó sin efectos jurídicos en virtud de que se cumplió con la orden de aprehensión, por lo tanto no puede haber la Concentración de un solo Amparo, porque para la Concentración debe tener más de dos y en éste caso sólo existe un Amparo que ésta activo.
El 3 de noviembre de 2015 se presentó ante el Ministro, Luís María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el recurso para que se inicie de manera inmediata la destitución e inhabilitación del Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y del Comisario General de la Policía Ministerial, Mauricio Crispín Hernández Butrón, por contravenir la Ley de Amparo concretamente en el Capítulo III de los Delitos en su artículo 262º fracción I.
Porque se acredita que el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y del Comisario General de la Policía Ministerial, Mauricio Crispín Hernández Butrón, ambos servidores públicos rindieron informes falsos que negaron la verdad jurídica de los hechos, por ello señalaron que las órdenes de aprehensión en contra de René Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, ingresaron al Sistema de Control y Seguimiento de Órdenes de Aprehensión el 17 de abril de 2015, esto es falso y niegan a la verdad en virtud de que las órdenes de aprehensión, se giraron y se registraron el 10 de marzo de 2015 y además se le notificó el 12 de marzo de 2015 al Subprocurador Regional de Justicia del PGJEM con Sede en Ecatepec de Morelos del Estado de México, de las citadas órdenes de aprehensión.
En el propio Informe Justificado de fecha 17 de abril de 2015 concretamente en la constancia de la Comisaría General de la Policía Ministerial, en el documento de impresión de Orden de Aprehensión, en el apartado Agentes asignados en el renglón de fecha de orden de aprehensión se señala 10-03-2015, Coordinación Grupo II de Ecatepec y la fecha de registro se señala 17-04-2015, es decir ambos servidores públicos tenían conocimiento que la fecha de las órdenes de aprehensión fueron de fecha 10 de marzo de 2015.
“Con esto se confirma que el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y el Comisario General de la Policía Ministerial Vicealmirante, Mauricio Crispín Hernández Butrón, manipularon y ocultaron durante 37 días las órdenes de aprehensión en contra de los Representantes Legales de las empresas URBI DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. y que hasta el día de hoy llevamos 251 días sin ser detenido el delincuente, Sergio Armando Guevara Márquez”.
Ante estos hechos, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC adelantó que promoverá una denuncia ante Amnistía Internacional en contra del gobernador Eruviel Ávila por no frenar las amenazas de muerte a sus líderes ni abusos contra sus integrantes que promueven sanciones por fraudes inmobiliarios.
Indicaron que ante la indiferencia del gobernador Eruviel Ávila y del secretario general de Gobierno, José Sergio Manzur, el próximo lunes 19 de octubre de 2015 presentaremos una denuncia ante Amnistía Internacional Sección México en su contra.
www.almomento.mx/encarcelan-a-activista-defensor-de-la-vivienda-digna-en-edomex/
Esta tarde sesionó el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del estado de Guerrero, encabezado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, en el Fórum de Mundo Imperial de esta ciudad.
Antes de la ceremonia donde también estuvo el gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Desarrollo Económico estatal Abel Arredondo Aburto informó que en materia de Minería Guerrero saltó al sexto lugar a nivel nacional luego de estar en los últimos sitios y “esperamos acercarnos al tercero en unos cuatro años”.
Dijo que Zacatecas y Durango eran los estados que destacaban, mientras que Guerrero “estaba en los últimos lugares. Pero se ha detectado un cinturón de riqueza minera impresionante en los municipios de Eduardo Neri, Arcelia, Petatlán, La Unión, Coyuca de Catalán, Atenango del Rio y en la región de La Sierra”.
Refirió que esa zona “puede detonar la riqueza de la entidad, porque se van a generar proyectos productivos. Hablamos de una cantidad de 60 millones de pesos en proyectos que se distribuirán en esa región” y recordó que Guerrero aporta 3 por ciento de producción minera en México y se está buscando meterlo a la competencia para que sea uno de los primeros lugares.
Luego dijo que esas zonas son los más difíciles en materia de inseguridad por la violencia organizada, “tenemos que acometer todas las posibilidades. Ese tema se está tratando ya con responsabilidad y determinación”.
Al respecto, el director general de desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, Juan José Camacho López, dijo que se trabaja desde el 2013 de manera conjunta con el gobierno de Guerrero, “el estado ha sido sensible a los aspectos de seguridad y sabe que es muy importante que se pueda dar seguridad a esas zonas, no sólo para las empresas, sino para la gente que trabaja, así como los ejidatarios que reciben el pago de rentas, que sufren de la inseguridad”.
Entrevistado antes del inicio del acto y sobre la pregunta de cómo se está procurando la integridad de los ciudadanos en estas áreas, invitó a preguntar por el proyecto Media Luna, “que ha sido un proyecto que a logrado obtener los apoyos del gobierno federal a través de la Gendarmería, el Ejercito, La Marina y Policía Estatal”.
“Tiene que haber pláticas y comunicación sincera con los dueños de las tierras, y representantes de organizaciones que se oponen al desarrollo, porque habrá beneficios que valgan la vena”, dijo.
Sobre la prevalencia del Estado de derecho que se exigió durante el Congreso Minero que sesionó horas antes opinó que “el Estado de derecho es básico para todos y el gobierno federal trabaja para brindarlo a través de sus entes de seguridad”.
En el acto, la titular de la SEDATU Rosario Robles resaltó que ese fondo minero forma parte de la Reforma Fiscal, en la que se establecen nuevos derechos a Minería, por ello, se suma un 7.5 por ciento de utilidades de empresas mineras y el 0.5 por ciento además en el caso de oro plata y platino, con lo que este fondo, por 60 millones de pesos, asistirá a los municipios de Tetipac, Zumpango, Coyuca de Catalán, Arcelia y Petatlán con alumbrado público, reconstrucción de centros escolares y la pavimentación de calles.
Robles Beranga dijo que espera que estos recursos se apliquen en el estado antes de finalizar el año. Detalló que con este fondo, “se hace justicia a Guerrero” y que, por cada peso, “20 centavos van a la Federación, 30 para los estados y 50 a los municipios para obra pública, infraestructura escolar, alumbrado público, drenaje, entre otras”.
Al acto asistieron el delegado federal de la SEDATU Alfredo Fernández Peri, el representante de la empresa Filos-Gold Corp, Michael Harvey, la directora general de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, Delgado, el titular de la unidad de utilización de suelo para proyectos en energía e inversión física de los fondos mineros, José Ricardo López Pescador y el presidente de Cluster Minero Actuario, Alfredo Philips.
bajopalabra.mx/mineria-sacara-de-la-pobreza-a-guerrero-segun-desarrollo-economico/
05/11/15. PGR define en noviembre si continúa o no con caso Calera
SDP NOticias
07/08/15. La PGR fija plazo para investigación complementaria del caso Calera
La Jornada
31/07/15. En Zacatecas, 4 militares están procesados por desaparición forzada
Sopitas.com
18/07/15. Hallan muertos, con un tiro en la nuca, a 4 de los 7 jóvenes presuntamente desaparecidos por militares
Proceso
16/07/15. Denuncian desaparición de siete jóvenes por el Ejército en Zacatecas
La Jornada
Redacción SDPnoticias.com
jue 05 nov 2015
El plazo de investigación que se amplió por tres meses concluyó el 30 de octubre.
México.- El 28 de octubre se celebró audiencia en el Centro de Justicia Federal de Ciudad Gobierno en Zacatecas con motivo del caso de desaparición y asesinato de siete jornaleros en Calera el 7 de julio.
La obtención de pruebas en el proceso judicial en contra del coronel Martín Pérez Reséndiz y tres elementos de ordenanza identificados como José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, por la desaparición forzada y el homicidio de las víctimas obligó a ampliar la investigación tres meses.
La audiencia fue presidida por el juez Juan Ramón Barreto López y en ella estuvieron presentes los cuatro militares indiciados junto a los cinco abogados que los representan, así como las familias de las víctimas, quienes aparecen como testigos protegidos.
Esto fue el resultado de un plantón el 15 de julio a fuera del domicilio allanado de dónde desaparecieron los jóvenes, y de su visita al Congreso de Zacatecas, lo cual obligó a la Procuraduría General de la República a acudir a la vivienda, recabar declaraciones y llevar a cabo peritajes.
Nota relacionada: Abren juicio contra 7 militares por desaparición en Calera
El 17, la procuradora Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los desaparecidos dentro de una casa cercana a la presa El Tesorero, en una brecha de la carretera Jerez-Fresnillo; ese mismo día, pero más tarde, se localizó a los tres restantes, quienes tenían un disparo en la cabeza y signos de tortura, además de que la evidencia mostraba que habían fallecido días atrás.
Las autopsias e informes forenses certificaron el asesinato horas después del levantamiento por parte de los militares en la vivienda el 7 de julio.
De acuerdo con Proceso, filtraciones a portales digitales y medios locales indicaban que tres de las siete víctimas, entre las que se encontraba el exmilitar Germán Martín García, fueron señalados como delincuentes de bandos contrarios.
Cienfuegos advierte cero tolerancia a violaciones a derechos humanos
Diez días después de la desaparición, el Ejército ya llevaba a cabo su propia investigación, sin embargo y con base en fuentes militares, debido a la falta de credibilidad en la institución por casos como Tlatlaya o Ayotzinapa, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, molesto por el exceso de Reséndiz y la ostentación de éste sobre su presunta amistad, lo empleó como ejemplo de que las fuerzas armadas no tolerarían violaciones a la ley o los derechos humanos.
Leer: Ejército no tolerará a militares que infrinjan la ley, advierte Cienfuegos
Poco después, la Sedena confirmaba vía comunicado sobre la detención de cuatro militares que serían puestos a disposición de las autoridades civiles para ser procesados.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su aparición en octubre y envió a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara para que fungieran como asesores jurídicos, luego de que los militares fueran vinculados a proceso el 31 de julio, lo que llevó al juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio a fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual venció el 30 de octubre.
www.sdpnoticias.com/estados/2015/11/05/pgr-define-en-noviembre-si-continua-o-no-con-caso-calera
Luis Rubén López
Exigen a la petrolera que limpie los desechos de tuberías frente a Sánchez Magallanes; hay 3 mil empleados sin laborar.
Alrededor de 300 personas procedentes de Sánchez Magallanes, Cárdenas, se encuentran apostadas frente a las instalaciones del puerto de Dos Bocas, así como también en la Administración Portuaria Integral (API) y el edificio administrativo Kaan-Ceiba exigiendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) que pague para resarcir los daños por las afectaciones que causan, entre ellas los desechos de tuberías que se encuentran desde hace muchos años frente a las costas de Sánchez Magallanes.
Como afectados se encuentran cerca de 3 mil empleados de Pemex, compañías filiales y afines, puesto que no se les está permitiendo el acceso a sus puestos de trabajo dentro del puerto.
El lugar se encuentra completamente resguardado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Seguridad Pública Municipal, quienes vigilan el desarrollo de la protesta afuera de esta importante terminal portuaria.
Cerca de las 08:00 horas una comisión de manifestantes entabló un diálogo con el funcionario Mauro Martínez Navarro, quien se desempeña como director de asuntos externos y comunicación de Pemex.
www.tabascohoy.com/2/notas/278977/cierran-dos-bocas-para-protestar-contra-pemex
EMILIA PESCI | NTRZACATECAS.COM
Jueves, 5 de noviembre de 2015
Zacatecas.- Ana María Monreal Ávila, directora de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), aseguró que no es posible hacerles estudios a los habitantes de las zonas mineras para detectar plomo en sus organismos, debido a que el presupuesto que se recibe de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es insuficiente.
“Específicamente en este tema del plomo, no hemos investigado porque no tenemos la infraestructura; esta materia compete más a nivel federal y el presupuesto es tan reducido que tenemos que priorizar”, explicó.
Detalló que por año se cuenta con un recurso federal de 5 millones de pesos, dinero insuficiente para atender las diversas problemáticas que derivan de las condiciones orográficas de la entidad y la actividad minera.
Monreal Ávila afirmó que en reiteradas ocasiones se ha planteado a la Cofepris la necesidad de realizar estudios al respecto, sin embargo, la respuesta es que hay problemas más apremiantes a los que deben destinarse los recursos.
“Hemos intentado, lo hemos propuesto en varias ocasiones y en varios foros, que sea uno de los proyectos prioritarios en nuestro estado, pero como en todas las dependencias dependemos del presupuesto asignado”.
Agregó que se cuenta con 80 verificadores en toda la entidad, lo cual “limita en gran manera los trabajos, que están enfocados en las dificultades que puedan afectar a mayor número de personas, como la calidad de los alimentos y del agua”.
Reconoció que la situación existe, aunque refirió que no puede catalogarse como un problema de salud pública hasta que no haya resultados de ese tipo de monitoreos; sin embargo, reiteró que no se cuenta con la infraestructura necesaria para analizar a los poblados en riesgo.
Finalmente, la funcionaria exhortó a los legisladores locales para que encaminen recursos provenientes de los impuestos que se obtienen de las empresas mineras, a la atención de este problema.
ntrzacatecas.com/2015/11/05/insuficiente-presupuesto-para-atender-a-personas-con-plomo/
Informamos que el día de hoy miércoles 4 de noviembre la comunidad y particularmente el Frente 9 de junio impidió que se realizara la fraudulenta reconexión de energía electrica a uno de los pozos principales, el del barrio de Chautongo, pues la CFE lo haría para beneficio del intervencionismo ilegal de la presidencia municipal príista, la que, aprovechándose de la carencia de agua en ese municipio, quiere desconocer a la administración comunitaria del agua y apoderarse de la misma para iniciar el proceso y negocio de privatización de ese servicio.
De manera organizada en la plaza central y el el portón del pozo de Chautongo mujeres y hombres comprometidos con la cultura comunitaria de agua como bien común, no permitió que la maquinaria y personal de la CFE hiciera esto, sin antes realizar un convenio de pagos y servicio electrico CON la LEGITIMA administración comunitaria del agua que fue elegida recientemente.
Los contras príistas y sus grupos de choque buscaron burlar el voto de rechazo a esa reconexión sin convenio y luego provocaron hasta cansarse a los pobladores para que se diera paso a la reconexión que municipalizaría una propiedad comunitaria ganada por la tradición de lucha de los y las de Coyotepec. Pero no pudieron frente a la contundente y serena actitud de la comunidad organizada.
Se espera que desde este jueves 5 de noviembre se reunan y convenien la reconexión con todas las reglas y acuerdos asumidos por la administración comunitaria y la CFE y que participen en ese convenio representantes de los barrios de Coyotepec.
La presión sigue con amenazas, propaganda falsa contra el 9 de junio y una ola de rumores para atemorizar con la represión a los pobladores no organizados.
pero ala vez la lucha y la organización barrial de colectores de pago y defensores de los pozos de agua de la comunidad avanzan.
¡Adelante, adelante que la lucha es constante!
Pedro Matías, Oaxaca
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Agentes Estatales de Investigación (AEI) detuvieron a dos de los cinco individuos que violaron a una pasante de Medicina del Centro de Salud de San Pedro
Comitancillo.
Fue el pasado 30 de octubre cuando fueron detenidos Juan Diego Calderón Toledo y Héctor Ojeda López, como probables responsables en la comisión de los delitos de violación tumultuaria y robo, luego que el Juez de garantía de Santo Domingo Tehuantepec obsequió la orden de aprehensión bajo la causa penal 426/2015.
Los indiciados fueron trasladados a la oficina de la Vice fiscalía por Razón de Género de la Subprocuraduría General del Istmo, y presentados ante el Juez de Garantía para la audiencia de control de detención, quien este miércoles a las 17:00 horas los declaró formalmente vinculados a proceso en prisión preventiva.
La Fiscalía de Justicia resaltó que la pasante de la licenciatura en Medicina egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llegó hace ocho meses a San Pedro Comitancillo Tehuantepec para realizar su Servicio Social en el centro de Salud de la comunidad.
Fue el pasado jueves 22 de octubre, alrededor de las tres de la madrugada cuando la víctima se despertó al escuchar ruidos y descubrió a sus cinco atacantes, entre los que identificó a Juan Diego Calderón Toledo y Héctor Ojeda López.
Los atacantes la sometieron amenazándola que pertenecían al grupo criminal del “Los zetas”, y que mejor no hiciera nada, posteriormente uno a uno de los imputados la ultrajaron sexualmente.
Por estos hechos se inició el legajo de investigación 4959/FMIT/2015 y la Fiscalía de Justicia del Estado procedió a la detención de dos de los implicados.
El Fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz manifestó que este delito será sancionado de manera severa al vulnerar de forma integral la situación de la víctima y de todo su entorno social.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dió un plazo de cinco días a la Fiscalía General de Justicia para que rinda un informe de las investigaciones realizadas sobre la agresión sexual que sufrió una pasante de medicina egresada del Instituto Politécnico Nacional que realizaba su servicio social en el centro de salud de en San Pedro Comitancillo.
Por su parte, trabajadores de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) realizaron el pasado 27 de octubre un paro de labores en los siete hospitales y 143 centros de salud del Istmo de Tehuantepec para exigir a las autoridades de justicia esclarecer hechos de abuso sexual y físico que sufrió la pasante de medicina.
Los sindicalizados lamentaron que la inseguridad que azota a la región istmeña afecte la actividad del personal que brinda servicios a la salud en localidades, porque no existen condiciones de seguridad en las clínicas y hospitales.
05/11/15. Detienen a dos implicados en la violación tumultuaria de pasante de Medicina en el Istmo de Tehuantepec
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29/10/15. Marchan más de mil trabajadores de salud en Comitancillo
Istmo Press
27/10/15. Paran labores trabajadores del Sector Salud en el Istmo, exigen justicia por médica que sufrió abuso sexual y físico
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26/10/15. Marchan para exigir justicia por médica que sufrió abuso sexual
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Plano Informativo
Emilia Monreal
El Tribunal Unitario Agrario dictó un plazo de tres días hábiles que vence el lunes próximo, a los directivos de Logistik Park para que hagan el pago del 25 por ciento restante del adeudo que se mantiene a los ejidatarios de La Pila.
De acuerdo a la información de los ejidatarios, se había acordado que el día 30 de octubre se haría el depósito del 25 por ciento restante, pero la empresa no cumplió, y el magistrado que lleva el asunto dictó una sentencia interlocutoria, en la que se establece que tienen tres días hábiles para que hagan el pago final, con lo que quedaría liquidada la compra del terreno para ampliación de Logistik Park.
Los ejidatarios esperan que se cumpla con el acuerdo ante el Tribunal Unitario Agrario, porque aseguraron que ya dieron muestras de que pueden tomar diversas acciones como el bloqueo al parque industrial, a fin de presionarlos para que terminen de pagar los 30 millones de pesos por los que se adquirieron los terrenos.
Cabe recordar que el día 15 de octubre, los ejidatarios bloquearon el acceso al parque industrial, el cual duró seis días, porque se llegó a un acuerdo que el viernes 23 se depositaría el 50 por ciento del adeudo que se mantenía con los 507 ejidatarios, y el 25 por ciento restante sería a finales de octubre, el cual no se cumplió por los directivos de Logistik Park.
planoinformativo.com/nota/id/423762/noticia/logistik-no-ha-pagado-a-ejidatarios.html
Miguel Ángel Vega, Sinaloa.
En su odisea por encontrar justicia, padres de los 16 bebés muertos en la clínica 35 del IMSS durante el 2014, por supuesta negligencia médica, viajaron este miércoles a la ciudad de México para entrevistarse con autoridades del Seguro Social y de la PGR en demanda de avances en la investigación, y castigo para quienes resulten culpables por la muerte de los infantes.
Pero por toda respuesta, los padres sólo encontraron la promesa de que se investigará el caso “hasta las últimas consecuencias”, junto con “una gran disculpa” por parte de funcionarios del seguro social.
“Eso es lo que les podemos dar en este momento, y el compromiso que seguiremos investigando, y si es necesario cesar a médicos por negligencia, incluso, entregarlos a la justicia, lo haremos”, dijo Alejandro Cosío Seifer, director de la Unidad de Evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la reunión, acontecida ayer miércoles, justo minutos después de haber aterrizado en la ciudad de México, los padres expusieron los casos de negligencia médica, y exigieron una mayor supervisión en las clínicas del Seguro, para que no se repita muerte de infantes.
“A nosotros ya nos pasó, pero se puede evitar, y es lo que se quiere”, dijo Ivette Verónica Gastelum, una de las madres que hizo el viaje hasta la ciudad de México.
