30/08/15. Profepa atiende derrame de material peligroso en Campeche
Zocalo de Saltillo
29/08/15. Constructora derrama 8 mil litros de asfalto a río en Campeche
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Pachuca, México, 30 de agosto (Xinhua).- Habitantes del municipio mexicano de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo, atribuyen el aumento de muertes por males renales al consumo de agua potable suministrada por una vieja tubería de asbesto-cemento.
Los lugareños, que no superan las 27 mil personas, se organizaron para llevar un registro de defunciones por enfermedades renales crónicas, en promedio de uno por semana, y cuentan con una fundación civil para recabar recursos y comprar medicamentos a las personas que no tienen dinero.
Algunos de los pacientes consultados aseguran que médicos que los atienden no descartan que este mal obedezca al agua contaminada que llega a sus tomas domiciliarias.
Una investigación de campo realizada por la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH), y de la cual tiene una copia Xinhua, identifica “factores de riesgo para la salud”, debido a que el saneamiento en esta localidad no es una práctica común.
No existe un buen manejo de desechos, no cuenta en su totalidad con acceso a los servicios públicos de alumbrado, pavimentación, el sistema de drenaje y servicio de limpia.
De igual forma, señala que el consumo de agua es la que llega a las tomas de las casas de la población de esta localidad, totalmente rural y con un grado de marginación media.
UNA ENFERMEDAD QUE CAMBIA LA VIDA
A Teresa Hernández, de 33 años, le diagnosticaron hace tres años insuficiencia renal progresiva, por lo que su vida cambio y hasta tuvo que dejar de trabajar como costurera en una fábrica debido a que esta enfermedad le impide realizar trabajos pesados y la hace depender económicamente de su marido y suegra.
“Todo ocurrió cuando fui a un hospital para hacerme unos estudios ya que a mi hermana gemela le iba a donar un riñón, ¿cuál fue la sorpresa?, que me detectaron la enfermedad y hasta hoy vivo con ella pero me debo cuidar mucho para no recaer”, explicó a Xinhua la mujer que vive en condiciones precarias con dos hijas, su esposo y su suegra.
“Mi doctora me dice que existen dos causas de mi enfermedad, puede ser por una cuestión genética, o también por tomar agua de la llave desde hace nueve años, cuando que me casé, y aunque el sabor de ella es desagradable, no me ha quedado de otra”, explicó Teresa, quien además se siente mal en no poder hacer sus labores domésticas.
La insuficiencia renal evoluciona silenciosamente durante varios años antes de que los primeros síntomas aparezcan. Una vez que es diagnosticada, la enfermedad debe ser atendida con medicamentos.
Rodolfo Pérez Jiménez, de 50 años, es otro caso y vive a escasos metros de Teresa. Su vida depende de un catéter de diálisis peritonal que tiene que cambiar tres veces al día.
“Yo soy albañil y desde hace 14 años empecé con este problema. Ahora tengo que traer mi catéter para poder vivir y, bueno, gracias a Dios sigo vivo y me cuido, pero ya no me quieren contratar en ningún lado por mi problema de salud”, dijo a Xinhua durante un recorrido por el municipio para constatar la situación denunciada por un legislador federal.
El Senador Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Ríos Piter, presentó la semana pasada un punto de acuerdo al pleno de la Comisión Permanente, que labora en los periodos de receso del Congreso.
En el acuerdo, pide a la Secretaría de Salud, al gobierno del estado de Hidalgo y, particularmente a las autoridades de San Agustín Tlaxiaca, que expliquen cómo piensan solucionar la problemática que se origina por la contaminación de agua potable en ese municipio.
“Cabe señalar que durante más de 40 años los habitantes de la región, han sufrido problemas de salud (principalmente males renales), debido a la gran contaminación que presenta el agua potable”, debido a que la instalación por las cuales fluye el líquido primario son de asbesto, señaló el Legislador en el punto de acuerdo.
Dentro de ese contexto, ahondó Ríos Piter, “resulta importante mencionar que las autoridades municipales no han tomado cartas en el asunto, además de que no desempeña los programas establecidos para el fortalecimiento en infraestructura municipal, dejando sin remedio esta problemática de salud pública”.
El tema fue atendido en 2012 por el Congreso local de Hidalgo, tras lo cual se logró que el sector salud de esa entidad iniciara un programa especial para encontrar el origen del alto índice de enfermos renales y atender a los pacientes detectados en los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala.
No obstante, meses después se suspendió el estudio por falta de recursos y sólo se quedó en una primera fase.
En 2012 se recabaron mil 503 muestras a igual número de personas, de las cuales más del 16 por ciento mostró alguna función incorrecta del riñón, probablemente porque el agua de consumo sufre filtraciones de metales pesados.
Al final, quedó pendiente conseguir recursos para concluir este proyecto y detectar el origen del problema, dar tratamiento a enfermos, sanear pozos y sancionar fuentes de contaminación de la hidrografía en la zona, explicó a Xinhua, Ricardo López Flores, uno de los habitantes de San Agustín Tlaxiaca e integrante de la Fundación Región Por Hidalgo.
Según el activista, la tubería de este municipio, de unos 10 kilómetros, es de asbesto-cemento, material usado desde principios de la década de los 90 del siglo pasado y que a la fecha no se ha cambiado.
“Hemos pedido a las autoridades municipales que realicen estudios serios para analizar el agua pero no han hecho caso. Se excusan de que no es necesario diciendo que el agua no está contaminada y nos muestran, a través de un vaso con agua tomada de la llave y una pastilla, que no está contaminada porque no cambia de color”, apuntó.
“Lo que pedimos los pobladores de San Agustín Tlaxiaca a las autoridades federales es que no nos dejen solos, que nos ayuden y que también formamos parte de la geografía mexicana”, puntualizó.
El próximo 11 de octubre este municipio realizará, a través de la Fundación Región por Hidalgo, un maratón de 10 kilómetros con la finalidad de captar recursos para poder subsidiar su proyecto de apoyo a enfermos.
Se espera que en este evento se inscriban unas 5 mil personas de diversos puntos del país, cuyo costo será de unos nueve dólares y estará apadrinada por la Senadora, velocista y subcampeona olímpica mexicana Ana Gabriela Guevara.
El uso de tubería de asbesto en acueductos es cuestionada por gobiernos de diferentes países, debido a su posible relación con la incidencia de cáncer gástrico.
Desde 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el asbesto es un elemento cancerígeno y prohibió su uso. Los países de la Unión Europea lo hicieron un año antes.
No obstante, en México no existe una legislación o norma que obligue el retiro de este material.
Algunos estudios científicos señalan que el agua altamente agresiva puede atacar la matriz de cementoy, por consiguiente, liberar fibras en el torrente de agua de las tubería.
Las tuberías de asbesto-cemento no se recomiendan para condiciones tan corrosiva, a menos de que estén especialmente diseñadas para esta aplicación y cuenten con un revestimiento interno que las proteja.
Proceso
En Cuauhtémoc y Ciudad Juárez familiares de personas desaparecidas en la entidad marcharon para exigir justicia y que se apruebe la Ley de Desaparición Forzada, propuesta por las víctimas.
En el marco del Día de la Persona Desaparecida, en Juárez marcharon las madres de mujeres y hombres desaparecidos, junto con asociaciones civiles.
Además repartieron pesquisas con el rostro de las personas desaparecidas.
En Cuauhtémoc, lugar emblemático por el número de jóvenes desaparecidos -hombres y mujeres-, familiares de personas desaparecidas de la zona y otros municipios acudieron a una misa en la Catedral y posteriormente realizaron una marcha hasta la plaza principal.
Recordaron a la ciudadanía que “un Día Internacional de la Persona Desaparecida no debería existir, esta tragedia no la debemos de vivir ninguna familia”.
En un comunicado de prensa, una decena de organizaciones civiles señalaron que no van a permitir que la trágica práctica sistemática de desaparecer a sus seres queridos se mantenga.
El comunicado dice:
Este día, miles de familiares en diferentes estados de la República y Centroamérica saldremos a las calles a exigir que los y las busquen y encuentren.
Esta tragedia humanitaria que vivimos en México, derivada de la guerra contra la delincuencia organizada y de políticas erróneas de los gobiernos de la región, han posibilitado la más grave crisis de seguridad y de derechos en la que la sociedad civil es la principal afectada; las desapariciones generalizadas en el país están destrozando a nuestros pueblos; a éstas se suma el alarmante aumento de feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, secuestro, desplazamiento forzado a causa de la violencia, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Nunca se había vivido esa atroz agresión a la población que reside en México o que va de paso por el país.
El fenómeno de las desapariciones es algo continuado en nuestra historia reciente, cuidar la memoria de quienes nos faltan es responsabilidad de nuestros pueblos para no perdernos en el sin sentido de la violencia institucionalizada. Nuestras desaparecidas y desaparecidos por motivos políticos de las décadas de los 60s y 70s y 80s les buscamos, nuestros hermanos y hermanas indígenas que en el contexto de la guerra de contrainsurgencia que se da desde los 90s en Chiapas, los buscamos.
A las autoridades no les importa saber si no están, ni siquiera saben cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en el país, en fechas recientes reconoció oficialmente más 26 mil personas ‘no localizadas’, un gobierno que no protege los derechos de los ciudadanos y niega tragedias sociales y humanas como la desaparición, no es digno de nuestros pueblos, pero aún es responsable por estas graves violaciones a los derechos humanos; nosotras si sabemos que no están, sabemos sus nombres uno a uno, son nuestros hijos e hijas quienes nos faltan, no se fueron por gusto o hartazgo, nos los arrebataron, los y las desaparecieron.
Miles de familias hemos caminado por años en la búsqueda de nuestros seres queridos, hemos aprendido a investigar, a buscar, a interactuar con autoridades de todos los niveles, a interactuar con el Ejército o la Marina y también a redactar leyes y proponer políticas públicas, pero sobre todo hemos aprehendido a recuperar y defender nuestra dignidad y la de nuestros seres queridos desaparecidos. Hoy volvemos a exigir al Congreso de la Unión que apruebe una Ley General para erradicar y prevenir la desaparición de personas, porque para que esta ley sea legítima debe incorporar imprescindiblemente las aportaciones de las y los familiares de las personas desaparecidas, ya que solo nosotras y nosotros, hemos velado por los Derechos de nuestros seres queridos, reafirmamos ¡No sin las familias!
Las personas desaparecidas y sus familiares somos sujetos de derecho, no de caridad, ni de asistencia pública; una legislación que no respete este Derecho será una Ley ilegítima que sólo perpetuará la impunidad y la violencia.
La Ley General para Erradicar y Prevenir la Desaparición de Personas, que será aprobada en los próximos meses, deberá llamar por su nombre al delito de desaparición de personas y no desvanecerlo en tecnicismos; deberá tener un enfoque central de búsqueda y localización como política de Estado, pero también y no menos importante, deberá garantizar todos los derechos de las personas desaparecidas, es decir, debe reconocer la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas para garantizar la vigencia y protección de todos sus Derechos civiles, económicos, laborales, sociales, culturales.
Esta ley también deberá reconocer el interés jurídico de las familias como sujetos de derecho que representamos a nuestros seres queridos. La desaparición de personas es un delito que no prescribe y como tal la ley deberá ser amplia y reconocer a todas y todos los desaparecidos, en este sentido y de manera enunciativa, mas no limitativa, el legislativo deberá hacer todas las reformas necesarias a otras leyes para garantizar la vigencia de los derechos de las personas desaparecidas, de no hacerlo se convertirán también en cómplices responsables de esta tragedia que viven nuestros pueblos.
Este día, de manera articulada decenas de movimientos de familiares con desaparecidos en México nos movilizamos en cada rincón de la República, hemos llegado al punto en el que el Estado Mexicano no puede negar por más tiempo la tragedia humanitaria de las y los desaparecidos y por tanto está forzado a actuar en consecuencia. Durante los últimos meses hemos preparado un documento que contiene las premisas básicas de lo que deberá contener la Ley para garantizar los Derechos de nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas; el cual les entregaremos en cada Estado y a legisladores del Congreso de la Unión y les exigimos sea integrado a las mesas de redacción y aprobación de la ley.
Por eso hoy, Día Internacional de la Persona Desaparecida-Detenida, hacemos un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales, para que la palabra de nosotras, familias víctimas de la desaparición, sea la base fundamental de la Ley general para erradicar y prevenir la desaparición de personas.
Porque nos faltan a todas y todos, ¡No pararemos hasta encontrarlas y encontrarlos!.
¡No sin las familias!
http://www.proceso.com.mx/414147
Fernando Jiménez, líder de la tribu yaqui liberado el jueves, afirmó ayer que los 337 días que permaneció en el Centro de Readaptación Social 1 de Hermosillo, Sonora, no lo ablandaron y seguirá en la lucha hasta que se detenga esa obra ilegal que es el acueducto Independencia.
En la segunda Fiesta de las Culturas Indígenas, que se lleva a cabo en el Zócalo capitalino, dijo que su liberación es un triunfo parcial, porque aún falta que se dicte auto de libertad a su compañero Mario Luna, lo cual confía que ocurra en los próximos 20 días.
Mario tiene tres oportunidades de salir: la primera es que el 4 de septiembre, cuando tiene audiencia en el tribunal, el Ministerio Público no meta un escrito de apelación contra la petición de los abogados para que haya una revocación de sentencia por privación ilegal. De ser así, saldría libre después de 72 horas.
La segunda posibilidad es que la gobernadora electa Claudia Pavlovich le retire los cargos cuando entre en funciones, con una orden del procurador de justicia. La tercera es consumir el tiempo reglamentario de su proceso y a más tardar el 20 o veintitantos de septiembre salga libre.
Sereno, vestido con una camisa a cuadros, pantalón de mezclilla, sombrero y botas, Jiménez manifestó en entrevista que su experiencia en prisión no se la desea a nadie. “Estuve lejos de mi pueblo, de mi familia, de mis amigos, de mi tradición y de mis costumbres… Lo que más me dolió es que pasé los días más representativos de mi tribu, que es la Cuaresma, en prisión”.
Narró que su paso por la cárcel lo fortaleció para la lucha, a pesar de que fue objeto de presión sicológica. Relata que lo sacaban “enfundado en un overol que no me quedaba, roto, encadenado de pies y manos, a diferencia de todos los presos en el pabellón.
De esa manera me sentí humillado, pero esto se acabó cuando tuve una visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos (de la ONU) y ellos no se dieron cuenta y me sacaron con el overol naranja.
Nunca me sentí solo
La fortaleza, aseguró, se la dio el apoyo de la sociedad civil, colectivos, organizaciones y pueblos originarios. Nunca me sentí solo; recibí correspondencia de presos de Chiapas, Veracruz y estado de México y desde los foros donde mi hermana Rosa Elba fue mis ojos y mi voz al exterior.
El líder yaqui señaló que se trasladó a la ciudad de México para tener mayor seguridad y evitar ataques del gobernador saliente de Sonora, Guillermo Padrés, quien concluye su mandato el 13 de septiembre.
Recordó el caso de Gisela Peraza, ex trabajadora doméstica del panista, a quien le fincaron responsabilidades por robo. No le comprobaron nada. Salió absuelta después de cuatro años. El gobierno, en su desesperación, le quiso sembrar droga.
Así que, desde que anunciaron mi liberación he vivido en zozobra, he dormido muy pocas horas. Incluso, añadió, cuando salí de la cárcel, un séquito de guardias de los pueblos Cócorit, Pitahaya y Vícam me escoltaron hasta territorio yaqui. Fueron aproximadamente 300 kilómetros para llevarme hasta mi casa.
Tuve guardia alrededor; para distraer al gobierno. Por si me querían hacer algo me cambiaban de domicilio, para no pernoctar en el mismo lugar, hasta que me vine a la ciudad de México para estar tranquilo.
Fernando Jiménez aseguró que su lucha es también por la liberación de presos políticos, en tanto que el pueblo yaqui buscará reanudar el diálogo con el gobierno federal para que se ponga fin al acueducto Independencia.
Tenemos que tumbar las barreras de simulación de instancias como la Semarnat, pues sabemos de los compromisos que tienen con los megaproyectos, con las minerías. Hay mucho dinero de por medio, capital extranjero, y por lo mismo tenemos que seguir luchando no nada más por nosotros los yaquis, sino por todos los grupos indígenas del país.
En septiembre de 2014, Jiménez y Mario Luna fueron detenidos por el gobierno de Sonora, acusados injustamente de privación ilegal de la libertad de una persona y el robo de un automóvil.
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/30/politica/011n1pol
El Economista
El gobernador electo de Nuevo León reiteró que el acueducto no se realizará tal como está, por lo cual trabajan en modificaciones.
Monterrey, NL. El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, reiteró que el proyecto hidráulico Monterrey VI no se realizará como fue concebido por la actual administración. Por ello, dijo, planteará al presidente una alternativa menos costosa.
“Él (presidente) quiere traer agua a Monterrey; yo seré capaz de convencerlo (…) para que nos cueste lo menos posible”, externó ante más de 700 asistentes al Foro Monterrey 2015.
“Monterrey VI no se va a hacer. Para los que dudaban de mí, a los que siguen dudando de mí, voy a hacer todo lo que les dije, me voy a ganar su confianza”, agregó.
El proyecto actual del acueducto Monterrey VI consiste en traer agua desde el río Tampaón, en el municipio de Tamuín, en San Luis Potosí; posteriormente, cruzar por el norte de Veracruz, Tamaulipas y llegar hasta la presa de Cerro Prieto, en Nuevo León, en un recorrido de 372 kilómetros. Se estima que la construcción se realizará en tres años.
El costo proyectado del acueducto asciende a 14,161 millones de pesos, sin IVA; sin embargo, para suministrar agua en bloque del río Pánuco de manera adicional, la operación y mantenimiento del acueducto por 27 años tendría un costo de 25,908 millones de pesos, según el organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
Ante ello, organismos ambientales y empresariales se opusieron al proyecto, al considerar que tendría un costo de más de 60,000 millones de pesos para el estado, un monto semejante a la deuda actual de la entidad.
Un problema crítico: ?escasez de agua
Monterrey vive dos problemas ambientales que debe resolver con urgencia: “el tráfico vial y el agua, que cada vez es más insuficiente ante el crecimiento poblacional”, afirmó Dann Sklarew, director del Centro de Emprendimiento Social de la Universidad George Mason, en Virginia, Estados Unidos.
El especialista en gobernanza de recursos hídricos comentó en una conferencia que ofreció en la Universidad de Monterrey que “la población de Monterrey sigue creciendo, (pero ésta) no puede avanzar más allá de los límites del agua que llega para esa gente”.
Por ello, expuso que es necesario hacer una inversión eficiente del agua, como se contempla en el proyecto del Acueducto Monterrey VI.
El asesor técnico principal de la Organización de las Naciones Unidas comparó este proyecto con una obra pública planeada en Phoenix, Arizona, o Los Ángeles, California, luego de las condiciones previas que ha enfrentado la población.
Por tanto, dijo: “Las inversiones en el uso eficiente del agua y la conservación son críticos en mantener tanto la economía como la calidad de vida para las ciudades que son secas y cálidas”.
eleconomista.com.mx/estados/2015/08/30/planean-proyecto-menos-costoso-que-monterrey-vi
Adán Mondragón, Tijuana, BC
TIJUANA.-En el estado, al menos este año se han acercado a la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, unas 20 personas que tienen a algún familiar en calidad de desaparecido, declaró Sandra Ruelas, representante de la asociación.
En el marco del día internacional de los desaparecidos, esta mañana se realizó en el monumento México (glorieta de las tijeras) una reunión de personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
Sandra Ruelas, representante de la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, declaró: “Estamos haciendo visibles a nuestros seres queridos, ya que las autoridades quieren invisibilizarlos”.
Desgraciadamente en Baja California se están incrementando los casos de personas desaparecidas, hemos tenido denuncias de familiares que nos informan de la desaparición de algún integrante de la familia.
Al menos tenemos documentados unos 150 personas que están en calidad de desaparecidos, desde que conformamos la asociación en el año 2008, pero sabemos que hay más, dijo.
La verdad es que estamos trabajando con las autoridades estatales pero no hay avances para encontrar a nuestros familiares, entonces queremos hacer un llamado a las autoridades a que pongan mayor empeño en el tema.
Desaparición en Mexicali
El pasado 17 de julio en la ciudad de Mexicali, el joven Mario Eduardo Arce Rodríguez de 23 años, desapareció cuando iba a comprar un automóvil, detalló con profunda tristeza su madre Sandra Guadalupe Rodríguez Mendoza.
La señora Sandra Guadalupe, es oriunda de Guaymas, Sonora, igual que su hijo, que se encontraba en la capital del estado por motivos académicos, pues estudiaba en una universidad privada economía.
Con un profundo dolor, hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad en general; “que me lo regresen por favor, yo sé que mi hijo está con vida, ya tenemos más de un mes en la incertidumbre, angustiados, porque no se comunican con nosotros”.
08/09/15. Se incrementaron desapariciones de mujeres y niños en Mexicali: ONG
Lindero Norte
30/08/15. Continúan las desapariciones en Baja California
El Mexicano
México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió de inmediato en Campeche un derrame de material peligroso que afectó el “Arroyo Viejo”, ramal del Río Palizada.
La emergencia se presentó cuando se suministraba “emulsión base AC-20” a un carro cisterna de la empresa y uno de los gatos que sostiene el tanque se venció, produciendo el derrame de entre 800 y 900 litros que afectó suelo natural y escurrió hasta el arroyo.
Ante estos hechos la empresa Triturados y Materiales Richaud realizó actividades de limpieza del suelo natural afectado, con maquinaria pesada y de manera manual, explicó la dependencia en un comunicado.
Respecto al material que alcanzó al arroyo, abundó, la empresa retuvo la afectación del cuerpo de agua con la implementación de cuatro barreras de contención, previniendo así que la sustancia se extendiera a todo el Río Palizada.
Autoridades de la Profepa realizaron una visita de inspección en el lugar de los hechos, para verificar las medidas de urgente aplicación que realizó la empresa, así como verificar que no existan vestigios de material derramado.
De manera independiente, la Profepa llevará a cabo las diligencias necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y legal de la empresa en este hecho y, en caso de encontrarse alguna irregularidad u omisión, determinar las sanciones correspondientes.
La Jornada
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Hermosillo, Son.
Después de casi un año de permanecer en prisión, el jueves por la noche, Fernando Jiménez Gutiérrez, uno de los líderes yaquis opositores a la operación del Acueducto Independencia, salió en libertad del Centro de Readaptación Social (Cereso) uno de Hermosillo.
Jiménez Gutiérrez, quien fue recibido por familiares e integrantes de la tribu, sostuvo que durante su cautiverio fue preso político del gobernador Guillermo Padrés Elías. Adelantó que seguirá luchando por el derecho al agua para su etnia y para que su compañero Mario Luna Romero, quien aún se encuentra en el Cereso, también obtenga su libertad.
Esta es una muestra más de la soberbia de un gobernante que no supo llevar las riendas de este estado. Ahorita no estamos completos, porque nos falta todavía el compañero Mario Luna. Yo era su apoyo en las actividades de defensa del agua, cuando íbamos a las instancias federales, por lo tanto el gobierno ya me tenía fichado, expuso.
Señaló que las autoridades de procuración de justicia dependientes del mandatario estatal lo acusaron de robo y secuestro, a raíz de su participación, junto con otros integrantes de la etnia, en los bloqueos carreteros en la comunidad Vícam contra la extracción de agua del río Yaqui, para trasladarla a 120 kilómetros a Hermosillo, la capital sonorense, a través del Acueducto Independencia, construido en la administración del panista Padrés.
No van a poder apagar el grito de la tribu. Nosotros quedamos encerrados un tiempo, pero quedaron otros afuera; sólo somos un engrane de la lucha, y ésta va a seguir hasta que se respete el estado de derecho y se termine el despojo de agua, expuso.
Con el acueducto, acusa la tribu yaqui, se condena a esa comunidad a quedar sin agua para uso agrícola y con ello a la región sur de Sonora a la pobreza y el desempleo.
JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ / CARMEN ANGÓN, Guanajato.

Vecinos de comunidades cercanas a la Química Central de México (QCM) harán un frente común para evitar que opere nuevamente y señalaron que también exigirán el pago por los daños que les ha generado a lo largo de 45 años.
Los habitantes de Buenavista, San Fernando, El Ratón y Los Pedroza consideran que hubo corrupción en el acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Decimosexto Circuito que da tres días a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para retirar la clausura que impuso el 4 de junio de 2014.
María Chávez Zárate, delegada de la comunidad Buenavista, se reunió ayer con vecinas para manifestar su repudio a la decisión que tomó el juez, pues dijo que durante décadas vivieron en medio de contaminación mortal.
“La Química ahora quiere demandar al Gobierno Federal por 80 millones de dólares y nosotros también vamos a demandarla por los daños ambientales y físicos que nos han ocasionado”, aseveró.
“Mucha gente ha muerto a causa de la contaminación. Dicen que no contaminan, pero la mejor prueba es que el pozo que teníamos lo clausuraron por estar contaminado y la misma empresa pagó la perforación de otro pozo a más distancia”, señaló la representante de más de 500 vecinos.
Habitantes de la comunidad de San Fernando, que colinda con la QCM, aseguran que las más de 300 mil toneladas de desechos tóxicos con cromo siguen a la intemperie y contaminando al medio ambiente.
“Los hechos hablan por sí solos. En las inmediaciones de la Química Central todo está contaminado. Arroyos, sembradíos, depósitos de agua. Es vergonzoso que un juez ordene retirar la clausura”, señaló Bernardo Torres, de San Fernando.
Los vecinos no se explican esta decisión siendo que el año pasado la Profepa les dio a conocer que la Química Central “no acredito su registro ante la Semarnat como generadora de residuos peligrosos y cuenta con dos pasivos ambientales; ambos por un total de 34 mil toneladas dentro y fuera de sus instalaciones”.
En marzo pasado, luego de la clausura del 4 de junio de 2014, la Profepa presentó una nueva denuncia de hechos y una querella ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República (PGR), contra la empresa Química Central de México (QCM).
“Fue por inadecuado manejo, almacenamiento, transporte y falta de registro como empresa generadora de residuos peligrosos”.
Vecinos apuntaron que el Juzgado Décimoprimero de Distrito del Estado de Guanajuato negó el amparo impulsado por la empresa Química Central, S.A. de C.V., mismo que aprobó su clausura temporal-total el 4 de junio de 2014.
“El juez de la causa reiteró la legalidad de esta medida de seguridad por el incumplimiento en el manejo de residuos peligrosos, al igual que para la remoción total de por lo menos 300 mil toneladas de desechos tóxicos de cromo”, subrayó el abogado José Peña Martínez, habitante de San Fernando.
Desmantelan instalaciones
Las instalaciones de la Química Central de México (CMQ), ubicadas en el kilómetro 13.5 del ecobulevar León-San Francisco del Rincón, se encuentran prácticamente desmanteladas.
