Esta es una investigación especial de la reconocida periodista Lydia Cacho/@LydiaCachosi, autora de libros como “Los Demonios del Edén” (2005), “Memorias de una infamia” (2007), “Esclavas del poder” (2010), entre otros. La ganadora de reconocimientos nacionales e internacionales, como el Human Rights Watch (2007) y el Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa (2007), difunde este lunes su trabajo, de forma simultánea, en Aristegui Noticias y la revista Newsweek.
A lo largo de los últimos meses, ha revisado múltiples documentos, recogido testimonios, y ha consultado múltiples fuentes, tras lo cual obtuvo esta pieza periodística. Actualmente, hay al menos 120 ejidatarios y posesionarios peleando sus tierras. “Todos tenemos miedo de que nos maten o que los desaparezcan”, suelta doña Anita. Aquí la historia:
Eran las 9:35 de una soleada mañana del jueves 17 de mayo de 2012, cuando un hombre de tez morena, vestido con una playera polo color verde entró en las oficinas del despachoLópez Joers & Varela Abogados, ubicado en la calle Dos poniente, cerca del centro deTulum.
El hombre –que dijo llamarse Erik– solicitó al abogado Luis Hernández Patiño que le señalara la oficina de Álvaro López Joers. Al abrir la puerta para presentarlos, el visitante sacó un arma tipo escuadra y encañonó a Hernández, exigiéndole que se metiera en el baño y se postrara boca abajo. Inmediatamente, el hombre armado se acercó a López Joers, de 52 años, le exigió que se hincara frente al escritorio y le disparó dos tiros precisos que le dieron muerte, uno en el pecho, otro en el cuello.
El asesino salió corriendo, dos sujetos en un auto le esperaban en la esquina y los testigos los vieron huir sin que, hasta la fecha, se conozca el nombre, los motivos y el paradero del criminal.
Álvaro López Joers nació en el Distrito Federal. Era litigante especializado en juicios mercantiles y agrarios. Entre 1992 y 1996 fue subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria en Chetumal, capital de Quintana Roo, lo que le convirtió en un experto en el tema. Él documentó los incontables intentos de despojo, robo e invasión de terrenos propiedad de ejidatarios originarios de la región. En el momento de su homicidio, Álvaro llevaba la defensa de 40 personas, propietarias legítimas de diversos terrenos en el ejido de Tulum, denominado oficialmente Ejido José María Pino Suarez; López Joers también representaba legalmente a la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez.
Las y los ejidatarios, a quienes entrevistamos para este reportaje, aseguran que la muerte de su abogado fue una advertencia para todos los que buscan justicia por la vía institucional.
El litigio más complejo que llevaba López Joers al momento de su muerte estaba relacionado con el despojo de seis predios costeros, ubicados en el kilómetro 10 de la carretera costera Tulum-Boca Paila, especialmente en los hoteles ecoturísticos denominados “Vía Laktea”, “Hamaca Loca”, “Xicho”, “Casa del Jaguar”, “Tierras del Sol” y “Sueños”. Según los ejidatarios, el juicio presentaba avances positivos para los afectados.
Unas semanas antes de su muerte, el 16 de abril de 2012, el abogado López Joers manifestó ante un reportero del diario Poresto! De Quintana Roo, publicado en esa misma fecha, que como parte de los litigios para conservar la propiedad de terrenos de la zona costera interpuso una demanda contra documentación apócrifa presentada ante esta instancia por una familia de Nuevo León, de apellido Garza Ponce, que pretendía quedarse con una fracción de la franja costera de seis kilómetros, perteneciente al ejido de Pino Suárez.
El defensor dijo que los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, pretendían despojar a los dueños de las tierras costeras pertenecientes a este ejido ubicado entre la selva y el mar Caribe, mediante escrituras públicas cuyo origen es un falso título de propiedad (No. 673, de fecha 27 de diciembre de 1948).
López Joers aseguró públicamente que Garza Ponce le amenazó, argumentando tener una relación cercana con el gobernador Roberto Borge.
Luego del asesinato de su abogado defensor, los integrantes de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez, denunciaron ante las autoridades y los medios de comunicación el despojo que pretendían llevar a cabo los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, representados por Carlos Amador Treviño Lozano, también originario de Monterrey, Nuevo León.
Los despojos se sostienen en operaciones que vinculan directamente a políticos, servidores públicos y empresarios oportunistas. Como en todos los ejidos del país, la cantidad de títulos apócrifos y de ventas fraudulentas de terrenos representa un problema legal de grandes proporciones.
En el informe de la FAO denominado Mercado de Tierras en América Latina, Héctor Robles, quien analiza el caso México, explica el contexto de la desactualización del registro catastral, transacciones dudosas, ventas irregulares y vacíos legales que favorecen esta crisis.
¿Por qué son ejidatarios?