Posteriormente, los padres se vieron con autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy tuvieron una reunión con funcionarios de la PGR, pero al igual que en el IMSS, sólo encontraron promesas, sin tener hasta el momento un resultado de las investigaciones.
“Las autoridades se lavan las manos, y nos piden disculpas por la muerte de nuestros hijos, cuando en realidad lo que queremos nosotros es resultados”, objetó Francisco Javier Cortez Mora, padre de uno de los bebés fallecidos.
Los padres de familia, acompañados por Tere Guerra, del colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, dijeron que continuarían en el DF un día más, en busca de respuestas más precisas, y entonces regresarían a Culiacán.
“Es triste saber que no hay respuesta, pero al menos los padres se desahogaron”, expuso la activista.
Óscar Palacios Castañeda
Senadores de la República se reunieron este jueves con padres de los bebés fallecidos en el Hospital General Regional Número 1 del IMSS, en Culiacán, Sinaloa, debido a una bacteria que se propagó como consecuencia de las condiciones insalubres de dicho nosocomio.
Durante el encuentro, Francisco Javier Cortés Mora, padre de uno de los menores fallecidos exigió que se haga justicia y se sancione a los responsables de esta tragedia.
Y es que, señaló, el área de cuneros de dicho hospital se encontraba en condiciones insalubres, con pisos, sabanas y batas sucias e incluso cucarachas alimentándose de sangre a escasos metros de los cuneros.
En tanto, María Teresa Guerra, del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, destacó que más allá de las 16 denuncias que se han presentado, existen muchos otros casos que se están investigando.
Y es que, afirmó, la muerte de los bebés no fue por algo natural ni por la debilidad de los menores, sino porque, aseguró, las salas del hospital se contaminaron y no se siguieron los protocolos de sanidad correspondientes.
Cabe señalar que los padres afectados fueron recibidos por el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, quien -de acuerdo con la senadora por el PRI, Diva Gastélum- dará seguimiento a este caso.
Raquel May Olán
Villahermosa, Tabasco.- Con Yessenia López Aguilar de 27 años de edad, encontrada sin vida en el parque La Pólvora el pasado domingo, suman 19 feminicidios en la entidad durante este 2015; hasta el momento no han sido esclarecidos, así lo reveló el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), al reportar que con esta cifra se duplican los delitos de este tipo registrados en el 2014.
Armando Dorantes, encargado del área de investigación del Codehutab, dio a conocer que las características del caso de Yessenia encuadran con la tipificación de feminicidio estipulada en la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, promulgada en Tabasco en el 2008.
Afirmó que hasta el momento no se ha podido consignar ninguno de los 19 casos de feminicidio que a la fecha se han registrado, debido a la falta de interés de las dependencias implicadas, principalmente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Explicó que los números que manejan las dependencias son contradictorios a los que el Codehutab registra, puesto que hace falta capacitación del personal para tipificar estos delitos; conforme a ello, reveló que de acuerdo a cifras solicitadas a la FGE, hasta el mes de julio tan solo reconocían siete casos, mientras que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) únicamente ha recibido uno.
“Los números que hemos solicitado a las dependencias son contradictorios, este año prácticamente se duplicó la cifra, lo cual es preocupante porque son varias instancias que están involucradas desde la misma ley, y siguen brillando por su ausencia”, puntualizó.
Dijo ser innecesaria la creación del Protocolo Alba, pues la ley promulgada en el 2008 contempla en su artículo 21 que el poder ejecutivo puede declarar la alerta de violencia de género, en donde todas las instancias gubernamentales que están involucradas pueden activar el protocolo, “no era necesario implementar otra alerta porque ya existía desde el 2008”, dijo.
Finalmente, recalcó que los índices de feminicidios en el Estado este 2015 han superado a los registrados desde el 2012, sin contar que aún faltan cerca de dos meses para que concluya.
Carmen Pizano, Guanajuato, Gto.
La multa de 200 mil pesos que impuso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la compañía Minera el Rosario, filial a la empresa canadiense Greath Panther Silver, por el derrame de jales en el río Guanajuato no ha sido pagada.
El delegado de Conagua en Guanajuato, Humberto Navarro de Alba, explicó que aunque los contaminantes detectados en el río Guanajuato no son graves, igual se hizo la multa a la empresa.
El funcionario federal comentó que fue hace cuatro meses que se impuso la multa, pero a la fecha no han pagado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Les hicimos una recomendación, les impusimos también sanción económica y recomendaciones de obra”.
Fue en junio pasado cuando los minerales llegaron a al río Guanajuato después de que una tubería que bombea los jales se rompió.
En entrevista con Navarro de Alba comentó que se hizo el recorrido en la zona de Cata, donde ocurrió el derrame de los minerales.
“Yo estuve haciendo el recorrido, hicimos los estudios de calidad del agua, nos arrojó que no teníamos los contaminantes suficientes. No tenemos contaminantes serios, graves, que puedan afectar a la población”.
El delegado de Conagua advirtió que de no pagarse la multa, el personal de la Secretaría de Hacienda podría embargar a la empresa minera.
miércoles, 04 de noviembre de 2015
Trabajadores del Altos Hornos de México (Ahmsa) protestaron por la liquidación de pensiones que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que los deja sin atención médica por el resto de sus vidas, dijo José Alberto Garza, un hombre con discapacidad permanente.
Unos cien trabajadores provenientes de Monclova estacionaron su autobús sobre el bulevar Venustiano Carranza, poco antes del mediodía y de ahí descendieron con pancartas fluorescentes en donde decían: “Seguro Social cotizamos durante 30 años y pagamos impuestos, las pensiones son de por vida, no de cinco años.”
“Señor gobernador ayúdenos, somos gente de paz que fuimos despojados de nuestras pensiones por el Seguro Social.”
“Señores diputados ayúdenos, el IMSS nos quitó un derecho, violando todas las leyes y los derechos humanos”, exponía otra de las pancartas que mostraban a los conductores del principal bulevar de la ciudad.
‘ES INJUSTO’
José Alberto Garza ex trabajador de Ahmsa, explicó que hace cinco años les ofrecieron un finiquito por 90 y cien mil pesos, equivalente a la pensión de cinco años y algunos lo aceptaron, pero ahora ya no tienen derecho a servicio médico ni pensión.
“A nosotros no nos dijeron que al firmar ese finiquito por cinco años, perdíamos nuestra pensión y ya no se tendría atención médica, por eso estamos aquí, porque es injusto, queremos sólo lo que es justo, nada más”, dijo Garza quien camina con muletas.
“Ya pasaron los 5 años y ahora estamos en juicios con abogados; él IMSS lo hizo para ver si en 5 años ya me moría, pero todavía estoy aquí”, dijo.
www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/11/4/protestan-jubilados-ante-imss-540961.asp
Notimex
04/11/15
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ)realiza un paro de 12 horas en la casa de estudios, en demanda de que le sean asignadas las cargas laborales del próximo ciclo escolar.
Ellíder del SPAUAZ, Crescenciano Sánchez, confirmó que el paro de actividades se desarrollará en demanda del cumplimiento de los compromisos de la rectoría. Además, indicó que la rectoría, encabezada por Armando Silva, no ha efectuado los depósitos mensuales de siete millones de pesos que se deben al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). “La rectoría se comprometió a efectuar los pagos de manera puntual y hasta ahora no ha cumplido”, dijo.”Indicó que la administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tampoco ha pagado las primas de antigüedad de septiembre y octubre. Ante esa situación, comentó Crescenciano Sánchez, las y los agremiados decidieron parar actividades este miércoles a manera de presión.
Proceso
Pedro Matías, Oaxaca
Oaxaca (apro).- Con marchas, bloqueos, mítines y ayunos, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron la liberación de sus compañeros Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García, detenidos el pasado 28 de octubre y recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Por la mañana, el comité ejecutivo convocó a un plantón y un ayuno de seis horas frente a los juzgados de Ixcotel, y a partir de las 4 de la tarde a una concentración masiva (fuera del horario de clases) y un bloqueo en el crucero de Símbolos Patrios.
Con cartulinas donde se leían consignas como: “Libertad a los presos políticos”, “Justicia”, “En México luchar por la verdad es un delito” y “Alto a la criminalización de la protesta social”, los inconformes anunciaron que iniciarían una huelga de hambre en respuesta al auto de formal prisión dictado al profesor Roberto Abel Jiménez García.
La representante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, Edith Santibáñez Bohórquez, señaló que este martes la juez primero de lo penal del fuero común del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión Jiménez García, conocido como ‘El Abuelo’.
“La juez Graciela Maldonado González nos sorprendió, porque sin respetar el debido proceso le dictó un auto de formal prisión al compañero, por lo que vamos a exigir su traslado a la penitenciaria de Oaxaca y solicitaremos al presidente del Tribunal Superior de Justicia libertad bajo caución”, puntualizó
Santibáñez Bohórquez comentó que en el proceso que se sigue a los detenidos hay distintos vicios, así como inconsistencias e irregularidades, como el no permitir que los detenidos tengan contacto con familiares y abogados.
Precisó que al menos el día de hoy no tendrán acompañamiento del cuerpo jurídico porque no lo ha permitido la autoridad federal, cuestión que violenta los derechos humanos de los detenidos.
Tanto el profesor Othón Nazariega Segura como Juan Carlos Orozco Matus, rindieron este miércoles su declaración y ya fueron asistidos por abogados de la Sección 22, mientras que la comparecencia de Efraín Picaso está programada para mañana.
Por separado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, manifestó que “las resistencias de quienes han querido secuestrar la marcha de la reforma educativa se superan con la coordinación eficaz y eficiente de las autoridades, y con respeto a la ley”.
Durante su participación en los trabajos del Mecanismo de Coordinación Regional Zona Sur-Sureste, anunció que se destinarán a esa zona 15 mil millones de pesos para construir y mejorar escuelas.
Ante los gobernadores de Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, el funcionario federal dijo que ante quienes se han negado a la reforma educativa, la respuesta es esta coordinación que busca establecer una agenda periódica para construir una nueva realidad y alcanzar educación de calidad.
A su vez, los gobernadores reiteraron su apoyo pleno a la reforma educativa y su implementación integral, y acordaron hacer cumplir la Constitución y las leyes que regulan la política de educación en el ámbito de sus atribuciones.
De igual manera, se comprometieron a impulsar los cambios y acciones necesarios para cumplir con la obligación de garantizar educación de calidad con equidad para niños y jóvenes.
En el acto, Nuño comentó que la coordinación entre las autoridades estatales y federales permitirá llevar a buen puerto la reforma educativa, y recordó que a través de los certificados de infraestructura escolar se tendrán 50 mil millones de pesos adicionales para atender los problemas de en las escuelas.
En este sentido, insistió que la Zona Sur-Sureste obtendrá 15 mil millones de pesos, y reiteró que pese a la situación económica complicada, no habrá recorte al presupuesto para educación, por lo que se prevé que el año próximo se cuente con 712 mil millones de pesos en la materia.
04/11/15. Protestan jubilados ante el IMSS
El Diario de Coahuila
noviembre 03, 2015
Leticia Ánimas Vargas, Ocotepec, Pue.
Como un acto intimidatorio por su movilización en defensa del agua y los recursos naturales de su territorio, fue considerado por pobladores de Ocotepec el acuartelamiento de elementos del Ejército Mexicano que esta mañana llegaron en convoy a la cabecera del municipio ubicado en la entrada de la Sierra Norte de la entidad.
Por segunda ocasión, en menos de dos meses, varios vehículos que transportan soldados llegaron a la demarcación cuyos habitantes iniciaron en septiembre pasado una protesta contra la fundación estadunidense Living Water International (LWI), debido a que consideran que mediante la realización de una obra hídrica, pretende administrar el suministro del agua en su territorio.
Lo anterior fue dado a conocer por miembros del Comité en Defensa del Agua y los Recursos Naturales que indicaron que esta mañana arribaron a la comunidad cinco vehículos “llenos de soldados” que se acuartelaron en el Auditorio Municipal, sin que se dieran a conocer los motivos de su presencia.
Los inconformes aseguraron que hace mes y medio –en septiembre-, los militares recorrieron el pueblo, acompañados por elementos de la Policía Municipal, quienes “activaban las torretas de sus vehículos cada vez que pasaban frente a las casas de algunos integrantes del movimiento para la defensa del agua.”
Sin embargo, explicaron en esta ocasión no se sabe el motivo de la presencia de los miembros del ejército, por lo que consideraron que tiene la finalidad de intimidarlos y doblegarlos en su lucha contra la fundación financiada por la Coca Cola y otras empresas petroleras de Estados Unidos, que quiere “apropiarse” del líquido vital.
“Es la segunda vez en menos de dos meses que llegan los soldados. Nunca habíamos tenido tantas visitas en tan poco tiempo por parte de las fuerzas armadas en tiempos de paz. A ellos les queremos decir que el pueblo uniformado, también es explotado”, añadieron.
Los habitantes de Ocotepec indicaron que la fundación Living Water International no ha desistido en su intención de construir un tanque de almacenamiento de agua de 150 mil litros en el centro de la cabecera y su presencia sigue siendo “avasallante” pese al rechazo generado entre ellos.
La alcaldesa de este municipio, Macaria Hernández Rodríguez, firmó con la fundación estadunidense un Memorándum de Entendimiento para ejecutar acciones del programa “Lazos de Agua”, en el que además permitió que tengan injerencia en diversos espacios de la vida comunitaria como las escuelas, la iglesia y el hospital.
La acción generó el repudio de los pobladores y la obligaron a firmar un documento en el que se comprometió a “no privatizar el agua y a prohibir la exploración y explotación de recursos naturales (minerales y agua) por parte de compañías extranjeras y compañías del país”, pues Ocotepec se encuentra al occidente de Ixtacamaxtitlán y al norte de Libres, municipios en los que la canadiense Almaden Minerals desarrolla proyectos para la búsqueda de oro, plata y otros metales.
Pese a ello la LWI, continúa sus trabajos en el territorio municipal y, según los opositores, las autoridades presentaron algunas denuncias en su contra, con el fin de criminalizar su protesta.
noviembre 03, 2015
Aldabi Olvera, Puebla
Cuando rompieron los vidrios de su casa, cuando vio a la policía ministerial merodeando por las calles de su pueblo, cuando llegaron los militares cayó en cuenta: Esto es la guerra misma. Una guerra por el abundante agua del municipio donde vive.
Don Mario es integrante del recientemente formado Comité para la defensa del agua y los recursos naturales de Ocotepec, Puebla, y al igual que la mayor parte de sus vecinos, se levantó para expulsar a una fundación religiosa que les había prometido la construcción de una obra hidráulica: un tanque de 150 mil litros.
“Inicialmente, en el pueblo, habíamos aceptado la obra pública”, relata Oswaldo Villegas, también integrante del Comité de Ocotepec, “en la primera junta no dieron información del proyecto, maqueta, proyecto arquitectónico, nos dimos cuenta cuando pedimos el Convenio”.
Ocotepec es un pequeño municipio que se encuentra en la cima de un cerro, se alcanzan a ver las nubes y las montañas de la Sierra Norte de Puebla. El 3 de noviembre (día de publicación de este artículo) llegaron al auditorio y al palacio municipal elementos del Ejército cerca de las 11 de la mañana.
La presidente municipal, Macaria Hernández Rodríguez, enfermera de profesión y de extracción priista, firmó un convenio con la fundación Living Water que, además de la construcción de la obra hidráulica, tendría acceso directo a educación, religión y salud del municipio.
Los habitantes investigaron en Internet a la fundación, cuyo lema es “agua para la vida, en el nombre de Jesús” y encontraron que es financiada por Coca-Cola FEMSA y la petrolera Chevron.
Una copia del Convenio fue proporcionada a Másde131. En el numerando VI dice que se puede cancelar si hay problemas sociales en la comunidad. Después de marchas, amenazas, mesas de negociación rotas, papeles firmados por la propia empresa en la que asevera que dejará el municipio, el convenio no ha sido cancelado.
El Convenio dicta que la edil priísta acudió a la fundación porque el agua de Ocotepec enferma a los habitantes. En una reunión, donde los presentes dejamos el celular en una olla de barro al entrar, los ocotepences mostraron a este colectivo de comunicación un papel que muestra por qué el agua que hoy consumen no tiene turbiedad ni heces fecales y cumple con la norma de Secretaría de Salud.
Cuando el pueblo ya se había levantado, el 10 de septiembre a las diez y media de la noche, la edil priista, los regidores del pueblo, el ayuntamiento y la fundación hicieron una extensión del contrato en la Notaria 1 en el municipio vecino de Libres. En este nuevo papel se estipula que Living Water no se va hasta que se terminen de utilizar los materiales que dio.
Un día antes, Living Water había firmado con el pueblo un papel que fue proporcionado también a Másde131 en el que renunciaba a entrar a Ocotepec en 100 años. En la reunión estuvieron el frente Agua para todos y el periódico La Jornada.
El 12 de septiembre, la población realizó una marcha interna de más de dos mil personas en este municipio de 4 mil 800 habitantes. Los albañiles que construían el pozo de Living Water salieron corriendo. El pueblo canceló la obra y puso un cordón. Un mes después, los habitantes de Ocotepec realizaron una marcha con las comunidades de Payuca, Tateno y Cuyoaco hacia el municipio de Libres.
“A partir de ahí ya no da la cara por órdenes de gobernación”, relata Oswaldo.
VIEJOS DEFENSORES, VIEJA AMENAZA
Ocotepec consume 200 mil metros cúbicos anuales de agua de riego y potable. El Convenio describe que Living Water quiere sacar el doble (400 mil m2).
“¿Qué harán para esa agua?”, pregunta Oswaldo, “estando las empresas se lleva por trasferencia de volumen el excedente de toda la región porque ya no hay permisos para hacer pozos de agua”.
Y es que Ocotepec se encuentra en el extenso Valle de los Llanos, enclavado en la Cuenca Libres-Oriental que limita con Veracruz y Tlaxcala y cuenta con 29 municipios. En este valle surgen los primeros montes de la Sierra Norte de Puebla.
Másde131 ha realizado diversos reportajes en esta región sobre actividades contra la Minería a cielo abierto y granjas de cerdos Carroll que amenaza al municipio de Libres y un extraño proyecto fantasma en el municipio de Oriental.
En 1987, durante el sexenio del gobernador Mariano Piña Olaya, se quiso instalar el “Proyecto Moctezuma”, destinado a extraer 4 mil litros de agua por segundo de esta cuenca para la capital de Puebla.
Como lo hace Ocotepec ahora, en aquella década, la cuenca fue defendida por pobladores de varios municipios.
Másde131 cuenta con una copia de constitución de la “Asociación Regional Para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle Oriente de Puebla y Colindante de los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz” que data de 1987.
Quienes se asociaron en aquel entonces pidieron de cinco a diez pozos por municipio para dar el sí al proyecto. Las autoridades se desistieron ante la exigencia. Hoy, los pueblos de la región tienen prohibido abrir nuevos pozos para su propio consumo.
“Los viejos defensores están ya con nosotros. Vamos a ganar este movimiento. Pero estamos seguros que en diez años van a regresar”
relata Oswaldo
“pero si no nos alcanza la vida, a otros les tocará defender. Y si aún estamos, aún con reumas estaremos presentes”.
El 8 de septiembre, La Jornada de Oriente publicó una nota informando que la fundación Living Water tiene 132 proyectos en Puebla. Al siguiente día, el mismo diario publicó una entrevista con Gian Carlo Delgado, Experto en Ecología Política de los Recursos Naturales Estratégicos de la UNAM, donde explica que la fundación podría dar la información que recabó sobre estos proyectos a Coca-Cola FEMSA, con la cual firmó el convenio “Lazos de Agua en México” para conseguir 1.55 millones de pesos para obras en Puebla.
“Es la avanzada de grandes corporativos como Coca Cola para hacer un mapeo de lugares donde hay rica agua” acusa Oswaldo, quien también asevera que el siguiente paso es la privatización del servicio, como en la capital del estado.
Esta fundación ha recibido reconocimientos por parte de Fundación FEMSA por proyectos a nivel continental. Inclusive Living Water forma parte de un proyecto llamado Millennium Water Alliance (MWA) que argumenta llevarán agua potable a “comunidades vulnerables”, participan también las organizaciones CARE, Aguayuda, WaterAid, Water for People y World Vision, las cuales la embotelladora de la refresquera las define como “expertas en prácticas sostenibles para el acceso al agua potable, saneamiento, educación e higiene se comprometen a alcanzar las metas del programa”.