Lo que eran bodegas ya no cuentan con techos ni mobiliario. Todo ha “desaparecido”.
Vecinos de la comunidad de San Fernando señalaron que los 170 empleados que ahí laboraban fueron liquidados conforme a la Ley.
“Ya desmantelaron las instalaciones desde hace un año. Incluso la Profepa les impuso una nueva sanción por no avisar el traslado del mobiliario presuntamente contaminado con cromos”, dijo Simón Olvera, quien dijo haber sido empleado.
Las instalaciones se ven desiertas, solo hay un guardia en la caseta de entrada. Las oficinas administrativas ya no operan, por lo que habiantes de la zona presumen que no volverán a funcionar.
El 10 de octubre de 2014 Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañado del delegado José Isaac González Calderón y del alcalde de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña, realizaron una vista de inspección a la planta y comprobaron que estaba vacía.
Durante el recorrido, Haro advirtió que poco quedaba de las instalaciones e informó que el 23 de septiembre de 2014 habían interpuesto una nueva demanda por no dar aviso del retiro de sellos y del desmantelamiento.
“El 23 de septiembre hubo una denuncia penal por el retiro de sellos y desmantelamiento por parte de la estructura para llevarla seguramente a otro sitio”.
“La violación de sellos constituye un ilícito de carácter penal que ya hemos denunciado. La denuncia va en contra de quien resulte responsable”, dijo el funcionario en su momento.
Agregó que será el Ministerio Público quien ejerza acción penal contra quien violentó los sellos y ordenó el desalojo de las instalaciones. La pena va de uno a siete años de prisión.
“Es difícil que operen. Lo único que están buscando es que les den una indemnización de 80 millones de dólares, cosa que se ve difícil pues fue una empresa que causó muchos daños al medio ambiente”, aseguró Martina Cervera, vecina.
‘Olvidan’ notificar a Profepa
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha sido notificada sobre la resolución judicial que la obliga a retirar la clausura a la empresa Química Central de México (QCM).
Esta empresa de productos químicos fue clausurada por la Profepa el 4 de junio del año pasado, por lo que interpuso un amparo.
Tras haber resuelto el amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito le da a la Profepa tres días (después de ser notificada) para levantar la sanción.
“Lo que puedo declarar es que oficialmente no se ha notificado esa resolución del amparo a la Profepa; en cuanto se notifique y obviamente nuestra área jurídica a nivel central revise en qué términos y cómo está la Profepa actuará en consecuencia”, informó José Isaac González Calderón, delegado de la dependencia.
Química Central fue clausurada porque, de acuerdo a la dependencia federal, almacenó residuos peligrosos (cromo hexavalente) durante años sin las condiciones de seguridad necesarias y cuenta con dos pasivos ambientales por 340 mil toneladas dentro y fuera de la planta.
Fidel García Granados, director de Gestión Ambiental de León, se mostró preocupado ante la posibilidad de que la planta que fue clausurada nuevamente entre en operaciones sin que exista un proceso de saneamiento efectivo del sitio contaminado.
“Es un fenómeno medioambiental que no nada más se queda en una zona, sino que ha llegado a afectar otros sitios y creo que lo más importante es garantizar el saneamiento del sitio”, comentó el funcionario municipal.
“Creo que es un proceso en el que tienen que participar todos los involucrados, no solo autoridad o las empresas, pero específicamente dirigidos al saneamiento del sitio”, finalizó.
Campeche, Camp.
La empresa constructora Jabri, que realizaba trabajos de pavimentación de calles de la ciudad de Palizada, derramó accidentalmente unos 8 mil litros de emulsión petrolizada (slurry) al río Viejo, por lo que personal de protección civil municipal y la Comisión Nacional del Área Natural Protegida (Conanp) Laguna de Términos, intenta frenar el avance de la mancha de hidrocarburo, y colocó bordes de contención para no afectar flora y fauna de ese cauce.
Palizada, que pertenece al municipio del mismo nombre, tiene unos 8 mil habitantes, la mayoría dedicada a la pesca. Después del derrame de asfalto para pavimentar, los pescadores de la Cooperativa Río Viejo protestaron la tarde del jueves por lo que calificaron de ecocidio; advirtieron que podrían contaminarse siete lagunas de la jurisdicción del ejido Santa Isabel, pues a pesar de que brigadistas han colocado sacos de arena para frenar la mancha del hicrocarburo, la contaminación ya avanzó cerca de un kilómetro y el chapopote se asentó en el fondo del río, lo que podría ocasionar mortandad de peces como pejelagarto, castarica, paleta roja, carpa, chopa, bobo escama, así como la tortuga de agua dulce, aves y reptiles como el lagarto que habita en las lagunas paliceñas.
Los pescadores Erasmo Tosca López, Andrés Julián Méndez López, y Luis Antonio Tosca Guzmán, pidieron que intervengan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Conanp, la Secretaría de Pesca, y del Medio Ambiente del gobierno del estado, para que investiguen y resuelvan el grave problema de contaminación que ocasionó la compañía petrolizadora y con plantas de mezcla en frío, Jabri.
Ayer, trabajadores de esa empresa continuaban con maquinaria limpiando el chapapote que se encuentra a la orilla y en el fondo del río, mientras la Conanp realizaba la construcción de tres diques de costales de arena a lo ancho del caudal, para que el químico ya no se esparza.
Protección Civil informó que el derrame ocurrió cuando el conductor de la pipa petrolizadora propiedad de esa empresa, realizaba maniobras a la altura del puente vehicular en la comunidad El Cuyo, pero al resbalar se abrió la válvula de expulsión lo que provocó el derramamiento de slurry hacia el río, material que se aplicaría a la carpeta asfáltica de la carretera federal Palizada-San Juan, obra que fue contratada por el gobierno del estado.
Los hombres de mar piden que Profepa proceda contra Monserrat 2000 S.A. de C.V., por inconsistencias en su Manifestación de Impacto Ambiental.
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 27 de agosto del 2015.- Pescadores ribereños de Seybaplaya denunciaron afectaciones ambientales de la empresa cementera y materiales de construcción Montserrat 2000 S.A. de C.V. y señalaron que la han demandado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en cuatro ocasiones, por inconsistencias en su Manifestación de Impacto Ambientel (MIA) y la autoridad federal no ha procedido.
Fernando Uc Muñoz, líder de los pescadores de El Camaroncito, en conferencia de prensa en el hotel del Mar, dio a conocer que prevén afectaciones en materia ambiental por los trabajos de la compañía cementera en el sitio conocido como Punta Morro, porque presume que está afectando la producción de pulpo y camaroncito.
“Están llegando compañías que nos creemos que nos pueden perjudicar, nosotros ya hemos tenido problemas con el camaroncito y está empresa pretende poner una planta de cemento en nuestro estado, no estamos en contra de ellos, lo que queremos es que ellos presenten su documentación de que no afectan, porque el pulpo se da a 200 metros de la orilla y el camarón va a emigrar por la contaminación”, expresó.
“Esa planta de cemento que piensan poner en Seybaplaya va a afectar, nos lo decimos entre pescadores, pero no tenemos el atrevimiento de exponerlo a los medios de comunicación, pero esto no se trata de crear controversias, si no de dar a saber que queremos que ellos demuestren que no hay afectaciones, además de que se afecta la anidación de las tortugas”, puntualizó.
Indicó que hay cuatro denuncias ante Profepa, y la delegación ha señalado que ha visitado las áreas y no ha encontrado nada.
Pedro Pinedo Sáinz, quien dijo ser un ambientalista independiente, manifestó que la empresa si cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental, pero que se ha hecho un estudio minucioso de esta documentación y que se han encontrado inconsistencias.
“Se hacen las manifestaciones de impacto muy generales de las afectaciones, y la flora y fauna que están dañando, tenemos las denuncias presentadas y señalamos justamente la situación de las manifestaciones de impacto, nosotros no podemos entrar a la empresa, pero sabemos que no cuentan con un sistema de descargas, es al suelo y esto va al manto freático y son desechos industriales”, planteó.
Mencionó que han intentado dialogar las autoridades municipales de Champotón, pero que el Ayuntamiento no ha dado contestación a los llamados que se le han hecho y ante la falta de la explicación de las autoridades municipales, es que se hace pública esta situación, porque se tiene conocimiento de que no se tiene un permiso ante el Ayuntamiento.
Por último, comentó que se están bajando cerros para materiales, en Seybaplaya, algo que podría ocasionar serias afectaciones ante fenómenos climatológicos.
Centro de Medios Libres México
Esta noche ha sido liberado el preso político Fernando Jiménez, integrante de la Tribu Yaqui, tras caerse totalmente el caso que le habían fabricado y tras dilatar una y otra vez su liberación. 11 meses purgó de pena de facto, sin que se le probara ningún delito, y desde hace 4 meses en abril pasado había obtenido un amparo mediante el que obtenía su libertad, pero el ministerio público impugnó el fallo del juez.
Tras la liberación del yaqui Fernando Jiménez quedan pendientes la liberación del preso político yaqui Mario Luna y el desistimiento de los cargos fabricados contra el perseguido Tomás Rojo.
Los yaquis Jiménez, Luna y Rojo fueron procesados por oponerse a la ilegal construcción del Acueducto Independencia, que roba el agua de los yaquis, proyecto ejecutado sin consulta previa y violatorio del derecho yaqui al agua. El Yaqui Fernando Jiménez se encontraba recluido en el CERESO 1 de Hermosillo, Sonora.
Ciudad del Carmen, Camp.
Por segunda ocasión en el año ocurrió un accidente en la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) Abkatún Permanente, en el Golfo de México. El miércoles por la noche un flamazo ocasionó la muerte del trabajador Luis Alberto Vázquez Pérez y dejó un lesionado.
La paraestatal confirmó en un comunicado que el incidente fue a las 21:03 horas, cuando se realizaban trabajos de soldadura para el desmantelamiento de placas y tuberías.
Detalló que esa plataforma no estaba operando y se encuentra totalmente aislada.
Pemex lamentó el fallecimiento del trabajador Luis Alberto Vázquez Pérez, de la compañía Servicios Marítimos de Campeche, a consecuencia de las lesiones que sufrió tras el flamazo. Refirió que Luis Manuel Vázquez Bautista, quien laboraba en la misma compañía, fue internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad del Carmen.
Es el segundo incidente que ocurre en esa plataforma. En abril pasado hubo una explosión e incendio que dejó cinco muertos, 16 lesionados y dos desaparecidos.
En tanto, en Villahermosa, Tabasco Pemex anunció el cierre del pozo Terra 123, como parte de los protocolos de seguridad de instalaciones petroleras.
En octubre de 2013 un accidente en ese pozo causó graves daños a unas 48 mil familias de 75 comunidades de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez por la fuga de gas y el incendio, suceso que derivó en manifestaciones de campesinos que exigen el pago de indemnizaciones, pues aseguran que el percance contaminó sembradíos, cuerpos de agua afectó viviendas y causó la muerte de animales de traspatio.
Ayer en un comunicado la empresa explicó que se realizan trabajos del cierre total. Aseguró que ya no existe riesgo para la población y que Pemex cumple con los protocolos de seguridad que establecen normas en la materia.
Alejandro Guerrero
El Sur
*La investigación del grupo de especialistas de la CIDH muestra que el gobierno pretende desaparecer evidencias y seguir protegiendo a los criminales, denuncia el vocero Felipe de la Cruz. “No nos hagan a un lado, no nos dejen solos”, pide la esposa del normalista que fue desollado del rostro
A 11 meses del ataque y la detención-desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de tres de ellos por policías municipales, la tarde de ayer padres de los estudiantes, alumnos e integrantes de organizaciones sociales marcharon en calles de esta ciudad para demandar justicia, castigo a los culpables y la presentación “urgente” con vida de los desaparecidos.
También fueron colocadas ofrendas florales en el lugar donde fue el ataque la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, donde quedaron asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, así como en el lugar en el que fue hallado Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado del rostro; ahí su esposa Marisa Mendoza colocó una cruz de aluminio.
El vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz reiteró el llamado a que se abran las puertas del 27 Batallón de Infantería y se permita al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), del que piden una ampliación de su periodo, entrevistar a los soldados que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre estuvieron en el lugar del ataque.
La marcha
A las 6:00 de la tarde de ayer 15 padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) e integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala salieron en marcha de la explanada de Las Tres Garantías en el centro de la ciudad.
Cargaban coronas de flores, carteles con las fotografías de los desaparecidos y al frente una cruz de aluminio que llevaba Marisa, quien era acompañada por el vocero Felipe de la Cruz y el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
La caravana recorrió la que bautizaron como “la ruta de la muerte”, de la calle Juan Álvarez a su cruce con el periférico Norte donde hace 11 meses los normalistas fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula en complicidad con sicarios de Guerreros Unidos.
Frente a la clínica particular Cristina, donde la noche del 26 de septiembre se negó la atención a los normalistas heridos, entre ellos a Édgar Andrés Vargas herido de un balazo en la mandíbula, se hicieron un par de pintas en su fachada: “Nos faltan 43” y “Fue el Ejército”.
Durante el trayecto los manifestantes gritaron consignas contra el gobierno federal y las autoridades implicadas en el ataque y desaparición de los 43 jóvenes, exigieron justicia, castigo a los culpables y presentación con vida de los detenidos-desaparecidos.
Reprocharon la apatía y la indiferencia de los ciudadanos de Iguala que no apoyan las movilizaciones encabezadas por los padres de los desaparecidos.
En la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte los manifestantes colocaron una ofrenda floral en las cruces de Daniel Solís y Julio César Ramírez, oraron por los asesinados en el segundo ataque la madrugada del 27 de septiembre.
La marcha siguió por el periférico Norte al baldío en la Zona Industrial, al norte de la ciudad, donde la mañana del 27 de septiembre fue hallado desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, y junto a su cruz de madera se colocó una ofrenda floral y una nueva cruz de aluminio que colocó su esposa Marisa, la cual lleva incrustada una placa con la leyenda: “Yo desde mi estrella los puedo mirar, denme sonrisas para descansar”.
Un año de soledad y de sufrimiento: Marisa
Entre lágrimas la joven esposa de Julio César Mondragón dijo que es la primera vez que visita el lugar donde fue encontrado su esposo, “es muy fuerte y muy doloroso encontrarme en este lugar, donde precisamente él cayó, les doy las gracias por estar conmigo y con los familiares de todos los estudiantes”.
“Exigimos justicia, son 46 que no están aquí, que necesitan de su hogar, va a cumplirse un año de soledad, un año de sufrimiento pero no por eso nos vamos a dejar vencer, no por eso nos vamos a dejar caer, vamos a luchar hasta tener justicia”, expuso.
Marisa dio lectura a un posicionamiento de la familia de Mondragón Fontes, de Solís Gallardo y Ramírez Nava, de Aldo Gutiérrez Solano y de Édgar Andrés Vargas, en el que llamó a la ciudadanía a no dejarlos solos, “queremos pedirles con respeto que le hagan un hueco a nuestro dolor en una lucha que es y debe seguir siendo de todos nosotros, no nos hagan a un lado, no nos dejen solos”.
Señaló que los asesinos y “desaparecedores han querido dividirnos de todas las maneras, separaron las causas penales y las llevan en distintos juzgados, han querido sembrar entre nosotros diferencias que no tienen razón de ser”.
Sin resultados a 11 meses de los ataques
En declaraciones el vocero Felipe de la Cruz informó que del gobierno federal no hay ningún resultado de las investigaciones a 11 meses de los ataques, “sigue siendo la misma situación de injusticia y de encubrimiento, y con los resultados del GIEI nos damos cuenta hasta donde ha llegado el cinismo del gobierno de pretender desaparecer evidencias y seguir protegiendo a los criminales”.
Dijo que son 11 meses de desesperanza y de angustia, pero también de dignidad y de coraje, “para nosotros cada día que pasa es un día más de fuerza y de esperanza, seguros de que los vamos a encontrar con vida”.
Reprochó la apatía y la indiferencia de los ciudadanos de Iguala y recordó que pase el tiempo que pase “siempre tendrán marcado por la historia este crimen cometido en esta cabecera municipal por policías”.
“También lo van a llevar a cuesta porque vivieron el momento con los jóvenes, y nos parece raro también en Iguala como si no pasará nada y todos en su casa, eso es sorprendente para nosotros, pero vamos a seguir hasta encontrarlos”, agregó.
Exigió que se permitan las entrevistas a los soldados del Ejército que estuvieron activos la noche de los ataques, los cuales son encubiertos por el gobierno que pretende que hagan su declaración de forma escrita y no como lo han hecho los alumnos y los padres de familia, “seguimos diciendo que el gobierno sigue encubriendo a los responsables directos de este crimen”.
A pregunta expresa dijo que ayer no habían recibido la respuesta oficial a su petición de que se extienda la permanencia del GIEI, a pesar de que existe el compromiso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Dijo que es necesaria la permanencia del Grupo de Expertos auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque es la única forma en que los padres de familia confían en los resultados de la investigación.
Agregó que con base en los resultados de las investigaciones, hay indicios de que los jóvenes están vivos “y por eso la insistencia de encubrir las evidencias y desaparecerlas”.
Por separado, en el mitin junto a la cruz de Julio César Mondragón, el abogado Vidulfo Rosales señaló, “si los asesinos pensaron que iban a callar las voces de los asesinados, si pensaban que los iban a sepultar y que quitándole el rostro a nuestro hermano lo iban a borrar de esta faz de la tierra y que la voz de Ayotzinapa iba a quedar callada, aquí queremos decirles que se equivocaron, porque hoy la voz de Ayotzinapa retumba por todo el mundo y por todo México, y desde aquí les decimos que lucharemos hasta las últimas consecuencias, recorreremos cada tribunal, tocaremos cada puerta y lucharemos junto con las organizaciones para cambiar a este gobierno corrupto y nefasto porque es el responsable de lo que pasó”.
Al finalizar el mitin se hizo un pase de lista de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en esta ciudad.
Posteriormente se trasladaron a la explanada de Las Tres Garantías donde hubo una actividad político-cultural con la participación de alumnos de la Normal de Ayotzinapa.
http://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/300794
Por Juliana Fregoso
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Los afectados por el proyecto Segunda Etapa del Libramiento Sur, tramo Ramal Camelinas, en Morelia, Michoacán, acusan al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, de intentar engañar a la población para convencerla de la viabilidad de la obra, que según ciudadanos, pone en riesgo a 14 mil personas y a cientos de especies animales y vegetales.
De acuerdo con los afectados, en octubre de 2014, Murrieta Cummings “mintió” al señalar que solo había resistencia ciudadana en un tramo estimado de 600 metros, donde se construiría el Túnel 2 del proyecto. Sin embargo, un estudio que la propia SCT mandó a elaborar con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) documenta el riesgo del Túnel 1, que es atravesado por la llamada “Falla Altozano”, que podría colapsar la infraestructura.
El 15 de agosto, SinEmbargo publicó que la empresa TRADECO, favorecida durante las administraciones panistas con contratos de obra pública por 15 mil 143 millones de pesos, realiza en las afueras de Morelia, Michoacán un libramiento que pone en riesgo la vida de 14 mil personas, especies animales y vegetales en peligro de extinción y quita casi 200 hectáreas de zona verde al único pulmón natural de la ciudad, según la organización Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Santa María (MCDL).
De acuerdo con los afectados, Murrieta Cummings habló de que tomaron en cuenta las recomendaciones hechas por los expertos de la UNAM, en el sentido de que la obra se construía sobre una zona riesgosa, pero el trazo no se ha modificado ni tampoco el monto del proyecto que quedó en mil 250 millones de pesos.
“De acuerdo a la legislación y la normatividad aplicable y a las atribuciones de los funcionarios de la SCT, los responsables de que ocurra un deslave en el Ramal Camelinas y cause la muerte de más de 14 mil personas por la construcción de la obra, serían el propio Murrieta Cummings así como el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
“Murrieta Cummings ha mentido al señalar que no modificaron el trazo porque invadirían las Áreas Naturales Protegidas del área del Río Chiquito y de la Loma de Santa María, pero ninguna de estas Áreas existen con esos nombres”, expresan.
De acuerdo con el Ayuntamiento de Morelia, la obra es completamente de orden federal, por lo que este diario digital trató de contactar al subsecretario Murrieta Cummings el 26 de agosto, sin embargo, hasta ahora no hay respuesta.
Moctezuma Madrigal Mercado, uno de los voceros del movimiento ciudadano aseguró que desde el año pasado, aseguró que la obra carece de estudios de impacto ambiental. Explicó que las autoridades justifican la construcción asegurando que servirá para conectar con la capital michoacana a unas 50 mil personas que viven en la zona alta, sin embargo, señaló, el camino se construye del otro lado, “no es la conexión vial que necesitan”, afirmó.
28/08/15. Muestra Metab apoyo a presos de ‘México Despierta’
Tabasco Hoy
14/08/15. Tabasco: hija de indígena presa, en huelga de hambre
La Jornada
11/08/15. Reprime Núñez a mujeres de “México Despierta” y encarcela a dirigentes
El Correo de Tabasco
Redacción Tabasco Hoy
Califican de ‘organización hermana’ a la agrupación de mujeres indígenas de Macuspana que exigen una maquiladora.
Durante una rueda de prensa ofrecida por el Movimiento Ecologista de Tabasco (Metab) expresaron su apoyo y solidaridad con las mujeres Indígenas de Macuspana y su dirigente Julio César Álvarez de los Santos, de la que llamaron “organización hermana” México Despierta.
Los miembros de la asociación civil lamentaron que “la lucha legítima que han librado por la obtención de financiamiento para su proyecto de maquiladora desde hace muchos años, que les permitiría un trabajo digno a las compañeras indígenas, haya sido acallada por el momento por una persona de su mismo género”.
Dijeron repudiar las acciones en contra de mujeres humildes que detonaron en que una de ellas y su dirigente se encuentren detenidos.
Además lamentaron que no haya actuado desde hace tiempo y con la misma eficacia para llamar a comparecer al actual presidente de Macuspana.
En el documento que leyeron a los medios se precisa que “nos queda claro que las leyes sólo existen para el pueblo indefenso y la impunidad para los saqueadores y represores de nuestros hermanos indígenas”.
www.tabascohoy.com/2/notas/266034/muestra-metab-apoyo-a-presos-de-mexico-despierta
Antena San Luis
El procurador Miguel Ángel Godínez detalló que alrededor de 16 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en julio y en lo que va de agosto tienen cinco o seis casos de feminicidio.
El procurador general de Justicia de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, dijo que el crimen organizado puede estar detrás del aumento de asesinatos violentos de mujeres en el estado, según las investigaciones.
“Esta investigación nos lleva a que en algún momento pudiera ser de parte del crimen organizado, de la rivalidad que traen entre sí”, dijo en entrevista para Milenio Televisión.
El funcionario estatal detalló que alrededor de 16 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en julio y en lo que va de agosto tienen cinco o seis casos de feminicidio.
Explicó que solo un caso se trató de un hombre que mató a su esposa por cuestiones sentimentales y que el presunto responsable ya fue detenido.
Dijo que la dependencia está preocupada por el incremento en la muerte de mujeres y que han sido de forma violenta, por lo que han pedido asesoría con investigadores de Chihuahua y Colombia.
Reconoció que hay un elevado número de homicidios en la entidad en comparación con meses pasados, pero, dijo, “ha habido años que han sido más violentos. El crimen muta y encuentra manera de estar vigente en la sociedad”.
antenasanluis.mx/pgj-guerrero-liga-feminicidios-con-crimen-organizado/
El Sur
El observatorio Hanna Arendt informó que en Acapulco aumentó el número de feminicidios en un 40 por ciento durante 2010 con respecto al total de mujeres asesinadas en el estado, pero a partir del 2011 llegó hasta el 50 por ciento.
Durante la mañana de este jueves se realizó el conversatorio Femigrantes en el que participó Rosa Icela Ojeda Rivera aportando las cifras recabadas por su observatorio.
El conversatorio tiene como objetivo articular a las feministas, los feminismos y los movimientos feministas, así como a las mujeres interesadas en el intercambio de conocimientos y experiencias feministas en el estado.
La actividad realizada en el edificio de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), también se desarrollará en otros dos municipios, Iguala y Tlapa en el que se abordarán temas como las distintas formas de violencia contra las mujeres y el feminicidio, entre otros.
Los conversatorios tienen la finalidad de conformar una agenda que pueda incidir en las situaciones que tanto afectan a las mujeres para presentarlas en el Décimo Encuentro nacional Feminista 2015 que se realizara en Toluca en octubre.
La modalidad de la actividad realizada este jueves planteaba un escenario en el que todas las mujeres eran iguales y compartían las carencias, problemas y quejas de las que sufren en su entorno.
Durante su intervención, Rosa Icela Ojeda Rivera detalló que Guerrero es uno de los 10 estados con mayor número de feminicidios en el país, y uno de los ocho que concentra el 61 por ciento de los asesinatos de mujeres.
En el informe explicó que en cada región del estado hay municipios en el que este fenómeno es recurrente. En el caso de la región centro se nombra a Chilpancingo y Chilapa; en Costa Chica, Ometepec; en Costa Grande, Zihuatanejo; en la región Norte, Iguala; Pungarabato en Tierra Caliente y en la Montaña, Tlapa.
Ojeda Rivera señaló que Acapulco merece una mención especial, ya que de 2005 a 2011, las mujeres asesinadas con violencias representaron entre el 20 y 35 por ciento del total anual de asesinatos en el estado, y para 2012, de las 64 mujeres asesinadas hasta el 16 de abril, 35 se presentaron en Acapulco lo que representa el 54.6 por ciento.
El observatorio tiene registrado hasta 2013, mil 293 feminicidios en el estado, el mayor número de asesinatos fue en 2013, una cifra de 180.
De esos 180 asesinatos, el 47.7 por ciento se registró en Acapulco; las regiones Centro y Costa Chica sumaron el 11 por ciento, Costa Grande con el 8.3 por ciento, la Montaña con el 2.2 por ciento, la región Norte con el 12.2 por ciento y Tierra Caliente con el 7.2.
Durante la reunión se planteó el avance de la Alerta de Género, aunque no fue el objetivo de la actividad, las activistas feministas quedaron en reunirse posteriormente para dar “un empujón” a la iniciativa.
suracapulco.mx/archivos/300639
Por: Cinthya Gómez
28 de agosto de 2015.– Detrás del control sindical de los obreros de la planta automotriz de Honda están los intereses de varios organismos sindicales, entre ellos, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien actualmente ostenta el control sindical de los trabajadores de Honda a pesar de que no tiene afiliados en la empresa, aseguran los miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM).
Los trabajadores que pertenecen al Sindicato Independiente piden que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Honda de México realice un recuento de los obreros y permita que sean ellos, los empleados, quienes elijan qué sindicato los represente y no uno impuesto por intereses.
“Estamos exigiendo que ya se lleven a cabo las votaciones. Que se haga un recuento”, exigen los trabajadores.