El 8 de octubre de 1974 el gobierno federal, presidido por Luis Echeverría Álvarez, determinó que el territorio del sureste mexicano con 50,000 kilómetros cuadrados, denominado Quintana Roo, se convertiría en estado libre y soberano. Con el decreto, Quintana Roo precisaba 80,000 habitantes, muchos traídos de diversos estados, pues se exigía una infraestructura agrícola, comercial y educativa mínima para tener independencia económica y considerarse estado federal; de allí que los migrantes se convirtieron en pioneros y, en algunos casos como el ejido Pino Suárez de Tulum, viviendo en condiciones precarias en medio de la selva, sin servicios, con la promesa de la Secretaría de la Reforma Agraria de que sus tierras eventualmente les permitirían tener un patrimonio propio al pasar de los años.
El 25 de febrero de 1972 el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) descubrió que parte de los terrenos baldíos propiedad de la Nación eran reclamados por dos ciudadanos que no vivían en Quintana Roo: Antonio González Avilés (105 hectáreas) y Felipe Hernández Collí (10 hectáreas), ambos frente al mar. Esos títulos de propiedad eran locales y no tenían respaldo; ellos eran, según el comisario ejidal Hidalio Martínez,“empresarios acaparadores de tierras”.
Al crear el Centro de Población Ejidal (CPE), con autorización presidencial el DAAC entregó a Hernández Colli y a González Avilés 200 hectáreas de ejido a cada uno a fin de cancelar futuros conflictos de posesión. Ninguno se inconformó y sus escrituras antiguas quedaron canceladas de facto. Sin embargo, González Avilés vendió ilegalmente 60 terrenos a José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza.
Los ejidatarios siguieron erigiendo pequeños hoteles, restaurantes y tiendas, pero las cosas se complicaron cuando los Garza Ponce comenzaron a mencionar al ex presidente Miguel Alemán como su defensor. Ya López Joers había explicado que Garza Ponce documentaba el acto ilegal con escrituras públicas derivadas de un apócrifo Título de Propiedad 673, con fecha del 27 de octubre de 1984, expedido a Antonio González Avilés, por el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdez, el cual ampara una parcela ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chetumal, el 20 de octubre de 1970, pero extrañamente seinscribió 22 años después de haberse emitido dicho título, denominándose “Punta Piedra”Tulum.
Las autoridades agrarias han determinado una y otra vez que los títulos con los que éstos compraron son apócrifios, sin embargo desde el año 2000 la familia Garza Ponce, agotadas las vías jurídicas federales, ha utilizado operativos de desalojo de todo tipo a través de asociados locales y su representante, Carlos Amador Treviño Lozano.
El 20 de noviembre de 2011 el Tribunal Unitario Agrario 44 elevó a carácter de cosa juzgada y emitió sentencia a favor de los reales ejidatarios. Hasta la fecha se han girado juicio de nulidad de los títulos de propiedad de Garza Ponce y otros, así como 18 sentencias sobreseyendo el juicio de Amparo de Garza Ponce y otros, dichos documentos están en poder de esta reportera. (Ver el Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario para la creación del ejido “José María Pino Suárez” del 30 de marzo de 1973, que señala que la Dirección de Terrenos Nacionales no encontró ningún expediente a nombre de Antonio González Avilés)
La resolución presidencial de 1973, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de ese mismo año, fundó el Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Pino Suárez. Se otorgó una superficie de 10,410 hectáreas de terrenos baldíos propiedad de la Nación, de las cuales 980 se destinaron para formar 49 unidades de 20 hectáreas cada una, entregadas a 47 capacitados. La superficie total tenía que dividirse en terrenos de cultivo, centros escolares, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer (que nunca existió), así como 50 hectáreas para la zona urbana y su equipamiento con servicios públicos y campos deportivos. El resto, 9,379 hectáreas quedaron bajo el control de la Junta Ejidal y se convirtieron en lo que se conoce mundialmente como el centro ecoturístico Tulum.
Hace 40 años, el 9 de enero de 1975, fue aprobada la Constitución Política de Quintana Roo; desde entonces hasta la fecha, políticos y algunos empresarios poderosos, ayudados por cada gobernador en turno, han intentado acaparar tierras. El grupo de empresarios de Monterrey señalado por el abogado asesinado y la junta ejidal, operan en conjunto con políticos del norte.
Fábrica de juicios laborales
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo –según diversos testimonios recogidos para este reportaje, algunos anónimos, otros no– ha sido facilitador del despojo de una veintena de terrenos costeros en Tulum, noveno municipio del estado y uno de los destinos turísticos del Caribe Mexicano con mayor potencial de crecimiento.
El mandatario estatal, de acuerdo a las versiones de un grupo de personas que trabajó con los operadores en el despojo de terrenos en seis kilómetros de la zona costera Tulum-Boca Paila y los alrededores de la Laguna “Nopalitos” en el Ejido Pino Suárez, ha echado mano de la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social, con el subsecretario Enrique de la Cruz Pineda (foto de abajo), para fabricar litigios laborales promovidos por supuestos empleados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, y así despojar a particulares de terrenos, casas en zonas residenciales y hoteles en Tulum.
