El Estado propicia el asesinato y la desaparición de luchadores sociales, dicen padres de Ayotzinapa

El Sur

Lourdes Chávez

*A tres años de gobierno de Peña Nieto presentan su “contrainforme” en la Ciudad de México en el que denuncian que para contener el descontento social las autoridades militarizaron el país. Mencionan los escándalos de corrupción, la fuga de El Chapo y los multihomicidios donde están implicados militares y policías. “La impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización en el último año” de este gobierno, afirman

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos por policías en Iguala denunciaron impunidad, represión indiscriminada y desproporcionado uso de la fuerza para sembrar el miedo en la población durante esta administración federal, ayer en la ciudad de México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto entregó su tercer informe de labores.
En su afán de aplicar las reformas laboral, educativa y energética a pesar del descontento social, el gobierno auspició ejecuciones, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones, “donde el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz leyó un documento en el monumento a la Revolución ante decenas de reporteros que acudieron a la cobertura del “contrainforme” de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Vía telefónica, el representante de los padres y quien tiene a un hijo desaparecido, Melitón Ortega denunció el desinterés del gobierno federal para localizar a los normalistas desaparecidos y castigar a los responsables de los crímenes cometidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Se quejó de que las autoridades no han abierto nuevas líneas de investigación ni de búsqueda de los normalistas desaparecidos, por ello la exigencia de que permanezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), como garantía de que se buscará la verdad y la justicia.
El Estado mexicano no ha firmado el convenio con la CIDH para dar continuidad a las asesorías del grupo de expertos cuyo plazo vence hoy, 2 de septiembre.
Mencionó que en 11 meses de lucha, los padres y familiares que están en este movimiento, han sido testigos de la violencia, constatan a diario la pérdida de vidas en Guerrero, pero el gobierno miente para confundir a la sociedad.
En el “contrainforme” difundido en Internet, mencionan la desaseada campaña de Peña Nieto para llegar a Los Pinos, con la distribución de las tarjetas de la tienda de autoservicio Soriana y la manipulación mediática de su imagen por las televisoras nacionales.
Denunciaron que en tres años de gobierno, Peña Nieto promovió 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética, sesionadas al vapor por las cámaras de Diputados y Senadores y por la mayoría de los congresos locales. Todas ellas, “velan por los intereses del gran capital”.
Para contener el descontento social, “echaron mano de la militarización, la paramilitarización, la contención de la protesta y los movimientos sociales, así como la criminalización y medidas de excepción como las reformas para el supuesto uso legítimo de la fuerza”.
Las medidas llevaron “al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo”.
Denuncian que es participe de ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas, siendo el ataque a normalistas de Ayotzinapa, “la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país”.
En los crímenes del 26 y 27 de septiembre contra los normalistas se “sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos”.
Asimismo, señalan los escándalos de corrupción por la compra de la residencia conocida como la Casa Blanca por su esposa, la fuga del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, multihomicidios donde están implicados militares y corporaciones policiacas como en Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán, Calera y la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. “Sí, la impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización en el último año de Peña Nieto”.
Insistieron en que la “contrarreforma energética”, es el comienzo de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), “y las consecuencias ya se dejan sentir: hay incremento en el precio promedio de la energía eléctrica y la gasolina no baja a pesar de que los precios del petróleo se han reducido en dos tercios a nivel internacional, lo que golpea a la economía familiar con la caída del peso frente al dólar que dará lugar a una espiral inflacionaria”.
De las telecomunicaciones, el resultado neto de la “contrarreforma” es el fortalecimiento de Televisa y TV Azteca como grandes poderes de facto en el país, además del surgimiento de la trasnacional ATT como uno de los principales operadores en el sector.
De la guerra contra el crimen organizado, denunciaron que es una estrategia para militarizar las zonas estratégicas, perseguir, encarcelar y reprimir al pueblo, “retoma la guerra sucia… y busca doblegar y eliminar la resistencia de los sectores movilizados para reestructurar el territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos de los millonarios”.
Entre estos casos señalaron a diez integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, que están en prisión desde agosto de 2013, acusados de secuestro, portación de armas, delincuencia organizada y otros delitos fabricados.
En total, señalaron a 241 personas recluidas por su ideas y su lucha en Puebla, Sonora y Oaxaca entre otros.
El caso más indignante, que demuestra con más claridad la impunidad y la ofensiva de los gobiernos contra los movimientos sociales, pero que también dio lugar al nacimiento de una nueva conciencia social, es el crimen de Estado perpetrado contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, afirman.
Ahí, policías de ese municipio gobernado por el PRD atacaron a estudiantes que colectaban dinero, hecho que involucró los delitos de tortura y ejecución extrajudicial contra seis personas y la desaparición forzada de 43 más.
“El día de hoy ya nadie cree en la versión oficial de la supuesta verdad histórica de la PGR, que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a la página. No, de ninguna manera, los padres y madres de los 43 continuarán su lucha hasta encontrarlos”, advierten.
A tres años del gobierno de Peña Nieto, se puede afirmar que en México hay una política de Estado que propicia el asesinato y la desaparición de luchadores sociales, que a su vez forma parte de una política diseñada y perpetrada por intervención del imperio norteamericano. Existen cientos de ejemplos de asesinatos y desapariciones, menciona el documento.

Peña Nieto no ha cumplido el compromiso con los padres en Los Pinos: Melitón Ortega

En entrevista con la Agencia Proceso, Melitón Ortega, representante y padre de uno de los jóvenes desaparecidos sostuvo que a casi un año de los ataques en Iguala, Peña Nieto no ha cumplido el compromiso que hizo en noviembre, cuando se reunieron con él en Los Pinos.
“Seguimos sin tener respuesta positiva de los estudiantes con lo que dijo que iba a haber castigo para los responsables de esos hechos”, añadió Melitón.
Exigió al gobierno federal “seguir las recomendaciones que habrá en los próximos días por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que tienen que ser cumplidas y ejecutadas tal cual”.
El representante de los padres de familia resaltó que desde que el exprocurador Jesús Murillo Karam dio su “verdad histórica”, las acciones de búsqueda se suspendieron, así como todas las reuniones informativas para dar seguimiento a la investigación.
“No hay nada de contacto (con el gobierno), a lo mejor lo que están pensando es que ahí está la ‘verdad histórica’ y ya no hay nada qué hacer. A raíz de eso viene ese olvido, piensan que ya para qué si está resuelto”, dijo Ortega.

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