43
Al mirar que una integrante de este colectivo realizaba fotografías de la obra cancelada y acordonada, policías del municipio quisieron interrumpir e impedir su trabajo. Nuestra compañera siguió con el recorrido por las calles del pueblo para retratar las paredes de quienes se oponen a la obra. Los policías siguieron sus actividades todo el tiempo.
Los integrantes del Comité cuentan que cuando perifonean por el pueblo para anunciar sus actividades, la policía les exige permisos. Integrantes de la policía estatal se encuentran apostados en la entrada del municipio y piden papeles constantemente a quien entra al lugar.
También denuncia que el síndico municipal se pasea con judiciales cerca del domicilio de los integrantes del comité y policía ministerial recorre los hogares para exigir que borren las pintas de sus paredes y que en el municipio se formó ya un grupo de la organización priísta Antorcha Campesina. Temen que sea usado como grupo de choque.
Cuatro de ellos tienen citatorios por supuestas amenazas al síndico municipal. Los cuatro se han presentado a los careos, pero el síndico no.
Por todos estos sucesos, los defensores del agua de Ocotepec pidieron el 28 de septiembre ante el Congreso del Estado la revocación de mandato a la edil Macaria Hernández Rodríguez. El trámite sigue en curso.
Los defensores denuncian que van dos veces que los citan a dialogar en la Secretaría General de Gobierno de Puebla. Luis Carlos Migliavacca Monroy, director de la dependencia, los intentó disuadir el 11 y el 18 de septiembre. Ellos argumentaron las razones por las cuales no querían el proyecto y se rompió el diálogo.
“Al salir de la primera reunión les dije, señores, nos faltan 43”, cuenta Oswaldo.
El 15 de septiembre fue distribuido en el pueblo un volante hecho por la presidencia municipal a nombre del Comité en el que dice: “Hagamos la guerra contra el gobierno” y pide muerte para la presidente municipal y para el gobernador. En la parte izquierda de las hojas hay una mano con el número 43.
Días después, la presidencia municipal lanza un boletín informativo en el que se muestra el pasquín anterior y acusan al Comité de “desestabilizar la paz social (…) infundir odio y pánico con la única finalidad de impedir el progreso del municipio”.
Aún así, Ocotepec mantiene su defensa del agua. Actualmente prepara un congreso en los próximos meses. El día de muertos realizaron un festival de calaveras y recorrieron el pueblo cantando consignas en defensa de su agua:
Calavera calaverita, con estos versos me esmero,
llévale a la Presidenta el techo financiero,
son 8 millones de pesos y dice que no hay dinero
y que por eso Living Water vino a hacer un agujero.
Hace unas semanas, por segunda vez la Sedena negó una solicitud de acceso a información que requería documentación relacionada con el adiestramiento de miembros del Batallón 102 en Estados Unidos.
Recordemos que el Batallón 102 saltó a la fama, o a la infamia, después de la masacre de Tlatlaya, donde 22 jóvenes perdieron la vida a manos de miembros de esta unidad de infantería. Un día después de la masacre del 30 de junio de 2014, la Sedena emitió un comunicado anunciando que 22 delincuentes murieron en un enfrentamiento en el que ningún elemento de las fuerzas armadas fue abatido. Gracias a las investigaciones de periodistas nacionales e internacionales y el gran valor de testigos que contaron que pasó esa noche, hoy sabemos que probablemente la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de rendirse al ejército.
Al declarar la inexistencia de tales documentos, las oficinas de las fuerzas armadas intentan cerrar una investigación binacional que busca llevar a la luz pública no sólo los hechos de Tlatlaya, sino también el tema de la cooperación militar con el Pentágono.
El asunto es relevante por muchas razones. Documentos desclasificados por el proyecto independiente National Security Archives muestran que el Pentágono ha estado muy pendiente del caso Tlatlaya. En un informe con fecha 15 de octubre de 2014, se lee: “Sedena está investigando ahora al comandante (un general de Estado Mayor) de la zona militar encargado del Batallón de infantería 102, y agrega “si estuviera implicado en una violación grave de los derechos humanos, toda la zona militar y los 10,000 miembros del personal no podrían recibir asistencia de EEUU.”
Cuando se establece en el caso Tlatlaya —o cualquier otro— que una unidad mexicana ha incurrido en violaciones graves a los derechos humanos, por ley el gobierno de los Estados Unidos está obligado a suspender la asistencia a esta unidad. Otro informe del 14 de enero del Comando Norte confirmó que el Batallón 102 no podrá recibir asistencia.
Sin embargo, el asunto quedó en ese nivel. En lugar de cuestionar al militar a cargo en Tlatlaya, Gral. José Luis Sánchez León, como parte de una investigación de cadena de mando, éste fue removido de su cargo y enviado a Jalisco. La maniobra por parte del alto mando de la Sedena, lejos de despejar las sospechas, reforzó la conclusión de que la masacre de Tlatlaya no fue exclusivamente la culpa de unos cuantos soldados indisciplinados, sino el resultado previsible del modus operandi de las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas.
Un descubrimiento de los abogados del Centro Pro de Derechos Humanos — representante legal de una de los testigos de Tlatlaya-— corroboró esta hipótesis. En su informe sobre Tlatlaya a un año de los hechos, el centro cita la “Orden de Relevo y Designación de Mando” de la Sedena que dice: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad…” Lleva fecha de 11 de junio 2014 -—unas semanas antes de la masacre.
Mario Patrón, director del Centro, destaca la importancia de la Orden: “Esta es una prueba contundente que para el ejército estamos en un estado de excepción y en un contexto de guerra no formalizada, no declarada, y por lo tanto mandan a sus elementos a abatir delincuentes.”
En audiencias realizadas este mes sobre ejecuciones extrajudiciales en la CIDH, organizaciones nacionales e internacionales presentaron datos sobre este estado de excepción no declarado: más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos, más de 4,000 civiles muertos a manos de las fuerzas armadas entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014; 3,967 civiles y 209 militares fallecidos entre 2007 y 2014.
Las evidencias de que el ejército reivindica la práctica de ejecuciones extrajudiciales desde los altos mandos, debería ser un parteaguas en la guerra contra las drogas. Además no es un hecho aislado. Hay serios cuestionamientos sobre el papel del ejército en Iguala —ya se estableció su presencia en el lugar de los hechos y su negligencia en proteger a los estudiantes ante los ataques, y existen evidencias de complicidad y participación activa. Las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, Tanhuato y Zacatecas se suman a la emblemática masacre de Tlatlaya y deshacen la versión de que son anomalías.
A pesar de las evidencias, tanto el gobierno mexicano como el estadunidense siguen defendiendo su guerra al restringir las responsibiliades por Tlatlaya a 7 soldados que ahora son 3, ya que 4 fueron liberados por irregularidades en sus casos. La suspensión de ayuda de EE. UU. debería extenderse a todas las fuerzas armadas. No sólo se amontonan los casos de violaciones graves de derechos, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones e instancias han emitido recomendaciones formales para el retiro de plano de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.
Pero no hay que olvidar que esta guerra fue importada desde los Estados Unidos y ha contado con su apoyo incondicional desde el inicio. Para el Pentágono, es la pieza clave de su hegemonía en América del Norte. Con la Iniciativa Mérida, el complejo militar-seguridad de los EEUU ha logrado un nivel de injerencia en México sin precedentes en la historia. La militarización de la guerra contra las drogas es un gran negocio, es la construcción de una zona de amortiguamiento y control fronterizo, es la protección de sus inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio. Desde este entramado de intereses, la guerra debe ser permanente, cueste lo que cueste a la sociedad mexicana.
La hipocresía intrínseca en ser socio en la guerra y defensor auto-erigido de derechos humanos en México se vio hace poco, cuando los periódicos anunciaron que el gobierno de Estados Unidos decidió retener $5 millones de dólares de la Iniciativa Mérida por no estar satisfecho con los esfuerzos del gobierno mexicano en el área de derechos humanos. Este anuncio siguió a la decisión de enviar fondos adicionales a la cantidad originalmente solicitada a la IM, a las mismas fuerzas de seguridad acusadas de incurrir en las violaciones, los cuales, según se ve, salieron de la jugada con ganancias netas.
La otra razón por la cual las organizaciones de derechos humanos en los dos países siguen indagando en el caso Tlatlaya y su vínculo con Washington tiene que ver con el tipo de adestramiento que reciben los militares y policías mexicanos en el Comando Norte, la Escuela de las Américas y aquí en México. En su decisión de reservar la información sobre entrenamiento en EE. UU., la Sedena argumentó que “el adiestramiento recibido por el personal militar del 102 Batallón de Infantería no guardaba relación alguna con los hechos ocurridos en dicha localidad como erróneamente pretendía hacerlo valer el particular.”
Pero ¿cómo podemos estar seguros? El estado de excepción que señala el Centro Pro es la descripción de la guerra de Estados Unidos en Irak, el modelo utilizado en años recientes para el adestramiento de oficiales mexicanos en Colorado Springs. Resultó en unas 150,000 muertes de civiles. Nadie ha podido explicar por qué se despliega ahora en México un modelo de guerra contra el terrorismo que aumentó la violencia en el medio-oriente, cuando aquí no se ha documentado ni una sola amenaza por parte del terrorismo internacional, pero donde sí existe amplia documentación de actos de terror y violaciones de derechos humanos por parte del estado.
El gobierno de los Estados Unidos está inmerso en escándalos de derechos humanos como el ataque a Médicos sin Fronteras en Afganistán, el uso de tortura y la matanza de civiles por drones. Es un mal maestro para México.
El caso Tlatlaya muestra la contradicción abierta entre promover la guerra y sostener los principios de los derechos humanos. Es una cosa o la otra. Y los gobiernos de los EE. UU. y México le apuestan a la guerra. Ahora para ciudadanos y ciudadanas a ambos lados de la frontera, la tarea es pararlos.
desinformemonos.org.mx/la-masacre-de-tlatlaya-y-el-apoyo-militar-de-eeuu/
Noé Zavaleta
El acto protocolario en el que autoridades federales y estatales signaron el convenio de “Alerta Temprana” para la protección de periodistas, fue interrumpido de forma abrupta cuando un fotoperiodista alzó una cartulina en la que exigía al gobierno de Javier Duarte reconocer que la alarma obedece a los 15 asesinatos de informadores ocurridos en los últimos 48 meses de gobierno.
Durante la firma del convenio entre el gobierno veracruzano y la Secretaría de Gobernación (Segob), empleados de Ayudantía del gobierno estatal arremetieron a empellones y rodillazos contra el fotoperiodista de Imagen del Golfo, Roger Martínez, cuando éste alzó su pancarta con la protesta.
Ante los silbidos, gritos y exigencia de libre manifestación, el gobernador Duarte ordenó a sus empleados soltar a Martínez para continuar con el acto protocolario.
Acto seguido, entre cámaras y grabadoras empezaron a surgir más periodistas que portaban cartulinas de protestas y fotografías de los reporteros asesinados en los últimos años. “Es una alerta, no convenio”, decía una de las cartulinas; “Alerta, por crímenes contra periodistas” decía otra.
En los carteles aparecieron fotografías de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y del fotoperiodista y colaborador de este semanario y de la revista Cuartoscuro, Rubén Espinosa, cuyos crímenes continúan en la impunidad.
De acuerdo con el convenio signado por una veintena de autoridades federales y estatales, con la “Alerta Temprana” el gobierno de Veracruz, auxiliado por la federación, establecerá medidas de prevención, protección, garantías a la libertad de expresión y políticas públicas para garantizar el ejercicio del periodismo crítico en la entidad.
El sistema de alerta temprana y de reacción inmediata que se ejecutará en Veracruz contará con el apoyo de la Fiscalía General del estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), resumió el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Segob, Roberto Campa Cifrián. La CEAPP es un órgano integrado por periodistas subordinados a Duarte.
Lejos de generar certidumbre entre los periodistas, los mecanismos de operación de la “Alerta Temprana” incomodaron a reporteros veracruzanos que en redes sociales y en grupos de WhatsApp expusieron que la logística de protección a periodistas a cargo de la CEAPP y de la SSP sería como poner a dialogar a secuestradores con víctimas o “dejar la cueva de Ali Baba en manos de los 40 ladrones”.
Durante el acto, Campa Cifrián destacó que esta es una “nueva etapa” en la que se busca garantizar el respeto al libre ejercicio periodístico. Dijo que hay disposición del gobierno del estado de que cada organismo asuma sus responsabilidades y tareas.
“Hay acciones específicas, entre ellas, el respeto y derecho a la libertad de expresión; establecer un mapa de riesgo; un conjunto de acciones relativas a la seguridad; un seguimiento a las investigaciones ministeriales pendientes por el asesinato de periodistas; medidas de reacción inmediata cuando haya agresión a periodistas; una visión integral del conflicto y fortalecer a las instituciones”, enumeró Campa.
La protesta de una parte de los reporteros molestó a las integrantes de CEAPP, al titular de la SSP estatal, Arturo Bermúdez, y al propio Duarte, pues fue la primera manifestación pública frente a instancias federales en lo que va del sexenio.
Durante la firma del convenio Javier Duarte afirmó que su administración y la procuración de justicia “no son omisos” a los “lamentables” asesinatos que han ocurrido en Veracruz: “Nos duelen como sociedad”, dijo.
Insistió en que la firma de este convenio tendrá que “robustecer” los mecanismos de protección y los protocolos de alerta, cuando algún periodista se encuentre en riesgo. “No queremos que nuestros periodistas recurran a la autocensura”, sostuvo el priista.
El mandatario precisó que la vigilancia, protección de periodistas y defensores recaerá en los “organismos autónomos” –la CEAPP y Fiscalía General del Estado– que serán los garantes de que el protocolo de “Alerta Temprana” se cumpla.
En su intervención, el fiscal general del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo, refirió que “si no hay impunidad” en la agresión a comunicadores en la entidad, no habrá repetición del agravio.
Tras el acto protocolario y la protesta de periodistas, el mandatario priista y el titular de la SSP estatal se abstuvieron de asistir a la rueda de prensa programada.
Los integrantes de la CEAPP y el fiscal general sí acudieron al encuentro con la prensa aunque no circularon el “reglamento” y las “acciones específicas” que protegerán a los periodistas de Veracruz y prometieron subirlo en horas siguientes a las redes sociales.
En la rueda de prensa, Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, recordó que desde el 10 de septiembre pasado fue solicitada una “alerta institucional” de protección a periodistas al gobierno federal y que ésta se instauró por petición gremial y no por voluntad del gobierno de Veracruz.
“La muerte de los periodistas no se negocia, se defiende la justicia, en Veracruz sí hay impunidad, no es una campaña de linchamiento en contra del gobernador Javier Duarte, es un reclamo legal y legítimo, por los compañeros asesinados en este sexenio”, expresó Trujillo.
Ahora, dijo, la Segob ya está consciente de la gravedad del conflicto: “Es un jalón de orejas al gobierno del estado”, afirmó.
Sin embargo, entre las peticiones que hizo el gremio de periodistas veracruzanos quedó fuera la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación.
En la rueda de prensa, reporteros reprocharon al fiscal que continúan en la impunidad el asesinato de Regina Martínez, el “levantón” y homicidio del editor de La Unión, Moisés Sánchez, así como la desaparición desde hace cuatro años del reportero del Diario de Acayucan, Gabriel Fonseca.
CANCÚN.- La tarde de este martes se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de otra mujer, en esta ocasión en la zona hotelera de Cancún, el cuarto caso en la ciudad en las últimas dos semanas.
Apenas la madrugada de este lunes se confirmó el asesinato de Paloma Balam de 18 años en el fraccionamiento Villas del Mar III, en la periferia de esta ciudad.
A través de un mensaje que circuló primero en redes sociales, trascendió el hecho, que más tarde se confirmó con la presencia de elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, Policía Municipal, Turística y del Servicio Médico Forense en el lugar de los hechos.
Aunque hasta ahora se desconoce la identidad de la persona, cuyo cuerpo ya estaba en estado de descomposición, se dio a conocer que se trata de una mujer.
El suceso se reportó al rededor de las 17:00 horas y el cuerpo se ubicó en un área verde a la altura del kilómetro 17 de la zona de playas.
Este caso se suma al de la estudiante universitaria de 19 años María Karen Carrasco, Rebeca Rivera, de 24 años, originaria de Veracruz y Paloma Guadalupe Balam, de 18 años.
Sin embargo, a estas mujeres asesinadas se suma el caso de María Fernanda Sánches, de 13 años de edad, que el 16 de abril de 2015 fue encontrada sin vida en un camino de terracería en el fraccionamiento Paseos del Mar, en la región 251. Reportaba varias lesiones con arma blanca y se confirmó abuso sexual, entre otras.
www.elfinanciero.com.mx/nacional/localizan-el-cuerpo-de-otra-mujer-en-cancun.html
Morelia, Mich., a 03 de noviembre de 2015.- El Libramiento Sur de Morelia, la obra criminal más cuestionada en la última década en el Estado de Michoacán, exige de las autoridades recientemente electas y en funciones un compromiso claro con la vida y con la sostenibilidad de la Ciudad de Morelia. El Gobernador Silvano Aureoles tiene una oportunidad única para dejar de manifiesto lo dicho por el en días pasados, en el sentido de que nadie está por encima de la ley ¿Gobernador se atreverá a cancelar la obra que pone en riesgo la vida de 14 mil personas, acaba con la zona de recarga de agua más importante de la ciudad y destruye el habitad de más de 1,100 especies de flora y fauna?
Las y los ciudadanos estamos cansados de discursos y de que gobiernen en beneficio de una minoría, a quienes les construyen obras faraónicas, utilizando el presupuesto público, mientras que el resto de la población padecemos de calles llenas de baches, la falta de hospitales, un transporte público de pésima calidad y una deficiencia en la infraestructura escolar, solo por mencionar algunos problemas.
En el caso del Libramiento Sur se han invertido hasta el 2014, $459,266,020.00, es inexplicable este gasto reportado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el año de 2012 el presupuesto aprobado fue de 300 MDP de los cuales no se ejerció ni un peso; para el año 2013 el presupuesto aprobado también fue de 300 MDP de los cuales de acuerdo a la solicitud de información 0000900208913 se dice que al 7 de octubre se tenían un modificado autorizado por 26.7 MDP, y que se reintegraron 273.3 MDP; para el año 2014 NO SE APROBÓ presupuesto, y para el año 2015 el presupuesto aprobado fue de 400 MDP, de los cuales no pueden ser ejercidos puesto que la compañía TRADECO se encuentra bajo investigación de acuerdo a la solicitud de información 0002700100015, y la SCT se encuentra imposibilitada a darle un solo peso en pago.
¿Qué obra de infraestructura del país puede continuar vigente después de reportar subejercicios durante 4 años consecutivos? De acuerdo a la metodología del “presupuesto base cero”, el Libramiento Sur no cabe en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
En días pasados y con el propósito de que el Gobernador Silvano Aureoles tomé un papel proactivo del lado de la legalidad, abrimos un Campaña Nacional de Firmas, de la cual, llevamos en solo dos días más de 1000. Convocamos a la sociedad civil Nacional e internacional se solidarice con nuestra lucha por salvar el último bosque de la ciudad de Morelia que nos dota del 40% del agua que consumimos. La forma de firmar en línea es en nuestra página de internet salvemoslaloma.mx y change.org o en físico en los puntos de recolección.
Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos como Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María por defender nuestro patrimonio natural y cultural y solo hemos recibido oídos sordos de parte de las autoridades.
El pasado 20 de septiembre en el marco de la jornada “Limpiemos Nuestro México 2015”, el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), le entregó al Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, un expediente con decenas de cuartillas que acredita la inviabilidad técnica, jurídica y ambiental del libramiento Sur, hasta el momento no hemos recibido respuesta de parte del Presidente municipal, que ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con la legalidad y los ciudadanos, esperamos que Alfonso Martínez, haya boletinado a la SCT de la investigación que tienen en curso sobre la constructora RYMSA, la cual construyó la calzada Juárez, obra de pésima calidad.
Finalmente queremos informarles, de que la mesa de dialogo que sosteníamos con la Secretaría de Gobierno del Estado, la SCT y el Ayuntamiento, incumplió uno de los acuerdos fundamentales, hacer públicos los “Estudios Geotécnicos Complementarios al Proyecto Geotécnico del Ramal Camelina del Libramiento Sur de Morelia”, elaborado por profesores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Sobre todo hacer público en crudo los resultados de los sondeos y muestreos profundos y superficial en zonas de cortes, viaducto y túneles. Con esto verificamos que un grupo de profesores de la UMSNH se prestó al juego de la SCT y tratan de ocultar información valiosa para la opinión pública.