De acuerdo al contador, un ex trabajador de la dependencia, De la Cruz Pineda propuso a Borge aprovechar los remates de bienes embargados por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA), fruto de algún litigio entre empleador y trabajador. Según el contador se contrata gente para indagar la situación de inmuebles en zonas de alta plusvalía o con potencial de desarrollo. Una vez ubicados los inmuebles, se fabrican “empleados”, que demandan laboralmente a falsos dueños de terrenos, residencias y hoteles.
En una casa de dos pisos, color salmón, sin número en la calle 3 Durazno, casi esquina con Avenida Náder en el centro de Cancún, encontramos las oficinas de Luis López, originario de Monterrey y supuesto operador de los despojos vía juicios laborales.
En las afueras de las oficinas nos encontramos con “el contador”, quien laboró durante casi un año bajo el mando de López, hasta que, según su propia versión, se dio cuenta de que lo que hacían era una operación ilegal de despojo, ordenada por el gobernador Roberto Borge y por un grupo de socios del mismo
“Cuando tú como empleado vas a la Junta y demandas al patrón, cuando ya pasaron años y hay sueldos caídos y al final la sentencia es favorable para el trabajador, la Junta verifica las propiedades del patrón, se gravan y se embargan. Se llama embargo precautorio. Si el patrón tiene el dinero, le paga al trabajador; en su defecto, se vende en una subasta ese bien y el dinero se entrega al trabajador”. Dice el contador. “Ese es el procedimiento legal. Pero De la Cruz le propuso (al gobernador) investigar la situación de los predios; el “gober” le dio el visto bueno (…) fabrican empleados, fabrican empresas, fabrican todo”, explica.
“Cuando lo nombran gobernador, comienza a llamar a todos sus amigos; todos los que puso, si te fijas, son chavos; son sus cuates. Su gran amiguísimo es Enrique de la Cruz. El de la idea original de empezar a adjudicarse todos los terrenos y propiedades por medio de la Junta, fue Enrique de la Cruz (…) pero el cerebro es Luis López Naranjo (foto de abajo), egresado del TEC de Monterrey, que estudió con Beto Borge.
“Por medio de la Junta se ha hecho de muchísimos terrenos; uno de ellos en Punta Venado”, narra el contador.
Punta Venado está dentro del municipio de Tulum; el presidente Enrique Peña Nieto denominó novena decisión prioritaria de su sexenio el Tren Transpeninsular con una inversión e 20,000 millones de pesos. En enero 2015 se canceló el proyecto por recortes presupuestales, pero el gobierno federal pagó 1,343 millones de pesos a la empresa AdHoc Consultores, propiedad de Aarón Dychter Poltolarek por los estudios sobre Tulum.
“Todo lo empezaron a hacer por medio de la Junta. Primero por un terreno, que no recuerdo dónde [se ubica], pero fue en un día inhábil. Había días en que no se trabajaba, sólo se quedaban las personas que tenían que hacer ‘las cosas’. Ellos hacían los juicios. Trabajan principalmente con Alexis”, prosigue el contador para referirse a Alexis Zavala Ávila, quien preside la Junta de Conciliación y Arbitraje II, en Cancún.
“Yo estuve presente cuando orquestaron la fabricación del juicio laboral JECA/PC/1164/2011. Lo fabricaron escondiendo todo de los verdaderos dueños de los negocios turísticos Puerta del Cielo, Hotel Playa Azul, Cabañas Ixchel y Cabañas dos Ceibas”, recuerda.
La fuente muestra los documentos de lo que se denominó el megadesalojo del 23 de mayo del 2014.
“El supuesto empleado, que es cualquier hombre al que contratan de fuera para suplantar, por ejemplo un jefe de meseros, o un gerente, no demanda al verdadero posesionario del predio ejidal, sino que asegura falsamente que su patrón era Carlos Amador Treviño Lozano (hombre con sombrero en foto de abajo). Entonces los de la Junta de Conciliación nunca citan al verdadero dueño para preguntar si ese sujeto trabajaba con ellos, sino, supuestamente, citan a Amador Treviño, que o nunca se presenta o si va, acepta que efectivamente les quedó a deber sueldos caídos. Pierde el caso y sin previo aviso a los verdaderos posesionarios, llega la gente de López, de Enrique de la Cruz, acompañados de algún notario y con cientos de policías, se apropian de las tierras, dicen que están en litigio y rápidamente la ‘venden’ a un prestanombres”.
El testigo, que teme por su integridad física desde que se atrevió a hablar de esta operación, asegura que estas transacciones, de las que hay evidencia, se repiten sistemáticamente, que han despojado a hoteleros extranjeros, a empresarios mexicanos de dinero y a ejidatarios que no tienen dinero pero sí su tierra. A todos, según la fuente, les une un punto en común: temen la ira y venganza del gobernador y socios empresarios. Sus testimonios coinciden con los de tres arrendatarias argentinas que rentaban parcelas ejidales para operar pequeños restaurantes, boutiques, escuelas de yoga y pequeños hoteles ecoturísticos en los que invirtieron todo su capital y que la policía les robó.