José Luis Solorio Alcalá, secretario General del sindicato independiente señala que la empresa, coludida con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han puesto impedimentos procesales para que no se les reconozca su derecho a agremiar a los trabajadores de la planta.
“Solicitamos el llamado recuento. Desde hace cuatro años demandamos la titularidad del contrato colectivo de la planta de Honda, el cual lo tiene un sindicato de protección patronal, el cual es la CTM. Nosotros como trabajadores solicitamos la titularidad del sindicato. Mas sin embargo la Junta Federal (de Conciliación y Arbitraje), no nos ha permitido que se lleve el recuento pues ha puesto muchas trabas, junto con el sindicato, la empresa, el sindicato charro y el gobierno han puesto muchas trabas”, denunciaron.
“Los otros solo buscan las cuotas, no hacen nada por los trabajadores”, señaló el líder sindical de los trabajadores de la Planta Honda de El Salto.
En la planta automotriz de Honda laboran más de 1,800 trabajadores. De estos al menos el 60 porciento simpatiza con la organización sindical independiente STUHM.
Bajos salarios y una seguridad laboral “deplorable”, son las condiciones que piden erradicar los trabajadores del sindicato independiente de Honda. Sin embargo la automotriz se ha negado a ello amparada en la legislación local en la que impera un proteccionismo patronal con apoyo de las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
“Ya hubo una muerte industrial dentro de la planta. Hay compañeros con plomo en la sangre, que hay caído con accidentes en coma, más los bajos salarios. Éramos los más bajos en el sector automotriz. Ya llegaron más plantas que andan en el mismo nivel de Honda. No te puedo decir que seamos los últimos pero si estamos entre los salarios más precarios del sector automotriz”.
A decir de los integrantes del sindicato independiente tienen el respaldo de otras organizaciones sindicales del país y de instancias obreras internacionales, sin embargo la mayor traba la han recibido en casa.
Según los trabajadores, el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Trabajo no se han involucrado ni le han dado fluidez al proceso necesario para obtener la titularidad del sindicato.
Aseguran que la empresa ha tomado represalias en contra de los trabajadores simpatizantes de este movimiento sindical independiente, llegando incluso a despedirlos.
En Honda El Salto, los trabajadores de la planta automotriz fabrican el vehículo HRV, Productos de poder, motocicletas refacciones con una producción anual que supera las 45 mil unidades.
En promedio, un trabajador de la planta Honda de El Salto comienza ganando 158 pesos por día, mientras que otros trabajadores automotrices del país, que pertenecen a sindicatos independientes, perciben en promedio hasta 400 pesos diarios por realizar el mismo trabajo
Daniel Rentería Martell, León, Gto.
Autoridades del Poder Judicial de la Federación, concedieron un amparo a la empresa Química Central de México, por lo que se ordenó el retiro inmediato de los sellos de clausura que habían sido colocados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Desde el 4 de junio del 2014, la Profepa, había clausurado la empresa por mal manejo de los residuos y distintas irregularidades, las cuales habrían violado las condiciones de seguridad establecidas por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Sin embargo, representantes legales de la empresa, entregaron una serie de argumentos a las autoridades para refutar la decisión tomada desde el año pasado.
Entre los puntos mencionados por los abogados de Química Central, se acusa que el inspector que acudió a realizar la clausura, el cual venía por parte de la Profepa, tenía su identificación oficial, sin vigencia; además de señalar que la cancelación de operaciones, debió realizarse únicamente a las líneas de las que se tuviera sospechas o vinculaciones con delitos al medio ambiente, no a la totalidad de las operaciones que se realizan en el lugar; así como una crítica a los plazos establecidos para la corrección de las operaciones presuntamente irregulares.
La Ley de Amparo vigente, en su artículo 117, último párrafo, establece la obligación de que en el reclamo de los actos administrativos, la autoridad “corrija” esas deficiencias, a efecto de garantizar una justicia completa y expedita, ya que en la legislación abrogada no existía alguna disposición al respecto, lo que ocasionaba que el primer juicio de amparo debía concederse para que la autoridad responsable subsanara la deficiente fundamentación y motivación, y solo con motivo de la emisión del segundo acto, el afectado tenía la posibilidad de plantear en un diverso juicio de amparo su ilegalidad en cuanto al fondo del asunto respecto de esa fundamentación y motivación.

Por lo que, basándose en la Ley de Amparo, la cancelación decretada a la empresa sería invalidada ante estos argumentos y soporte legal, dando como resultado que sean retirados los sellos de clausura que fueron colocados en la entrada de la empresa localizada en la carretera León-San Francisco del Rincón, y por ende una reanudación de la totalidad de sus operaciones.
zonafranca.mx/tras-obtener-amparo-federal-empresa-quimica-central-reanudaria-operaciones/
Sobre el ataque del ejército del pasado 19 de julio, que dejó como saldo 11 comuneros y comuneras heridas y la muerte del menor Hidilberto Reyes García, exigieron “castigo para los militares y funcionarios corruptos coludidos con los criminales.
México, DF. 27 de agosto. Los voceros de la comunidad nahua de Ostula denunciaron la complicidad del gobierno de Michoacán con los caballeros Templarios y advirtieron que el comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía, continúa injustamente preso debido a este vínculo con el crimen organziado.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, los comuneros y sus abogados señalaron que “el gobierno nunca hizo ni ha hecho nada para frenar a dicho cártel, y fue únicamente la sociedad michoacana, organizada y armada a través de policías comunitarias, rondas comunitarias y los grupos de autodefensa, la que ha logrado disminuir la fuerza y la presencia de tan violentos criminales, mientras que diversos funcionarios de gobierno, como el ex subsecretario de seguridad pública estatal, Eloy Peralta Mora, alias el Yanqui, se han empeñado en proteger y filtrar al crimen organizado dentro de la Fuerza Rural y la Fuerza Ciudadana”. Por lo tanto, insistieron, no permitirán el desarme de sus guardias comunales y grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana.
Sobre el ataque del ejército del pasado 19 de julio, que dejó como saldo 11 comuneros y comuneras heridas y la muerte del menor Hidilberto Reyes García, exigieron “castigo para los militares y funcionarios corruptos coludidos con los criminales”.
Exigieron la desmilitarización de la región costa-sierra de Michoacán, la aprehensión de los jefes del cartel de los Caballeros Templarios, presentación con vida los seis comuneros desaparecidos, castigo a los culpables de los 34 asesinatos ejecutados en su contra y alto a la creación de grupos de choque.
A continuación el comunicado íntegro:
La comunidad indígena de Santa María Ostula informa a los medios de comunicación y a los pueblos de México y del mundo:
PRIMERO.- El comandante general de la policía comunitaria de la comunidad de Santa María Ostula CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA sigue preso del modo más injusto y absurdo, demostrándose con ello la complicidad del gobierno de Michoacán con los Caballeros Templarios, pues, uno a uno, todos los delitos de los que se le acusaba falsamente se han desvanecido por falta de pruebas; y actualmente está preso por un delito igualmente falso: el de robo en agravio del Ayuntamiento de Aquila, aun cuando el Síndico Municipal de Aquila ya declaró formalmente que dicho delito no existe, ocurriendo que nuestro compañero sigue preso porque dos jueces se han declarado incompetentes para conocer de su caso; y el envío del expediente de un juzgado a otro, por más ridículo que resulte demoró caso quince días.
Lo anterior acredita no solo la ineficacia del gobierno de Michoacán y del Poder Judicial, sino que permite reconocer la complicidad de altos funcionarios con el crimen organizado, específicamente con los Caballeros Templarios y su lugarteniente Juan Hernández Ramírez, presidente municipal de Aquila actualmente preso por haber atentado contra la vida de nuestro comandante. Lo que digan el gobernador Salvador Jara y otros funcionarios en el sentido de que dicho cártel templario se encuentra desarticulado es FALSO y muestra esa monstruosa complicidad.
El gobierno nunca hizo ni ha hecho nada para frenar a dicho cártel, fue únicamente la sociedad michoacana, organizada y armada a través de policías comunitarias, rondas comunitarias y los grupos de autodefensa, la que ha logrado disminuir la fuerza y la presencia de tan violentos criminales, mientras que diversos funcionarios de gobierno, como el ex subsecretario de seguridad pública estatal, Eloy Peralta Mora, alias el Yanqui, se han empeñado en proteger y filtrar al crimen organizado dentro de la Fuerza Rural y la Fuerza Ciudadana.
Por lo anterior nos mantenemos firmes y nos oponemos al desarme de nuestra policía comunitaria y de las policías comunitarias y grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana.
SEGUNDO.- En el caso del ataque perpetrado el pasado domingo 19 de julio por el comando conjunto de elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva y la Policía Ciudadana, mismo que dejó como resultado 11 comuneros y comuneras heridos y la muerte del menor HIDELBERTO REYES GARCÍA DE DOCE AÑOS .
La investigación correspondiente fue atraída por la Procuraduría General de la República, sin embargo, al día de hoy el Ejército Mexicano, cuyos elementos fueron los que dispararon las balas de armas de fuego que mataron al pequeño Hidelberto Reyes García, ha negado cualquier responsabilidad y se han negado a enviar los informes que dentro de la averiguación previa correspondiente les han sido requeridos, razón por la que solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales ejercer presión sobre el gobierno mexicano para que no cubra a criminales y se aclaren los hechos en los que el Ejército Mexicano agredió a nuestra comunidad. EXIGIMOS CASTIGO PARA LOS MILITARES Y FUNCIONARIOS CORRUPTOS COLUDIDOS CON LOS CRIMINALES, PARA LAS CABEZAS DEL CARTEL TEMPLARIO EN LA REGION DE LA COSTA SIERRA DE MICHOAÁN. EXIGIMOS LIBERTAD PARA NUESTRO COMANDANTE Y PARA TODOS LOS AUTODEFENSAS Y POLICÍAS COMUNITARIOS INJUSTAMENTE PRESOS EN MICHOACÁN Y GUERRERO. ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN QUE EXISTAN EN CONTRA DE NUESTRO COMANDANTE GERMÁN RAMÍREZ SÁNCHEZ O DE CUALQUIER OTRO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD.
TERCERO.- Por otro lado informamos que los acuerdos que nuestros voceros tomaron con el subsecretario de derechos humanos de gobernación federal y otras autoridades de los gobierno federal y estatal, el pasado 23 de julio de 2015, en el sentido de realizar una mesa de diálogo en la región, en un plazo no mayor a quince días a partir de dicha fecha, NO HA SIDO CUMPLIDO POR LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL y a la fecha ninguna autoridad se nos ha acercado para atender nuestra grave situación; sin embargo, la región está siendo más y más militarizada por parte de efectivos del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal Preventiva. Nuestra pregunta es porque no quieren atender a nuestra comunidad y a las comunidades dolidas de la región ¿Cuál es su temor? ¿Por qué encarcelan a inocentes y los criminales que han azotado a nuestros pueblos siguen libres? ¿Por qué no se castiga a los elementos del Ejército Mexicano que matan a nuestros niños? ¿Por qué el gobierno del estado se llena de mentiras y dice que los caballeros templarios fueron desarticulados, siendo que todavía andan dentro de ese gobierno corrupto? Nos preguntamos ¿Cuánto más tendremos que aguantar los mexicanos tana humillación, tanta hipocresía?
CUARTO.- Como es del conocimiento de la opinión pública hace unas semanas un reducido grupo de comuneros de la comunidad de Pómaro instaló un bloqueo en la carretera costera número 200. Este bloqueo NUNCA FUE ACORDADO POR LA ASAMBLEA DE COMUNEROS DE PÓMARO y sí fue organizado por un pequeño grupo de comuneros, incluidas las autoridades corruptas de dicha comunidad, dirigido por el TEMPLARIO JUAN HERNÁNDEZ, quien en su momento trabajo a las órdenes de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” para robar los minerales y las maderas de las comunidades de la región.
Resulta curioso como hace unos días el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno, negoció con estas personas y tomó varios acuerdos “para elevar la calidad de vida de los habitantes de la región”, creando la apariencia de que dichos acuerdos habrían sido pactados con las comunidades indígenas de Pómaro, Ostula y Coire; situación que desmentimos tajantemente y ponemos como prueba de la complicidad entre el gobierno del estado y los templarios, pues, resulta increíble que el gobierno del estado no se atreva a dialogar con la comunidad de Santa María Ostula y con el vasto movimiento social que representa en la región, pero sí se reúna con un pequeño, muy pequeño grupo de comuneros de Pómaro, que obedecen a los intereses del Cártel Templario, ahora encabezado por el primo de Juan Hernández Ramírez, Mohamed Ramírez Méndez, ex candidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Aquila.
Por todo lo anterior reiteramos nuestras exigencias a los gobiernos federal y del estado:
1. LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMANDANTE CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA Y EL RETIRO DE LOS FALSOS CARGOS QUE EXISTEN EN SU CONTRA, ASÍ COMO CANCELACIÓN DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN QUE EXISTAN CONTRA OTROS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA O DE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA DE LA REGIÓN.
2. DESMILITARIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EL CASTIGO DE LOS MANDOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES MILITARES Y POLICIACAS QUE ASESINARON AL NIÑO HIDELBERTO REYES GARCÍA, HIRIERON Y GOLPEARON A DIVERSOS COMUNEROS Y DESTRUYERON LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA Y LA DEVOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: CUATRO RADIOS DE COMUNICACIÓN, EL SELLO E IDENTIFICACIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, UNA PISTOLA CON REGISTRO Y CUATRO JUEGOS DE LLAVES.
3. APREHENSIÓN DE LOS JEFES DEL CARTEL TEMPLARIO EN LA REGIÓN, FEDERICO GONZALEZ MEDINA, ALIAS “LICO”, Y MARIO ALVAREZ LÓPEZ, ALIAS “EL CHACAL”, Y DESARTICULACIÓN VERDADERA DE DICHO CARTEL Y DE SU ESTRUCTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA.
4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA LA LIBERTAD DE LOS INTEGRANTES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AQUILA, COAHUAYANA, CHINICUILA Y COALCOMÁN.
5. PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 6 COMUNEROS DESAPARECIDOS Y EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DEL ASESINATO DE 34 COMUNEROS PERTENECIENTES LA COMUNIDAD DE OSTULA A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
6. ALTO A LA DESINFORMACIÓN Y LA CREACIÓN DE GRUPOS DE CHOQUE EN EL PUEBLO NAHUA.
Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de las comunidades de la región.
Xayakalan, a 27 de agosto de 2015.
LA ASAMBLEA, AUTORIDADES Y COMANDANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
COMANDANTES UNIDOS DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y AUTODEFENSAS DE
AQUILA, COAHUAYANA, CHINICUILA Y COALCOMÁN
http://desinformemonos.org.mx/2015/08/comuneros-de-ostula-denuncian-la-complicidad-del-gobierno-de-michoacan-con-los-caballeros-templarios-y-exigen-la-liberacion-del-dirigente-de-su-policia-comunitaria/
David Yeudiel, Oaxaca
A casi una semana de haber iniciado de manera alterna el ciclo escolar 2015-2016, profesores de la sección 22 de los trabajadores de la educación, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifestaron el día de ayer como parte de la 15 acción global por Ayotzinapa, a unos días de cumplirse un año de los terribles hechos en los que desaparecieron 43 estudiantes normalistas.
Con una marcha que partió de los juzgados federales mixtos, ubicados en Av. Juárez, frente al llano, con dirección al zócalo de la ciudad; en esta ocasión quedaron de lado las protestas en contra de la reforma educativa, y del nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), los maestros y maestras unieron sus fuerzas para exigir justicia por la desaparición de los estudiantes.
En la Ciudad de México los manifestantes se concentraron a partir de las 15 horas en el monumento al ángel de la independencia, desde donde partió la movilización rumbo al zócalo de la ciudad.
En lo que respecta a la Ciudad de Oaxaca, las y los profesores marcharon de las inmediaciones del parque “El llano” con destino al zócalo de la ciudad, lugar elegido para realizar un mitin, con la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de la escuela normal Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa, asimismo exigieron la abrogación de la que consideran es una mal llamada reforma educativa, así como demostrar su descontento por la presencia de miles de federales que están apostados en las inmediaciones e la Ciudad de Oaxaca.
A unos días de cumplirse un año de la desaparición forzada de estudiantes y de que estos hechos tan lamentables sacudieran al país y al mundo, aún no se han esclarecido los mismos, ni se tiene absoluta certeza sobre los responsables materiales e intelectuales; la versiones oficiales han sido refutadas en múltiples ocasiones, las investigaciones se encuentran plagadas de irregularidades y no se ha podido dar con el paradero de los estudiantes; por ello nuevamente organizaciones civiles y sociales, así como la sociedad en general ha salido a las calles, con el clamor de justicia.
David Marcial Pérez
Xalapa, Ver. El Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras (Córdoba, 1970), tiene sobre la mesa de su despacho los expedientes de los asesinatos a periodistas cometidos en su Estado. El goteo de muertes –al menos 12 en los últimos cuatro años– es uno de los peores lastres de la violencia en México y ha despertado la alarma de la comunidad internacional. Para la ONU, Veracruz es el Estado más peligroso para el ejercicio del periodismo. ONG y el gremio de reporteros locales piden que en los casos de homicidios a reporteros siempre se agoten las pesquisas de un posible móvil político.
Bravo defiende la labor de su fiscalía con datos duros: una sentencia definitiva y 11 detenidos es el resultado de las tres investigaciones cerradas, dos de las cuales se han saldado como homicidios ligados a un robo y a una riña vecinal. Los otros nueve casos han sido absorbidos por la Fiscalía federal (PGR) al haber indicios de que la mano negra del crimen organizado está detrás de los hechos.
El caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado hace un mes en el DF tras de huir de Veracruz denunciado amenazas, ha redoblado las críticas sobre el clima de vulnerabilidad para la prensa. Bravo zanja el asunto asegurando que a su despacho, al que se llega por un pasillo adornado con una colección de retratos de cada uno de los procuradores de Veracruz, no entró ninguna denuncia formal.
Pregunta. ¿Qué hizo la Fiscalía para proteger a Espinosa?
Respuesta. No existe una sola denuncia de Rubén a consecuencia de alguna amenaza o hecho que vulnerara su ejercicio periodístico. La única denuncia, como se ha hecho público, fue presentada ante la PGR (Fiscalía federal) en 2013. Dos años después Rubén continuó viviendo en Veracruz sin que nada le ocurriera.
P. No había habido denuncia formal, pero Espinosa y otros periodistas se reunieron en enero con usted y el secretario de Gobernación para hacerles saber que se sentían hostigados por parte de la policía.
R. Al ser amenazas yo no tengo ninguna posibilidad de iniciar una cuestión si no media la denuncia, es un delito que se persigue necesariamente vía querella. En esta reunión hablaron de hostigamiento pero no me permiten investigar si no presentan una denuncia.
P. ¿Por qué mueren asesinados tantos periodistas en Veracruz?
R. Tenemos 12 casos de periodistas que han sido vulnerados por ataques en los cuales han perdido la vida. De ellos, solo tres son competencia nuestra, porque se trata de delitos del fuero común. Los restantes casos han sido atraídos por la PGR porque hay signos del crimen organizado y estos asuntos son de ámbito federal. En uno ya hay una sentencia incontrovertible. La Suprema Corte de Justicia validó la postura del ministerio público veracruzano condenando a 38 años de prisión a uno de los autores del asesinato de Regina Martínez. En el caso de Gregorio Jiménez, estamos en vísperas de la sentencia. Y el caso de José Moisés Sánchez ya está judicializado, esclarecimos los hechos y ya se han girado detenciones. El presunto autor intelectual es un funcionario público, el alcalde de Medellín, al que desde la Fiscalía solicitamos su desafuero. Está persona está en estatus de prófugo pero ten la seguridad de que semana tras semana estamos detrás.
P. El de Moisés Sánchez es el único caso de los tres bajo su competencia en que se vincula el asesinato a la actividad periodística
R. Sí, aunque es factible que en el caso de Gregorio coexista también la actividad periodística. Estamos en vísperas de las conclusiones pero no lo descartamos. En todo caso, lo importante, con todo respeto para tu gremio, no es el origen de una víctima, sino que se trata de un homicidio con toda la saña del mundo.
P. Pero el foco estos días está en Veracruz por los asesinatos de periodistas. Se han multiplicado por cuatro desde 2010. ¿Por qué este repunte?
R. Lo que yo te puedo decir desde la Fiscalía es que en los que hemos intervenido nosotros, todos se han esclarecido. Eso te habla de un referente de efectividad. No hay algún otro asunto de este tipo que no está ya frente a los jueces. Y uno de ellos, el de Regina Martínez, avalado por la sentencia de la Suprema Corte, que es una verdad legal que prevalece sobre todas las cosas.
P. Pero el autor material de ese caso no está detenido.
R. Tienes toda la razón. No está completamente resuelto el caso de Regina porque falta una persona, el coautor material. Al igual que el alcalde de Medellín, y todas las personas que tiene el estatus de prófugo, no cesamos la búsqueda y finalmente te puedo garantizar que los vamos a detener.
Lejos de ser un factor de presión, los organismos internacionales son una luz en el camino
P. El caso de Juan Mendoza se está investigando como un atropello de un coche.
R. Ahí no se ha concluido la investigación aún. Fíjate que es una gran presión la que ejercen ustedes y la opinión pública entorno a las investigaciones y esa presión que se impone hace que una investigación pueda ser frágil. Lo que hemos tratado es que se noten los resultados, no cejar en los esfuerzos y que nos dejen hacer nuestro trabajo. Entiendo las percepciones sobre algunas investigaciones, pero créanme que quien diga que no se han obtenido resultados desde la fiscalía, pues miente.
P. ¿La presión de la prensa les molesta?
R. No. Es su derecho y en un estado democrático esas voces dan muestras de la libertad que existe para poderse manifestar. Sin embargo, yo desde mi cancha te digo que nos den un poco de tiempo conforme a los plazos de la ley. Y sí te repito que en casos como estos, que son de acuciosidad, muchas veces esa presión genera que el funcionario haga algo que a la postre pueda concluir en una decisión judicial no tan favorable a la sociedad.
P. ¿Sintieron también la presión de los organismos internacionales?
R. Lejos de ser un factor de presión, los organismos son una luz en el camino. Porque ellos lo que tiene que tomar son determinaciones basadas en criterios de derecho, en los datos duros.
P. Sin embargo, con los datos en la mano, continúan las críticas sobre las instituciones veracruzanas.
R. Quisiera yo revelarte una opinión, pero el fiscal debe centrarse a la verdad de su datos. Se genera una inercia por las voces que opinan, que es a lo que están expuestas las instituciones en un Estado democrático. Yo estoy encantado de que así sea pero la verdad es la que consta en los expedientes.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/25/actualidad/1440468330_523791.html
27/08/15. Pretenden privatizar la presa Danxho denuncian campesinos de Jilotepec
Red-Accion
Toluca, Méx. Al menos 10 representantes campesinos de 20 comunidades de la “Comisión Ciudadana Organizada para la Defensa de la Presa Danxho” del municipio de Jilotepec, denunciaron que las autoridades federales pretenden privatizar la presa Danxho, con lo que perjudicarán a cientos de personas en esta localidad ubicada en el municipio de Jilotepec.
Esta mañana acudieron a la Cámara de Diputados para hacer público que pretenden privatizar el agua, entubarla y “ya no vamos a tener acceso al recurso, incluso hasta para los animales, ya no vamos a tener agua que abastece a miles, más de 20 comunidades y hasta 4 o 5 mil ciudadanos por cada una y privatizarla afectaría a 7 mil hectáreas empleadas para uso agrícola y agropecuario”.
El señor Francisco Oporto Pedraza, campesino afectado, explicó que son diversas las razones por las que vecinos están en contra de que la empresa VALSI sea quien administre el agua de la presa Danxho.
“Declaramos enérgicamente nuestra oposición al proyecto privatizador de la empresa VALSI, por múltiples razones, la primera es porque nunca fuimos convocados a ninguna asamblea general como lo dictan los estatutos de la Asociación Civil del Distrito de Riego 044, quien es la que actualmente administra el agua.”
Los campesinos Pedro Luna, Ricardo Luna, Marcelino Alcántara, Emeterio Alcántara, Alejandro Vázquez y Francisco Oporto, integrantes de la Comisión, denunciaron que nunca fueron convocados a ninguna asamblea general, como lo dictan los estatutos, para tomar la decisión anunciada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Tajantemente, somos nosotros quienes lo vimos, pareciera que les urge porque ellos ya tienen la maquinaria, los tubos y todo, como no nos aterrizan bien sus comentarios y el lunes nos presentaron un proyecto según ellos que ha funcionado en Aguascalientes”.
Señalaron que no ponen en duda la funcionalidad de este esquema, pero en este territorio con el clima que tienen “no es el mejor”, porque significa modificar el tipo de siembra de hortaliza, calabazas, zanahorias, fresas, jitomate, tomate, “pero para eso hay que tener mercado, ellos dicen que nos van a abrir uno, pero nunca se comprometen”.
Agregaron que la Comisión Ciudadana Organizada para la Defensa de este afluente denunciaron complicidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para concesionarlo a la empresa VALSI, quien se tiene previsto la administre durante 30 años, en detrimento de los agricultores y ganaderos de la región.
“Rechazamos rotundamente la aplicación de este proyecto de tecnificación que pretende otorgar una concesión a una empresa privada para que ésta se encargue del manejo, distribución, administración y cobro del servicio de riego para siembra, que hasta hoy administra la Mesa Directiva”, destacaron los campesinos.
“El agua se la quieren vender al estado de Hidalgo, y tienen el objetivo de construir una ciudad modelo, una fábrica muy grande pero no nos dicen a dónde se la van a llevar. La empresa va a hacer la obra y tomará la concesión”.
La empresa se haría cargo de todo el proyecto que llevaría una temporalidad de cuatro años, “no entendemos, pero es una privatización, porque si ahorita toma agua el borrego, el pajarito, o un ciudadano, no hay problema pero después que quieran hacerlo, nadie tendrá acceso”.
Por otro lado, el señor Marcelino Alcántara hizo un llamado a los campesinos mexicanos para que no permitir la entrada de semillas de importación transgénica ya a las autoridades federales a que apoyen al campo y a los campesinos para, mejorar su productividad con capacitaciones de calidad y subsidios reales.
De su parte, el diputado local Octavio Martínez Vargas reiteró el apoyo a esta lucha, además de que se opuso rotundamente a la privatización del agua, pues dijo que dejar la presa Danxho en manos de VALSI es el principio del proyecto privatizador que el gobierno federal tiene en planes.
Finalmente, el legislador perredista dijo que dará seguimiento oportuno y apoyo político a este caso, aún después de que concluya la LVIII Legislatura, para detener la privatización del agua en el país.
www.red-accion.mx/2015/08/pretenden-privatizar-la-presa-danxho.html#ixzz3k4kyPZTk
Crhistian De Jesús
Cinco mujeres han sido asesinadas en el Estado de México durante los últimos cuatro días, la última agresión se registró esta mañana en Ecatepec, segundo caso en la semana, en los municipios de Tenancingo, Atlauta y Naucalpan también hubo muertes violentas.