Le pedimos al rector de la máxima casa de estudios de nuestro Estado como lo hicimos en la reunión que sostuvimos, que la universidad no se vea involucrada en la construcción de la criminal obra denominada Ramal Camelinas.
¡NO MÁS CORRUPCIÓN, CANCELEN EL RAMAL CAMELINAS!
¡Por una Morelia segura, sustentable y para tod@s!
Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María
Salva la Loma no se opone al desarrollo o a la construcción de nuevas vialidades que conecten a la Loma de Santa María; con lo que no está de acuerdo es que en aras de un costoso proyecto, que solo responde al interés de unos cuantos, se afecten cientos de hectáreas naturales que representan el pulmón y la fuente de recursos acuíferos de miles de morelianos.
Para más información, ponemos a disposición la carta abierta que dirigió el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) al Presidente de México, Enrique Peña Nieto para solicitar detener el proyecto “Segunda Etapa del Libramiento Sur Tramo Ramal Camelinas”: www.youtube.com/watch?v=FqvOqixnNPs.
Mónica Gordillo/AM Querétaro
Los 93 ejidatarios se encuentran exigiendo el pago de 55 millones de pesos por el predio de 7 hectáreas donde se encuentra ubicado el panteón de San Pedro Mártir
Ejidatarios de Santa María Magdalena confirmaron que el próximo jueves, a las 16:00 horas, se reunirán por primera vez con el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, para llegar a un acuerdo respecto a la deuda de más 20 años que tiene el ayuntamiento con ellos, ya que la pasada administración no firmó el convenio para entregarles el anticipo de 2 millones de pesos como se había comprometido.
Los 93 ejidatarios se encuentran exigiendo el pago de 55 millones de pesos por el predio de 7 hectáreas donde se encuentra ubicado el panteón de San Pedro Mártir, y el terreno de 2 hectáreas donde están instaladas bodegas del DIF Municipal.
Para liquidar su deuda, el pasado 9 de junio, en sesión de cabildo, el ayuntamiento del municipio de Querétaro aprobó subastar dos predios ubicados en Santa María Magdalena, con las claves catastrales: 14 06 082 02 013 015 y 14 06 082 02 014 006.
“Hicieron caso omiso, lo último que dijeron es que iban a subir a cabildo el contrato, el convenio que se iba a firmar con el ejido, cosa que nunca hicieron, entonces se dieron la vuelta y dijeron que ya iban de salida”, puntualizaron.
Por otra parte, denunciaron que con agresiones, desde la madrugada del 1 de noviembre, inspectores del municipio de Querétaro quitaron los puestos de comida y flores que habían instalado desde el 29 de octubre en el Panteón de San Pedro Mártir para la venta del Día de Todos los Santos.
Aunque reconocieron que instalaron de manera improvisada los puestos, los ejidatarios manifestaron que son propietarios legítimos del terreno donde se ubica el panteón, hasta que el ayuntamiento de Querétaro no liquide la deuda de más de 20 años que tiene con ellos.
“Llegan y destruyen, nosotros venimos a vender. Llegaron desde las tres de la mañana, cuando llegamos ya estaba todo el tiradero. Todavía nos deben y vienen a agredirnos de esa forma, piden respeto cuando ellos no lo dieron”, expresaron.
Los quejosos señalaron que Hugo Serrano Martínez, quien aseguran que es jefe de inspección de la delegación Félix Osores, indicó que los espacios ya estaban asignados para los vendedores que contaban con permiso expedido por el municipio.
“Es el jefe de inspección de Félix Osores, esa persona llegó de forma muy déspota, tumbando todo lo que son los puestos que improvisadamente pusimos. Nosotros nunca habíamos hecho esto, hoy venimos por algo que nos pertenece, esto nos pertenece. Nosotros somos los dueños mientras no nos pague el municipio”, apuntaron
amqueretaro.com/queretaro/2015/11/03/ejidatarios-de-santa-maria-magdalena-se-reuniran-con-alcalde
México, Distrito Federal (Newsmexico).- Sobrevivientes de los operativos realizados el 3 y 4 de mayo de 2006 en las poblaciones de Texcoco y San Salvador Atenco por más de 4,500 elementos de las policías Federal, de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y del municio de Texcoco exigieron al Poder Judicial del Estado de México el cese inmediato a la intimidación de que son objeto desde hace más de un año, cuando empezaron a recibir citatorios para presentarse como testigos en varias causas penales, toda vez que ellos mismos fueron víctimas de diversas violaciones a sus garantías individuales y sometidos a tortura física y sicológica.
Los hermanos Ken y Dierk Lueders Monsiváis, quienes el día del operativo del 4 de mayo se encontraban en Atenco trabajando como periodistas independientes y acreditaron de manera fehaciente su presencia en el lugar, así como Jorge Salinas, adscrito al Sindicato de Telefonistas, y Heriberto Salas, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, denunciaron en conferencia de prensa “que a casi diez años de la sangrienta represión contra el pueblo de Atenco, que tuvo un saldo de dos jóvenes asesinados por cuerpos policiacos, mujeres violadas, heridos de gravedad y más de 200 detenidos, ordenada por los tres niveles de gobierno, y coordinados por el entonces jefe de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, Wilfrido Robledo, seguimos sin obtener justicia, y, en cambio, desde hace más de un año se ha incrementado la presión y hostilidades por parte del poder judicial del Estado de México en contra nuestra, llegando al extremo de órdenar a policías ministeriales nuestra “búsqueda, localización y presentación“ para el día 30 de Octubre del 2015 a las 11Hrs ante el JUZGADO PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA.”
Los citatorios, que son entregados con amenazas, obedecen a las denuncias presentadas ante autoridades del Estado de México por un grupo de 11 mujeres que fueron detenidas en el operativo del 4 de mayo de 2006, quienes fueron víctimas de tortura sexual por parte de los policías que las arrestaron, y debieron recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia al no encontrar la misma en las instituciones mexicanas,
“Se pretende hacernos testificar en contra de un grupo de personas por su participación en los actos de tortura, encubrimiento y omisión lo que nosotros consideramos que es un artilugio más para hacer creer a la población la supuesta intención del gobierno de ‘resolver´ el problema y poner un punto final al asunto y simular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la impartición de justicia. Nosotros no creemos en esa impartición de justicia y los métodos mediante lo cuales pretenden tapar y olvidar este sangriento episodio, ya que los verdaderos responsables de dicho operativo ni siquiera figuran en la lista de consignados o procesados”, afirmaron los sobrevivientes.
Los denunciantes afirmaron que “repudiamos que se nos pretenda utilizar como instrumento que de fé y legalidad al teatro político mediante el que pretenden hacer ver ante instancias internacionales que México es un país de justicia. Rechazamos que siendo sobrevivientes de dicho acontecimiento y víctimas de tortura seamos citados en calidad de testigos siendo que la tortura es un delito que debería seguirse de oficio y en nuestro caso no hemos visto ningún avance por dar solución integral al asunto.”
Recordaron el aumento en los últimos meses de la intensidad, frecuencia y crueldad de las agresiones contra el gremio periodístico, como la reciente masacre en Narvarte, así como las amenazas de muerte y desapariciones forzadas de integrantes de los medios de comunicación libres y consideraron que las vejaciones de las que fueron víctimas los medios libres en Atenco obedecen a la intención de desaparecer a cualquier medio no alineado, que no este al servicio del sistema como herramienta de control y manipulación.
“Sabemos que lo que estamos denunciando sucede en un país de donde prevalece la impunidad, la injusticia, la corrupción en todos los niveles, donde hay más de 27 mil desaparecidos,…… somos sólo un botón de muestra de ello”, destacaron.
“Hacemos responsable al Gobierno de cualquier acto que atente contra nuestra integridad física y emocional que se desprenda de nuestro ejercicio libre de manifestación de ideas y del derecho a difundirlas a través de nuestros medios informativos y en calidad de víctimas exigimos se imparta justicia real y se deje de acosarnos, intimidarnos y acecharnos mermando nuestra vida”, concluyeron.
Redacción/Emeequis
México, DF, 3 de noviembre.- En un hecho histórico para el país, la Secretaría de Energía (Sener) otorgó la primera concesión a una empresa privada, para instalar una planta geotérmica en el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.
La empresa mexicana Geotérmica para el Desarrollo, que pertenece a Grupo Dragón, filial del Grupo Salinas es la permisionaria de este primer título de concesión que proveerá flujo de energía eléctrica limpia a casi 50 por ciento de los habitantes de Nayarit.
La empresa tiene permiso para la explotación de 18 pozos de agua en estado de vapor en el yacimiento geotérmico Domo San Pedro, lo que implica un volumen anual de 43.8 millones de metros cúbicos, a profundidad de entre 3 mil y 3 mil 500 metros. Se estima que está primera planta geotérmica del país inicie operaciones en el verano de 2016.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, expuso que esta primera concesión reafirma la confianza que tienen las empresas para contribuir al fortalecimiento y modernización de la industria eléctrica mexicana.
(Notimex)
La muerte ronda entre los habitantes de la Península de Atasta, pues el índice de cáncer e infartos cada día es mayor, atribuidas a la actividad petrolera, producto de las emisiones contaminantes de las plantas de compresión de gas y de nitrógeno, aseguró Elio García Rodríguez.
El gestor social de la comunidad de San Antonio Cárdenas señaló que los pobladores imputan a Pemex el elevado número de muertes que registra esta región.
“Desde que Petróleos Mexicanos inició sus actividades los campos se han vuelto infértiles, en las lagunas se registran mortalidad de peces, afectando también a los seres humanos al inhalar los tóxicos que despiden ambas procesadoras”.
Casos de fallecimiento se han dado en la población infantil y de la tercera edad por diversos tipos de cáncer.
“Las autoridades de Pemex son ciegas y sordas ante el reclamo de los atastecas, lo que les interesa es el dinero y no la vida de los pobladores”.
Ojalá los funcionarios tomen conciencia para apoyar la salud de quienes viven en las comunidades de Puerto Rico, Atasta Pueblo, San Antonio Cárdenas, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata y Nuevo Campechito, donde los enfermos de cáncer por la actividad petrolera van en aumento.
Por otra parte, Pemex aseguró que el Centro de Proceso y Transporte de Gas (CPT), refrendó el Certificado de Industria Limpia expedido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ‘demostrando’ tener instalaciones seguras, limpias y respetuosas del medio ambiente.
Señala que el CPT desde hace muchos años realiza en forma permanente el monitoreo de emisiones de la instalación, con la finalidad de evaluar la calidad del aire-ambiente, a través de la empresa Ingeniería Aplicada en Servicios Ambientales.
En sus reportes del último trimestre del 2010 informaron que no se encontraron concentraciones de monóxido de carbono (CO), ozono (O3) bióxido de nitrógeno (NO2) y bióxido de azufre (SO2) por encima de los límites máximo permitidos en las Normas Oficiales Mexicanas.
Destaca que Pemex tiene celebrado un convenio con la Universidad Tecnológica de Campeche (Utcam), para el monitoreo de la calidad del aire en el área de influencia de las plataformas marinas de la Región Marina Noreste (RMNE) y en el CPT Atasta.
El resultado de junio y julio de presente año, “tampoco encontraron concentraciones contaminantes fuera de la norma”.
El gestor social asegura que no se da a conocer públicamente los resultados que están teniendo estos estudios de calidad del aire que realiza el Corporativo Inasa, que a través de Simatre está a cargo de realizar estas mediciones.
http://tribunacampeche.com/carmen/2015/11/02/ronda-la-muerte-en-atasta/
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Unas cuantas horas después de que aproximadamente 5 mil personas marcharon contra los feminicidios en Cancún, Quintana Roo, una joven fue encontrada apuñalada hoy por la mañana, con lo que ya suman tres homicidios de mujeres en menos de un mes.
Ayer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que en 2013 una media de siete mujeres fueron asesinadas cada día en México. En total 2 mil 502 muertes, señaló al presentar la campaña “Únete”, para prevenir la violencia de género y generar conciencia.
Mientras, los habitantes de Cancún habían marchado en las calles de la ciudad por el feminicidio de María Karen Carrasco Castilla, estudiante de la Universidad del Caribe, joven que fue violada y asesinada el pasado martes, en un lote baldío del fraccionamiento La Guadalupana, en ese centro turístico.
Karen estudiaba la Licenciatura de Turismo en la Universidad del Caribe (Unicaribe) y fue reportada como desaparecida el lunes 26 de octubre, cuando se le vio por última vez esperando el transporte público cerca de la institución educativa.
Sin embargo, el miércoles pasado alrededor de las 13:30 horas fue hallada sin vida en un área verde de la Avenida Chac Mool, en la Región 217.
De acuerdo con información de Noticaribe, el cuerpo de la universitaria presentaba signos de violencia física y sexual. El cadáver fue identificado por sus familiares quienes presentaron una denuncia por su desaparición cuando Karen ya no regresó de la escuela a casa.
El cuerpo de la primera víctima de feminicidio fue encontrado el pasado domingo 18 de octubre, en el fraccionamiento Puertas del Mar, en la Región 251 de esta localidad. La joven se encontraba desnuda, con el rostro destrozado por los golpes.
La PGJ identificó a la víctima como Rebeca Rivera Neri, de 24 años de edad, originaria de Veracruz. Según la necropsia, la mujer fue estrangulada por sus victimarios.
Hoy, los medios locales informaron de una nueva víctima de esta serie de asesinatos de mujeres; la tercera encontrada muerta en Cancún en menos de tres semanas. El cuerpo fue hallado las primeras horas de este lunes, en la calle Tercera Privada de Petunia del fraccionamiento Villas del Mar 3, al final de la Avenida Kabah, en la Región 248.
De acuerdo con Noticaribe, fue el Procurador de Justicia del estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien confirmó el homicidio de la mujer, a través de la estación de radio del Gobierno del estado.
El funcionario afirmó que la víctima aún no ha sido identificada, pero que ya hay una persona presentada presuntamente relacionada con el crimen.
Álvarez Escalera precisó que tuvo conocimiento del homicidio a las 4:30 horas de hoy, y aunque la investigación aún está en proceso, comentó que los primeros indicios apuntan a que la mujer fue asesinada en un lugar distinto al que fue encontrada.
Hay “un arrastre de cuerpo, que significa que la mujer fue movida del lugar donde le infringieron la heridas mortales y se trató de limpiar la escena del crimen”, explicó el Procurador, quien descartó que la mujer hubiese sido atacada sexualmente, ya que aseguró, la joven tenía toda su ropa puesta.
MILES MARCHAN CONTRA LOS FEMINICIDIOS
Marchan para exigir justicia por Karen, la universitaria asesinada en Cancún. Foto: Cuartoscuro.
Miles marchan para exigir justicia por Karen, la universitaria asesinada en Cancún. Foto: Cuartoscuro
Ayer, miles de habitantes de Cancún marcharon para reclamar más seguridad a las autoridades y también exigieron que se declare una alerta de género en este destino turístico, ante los continuos casos de mujeres asesinadas.
Los manifestantes repudiaron los recientes crímenes y exigieron justicia para Karen Carrasco Castilla, la universitaria asesinada el pasado martes. Los inconformes, quienes marcharon desde el Malecón Tajamar con rumbo al Palacio Municipal, reclamaron más seguridad en el lugar y enviaron un mensaje a las autoridades: “si no pueden, renuncien”.
Por segunda vez en el transcurso del mes de octubre, tres apicultores del municipio de Holpechén en Campeche, hicieron el viaje hasta la Ciudad de México el pasado miércoles 28 para acudir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y por segunda vez fueron invitados a volver otro día. Gustavo Huchín Cahuich, Leydi Pech Martin y Angélica María Ek Canché esperaban conocer por fin la decisión de los ministros sobre la validez de siete amparos otorgados a los apicultores y grupos apícolas de la Península de Yucatán en el 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche y el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Amparos que permitieron detener el proyecto de siembra de soya transgénica por Monsanto en miles de hectáreas en la región. Pero los ministros pospusieron su decisión, como lo habían hecho el 7 de octubre. Prefirieron no examinar los 7 amparos de manera separada como era planeado, para poder emitir en una futura sesión una sola sentencia válida para todos.
Según Maria Colin, abogada de Greenpeace México quien acompaña la lucha de los apicultores de la Península desde el 2012, el aplazamiento de la decisión de los ministros no es una mala noticia. “Es mejor que examinen los siete amparos en un solo proyecto para emitir una sola sentencia porque hubiera sido muy complicado tener decisiones separadas que no tuvieran nada que ver una con la otra”, explica.
Ma’ OGM (No OGM en maya)
Para Gustavo Huchín, quien lleva 40 años dedicándose a la apicultura, un saber ancestral heredado de su padre, abuelo y bisabuelo, “eso es desgastante porque venimos de las comunidades y contamos con muy escasos recursos económicos”. Pero al mismo tiempo, es una buena oportunidad “porque mientras más estudian nuestro caso, más conciencia van a tener los ministros de lo perjudicial que es para nosotros de que siga sembrando Monsanto”, dijo en entrevista con Hijos de la Tierra. “Tenemos esperanza y confianza de que los ministros lo van a pensar muy bien, y van a votar por la vida y no por la muerte”, añadió.
En 2012, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) otorgó un permiso a la empresa norteamericana Monsanto para sembrar soya transgénica en 253 000 hectáreas repartidos en siete entidades de México: Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Pero en la Península de Yucatan, donde unas 15 000 familias viven de la apicultura y producen casi 40% de la miel mexicana, la resistencia fue inmediata. Las palabras “MA OGM” (“Ma’” significa “No” en maya – OGM = Organismos Genéticamente Modificados) invadieron los sitios arqueológicos y las parcelas agrícolas de la Península.
Es que la apicultura y la siembra de soya transgénica no pueden convivir. La segunda acaba con la primera ya que implica deforestar y así mismo destruir las plantas donde picotean las abejas, usar plaguicidas que las matan y contaminar la miel con polen transgénico. “Si se sigue deforestando, en poco tiempo ya no habrá montes, ya no habrá selva, entonces se morirían las abejas, ya no podríamos seguir con nuestra tradición de trabajar las abejitas para el sustento de nuestras familias”, dijo Gustavo Huchín. La misma Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) había determinado en 2012 que “no se considera viable” el proyecto de Monsanto “dada la coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la península de Yucatan y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”. Pero la SAGARPA otorgó el permiso a Monsanto sin tomar en cuenta ese argumento.
Violación del derecho a la consulta y a un medioambiente sano
Los amparos interpuestos por los apicultores de la región fueron ganados bajo varios argumentos: no se respetó el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo maya de la Península por lo que se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos indígenas; se violó el derecho a un medioambiente sano ya que el glifosato (el herbicida usado para la siembra de soya transgénica) es dañino; no se tomó en cuenta el dictamen de la CONABIO en contra del proyecto de Monsanto ni los del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (CONANP) que también eran desfavorables.
“Nos enteramos de que se estaba sembrando soya transgénica en nuestras tierras en el 2012 cuando íbamos a vender nuestra miel a Europa y durante un control previo a la exportación fueron detectados dos contenedores con rasgos de soya transgénica, lo que impidió su comercialización”, cuenta Gustavo Huchín. Un 85% de la miel de la Península se exporta hacia Europa, donde no se tolera la presencia de polen contaminado por OGM. La perdida de ese mercado sería fatal por los apicultores.
Los amparos deben ser revisados durante la próxima sesión de la Segunda Sala de la SCJN, este miércoles 4 de noviembre. Mientras tanto, la petición subida en Change.org por Gustavo Huchín para detener los permisos de Monsanto para soya transgénica en la península, sigue recolectando firmas. Hasta la fecha más de 73 000 personas se sumieron a su demanda. “Los ministros no deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar”, expresaron los apicultores de la Península en un comunicado publicado después de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN. Si los ministros confirman la validez de los amparos y la suspensión de la siembra de soya transgénica en la Península, las autoridades competentes tendrán que hacer respetar esa suspensión, lo que no hicieron hasta la fecha. La siembra ilegal de la soya OGM de Monsanto por productores cooperantes sigue en la región, causando daños a los apicultores y visibilisando la incapacidad de las autoridades de hacer prevalecer los derechos de los pueblos sobre los de las empresas.