A fines de 2012, Carlos Amador Treviño Lozano acudió a la unidad VIII del Ministerio Público de Tulum y sin pruebas aseguró que su predio había sido invadido ilegalmente y que quienes lo ocupaban le amenazaron. La “investigación” procedió bajo total secrecía y el 19 de julio 2013, la gente de Treviño Lozano apareció acompañada de 15 camionetas policíacas con 200 elementos de la policía judicial de Quintana Roo portando armas largas. Despojaron a los propietarios de 14 hoteles. La policía amenazó y golpeó a quienes defendieron su propiedad, los huéspedes de los hoteles fueron sacados a rastras por la policía estatal; se les robaron cámaras y celulares para impedir que utilizaran las imágenes captadas en el ataque policíaco, a pesar de ello existen videos que muestran el despojo violento.
La gente salió corriendo sin poder tomar sus artículos personales y documentos oficiales. Los medios locales dieron cuenta gráfica y crónica de estos hechos. Inmediatamente se instaló un grupo de policías del estado y un centenar de trabajadores de una empresa de seguridad privada, ilegalmente armados, a resguardar las propiedades con cadenas, candados y alambres de púas. Las amenazas de muerte a los ejidatarios no se dejaron esperar. Cuarenta turistas interpusieron denuncias ante la PGJ por robo de posesiones personales y por haberles sacado a golpes de los hoteles. Ninguna procedió.
El 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo el denominado megadesalojo de cuatro hoteles de playa en Tulum.
Dos supuestos trabajadores (que nunca laboraron ni vivieron en Tulum), los supuestos trabajadores de llaman Omar Homero Tijerina Herrera y Samuel Aguilar ibarra, cuyos nombres aparecen en el exhorto Playa NUM:40/2013 ganaron un juicio laboral de forma expedita.
La fuerza pública desalojó a trabajadores, turistas hospedados y empleados gerenciales de cuatro hoteles. Los propietarios de dichos predios quedaron paralizados frente a la toma ilegal de sus terrenos, operada nuevamente por un centenar de policías estatales y municipales fuertemente armados. Uno de los empleados de la junta local de Conciliación y Arbitraje dio orden al jefe de la policía municipal de que detuviera a cualquier reportero que estuviera tomando fotografías. Los fotorreporteros fueron advertidos. Testigos y propietarios aseguran que la policía les robó tanto a ellos como a los turistas cámaras y teléfonos celulares con los que documentaban el desalojo. Las quejas de diplomáticos ante el gobernador no surtieron efecto alguno. El despojo hecho bajo el juicio laboral expedito número 138/2912 fue rebatido en tribunales por los ejidatarios.
El amparo frente al juicio laboral interpuesto por el equipo de Treviño y López fue ganado con el número de expediente 138/2912, las autoridades locales se niegan a ejecutar la devolución de los predios a pesar de que los amparos salieron publicados el 26 de enero de 2015 y la policía carece de documentos oficiales para sustentar su presencia.
Ya organizaciones ambientalistas como GEMA y CEMDA, así como el INAH, junto con buzos y espeleólogos, han denunciado públicamente las pretensiones de empresas y políticos para destruir casi diez mil hectáreas de selvas y manglares a fin de crear un proyecto hotelero de alto impacto.
Tulum, que pertenecía a Cozumel, se convirtió en municipio libre en 2008 debido a los cambios del Plan Maestro de Desarrollo Tulum, orquestados por el ex gobernador Félix González Canto (actualmente presidente del PRI en Nuevo León).
En 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el nuevo Plan de Desarrollo y ordenó que se protejan las zonas naturales y sitios arqueológicos. Fue entonces que González y su sucesor movieron los planes hacia la zona sur, en donde se encuentra el Ejido Pino Suárez; el Parque Nacional Tulum y una parte de la Biósfera de Sian Ka´an serían zonas afectadas por esta inmobiliaria.
El estudio denominado Turismo, Áreas Naturales Protegidas y Apropiación Territorial: el caso del Parque Nacional Tulum elaborado por el investigador de CIESAS, Gustavo Marín Guardado, señala que “la Corte determinó que es facultad exclusiva de la Federación regular y proteger los Parques Nacionales, y que por lo pronto contuvo la embestida de particulares y funcionarios interesados en disponer de este espacio, para la urbanización y los grandes negocios.
No obstante, este es sólo un capítulo más de las perennes confrontaciones, donde autoridades federales, ambientalistas y grupos sociales tratan de contener la presión intensa de particulares, empresarios y autoridades locales que intentan privatizar y construir en Áreas Naturales Protegidas y que entrarán en acción cuando convoquen nuevamente a la actualización de un esperado PDDU para dar orden al crecimiento de la ciudad.
Lo cierto es que las construcciones siguen avanzando; la evidencia física y fotográfica es irrefutable. La violencia se ha incrementado en la medida en que empresarios y políticos están vendiendo por internet tierras que no les pertenecen con el proyecto Maya Zamá I y II.
Un testigo presencial
El señor R.T, abogado de Quintana Roo desde hace treinta años, y quien trabajó muy cerca del gobernador Hendricks y era un hombre cercano del abogado asesinado descrito al inicio, narra la historia de ilícitos gubernamentales para expropiaciones y despojos ejidales desde tiempos del gobernador Mario Villanueva hasta la fecha.