La entidad ocupa los primeros lugares en feminicidios a nivel nacional, de acuerdo con las cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales como el Comité de las Naciones Unidades para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres y el Observatorio del Feminicidio.
Este jueves, el cuerpo sin vida de una menor de edad con visibles huellas de violencia física y sexual fue encontrado en calles de la colonia Central Michoacana del municipio de Ecatepec, para sumar el quinto homicidio contra este sector en lo que de esta semana en suelo
mexiquense.
Marley de 17 años de edad, se suma a los casos de Gladis de 24 años registrado el lunes en el municipio sureño de Tenancingo, Ana Luisa en Atlautla y dos casos más ocurridos en Ecatepec y Naucalpan donde las víctimas no habían sido identificadas por las autoridades estatales.
En por lo menos cuatro casos, las féminas se encontraban desaparecidas, horas o días después fueron encontradas y todas presentaban signos de violencia por su condición del sexo, por lo que deben ser es catalogados como un feminicidio, en Naucalpan fue asesinada una más por robo.
Este viernes se cumplirá un mes que la Secretaría de Gobernación federal autorizó emitir la Alerta de Género para 11 municipios del Estado de México, mismos que concentran el mayor número de hechos de agresiones y muertes contra este sector durante los últimos años.
Rosario Garcia Orozco
Síntesis de Guerrero
Rosa Icela Ojeda Rivera, esposa del gobernador, Rogelio Ortega Martínez, reconoció que los índices de feminicidio en Guerrero se compara con los que registran países en Guerra.
Informó que de acuerdo al cifras actualizadas, durante los últimos diez años se han registrado mil 293 casos de feminicidios en Guerrero, se trata, dijo, de “cifras alarmantes equivalentes a países que están en guerra”.
Rosa Icela Ojeda, quien rechaza ser llamada primera dama, “porque no hay mujeres de primera ni de segunda”, lamentó que no ha sido posible castigar ese delito como se debe porque la Fiscalía guerrerense sigue tipificando los delitos contra mujeres, como homicidios calificados y no como feminicidios.
Reclamó que entre las dificultades que se enfrenta en el sistema de justicia, es que aún hay resistencia por parte de las autoridades para reconocer que muchos de los casos de homicidios violentos de las mujeres, sean tipificados como feminicidios.
Quien también ha sido activista en los temas de género, dijo que Acapulco ocupa el primer lugar en feminicidios, Zihuatanejo el segundo lugar y Chilpancingo el tercer lugar, y explicó que también en esas ciudades se ha generado otro tipo de violencia contra las mujeres, como la trata de blancas.
Reveló que se tiene conocimiento que las redes de trata de blancas operan en las rutas de Zumpango-Chilpancingo, “es donde opera una de las redes, otra en Acapulco y otra en Zihuatanejo, se sabe porque son los lugares donde los familiares reportan la desaparición de féminas”.
Pedro Matías, Oaxaca.
OAXACA, Oax. (página3.mx).- El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (CODET) denunció que el defensor comunitario Pedro Aguilar fue detenido y otros 14 enfrentan procesos penales con delitos prefabricados por oponerse a la operación de la compañía minera Plata Real en la comunidad zapoteca Magdalena Teitipac.
Los inconformes se quejaron que esta es una práctica sistemática de la empresa para la imposición de su proyecto, el cual ha generado una situación de conflicto social y ambiental desde hace seis años.
El colectivo -integrado por seis organizaciones- exigió la cancelación de procesos penales y la liberación inmediata de Pedro Aguilar Aguilar.
Hicieron hincapié que pese a la exigencia de la comunidad y pruebas aportadas por las asamblea general sobre la inocencia de las 14 personas defensoras, el pasado 30 de julio fueron liberadas las órdenes de aprehensión y fue detenido Pedro Aguilar Aguilar y recluido en el penal de Santa María Ixcotel.
Cabe recordar que Pedro Aguilar y su esposa Cresencia García Gómez, también fueron detenidos en agosto de 2014, mientras que el 30 de julio del 2012 y 30 de mayo del 2013, fueron detenidos Fernando Martínez Molina e Hipólito Alvarado Ignacio, respectivamente.
Desde julio de 2013, la comunidad exigió la cancelación de las órdenes de aprehensión que tienen en su contra habitantes de la comunidad, al no obtener respuesta de las autoridades involucradas en la problemática, la asamblea general de comuneros celebrada en la comunidad agraria de Magdalena Teitipac el día 8 de agosto de 2015 responsabilizaron a la empresa minera “Plata Real” por la fabricación de delitos.
En presencia del Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia, el Presidente, Síndico y Regidor de Hacienda Municipales, el Comité por la Defensa de la Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac y aproximadamente 400 ciudadanas y ciudadanos, también respaldaron el trabajo realizado por Pedro Aguilar Aguilar.
Denunciaron que la labor de defensa comunitaria que realizan los representantes agrarios e integrantes de la comunidad por mandato de su asamblea ha sido objeto de una campaña permanente de hostigamiento y amenazas, utilizando el sistema de justicia penal para inhibir sus acciones por la defensa de sus derechos territoriales y humanos.
En este sentido, hicieron un llamado al sistema judicial a no criminalizar la defensa del territorio, a partir de la fabricación de delitos contra defensoras y defensores comunitarios.
Cabe recordar que en febrero de 2013, la asamblea general de ciudadanos determinó expulsar a la compañía minera, por lo que ésta, decidió retirar su maquinaria en julio de 2013.
Sin embargo el conflicto en la comunidad continúa, toda vez que existen procesos penales en contra de defensoras y defensores, fabricados por la compañía minera.
Ante esta situación el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, exige a las autoridades involucradas se garanticen los derechos de la comunidad de Magdalena Teitipac a defender su territorio y se respete su decisión de declarar su territorio prohibido para la Minería.
Además, se garantice en todo momento el debido proceso a las y los defensores y defensoras que enfrentan una causa penal, ee desista de la persecución y acusación penal de personas contra quienes no hay sustento probatorio respecto de la comisión de supuestos delitos, en un marco de criminalización de defensores y defensoras de la comunidad, la libertad inmediata de Pedro Aguilar Aguilar y la cancelación de todas las averiguaciones previas y ordenes de aprehensión que se han liberado en contra de los defensores de Magdalena Teititpac.
El documento lo firman el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, los Servicios del Pueblo Mixe, Servicios Para Una Educación Alternativa, Tequio Jurídico y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca.
Somos el Medio
México DF, agosto 27 de 2015.- Una pena de hasta 50 años de prisión es la que podría aplicarse a los agresores del joven gay que este martes fue encontrado sumamente golpeado en la avenida Zaragoza, una de las más transitadas de la ciudad de Querétaro.
En caso de que los agresores sean aprehendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y se compruebe su responsabilidad en los hechos, se aplicaría la reforma que el Congreso local aprobó en julio pasado al artículo 131 del Código Penal para incluir la agravante contra quienes cometan delitos de homicidio o lesiones basados en el odio por orientación sexual distinta a la heterosexual.
Los cambios avalados por los legisladores e impulsados por la diputada Beatriz Marmolejo Rojas, establecen mayores castigos para quienes cometan delitos causados por odio derivados de la homofobia. Así, se establecen de 15 a 50 años de prisión y una multa de 500 a 750 salarios mínimos.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de la capital queretana, Héctor Benítez López, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 24 de agosto cuando recibió el reporte acerca de una persona de 20 años de edad del sexo masculino golpeada y tirada sobre la avenida Zaragoza, casi inconsciente, con los genitales lastimados y en su cuerpo inscritas frases como “soy puta”, “maricón” y “putito”.
“Este ha sido el segundo caso de agresión a una persona homosexual en la ciudad de Querétaro. Hace un mes, en el municipio aledaño de El Marqués, otro joven recibió un machetazo a causa de su preferencia sexual por parte de un grupo de personas que lo persiguieron cuando caminaba por la calle junto con una amiga”, dijo Edmundo Manuel Ramos, presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro.
Citó el informe que Amnistía Internacional realizó en 2001 en el que señala que sólo unos cuantos casos de agresión por homofobia han trascendido la “conspiración del silencio” la cual sirve para ocultar maltratos y torturas a los disidentes sexuales debido al estigma social que los persigue.
En entrevista, Ramos Gutiérrez recordó a Octavio Acuña Rubio, activista gay asesinado en Querétaro el 21 de junio de 2005 en las instalaciones de la condonería “De Colores” ubicada en el centro de esa ciudad como consecuencia de los prejuicios y mensajes lanzados por grupos reacios a reconocer la diversidad sexual.
Respecto a las últimas agresiones registradas en la entidad –ubicada en el centro del territorio mexicano-, el activista aseguró son producto de la ignorancia de quienes se oponen al matrimonio igualitario y su derecho a la adopción. También solicitó a Arsenio Durán Becerra, titular de la PGJE, adecuar el protocolo emitido por la Procuraduría General de la República para atender los casos de agresión en contra del colectivo de la diversidad sexual, mismo que exige a los servidores públicos actuar sin prejuicios y estigmatizaciones.
Urgió a los gobiernos local y federal a promover y fortalecer la no discriminación a través de políticas públicas y campañas de sensibilización difundidas en los medios masivos que informen sobre las consecuencias de la violencia generada por la homofobia.
Por su parte, Ilsa Aguilar, primera mujer transgénero en Querétaro que logró el reconocimiento de su identidad sexogenérica por parte del Registro Civil de la entidad, y así obtener una nueva acta de nacimiento, apuntó que si bien ya hay reformas legislativas aún está pendiente el cambio cultural, y llamó a las autoridades a invertir en actividades encaminadas a reconocer la diversidad sexual.
Aguilar Bautista, activista y socióloga, indicó que en ese sentido las organizaciones civiles realizan acciones como la tramitación de amparos para lograr el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género de la población transgénero y transexual.
Mencionó que las jornadas contra la homo-lesbo-bi-transfobia realizadas cada año tienen como objetivo demandar al gobierno el cese de agresiones. Dijo que estas acciones constituyen esfuerzos para lograr cambios culturales y tomaron fuerza luego del crimen del psicólogo Acuña Rubio.
Según cifras del Comité Estatal contra la Discriminación en Querétaro desde 1995 a 2007 hay un registro de 50 casos de homicidios por homofobia en la entidad, pero se estima una cantidad mayor pues sólo uno de cada cinco casos es denunciado.
En tanto, diversos organismos entre ellos el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, exigieron la creación de un observatorio sobre crímenes y agresiones de odio por homofobia, aunado a la generación de estadísticas que posibiliten realizar intervenciones legislativas y de política pública para revertir esa situación.
Por: Mario Alberto Reyes
Twitter: @mariobetorey
Fuente: AM Comunicación e Información (AMCeI)
www.somoselmedio.org/article/exigen-en-queretaro-castigo-agresion-joven-gay#sthash.qYulBlY9.dpuf
26/08/15. Denuncian que organización engañó a ejidatarios de Ayotitlán
Más por más Guadalajara
11/08/15. Nos falta el 34, manifiestan indígenas de Ayotitlán en Colima
Perriodismo
23/07/15. Desalojan a miembros del ejido Ayotitlán
Proceso
Alejandra Guillén.-
El Consejo de Mayores y el Consejo Consultivo Agrario de Ayotitlán se reunieron el jueves 20 de agosto en la comunidad de Quiroma para analizar detenidamente lo que había sucedido en torno a la detención de 33 ejidatarios y el abogado Eduardo Mosqueda luego de que éstos bloquearon la mina Peña Colorada el 22 de julio pasado, argumentando que habían obtenido una suspensión de la extracción de mineral con el amparo 462/2013.
Los ejidatarios quienes fueron golpeados y torturados por el gobierno de Colima fueron liberados días después, mientras que el abogado Eduardo Mosqueda sigue detenido.
A la asamblea del Consejo asistieron representantes de 27 comunidades nahuas de Ayotitlán, donde los asistentes señalaron que Pedro León Corrales nunca fue nombrado por la Asamblea general como abogado de la comunidad y que el ex comisariado ejidal, Abraham Isaac Chávez, fue quien le pagó un millón de pesos para interponer el amparo contra Peña Colorada. A Isaac Chávez se le acusa de haber permitido la extracción ilegal de las minas Piedra Imán y Cañada Verde, durante los años 2013 y 2014.
Luego de tres o cuatro horas de revisar el contenido del amparo, minutas de trabajo y documentos relacionados con el conflicto en cuestión, la asamblea del Consejo de Mayores y seis ex comisariados emitieron un posicionamiento que afirma lo siguiente: “Como ya se ha demostrado, tanto en las reuniones que sostuvimos en las Secretarias generales de gobierno de Jalisco y Colima, así como en los recorridos que realizó el propio Comisariado del ejido, el amparo 462/2013 protege únicamente las mil 200 hectáreas que se encuentran bajo convenio con la empresa, mismos que fueron aprobados por la mayoría de ejidatarios en la Asamblea General de Ejidatarios respectiva y se encuentran debidamente inscritos en las instancias correspondientes por lo que se encuentran en plena vigencia”.
Estas mil 200 hectáreas no abarcan las 120 hectáreas que bloquearon los ejidatarios el 22 de julio, razón por la que los ex comisariados aseguraron que los abogados de IDEA engañaron a la gente, asegurándoles que la empresa tenía que pagarles más de mil millones de pesos.
El comunicado dice que condenan “de manera categórica los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los fuerzas policiacas de Colima sobre los compañeros que participaron en los hechos del 22 de julio, pero también condenamos y rechazamos la intervención de organizaciones como IDEA y de personas como Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera y Oscar González Gari”, a quienes acusan de abusar de que los ejidatarios desconocçían la ley y que los mandaron a una acción que puso en peligro su vida, su libertad y su integridad.
“Afortunadamente y mediante la intervención del Representante Legal de este Consejo de Mayores y el Cuerpo Consultivo Agrario, fueron liberados al comprobarse que fueron llevados con engaños y promesas de dinero por parte de los abogados embusteros que pretendían un arreglo económico que les beneficiara principalmente a sus economías (…) Esta Asamblea comunitaria conoce a detalle los alcances del amparo 462/2013 y toda vez que revisamos detenidamente su contenido, nos dimos cuenta del engaño al que estaban siendo conducidos los ejidatarios por los abogados que valga decir, nunca fueron nombrados por la Asamblea General de Ejidatarios, por lo que no cuentan con nuestra aprobación para continuar representando al ejido en sus asuntos agrarios”.
Por otro lado, en la Asamblea señalaron que no existe ningún documento en el que se destituya a Gaudencio Mancilla Roblada como Representante Legal del Consejo de Mayores, pues se trata de una figura tradicional de la comunidad en la que ninguna persona u organización externa pueden intervenir.
En torno a la difusión en medios de comunicación de que se creó otro consejo de mayores en Ayotitlán, “queremos dejar claro que saludamos la existencia de otras instancias de organización, reflexión y lucha por nuestro territorio y nuestros derechos, sin embargo eso no obsta para que esta asamblea comunitaria siga existiendo y continúe organizándose para la defensa de la Madre tierra”.
http://www.maspormas.com/2015/08/26/denuncian-que-organizacion-engano-a-ejidatarios-de-ayotitlan/
Zona centro.- La ola de violencia que se gesta en Córdoba y varios municipios de la región desde hace tres años ha terminado con la vida de más de 20 mujeres, asesinadas en distintas circunstancias y por varios motivos; desde crímenes pasionales, hasta agresiones a manos de delincuentes y también ejecuciones atribuidas al crimen organizado son las que se han registrado en la zona.
Los cuerpos, encontrados en predios baldíos, cafetales, cañaverales, a orillas de carretera, incluso en las casas de las víctimas, ha generado ya una psicosis entre la población, lo que se ve alimentado por incapacidad de las autoridades para esclarecer los hechos.
Aunado a esta situación, otras féminas han logrado salvar la vida ante los ataques, y sólo en algunos casos los autores de los atentados han sido identificados y detenidos.
Ante este clima de terror, tanto la iglesia como organizaciones civiles se han pronunciado para exigir justicia, para pedir que las autoridades competentes hagan algo para atenuar esta situación.
Los ataques contra las mujeres se han mantenido en los últimos meses; desde el año 2012, crímenes de mujeres, tanto en Córdoba, como en municipios aledaños como Atoyac, Cuitláhuac, Naranjal, Fortín y Huatusco; algunas de las víctimas, son jovencitas que fueron violadas y asesinadas, cuyos cuerpos aparecieron maniatados y amordazados.
De todos los casos, la Fiscalía General de Justicia abrió expedientes en sus distintas agencias, pero sólo algunos casos fueron esclarecidos, mientras que otros poco a poco han ido quedando en el olvido, y sólo han llamado la atención de las autoridades cuando surgen movilizaciones sociales, que en el caso de una estudiante de Córdoba, obligó al gobierno a ofrecer una recompensa de hasta 1 millón de pesos, lo que de nada ha servido, aun cuando el volante con la recompensa ha sido publicado en varios municipios.
A pesar de que el nuevo sistema de justicia penal acusatoria impide a los funcionarios, agentes y peritos criminalistas divulgar los avances de las investigaciones realizadas en cada caso, fuentes apegadas al desarrollo de algunos homicidios, indican que la mayoría de los casos sólo se investigan durante los días en que ocurren los crímenes, dos o tres días cuando mucho y luego las boletas de investigación son archivadas, ya que mientras se investiga un caso, surgen otros que requieren la atención del personal ministerial, que por si fuera poco resulta insuficiente.
ALGUNOS CASOS DE ESTE AÑO
El pasado 13 de julio, en el municipio de Cuitláhuac, fue encontrado el cadáver de una mujer que yacía abajo de un puente, en el camino que va de la comunidad El Cuajilote a la carretera federal a Córdoba-Veracruz.
El cuerpo presentaba las manos atadas a la espalda y al parecer tenía varios días de haber estado al fondo de un barranco, por lo que ya se encontraba en estado de descomposición. Se cree que la víctima fue arrojada a más de 12 metros de profundidad, donde llevaba entre tres y cuatro días, y se hallaba en estado de descomposición. La mujer no tenía cabello, vestía pantalón de mezclilla azul, blusa verde y estaba descalza.
Luego, a inicios del presente mes, la mesera Susana del Carmen Zaldívar Hernández, de 35 años, fue atacada a puñaladas y quedó grave; pero sobrevivió, en una vecindad de la avenida 10 entre calles 15 y 17, del barrio de San Miguel, en Córdoba.
El sujeto que la ultrajó y lesionó, también acuchilló y mató a su pareja, el herrero Julio Cesar Ricter García, de 45 años.
Ambos, fueron encontrados maniatados, con lesiones en la cabeza, el pecho y las extremidades. Ese día, las autoridades presentaron a un sujeto como probable responsable de estos hechos.
Una semana después, el 10 de agosto, una mujer fue torturada y degollada, en unos cafetales y cañaverales de la congregación Manuel León, mejor conocida como San José de Gracia, del municipio de Amatlán de los Reyes.
Ese día, en Yanga, a unos siete kilómetros del lugar del crimen, se encontraban altos mandos de la VIII Delegación Regional de Seguridad Pública con base en Fortín, reunidos con el presidente municipal de Yanga, Gerson Morales Villanos, y la diputada local por el distrito de Tierra Blanca, Marcela Aguilera Landeta, con motivo de la feria de la seguridad, donde fueron expuestos los modelos más sofisticados de patrullas, tanquetas, armamento y equipo antimotines para prevenir el delito.
De ahí los altos mandos de la SSP tuvieron que abandonar el evento para ir al lugar del feminicidio. Enmedio de una finca y los cañales, yacía tapado con hojarascas el cuerpo de María de Lourdes Martínez Sánchez, de 20 años, originaria y vecina de Cuitláhuac, la cual tenía una blusa blanca, pantalón de mezclilla y unos zapatos tenis color azul.
La víctima presentó huellas golpes en la cabeza, espalda, los brazos y las piernas, pero también fue degollada. El cuerpo, fue identificado por su esposo Arturo Ortega, quien dijo no tener sospechas sobre el móvil del crimen y el autor del homicidio.
Asimismo, el viernes 21 de agosto, el mercado “La Garza”, ubicado en la avenida 7 y calle 11 de Córdoba, volvió a ser escenario de hechos sangrientos, luego de que un sujeto disparó contra una pareja de comerciantes, que se encontraban en un local de venta de muñecos de peluche. Pamela Soto Moncada y Elías Yamil Hernández Hernández, de 19 años, se estaban en el local 53, donde fueron sorprendidos por el agresor, quien llegó y sin mediar palabra les disparó. Ella resultó una herida en el cuello y él con un impacto de bala en un brazo.
La Policía Estatal, que constantemente resguarda esa zona, acordonó la zona del atentado, y emprendió la búsqueda del presunto agresor, que se dio a la fuga en un taxi que lo esperaba sobre la avenida 7. Pamela, tras recibir atención médica, fue canalizada al Hospital Regional de Rio Blanco debido a que se complicó su estado de salud, ya que el balazo que presentó en la cabeza le causó una lesión medular, por lo que se encuentra en el área de terapia intensiva de dicho nosocomio, aparentemente con muerte cerebral.
EJECUTAN A ESPOSA Y MADRE DE LÍDER CAÑERO, EN CUITLÁHUAC
El pasado jueves 20, fueron asesinadas a balazos la esposa y la madre del presidente de la Unión Cañera Independiente (UCI) del ingenio San José de Abajo, Jesús Espinoza Guzmán, quien también resultó herido tras el ataque a manos de desconocidos, en la localidad La Luz, en Cuitláhuac.
Guzmán Espinoza se encontraba en su casa, ubicada en el kilómetro 33 de la carretera federal Córdoba- Veracruz, en el poblado La Luz, donde también estaba su esposa Miriam Morgado Espinosa y su madre Rosalina Guzmán Trejo, de 27 y 70 años respectivamente.
Hasta ese lugar llegaron varios sujetos con pistolas, en una camioneta Dodge-Dakota, color azul, y al ingresar a la casa dispararon contra el dirigente cañero y su familia, matando a su mujer y a su madre, mientras que él quedó herido de gravedad.
MATAN A PAREJA DE COLABORADOR DE ARTURO BERMÚDEZ ZURITA
En el fraccionamiento Los Encinos, del municipio de Fortín, fue asesinada de al menos quince puñaladas Marisol Merino Agustín, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del domingo.
Informes obtenidos indicaron que el cuerpo yacía en el interior de una vivienda, ubicada en la privada de la avenida 9 Oriente, entre calles 11 y 13, del referido lugar, donde fue hallado por la pareja de la víctima, Abelardo Bello Báez, de 47 años, colaborador de Secretaría de Seguridad Pública y además miembro activo de la fundación priista “Voces del Sol”, asentada en el mismo municipio.
Elementos de la Policía Estatal se trasladaron al lugar, donde encontraron a la joven asesinada, y al dialogar con vecinos, establecieron que la mujer sólo llegaba los fines de semana a ese lugar. Las autoridades guardaron hermetismo sobre el caso y bloquearon el paso en varias cuadras para impedir el paso de curiosos y reporteros, mientras el fiscal regional Ulises Limón Sánchez, apoyado con peritos criminalistas realizó las diligencias para ordenar el levantamiento del cuerpo.
DESDE HACE TRES AÑOS SE AGUDIZÓ EL FENÓMENO DE MUJERES ASESINADAS
Entre 2012 y 2014, al menos diez mujeres fueron asesinadas en Córdoba y la región, algunas de ellas -según las autoridades- ultimadas a manos de asesinos seriales, quienes aparentemente ya fueron capturados; sin embargo, otros casos como el de una estudiante de 16 años no han tenido avances.
Reportes, señalan que la incidencia empezó a manifestarse desde el año 2012.
El 22 de abril de ese año, en Córdoba, un grupo de cortadores de caña encontraron los cuerpos de 2 mujeres calcinadas, en estado de descomposición y que habían sido ahorcadas con agujetas de zapatos. Los restos se hallaban en medio de un cañal que se ubica a orillas del camino vecinal que comunica a la colonia Los Electricistas, cerca del panteón de municipal.
Las mujeres eran de entre 20 y 25 años, las cuales fueron desnudadas por los asesinos, quienes se presume las estrangularon con un par de cabetes; también se estableció que las víctimas estuvieron conviviendo con los sujetos.
Aun cuando se informó que las mujeres nunca fueron identificadas y tuvieron que ser enviadas a la fosa común, se logró saber que uno de los cuerpos era el de Jessica Morales García.
Ambas fueron interceptadas por dos individuos que viajaban en motocicletas, los cuales las sometieron y llevaron a los cañales, donde las golpearon, las violaron y después las quemaron, según el expediente 568/2012.
Otra víctima fue Fernanda Paola Velázquez Martínez, de 15 años, y con domicilio en la colonia Santa Cruz Buenavista, quien el 3 de mayo de ese mismo año, fue encontrada muerta, con medio cuerpo dentro de una bolsa, ultrajada y ahorcada, entre los surcos de un cañal, en Trapiche Viejo, cerca de la congregación La Toma, municipio de Amatlán. Un día antes, ella había ido con varios de sus compañeros de la escuela a la feria de Amatlán, pero de regreso fue interceptada por desconocidos, quienes la sometieron, para introducirla a un cañal, donde la violaron, golpearon y estrangularon.
El 9 de agosto del mismo 2012, fue asesinada la sirvienta Lorena Tinoco Martínez, de 26 años, y vivía en la cabecera municipal de Naranjal, desde donde diariamente viajaba a Córdoba, para laborar en una casa del fraccionamiento Villa Verde.
Por la noche de ese día, la mujer pasaba a pie por el camino que conduce al panteón, para abordar su autobús, pero fue interceptada por sujetos desconocidos, que iban en una motocicleta, quienes la sometieron e introdujeron a un cañal para abusar de ella y posteriormente matarla. Su cuerpo fue localizado al día siguiente por sus familiares, quienes ya la andaban buscando, y exigieron justicia dentro del expediente 1092/2012.
Esta historia de crímenes de mujeres, prosiguió el 11 de abril 2014, con el asesinato del ama de casa Liliana Aguilar Sánchez, de 32 años, y que al igual que Lorena también era vecina de Naranjal; su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo de más de 15 metros de profundidad, en el paraje conocido como “La Pochota”, ubicado entre Córdoba y Amatlán.
Esta ama de casa fue interceptada días antes por desconocidos, cuando viajaba en su Volkswagen de color verde, en el camino de terracería San Miguelito-La Pochota. Ella viajó de Naranjal a Córdoba, para dejar a su esposo en el ingenio San Miguelito.
Tras haber sido despojada de su vehículo, fue golpeada y violada por 2 motociclistas; se estableció que aún con vida fue tirada al pozo, donde sus plagiarios también le arrojaron piedras para provocarle la muerte y evitar su localización, según la carpeta de investigación 1383/2014.