Proceso
JUAN ALBERTO CEDILLO
MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- Reporteros, camarógrafos y fotógrafos organizados en la Red de Periodistas del Noreste y la Asociación de Periodistas José Alvarado colocaron un altar de muertos en honor a los colaboradores de Proceso, Regina Martínez y Rubén Espinosa, así como a los colegas asesinados en los últimos años en México.
El altar se edificó la mañana del domingo a un lado del Monumento a la Libertad de Expresión que encuentra ubicado en la Macroplaza del centro de Monterrey.
“Los asesinatos contra los periodistas en México suman cerca de 100 la última década así como 20 desaparecidos. Además, se han registrado 47 agresiones de diversos tipos en contra de medios de comunicación”, aseguró Jesús Óscar González, vocero de las organizaciones.
Destacó que el altar es un homenaje a los periodistas mexicanos que han sido víctimas de los políticos y la delincuencia organizada, en especial a los colegas de Veracruz.
“Javier Duarte ha sido impotente para frenar los ataques a los comunicadores así que exigimos que ya termine con la impunidad que priva en su estado”, agregó el portavoz.
“Los comunicadores de Monterrey demandamos a las autoridades federales y estatales realicen una investigación profunda sobre estas agresiones y se resuelvan los crímenes que atentan contra la libertad de expresión”, concluyó Oscar González.
Durante el sexenio de Duarte suman 13 los periodistas asesinados y un total de 16 en los dos sexenios pasados.
noviembre 01, 2015
Daliri Oropeza, Libres, Puebla
Gabriela es una mujer joven. A penas llega a los 20 años, pero eso no le impide tener la voz firme para defender a su comunidad; Pedernales, en el municipio de Libres, que está justo a la entrada de la Sierra Norte de Puebla.
Ella le dijo a los representantes de la empresa minera Gavilán que se fueran. Estuvieron en una reunión con la comunidad. Todos rechazaron que entre este proyecto “que va a destruir toda la naturaleza, todo el monte”. Para Gabriela, mil empleos por dos meses no sustituyen la riqueza natural que hay en su comunidad.
En el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, hay 17 concesiones mineras.
Son las empresas Gavilán (que visitó Pedernales) y Gorrión, filiales de la minera canadiense Almaden Minerals, quienes tienen permiso de realizar labores de exploración concedidos por la Semarnat desde julio pasado.
Los canadienses tienen 12 concesiones en la Sierra Norte dePuebla, 4 son del municipio de Libres.
Hay municipios serranos, como Ixtacamaxtitlán que tienen más de la mitad de su territorio concesionado.
Sin embargo, la comunidad de Pedernales, Libres, no los dejó iniciar con la exploración. Aquí el mensaje que da Gabriela: soundcloud.com/masde131/voz-nahua-que-defiende-la-sierra-norte-de-puebla-de-la-mineria/s-AQIBz
CANCÚN.- Más de cinco mil personas al grito de “justicia, justicia” en la explanada municipal, exigieron a representantes de los tres órdenes de gobierno poner fin a los feminicidios en este centro vacacional y reiteraron la urgencia de poner en la agenda este ilícito.
En un mitin que se realizó en la Plaza de la Reforma, al que antecedió una marcha silenciosa de casi dos horas a lo largo de dos de las principales avenidas de este centro vacacional, estudiantes de la Universidad del Caribe, dieron lectura a un pliego petitorio de ocho puntos, entre los que destacó el dar seguimiento real al caso de Karen Carrasco, estudiante de esa casa de estudios, asesinada esta semana de manera violenta, además de haber sido abusada sexualmente.
Además se exigió el seguimiento de todos los casos anteriores a través del principio de justicia, verdad y transparencia.
El colectivo estudiantil demandó al gobierno del estado ejercer los recursos necesarios para crear condiciones a la población a fin de vivir de manera segura y sin violencia de género, así como que los resultados de las investigaciones salgan a la luz y se emitan informes cada lunes sobre el caso de Karen hasta que se resuelva.
Se hizo énfasis en la ineficiencia de las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado para atender la problemática y demandaron al gobierno “dejar de gastar en publicidad falsa y engañosa sobre la realidad de este destino, y utilizar los recursos en recuperar los espacios y lotes abandonados, entre ellos en el que fue asesinada nuestra compañera”.
Finalmente, solicitaron que no haya represalias en contra de personas e instituciones que participaron en la protesta pacífica.
Al llegar alrededor de las seis de la tarde a la explanada, el contingente se topó con una Plaza de la Reforma ocupada por las actividades del Día de Muertos, aunque al final se les cedió el espacio para el mitin, sin que hubiera contratiempos.
La activista Tere Carmona aseveró que “antes de justicia necesitamos verdad, pues no vivimos en el paraíso, es una ilusión y una mentira que pretenden vender como marca”. Calificó a la autoridad como inepta e insensible y exigió que la muerte de Karen se tipifique como feminicidio y se trate como tal, además “exigimos que esta forma de violencia contra las mujeres se active como alerta de género en Quintana Roo”.
El contingente de más de cinco mil personas, encabezado por estudiantes de la Universidad del Caribe realizó previamente una caminata en silencio para exigir un alto a los feminicidios en Cancún.
Con una gran manta en la que se destacó la leyenda “Karen no estás sola” el derrotero partió de la céntrica avenida Bonampak, a la altura del centro comercial más importante de la ciudad, para seguir a lo largo de la Avenida Tulum hasta el palacio municipal.
La marcha se organizó para exigir justicia en torno al reciente asesinato de la estudiante de 19 años, además de otros casos que han quedado impunes.
A la convocatoria masiva, que por primera vez se hace contra el feminicidio en el principal destino turístico del país, se sumaron otras universidades y centros estudiantiles, además de organizaciones civiles y la comunidad cancunense.
www.elfinanciero.com.mx/nacional/mil-personas-marcharon-contra-feminicidios-en-cancun.html
15/01/15. Amparo frena cobro de millonaria multa a la mina de Charcas
Diario del altiplano
15/02/14. Familiares de los cinco mineros muertos en Charcas, en SLP, culpan en VIDEO a Grupo México de accidente
Sin Embargo
13/02/14. Mueren cinco durante accidente en mina de SLP
El Universal
El Economista
Escarbando entre la hierba y piedras, una veintena de personas que componen la organización civil Víctimas por sus Derechos en Acción empezaron la primera búsqueda “independiente” de personas desaparecidas en el país.
Removiendo arbustos y piedras y escarbando la tierra de un cerro con varillas y palas, familiares de desaparecidos en el norte de México empezaron este sábado la primera búsqueda “independiente” de personas en el estado de Nuevo León.
Una veintena de miembros de la organización civil Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) de Coahuila y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) partieron en caravana del centro de Monterrey hasta un punto boscoso al lado de la autopista hacia Saltillo, donde una denuncia anónima les alertó de que podían hallar pistas.
Ambos grupos se dividieron para cubrir un kilómetro cuadrado de monte y, entre el sol, una lluvia fugaz y el paso de las primeras mariposas Monarca de la temporada, removieron arbustos espinosos y escarbaron la tierra de ese cerro agreste, de veredas poco transitables.
“El día de hoy estamos realizando la primera brigada de búsqueda independiente en campo de personas desaparecidas en Nuevo León. Nosotros sí estamos interesados en encontrarlos y no nos detendremos por los tiempos políticos”, explicó Leticia Hidalgo, representante de la Fundenl.
Se estima que la guerra contra el narcotráfico que el expresidente Felipe Calderón inició en 2006 y la pugna entre los cárteles de la droga han dejado más de 80,000 muertos y alrededor de 25,000 desaparecidos en todo el país.
La madre de Roy Rivera Hidalgo, quien desapareció hace cuatro años, acusó al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y a su entonces fiscal y ahora alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, de ser “cómplices de las desapariciones” porque no siguieron las pistas ni revisaron los sitios que les señaló Fundenl.
“Por eso, porque se volvieron cómplices, hoy nosotros hacemos esa búsqueda y daremos parte a las autoridades del actual gobierno y a la opinión pública de los hallazgos que tengamos”, dijo Hidalgo, al pedir al flamante gobernador, el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, que apoye la búsqueda.
Personal de la fiscalía estatal, elementos policíacos de Fuerza Civil y miembros de Servicios Periciales apoyaron las labores haciendo acto de presencia y recabando lo que hallaron los activistas durante el día.
“Encontramos una chancla de mujer y el tacón de un zapato”, señaló Ramiro Lara González que, machete en mano, separaba la hierba para buscar objetos o verificar que no hubiera casquillos de bala en el lugar.
Los restos de calzado fueron recolectados por los peritos para analizarlos en Monterrey y, más tarde, los dos grupos también encontraron una cruz de madera con fotos y adornos religiosos pero, al encontrarse en un terreno privado, los agentes de la fiscalía les impidieron alterar el área.
“Mi hija puede estar en cualquier parte”
Aunque los hallazgos de este primer día de búsqueda no fueron muchos, los integrantes de Fundenl aseguraron que tomarán el ejemplo del grupo VIDA, que cada sábado desde diciembre del año pasado salen a diferentes puntos de Torreón para buscar tumbas clandestinas.
“El pasado mes de febrero tuvimos suerte, encontramos cerca de un panteón de Torreón el cadáver de una madre de familia, Yolanda Tiscareño, quien tenía cinco meses desaparecida”, cuenta Silvia Ortiz, que fundó el grupo VIDA en 2013 para tratar de encontrar a su hija Silvia Stephanie, desaparecida hace 11 años.
“Nosotros vamos a apoyar a toda la gente que nos lo pida, con búsquedas y con asesoría, porque mi hija desapareció en Torreón pero nadie me asegura que esté ahí. Puede estar en Nuevo León, en Chiapas, en cualquier parte”, señaló la mujer menuda.
Luego del breve descanso para responder preguntas, Yolanda volvió a hacer sonar su voz de mando para organizar a los voluntarios: “¡No se amontonen, sepárense!”, “¡Caminen en zig-zag para cubrir más terreno!”, “Esto es cansado pero ya estamos aquí ¡a darle!”.
Y siguió su búsqueda, cerro arriba, con la esperanza de encontrar el paradero de alguno de los miles de desaparecidos en México.
eleconomista.com.mx/sociedad/2015/11/01/pico-pala-sus-desaparecidos-norte-mexico
Javier Valdez Cárdenas, Sinaloa
Culiacán, Sin. El Colectivo de Mujeres Activas instaló en Catedral un altar de muertos en protesta por los feminicidios, que en la entidad suman alrededor de 50 en lo que va del año.
En una de las pancartas fue escrita la leyenda Altar en memoria de las mujeres asesinadas en Sinaloa. Entre los nombres escritos en cartulinas aparecen los de Sandra Luz Hernández, una activista que fue asesinada cuando buscaba a su hijo.
Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que son alrededor de 35 mujeres asesinadas de enero a la fecha.
La empresa española OHL se ha visto envuelta en diversos escándalos de corrupción y se prepara para ensanchar su controvertido Circuito Exterior Mexiquense
La obra fue nombrada por el otrora gobernador Enrique Peña Nieto, como la obra carretera más importante del país. En una entrevista realizada por PROCESO, ejidatarios han denunciado abusos por parte de OHL.
Don Santiago Rodríguez Rangel, presidente del comisariado del Ejido Tultepec, comenta indignado:
“A nuestras tierras ya empiezan a llegar topógrafos de la empresa OHL. Vienen con sus equipos a tomar medidas a los costados del Circuito Exterior Mexiquense que cruza arbitrariamente por nuestro ejido. Ahora van a meterle más carriles porque esta autopista conectará con el nuevo aeropuerto de Texcoco.”
Acompañado por otros campesinos, don Santiago continuó: “Antes de que tendieran el circuito también llegaron primero los topógrafos. Luego vinieron las maquinarias y los trabajadores que asfaltaron sobre nuestras tierras. Hoy OHL gana mucho dinero por el peaje de vehículos y a nosotros jamás nos indemnizó. Llevamos años peleando en tribunales una indemnización, ¡y nada! Ahora vuelven a llegar los topógrafos… ¡mala señal!”.
A pregunta expresa sobre si OHL informó sobre las obras en la autopista, lo que significa ocupar más tierra de ejidatarios, Rodríguez aseguró que no.
“No, para nada. Eso lo sabemos por los rumores que corren. Y por los técnicos de OHL que empiezan a llegar un poco a escondidas. Hace poco pusieron una hilera de estacas a lo largo de la autopista para señalar los nuevos carriles que planean construir”.
Don Santiago apunta a la autopista que se pierde rumbo a Texcoco, donde se levantará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México
“OHL planea ampliar el Circuito Exterior Mexiquense despojando de tierras a los ejidos y comunidades que le quedan a su paso, como siempre lo ha hecho. Pero nosotros nos vamos a defender”, agregó.
La empresa española OHL se ha visto envuelta en diversos escándalos de corrupción y se prepara para ensanchar su controvertido Circuito Exterior Mexiquense (CEM), construido durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto, quien durante su gestión como gobernador publicitó a la autopista como la más importante obra carretera del país a fin de promoverse para la Presidencia de la República.
Pero al realizar el tendido de los 113 kilómetros de longitud de la autopista, OHL lo hizo ilegalmente, pues no efectuó los procesos expropiatorios correspondientes con los ejidos que arrasó, como los de Tultepec, Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo, Jaltenco y Nextlalpan, entre otros, además de que afectó muchas propiedades privadas y dejó incomunicados y cercenados a varios municipios (Proceso 1802).
Por ser un circuito que conecta a los estados de México, Querétaro, Hidalgo y Puebla, sin tocar el Distrito Federal, el CEM ahora comunicará al centro del país con el aeropuerto internacional que se construirá en Texcoco, por donde también pasa la autopista.
Con información de Proceso
lasillarota.com/ejidatarios-denuncian-abusos-de-ohl#.Vjo1B3ovfIU
31/10/15. Ejidatarios denuncian abusos de OHL
La Silla Rota
05/09/15. Ejidatarios de Tultepec protestan contra OHL
El Universal
03/08/15. OHL, corrupción de Montiel a Peña (Segunda Parte)
Homozapping
02/08/15. OHL, corrupción de Montiel a Peña (Primera Parte)
Homozapping
La Jornada Zacatecas
31/10/2015
? Exigen que directores de Unidades Académicas entreguen la carga laboral del siguiente semestre
? El gremio denuncia violaciones e incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo
El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) acordó realizar un paro de labores en la Máxima Casa de Estudios el próximo miércoles, para exigir que los directores entreguen la carga laboral del próximo semestre, así como emplazar a huelga por violaciones e incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo.
Por tanto, el Comité Ejecutivo, en conjunto con el abogado del sindicato, entregará una propuesta a las delegaciones el martes, mediante la cual se definirá el día en que se interpondrá el emplazamiento.
Mientras tanto, se acordó un paro laboral que se realizará el miércoles para exigir las cargas de trabajo, a la vez que se analizará la posibilidad de llevar a cabo paros dos días por semana.
Aunque el problema de las cargas laborales se presenta en mayor medida en ciertas Unidades Académicas, Crescenciano Sánchez Pérez, secretario general del Spauaz, afirmó que la situación se presenta en todos los centros.
En Ciencias Químicas, por ejemplo, refirió que el director solicitó una prórroga de cinco días debido a que recibirán a organismos evaluadores, pero “quien hace las cargas es otra persona y las revisan nada más para castigar a los compañeros que no son de su grupo”.
Respecto al emplazamiento a huelga, expuso que el Comité Ejecutivo se reunirá con el abogado para discutir la situación y de ser necesario, interponer el emplazamiento en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ello con el aval de la Coordinadora de Delegados.
Según explicó, el motivo del emplazamiento será por incumplimientos y violaciones al contrato y por adeudos de índole financiero, entre ellos el depósito de 14 millones de pesos a la cuenta de seguridad social, correspondiente a septiembre y octubre, la prima de antigüedad de septiembre, gratificación por jubilación, gratificación por 30 años de servicio, gratificación por 25 años de servicio (6 millones de pesos), u amortización de Fovissste, que sólo se ha pagado en enero de este año y cuyo adeudo asciende a 30 millones de pesos. “La suma total nos da 91 millones 257 mil pesos”.
Por otra parte, Sánchez Pérez informó que la cuenta bancaria de seguridad social, en la que se han depositado 7 millones de pesos mensuales producto de la huelga de este año, cuenta en este momento con 90 millones de pesos, por lo que manifestó la necesidad de solicitar que ese recurso se entere a las instancias correspondientes.
ljz.mx/2015/10/31/spauaz-acuerda-emplazar-a-huelga-y-realizar-paro-el-proximo-miercoles/
La Red de Feministas Peninsulares, integrada por feministas organizadas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, convoca a las asociaciones civiles, colectivas y ciudadanía en General a unirse y expresar la profunda pena e indignación por los feminicidios cometidos en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. Demandamos una respuesta inmediata del Gobierno de Quintana Roo, y exigimos que se incluya en la agenda como una emergencia, con acciones específicas que garanticen la aplicación de la Convención de Belem do Pará y la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo recomendamos considerar evaluar las condiciones y el perfil de los feminicidios, su incidencia y características para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género y la aplicación de las medidas de efectivas para garantizar la protección a la vida de las mujeres.
El pasado 26 de Octubre fue víctima de feminicidio María Karen Carrasco Castilla, estudiante de la Universidad del Caribe, continuando con una serie de violencias graves contra la vida de las mujeres en el estado de Quintana Roo, que se suma a la violencia institucional, obstétrica, comunitaria y familiar que se ha denunciado en diversos medios y en casos específicos.
A los familiares de Karen Carrasco Castilla, María Fernanda Vargas Sánchez, Laura Jovita Guzmán Morán, Gloria García López y de todas las mujeres asesinadas en la Ciudad de Cancún y a quienes las autoridades mantienen en el anonimato y pretendido olvido; les expresamos nuestra solidaridad y les reiteramos: No están solas. Ni una menos.
A las autoridades de los órdenes de gobierno Municipal de Benito Juárez, Estatal de Quintana Roo y Federal, les exigimos que todo asesinato de una mujer en situación de violencia, sea investigado como feminicidio.
Que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones pertinentes con transparencia, efectividad, eficacia y de cara a la sociedad y en apego a los criterios para la consideración del tipo penal de feminicidio.
Rendir un informe correspondiente de cada caso de feminicidio, del estado que guarda la investigación (si hay un sentenciado, etapa de la investigación, etc) el cumplimiento de los protocolos de investigación en casos de feminicidio, en apego a las recomendaciones que el Comité de Expertas de la CEDAW realizó al Informe 7mo y 8vo del Estado Mexicano en 2012, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, así como del Reglamento de la LGAMVLV.
La Red de Feministas Peninsulares exigimos que el Estado Mexicano, en particular el Gobierno del Estado de Quintana Roo garantice las condiciones de una vida libre de violencia y el respeto pleno a los Derechos Humanos de las Mujeres de Cancún con una investigación con perspectiva de género.
ANTECEDENTES
María Karen Carrasco Castilla, joven de 19 años, estudiante de turismo de la Universidad del Caribe, reportada como desaparecida este 26 de octubre fue encontrada asesinada, en la Región 217, manzana 1 en la avenida Chaac Mool, en la zona conocida como La Guadalupana. De acuerdo con las autoridades su cuerpo presentaba signos de violencia y fue abandonado en el lugar. La procuraduría del estado abrió la averiguación previa 6580/2015 por el delito de homicidio en agravio de Karen.
El 18 de Octubre se encontró el cuerpo de una joven de entre 22 y 25 años, semidesnuda con el rostro destrozado a golpes en fraccionamiento “Paseos del Mar” en la región 251 de Cancún. La autoridad abrió la averiguación previa 6355/2015 por el delito de homicidio en agravio de esta mujer quien a la fecha no ha sido identificada.
16 de Abril de 2015. Fernanda Vargas Sánchez, de 13 años de edad, fue encontrada sin vida en un camino de terracería ubicado en el fraccionamiento “Paseos del Mar” Región 251, en Cancún; fueron más de ocho lesiones de arma blanca las que acabaron con su vida. Aunque la necropsia reveló el sádico crimen de la adolescente víctima y se confirmó el abuso sexual, el o los agresores están prófugos o por lo menos eso es lo que sabe la sociedad hasta hoy. El Ministerio Público inició la Averiguación Previa 2112/2015 por el delito de homicidio en agravio de Fernanda.