Respecto a Tulum se le preguntó a R.T. si tiene conocimiento de quién dio la orden del asesinato del abogado López Joers: “Yo no se si él (el gobernador Borge) dio la orden (de asesinarlo), pero fue el equipo”. Se le pregunta quién es el equipo: “Todos los que están metidos en el despojo de tierras. […] Los que se encargan de sacarte de tus terrenos son la policía municipal, ya ni siquiera se toman el trabajo de contratar villanos para irte a sacar”.
R.T., que ha testificado en los juicios de despojo, narra que hay dos tipos de invasión: la elegante y la callejera.
Para explicar el despojo “elegante” recurre a un juicio laboral como ejemplo: “[Se] inventan un empleado que trabajó contigo y cuando te das cuenta, en cuestión de tres meses el juicio ya está sentenciado. Ya quisiera cualquier empleado del país lograr una sentencia laboral tan rápida… ah, y ejecutada y que al día siguiente la puedas vender (la tierra) porque ni siquiera entran a remate los predios. Al día siguiente ya tienen las escrituras y luego vas a preguntar por el juicio a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no aparece. Obviamente el director de la junta está coludido. Por ser estatal tiene que haber una orden del gobernador. Y los mismo es con los penales, con los laborales, con los mercantiles, con todos tipos de juicio han quitado diferentes hoteles, sacando a los turistas. Todos los periódicos (locales) lo sacaron en su momento”.
Siete mujeres y cinco hombres habitantes de Tulum que fueron despojados de sus tierras y solicitan que sus nombres no sean revelados por temor a las represalias, aseguran que detrás de la operación para robarles sus tierras ejidales está la aprobación del gobernador Roberto Borge Angulo.
La señora Blanca Pech, cuyos dos hijos fueron amenazados por la policía municipal que incautó sus terrenos sin aval judicial, vigila constantemente su tierra y describe lo que ha denunciado ante la Procuraduría de Justicia: “Hay tres policías cuidando mi terreno, todos están armados, antes usaban el uniforme de la policía de Tulum, ahora tienen uniformes negros como los de la (policía) judicial. Estuve vigilando y detecté quién les paga a los que me impiden regresar a mi predio: cada viernes viene un abogado en una camioneta roja, se llama Gilberto Díaz”.
Las mujeres, al igual que el resto de los 120 ejidatarios de la zona, han entablado denuncias penales sobre el despojo, han ganado juicios en el Tribunal Agrario, pero a pesar de ello la policía sigue resguardando los predios.
Pablo, originario de Tenosique Tabasco, habitante de Tulum desde hace treinta y cinco años, explica: “El gobernador Borge viene a cada rato, lo vemos llegar con sus escoltas. Se hospeda en el nuevo hotel Copal que construyeron sus amigos en tiempo record y sin permisos para destruir la duna y el manglar. Allí se queda Borge los fines de semana y hacen fiestas; ponen a los policías municipales a limpiar la playa. Una vez los hoteleros, que son eco-amigables de bajo impacto, se quejaron por el escándalo de las fiestas; la policía vino y nos dijo que no nos quejáramos porque era la fiesta del gobernador
Como en otras zonas ejidales del país, los despojos van acompañados de violencia, amenazas de muerte, actos extrajudiciales y ecocidios.
El abogado Edgar Mauricio Pumaro de la Cruz representaba a seis ejidatarios víctimas de despojo. Miembros de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez aseguran que Pumaro renunció a llevar todos los casos luego de que en mayo del 2014 se presentaron en sus oficinas siete hombres que viajaban en autos con placas de Nuevo León. Estaban armados y le exigieron que se retirara de la defensa legal.
La señora Columba Archundia asegura que en ningún despojo ha habido orden judicial. “Los policías llegan armados a sacarnos como si fuéramos ladronas, traen una carta simple que dice que están asegurando el predio por un juicio laboral”, cuenta. “Conmigo entró la policía judicial. Traían armas largas, detrás venían cuatro encapuchados con armas de alto poder. ¿Y me va usted a decir que eso pasa sin conocimiento del gobernador? ¡Si salieron las fotos en el periódico! Todas nuestras denuncias penales han desaparecido de la Procuraduría del estado. Cuando nos expulsaron de nuestras casas y negocios, Chabela, de la junta ejidal, le llamó al jefe de la policía de Tulum para pedir que vinieran en nuestra ayuda, porque tenemos todos los papeles para demostrar que estos terrenos son nuestros”.
Chabela confirma: “Sí, yo le hablé al jefe de la policía y me dijo: ‘No la puedo atender porque esta orden viene desde arriba’”.
Policía custodia predios costeros
En plena playa, un oficial de la Policía Municipal de Tulum –armado con pistola y rifle– se ostenta como guardián de terrenos costeros. Se le pregunta la razón por la que un elemento de Seguridad Pública cuide predios.