Asimismo, el 24 de febrero del 2014, la lista de mujeres asesinadas en la zona centro se incrementó con el doble crimen de la pareja formada por Arturo Jácome Navarro, mecánico, de 36 años, vecino de Jardines del Sur, e Isabel Flores Tepole, de 31 años, vecina de la colonia Antorchista. Ellos desaparecieron un día antes y después aparecieron estrangulados con su ropa, indica la carpeta de investigación 684/2014; la pareja también fue interceptada y victimada por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Posteriormente, fueron detenidos los presuntos responsables de esos crímenes, que aún permanecen presos en el penal de La Toma.
Un mes después, en Potrero Nuevo, Atoyac, fue asesinada la jovencita Anahí López Flores, de 16 años, cuyo cuerpo apareció horas después en un predio, al respaldo de la comandancia municipal, con la ropa desgarrada y ya sin ojos. Por este caso, que causó indignación de familiares y conocidos de la menor, las autoridades anunciaron el 30 de diciembre la detención de un joven de 25 años, al que se le atribuyó la autoría del crimen, debido a las pruebas que fueron halladas en su contra, dándose a conocer que el responsable era pareja sentimental de la menor, aun cuando sus familiares días antes negaron que tuviera alguna relación.
El 11 de octubre pasado, una mujer ejecutada y en avanzado estado de putrefacción, fue encontrada en una vereda entre cañales en el kilómetro 41+500 de la carretera federal Córdoba-Veracruz, en el municipio de Cuitláhuac; presentaba al menos cinco disparos en varias partes del cuerpo.
Era una mujer de aproximadamente 35 años que estaba maniatada, vendada de la cara y en avanzado estado de descomposición, por lo que se determinó que al menos eran de dos a tres días los que llevaba muerta. Portaba un pantalón de mezclilla color azul y blusa café o blanca que le cubría el pecho, pero no tenía zapatos.
EN JUNIO SE CUMPLIÓ UN AÑO DEL CRIMEN DE ABIGAIL
Abigail Bautista Luna, de 15 años, fue asesinada el 27 de junio del año pasado, antes de irse a la escuela; el crimen lo cometió su vecino, el albañil de nombre José Alfredo Tepepa García, de 42 años, quien sigue siendo buscado por las autoridades en varios municipios de la zona centro, mediante volantes donde se ofrece una recompensa de 1 millón de pesos para quien lo delate, esto, ante las manifestaciones que hicieron los familiares de la víctima.
El pasado mes de junio, al cumplirse un año de los hechos, unos 2 mil integrantes de la organización Antorcha Campesina, asentados en la colonia del mismo nombre, donde habitaba la víctima con su abuela, se manifestaron para exigir justicia.
Janeth García Cruz, dirigente regional del Movimiento Antorcha Campesina, se quejó que “de la Procuraduría de Justicia vemos lentitud, sólo se tiene la palabra de Luis Ángel Bravo de que van a agarrarlo, pero nuestra preocupación es que anda libre, sigue haciendo daño e incluso amenazando a otras jovencitas”.
“El procurador nos dio su palabra, él lo dijo: Les prometo que vamos a agarrar a ese chacal’. Nosotros ya elaboramos 20 mil volantes con la imagen del responsable y vamos a seguir presionando a las autoridades para que se haga justicia” aseguró la también ex regidora priista.
REPUDIO POR FEMINICIDIOS EN LA ZONA CENTRO
La asociación “Mujeres con Derechos Córdoba, A.C.” lamentó que la ola de violencia que se gesta en la zona esté arrastrando a varias mujeres, algunas de las cuales han sido asesinadas y otras gravemente lesionadas en distintas circunstancias.
Margarita Moreno Castro, presidenta de la asociación que aglutina a unas 3 mil mujeres de varios municipios de la zona centro, pidió al gobierno estatal que en lugar de seguir expidiendo leyes de protección a la mujer, se apliquen las ya existentes; pero además, señaló que es necesario abatir la corrupción que se da en los distintos niveles de procuración e impartición de justicia, lo que orilla que muchas mujeres víctimas del delito, o sus familiares, guarden silencio y los casos queden en el anonimato.
Desafortunadamente, dijo, “el problema sigue siendo preocupante, la cámara de diputados tiene una nueva ley de protección para la mujer, pero a mí me gustaría proponerle al gobernador –Javier Duarte de Ochoa- que más que expedir una nueva ley, se apliquen las que ya existen, necesitamos una impartición de justicia pronta y expedita”.
Criticó que en casos de violencia las amenazas no procedan, ”las mujeres llegan a la subprocuraduría a denunciar amenazas y les dicen que no proceden, -los funcionarios- quieren ver a las mujeres golpeadas para que después todos hagamos alarde de la muerte de esas mujeres. Aquí lo que hay que ver es la intervención de las autoridades, la no corrupción porque hay mucha corrupción, en la aplicación de la justicia hay mucha lentitud, hay mujeres que dicen que no denuncian porque delante de su caso hay muchos más, por lo que tienen que desistir e irse”.
Consideró que “por situaciones como esta es que se cometen feminicidios por donde quiera, aparte falta lo que no vemos, lo que se determina como otro tipo de asesinato”.
Admitió que “tenemos muchos casos que son atendidos psicológicamente y jurídicamente, las víctimas no quieren denunciar por temor a represalias, por la carencia de un abogado y de dinero, es una serie de situaciones que impide tener estadísticas reales porque se ocultan muchas cosas”.
Precisó que en la asociación, se ha atendido a familiares de víctimas muy cercanas de víctimas de secuestros, de asesinatos de mujeres, pacientes que son atendidos en el área de psicología, por el trauma que esto representa.
Por eso, instó a la ciudadanía que denuncie cualquier indicio de agresión contra las mujeres, para que las autoridades apliquen la justicia.
También; aceptó que como asociación están valorando pronunciarse contra la violencia, aunque los familiares no quieren hablar porque tienen miedo; “pero lo que está sucediendo es preocupante y lamentable, las mujeres nos sentimos desamparadas”.
Por: Redacción (@ProyectoDiez)*
26 de agosto 2015.- Miembros de la comunidad académica y estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) –sede Los Belenes– se reunieron para exigir la aparición de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa, a once meses de lo ocurrido, y para pedir justicia por el asesinato de tres de ellos, además del esclarecimiento de la muerte del estudiante del Centro Universitario de los Lagos (CULagos) en Guanajuato el año pasado; en una ceremonia previa a la reinstalación de mantas con las imágenes de los desaparecidos y los fallecidos alrededor de la reja perimetral del núcleo universitario.
Las fotografías, a la par de mantas con la leyenda “Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comunidad CUCSH con Ayotzinapa”, estuvieron ubicadas de manera previa al periodo vacacional alrededor del núcleo Los Belenes, pero fueron retiradas para darles mantenimiento.
La ceremonia de reinstalación tuvo lugar en la explanada Las Banderas del centro y fue encabezada por el doctor Francisco de Jesús Aceves González, profesor del Departamento de Estudios de la Comunicación Social.
“No nos hemos cansado de exigir justicia, tampoco hemos superado la desaparición de los normalistas”, expresó el académico, quien posteriormente indicó a 47 de los presentes que formaran un círculo y sostuvieran al frente una de las fotografías de los muertos y desaparecidos.
“Nos solidarizamos con las familias de las personas asesinadas y desaparecidas. Reclamamos el apoyo del gobierno, el esclarecimiento de los hechos y un freno a la violencia y a la impunidad que favorezcan la impartición de justicia en el caso de Ayotzinapa. Demandamos también respuestas verosímiles sobre el caso. No queremos más mentiras ni verdades a medias”, expresó Ángela Flores Urdiales, estudiante de la licenciatura de Comunicación Pública, quien leyó un pronunciamiento.
La estudiante expresó su desdén en nombre de todos sus compañeros por el tratamiento trivial que algunos medios le han dado a los crímenes cometidos en Guerrero y otros estados de la república.
“Demandamos, por lo anterior, la digna información por parte de todos los medios de comunicación y su democratización”.
José Santos, alumno de la Escuela de Artes Plásticas resaltó la necesidad de sustituir el estado neoliberal para dar un nuevo rumbo a la patria mexicana que no sea el de la dependencia.
Después de los discursos se procedió a pasar lista de los 43 estudiantes desaparecidos y los tres normalistas fallecidos, más el estudiante de la UdeG encontrado muerto en Guanajuato. Luego, se colocaron las fotografías alrededor de la barda del CUCSH Belenes.
*Nota publicada en la Coordinación General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara.
http://www.proyectodiez.mx/estudiantes-de-la-udeg-reinstalan-fotos-de-normalistas-de-ayotzinapa/
Morelia, Mich., a 26 de agosto de 2014.- El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) pidió hoy a la delegada en Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Talía Coria Mendoza, cancelar el proyecto Segunda Etapa del Libramiento Sur, tramo Ramal Camelinas debido a que la obra viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De acuerdo con un comunicado, en una misiva firmada por Carlos Olivares Ledezma y Hugo Salas Fontana, el MCDL pide a la delegada de la Profepa “responda con puntualidad la denuncia presentada y se actué conforme a derecho”.
En la misiva se indica que el MCDL presentó “denuncias formales ante esta Procuraduría, las cuales no han sido debidamente investigadas, además de la nuestra, se sumó la denuncia del secretario de Urbanismo y Medio Ambiente con número de procedimiento administrativo PFPA/22.3/2C.27.5/00028-15, instaurado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, correspondiente a la obra civil que se ejecuta en la Loma de Santa María, obra Ramal Camelinas del Libramiento Sur, en el Municipio de Morelia”.
Según el texto, la obra invade actualmente el poligono del Área Natural Protegida de la loma de Santa María y Depresiones Aledañas violando la Ley General del Eequilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, que establece claramente la cancelación “de cualquier obra que invada un polígono protegido”.
El MCDL recordó en el oficio que en la zona habitan más de mil 100 especies de flora y fauna, de las cuales 2 se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, como la Tilia mexicana (Sirimo).
“En el grupo de las aves el Melanerpes formicivorus y Buteo jamaicensis se encuentran en la categoría de protección especial, el Bubo virginianus se encuentra amenazado. Entre las especies que nos preocupa más se encuentra la salamandra de arroyo michoacana (Ambystoma ordinarium) endémica y con carácter de especie protegida en peligro de extinción, con un poco más de 100 ejemplares viviendo en el Rio Chiquito”, agregó el MCDL.
“La loma de Santa María en Morelia es una zona de importancia, con historia y vestigios de la misma, con riqueza natural, regula el clima, dota al manto acuífero de la ciudad en un 40%, una flora y fauna diversa, con hermosos paisajes, espacio de recreo y esparcimiento social. Los grupos de desarrolladores urbanos, llevan años de colaboración gubernamental, en su intento de destruir o como ellos le llaman “desarrollar” la zona. Es evidente la manera como se ve la zona desde la perspectiva de la sociedad, contrariamente a como lo ven los inversionistas, esto ha generado un conflicto”, reiteró el MCDL en su misiva.
“Sin otro particular, reciba un cordial saludo esperando que la naturaleza y los ciudadanos de Morelia reciban el cobijo de la justicia, confiamos en que su defensa a los animales continúe como delegada de PROFEPA”, concluyó el MCDL.
Salva la Loma no se opone al desarrollo o a la construcción de nuevas vialidades que conecten a la Loma de Santa María; con lo que no está de acuerdo es que en aras de un costoso proyecto, que solo responde al interés de unos cuantos, se afecten cientos de hectáreas naturales que representan el pulmón y la fuente de recursos acuíferos de miles de morelianos.
Rafael Camacho/Códice Informativo
Instalarán un campamento permanente frente a los juzgados federales
Ante la falta de apertura al diálogo tanto de las autoridades educativas estatales como federales, el próximo viernes continuarán con las manifestaciones, campamentos y hasta eventuales paros contra la Reforma Educativa, advirtió Rosa María Córdoba, maestra vocera de los maestros.
En entrevista, anticipó que desde las 9:00 horas del viernes 28 de agosto, planean montar un campamento permanente frente a los juzgados federales, que se ubican a un costado de la nueva casa legislativa, con el objetivo de exigir una respuesta al gobierno federal sobre la reforma.
“Es muy probable que estemos movilizándonos nuevamente para el viernes, con las escuelas que no se movilizaron en es tos días, vamos instalarnos en campamento afuera de los juzgados federales, muy cerca de donde esta el congreso, ahí tenemos una actividad el viernes“, anotó.
La docente confirmó que este miércoles volvieron a la normalidad las clases en todos los planteles de educación básica en el estado, tras sumarse al plantón nacional contra la Reforma Educativa, sin embargo, reitero que el viernes habrá nuevas movilizaciones en los 18 municipios de la entidad durante todo el día, comenzando desde temprano.
Ciudad del Carmen, Camp. Unos 300 obreros en activo de Oceanografía se sumaron este martes a medio centenar de ex trabajadores, que desde hace 100 días se encuentran en plantón frente a las oficinas de esa empresa para exigir el pago de sus liquidaciones, y bloquearon durante dos horas los accesos al puerto pesquero Isla de Tris, antes Laguna Azul, de Ciudad del Carmen.
De acuerdo con los manifestantes, en total son 800 obreros en activo que exigen el pago de tres quincenas atrasadas y los 3 mil que fueron despedidos exigen el pago de sus liquidaciones. El cierre parcial del puerto Isla de Tris en sus accesos 3 y 4 ocasionó caos vial y problemas para ingresar a esa central marítima, de donde se despacha diariamente a cientos de trabajadores que laboran en las plataformas de Pemex.
“De aquí no nos movemos”, decían los obreros, quienes ante el rumor de que llegarían policías antimotines optaron por retirarse, aunque advirtieron que regresarán a realizar protestas más severas si no pagan las tres quincenas atrasadas que les deben a los en activo.
Señalaron que los ejecutivos de Oceanografía no dicen nada acerca de sus salarios y liquidaciones, permanecen callados e indiferentes y ya no tienen para el sustento de sus familias.
Los manifestantes sacaron pancartas como: ”SAE, personal activo, te exigimos el sueldo de nuestras quincenas atrasadas”, “Lic., Alfonso Maza Urueta, Administrador General de Oceanografía, Su familia come, la de nosotros también”, “Exigimos nuestra liquidación”, “Lic. Alfonso Maza Urueta, exigimos una respuesta del pago de nuestros sueldos atrasados”.
Ayer cumplieron 100 días de plantón frente a las oficinas de la empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna, y a la fecha, dijeron, nadie los atiende.
Compañías contratadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) ya están haciendo la contratación de indígenas popolucas de la sierra de Santa Marta para que colaboren en las labores de búsqueda de hidrocarburo en esa zona, mediante el procedimiento del fracking, aunque a cada ejidatario le quitarán una hectárea para hacer pruebas de exploración profunda, usufructuando de manera “ilegal e irracional” el agua del arroyo Soteapan y Naranjal y los ríos Huazuntlán y Tezizapan, que surten a la presa Yuribia, sostuvo el dirigente de los Pueblos Indígenas de la Sierra de Soteapan, Fidencio Fernández Carrera.
Hay que recordar que los trabajos de Pemex son desde Jesús Carranza, Uxpanapa, Hidalgotitlán, Minatitlán, San Juan Evangelista, Las Choapas, Playa Vicente, Texistepec, Jáltipan, Oteapan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Sayula, San Juan Evangelista, Xochiapa, Playa Vicente, Juan Rodríguez Clara, Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Tatahuicapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Isla, Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Chinameca, Soconusco y Zaragoza.
Pero es en los municipios que integran la sierra de Santa Marta en donde ya Pemex ofrece trabajo, para que de esta manera los campesinos o ejidatarios no protesten por la explotación de los recursos naturales, porque se los ofrecen para todos, “entonces una familia se emociona que todos los hombres tendrán trabajo, lo que no se ponen a pensar que esto será temporal y después de qué van a vivir”, sostuvo Fernández Carrera.
El dirigente de Pueblos Indígenas de la Sierra de Soteapan consideró que los están empleando porque al final serán despojados de sus tierras, en caso de que encuentren petróleo, lo que quieren es que la gente esté de acuerdo.
Así fácilmente a cada ejidatario le quitarán una hectárea, las empresas que se harán las pruebas de exploración profunda, usufructuando de manera ilegal e irracional del agua del arroyo Soteapan, Naranjal y los ríos Huazuntlán y Tezizapan, que desembocan en la presa Yuribia.
Además, Pemex realiza trazos en ejidos que tienen acceso directo a energía eléctrica y agua, para que el procedimiento no se complique en tiempo y costos, sobre todo, en Ocozotepec, Buena Vista, Morelos, Las Palomas Colonia Nueva, Colonia Vieja, Florida, del municipio de Soteapan.
La Jornada
“A simple vista y por el olor que presenta el agua que se suministra de la presa El Realito, se puede afirmar que esa agua no es apta para el consumo humano”, señaló Agustin de la Rosa Charcas, especialista en temas del agua.
Quiero pensar, agregó, que los técnicos de Interapas tienen los exámenes de calidad del agua que se está suministrando y en base en ellos está fijando su postura de no aceptarla. Esa es una postura correcta, ya que la empresa encargada se comprometió a entregar agua potable apta para el consumo humano.
Afirmó que la empresa Aguas El Realito, SA de CV deberá responder ante la falta de cumplimiento del contrato, pues al respecto la Comisión del Agua del Congreso local ya ha hecho sus pronunciamientos al respecto. “Las medidas de sanción se deben aplicar en automático cuando no se cumplen los términos del contrato, pero lo que el Congreso debe exigir a la CEA es que se aplique en su responsabilidad de exigir que esa empresa concesionaria entregue agua que cumpla con las normas vigentes”.
Afirmó que “ese proyecto simplemente no debió hacerse. La Comisión Nacional del Agua hace varios años realizaron uno aguas arriba de donde se construyó la presa El Realito; en ese proyecto se consideró que no era viable desde el punto de vista costo-beneficio, por lo que nunca se impulsó la construcción de la obra. Años después con el gobierno de Vicente Fox y Marcelo de los Santos, se retomó el proyecto con un acuerdo leonino para el Estado de San Luis Potosí, ya que el proyecto lo hicieron los técnicos del agua de Guanajuato y se acordó que el agua que se captara en la presa se distribuiría la mitad del volumen para cada Estado. Esto es, el área de influencia que abarca la cuenca de captación del agua fluvial es en más de un 80% territorio potosino”.
También aseveró que el poco volumen que se estará trayendo de la presa El Realito es muy costoso, además de ser agua contaminada. Por otro lado, aseguró que “es una política irracional hacer una inversión de varios miles de millones de pesos en esa obra y su proyecto, para traer agua e inyectarla a una red que se encuentra dañada y que por esta razón genera un desperdicio de agua de un 50 por ciento”.
http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/presa-el-realito-jamas-fue-un-proyecto-viable-de-la-rosa/
Fabiola Xicotencatl
Se notificó al gobierno de Tabasco que la OEA inició de oficio una indagatoria sobre la balacera que costó la vida a tres policías y cinco asaltantes, reveló el Fiscal Valenzuela.
VILLAHERMOSA, 25 de agosto.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington (CIDH), inició por oficio una investigación sobre la balacera del pasado 14 de agosto en Villahermosa, que costó la vida a tres policías y cinco asaltantes.
El Fiscal General de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, reveló que la Cancillería mexicana notificó al gobierno estatal que el organismo internacional de la defensa de los derechos humanos, que lleva a cabo una indagatoria de oficio por la polémica generada por las fotografías que han circulado en redes sociales sobre una presunta ejecución de dos de los supuestos integrantes de la banda de asaltantes.
En un primer plano, una pareja, un hombre y una mujer, aparentemente dos delincuentes que más tarde fueron identificados como Sagrario Negrete Marín y Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, -ella una bailarina y él un mesero del bar La Doña-, aparecen vivos, con golpes y contusiones, en la batea de una patrulla de policía. En la otra toma ambos aparecen muertos, tirados en un paraje solitario con el rostro desfigurado.
Y desde entonces se ha especulado una supuesta ejecución, luego de su captura.
Valenzuela Pernas refirió que el organismo dependiente de la OEA, le ha dado al gobierno de Tabasco 20 días para notificarle del avance que se tenga de las diligencias e indagatoria del caso.
” Por conducto de la Cancillería mexicana, ayer nos notifica que están enterados de los hechos y nos piden el esclarecimiento por lo que hace estas dos personas, el caso de Sagrario y Tadeo, que se esclarezcan los hechos, que fue motivo por la cual nosotros de manera oficiosa habíamos iniciado la averiguación previa”, detalló.
El Fiscal General dijo que “la necropsia concluyó”.
No puedo, por supuesto dar los detalles, ha habido mucha desinformación, en algunos medios se ha especulado, hemos cuidado al extremo nosotros la información, porque vamos, para poder colaborar con la PGR y con Campeche debemos ser muy respetuosos en el sigilo de la misma, explicó.
Puntualizó que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “a partir del lunes dieron constancia de los avances que hasta ese momento se llevaba de las averiguaciones previas; nos emitió unas medidas medias, en el cual en el tiempo transcurrido ayer tengo entendido que se debió de haber notificado para implementarse a partir de hoy, una de ellas consistía en la protección a las familias de los occisos por parte de los elementos de la SSP”.
Indicó que se ha pedido el apoyo de la Fiscalía de Campeche, “porque allá recién adquirieron el sistema en balística y a partir de mañana esperamos ya poder tener todo concluido y a la PGR directamente a nivel central, directamente en la Dirección General de Servicios Periciales, vamos a trabajar con ellos todo lo que es la criminalística.
Es decir, vamos a trabajar con ellos, lo que es la mecánica de hechos; importante también tener muy claro la trayectoria en la relación de víctima-victimario, el tipo de armas que se emplearon, las instancias, las trayectorias, las entradas y salidas, para poder tener al final, criminalísticamente hablando, pericialmente hablando, a quiénes son los que empezaremos a llamar a declarar en la SSP”, abundó.
Karen Munguía/Códice Informativo
Rosa María Córdoba, maestra vocera de los docentes, aseguró que no fueron solo 17 escuelas en Querétaro las que hicieron paro el lunes pasado.
La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq) miente cuando afirma que sólo fueron 17 escuelas en paro a nivel estatal, siendo que al menos el lunes se contabilizaron de manera preliminar cerca de 500 escuelas sin labores, aseveró Rosa María Córdoba, maestra vocera de los docentes.
En entrevista, lamentó que una vez más la autoridad este maquillando las cifras para minimizar esta serie de movilizaciones del magisterio queretano, que organiza para emitir su negativa en contra de la Reforma Educativa; y es que tan sólo se contabilizaron escuelas con paro de labores en nueve municipios.
Lo anterior, luego de que la Usebeq informó a través del departamento de comunicación social, que el lunes se había registrado paro de labores en sólo 17 escuelas de educación básica en el estado, en las que 163 maestros decidieron no trabajar y afectar a aproximadamente 5 mil 783 alumnos del sistema educativo.
“Hubo paro en Huimilpan, hubo escuelas en paro en El Marqués, hubo escuelas en paro, cuando le estoy hablando de la sierra, le estoy hablando de los tres municipios, la región 3 es para nosotros es la zona serrana que incluye Jalpan, Landa y Pinal, entonces en los tres municipios hubo paro, toda la región de Tolimán, San Juan del Río, hubo una importante cantidad de escuelas en San Juan del Río”, explicó.
La maestra puntualizó que entre Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros sumaron cerca de 100 escuelas en paro de labores, en Tequisquiapan no hubo clases en ninguna primaria ni el 70 por ciento de los preescolares, mientras que en San Juan del Río y Tolimán hubo otro importante número de escuelas que se sumaron al paro nacional.
Hasta las 16:00 horas de este martes, indicó que no tenía el dato de cuántas escuelas se sumaron o continuaron en paro, considerando que la mayoría de las instituciones optó por hacer paro de 24 horas y las menos de 48 horas, lo que significa que la mayoría de las que no abrieron el lunes si lo hicieron este día y las que si tuvieron clases ayer, no abrieron este martes.
Finalmente, comentó que esta serie de movilizaciones y expresiones no han ayudado en lo absoluto para abrirse puertas con las autoridades, siendo que hasta el momento no los han recibido ni autoridades federales ni estatales para entablar alguna mesa de diálogo, contrario a lo que han logrado con los padres de familia, en quienes encontraron muestras de apoyo contra la Reforma Educativa.
Viviana Estrella/La Silla Rota
Activistas denunciaron que el joven fue brutalmente golpeado por homofobia, por lo que exigió que el hecho sea investigado
QUERÉTARO (La Silla Rota).- Un hombre fue agredido, lastimándole los genitales y dejando un mensaje en su cuerpo, denunció el presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez.
A través de un comunicado de prensa, el activista denunció que el joven “fue brutalmente golpeado por tema de homofobia”, por lo que exigió que el hecho sea investigado, se identifiquen los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes.
En la misiva refiere que “está agresión es parte de las consecuencias que generan las acciones y mensajes de grupos conservadores y religiosos fundamentalistas basados en el prejuicio y la ignorancia en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo”.
En este contexto, el activista hizo un llamado al titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Arsenio Duran Becerra, para que en Querétaro se implemente un protocolo para atender casos en contra de la comunidad de diversidad sexual.
Refirió que a esta agresión se añade la que ocurriera en junio del año en curso, cuando otro joven fue agredido con un machete, por el mismo motivo.
“De acuerdo con cifras reveladas por el Comité Estatal contra la Discriminación en Querétaro desde 1995 a 2007 hay un registro de 50 casos de homicidios por homofobia en la entidad, pero se estima que dicha cantidad puede cuadriplicarse ya que se estima que de cada caso denunciado cuatro que no se denuncian” refiere en el comunicado.
En junio del año en curso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentó la cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, mediante la cual se prevé difundir los derechos y medidas de acción para la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI)
maaz
http://lasillarota.com/denuncian-agresion-por-homofobia-en-queretaro#.VvXf6NLhDUJ
México, D.F. a 25 de agosto de 2015.- El pasado 22 de agosto, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, amenazó al periodista Ezequiel Flores, al mismo tiempo que realizó declaraciones que denostan su labor informativa.
El reportero de la revista Proceso ha dado cobertura a los posibles actos de corrupción que involucran directamente a Ortega Martínez. De acuerdo con las publicaciones, el gobernador supuestamente exigió 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario. Además, Flores publicó que en la nómina del gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Guerrero supuestamente figuran los salarios de familiares del dirigente estatal.
Al ser cuestionado sobre estos hechos, el gobernador respondió: “A Cheque (Ezequiel), le va a seguir creciendo la nariz por ‘pinochillo’ y su hermano Erwin le va a venir a jalar los pies en la noche y le va a decir ‘Mentirosillo, mentirosillo, ya te pasaste’”.
Además, Ortega Martínez publicó en su cuenta de Twitter que demandaría al periodista. A la fecha no ha recibido ningún documento, como le ocurrió en 2014 cuando presuntos agentes del Ministerio Público Militar (MP) acudieron al domicilio del periodista para entregarle un supuesto citatorio de comparecencia.