Laura Jovita Guzmán Morán su cuerpo fue descubierto el 24 de Junio de 2014, su caso fue catalogado por la prensa como de tortura, feminicidio y pornografía infantil en Cancún. Laura habría sido golpeada antes de apuñalarla, heridas que le costaron la vida. Las investigaciones relacionaron este asesinato con integrantes de la Empresa Tourist World Net (para la que Jovita laboraba), Luis Díaz Aguilera o José Jesús Moreno Huerta y su pareja Edith López, empresario y ex candidata a diputada detenidos a fines de mayo bajo los cargos de pornografía infantil y quienes posteriormente fueron puestos en libertad. La Procuraduría de Justicia del estado informó que inició la averiguación previa 3786/2014 por el delito de homicidio.
Gloria García López, de 19 años, fue encontrada sin vida en su casa en la Región 210 de Cancún, la Policía Judicial confirmó que tenía ocho meses de embarazo y el motivo de su muerte fue traumatismo craneoencefálico. Con la muerte de Gloria, se impidió el nacimiento del producto de ocho meses de gestación. El presunto responsable es su pareja sentimental, de nombre Pablo Gómez Toto, quien fue reportado como prófugo. La indagatoria por homicidio quedó asentada en la averiguación previa 6831/2014.
Fernanda Carapia
El Movimiento de Bases Magisteriales de Jalisco (MBM) no dejará en paz a los diputados.
Ayer, un grupo no mayor a 50 maestros se plantó en la Plaza Liberación, frente al Congreso del Estado, para recordarles a los legisladores la forma en que aprobaron la reforma educativa.
“Venimos a recordarle a la legislatura que está por salir el mal trabajo que hicieron respecto a la reforma educativa, la hicieron de manera fast track, la hicieron en 15 minutos, ése es el principal motivo, venirles a recordar el mal trabajo que hicieron”, comentó Antonio Alvarado, integrante del movimiento.
El jueves, las bases magisteriales se reunieron en el mismo lugar, aunque ese día hubo mayor concurrencia.
Alvarado admitió que las condiciones del clima no fueron favorables para el plantón; sin embargo, permanecerán en la lucha.
“El clima nos hizo la mala jugada también, pero en todo el país se están llevando a cabo jornadas de lucha contra la reforma educativa”, aclaró.
Boicot contra reuniones de los viernes
Otro de los motivos del plantón, el cual se levantó antes de las 16 horas, es tratar de boicotear los Consejos Técnicos Escolares (CTE), que son las reuniones que los docentes tienen el último viernes de cada mes.
Alvarado criticó que el Congreso haya estado cercado y con presencia policial, incluso aseguró que parte del estacionamiento subterráneo de la plaza estaba lleno de antimotines.
“Nosotros no venimos con la intención de hacer ningún caos, simplemente hacerles ver a los diputados nuestra inconformidad, y pues así nos recibieron, eso es reflejo del miedo que se cargan, es la manera de mostrar que hicieron un muy mal trabajo”.
El docente señaló que otra prueba de la labor deficiente de los legisladores es que ninguno sabe en qué consiste la reforma educativa, ya que ni siquiera la leyeron.
El grupo de maestros llegó preparado con paraguas y chamarras, y para quienes no tenían con qué cubrirse de la lluvia, los vendedores de impermeables hicieron su agosto, pues los plásticos que se consiguen en algunas tiendas del Centro y Obregón en 3 pesos, los daban a 10.
http://cronicadesociales.org/2015/10/31/protestan-contra-reforma-educativa/
Por Gerardo Moreno/
La industria explotadora de recursos naturales se encuentra pretendiendo dividir a las comunidades Comcáac (mejor conocido como Seris) del Desemboque y Punta Chueca, ubicadas en el municipio de Pitiquito y Hermosillo respectivamente, donde pretenden engañar a los habitantes para que les permitan realizar mega proyectos industriales en su territorio sagrado aunque oculten que acabaran con el equilibrio natural y los usos y costumbres de la etnia.
La semana pasada, Primera Plana denunció como una empresa estadounidense “Tiburón Agua y Electricidad SA de CV” tiene un proyecto de todo un complejo industrial para desarrollarse en el Canal del Infiernillo, ubicado en el corazón del territorio Seri (ver edición 2283), la cual contempla obtener más de tres mil hectáreas con un costo de 28 mil millones de pesos para poner primeramente una planta desaladora por osmosis a la inversa y al mismo tiempo generar energía eléctrica a través de la marea que se genera en el Canal del Infiernillo.
Pero también planea que después se construya todo un complejo industrial que agrupe una fábrica de materiales de Biorock, refinería de metales, planta de extracción química y de materiales, planta tratadora de aguas residuales, otra de bocas de entrada para turbinas generadoras y tubos de gran diámetro, una planta de reciclaje por incinerador de plasta, un invernadero y hasta un hotel con desarrollo comercial.
Ante esto Gabriela Molina, originaria de la comunidad del desemboque e integrante del grupo “Defensores del Territorio Comcáac”, aclaró que representantes de esta industria tienen por lo menos unos dos meses tratando de convencer a la comunidad de Punta Chueca para que le permitan explotar la región.
“Nos hemos visto amenazados por compañías y acabamos de salir de la amenaza de las empresas mineras, pero ahora llega ésta otra empresa de la cual nadie sabía nada”.
Aclaró que ya se están reuniendo con los abogados que los asesoran y con otras organizaciones que realizan este tipo de luchas sociales, porque dijo que están en una posición donde no pueden aceptar que ningún tipo de estos megaproyectos se instalen en territorio sagrado Comcáac.
“El sentir de los habitantes del Desemboque es no permitir que se instalen… en Punta Chueca tenemos pensado hacer un trabajo más concreto el seis de noviembre donde se está invitando a un foro donde se tocarán precisamente esos puntos”.
Intentan convencer en Punta Chueca
Aseguró que los representantes de la empresa Tiburón Agua y Electricidad se encuentran trabajando con una familia de Punta Chueca, quienes les permitieron ingresar a la comunidad y realizar dos encuentros con los habitantes para convencerlos.
“No sé si ya llegaron a un acuerdo en Punta Chueca, pero no es válido porque no se consultó con las dos comunidades Comcáac, se tiene que tomar de decisión en los dos pueblos”.
Gabriela Molina agregó que hasta el momento la empresa invasora solo está en pláticas, pues no cuentan con los permisos legales mexicanos y de Sonora para comenzar, tales como Manifiesto de Impacto Ambiental y el permiso de Uso de Suelo, sin embargo. Sin embargo comentó que hay un real temor, ya que anteriormente otras empresas han obtenido permisos desde la comunidad de Punta Chueca.
Recordó que esta historia ya se ha repetido durante muchos años, pero las últimas amenazas sí han sido muy riesgosas y ponen en serio peligro todo el ecosistema que sirve para su desarrollo y estabilidad de la comunidad Seri, así como sus usos y costumbres.
Igual que el año pasado descubrieron a la industria minera que buscaba explotar el Cerro de La Peineta, donde tenían una concesión desde el 2010 y que al momento se detuvieron, pero ahora vuelve un megaproyecto como el desalinizadora y plantas generadoras de electricidad.
“Nosotros queremos que se conserve —el territorio sagrado— como está, para las futuras generaciones. En eso estamos en el Desemboque, pero en el otro pueblo aún no hemos podido avanzar, es un poco más difícil trabajar con la gente de allá, ya que las empresas que se han querido instalar en el territorio es precisamente porque consiguen que gente de Punta Chueca los acepta sin averiguar más”.
No permitirán invasión
Gabriela Molina aseguró que la postura de los defensores de la tribu Comcáac, es no aceptar ningún tipo de impacto que altere el territorio. “No es algo que queramos nosotros y no podemos aceptarlo… es un territorio sagrado. Aparte, si aceptáramos una desalinizadora sería un descontrol total del ecosistema, porque la salinización del mar afecta tanto las especies que quedan en los esteros y los manglares”.
Agregó que la zona del Infiernillo, es un sitio declarado como lugar de importancia internacional de humedales por el sitio Ramser, además que la Isla del Tiburón es un área natural protegida.
“Aun así no se ha podido hacer un frente común con las instituciones de gobierno que se supone que deberían de estar atendiendo, junto con nosotros, este tipo de problemas”.
Realizó un llamado a las autoridades y a las encargadas de proteger las áreas naturales del gobierno ajeno a la tribu para que detengan las intenciones de esta empresa internacional de acabar con el territorio Seri y afecte el estilo de vida de la comunidad.
http://www.primeraplanadigital.com.mx/archivos/667690#sthash.0iO1ZHB3.jPZs3ogb.dpuf
Redacción Tabasco Hoy
Un grupo de trabajadores de una empresa contratista realizan una protesta en la plaza Terranova, cerca del Hospital Juan Graham, pues se encuentran exigiendo su pago; luego de reunirse en este lugar se encaminarán a las oficinas de las empresas Mayamar, en el parquezote de Ciudad Industrial.
Los trabajadores de confianza señalan que Mayamar les debe cerca de dos meses de salarios, pese a que ya cobraron un contrato con Pemex por los servicios que le prestaron, entre ellos, servicio de apoyo, de ingeniería, administradores de contratos y auxiliares, entre otros.
Según los empleados esta empresa tiene demandas desde hace cuatro años, además de que no han pagado prestaciones ni reparto de utilidades, entre otras muchas irregularidades.
A la protesta en Ciudad Industrial se les sumará personal del activo de Mustag, hay personal de Bellota, de Jujo, de Comalcalco, de Cinco Presidentes, de Aguadulce y del área de región sur Villahermosa y de Macuspana.
http://www.tabascohoy.com/2/notas/277945/arman-protesta-exigen-pago-a-contratista-de-pemex
Pedro Matías, Oaxaca
OAXACA, Oax. (apro).- El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “detención arbitraria” de cuatro maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE).
El presidente de esa asociación civil, Maurilio Santiago Reyes, comentó que el pasado 20 de octubre se presentó una solicitud de Medidas Cautelares ante la CIDH a favor de representantes de la Sección 22, entre ellos los profesores Efraín Picazo Pérez y Othón Nazariega Segura.
Y luego que los maestros fueron detenidos y recluidos en el Penal de máxima seguridad del Altiplano, el Centro exigió que se respete su integridad física y sus derechos a un debido proceso legal.
Santiago Reyes manifestó que el pasado 28 de octubre fueron detenidos de manera arbitraria los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, así como Juan Carlos Orozco Matus, quienes –dijo—fueron tratados peor que narcotraficantes.
Por ello, al día siguiente los activistas presentaron la denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la CIDH en la que relatan la forma “arbitraria” en que fueron detenidos.
En el documento mencionan que el pasado 28 de octubre, aproximadamente a las 23:20 horas, cuatro personas que viajaban en una camioneta “levantaron” al profesor Efraín Picaso y a un familiar cuando se encontraban en inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Una hora después abandonaron al familiar del profesor en un terreno baldío al extremo de la ciudad y al mentor de lo llevaron.
Casi de manera simultánea, a las 23:00 horas, el profesor Othón Nazariega viajaba a bordo de un vehículo acompañado de otros profesores quienes fueron perseguidos por una camioneta negra con placas 210 VMX del Estado de México, por lo que prefirieron resguardarse en un domicilio particular.
Sin embargo, cuatro hombres fuertemente armados con “R-15” rompieron la puerta del inmueble y encañonaron a quienes estaban ahí. En ese acto se llevaron al profesor Othón Nazariega Segura.
A esa misma hora, en inmediaciones del IEEPO, el profesor Roberto Abel Jiménez García también iba a bordo de su automóvil cuando fue abordado por sujetos fuertemente armados quienes lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron.
De manera simultánea, en la región del Istmo de Tehuantepec, cuatro sujetos armados irrumpieron violentamente en el domicilio del profesor Juan Carlos Mata y se lo llevaron.
Santiago Reyes destacó que a los detenidos no se les ha permitido comunicarse con sus familiares y abogados.
Este viernes, el subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernat, reconoció que existen 26 órdenes de aprehensión más contra maestros de la CNTE.
En total, dijo, la PGR giró 29 órdenes contra igual número de mentores que participaron en el boicot a la jornada electoral del 7 de junio pasado, en particular por la toma de instalaciones de Pemex, CFE y juntas distritales del INE.
Franco García M., Oaxaca
Después de la detención de 4 integrantes de la Sección 22, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las movilizaciones por parte de las bases gremiales, así como de simpatizantes de este movimiento no se hicieron esperar, a lo largo del estado, siempre con la consigna de libertad hacia los profesores detenidos.
“Con estas detenciones no se merma el movimiento, no nos callan, ni nos doblegaremos ante una acción más del gobierno federal contra la combativa sección 22, si creen que con esas detenciones vamos a ceder, están equivocados, la Sección 22 somos más de 80 mil maestras y maestros que tenemos claro nuestro objetivo, la defensa de la educación pública no cesará y hoy estamos más fuertes y en pie de lucha” aseguró el dirigente estatal de la Sección 22 Rubén Núñez.
Asegurando que es importante la liberación de los profesores detenidos, señalan que no bajarán la guardia en la defensa de la educación pública e indicaron que a partir de este momento la Sección 22 se encuentra en alerta máxima, dadas las acciones del gobierno federal en contubernio con el gobierno del estado.
De igual forma, se anunció que a partir de las detenciones y de las advertencias de que hay más órdenes de aprehensión por cumplimentar, las bases y simpatizantes de la Sección 22 iniciará con una jornada de movilizaciones permanentes, las cuales quedarán libres de acción según los comités sectoriales de cada zona lo decidan.
Las primeras acciones de protesta el día de ayer fueron una marcha que salió de las inmediaciones del estadio de beisbol hacia los juzgados del poder judicial, que se encuentra en las inmediaciones del parque Juárez el llano, en donde participaron los dirigentes estatales e integrantes de las bases que se encontraban en el plantón a las afueras del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
30/10/15. La solidaridad con presos y presas políticos se reunió en Tlanixco
Centro de Medios Libres
29/10/15. Estado de México, de los más represores del país desde tiempos de EPN: pueblos y defensores
Más de 131
27/10/15. Encuentro Nacional por Nuestr@s Preso@s de la Red vs Represión (audios)
Radio Zapatista
El 24 de octubre de 2015 se realizó, en San Pedro Tlanixco, Estado de México, el Encuentro Nacional por Nuestr@s Pres@s Polític@s, convocado por la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.
Entre la neblina de las faldas del Nevado de Toluca, integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida, nos recibieron en la entrada del poblado para marchar entre consignas hasta la sede del Encuentro.
Con una ceremonia tradicional, entre copal y cempasúchil y ofrendas, se dio inicio al Encuentro. Se registró la participación de 56 organizaciones y colectivos. De este modo, organizaciones, colectivos e individuos de diversas partes del país acudieron, expusieron sus posiciones y testimonios relacionados con la prisión política, prestaron su escucha y participaron de los trabajos realizados. Se recibieron saludos desde el Estado Español, así como de Colima, San Luis Potosí y de Puebla.
Posteriormente se informó sobre la situación de Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Míreles y Teófilo Pérez González, presos de Tlanixco; de Cemeí Verdía, preso de Ostula, del cual el CNI llamó a continuar atentos y mantener la solidaridad con dicha comunidad; de Fernando Bárcenas; de Luis Fernando Sotelo; de Abraham Cortés, Julio César Núñez Delgadillo, José Santiago López, presos en distintas cárceles del dizque democrático gobierno perredista de la ciudad de México; se informó de Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jiménez, presos de San Sebastián Bachajón, Chiapas; también de Chiapas, se informó de la situación de Alejandro Díaz Sántiz, Roberto Paciencia Cruz, Lucio Hernández Patishtán y Juan de la Cruz Ruíz; de Oaxaca se habló de Miguel Ángel Peralta, preso de Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, de ese mismo estado del país se habló del compañero Álvaro Sebastián Ramírez, preso Loxicha.
Nuestros compañeros y compañeras rehenes del poder y del Estado han tenido que resistir la corrupción, el abuso de poder, limitándoles las visitas, traslados de penales – lejanos de sus familias y compañeros. Y sin embargo, y no pese a ello, sino haciendo frente a estas medidas señaladas, nuestras compañeras y compañeros no se desmoralizan, no se callan y no claudican. Como ejemplo están las participaciones que enriquecieron el Encuentro por parte de Luis Fernando Sotelo y de uno de los presos de Tlanixco, Álvaro Sebastián Ramírez y Fernando Bárcenas; los dos primeros a través de sendas llamadas telefónicas y los dos últimos de manera epistolar.
Los asistentes del encuentro reafirmaron su compromiso por la libertad y contra la prisión política. Por su parte los medios libres, congruentes con su posición, se comprometieron a trabajar con la difusión generada sobre nuestros presos y nuestras presas y del Encuentro. Distintas son las formas en que la solidaridad adquiere su tono y su color y bajo este principio la Coordinadora de Valle de Chalko junto con jóvenes de la comunidad realizaron un cuerpo de graffitis plasmados en tres muros como expresión de solidaridad y por la libertad de nuestros presos y presas políticas. Convencidas y convencidos que en el mañana que soñamos caben muchos mundos y ningún esfuerzo es pequeño, las niñas y niños de la comunidad junto a las hijas e hijos de los familiares de nuestros compañeros y nuestras compañeras presos aportaron su creatividad e imaginación realizando un periódico mural, junto a ellas y ellos estuvieron estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, nombrando a cada uno y cada una de los presos con mensajes de solidaridad.
La clausura del Encuentro se reencontró con el Himno Zapatista, como una forma de reivindicar nuestra adherencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
No podemos decir que aquí terminó el Encuentro, por el contrario, quedaron pendientes, deberes, tareas y acuerdos a los que hay que darles seguimiento, en próximas fechas se harán del conocimiento público, nos encontramos en espera de la relatoría para que esas tareas las llevemos a buen puerto, que no es otro que el de la libertad de nuestras y nuestros compañeros. Porque seguimos sin estar todos y todas, nos faltan nuestras presas y nuestros presos.
¡Presas y presos políticos Libertad!
Equipo de Comunicación de la RvsR
Publicado originalmente en: redcontralarepresion.org/articulo.php?i=1157
Gabriela Rasgado
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El fenómeno de la violencia feminicida mantiene a Veracruz en los focos rojos, porque además de ser una entidad donde la tasa de muertes de mujeres se ha elevado, también ha ido a la alza la saña con la que se les quita la vida.
“Veracruz está en los estados más preocupantes por la brutalidad, por la saña pero sobre todo por la complicidad y la impunidad del propio estado”, sostuvo Verónica Cruz Sánchez, directora del centro Las Libres, quien además consideró que el estado debió encabezar la solicitud de alerta de género. Aseguró que en la entidad se ejerce una violencia extrema contra las mujeres y es responsabilidad del gobierno pararla.
Cruz Sánchez destacó que en Veracruz está el feminicidio más complejo, dado que todos los tipos de violencia se concentran en la entidad: “No solamente es violencia familiar, es trata, también tiene que ver con crimen organizado, violencia sexual, violencia comunitaria, violencia institucional, todos los tipos y modalidades de violencia los tiene Veracruz”.
Advirtió que si en este momento no se combate ese problema social, en una década el panorama será aún más desalentador, aunado a que el estado, al igual que el país, tiene un retroceso de 20 años en materia de defensa de los derechos de las mujeres. “Apenas el tema de la solicitud de alerta de género va a poner a actuar al gobierno en lo que hace 20 años debió haber hecho”.
Acotó que en México, solamente el 10 por ciento de los asesinatos contra las mujeres son castigados; la causa principal es porque ni siquiera las leyes en los estados reconocen las muertes de las féminas basadas en el tema del género.
“No están matando igual a los hombres, es una violencia estructural contra las mujeres de manera específica y la mayoría de las mujeres las están asesinando los hombres, o sea no somos las mujeres quienes estamos ejerciendo la violencia”.
Dijo que la participación de las organizaciones y de la sociedad es fundamental para exigirle al gobierno del estado su mandato de ley, que es garantizar la vida de las mujeres. Atender la violencia contra las mujeres implica una permanente resistencia de los gobiernos estatales, por lo que es necesario, vía las leyes generales y de los estados, exigir que se dé cumplimiento a sus obligaciones, acotó la activista.
Recordó que una vez emitidas las recomendaciones al gobierno de Veracruz, tendrá seis meses para que atienda el flagelo que implican los feminicidios; consideró que esto “es oportunidad del gobierno por fin poner atención a un problema que le está sacudiendo a nivel nacional”. Cabe destacar que tan solo este año, se han contabilizado alrededor de 70 feminicidios en toda la entidad veracruzana.