“¿Cómo que por qué la policía? Porque hay un oficio del Ministerio Público que nos giraron para custodiar predios que invadieron (sic) gente ajena”, explica y pide la presencia de un notario para que se nos permita el ingreso a la playa. Durante la conversación, el oficial, que no porta una sola identificación, es videograbado e intenta sacar el arma y arrebatar la cámara al fotorreportero. El agente asegura que la Constitución prohíbe que se le tomen fotos a la policía.
Cuestionado sobre la identidad de quienes –dice– invadieron los terrenos que cuida, responde que la desconoce. Al escuchar que existen versiones de que quienes han invadido los terrenos son gente del gobernador, el oficial se ríe y exclama: “No, ¿qué pasó? O’ra sí que es puro cuento, a nosotros nos mandan a custodiar nada más los predios, que no haya gente ajena”.
El policía explica su presencia como custodio por instrucciones del director de Seguridad Pública, Luis German Sánchez Méndez, con base en una presunta orden del Ministerio Público, que no exhibe. “Yo nada más obedezco órdenes”. Esta reportera intentó entrevistar al director de la policía municipal, Luis German Sánchez, quien declinó hablar del asunto con la prensa.
En las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la zona norte los cuatro ministerios públicos adscritos aseguran que, hasta donde ellos saben, no existen órdenes judiciales para la custodia de predios por parte de la policía. “Esos son asuntos entre civiles” –asegura el ministerio público–, la policía no tiene por que intervenir”.
Ante la solicitud de una entrevista grabada, los agentes aseguran que las órdenes del gobernador son que nadie hable con la prensa, “porque se está aprobando una nueva ley para regular la libertad de expresión”.
En una visita a los predios invadidos por la gente de Treviño Lozano -el representante legal originario de Monterrey-, pudimos contar a 150 personas vigilando los terrenos, desde miradores construidos con madera. Todos están armados y portan walkie talkies. Además, hay 70 guardias privados vestidos de negro y también armados con pistolas 9 milímetros; ellos pertenecen a una supuesta agencia de seguridad, propiedad de Rafael Zozil Rodríguez, alias “El dóber”. No se encuentran registros oficiales de dicha agencia. Zozil ha sido acusado por las autoridades y señalado de pertenecer al cártel de Sinaloa en la Riviera Maya. Al aproximarnos para preguntar a los hombres si trabajan para Zozil Rodríguez, estos respondieron escuetamente: “mejor no pregunte y chínguele”.
Doña Chabela, ejidataria de Tulum desde 1970, narra frente a otras mujeres de la Junta Ejidal cómo se han vivido los desalojos. “Cuando a nuestras familias les entregaron las tierras ejidales estábamos en la plena selva, con puro manglar, lleno de moscos y alimañas. Allí comenzamos a construir unas cabañitas, hicimos pozos y un camino de terracería para entrar en el poblado. Pero nada más se dieron cuenta de que en el decreto presidencial dice que a todos los ejidatarios nos corresponde el acceso al Caribe, comenzaron a hostigarnos”.
“Hace 22 años empezaron a pelear nuestras tierras. Nos quedábamos a dormir en tiendas de campaña en la playa, para que no nos invadieran de noche”, interviene entonces Columba, otra ejidataria que llegó de Tabasco hace treinta años. “Los invasores se metían a los terrenos y quemaban las palapas en las que vivíamos, no les importaba que tuviéramos nuestra ropa y papeles allí. Desde ese entonces era la gente de Santiago Pizano, contratado para robarse las tierras y pagado por políticos corruptos. Nos amenazaban con matarnos, pero nosotras no nos dejamos, lo hemos peleado solas”.
Tanto doña Chabela como Columba aseguran que hay al menos 120 ejidatarios y posesionarios peleando sus tierras frente a las autoridades. “Aquí no hay unión de la gente” –dice Columba–. “En Atenco la gente salió a defender sus tierras, aquí todos tienen miedo de que el gobernador los mande matar como al abogado López Joers”.
Doña Anita admite tener miedo: “Todos tenemos miedo de que nos maten o que los desaparezcan como a los hijos de don Andrés, que se enfrentó a la policía. A sus dos hijos, que cuidaban las cabañitas que rentaban a turistas; primero se metieron para simular un robo, ellos se defendieron y denunciaron. El Ministerio Público les dijo que mejor vendieran sus tierras y se fueran, que la denuncia no iba a prosperar. Ellos hablaron con un reportero de Por esto! Para decirle los nombres de la gente del gobernador Borge que les había dicho que les iba a dar un millón de pesos por sus dos hectáreas y que se fueran si no querían morirse ahogados. Luego los muchachos desaparecieron. Su papá los sigue buscando y un policía de Tulum le dijo a don Andrés: ‘Si quiere encontrar a sus hijos búsquelos en el mar’. Andrés se fue a Tabasco, por miedo a que le desaparezcan a su hija que le sobra”.
Vía telefónica, preguntamos a don Andrés quién desapareció a sus hijos: “Pues quién va a ser, la policía estatal”.
Advertencias
El año 2007, el diputado Mario Rivero (PAN), aseguró que el ex gobernador Joaquín Hendricks, en acuerdo con su sucesor Félix González, planeaba apoderarse de Tulum y aliarse con empresarios del norte para venderlo.