Gobernador de Guerrero amenaza con demandar a periodista que publicó supuestos actos de corrupción
por Silvia Nuñez Hernández
Jorge Sánchez Ordoñez, es un joven que reside en el municipio de Medellín de Bravo, a quien le cambiaron la vida en un segundo el día 02 de enero del 2015 cuando sustrajeron con lujo de violencia de su vivienda a su padre, quien en vida se llamó Moisés Sánchez Cerezo. 23 días después, en ese entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, a través de un escueto boletín de prensa, notificaba sobre el hallazgo del cuerpo del fotoperiodista, arrojado en un sendero ubicado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.
Desde ese momento, el dolor no tan sólo se pintó en el rostro de su esposa e hijo de Moisés Sánchez Cerezo, el asesinato trastocó las fibras más sensibles y profundas de la prensa local, nacional e internacional, quien exigió y ha exigido el esclarecimiento de este falaz homicidio. Sánchez Cerezo se convirtió en el periodista número 12, pero el primero del año 2015. A siete meses de su asesinato, la hoy Fiscalía General de Veracruz (FGE) no ha hecho absolutamente nada. Qué decir del elefante blanco del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión? (Feadle) regulada por la Procuraduría General de la República (PGR), la cual, se negó a considerar siquiera el homicidio por argumentando que era un taxista.
Pero a siete meses de su asesinato, su hijo, Jorge Sánchez Ordoñez continua honrado su memoria, haciendo un gran y literal esfuerzo de continuar su legado, el cual le dejó no tan sólo a él, sino a los habitantes de su comunidad, Medellín de Bravo donde vivió sus últimos años de vida el periodista.
Con su periódico bajo del brazo, arribó el día de ayer a la ciudad capital de Veracruz, para mostrar ante a los medios de comunicación la segunda edición de “La Unión” La Voz de Medellín. Un ejemplar tipo tabloide, con interesantes aportaciones tanto de periodistas como de fotógrafos más reconocidos en el estado de Veracruz.
A siete meses de su asesinato, vemos un Jorge Sánchez más contundente, tranquilo, mesurado en sus acciones, pero decisivo en sus declaraciones cuando se trata de exigir al gobierno de Javier Duarte de Ochoa que deje a un lado la omisión, la impunidad y también dejar de solapar a los verdaderos asesinos de su padre.
En esa presentación, también se pudo escuchar tanto el nombre de Rubén Espinosa Becerril y de Nadia Vera Pérez, a quienes la muerte los persiguió hasta el Distrito Federal para ser brutalmente asesinados, no antes de infringirles el más profundo dolor, producto de las evidentes frustraciones de quienes ordenaron su asesinato. La prensa crítica llora y continuará llorando la rabia de estos cobardes asesinatos. El problema, es que esa rabia ha viajado a los corazones de muchos otros periodistas situados en diferentes partes del mundo, quienes no cesado de exigir que los verdaderos culpables y señalados por las propias víctimas, sean procesados.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal, tendrá que dejar atrás el circo y las calumnias que ha vertido utilizando sus pueriles medios de comunicación que operan a su merced, intentando pisotear la memoria tanto de Rubén Espinosa y Nadia Vera.
Las denuncias públicas del fotoperiodista y la activista social responsabilizando al gobierno de Javier Duarte de Ochoa no es un tema que se pueda soslayar y hacer a un lado. Se tomó la declaración tanto del gobernador como de su titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, quienes imaginamos que por su recurrente y natural forma de mentir, negarán todo tipo de acusación. Mancera Espinosa debe de atraer las declaraciones de todos y cada uno de los periodistas que mantenían contacto permanente con Rubén Espinosa y Nadia Vera, quienes seguramente darán pruebas fehacientes y bien documentadas sobre la situación prevaleciente en el estado que originaron que se exiliaran en el DF y que hayan sido asesinados.
La situación para el periodismo se ha encrudecido. Todos lo sabemos. Existe un literal hostigamiento en contra de quienes ejercen su derecho a informar. Las cosas en Veracruz siguen siendo las mismas y más cuando existen autoridades como las que mantiene Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera Espinosa, quienes se dedican a destruir a las víctimas y no atienden las verdaderas líneas de investigación las cuales conducen directamente a los asesinos materiales de los periodistas. El problema es que las autoridades saben desde un principio quienes son los verdaderos asesinos, saben que tienen etiqueta de la casa, por lo tanto, impiden a todo costa que las investigaciones conduzcan a ellos. La corrupción, la impunidad en la clase política es realmente alarmante.
Veracruz un edén para la delincuencia
La inseguridad en el estado de Veracruz es un hecho tan “natural” para las autoridades que ya las denuncias vertidas en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, en verdad no les produce ningún tipo de preocupación. ¿Qué pasará por la mente de Arturo Bermúdez Zurita? Pues en lo personal considero que ni le preocupa ni ocupa.
La corrupción indudablemente está matando a la gallina de los huevos de oro. Muchos ciudadanos al ver que no existe ningún tipo de garantía están tomando decisiones drásticas en su contexto mediato. Muchos empresarios están cerrando sus establecimientos para impedir con ello, que los delincuentes los visiten para exigir derecho de piso, otros tantos, están saliendo de sus viviendas para irse del estado a una entidad o país que ofrezcan mejores condiciones de vida.
Y mientras tanto, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa en vísperas de dejar su mandato, prefirió cavar un gran túnel –al estilo del Chapo Guzmán- para esconderse y evadir a la prensa. Los pocos eventos que mantiene, son absolutamente controlados para impedir el acceso de los medios de comunicación críticos y sólo permiten la entrada de periodistas que tengan en la frente pintado el logo de “Prensa Vendida”.
Mientras tanto la inseguridad sigue viento en popa. La columnista de sociales del rotativo Notiver, Nohemí Herrera López, a quien de cariño todos conocemos como Conny, fue objeto de un robo con violencia cuando metía su auto a su cochera. La balacera en la plaza comercial Nuevo Veracruz en donde si existieron personas asesinadas –pese al ocultamiento de esta información de parte de la FGE- y el secuestro de un camión de pasajeros foráneo en el kilómetro 140 en el tramo carretero Veracruz-Xalapa y en donde alarmante se sabe que no saben sobre las condiciones en las que se encuentran los pasajeros.
El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa después de muchos días de silencio ante el multihomicidio en la Narvarte dijo al oficialista Alejandro Cacho –contestando a los señalamientos que hizo Nadia Vera señalándolo a él como absoluto responsable de su seguridad-: “Nadia tiene razón, Alejandro. Yo soy el único responsable de la seguridad de los veracruzanos” Entonces me pregunto, ¿Por qué las autoridades no lo han procesado por el encubrimiento que el estado ha demostrado con relación a los múltiples robos, secuestros y asesinatos que se han originado en el estado de Veracruz? Pregunta.
http://plumaslibres.com.mx/articulo/en-memoria-de-moises-sanchez-fuera-de-foco/
Escrito por Heidi de León Gutiérrez
Diario Avanzada
Publicado: 24 Agosto 2015
Colima, México (24 de agosto de 2015).- Trabajadores de la Educación en Colima decidieron realizar un paro de labores en algunas de las escuelas de educación básica en protesta por la reforma educativa y la evaluación magisterial “que pone en riesgo la estabilidad laboral de los docentes”.
De acuerdo a la información del secretario general de la sección 6 del SNTE, Javier Pinto Torres, 18 planteles educativos son los que decidieron no iniciar el ciclo escolar este 24 de agosto.
Las escuelas entre preescolares, primarias y secundarias, se concentran principalmente en los municipios de Manzanillo y Tecomán, aunque también hay en la capital colimense.
En otros planteles, los trabajadores de la educación decidieron laborar bajo protesta y señalaron que en caso de que el gobierno de Colima no les pague las prestaciones que les debe, se irán a paro de labores.
Es la primera vez en el estado que se registra este tipo de acciones en el inicio del ciclo escolar.
La semana pasada AVANZADA informó que 800 trabajadores educativos, sobre todo adheridos a la sección 39 del SNTE fueron despedidos por falta de recursos económicos.
Además, las escuelas de tiempo completo, que pertenecen al estado, desaparecieron.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero emitió una alerta por la intimidación, robo y allanamiento a la vivienda que sufrió Miguel Ángel Zenón, defensor de Derechos Humanos, quien ha acompañando el proceso de defensa del territorio de San Francisco Xochicuautla.
En la alerta, difundida hoy a través en la página de internet del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se reporta que el pasado 17 de agosto mientras Miguel Ángel Zenón se encontraba en comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, Estado de México, le fue notificado por parte de sus vecinos en una llamada telefónica que fuera de su casa se encontraban dos policías antimotines observando su la puerta de su hogar que se encontraba deshabitado.
Cuando el defensor de derechos humanos volvió su casa tres días después, el 20 de agosto, se percató que dos de las chapas estaban forzadas y la puerta se encontraba atascada por el daño ocasionado por lo que no pudo acceder a sus vivienda.
Un día después, cuando Zenón pudo ingresar a su domicilio, se percató que sus pertenencias estaban revueltas. Además, identificaciones y documentos respecto a casos que llevaba a lo largo de años, habían desaparecido.
Por los hechos ocurridos, Miguel Ángel denunció a las autoridades correspondientes para que se iniciara una investigación previa, la cual quedó sentada bajo el número FCH/CUH-5/T2/05741/15-08.
Zenón es defensor de Derechos Humanos desde hace 25 años, ha trabajado en casos en todo el país pero sobre todo en el Estado de México, en esta entidad lleva su caso más reciente en el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla.
Por ello, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, manifestó su preocupación hacia los actos de intimidación, amenazas o agresiones que puedan configurarse contra el defensor, por lo que exigieron a las autoridades correspondientes que se realice una investigación exhaustiva de los hechos, además de que se garantice la protección en todo momento del “derecho a la privacidad, a la vida, a la integridad y a la libertad de Miguel Ángel”.
Pobladores de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en Lerma, Estado de México, que se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca (concesionada a una filial de Grupo Higa).
Rebeca Jiménez Jacinto
En once municipios mexiquenses se han registrado 19 feminicidios en lo que va del año, de enero al 19 de agosto, donde incluso, mujeres han fallecido por las agresiones de sus propios familiares.
De acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, este año es notorio el repunte en el número de muertes violentas contra mujeres en municipios como Chimalhuacán, con cuatro feminicidos, cuando en el mismo lapso del año pasado no se registraron decesos? en Nezahualcóyotl la cifra se incrementó de uno a tres y en Ecatepec se elevó de 3 a 4.
En 2014 el número de feminicidos registrados en estos once municipios mexiquenses fue de 27 mujeres, contra 19 registrados en menos de ocho meses, de acuerdo a la PGJEMM
El 31 de julio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, emitió formalmente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México.
El gobernador mexiquense Eruviel Avila Villegas manifestó su disposición para la divulgación de la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres? definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública? acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección, y para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas? la elaboración de Protocolos de Actuación y Reacción Policial? la creación de agrupaciones especializadas en género y de reacción inmediata? la recuperación de espacios públicos? la creación de un programa de cultura institucional para la igualdad y de unidades de género, que recomendó la Secretaría de Gobernación.
Naucalpan prepara policía especializada en violencia de género
Claudia Oyoque Ortiz, presidenta municipal de Naucalpan, informó que preparan un agrupamiento femenil de 30 elementos, especializado en atender casos de violencia de género, “aunque por experiencia sé, ya que fui directora del DIF, que a las mujeres les cuesta mucho trabajo acudir ante el Ministerio Público a denunciara sus agresores, prefieren comentarlo con el padre de la iglesia” o con algún líder social.
El DIF de Naucalpan recibe un promedio de 10 a 15 denuncias a la semana, de mujeres que han sido agredidas por sus parejas, padres, tíos, hermanos o vecinos.
Por ello este ayuntamiento abrió uno de los primeros albergues para mujeres en La Tolva, donde hay capacidad para dar habitación y comida a 20 mujeres, junto con sus hijos, que de forma emergente y ante agresiones que pongan en peligro su vida, pueden contar con esta opción de alojamiento, indicó la alcaldesa.
El Concejo Supremo, está encabezado por 14 comunidades y mantiene los principios orgánicos de ser apartidistas y de nunca negociar de forma individual.
Morelia, Michoacán.- La conformación del Concejo Supremo Indígena de Michoacán, la toma simultánea de carreteras estatales el próximo primero de septiembre, y un llamado a la Comunidad de Cherán para no impugnar la Ley de Cultura Indígena que apruebe el Congreso local y que fue consensada con 40 comunidades, son los acuerdos asumidos en el IX Foro Estatal Indígena.
En el encuentro celebrado el domingo en Caltzontzin, participaron Capacuaro, San Lorenzo, Urapicho, Ario de Rosales, Santa Fe de la Laguna, Tiríndaro, Angahuan, Uricho, Pichátaro, Turicato, Pamatácuaro, Santa Ana Zirosto, San Ángel Zurumucapio, Santa Cruz Tanaco, Zopoco, Cuanajo, Comachuen, Cocucho y Naranja de Tapia, mismas que suscriben el documento en donde se dan a conocer los resolutivos tomados.
En el documento se apunta que ante la indiferencia de las autoridades municipales y la indiferencia del gobierno estatal se determina la toma de carreteras para el día primero ?para luchar por la entrega y administración de presupuesto directo para las comunidades?.
Además se determina la creación del Concejo Supremo, mismo que está encabezado por 14 comunidades y que ?mantiene los principios orgánicos de ser apartidistas y de nunca negociar de forma individual, teniendo como eje, la lucha por la libre determinación y autonomía?.
A Cheran y su Concejo Mayor se les hace un llamado para que ?se sensibilicen con la lucha de las comunidades originarias por la entrega y administración de presupuesto directo, y no presenten ningún recurso jurídico en contra de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, toda vez que se encuentra avalada por más de 40 comunidades originarias y en ésta se establece la autodeterminación económica, entre otros derechos?.
También se manifiestan en contra de la privatización del agua y del actuar de la Profepa, y anuncian su respaldo a la decisión de las comunidades de la rivera del Lago de Pátzcuaro ?que no se van a registrar en la Sagarpa, así como en la Comisión de Pesca del Estado por su mal actuar y en base a su libre determinación?.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-262495
Elsa Ángeles Vera
Los periodistas temen que las agresiones se intensifiquen de cara a la elección de gobernador en 2016, pues no cuentan con herramientas legales para defenderse; para el gobierno estatal los ataques no son relevantes y no generan alarma
El proceso electoral de 2015 dejó en Hidalgo al menos tres periodistas agredidos. Las víctimas coincidieron en que la impunidad, la falta de investigación de los casos y de garantías para el ejercicio de su trabajo, así como la desunión del gremio para exigir seguridad y justicia son una constante en el estado.
Dos reporteros y un fotógrafo fueron agredidos por políticos y colaboradores de candidatos durante las campañas en el estado, donde se eligieron diputados federales el pasado 7 de junio.
Anselmo Estrada Alburquerque, periodista del diario Criterio Hidalgo, fue amenazado por parte de la diputada electa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria por denunciar irregularidades en su campaña.
Axel Chávez, reportero del mismo periódico, recibió amenazas de muerte como reacción a un reportaje sobre las propiedades de los dirigentes estatales de los partidos políticos.
El tercer agredido fue el fotorreportero Juan Manuel de la Rosa Witvrun, víctima de agresiones verbales y físicas por parte del equipo de campaña del ahora diputado electo del PRI, Alfredo Bejos.
El 2014, la organización Artículo 19 registró solo un caso de agresiones contra comunicadores hidalguenses, mientras que en el primer semestre de 2015 conoció dos casos, según su informe +Violencia + Silencio.
Sin embargo, para el secretario de gobierno estatal, Salvador Elguero Molina, las agresiones a periodistas en Hidalgo no son relevantes en cuanto a cantidad ni existe una situación que pueda generar alarma, pero el compromiso del gobierno es hacer todo lo que esté en su esfera de competencia para que esto se pueda prevenir.
El antecedente más importante de agresión a periodistas durante procesos electorales en el estado fue el caso de la corresponsal del diario Reforma, Verónica Jiménez Hernández, cuando en 2012 fue agredida por el equipo de campaña de la diputada federal del PRI, Mirna Hernández Morales.
La reportera fue detenida luego que militantes del PRI la acusaran de tomarles fotografías de propaganda para la campaña.
Verónica Jiménez levantó la denuncia y quedó asentada bajo el número 12/DAP/324/2012, pero fue presionada tanto por gobierno estatal como por el PRI para que otorgara el perdón a su agresor.
Organizaciones de periodistas y de defensa de mujeres emitieron un comunicado urgente donde exigían al gobierno del estado la protección y garantía del libre ejercicio de la libertad de expresión, realizar una investigación pronta y expedita de lo sucedido, garantizar una vida libre de violencia de las y los periodistas, y respetar el proceso democrático que se llevaba entonces.
A raíz de este acontecimiento, de manera apresurada, el Congreso local aprobó la Ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en el estado. A tres años de distancia, no tiene reglamento para su aplicación.
Ninguna de las víctimas de agresión durante el proceso electoral en junio de 2015 presentó su queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEH), ni el organismo condenó los hechos de manera pública.
Humberto Vieyra Alamilla, primer visitador de la CDHEH, dijo en entrevista que las agresiones contra periodistas, aún cuando no son graves, deben ser atendidas porque tienden a subir de tono, “hoy te miro mal, mañana te insulto, después te amenazo, luego te lo cumplo, te mando a golpear, cierro tu centro de trabajo, quito de circulación tu periódico, y al último te meto un balazo”.
El secretario de gobierno dijo en entrevista que deberá ponerse atención a las próximas elecciones en 2016, cuando se vote por gobernador, autoridades municipales y Congreso local, porque serán complejas e inéditas para el estado ya que por primera vez se elegirán todos los cargos, “y por todo lo que está en juego va a implicar mayor efervescencia”.
Alma Gudiño
7 detenidos hasta el momento; 307 personas fueron aseguradas, 78 menores y 229 adultos.
SALTILLO, COAH., 24 de agosto.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila ha obtenido 303 declaraciones de testigos ligados a la explotación de menores en dos predios El Pedregal y Santa Cruz, en el ejido Higo, del municipio de Ramos Arizpe.
Homero Ramos Gloria, procurador general de Justicia del Estado, dijo que se busca fincar la responsabilidad por trata de personas en su modalidad de explotación laboral, por lo que la investigación está integrada bajo este delito.
En la Sala de Juicios Orales del Centro de Justicia Penal, ubicado sobre la carretera a Torreón, en la colonia Saltillo 2000, de la capital del estado, se están desarrollando las audiencias que concluyen el día 28 de este mes, donde se dictará la sentencia definitiva.
Detalló que al momento hay siete detenidos, entre ellos el dueño de la empresa Prokarne, propietaria de los predios agrícolas donde fueron aseguradas, 307 personas, 78 menores, entre niños, niñas y adolescentes y 229 adultos.
Ramos Gloria, añadió que por la magnitud de la situación y por tratarse de menores se consignó la investigación por parte de la Procuraduría del Estado como ya se hizo, pero será el Juez quien determine lo conducente.
Al ser cuestionado sobre la penalidad que podrían alcanzar los imputados, prefirió no adelantarse ya que todo se encuentra en manos de los jueces.
Homero Ramos Gloria, dijo que Óscar Lozano Chávez, propietario de la empresa de Prokarne, hasta el momento no ha tramitado ningún amparo, como se ha ventilado en algunos medios locales.
Dejo en claro que en caso de que exista alguna otra conducta que determine algún delito, se hará lo correspondiente, sobre todo por tratarse de menores de edad.
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 24 de agosto de 2015, p. 33
Saltillo, Coah.
Autoridades estatales trasladaron a sus lugares de origen a 49 de los 78 menores de edad encontrados en dos campos agrícolas del municipio de Ramos Arizpe, donde eran explotados por la empresa ProKarne, cuyo propietario, Óscar Lozano Chávez, permanece detenido por trata de personas.
El secretario de Gobierno del estado, Víctor Zamora Rodríguez, explicó que en la coordinación de los viajes participaron brigadas de la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia (Pronnif), el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
También fueron trasladados 14 de los 228 adultos rescatados en los campos agrícolas Santa Cruz y El Pedregal tras la intervención de la Pronnif y de la CES en el ejido Estación Higo, en Ramos Arizpe, a unos 30 kilómetros de Saltillo.
Del total de los trasladados, 36 son de Veracruz, 24 de Hidalgo y tres de Tamaulipas.
Previamente se verificó la identidad de cada uno de los menores y adultos y se enviaron listas a las entidades de destino.
Según la Pronnif, el estado de salud de los menores es “óptimo” y cada uno recibió la liquidación de ley. Los autobuses en que viajan son escoltados por la policía investigadora de Coahuila, añadió.
La empresa ProKarne pagó las indemnizaciones estipuladas por la Secretaría del Trabajo en la entidad, que van de 11 mil a 18 mil pesos.
Por separado, el gobernador Rubén Moreira Valdez aseguró que la administración estatal está preocupada por la explotación laboral en ranchos de Coahuila.
Advirtió que continuarán las inspecciones en todo el estado para erradicar estas prácticas. “La actividad agropecuaria es importante para el estado, pero debe respetar los derechos humanos, no utilizar a menores y cumplir con el registro de trabajadores en el Seguro Social y con las normas de seguridad, higiene y protección civil”.
El resto de los menores y adultos jornaleros permanecerán en Saltillo hasta que les entreguen su liquidación.
Betty Zanolli Fabila
El Sol de México
De acuerdo con los Observatorios de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), existen actualmente en América Latina 208 conflictos mineros activos correspondientes a 218 proyectos atentatorios de 312 comunidades, de los cuales México ocupa el primer lugar con 36 conflictos en 17 estados de la Federación: Baja California Sur (BCS) en los municipios de Comondú, Ensenada, La Paz, San Antonio y Ensenada; Chiapas: Motozintla y Chicomuselo; Chihuahua: Huizopa; Coahuila: Ocampo; Colima: Zacualpan en Comala; Durango: Tlahualilo; Guerrero: Cocula; Jalisco: Tequetitlán; Michoacán: Aquila; Morelos: Miacatlán y Temixco; Oaxaca: Tlacolula, Ocotlá y, Santa María de Zaniza; Puebla: Tlatlauquitepec, Huehuetlán, Zautla y Tetela de Ocampo; Querétaro: Tolmán; San Luis Potosí: Real de Catorce y Cerro San Pedro; Sonora: Mulatos y Cananea; Veracruz: Alto Lucero y Zacatecas: Chalchihuites y Mazapil. De ellos, el de la Minera San Xavier que devastó el cerro San Pedro en territorio potosino es de los más antiguos y el del proyecto Don Diego en BCS, de los más recientes. Este último en particular, otro caso igual e inéditamente escandaloso de afectación al subsuelo y vida marina sudbajacalifornianos como el de Los Cardones y que constituiría el primero en el mundo de Minería submarina, ya que para obtener 350 millones de toneladas de arena fosfática a lo largo de 50 años, en una superficie de 91 mil hectáreas, se pretende dragar a el fondo marino del Golfo de Ulloa. Golfo que, de acuerdo con la Conabio, es una Región Marina Prioritaria por la diversidad de organismos que habitan su fondo marino (almejas, abulones y caracoles), zona crítica para la población de ballenas y tortugas amarillas o caguamas y punto esencial de cruce para dos corrientes de circulación oceánica. De ahí que uno se pregunte, azorado y horrorizado: ¿autorizará la Semarnat, que apenas el 10 de abril de 2015 la declaró Zona de Refugio Pesquero, que se drague su fondo submarino para obtener minerales, aún si ello implica la remoción de los organismos del hábitat, al tiempo que la suspensión de los sedimentos en la columna de agua alterará irreversiblemente la vida marina de la zona e impactará en el 40 por ciento de la actividad pesquera sudbajacaliforniana que se desarrolla en dicha área?Nos hacemos la pregunta porque la característica común que enluta a los distintos conflictos mineros es la complicidad de los tres órdenes de gobierno para apoyar los diversos proyectos de megaminería tóxica. De nada sirve que exista un Estado de Derecho, un marco constitucional y más de 2 mil declaraciones de “territorios libres de Minería tóxica”, si a lo largo de toda la República Mexicana las autoridades favorecen y legitiman dichos proyectos, como lo hacen a nivel federal la propia Semarnat y el Registro Agrario Nacional, ni qué decir de las autoridades locales en turno. Y lo peor: formalizados, no hay manera de revertir esta situación, no solo por los múltiples mecanismos instrumentados de intimidación; ante todo, por la impenetrabilidad del sistema político que impide cualquier acción contraria. Por ello no sorprende que un municipio como el colimense de Zacualpan -foco rojo por los abusos mineros y de despojo de agua, declarado por su asamblea comunal “territorio libre de Minería”- esté enclavado dentro de una entidad cuyo 44 por ciento de superficie está concesionada a la Minería, mientras el correspondiente al territorio nacional concesionado continúa acrecentándose escalofriantemente a través de las más sofisticadas prácticas de despojo y usurpación agrarias, implementadas lo mismo por la vía legal de la concesión con la anuencia de la autoridad, que por la ilegal, como es el caso de Huizopa en Chihuahua y de tantos otros puntos más.
¿Qué hacer? Por lo pronto, será imposible que la megaminería tóxica sea frenada por intervención directa de la autoridad. La falta de conciencia, negligencia, ausencia de amor por el bienestar de la Nación en todos los aspectos e indudablemente la gran magnitud de los intereses en juego le impiden desplegar otro tipo de conducta. Solo queda en consecuencia un camino: la movilización social conjunta, en pleno, desde todos los confines de la República, para impedir que siga avanzando la megaminería tóxica, particularmente a cielo abierto. El mejor ejemplo lo tenemos, como lo señalé en la anterior colaboración, en la notable obra que han desarrollado y están desarrollando en BCS sus organizaciones sociales, solo que estamos contra el tiempo para contener la devastación que provoca la deletérea megaminería tóxica.
www.remamx.org/movilizacion-social-contra-la-mineria-toxica-ii/
Pozol Colectivo
Comunicado de los Pueblos Fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria – Policía Comunitaria
Frente al plan de los gobiernos federal y estatal, de darle «cause institucional a todos los grupos de Policía Comunitaria» en Guerrero, anunciado por el gobernador Rogelio Ortega, quien ocupa ese puesto tras la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otros cuatro jóvenes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, respondemos:
1. Le recordamos al gobierno federal y a los gobiernos estatales de supuesta izquierda, que han gobernado nuestro estado por ya más de una década, que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria – Policía Comunitaria (CRAC-PC) es una institución fundada en 1995 por los pueblos Na´Savi y Me´Pháá de la Costa-Montaña de Guerrero, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos originarios y ante la necesidad de devolverle la paz y la tranquilidad a nuestras comunidades, misma que el Estado no ha sido capaz de garantizar hasta la fecha.