Con ello aumentará en 50% su movimiento de carga y reducirá los tiempos de despacho
Redacción Mexicoxport / Con Información de Mundo Marítimo
La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial (BM), otorgará el financiamiento de US$117,5 millones para la modernización y ampliación de la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) del puerto de Manzanillo, México.
La institución internacional señaló en un comunicado que ello ayudará a la economía mexicana a impulsar su competitividad y la reducción de los costos del transporte. Asimismo, señala, ayudará a International Container Terminal Services (ICTSI) a aumentar en 50% la capacidad de manipulación de carga y a acortar los tiempos de despacho.
De acuerdo con el directivo superior de Infraestructura para América Latina y el Caribe de IFC, Gabriel Goldschmidt, los recursos abonarán a que la TEC II, denominada Contecon, en el puerto de Manzanillo, que actualmente maneja más de 60% del movimiento de contenedores de México en el Pacífico, reciba buques portacontenedores de mayor tamaño y ofrezca servicios de mejor calidad.
“Esta inversión permitirá agilizar los tiempos de exportación e importación, ayudará a México a aprovechar los mayores flujos de comercio resultantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico; además, disminuirá los costos de los agentes embarcadores, las compañías navieras y los consumidores”, señaló.
Según las proyecciones, con la modernización del puerto, se incrementarán los ingresos públicos como resultado del aumento de los cánones de concesión y del pago de impuestos y para 2020 se dará empleo a más de 850 trabajadores en las áreas de operaciones y administrativa.
Otros inversionistas en el proyecto son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Standard Chartered Bank y KfW IPEX-Bank.
“En América Latina y el Caribe no hay suficiente capacidad portuaria de aguas profundas, y para el BID es una satisfacción respaldar los esfuerzos de ICTSI para agregar capacidad portuaria moderna en la costa mexicana sobre el Pacífico”, dijo el jefe de la División de Infraestructura del BID, Jean-Marc Aboussouan.
La inversión de IFC es la más reciente de una serie de modernizaciones portuarias financiadas por la Corporación en México, luego de las realizadas en las terminales de contenedores de Lázaro Cárdenas y Tuxpan.
Jorge Heras, Mexicali, B.C.
Más de cincuenta residentes de los Ejidos Morelia, Hidalgo y Nuevo León que protestan por los daños que ocasionan en su salud y patrimonio los contaminantes de la Geotérmica, denunciaron el acoso por parte de militares y de elementos de la Policía Estatal Preventiva para que desistan de su manifestación.
Desde hace más de 2 semanas los pobladores de la zona agrícola de Mexicali que viven en las inmediaciones de la planta de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad bloquearon el acceso a las instalaciones y parcialmente las carreteras estatales que conducen a los ejidos.
Con vehículos, palos y piedras han impedido el paso de los empleados y proveedores de la paraestatal, acción que aseguran durará hasta que les paguen indemnización por los efectos de la contaminación en sus tierras y que se hagan responsables de la atención médica de las decenas de familias que han sufrido enfermedades respiratorias y hasta cáncer.
Ramiro Magaña, comisario ejidal del poblado Hidalgo acusó a elementos del Ejército Mexicano de provocarlos para que retiren el bloqueo.
“Me amenazaron con que me atenga a las consecuencias si no nos quitamos porque dicen que es una carretera de la CFE y estamos violando la ley”, expresó.
Agregó que los militares han acudido a la mayoría de los 12 puntos donde mantienen el plantón a decirles lo mismo. “En algunos han sido más recurrentes las amenazas sobre todo donde hay mujeres pero no nos moveremos”.
Reconoció que en seis puntos fue retirada la manifestación para agruparse de forma más numerosa por lo que de los 20 bloqueos que había en un inicio sólo queda una docena.
De igual forma comentó que patrullas de la policía estatal y de la municipal circulan por la zona a alta velocidad y de forma prepotente les han dicho que se retiren del lugar. “Tememos por nuestra seguridad, antes ni siquiera pasaban por nuestras calles y ahora los vemos todo el tiempo”, puntualizó.
El pasado miércoles el cabildo instaló una comisión especial para darle seguimiento a la problemática ambiental que se vive en esta demarcación del Valle de Mexicali.
Como primera acción de este órgano municipal se reunieron regidores, líderes de los manifestantes, representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, funcionarios del Gobierno Estatal y personal de Semarnat.
A la primera sesión no asistieron los representantes de la CFE, quienes habían confirmado su participación horas antes.
El presidente de la Comisión Especial, Jorge Eugenio Nuñez mencionó que los integrantes de la mesa llegaron a seis acuerdos: derechos humanos estará al pendiente de las agresiones que han sufrido los pobladores de los tres ejidos durante los bloqueos; el envío de un oficio a la Dirección de Seguridad Pública para que le den protección a los manifestantes; una reunión entre ejidatarios y regidores con los diputados la próxima semana; se revisen de nueva cuenta los estudios que hicieron sobre el tema la UABC, UNAM y Universidad de Chapingo; el envío de un oficio a la CFE para que dé respuesta a las demandas; y una próxima mesa de trabajo que se instalará en 7 días en la sala de sesiones de cabildo.
A la Ciudadanía de Coyotepec:
A los pueblos en lucha del estado de México y del país entero:
A los medios de Comunicación:
A las Organizaciones sociales y de derechos humanos:
A la opinión pública en general:
Nuevamente Alfredo Anguiano Fuentes, presidente municipal priísta de Coyotepec, en su afán de entregar el agua de Coyotepec a sus patrones políticos, agrede y manda detener con la policía municipal a Sergio Velázquez Morales, presidente de la Administración de Agua Potable hoy 26 de octubre aunque por la movilización inmediata de ciudadanos fue liberado apenas 1 hora después.
Aproximadamente las 9 horas de hoy el Edil (de perfil chaleco rojo y pantalón negro, como se ve al centro la foto que se adjunta) se presentó en el Pozo 30 acompañado de la policía municipal y algunas personas para tomar por la fuerza dicho pozo, con el cual se surte el agua a los barrios de Ixtapalcalco y San Francisco, además de las pipas que surten a la población.
La intención del presidente municipal siempre ha sido despojar a la población de Coyotepec del agua que le pertenece y quiere municipalizarla para entregarla al mejor postor, y ahora teniendo como pretexto que la Administración de Agua Potable carece de recursos financieros para pagar una exorbitante y absurda deuda a la CFE, en lugar de apoyar a la administración municipal y trabajar en conjunto, vuelve a utilizar a la policía municipal para imponer sus ambiciones.
Hacemos un llamado urgente a toda la población de Coyotepec y la opinión pública en general para que nos unamos respaldando a la Administración Autónoma de Agua Potable y defendamos lo que pertenece al pueblo. Es cierto que la Administración Ciudadana tiene un gran adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, y que eso imposibilita la reconexión de la energía a los pozos, pero organizándonos barrio por barrio, calle por calle, todos los vecinos y pueblos y personas solidarias podemos apoyar para que mediante generadores no dependamos de la Comisión Federal de Electricidad y logremos ser totalmente autónomos. Precisamente hoy la Administración había programado la instalación de un generador para el pozo centro del pueblo, el cual ya se instaló, allí se explica que la agresión de las autoridades haya sido justamente hoy.
Ayuntamiento, Gobierno Estatal y CFE solo quiere municipalizar el agua aunque esto provoque grandes problemas a los habitantes de Coyotepec. Vecinos y vecinas y personas dignas de otras partes del estado y del país, depende de nosotros el mantener el agua en manos de la ciudadanía y que no se entregue a los grandes capitalistas que solo buscan lucrar y enriquecerse con nuestro valioso recurso. Organicémonos, difundamos, defendamos el agua del pueblo para el pueblo.
¡ NO A LA MUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA DE COYOTEPEC !
Contacto: Sergio Velazquez: cel. 5526746753
kaosenlared.net/mexico-senalan-alerta-en-coyotepec-por-despojo-de-agua/
Proceso
MILTON MARTÍNEZ
HERMOSILLO, Son. (apro).- La Procuraduría General de Justicia en el estado tomó muestras de ADN a los familiares de los 11 jornaleros originarios de Sinaloa desparecidos el pasado 3 de mayo en esta entidad.
Las muestras se confrontarán con la base de datos del departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría con el objetivo de reactivar la búsqueda que solicitan los familiares.
El subprocurador de Averiguaciones previas de Sonora, Carlos Castillo Ortega, anunció que la fiscalía estatal establecería prioridad a este caso que ya se prolongó por seis meses.
A la Procuraduría acudieron padres, esposas, hermanos y primos de los desaparecidos quienes manifestaron la preocupación experimentada por no tener avances en esta investigación.
El pasado 3 de mayo, alrededor de las 08:00 horas, un grupo de 11 jóvenes salieron del municipio de Choix, Sinaloa, a bordo de una pick up blanca con la intención de trabajar en la cosecha de temporada en la Costa de Hermosillo, Sonora, y desde entonces se desconoce su paradero.
Como parte de las indagatorias realizadas se estableció que los 11 jornaleros ingresaron a Sonora alrededor de las 11:00 horas del 3 de mayo por la carretera Internacional en la caseta de Estación Don.
En la reunión entre autoridades y familiares se acordó también asignar a un ministerio público más con el objetivo de reforzar las investigaciones que se realizan en torno al tema.
Además las autoridades acordaron que realizarán una nueva visita aérea al lugar donde los jóvenes jornaleros fueron vistos por última vez a fin de recabar nuevos indicios de lo que pudo haber ocurrido el pasado 3 de mayo luego de que ingresaron a Sonora.
El subprocurador Castillo destacó la importancia de permanecer en contacto con los familiares de las víctimas y autoridades de Sinaloa para que se mantengan abiertas las vías de comunicación entre ambos grupos y la responsabilidad de informar sobre cualquier avance.
En la reunión estuvieron presentes visitadores de Derechos Humanos así como la licenciada Isabel Angulo Cuadros, asesora jurídica federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y el licenciado José Román Carrasco Serrano, asesor jurídico del ayuntamiento de Choix, Sinaloa.
Rebeca González López
La ciudad de Cárdenas amaneció más vigilada que nunca. Un centenar y medio de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron ayer al municipio para apoyar a los agentes de Seguridad Pública en el combate de la delincuencia.
El arribo de los militares comenzó a las 07:00 horas de ayer. Cuatro vehículos dinas y dos camionetas con más de 150 elementos pertenecientes al 57 Batallón de Infantería se congregaron en la zona de portales, y de ahí se fueron disgregando en grupos de seis hacia las calles del primer cuadro de la ciudad.
Escudriñaban todo, desde vehículos polarizados hasta locales y casas en el abandono –de las muchas que hay- pasando por inspecciones ‘con lupa’ a sospechosos que portaban mochilas en el pecho.
Uno de los mandos encargado del operativo dijo extraoficialmente que con su presencia y sus inspecciones buscaban frenar delitos del fuero común y otros que azotan al sector comercio establecido, como la extorsión.
La mayoría de los elementos realizaron su trabajo a pie. Recorrieron las calles de Orrico de los Llanos, Moctezuma, Madero, Abraham Bandala, Zaragoza y 27 de Febrero; llegaron hasta colonias como Loma Bonita, Palmar, Pueblo Nuevo, Sección 40, entre otras, donde revisaron edificios abandonados, camionetas, autos y peatones sospechosos.
Grupo Cantón publicó en sus ediciones del 12, 13 y 14 de octubre un serial sobre la violencia y las extorsiones de las que son presas los habitantes y comercios en el municipio de Cárdenas.
Los ven con buenos ojos
La presencia masiva de militares en la ciudad fue vista con buenos ojos por la población en general y les significó un respiro tras la inseguridad que han padecido desde hace algunos años en la comuna.
“Hay militares en Cárdenas, están en todas partes”, era la expresión de amas de casa, estudiantes, obreros y automovilistas. Estos últimos debieron pasar el retén de revisión que establecieron en el cruce de las calle Josefa Ortiz y Periférico.
A los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, los soldados les conminaban: “Denuncien cualquier intento de extorsión”, les decían al tiempo de dejarles una tarjeta con un número de teléfono para hacer cualquier petición de ayuda para frenar intentos de delitos comunes.
El operativo militar del 57 Batallón de Infantería fue bien visto en una ciudad donde todos los días se cometen delitos de cualquier naturaleza, mientras que ciudadanos de colonias populares expresaron su deseo que no sólo sea por un día, sino que se hagan más frecuentes, dada la desconfianza que generan las fuerzas municipales.
CÓMO
Con esta acción, que será constante en la ciudad, los cardenenses respiran un poco de tranquilidad
CUÁNDO
Desde hace quince días, el jefe de la Policía Municipal solicitó el apoyo militar ante la inseguridad.
DÓNDE
Los ‘verdes’ visitaron tiendas, comercios y locales de ropa exhortándolos a denunciar anomalías.
30/10/15. Refuerza Ejército vigilancia en Tabasco
David Romero Vara
30/10/15. Militarizan Cárdenas
Tabasco Hoy
13/07/15. Tabasco intensifica medidas de seguridad con apoyo de Ejército
Sin Embargo
David Romero Vara
Villahermosa, México.- Para contener la ola delictiva, elementos del Ejército se sumaron a las corporaciones municipales y estatales para la vigilancia de las calles y carreteras en Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, los principales municipios de región de La Chontalpa.
“El operativo se desarrolla con las fuerzas federales, estatales y municipales, en todo el corredor de La Chontalpa, en Huimanguillo, Cárdenas y Comalcalco, con un intenso patrullaje, porque se trata de una ruta que debiese tener una vigilancia permanente”, explicó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Martínez Luis.
En el caso de Cárdenas, los militares recorren por decenas las cuadras de la ciudad, a pie, además de su patrullaje a bordo de sus unidades.
Martínez Luis destacó que el operativo incluye también la instalación de retenes en las carreteras que unen a estos tres municipios.
Puntualizó que la estrategia conjunta entre fuerzas federales y corporaciones policiacas busca frustrar principalmente los delitos de extorsión, asaltos e incluso robo de vehículos y gasolina en ductos, así como compra-venta de la misma, que son los ilícitos de mayor incidencia en esa zona.
“Específicamente sobresale el de robo de combustible, el de extorsión, como es el llamado cobro de piso y asaltos a personas en tránsito, como el robo de automóviles y motocicletas”, explicó el mando.
“Se trata de un trabajo muy integrado que estamos realizando con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, con el fin de que la ruta de La Chontalpa quede bien resguardada, principalmente porque se aproxima la época de aguinaldos”.
Por ello, añadió, el operativo conjunto seguirá hasta fin de año.
En el caso de la SSP, el mando precisó que apoya a la Policía Municipal con un centenar de efectivos que se desplazan en la región, a bordo de 10 patrullas.
Por otro lado, pese al patrullaje de militares en Cárdenas, elementos de la SSP hallaron una manta, presuntamente de Los Zetas, con un texto con amenazas a quienes cometen secuestros bajo la denominación de ese grupo delictivo.
“Para todas las lacras, rateros y secuestradores que utilizan nuestro nombre para lucrar y hacer sus mamadas, aquí estamos en la limpia de cada porquería, y para todos los chapulines que no se quisieron alinear a la empresa, seguirán apareciendo muertos como hasta ahora, atentamente Z”, se leía.
La manta fue encontrada afuera de la escuela secundaria técnica número 48, en la Colonia Melchor Ocampo.
http://davidromerovara.com.mx/refuerza-ejercito-vigilancia-en-tabasco/
30/10/15. Ejidatarios bloquean carretera Chetumal-Cancún para exigir pago de terrenos expropiados
Novedades de Quintana Roo
Exigen el pago de 60 millones 400 mil pesos de compensación por terrenos comunales.
CHETUMAL, 2 de noviembre.- Por más de 9 horas, alrededor de 400 ejidatarios de Juan Sarabia bloquearon las carreteras federales Chetumal-Escárcega y Chetumal-Cancún, en el entronque de ambas a la altura del kilómetro 19.
Este bloqueo se hizo como medida de presión para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les responda por la falta de pago de la indemnización de 60 millones 400 mil pesos, cantidad que adeuda al ejido desde hace más de 12 años y que corresponde a las tierras que la dependencia federal utilizó para la modernización de las mencionadas carreteras federales.
Minutos antes de las 7 de la mañana, decenas de ejidatarios de Juan Sarabia se fueron reuniendo a la altura del kilómetro 19 de la carretera federal Chetumal–Escárcega, mismo punto donde se entronca con la carretera Chetumal–Cancún, y media hora más tarde la cantidad ya rebasaba los 400 comuneros.
Alrededor de las 7:40 de la mañana, los campesinos presentes iniciaron el bloqueo de las vías Chetumal–Escárcega y Chetumal-Cancún, cumpliendo con ello sus advertencias de días pasados, donde dijeron que bloquearían los tramos mencionados si la SCT seguía en la negativa de cumplirles con el pago de sus tierras.
Los ejidatarios colocaron un volquete en el carril de entrada de la carretera Chetumal–Escárcega y un tractor en medio del carril de salida hacia la Chetumal-Cancún, mientras que con una camioneta hicieron lo mismo en el acceso al puente que da salida hacia Escárcega; encima de estas unidades pusieron mantas que contenían mensajes de inconformidad y cansancio dirigidos a la SCT, dependencia que se ha mantenido indiferente para con los ejidatarios y que hasta el momento no ha mostrado señales de querer pagarles los 60 millones 400 mil pesos, que les debe por concepto de la indemnización de 90 hectáreas propiedad del ejido.
En un principio los manifestantes acordaron liberar el paso de vehículos cada hora, permitiendo que los conductores pasaran por lapsos de 5 minutos en cada carretera, para después volver a cerrar la vía.
Los 5 minutos de tolerancia se empezaron a aplicar desde las 8 de la mañana y por periodos de una hora, manteniéndolos hasta la 1 de la tarde, en los que dejaron pasar alrededor de 50 vehículos por cada vez.
Después de que pasaron 6 horas de bloqueo sin que las autoridades de la SCT dieran la cara, los ejidatarios tomaron la decisión de mantener un bloqueo permanente hasta las 7 de la noche.
Tras este acuerdo, los presentes liberaron el paso de vehículos por última vez a las 2 de la tarde con 16 minutos, para después disponerse a mantener cerrados los caminos hasta que anocheciera.
Transcurrieron casi 2 horas hasta que los comuneros recibieron respuesta de la SCT, después de que aproximadamente a las 4 de la tarde el director del Centro SCT Quintana Roo, Francisco Elizondo Garrido, se comunicó con el comisario ejidal de Juan Sarabia, Martín Haro Zepeda, para informarle que estaban en camino dos de sus representantes, quienes en breve se reunirían con los comuneros con el objetivo de llegar a un acuerdo que pudiera disipar el bloqueo carretero.
Tras esta llamada, y con el apoyo de la Policía Federal, se permitió una vez más el paso de vehículos, haciéndolo a las 4 de la tarde con 8 minutos; los ejidatarios permitieron que los conductores de ambas carreteras pasaran por alrededor de 10 minutos, para después volver a cerrar ambas vías.
Fue hasta pasadas las 5 de la tarde cuando los representantes de la SCT se dignaron a hacer acto de presencia en el entronque del kilómetro 19, y después de llegar a una negociación con los comuneros, el bloqueo fue levantado alrededor de las 5 de la tarde con 30 minutos.
Cabe mencionar que los elementos de la Policía Federal fueron las únicas autoridades que estuvieron presentes desde que inició el bloqueo, quienes en todo momento trataron de mediar la situación de la manera más respetuosa posible, sin obstruir las acciones de los ejidatarios, pero proponiendo que el cruce vehicular se liberara cada determinado tiempo para no afectar sobremanera a los conductores que tenían que salir de o entrar a Chetumal.
Además, se debe remarcar que las autoridades de la SCT sabían con anticipación que este día se realizaría el bloqueo carretero, pues desde una semana antes los ejidatarios lo habían advertido; y pese a tener conocimiento sobre esta medida de presión, el director del Centro SCT Quintana Roo, Francisco Elizondo Garrido, no hizo nada para impedirlo, dejando así que miles de conductores procedentes de diferentes partes del país se vieran afectados con el cierre de las vías federales.
El bloqueo carretero se hizo a la altura del kilómetro 19 de la carretera federal 186 Chetumal–Escárcega, tanto en el carril de acceso como en el de salida de la capital del Estado; pero como en este punto se entronca la carretera 307, que comunica a Chetumal con Cancún, los que transitaban por esta vía también se vieron afectados.