En 2008, el gobernador González Canto vendió los terrenos destinados para laUniversidad Pesquera a los desarrolladores del megaproyecto comercial y habitacional denominado Downtown Tulum (hoy rebautizado como Maya Zamá I y II) que pretende ocupar 450 hectáreas y apoderarse del ejido Pino Suárez; la guerra contra los ejidatarios es para construir ese gran proyecto y se basa en el cambio del Plan Maestro de Desarrollo impulsado por Félix González.
“El ex gobernador Hendricks se adueñó de esos terrenos para la universidad y los vendió en millones de dólares, allí han construido en terrenos arrebatados ilícitamente los hoteles Aldea Zama, Copal y Papaya Playa”, dice Columba. Pretenden construir, además un club de golf y fracturar la tierra para abrir uno de los sistemas acuíferos subterráneos, clasificado como el más grande del planeta, para hacer canales navegables semi-artificiales.
Las constructoras
La compañía Desarrollos Punta Piedra S.A de C.V es propiedad de Felipe Enríquez Hernández, ex diputado federal (PRI) por Nuevo León y ex candidato para la alcaldía de Nuevo León, Monterrey.
Hasta hace unos meses fue embajador de México en Uruguay y es compadre del presidente Peña Nieto.
En 2001, Enríquez fue secretario particular de la Secretaria de la Reforma Agraria y tiene grandes inversiones en Quintana Roo; además, es amigo cercano del ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y propietario del desarrollo turístico de Isla Blanca, al norte de Cancún, que pasó por un tortuoso litigio que los ejidatarios señalaron como despojo.
Este medio tiene en su poder el documento original de 64 páginas de la denuncia penal interpuesta por el ex gobernador Mario Villanueva Madrid en contra de sus socios en el proyecto Isla Blanca: Félix González Canto, Felipe Enríquez y Hugo Flores Toba. Estos cuatro crearon las empresas Desarrollos IM S.A de C.V y GLS4 S.A de C.V.
En su denuncia Villanueva detalla la estrategia planteada por el ex embajador en Uruguay para triangular la compa-venta de tierras ejidales y desalojar a quienes se decían posesionarios de los predios ejidales de Isla Blanca con “un grupo especial de la policía del estado capacitado para desalojos”..
En esa propiedad, Enriquez y González Canto están asociados legalmente con el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás y su hermano el abogado Luis Francisco González Parás, como bien documentó el periodista Hugo Gutiérrez en una serie de reportajes denominados El compadre incómodo de Peña Nieto.
El 21 de enero de 2012 desde la prisión de Nueva Jersey, Estados Unidos, el ex gobernadorMario Villanueva Madrid presentó una denuncia por fraude contra Felipe Enríquez y Félix González Canto, por haber incumplido en pagarle 40 millones de pesos por la venta de tierras ejidales de Isla Blanca a la empresa de Nuevo León. Villanueva asegura que nunca se le pagó ese dinero a pesar de que pusieron a su esposa Isabel Tenorio de Villanueva como socia de la constructora. El propio Mario Villanueva corroboró su versión para este reportaje, desde la cárcel de Nueva Jersey.
Desarrollos Punta Piedra fue creada en marzo del 2010 en Monterrey. Como miembro del Consejo de Administración aparece Hugo César Flores Toba, cuñado de Enríquez.
Las actividades empresariales de Enríquez y Flores Toba crecieron en el sureste mexicano gracias a su amistad y sociedad con el entonces gobernador Félix González. Esta sociedad mercantil tiene como proyecto el desarrollo hotelero de la zona (ejido Pino Suárez). Debido a la opacidad con al que llevan a cabo sus negocios, no queda claro si Enriquez es también socio de los constructores neoleoneses José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño, dueños del grupo constructor GP que pelea por los mismos terrenos de playa. En este momento, mientras la policía ocupa los predios ejidales, en internet se han puesto en venta los proyectos Maya Zamá I y II.
La Riviera Maya, en la que se encuentra Tulum, devino en un polo de turismo internacional y destino de inversiones hoteleras de primer mundo, sostenido con formas de organización política de tercer mundo.
En entrevista, la doctora y antropóloga Lorena Careaga, autora de diversas obras sobre Quintana Roo, explica que la crisis política, de derechos humanos y ambiental que ahora vive el estado, sólo es explicable por el choque de estos dos mundos.
La historia, explica Careaga, va desde gobernadores rupestres o vinculados con la corrupción y la delincuencia organizada como el primero, Jesús Martínez Ross (1975 a 1981) —creador del Movimiento de Uni?cación Quintanarroense (MUQ), que ha promovido el sectarismo y la discriminación de los no nacidos en Chetumal—, del cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, señalado por Ayda Levy , viuda de Roberto Suárez gómez “El rey de la cocaína” como aliado en la entrada del Cartel de Medellín a México vía Cozumel, Quintana Roo. Después Mario Villanueva Madrid (1993-1999, hoy preso en Nueva Jersey, sentenciado por lavado de dinero), o las multimillonarias fortunas y redes de extorsión a empresarios orquestadas por Joaquín Hendricks Díaz, quien protegiera a la red de pederastas de Cancún y aún mantiene su empresa de aviación privada junto a Mario Marín Torres. O su sucesor Félix González Canto, propietario de varias mansiones en los Emiratos Árabes y socio del grupo de Monterrey que, junto con Borge, pretendeapropiarse de Tulum para convertirlo en un megaproyecto que podría destruir el equilibrio del ecosistema y la red de ríos subterráneos más grande del mundo.