Nuestra institución está basada y regulada por las Asambleas Comunitarias de cada pueblo y por nuestra Asamblea Regional. Los grupos de Policía Comunitaria elegidos en cada Asamblea, campesinos que han tenido que dejar el machete y la tarecua para defender a su comunidad, llevan 20 años dando su servicio sin recibir paga.
Ya que parece que no tienen memoria, les recordamos que durante los primeros años los delincuentes, detenidos y entregados a las autoridades oficiales, eran liberados y regresaban a atacar a nuestros pueblos. Por eso tuvimos que organizarnos para crear nuestro propio sistema de administración de justicia, buscando la reparación del daño y lo que llamamos la reeducación, que busca volver a los que cometen delito al camino de la comunidad.
Son los pueblos quienes reconocen la entrega y el sacrificio por el riesgo que corren los Policías Comunitarios. El Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia cuenta con autoridades elegidas y respetadas por las comunidades. Eso es lo que llamamos LEGITIMIDAD y eso es lo que ustedes en el gobierno no tienen.
También hacemos de su conocimiento que tenemos bases jurídicas para ejercer nuestro derecho a la libre determinación, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas del estado de Guerrero.
2. Los pueblos Na´Savi y Me´Pháá que orientaron este camino hace 20 años vieron el riesgo de que nuestra lucha y nuestro sistema de justicia fueran cooptados por el Estado o por grupos oportunistas, por eso la base fundamental siempre serán las Asambleas Comunitarias y la Asamblea Regional. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias nace de la Asamblea Regional pero no puede tomar ninguna decisión sin ella. No le compete firmar ningún acuerdo o convenio con el gobierno o algún particular, ni tomar ninguna decisión sobre el rumbo político de los pueblos sin la consulta y aprobación de la Asamblea Regional, quien a su vez debe consultar a las Asambleas Comunitarias.
3. Sr. Rogelio Ortega, usted mejor que nadie sabe que nuestra institución ha sido constantemente golpeada desde su origen, la han buscado cooptar, dividir, comprar y secuestrar. Personajes que ahora lo asesoran como el Sr. Pablo Guzmán Hernández y el Sr. Valentín Hernández Chapa, originarios del estado de Morelos, son algunos de quienes han operado esta guerra sucia contra nuestro proceso organizativo.
Primero se montaron y distorsionaron nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, después impusieron a personajes oscuros y terminaron traicionándose para generar enfrentamientos entre grupos de poder. Con el apoyo de Ángel Aguirre Rivero, se entregaron grandes cantidades de recursos, impulsando una campaña de difamaciones y compra de conciencias hasta lograr credencializar a grupos de supuestos Policías Comunitarios sin ninguna legitimidad y sin consultar a nuestras comunidades.
Actualmente siguen buscando confrontar a nuestros pueblos y distorsionar este noble proyecto, siempre con el apoyo de los gobiernos de supuesta izquierda, de organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos y de la prensa supuestamente progresista, engañando a la opinión pública. Ahora usted se dice preocupado de que «expresiones de radicalismo extremo» que usted mismo llama «guerrilla» contaminen a la Policía Comunitaria y que por eso debemos todos de seguir «los cauces institucionales» ¿Es acaso una burla?
4. Sr. Rogelio Ortega, sabemos que desde gobernación federal, a través del ejército mexicano y estas fuerzas obscuras que usted tanto le preocupa que «contaminen» los procesos organizativos de los pueblos originarios, se ha diseñado un plan para eliminar a 30 activistas sociales del estado de Guerrero. Lo que se busca es acabar con el proyecto histórico de la CRAC-PC. ¿Por qué usted se presta a ser un operador más de esta estrategia?
Ahora son narcoparamilitares que se disfrazan de policías comunitarios, infiltrados en el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), quienes cuentan con evidente protección gubernamental puesto que están entrando en territorios de pueblos originarios portando armas AR15 y AK47, planeando emboscadas, desapariciones y ejecuciones sin ningún honor. Como el cobarde asesinato del Comandante del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Miguel Ángel Jiménez Blanco, quién dicho sea de paso fue uno de los principales promotores de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
Al interior de este grupo (FUSDEG) están operando al menos seis líneas vinculados a los negocio de narcotráfico, secuestro, extorsiones entre otras actividades criminales por que cuentan con protección gubernamental si a usted tanto le preocupa que estas supuestas policías comunitarias «se vinculen y se conviertan en defensores de territorios del crimen organizado». Los enfrentamientos internos entre estas líneas, que han derivado en decenas de muertos, se han vuelto la coartada perfecta para culpar a la UPOEG y de esta manera comenzar una guerra ente ambas organizaciones.
Ahora resulta que estos enfrentamientos son la coartada para imponer según sus palabras «un convenio marco de institucionalización» para credencializar, regular el tipo de armas, asignar territorios, presupuesto gubernamental y adiestramiento del Ejército y la policía estatal.
Según sus declaraciones van a publicar la convocatoria «para darle cauce institucional a toda está experiencia de policías comunitarias», usted ha dicho «vamos a institucionalizar a todos y el que no entre se queda al margen» ¿Se trata acaso de una amenaza? ¿Es acaso el anuncio de la embestida que se viene desde los gobiernos federal y estatal?
5. A los gobiernos y a las fuerzas oscuras que vinieron a dividir y montarse en nuestro proyecto, les decimos de una vez por todas que se vayan de nuestro territorio con todo el daño que han causado y siguen causando. Les recordamos que estamos en un proceso de reconciliación con todos los pueblos que han levantado en estos veinte años el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, así como con los que se fueron sumando de manera legítima. Les decimos claramente que vamos a recuperar el espíritu original de nuestra institución y juntos lograr su reconstitución.
Rechazamos cualquier intento gubernamental para oficializarnos. Les decimos que jamás nos subordinaremos al Estado y que exigimos, como siempre lo hemos hecho, una relación de respeto mutuo. Exigimos a los gobiernos respeto total a nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, a nuestra Policía Comunitaria y a nuestra Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria.
6. Exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos del país y del estado de Guerrero, en especial de todos los coordinadores y policías comunitarios que fueron traicionados y entregados por los que se decían sus compañeros y que llevan más de dos años en la cárcel, como es el caso de Néstora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, policías comunitarios de Metlatónoc y de El Paraíso.
Territorio Comunitario, 24 de agosto de 2015
Atentamente
«El Respeto a Nuestros Derechos es Justicia»
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria
Pueblos Fundadores del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia
23/08/15. Industria eólica, el despojo a indígenas
La Jornada BC
19/02/15. Invaden con turbinas La Rumorosa
Zeta
JAVIER CRUZ AGUIRRE, Ensenada, BC
En la disputa por participar en un mercado potencial de 100 mil millones de dólares, al menos cinco empresas estadunidenses y mexicanas que generan electricidad con viento, se adueñaron de cientos de miles de hectáreas en cuatro comunidades indígenas nativas de Baja California, a las que pagaron en promedio 1.25 dólares por el usufructo de cada hectárea.
Ahora los yumanos pai pai, kiliwa, kumiai y cucapá solicitan el apoyo del gobierno federal para revisar, modificar o cancelar los convenios de usufructo que comisionados de sus comunidades –algunos de ellos mestizos o “blancos” que compraron derechos ejidales o comunales para controlar a los nativos– suscribieron con las compañías eólicas “a espaldas de los indígenas”.
Arturo Nahle García, subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en reunión que se efectuó hace una semana en la ciudad de Ensenada, escuchó las denuncias de los indígenas.
Los yumanos revelaron los nombres de las compañías que, dijeron, se están apropiando de sus tierras: Fuerza Eólica de San Matías SA de CV, Cucapah Development, Clipper Windpower, APA (Asociados Panamericanos) Wind, Intaván y CISA Energía SA de CV.
Acompañados de Norma Alicia Carvajal Acosta, subdelegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Baja California, y de Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), los indígenas de las cuatro comunidades yumanas presentaron sus denuncias ante el funcionario federal.
Elías Espinoza, representante de la comunidad kiliwa de San Matías, municipio de Ensenada, destacó el caso de Pablo Federico Gottfried Blackmore, apoderado legal de la empresa Fuerza Eólica de San Matías, SA de CV.
Carlos Federico Gottfried Joy, padre del empresario Pablo Federico Gottfried, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y dueño de Fuerza Eólica SA de CV, compañía dedicada a la generación de 540 megawatts de energía eléctrica en Oaxaca, Quintana Roo y Baja California, por medio del aprovechamiento de la fuerza del viento.
A mediados de 2012, Gottfried Joy manifestó, a través de su página virtual Fuerza Eólica, que tras siete años de cabildeo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, contaba ya “con el apoyo y respaldo total” de los principales funcionarios del gobierno federal en el sector energético.
Mencionó entre otros a Ernesto Martens Rebolledo, entonces secretario de Energía; Víctor Lichtinger Waisman, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Dionisio Pérez Jácome, director de la Comisión Reguladora de Energía; Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Cristóbal Jaime Jáquez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La huella de Slim
Gottfried Blackmore, hijo del dueño de Fuerza Eólica S.A. de C.V, es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Internacional de Florida; recibió de su padre los derechos ejidales en San Matías, comunidad kiliwa que se asienta en un valle agrícola, en medio de las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, municipio de Ensenada.
De piel blanca como la de otros 22 “mestizos blancos” también inscritos en el Registro Agrario Nacional (RAN) como “ejidatarios”, Pablo Federico Gottfried es señalado de posesionarse del consejo ejidal comunitario indígena y desde ahí impulsó la firma de un convenio con la empresa Fuerza Eólica San Matías, SA de CV, filial de Fuerza Eólica, para usufructuar 250 hectáreas, donde construiría un parque eólico de ocho aerogeneradores con capacidad para producir 20 megawatts.
El 15 de julio de 2010, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó el permiso de pequeña producción eléctrica en modalidad eólica a la compañía, pero el 7 de mayo de 2012 Gottfried Blackmore, en su calidad de representante de Fuerza Eólica San Matías, sorprendió al solicitar a la misma dependencia federal la terminación del permiso por renuncia, hecho que se consumó en marzo de 2013.
Sin embargo, siete meses después –el 3 de noviembre– Pablo Gottfried, ahora en su calidad de “comisariado ejidal” de San Matías, presentó y convenció a los integrantes “blancos” de la tribu, un modelo de contrato por el que la empresa eólica puede usar 27 mil hectáreas del ejido, sin dar detalles del proyecto a los kiliwas.
Oro y plata en tierra india
Hasta el 7 de agosto de 2015, día de la reunión con el subsecretario de la Sedatu, los nativos desconocían la renuncia que la empresa hizo al parque eólico. Tampoco sabían con qué objetivo explotará el enorme predio, en un plazo de 20 años con opción a una prórroga automática de 10 años adicionales que es obligatoria para los yumanos y opcional para Fuerza Eólica San Matías.
Jaime Martínez Veloz fue quien reveló los pormenores del proyecto. Y lo dijo contundente: “Carlos Slim Helú es quien está detrás de todo esto”.
De acuerdo con la revelación de Martínez Veloz y el estudio “Panorama Minero del Estado de Baja California” del Servicio Geológico Mexicano, Slim Helú tiene cinco permisos mineros para extraer plata y oro en la región kiliwa, colindante al complejo minero Sinaí, rico en esos metales preciosos.
Sinaí, yacimiento del que se extraen 35.3 millones de toneladas de minerales con oro y plata, es explotado por la empresa Minera San Felipe SA de CV, filial de Minera Frisco SA de CV, de la cual Carlos Slim es presidente del Consejo de Administración.
Magnates convertidos en ejidatarios
El procedimiento para adquirir propiedades inmuebles en la península de Baja California no es nuevo para uno de los cinco hombres más ricos del planeta.
En el año 2010, una investigación en el ejido Matomí de la delegación San Felipe, municipio de Mexicali, ubicó otra empresa del consorcio Slim -Hotel Roma, SA de CV–, comprando decenas de miles de hectáreas a “ejidatarios” ligados a las empresas del magnate mexicano, que así se adueñó de decenas de miles de kilómetros de terrenos con playas en el Golfo de California.
Elías Espinoza, kiliwa de la comunidad San Matías, resumió así el caso:
“Por más de 20 años el gobierno federal obstaculizó un proyecto eólico que los auténticos nativos propusimos en alianza con la empresa Ontiveros, de la ciudad de México, pero la Secretaría de Energía y la del Medio Ambiente (y Recursos Naturales) rápido autorizaron los permisos a una empresa que es prestanombres de Carlos Slim. Eso, además de injusto es ilegal porque grandes empresarios se apoderaron del ejido y de nuestra comunidad”.
A decir de Martínez Veloz, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas impulsa una segunda “reunión agraria” para tratar este y otros temas eólicos en las comunidades nativas de Baja California entre la Sedatu, la Procuraduría Agraria (PA), la CDI, la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett), la Semarnat, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Asociación Civil Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Cam-pesinas (Coduc) y el Instituto Nacional de la Economía Social.
“Se busca el cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política y en los tratados internacionales respecto a la consulta previa e informada, así como al uso y goce de los recursos en sus territorios, a lo que tiene derecho este pueblo indígena”, explicó.
También se pretende establecer una estrategia de trabajo para atender las demandas históricas en materia agraria y social de los nativos, a efecto de mejorar sus condiciones de vida e impulsar su desarrollo comunitario.
Vientos tórridos
La Secretaría de Gobernación tiene conocimiento de conflictos similares en otras comunidades nativas de Baja California.
En un reporte de 2014, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México informó a la SG sobre otros “focos rojos que están encendidos” en la tribu cucapá, donde la empresa estadunidense Cucapah Development logró una alianza “engañosa” con las autoridades de la comunidad indígena El Mayor, para que en su territorio se desarrolle el Parque de Energía Eólica de la Laguna Salada.
Otra compañía eólica estadunidense es Clipper Windpower, revolucionaria del sistema de aerogeneradores en el mundo, que a través de su filial Clipper Windpower de México S de RL de CV, hizo un acuerdo ventajoso con la autoridad kumiai de Juntas Nejí y Anexas, de Tecate, por lo que los yumanos solicitaron a las autoridades agrarias información respecto al contenido del convenio.
Producir electricidad en BC para abastecer a EU
El último conflicto se suscita en la comunidad pai pai de Santa Catarina, ubicada a 100 kilómetros de la frontera con California, en donde un consorcio empresarial estadunidense y mexicano representado por las compañías APA (Asociados Panamericanos) Wind, Intaván de México y CISA Energía, SA.de CV, integra proyectos eólicos para Baja California equivalentes a 1.5 gigavatios.
En este caso destaca otro agravio a los indígenas: el despojo casi total de sus tierras.
El consorcio eólico convino con otro grupo de “ejidatarios blancos” el pago de 1.25 dólares por cada una de las 60 mil hectáreas en usufructo, convenio que dejó con tan sólo 20 hectáreas libres a los yumanos pai pai.
Michael Felloni, ejecutivo de APA, informa en el sitio web del consorcio, que los proyectos de la empresa buscan interconectar la frontera binacional, para conducir la electricidad de la zona Pai pai a la red de distribución del sur de California.
Y destacó la razón por la que ocho consorcios ya están en la entidad:
“Existe un mercado potencial de 100 mil millones de dólares en Baja California, donde, incluso, de ser necesario, la electricidad generada por la fuerza eólica en México se distribuiría a otros estados (de la Unión Americana)”.
http://jornadabc.mx/tijuana/23-08-2015/industria-eolica-el-despojo-indigenas
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo/Notimex/ElDiario).- El Instituto Nacional de Transparencia instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que dé a conocer el número de homicidios dolosos contra mujeres registrados entre 2006 y 2012. La decisión es en respuesta a un particular, al cual la secretaría indicó que la información solicitada no era de su competencia. El particular acudió ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El interesado interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. Al analizar el caso, encontró que en marzo de 2012 la entonces Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención de Delito, de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, elaboró un estudio especial relativo al homicidio doloso que incluye los delitos cometidos contra mujeres desde 2009.
Además advirtió que Gobernación entregó a la Cámara de Senadores un documento sobre los avances alcanzados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia durante 2013 y lo que ha transcurrido de 2014.
En dicho informe se incluyen indicadores relacionados con la situación de violencia y delincuencia que afecta a la población y de manera específica se muestran estadísticas relacionadas con mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por lo anterior se determinó que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de su competencia, conoce de información estadística en materia de delitos, en específico, homicidios dolosos cometidos contra mujeres, detalló el INAI en un comunicado.
De forma adicional, Kurczyn resaltó que esa secretaría ha emitido alertas de género en 11 municipios del Estado de México y en ocho de Morelos, lo que permite advertir que el tema relacionado con los feminicidios es de alto impacto y de enorme afectación para la sociedad.
Expuso que si bien el Secretariado Ejecutivo es competente para conocer el universo al que pertenece la información requerida por el particular, eso no exime a la Segob de haber realizado una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, conforme a la Ley de Transparencia. En dicha búsqueda no podrá omitir a las unidades de Política Interior y Análisis de Información, así como de Información para la Seguridad Pública.
Tampoco a las direcciones generales de Información Legislativa, de Coordinación Intersecretarial y de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Además el INAI dejó a salvo los derechos del particular a fin de que, si resulta de su interés, acuda al secretariado o a las Unidades de Enlace de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que solicite la información que sea de su utilidad.
TRES MUJERES DESAPARECIDAS EN JUÁREZ
Tres mujeres, dos de ellas menores de edad, cuentan con reporte de ausente y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) en Chihuahua solicita la colaboración de la ciudadanía para tratar de ubicarlas.
La primera de ellas desapareció el 16 de agosto y es identificada como Melissa Araceli Iracheta Hernández, de 17 años, quien fue vista por última vez la tarde del domingo.
La menor radica en la colonia Prados de Salvárcar y fue descrita como una persona de cabello negro rizado con extensiones de pelo hasta la cintura, mide 1.50 metros, pesa 54 kilos y es de tez morena clara.
El día que salió de su casa llevaba un piercing en forma de diamante en la fosa nasal del lado derecho y se desconoce su vestimenta actual.
El segundo reporte es el de la menor Mayra Alejandra Herrera Vázquez, de 14 años, quien se ausentó de su casa el día 17 de agosto, un día antes de cumplir los 15 años.
De acuerdo con la denuncia de hechos, interpuesta por su padre Samuel Hernández, la menor salió de su domicilio ubicado en la colonia Los Aztecas para acudir a la vivienda de una vecina para comprar quesos y ya no regresó a su hogar.
La vecina dijo a los padres que se percató de que un hombre trato de agarrar por la fuerza a la menor, pero que ella se soltó. La vecina identificó plenamente a este hombre, ya que se trata de un vecino de la calle Tzeltales.
En el tercer caso de una mujer ausente, la persona fue identificada como Alma Angélica Rodríguez Trejo, de 36 años, quien radica en la colonia Horizontes del Sur y se ausentó desde el día 16 de agosto.
La mujer lleva el cabello lacio teñido de color castaño con luces doradas a la altura de los hombros.
Mide 1.56 metros de estatura y pesa 90 kilos, es de complexión robusta y de tez morena clara, como señas particulares se mencionó que tiene cicatrices en la cara a causa de la viruela y al momento de su ausencia vestía una blusa de cuello “V” de color melón y un pantalón de mezclilla y tenis marca Converse de color azul.
El día de desaparición Alma Angélica acudió al centro comercial Las Misiones, por lo que salió desde las 8 de la mañana de su casa y no regresó. La familia reportó a la mujer hasta el día 18 de agosto. La joven se comunicó con su hermana recientemente y le dijo que no sabía en dónde estaba y que se encontraba fuera de la ciudad ya que se dirigía a cobrar una herencia.
En el caso de Mayra Alejandra Herrera, de 15 años, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) investiga a un hombre de 42 años y pareja sentimental de la menor.
Mayra Alejandra y su novio mantuvieron comunicación hasta el día 17, cuando la felicitó por su cumpleaños. Por la tarde la joven fue enviada por su madre a la casa de una vecina para comprar quesos y un hombre la interceptó y la trato a agarrar por la fuerza.
El novio de Alejandra cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por asalto agravado con arma mortal y ya es objeto de investigación. Los investigadores esperan localizar a la adolescente en breve.
Las personas que tengan información sobre el paradero de las mujeres, favor de comunicarse sin costo a la FGE en la Zona Norte al número 01-800-838-6066 o bien teléfono (656) 6293300 extensiones 58131, 58132, y 58109. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección mujeres.ausenteszn@chihuahua.gob.mx.
El Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, destacó el papel de los padres de familia para proteger a sus hijas.
“El compromiso del padre es brindar a sus hijos educación y estar al pendientes de su sano desarrollo. El compromiso de la Secretaria es apoyar a los padres en la seguridad de sus hijos en la calle”, dijo el funcionario.
Indicó que es importante que los padres mantengan una buena comunicación con sus hijos adolescentes para evitar que la mala relación al interior del hogar se convierta en el principal expulsor de estas mujeres.
(23 de agosto, 2015).- En Tamazula pobladores, acompañados de comunidades aledañas, pertenecientes a Durango, se manifestaron en contra de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), a dos meses del ataque en que murieron dos jóvenes y otros resultaron heridos, en las poblaciones de Topiba y Los Medios, en esta región.
Los inconformes realizaron un plantón en la plazuela de la cabecera municipal durante la mañana de este domingo, y marcharon hasta llegar a las instalaciones de la Marina para exigir justicia y cesen los abusos de los uniformados en perjuicio de civiles. La protesta fue convocada por habitantes de esta región, muy cercana a Culiacán, la capital de Sinaloa, y por dirigentes de la organización ciudadana La Casa del Pueblo.
Alrededor de un centenar de pobladores salieron alrededor de las 12 del día de este domingo en una marcha pacifica rumbo al parque Ismael Hernandez Deras, donde tiene instalaciones provisionales la SEMAR.
Con pancartas de inconformidad y al grito de “¡Justicia!”, llegaron a las instalaciones, donde no ninguna autoridad salió a recibirlos. Solamente se lograron visualizar adentro del parque alrededor de siete elementos resguardaban la entrada.
Desde el inicio de la manifestación elementos de la SEDENA pasaban y tomaban fotos y vídeos a los manifestantes. Al llegar un ciudadano Tamazulence, recordó los hechos ocurridos el pasado 14 de julio donde elementos de la marina dispararon a algunos jóvenes de los cuales dos fallecieron y otro menor quedo herido.
Ésta no es la primera vez que los pobladores denuncian públicamente a la Marina, en los últimos meses han pedido auxilio a las autoridades estatales y Derechos Humanos tras la incursión de la Marina Armada en las comunidades de Tamazula, Durango.
El 15 de junio pasado, los pobladores aseguraron que horas de terror vivieron pobladores de la zona serrana, luego de que un operativo de la Marina dejó como saldo cuatro vehículos quemados, dos personas muertas y cuatro menores de edad detenidos, aunque los infantes salieron libres porque los marinos no pudieron demostrar su culpabilidad, la Marina jamás dio explicación alguna.
Los miembros de las comunidades han asegurado que frecuentemente los marinos realizan operativos arbitrarios, ya que sin respetar nada, entran golpean a quienes se opongan y se llevan las cosas que ellos prefiere, porque hasta “se detienen a escogerlas”.
Por: Alma Gómez
23 de agosto del 2015.-
Cerca de 200 maestros del Frente Magisterial Jalisciense (FMJ) nuevamente salieron a marchar para protestar en contra de la reforma educativa. Buscaron llegar a Casa Jalisco para manifestar al gobernador una serie de carencias que desde hace años se viven en las escuelas primarias y secundarias del estado, sin embargo, los docentes no pudieron llegar hasta la casa del gobernador, pues un grupo de alrededor de 70 policías estatales impidieron el paso a los maestros.
Los miembros del FMJ se reunieron en la Glorieta Minerva y avanzaron sobre López Mateos. Protestaron por el recorte de 50 por ciento de maestros contratados bajo el concepto de honorarios y reprocharon la poca actualización de los libros de texto y la carencia en los planteles que fungen como telesecundarias, que no cuentan con las tecnologías mínimas necesarias para dar clases.
Protestaron también por la situación de varias escuelas de Veracruz, que se han visto obligadas a funcionar sin electricidad, debido a que el gobierno no ha pagado los recibos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); algunas de estas escuelas deben hasta 53 mil pesos.
“Tenemos carencia de agua potable, trabajamos con altas temperaturas, nuestros alumnos llegan sin alimento en el estómago, es real y en muchos de los casos es por carencias. Algunas escuelas en Veracruz, desde 2013 hicieron públicos los casos de deudas enormes a la CFE, algunas de 53 mil pesos. Tenemos libros de texto de 2006, cuando en telesecundaria se trabaja con programas de 2011, ¡ni siquiera hay libros completos para todos los niños!”, denunció José Casillas, miembro del Frente.
Los maestros avanzaban sobre una de las laterales de López Mateos cuando se percataron de que policías del estado habían instalado cercos a la altura de la calle Herrera y Cairo, por tal motivo, los maestros no pudieron avanzar más.
Personal del gobierno del estado acudió al cruce de estas calles para recoger las demandas de los docentes en nombre del gobernador, pero los maestros se negaron.
-Vengo aquí a reinstalar las mesas de diálogo con ustedes y a recoger las exigencias que tienen para el gobernador, anunció un servidor.
-Llegar hasta Casa Jalisco es nuestro derecho como ciudadanos y tú lo estás impidiendo. Queremos llegar a la casa del gobernador y pegar todas las carencias que hay en las escuelas, queremos que las vea, no queremos enviárselas contigo, responió un miembro del Frente.
Los docentes se rehusaron a dialogar con el representante de las autoridades del estado y sin contemplaciones bloquearon la segunda lateral de López Mateos. Como en todos los casos, los conductores, además de mostrar desconcierto, se manifestaron molestos y reclamaron a los maestros que sus acciones afectaran a los automovilistas.
Luego de varios minutos, los profesores no tuvieron más alternativa que leer su pronunciamiento en la vía pública y no frente a Casa Jalisco, como estaba planeado.
Los docentes reiteraron sus intenciones de participar en el paro nacional al que convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que hasta el día de hoy continúa con reuniones regionales para definir los términos precisos de este paro de labores y suspensión de clases.
También anunciaron que en varias escuelas de Jalisco se tendrán acercamientos con padres de familia para explicar las afectaciones de esta reforma educativa y conseguir que más ciudadanos se unan a la causa.
Exigieron al gobierno estatal que intervenga por la desocupación militar en el estado de Oaxaca; se manifestaron en favor de defender la educación pública y la salud como derechos sociales, además de reiterar su rechazo a las evaluaciones a los docentes.
Gritando consignas como “en Michoacán, la reforma no pasará” y “esta lucha va a llegar a la huelga nacional”, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este miércoles en Morelia una marcha desde la Plaza Morelos hasta el Congreso del Estado, frente a donde efectuaron un mitin en rechazo a la evaluación docente y a la reforma educativa.