Se solidarizan con los comuneros
Miles de conductores y pasajeros resultaron afectados con el bloqueo de este día, entre los que se encontraban camioneros, turistas, docentes de comunidades, conductores de transporte público foráneo, burócratas, militares, trabajadores del Sector Salud, así como ciudadanos en general que necesitaban salir de Chetumal o entrar a la capital de Quintana Roo.
Las filas de vehículos varados llegaron a alcanzar más de 3 kilómetros de largo en ambas carreteras, donde miles de conductores tuvieron que esperar bajo el fuerte sol y lidiar con todo el calor que se sintió este día.
Como parte de las afectaciones, hubo retrasos de una y hasta 2 horas en la llegada de autobuses y combis de transporte público foráneo hacia sus destinos, así como en aquellos camiones que transportaban algún tipo de carga hacia Chetumal o el norte del Estado, o fuera de éste.
Además, se tuvo que habilitar el paso de manera urgente e inmediata para permitir el cruce de tres ambulancias, una de ellas de la Secretaría de Marina-Armada de México, y las otras dos del ISSSTE.
Hubo conductores que, ya cansados de esperar bajo el fuerte sol, invadieron el carril contrario para tratar de “volarse” el bloqueo, aunque los elementos de la Policía Federal se los impidieron y les solicitaron que dieran marcha atrás para reincorporarse a la fila y respetar las leyes de vialidad.
Incluso, algunos conductores que venían de Chetumal decidieron subirse al camellón con sus vehículos para tomar el otro carril y regresarse a esta ciudad capital, esperando a que se levantara el bloqueo para poder salir a carretera.
Algunas personas que necesitaban llegar a su destino lo más rápido posible para cumplir algún compromiso importante, tuvieron que bajarse de sus vehículos y cruzar el bloqueo a pie, para abordar algún taxi de los que se habían congregado a la altura del bloqueo, quienes brindaron sus servicios a todo aquél que lo necesitara.
Hubo turistas que necesitaban viajar en transporte público foráneo desde Chetumal, quienes también tuvieron que descender de sus vehículos y llegar a la ciudad a bordo de un taxi.
Pese a las molestias ocasionadas, especialmente por todo el calor que se sintió este día, la mayoría de los conductores se solidarizó con los manifestantes, y aunque para muchos la espera fue sumamente agotadora, supieron aguardar pacientemente hasta poder pasar el bloqueo.
Incluso, hubo algunos conductores que lejos de molestarse, aplaudieron el valor de los comuneros, ya que coincidieron con ellos en que sólo con acciones de esta índole las autoridades de Gobierno se dignan a escuchar al pueblo.
Pero también hubo personas que perdieron la paciencia y se mostraron sumamente molestas con el bloqueo, ya que tenían algún compromiso de suma importancia o necesitaban trasladar a algún familiar enfermo, aunque en este caso los ejidatarios permitieron en todo momento el paso de los conductores que llevaba gente enferma o débil de salud.
El cierre carretero se llevó a cabo de forma pacífica y sin ningún tipo de confrontación, con excepción de un trabajador de la Secretaría de Salud (Sesa) que perdió los estribos y terminó agrediendo verbalmente a los ejidatarios, aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de la Policía Federal, cuyos elementos calmaron al hostil representante de la Secretaría de Salud.
En un documento dirigido al Gobernador Juan Manuel Carreras López, estudiantes de la UASLP se quejan del alto cobro de cuotas y de no contar con la infraestructura ni el material suficiente para su desarrollo académico, en los espacios universitarios.
Lo anterior fue dado a conocer por Luis Alberto Suárez Castillo, estudiante de la Facultad de Derecho, al término de una reunión de alrededor de 200 alumnos, quienes se manifestaron en contra de las altas cuotas que se cobran en la UASLP; destacando que en Derecho se cobran 4 mil 200 pesos al año, mientras que en la nueva carrera de Criminología, se cobran cerca de 10 mil pesos y no se cuenta con la infraestructura ni el material suficiente para que los alumnos puedan llevar las materias.
El texto del documento enviado al Gobernador expone: “el precio de las cuotas de la UASLP, dista mucho de ser accesible para la mayor parte de la población potosina, partiendo estas cuotas desde los tres mil, hasta los 15 mil pesos. Una familia con ingresos basados en el salario mínimo de 70.10 pesos diarios, debe invertir de 60 a 214 salarios mínimos”.
En la asamblea estudiantil los universitarios eligieron a dos representantes de ellos, que no están vinculados con la Sociedad de Alumnos o con la Federación Universitaria Potosina (FUP), a fin de garantizar que sus demandas de mejoras en la infraestructura del edificio y que se bajen las cuotas escolares, sean realmente escuchadas.
Los alumnos electos, deberán dialogar con las autoridades correspondientes de la máxima casa de estudios potosina, ya que de acuerdo a Suárez Castillo, ni la FUP, ni la consejería de alumnos han hecho algo al respecto.
Zócalo Saltillo
El gobierno del Estado prepara nueve proyectos eólicos en diferentes zonas de esta entidad, con el fin de generar mayores oportunidades de crecimiento y proveeduría, así como un desarrollo más saludable y económico.
El titular de la agencia estatal de energía en Tamaulipas, José María Leal Gutiérrez, refirió que el Parque Eólico El Porvenir, ubicado en esta ciudad fronteriza, está a punto de arrancar oficialmente operaciones.
Agregó que a los parques eólicos que actualmente se están construyendo en Güémez, Ciudad Victoria y Llera, se suman otros nueve más que darán un total de mil 526 mega watts.
“Esto significa que la capacidad que tiene Oaxaca desde hace una década, en tan sólo un año que entró Tamaulipas en este sector estaríamos alcanzándolos y de seguir así muy pronto estaremos compitiendo con ese estado sureño”, puntualizó.
Entrevistado en esta frontera, José María Leal mencionó que los nueve proyectos que está preparando Tamaulipas están ubicados en los municipios de Reynosa, Matamoros, Méndez y San Fernando, con un total de mil 526 mega watts, mismos que ya cuentan con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Agregó que adicionalmente, trabajan en el impulso de otros proyectos energéticos amigables para el medio ambiente, como la ampliación hacia otras poblaciones tamaulipecas de la red de los grandes gasoductos, uno Los Ramones y otro el marítimo por el Golfo de México así como el desarrollo de parques fotovoltaicos.
“Presentaré oficialmente en la Comisión Reguladora de Energía, en la Ciudad de México, el proyecto fotovoltaico que se está impulsando para suministrar energía a todo el Parque Bicentenario en Ciudad Victoria, con una capacidad de generación de cinco mega watts”, dijo.
Destacó que el proyecto fotovoltaico alcanzará para abastecer además de la torre de 23 pisos cuya capacidad es para más de tres mil burócratas, al polyforum, con capacidad para cinco mil personas, un recinto ferial para más de 20 mil asistentes y podrá dar electricidad a las zonas residenciales aledañas.
Gustavo Castillo y Jorge A. Pérez , Oaxaca
Oaxaca, Oax., 29 de octubre.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la madrugada de este jueves fuerzas federales ejecutaron órdenes de aprehensión en diversos lugares del estado de Oaxaca en contra de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El Ministerio Público Federal señaló que los aprehendidos podrían alcanzar penas de entre tres y 40 años de prisión y serán puestos a disposición de jueces federales; además, señaló que a “los aprehendidos se les vincula con varios delitos federales”.
Entre las acusaciones se les imputa la toma violenta de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec; la toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, como la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la ciudad de Oaxaca.
Asimismo, se les acusa de actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar en la capital del estado y del robo de 10 mil libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública.
La información oficial refiere que los detenidos son Carlos Orozco Matus, a quien se le menciona como probable responsable de los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital Electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz.
Othón Nazariega Segura, por su probable autoría en los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.
Efraín Picasso Pérez, de 44 años de edad, por su probable participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos.
Asimismo, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Roberto Abel Jiménez García, quien es señalado por diversos delitos del fuero común.
Aún de madrugada el jueves, mil 500 elementos de las policías Federal, Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones desalojaron el plantón que miembros de la Sección 22 de la CNTE mantenían en el exterior de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Jiménez fue el primero en ser aprehendido por elementos de la PGR, en el municipio Santa Lucía del Camino, conurbado a la capital oaxaqueña.
Nazariega Segura, dirigente del sector Periferia, fue alertado de su inminente detención y se trasladó al edificio de la Sección 22, conocido como de “Cristal”, y más tarde a un domicilio particular, donde fue arrestado.
Durante el desalojo del plantón, los profesores aseguraron haber sido agredidos por las fuerzas federales.
Picasso, del sector Estatales, y Orozco, quien fungía como representante de la gremial en el sector Salina Cruz, fueron detenidos tras el desalojo.
Más tarde, en conferencia de prensa, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, exigió la liberación inmediata de los cuatro detenidos. Aseguró: “si tocan a uno, nos tocan a todos”. Agregó que realizarán acciones “contundentes” para demandar que sean puestos en libertad.
Dijo que hay una “criminalización” de la protesta social por parte de los gobiernos federal y estatal; el arresto de los profesores, sostuvo, tiene como objetivo “denostar y debilitar el movimiento magisterial”.
Acusó al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de reprimir al magisterio oaxaqueño y de faltar a su palabra de priorizar el diálogo, ya que se ha negado a instalar una mesa de negociación con la organización, pese a que de manera reiterada ha dicho ante los medios de comunicación que está abierto al diálogo.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Jorge Ruiz, afirmó que el desalojo del plantón se realizó en apego a derecho; con respecto a la detención de los cuatro profesores, corresponde a la federación.
Por su parte, durante la audiencia pública número 56 que se realizó en Palacio de Gobierno, el gobernador Gabino Cué se negó a hacer comentarios sobre el retiro y las detenciones de los manifestantes. Los reporteros presentes le solicitaron una entrevista, pero respondió: “hoy no hay entrevistas, jóvenes”.
ALDABI OLVERA
Pueblos originarios y organizaciones sociales mexiquenses denunciaron que los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2006-2012) y Eruviel Ávila (2012-a la fecha), así como diversos gobiernos municipales, reprimen mediante persecución, amenazas de órdenes de aprehensión, detenciones y hasta asesinatos a quienes se organizan en la entidad para defender su territorio y derechos humanos.
Los nahuas de Coyotepec, Cahuacán, Tlanixco, los pueblos otomíes de Xochicuautla, Huitzizilapan y Magú, usuarios inconformes por las altas tarifas de la luz en Nezahualcóyotl y profesores mexiquenses denunciaron que la represión en la entidad se intensificó en las dos últimas gubernaturas para abrir paso a la imposición de diversos proyectos como el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la autopista Toluca-Naucalpan, diversos desarrollos inmobiliarios y la municipalización de la administración ciudadana del agua.
En un foro realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, integrantes de la articulación llamada Fuego de la Digna Resistencia contaron que ante el nivel de represión del gobierno mexiquense se organizaron en mayo y realizaron una caravana que fue desde Teotihuacán hasta Toluca.
Carlos Sampedro del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el único centro de derechos humanos independiente de la entidad, denunció la colusión del gobierno de Eruviel Ávila con grupos corporativos y de poder:
“El gobierno del Estado de México es de los más corruptos. Ahí está el caso de OHL, las concesiones a Grupo Higa (…) A veces el gobierno municipal apoya a cacicazgos locales para tener el control de servicios y privatizarlos”.
Agregó que el CDHZL lleva el caso de seis indígenas nahuas presos en el pueblo de Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, y del profesor Óscar Hernández Neri. Advirtió que existen varias órdenes de aprehensión en contra de activistas indígenas y actos de hostigamiento continuos, por lo que el CDHZL decidió lanzar la campaña #SuLibertadEsSuDerecho.
El profesor mexiquense César Hernández Neri, hermano del maestro preso, relató durante el foro que hace dos meses se aprobó una modificación en el código penal que criminaliza la denuncia social y una ley para detener a quien instituya escuelas sin permiso del gobierno.
Contó que la represión en el Estado de México tiene un precedente grave en San Salvador Atenco en 2006 por la detención de 211 personas y la tortura sexual contra más de 20 mujeres. Atenco fue invadido por policías federales y estatales bajo la orden de Enrique Peña Nieto en aquel año.
Vicente Moreno, defensor del agua del municipio de Coyotepec, denunció que en pleno foro su hija, quien se encontraba en las oficinas de la administración ciudadana del agua, fue amenazada de muerte.
Sampedro recalcó que en el Estado de México comúnmente se da el caso de dos o tres agresiones en contra de defensores de derechos humanos y del territorio en un mismo día.
EL AGUA DE COYOTEPEC
Tomás Mezas, también de Coyotepec, relató que su pueblo está en defensa del agua desde que el presidente municipal priísta Alfredo Anguiano intentó municipalizar el agua el junio del 2013.
Coyotepec tiene tres pozos profundos para 55 mil habitantes, son sus únicas fuentes de agua. La infraestructura de los pozos fue construida por las manos de quienes habitan este municipio ubicado al norte del Estado de México y desde 1963 la administración del agua se rige bajo un comité ciudadano.
Másde131 ha realizado diversas coberturas en el lugar. A quien escribe le ha tocado presenciar represión y disparos en contra de los habitantes.
Mezas cuenta que el 9 de junio del 2013, helicópteros lanzaron gas lacrimógeno contra pobladores que tapaban la carretera México-Querétaro para evitar la municipalización del agua. Denuncia que desde entonces su movimiento sufre hostigamiento, golpes, privación ilegal de la libertad e intentos de homicidio (Vicente Moreno ya fue apuñalado y estuvo preso en una ocasión).
Relata que Coyotepec fue rodeado de proyectos inmobiliarios llamados Ciudad Bicentenario, construidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador. Para dotar de agua esas ciudades se necesita el agua de Coyotepec.
El pasado 27 de octubre el edil Anguiano llegó con policías municipales a tomar un pozo: “Su diálogo fue apresarnos”, denuncian. Lograron salir libres en pocas horas, pero el presidente municipal mantiene el control de la fuente de agua.
“En el Estado de México siempre hemos tenido un gobierno represor” dice Mezas, “hace lo posible por despojarnos de lo que por derecho tenemos. Somos hoy presa de presión como nunca en la vida del municipio”.
Por las agresiones que sufren, tanto Mezas como Moreno son parte de la campaña #SuLibertadEsSuDerecho.
LOS BOSQUES DE MAGÚ Y XOCHICUAUTLA
Berenice Sánchez, del pueblo otomí de San Francisco Magú, en el municipio de Nicolás Romero, también es parte de #SuLibertadEsSuDerecho. Califica este esfuerzo como un “escudo” para su libertad y para seguir luchando.
“Los pueblos se desmembran cuando alguno de nosotros es tomado tras las rejas”, opina.
El bosque de Magú empezó a ser talado hace dos años para instalar 11 mil viviendas. Hay también anuencias de perforación de todos los pozos de agua para alimentar estas viviendas.
Magú tiene una administración autónoma del agua potable. Tienen también una representación regida por usos y costumbres.
Denuncia que su pueblo ha sido dividido. A ella se le culpa de motín, robo y usurpación de funciones. Las autoridades han querido llegar con ellos a procesos de conciliación: “Conciliar es olvidar a la asamblea de San Francisco Magú”, asevera.
Berenice Sánchez fue severamente golpeada el pasado 8 de marzo durante un incursión de policía en su pueblo acompañada por gente de la propia comunidad.
SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA
“Deben saber que el Estado de México es uno de los más represores”, cuenta José Luis Fernández, integrante del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que agrupa a los pueblos de Xochicuautla, Huitzizilapan y Tlanixco.
En Xochicuautla y Huitzizilapan, municipio de Lerma, se pretende imponer la autopista Toluca-Naucalpan. La concesión está a cargo de empresas filiales de Grupo Higa, empresa constructora que se vio envuelta en un escándalo por regalar una casa a Peña Nieto.
Fernández denuncia que la carretera se ha hecho sin el permiso de las comunidades. Desde hace 9 años, Xochicuautla ha tenido que viajar a diferentes partes del país y siempre encuentra situaciones similares: “es un espejo”.
Su pueblo tiene dos pozos, uno va al Cutzamala y otro a su comunidad.
En agosto de este año, Enrique Peña Nieto emitió un decreto expropiatorio para imponer una autopista que desconectaría el pueblo de sus montañas y territorio comunal. El decreto dice que el pueblo fue consultado, cosa que no pasó. La semana pasada el pueblo integró una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para refutar el decreto de Peña.
En 2013, 14 indígenas de Xochicuautla fueron detenidos. En 2014 la policía detuvo a 8. Todos salieron libres a los pocos días. Su delito: interponerse entre el bosque y las máquinas. Siempre que hay asambleas en Xochicuautla, se presentan cientos de granaderos estatales.
José Luis Fernández ha sufrido de hostigamiento. Habitantes afines al proyecto de Grupo Higa han repartido volantes en la comunidad en su contra pidiendo que se le detenga. Fernández también es parte de la campaña #SuLibertadEsSuDerecho.
ESCONDERSE EN CAHUACÁN
Trinidad Cruz del pueblo de Cahuacán, municipio de Nicolás Romero, denuncio en el foro que su hermano Jesús Cruz tiene una orden de aprehensión y es “perseguido político”.
Cahuacán posee una superficie de 2402 hectáreas. En octubre del 2014 llegaron personas con estructuras notariales que dicen que son los dueños. Los terrenos sirven para el cultivo, son también bosque y agostadero. Su hermano encabezó la defensa de este territorio, por lo que se le fabricó un delito de robo de 2700 pesos.
La orden de aprehensión se ejecutó este 2 de mayo, después de que Jesús Cruz sufriera un accidente. Al hospital llegaron judiciales con la orden, pero el defensor de Cahuacán logró escapar. Actualmente se encuentra escondido.
“Nosotros somos los que cultivamos y agarramos el azadón, si se acaban las áreas de cultura, dónde va a haber para sembrar si los campos los cubren de cemento”, dice Cruz.
EL FUNDADOR DE ESCUELAS, PRESO
El profesor Óscar Neri mandó una carta desde el Reclusorio Molino de las Flores, ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México.
“En mi travesía mexiquense atestigüé el dolor de padres y madres de desaparecidos, lloré con chiquillos adictos al solvente en tiraderos, me senté en Toluca, me contagié de las risas de los diputados, viajé en tren ligero y Mexibus llenos hasta el tope. Ya capturaron a la desolladora de Chimalhuacán. El Estado está tranquilo, el gobernador quiere platicar conmigo, pero yo estoy preso”.
Óscar Neri fundó dos prepas populares (135 y 224). Es integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del oriente del Estado de México. Se le culpa de homicidio de una estudiante de doctorado en 2007. Fue inculpado por un profesor a quien torturaron. En mayo del 2012 se emitió una orden de aprehensión y el 30 de abril del 2014 fue detenido.
Además del testimonio del profesor torturado, no hay ninguna prueba que lo inculpe.
EL AEROPUERTO DE ATENCO
Ignacio del Valle, nativo de San Salvador Atenco, preso del 2006 al 2010, contó como desde hace 14 años se quiere realizar un proyecto que jamás se les consultó a los pueblos de la rivera del Lago de Texcoco.
En un decreto de expropiación en tiempo del presidente Vicente Fox se les pretende quitar territorio para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La tierra donde se pretende instalar el aeropuerto fue trabajada por peones de haciendas, quienes lucharon por ella en la revolución y la heredaron a quienes ahora integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
En el 2006 Enrique Peña Nieto ordenó en Atenco una de las peores represiones en la historia del país.
Ignacio del Valle recalca: “quien debería estar en la cárcel por aquella represión, es el ahora presidente del país”.
En el 2014, ya en el cargo, Peña Nieto lanzó otro plan para continuar con la construcción del aeropuerto.
Este miércoles 28 de octubre, los ministros y la ministra que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron posponer la decisión de los amparos de los apicultores mayas de Yucatán y Campeche en contra del permiso de siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán.
En un comunicado, difundido por Greenpeace, Indignación y MAOGM Colectivo, en representación de 13 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, campesinas y ambientalistas reiteraron su llamado a la SCJN para que protejan al pueblo maya y prohíban la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán, después de que el gobierno federal, a través de la Sagarpa, entregara un permiso a la trasnacional.
“Los ministros y la ministra no deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar“, se informó.
29/10/15. Marchan jóvenes y exigen mejoras
Ntr Guadajara
09/03/15. Policía de Fuerza Única de Jalisco tiene rodeada la Escuela Normal Rural de Atequiza, tras bloqueo de la carretera Ocotlán-Guadalajara.
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