Quintana Roo es ignorado por los medios nacionales porque genera una gran derrama económica, tras la cual subyace una organización social de escasa institucionalidad, con precariedad de justicia y un estilo de gestión social anclado en el caciquismo, la intervención personal y el peso decisivo de la voluntad e idiosincrasia de los gobernadores. Con mayor intensidad que en el resto del país, la sociedad civil de esta región se encuentra inerme, sin instituciones de peso frente al aparato de poder que representa la fusión de los intermediarios enriquecidos y los políticos de usos y costumbres tradicionales; por una mayoría de medios locales cooptados por el presupuesto de publicidad estatal que condiciona la libertad de prensa a la voluntad política. Ante tal vacío institucional, apenas comienzan a construirse las redes de solidaridad social.
Todos los entrevistados explican que el gobernador Borge tiene más mano dura que sus antecesores. R.T., testigo y víctima de los despojos, y quien ha recibido amenazas, asegura que “la gente tiene mucho temor, que vive con temor en Quintana Roo. Antes era por la inseguridad, ahora es por la autoridad”.
El investigador de CIESAS, Gustavo Marín Guardado, concluyó en su estudio sobre la crisis de esta zona que:
Mientras editábamos este reportaje, el 24 de agosto recibí una llamada de ejidatarios a quienes entrevisté: el viernes 21 de agosto a las 8:30 am la policía judicial del estado entró en los hogares de tres de mis entrevistados hostigando a familiares, los buscaron por el pueblo y encarcelaron sin motivo alguno a Miguel Ángel Benítez Rasgado y a Juan Manuel Ayala Mariano. Al mismo tiempo, la policía judicial, sin orden de aprensión detuvo a otras fuentes que habían pedido sigilo por temor a represalias: Héctor Apolinar Huesca Damián, Cruz García Ramírez y Miguel Vázquez Nieva fueron retenidos por “sospechosos”, a unos de ellos le acusaron de llevar una dosis personal de mariguana. Después de ser fuertemente golpeados, los pusieron en libertad sin acusación de ningún tipo.
Esta misma semana desparecieron otras dos personas del ejido, partícipes del movimiento cívico en defensa de Tulum. Sus abogados interpusieron ya amparos para localizarlos bajo el número 1175/2015 Juzgado 4º de distrito, el 1137/2015-1 Juzgado 3º de Distrito y el 1193/2015-D-7 Juzgado 5º de Distrito. Los desaparecidos son José Tec Poot, Miguel V y un tercer testigo cuyos familiares no desean que se publique el nombre. “Esto es un levantón policiaco, tenemos miedo señorita, entiéndalo” me dijo, llorando, la esposa de uno de los desaparecidos.
Las investigaciones de las y los demás ejidatarios cuyas familias aseguran que son víctimas de desaparición forzada están en los amparos de localización 1176/2015 Juzgado 1º de Distrito, 1153/2015 Juzgado 2º de Distrito y 1136/2015 Juzgado 3º de Distrito. Los demás expedientes que señalan despojo, hostigamientos, amenazas de muerte y desapariciones o secuestro han quedado sin investigar bajo los expedientes 341/2013, 1134/2014, 251/2015, lo mismo sucede con las averiguaciones previas PGJE/DPRAM/AMP/TULUM/951/2011 y 950/2011. El temor persiste en la localidad.
Los sucesos recientes que asocian los despojos con homicidio, desapariciones forzadas, fraudes frente a los cuales el aparato gubernamental hace caso omiso, las amenazas de muerte y un férreo control informativo, no podrían darse con tal fuerza si no se hubiera planeado, desde la llegada del ex gobernador Félix González Canto, la reestructuración del Plan Maestro de Tulum para cambiar el uso de suelo y convertirlo en la joya de la corona del Caribe de la cuál todos desean una tajada.
Los pobladores de Tulum aseguran que Roberto Borge, junto a González Canto, operan un plan que se ha gestado durante al menos doce años, y del que saldrán beneficiados sólo los empresarios dispuestos a someterse al sistema, a jugar a la guerra en medio de la selva, una guerra contra ejidatarios y pequeños empresarios, contra el desarrollo sostenible, el ecoturismo y los derechos humanos.
Nota de la reportera: Debido a las restricciones de la nueva ley Borge referente a la libertad de prensa y defensoría de derechos humanos, me vi obligada a sacar un amparo contra acciones del Estado para publicar esta investigación.
www.periodicocentral.mx/2014/nacional-seccion/tulum-tierra-de-ambiciones