El secretario de Organización del sector 1 región Morelia de la CNTE, Salvador Almanza Hernández aseguró que no hay temor de las evaluaciones y las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Puntualizó que el movimiento del magisterio democrático impedirá la evaluación de los mentores en esta entidad.
Hizo notar que en Michoacán en estos momentos la CNTE se prepara para las movilizaciones tendientes a reforzar el rechazo a la evaluación y a la reforma educativa.
Asimismo, durante la marcha, los manifestantes recordaron a los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, después de lo cual acusaron al gobierno federal de ineficiente.
En su mayoría, los maestros inconformes llegaron procedentes de los municipios de Zinapécuaro, Queréndaro, Villa Madero, Acuitzio, Chucándiro, Copándaro, Huandacareo, Cuitzeo, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Charo, Tzitzio y Morelia.
Somos el medio
SEP planea un recorte de gastos por mil 178 mdp
por Perseo Greco
México, DF. 20 de agosto.- Maestros de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron en las afueras del Metro Zapata para marchar a las oficinas de Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF) para protestar por los mil profesores que ya no fueron recontratados en escuelas de educación básica.
Alrededor de 200 profesores se dieron cita para manifestar su desacuerdo a la Reforma Educativa; se dirigieron a la calle de Parroquia donde se encuentran las oficinas de AFSEDF pidiendo una mesa de negociación con Luis Ignacio Sánchez titular de esta dependencia. Al encontrar una negativa para ser atendidos y establecer una negociación para que se emplee nuevamente a estos docentes que contaban con contratos temporales optaron por tomar las instalaciones.
Enrique Enriquez, dirigente de esta Sección, argumentó su desacuerdo ante esta nueva embestida para desarticular el magisterio con pretexto de la Reforma Educativa y ante la negativa de padres de familia por este despido injustificado de los docentes que no contaban con una base.
“Los que salen más dañados son los alumnos, ya que ante este nuevo plan por parte del gobierno se quedan sin maestros y aunque los padres de familia estén desacuerdo por este despido injustificado, salen mil profesores a las calles y cientos de aulas con niños sin clases; es absurdo lo que argumenta esta Reforma Educativa que no es educativa sino laboral, ya que en este mismo momento se está observando que no hay un plan de trabajo para nuestros alumnos, lo que sí hay es un despido masivo y ante esta negativa ya que no nos quisieron atender tomaremos estas instalaciones”.
Los profesores entregaron las instalaciones de la AFSEDF pacíficamente por la noche de ese mismo día con la consigna de seguir adelante, respaldar a sus compañeros que ya no cuentan con un salón de clases y con la promesa de una negociación el próximo martes.
Por último, es preciso señalar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública se planea una reducción de gastos por mil 178.9 millones de pesos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues esta misma dependencia entregó hace unos
días el planteamiento de un recorte en plazas, programas y nuevas contrataciones para el 2016.
http://www.somoselmedio.org/article/profesores-protestan-por-el-despido-de-mil-de-sus-companeros
El día de ayer fue violentamente desalojada la comunidad El sacrificio del municipio del Carmen, en el estado de Campeche. El desalojo fue encabezado por Antonio Cab Medina, Juez Mixto Civil Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado. En este desalojo participaron más de 100 efectivos de la Policía Estatal Preventiva y agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República.
Los pobladores del Sacrificio, habían ganado un amparo que retraso por algún tiempo este desalojo que ya se anunciaba. Y a pesar de que el día de ayer recibieron el fallo favorable de un nuevo amparo, este no se respetó porque ya se había dado la orden de iniciar el desalojo.
Las familias que ahí habitan, tienen más de 20 años dentro del predio y desde entonces llevan el proceso legal para la dotación de tierras de propiedad nacional. A pesar de esto, fueron desalojados el día de ayer, sin que se les presentara una orden de desalojo por la autoridad competente. Los pobladores denuncian que durante este operativo algunas casas fueron incendiadas.
Este predio fue asegurado y expropiado durante el sexenio de Salomón Azar García, ya que en él, descendían narcoavionetas, es decir que este predio fue usado durante mucho tiempo para actos ilícitos y durante los últimos años, pobladores denunciaron acoso, hostigamiento y persecuciones de parte de “gatilleros” de ranchos cercanos a la comunidad.
El predio ahora es reclamado por Jesús Manuel Patrón Montalvo exdiputado local y federal de Sinaloa por el Partido Revolucionario Institucional.
Con este acto cierra su sexenio Fernando Ortega Bernés, caracterizado por su intolerancia a las ocupaciones irregulares, en donde muchas veces ha ordenado el desalojo con violencia, en donde van incluidas graves violaciones a los derechos humanos como en San Nicolás, en ciudad del Carmen y el 20 de Noviembre en la ciudad de Campeche.
Este hecho, que favorece a la clase burguesa y política violenta el principio constitucional que señala que el bienestar público está siempre por encima del bienestar privado.
Durante el gobierno de Fernando Ortega Bernés se ha permitido el despojo de tierras para la siembra de palma de aceite, de la transnacional Palma Tica, que es la evolución de la United Fruit Co. empresa que patrocinó y promovió más de 20 golpes de estado en América Latina durante los años 50 y 60.
Con este golpe quedaría bajo control de los empresarios la mayor parte de la zona de ríos del sur del estado de Campeche en donde desde hace ya varios años se siembra la palma de aceite. Esta siembra fue impulsada por Antonio Piedra Castro cuando fue diputado local por el distrito de Candelaria.
Exigimos la restitución de las tierras, la regularización inmediata de las mismas y el cese al hostigamiento hacia los campesinos de la comunidad el Sacrificio y la retribución de daños por este desalojo arbitrario.
23/08/15. Violento desalojo en comunidad del Municipio del Carmen, Campeche
Proyecto ambulante
20/08/15. Desalojan a familias invasoras
Por esto
20/08/15. Amedrentan en “Rancho Quemado”, Campeche
Por esto
Cristina Zareth Hernández Gutiérrez, Aguascalientes
Derechohabientes y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon ayer en contra de las políticas privatizadoras al sector salud, al señalar que a través de la Reforma de Salud “se va a matar al pueblo”.
En el marco de la jornada nacional en defensa de la seguridad social, manifestaron su rechazo a la creación del Sistema Universal de Salud al sostener que se busca restringir los servicios de salud en perjuicio de la población.
El contingente se concentró en la esquina de avenida Adolfo López Mateos y Héroe de Nacozari para iniciar la movilización cerca de las 5:30 de la tarde.
Pese a la lluvia que se registró por la tarde, los participantes transitaron desde el punto de encuentro hasta Francisco I. Madero para posteriormente arribar a Plaza de Armas.
Sosteniendo paraguas y carteles a la vez, recorrieron las calles gritando consignas. “¡Seguridad Social, Patrimonio Nacional!, ¡Pueblo escucha, tu salud es nuestra lucha!”, “¡Se ve, se siente el IMSS está presente!, ¡Pueblo despierta, el hambre está en tu puerta!, ¡Enfermo renal, la hemodiálisis te costará!,¡Fuera Peña!”, lanzaban al unísono.
“Nuestra lucha fundamental es que no se dé la reforma a la salud, esta reforma es atentatoria contra el pueblo de México ya que lo único que pretende hacer es dar servicios básicos y también dar una especie de seguros de daños catastróficos, pero los daños catastróficos están como para reírse. Lo que están haciendo es matar al pueblo porque tendrán que pagar por medio de una aseguradora o bien van a tener que hacer una especie de copago para poder cubrir sus necesidades en este caso, de salud”, manifestó Juan de Dios Rodríguez Moreno, jubilado del Seguro Social.
El entrevistado aseguró que es falso el discurso de las autoridades del sector como del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud; “eso es lo que dicen a través de los medios de comunicación, que no existe un documento, que no existe algo que diga que sí es cierto que se está dando, la verdad eso es falso, existe la comparecencia de Mercedes Juan, existe el proyecto de decreto de la reforma al Artículo 4° y 73° y eso lo está metiendo el grupo parlamentario del PAN, que no digan que no es cierto”, subrayó.
Los manifestantes, señalaron además que ya se están restringiendo los medicamentos e insumos a pacientes con diabetes y cáncer, por lo que reiteraron su demanda hacia el Gobierno Federal, de desistir de sus “políticas privatizadoras” y dotar de mayores recursos al IMSS.
“A mí ya me ha tocado, ya he ido y no me han surtido recetas que porque ya no tienen presupuesto para este año. Yo tengo diabetes y a nosotros nos dan recetas para surtir pero ya a la siguiente vez ya no me la surten, o sea, tengo que comprarlo yo”, manifestó Virginia González derechohabiente del Seguro Social.
“Yo soy paciente de oncología, a mí me decía el doctor que viéramos la posibilidad de comprar la bolsa de colostomía nosotros, entonces no es justo de que uno pensionado vaya a comprar su bolsa de colostomía, ¿entonces lo que me dan de pensión lo voy a gastar en medicamentos?, ¿y para comer?”, reprochó Virginia Elizondo, también derechohabiente.
Animal Político
La “escandalosa falta de investigaciones” sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a que los grupos criminales que asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
Cabe recordar que el pasado 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Amnistía Internacional refiere en un comunicado que se cree que los responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.
“La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen”, expuso Carolina Jiménez, Directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
Amnistía denuncia que aún no se conoce mucho sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único sobreviviente de la masacre, expone la organización, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte. Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es una de las víctimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros migrantes.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después”, dijo Elida Yolanda.
“Todo lo que pido es una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente muriendo”, comentó.
Las investigaciones sobre la masacre han sido insuficientes, considera Amnistía, ya que las autoridades locales y federales “no han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de progresos”. También han habido “demoras extremas” en la identificación de las víctimas –y algunos de los restos fueron enviados a los familiares equivocados.
Las autoridades también han fallado en proveer a las familias de las víctimas de protección ante las amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Amnistía Internacional señala además que desde la masacre de San Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los Estados Unidos vía México han sido hostigados, desaparecidos, secuestrados, violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre Abril y Mayo de 2011, las autoridades Mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los torsos de 49 personas, “muchas de las cuales se sospecha eran migrantes irregulares”, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino de Nuevo León.
“¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción? No hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes”, dijo Carolina Jiménez.
22 de agosto de 2015. El Juez Tercero de Distrito, Ricardo Ruiz de Hoyo, con sede en Hermosillo, Sonora, rechazó emitir las órdenes de aprehensión en contra de las 22 trabajadoras de la Guardería ABC.
El 6 de agosto pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) las acusó de negligencia y de haber faltado a su deber de preservar la vida de los niños. Son 22 mujeres, entre ellas, la directora, las señoras de la limpieza, las profesoras y hasta una madre de uno de los pequeños fallecidos en el incendio.
El Juez argumentó: ”Del material probatorio integrado a la averiguación previa consignada, se advirtió que las indiciadas, en mayor o menor medida, sí llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de muchos de los infantes que estaban bajo su cuidado, pero no pudieron desalojar a todos, por la rapidez con la que propagó el fuego, debido a las condiciones constructivas de edificación que albergaba a la guardería, por lo que les fue imposible, real y físicamente, hacer más, pues las circunstancias que rodearon al fatal acontecimiento, en este caso, el incendio que culminó con la muerte de 49 infantes, fueron de tal magnitud, que no permitieron que llevaran a cabo el desalojo de todos los menores que se encontraban en el interior de la guardería”.
En todo caso, continuó diciendo Ricardo Ruiz de Hoyo, “las omisiones en esta tragedia son atribuibles a los dueños de la guardería, a los arrendatarios de la bodega contigua perteneciente a la Secretaría de Hacienda del Estado y a las autoridades tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de Protección Civil Estatal y Municipal.
El abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de al Asociación Manos Unidas por nuestros Niños A.C. consideró que esta resolución emitida por la PGR es solo una “cortina de humo” para no llegar a los verdaderos responsables, como Eduardo Bours, gobernador de Sonora en esas fechas.
Mientras tanto, desde ese fatal 5 de septiembre de 2009, las mujeres que laboraban en la Guardería ABC viven otro infierno. Han sido amenazadas de muerte por algunos padres de familia, padecen el rechazo social, han tenido que someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos interminables, sin trabajo, sin atención médica, las maestras y trabajadoras han vivido desde entonces en un martirio constante.
El brillo en sus ojos se ha perdido, algunas tienen tics nerviosos y la memoria les falla, también lloran a la menor provocación. Según les dicen algunos, la prueba fehaciente de su culpabilidad es haber salido con vida del incendio. Han aguantado todo en silencio, hasta que, en la calle a veces les griten “asesinas”.
Una de ellas, Maribel Hernández Jaime, narra a Reporte Índigo los recuerdos que tiene del momento: “Estaba encargada de la sala de lactantes A y B, donde estaban los niños de 43 días hasta un año de edad. Me encontraba sentada en el suelo arrullando a un bebé para que se durmiera, de repente, la paz de la jornada y de la vida, se acabaron para siempre.
Al escuchar que la guardería se estaba quemando, quise salir con el bebé que tenía en brazos por una puerta que daba a la calle, la maestra de esa área la abrió y en ese momento, un huracán de humo negro nos expulsó fuera del edificio. Saqué a ese bebé, regresé a la sala de lactantes C, al querer entrar a mi salón, el humo ya no me dejó pasar. Agachada y a tientas, con manos y pies, fui localizando a todos los bebés que pude para salvarlos. Los iba sacando y volvía a entrar, a algunos hasta los pisaba y así era como los encontraba, los tomaba en brazos y los sacaba. Cuando llegó la policía ya no me permitió entrar.
Una de las maestras también estaba muy mal, porque no encontraba a su hija. Quiso entrar por ella, pero ya tampoco la dejaron. Pude ver como sacaban a niños muy quemados sin saber si estaban vivos o muertos.
Minutos después, Maribel fue llevada, junto con otras compañeras a declarar al Ministerio Público.
Por: Anna G. Lozano
22 de agosto de 2015.- La avenida Hidalgo se volvió a cubrir de banderas de colores, pues la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTI) tomó la ciudad para alzar la voz y luchar por la igualdad de sus derechos, el matrimonio igualitario y el respeto a las familias diversas.
A través de las redes sociales, la Red de la Diversidad Sexual logró reunir a más de cinco mil asistentes a la Marcha por la Igualdad en Jalisco pese a la lluvia que se hizo presente en la ciudad ayer por la tarde.
“El hecho de que existan movimientos conservadores intentando menoscabar los derechos de las diferentes formas de familias, no es más que un acto de discriminación; por ello diferentes organizaciones se unen a nosotros para trabajar por los derechos humanos y buscar nuevas respuestas para adecuar una realidad actual en donde existen en Jalisco las familias diversas” Dijo Luis Guzmán, miembro de CODISE.
Mientras los organizadores continuaban su discurso incluyente, los participantes arribaron al punto de reunión en el cruce de avenida Hidalgo con Chapultepec al tiempo que preparaban sus pancartas moradas con la frase “Mismos impuestos, mismos derechos”.
“Hoy marcharemos por un estado laico, por un reconocimiento a todos los modelos de familia, por el matrimonio igualitario, por el derecho a todos los derechos, por una educación laica en las escuelas, por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, por una justicia social, por una ley de identidad sexogérica, por el derecho de las niñas y los niños, por el derecho a decidir…”
Alrededor de las 16:30 horas más de diez organizaciones en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTI organizaron a los asistentes, pues debido a la marcha de taxistas fue necesario cambiar la ruta que seguiría el contingente.
Entre los participantes había madres y padres de familia que acompañaban a sus hijos e hijas homosexuales, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, madres solteras, amigos, colegas, conocidos y ciudadanía a favor de la inclusión.
Todos ellos no dejaron de lanzar algunas consignas como “no hay libertad política, si no hay libertad sexual”, “pro vida, pro vida, mi vida no es tu vida”, “ni enfermos, ni depravados, simplemente homosexuales”, “matrimonio y adopción para toda la nación”.
Cuando los manifestantes ya caminaban sobre la avenida Vallarta, el ánimo del Colectivo Lésbico Tapatío se unió a la marcha y con sus cánticos recordaron a personajes nacionales como Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez y remataron con la frase “joteamos, joteamos, pero también luchamos”.
Pese al optimismo y compromiso con su causa, cerca de las cinco de la tarde la marcha se detuvo unos minutos en el cruce con Federalismo debido al caos vial y la molestia de los conductores, pues desde la Minerva caminaba otra marcha de taxistas también hacia la Juárez.
Ante la molestia de los ajenos a este movimiento, los participantes alzaron la voz para decirles que “esta marcha no es de fiesta es de lucha y de protesta”, “gobierno priista homofóbico y machista”, “odio, violencia y discriminación no son valores para la nación.
http://www.proyectodiez.mx/por-tercera-vez-en-este-ano-guadalajara-se-pinta-de-colores/
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 22 de agosto de 2015, p. 27
Saltillo, Coah.
Autoridades estatales de Coahuila encontraron un segundo campo agrícola en el municipio conurbado de Ramos Arizpe, donde 209 personas (15 menores, 20 ancianos y 174 adultos) trabajaban jornadas hasta de 15 horas de lunes a domingo, vivían en condiciones insalubres y de hacinamiento y no recibían el pago por la cosecha y empaque de cebollas y calabazas.
Con éstos, suman 307 jornaleros que laboraban en esas condiciones, de los cuales 78 son niños y adolescentes, dos tienen dos años y uno ocho, que acompañaban a sus padres; además 20 ancianos con deshidratación y picaduras de chinches y dos jóvenes embarazadas, informó la titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia en Coahuila, Yezka Garza Ramírez.
La noche del jueves, en el predio Santa Cruz, perteneciente a la empresa Prokarne, fueron aseguradas 209 personas –la mayoría indígenas–, de las cuales 15 son menores de entre 14 y 17 años que se suman a los 63 rescatados el miércoles en el rancho El Pedregal, propiedad de la misma compañía.
Las autoridades aseguraron que en el terreno El Pedregal había unos 200 niños y adolescentes realizando trabajo de adultos, pero la mayoría huyó cuando los funcionarios llegaron a inspeccionar.
Los menores se encuentran en resguardo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y entre ellos hay un niño de ocho años y dos de dos años que no trabajaban y permanecían en los ranchos en compañía de sus padres, quienes laboran en la pizca y en la cocina.
Garza Ramírez precisó que también hay dos jóvenes de 20 y 22 años embarazadas, que reciben atención médica. “Una de ellas nos dijo que llegó preñada de su pueblo en Veracruz y la otra se embarazó en el campo agrícola”, comentó.
La funcionaria dijo que los menores están en resguardo de las autoridades, pero los adultos permanecen “por su voluntad” en un albergue temporal habilitado en instalaciones deportivas del gobierno estatal, en Saltillo.
El titular de la Secretaría de Gobierno en la entidad, Víctor Zamora, informó que los campos agrícolas de El Pedregal y Santa Cruz, en el ejido Estación Higo de Ramos Arizpe, pertenecen a la empresa Prokarne, propiedad de Óscar Lozano Chávez.
Yezka Garza explicó que los menores y adultos del predio Santa Cruz eran obligados a trabajar jornadas superiores a las que fija la ley, recibían poca comida y dormían hacinados y en condiciones insalubres.
“Eran concentrados en las bodegas conocidas como galeras; las condiciones de higiene no eran adecuadas, no tomaban agua potable, era de una acequia concentrada con sal para evitar que se deshidrataran; les daban dos raciones de comida al día a base de lentejas, frijol, sopa de pasta; muy pocas veces les daban pollo. Tenían dos regaderas, dos baños y trabajaban jornadas laborales de entre 12 y 15 horas”, detalló.
Enganchaban a menores
Los menores que laboraban en el rancho El Pedregal fueron descubiertos el miércoles luego de que un padre originario de San Luis Potosí, pidió apoyo al DIF Coahuila para recuperar a su hija de 15 años, quien escapó con su novio y ambos acudieron a trabajar a ese campo agrícola. El hombre advirtió a las autoridades que en ese sitio había más niños y adolescentes.
Los predios El Pedregal y Santa Cruz se localizan a unos 30 kilómetros de Saltillo a orillas de la carretera que conduce a Monclova. En los campos agrícolas Prokarne siembra trigo, alfalfa, cebollas, tomates y calabazas.
Los jornaleros son originarios de Hidalgo y Veracruz, la mayoría, y también de Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. La Comisión Estatal de Seguridad detuvo a seis capataces y a un hombre identificado sólo como Fidel, quien en las investigaciones de la procuraduría estatal aparece como “el principal enganchador” de los menores jornaleros en Hidalgo.
La procuradora de los niños, niñas y la familia indicó que los menores fueron contratados para trabajar tres meses con la promesa de pago de 200 pesos diarios, pero muchos tenían más de un mes de no recibir salario y cuando esto ocurría era por la mitad de lo convenido.
Herminio Garza Palacios, secretario general de Gobierno, en Tamaulipas, informó que Jorge Torres Castillo, de 45 años, y dos de sus hijos de 15 y 12 años, originarios del municipio de Altamira, eran explotados en campos agrícolas de Ramos Arizpe. Aseguró que actualmente permanecen en un albergue.
Rafael Rodríguez/Noticias de Querétaro
En las Instalaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el municipio de San Juan del Río se llevó a cabo una reunión de trabajo con los diferentes presidentes del comisariado que han sido afectados por la construcción del nuevo libramiento Palmillas Paseo.
Los afectados son los ejidos del Chaparro, Tunamanza, Santa lucia, Estancia de Santa Lucia, Santa Bárbara la Cueva, Potrerillos, quienes se manifestaron en días pasados bloqueando la carreta 300 que va en dirección al municipio de Amealco.
A la reunión acudieron los representantes de la empresa ICA, URBA, así como personal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaria de Gobierno y Regidor José Javier Osornio Salinas Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario.
Durante la reunión se dijo que se tocaron puntos importantes, dando a conocer a los comisariados los avances de las obras que se realizan en favor de los ejidos y comunidades afectadas. Dichas obras comprende respetar los derechos de paso y canales de riego que estos sean adecuados a la obra en beneficio de los productores agrícolas y no se vean más afectados.
Por último en cuanto al pago de más de un millón de pesos que exigen los ejidatarios, se comentó que se continúa la gestión para que pueda salir el recurso que ayude a saldar la deuda con los afectados, ya que es un tema que le compete a directamente a la federación y a la empresa constructora.
CANCÚN, Q. Roo (proceso.com.mx).- Ante la intentona del ayuntamiento local por boicotear el plan de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de Yum Balam -donde se ubica Holbox-, organizaciones ambientalistas promueven la separación política de esta isla y otras comunidades costeras para crear un nuevo municipio que correspondería sólo al territorio comprendido dentro de esta Área Natural Protegida (ANP).
Las organizaciones ambientalistas de Holbox reaccionaron ante la consulta que inició el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para incluir en el plan de manejo “desarrollos turísticos” dentro de esta isla.
Como parte de la consulta, esta semana el presidente municipal Luciano Sima Cab y el diputado local Emilio Jiménez Ancona, del PRI y Panal, respectivamente, se reunieron con representantes de 22 ejidos de todo el municipio de Lázaro Cárdenas a fin de que se sumen a la tarea de juntar cinco mil firmas para detener el plan de manejo del APFF de Yum Balam, que estaría próximo a publicarse por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Sin embargo, la mayoría de los ejidos son ajenos a las comunidades ubicadas dentro del área protegida de Yum Balam.
Carlos Martínez Correa, de la agrupación Yo Defiendo Holbox, dijo que los habitantes de Holbox y de otros ejidos costeros en lugar de firmar en apoyo al alcalde Sima, lo hagan en favor de la creación del nuevo municipio.
Sostuvo que “la creación del onceavo municipio de Yum Balam es una necesidad urgente para esta zona, desde hace ya mucho tiempo la gente habla de esto. Las leyes estatales pueden modificarse para este fin. Firmemos mejor para solicitar la creación de un nuevo municipio con las poblaciones que integran el área de protección”.
El ambientalista afirmó que hay una rivalidad entre la cabecera municipal de Kantunilkín con las comunidades que están dentro del APFF que ahora se refleja en la intención del alcalde Sima de afectar el entorno ambiental de Holbox.
“La rivalidad entre las poblaciones que integran la reserva y la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas ha llevado al abandono de estas poblaciones y en muchos casos a situaciones ríspidas como la intención de buscar detener o modificar el plan de manejo del APFF de Yum Balam”, dijo Martínez Correa.
Agregó que no hay razón para someter a consulta el proyecto del plan de manejo del APFF de Yum Balam, ya que ha sido evaluado “en dos ocasiones con las poblaciones interesadas, comunidad económica y dependencias del gobierno federal”.
Desde hace un año, ambientalistas exigen la publicación del plan de manejo de Yum Balam cuyos ecosistemas están bajo amenaza por los diversos proyectos turísticos que pretenden llevarse a cabo, entre los que figura La Ensenada.
La ANP de Yum Balam fue creada en 1994 y un año después debía contar con un plan de manejo, sin embargo, ese instrumento para regular las actividades en la reserva ubicada en el extremo norte de Quintana Roo no se ha publicado hasta ahora.
www.proceso.com.mx/413501/2015/08/22/surge-movimiento-separatista-en-holbox
Revolución 3.0
Cecilia Balderas, Oaxaca
Integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) interpusieron un juicio de amparo en contra de la consulta a través de la que, supuestamente, la comunidad aprobó la construcción del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, en Juchitán y El Espinal, municipios ubicados en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
El amparo se presentó ante el Juzgado de Distrito en Oaxaca y será el Juzgado Séptimo, con sede en Salina Cruz, el que conozca del mismo; en el documento, la comunidad zapoteca exige la anulación de la consulta, que el procedimiento se reponga en estricto apego a la legalidad, así como la suspensión inmediata de la construcción del proyecto.
Isabel Jiménez, vecina de Juchitán, recordó que la lucha por impedir que se instalen -de manera irregular- más empresas eólicas en el Istmo, data de hace varios años y aunque las violaciones a derechos humanos y el despojo de sus propiedades han sido reiteradas, “estamos decididos a seguir con la lucha y a defender con nuestras vidas, para beneficio de las futuras generaciones, nuestros derechos; la raza zapoteca no se va a doblegar aunque haya amenazas y hostigamientos”.
Mariano López, integrante de la APPJ, sostuvo que la consulta estuvo viciada de origen y exigió respeto a sus derechos y al principio de territorialidad, tras argumentar que “el gobierno federal, estatal y municipal ve en nosotros una mercancía y no a personas con derechos”, pues en el Istmo ya hay 21 parques eólicos instalados -12 en Juchitán- y la población no fue tomada en cuenta para la construcción de ninguno uno de ellos, por lo que pidió al Juzgado Séptimo emitir su decisión apegada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El también vecino de Juchitán denunció que previo al inicio del proceso de consulta, los opositores al mismo recibieron amenazas vía telefónica, además de que en el desarrollo de las reuniones, en las que participaron autoridades federales, de Oaxaca y del municipio, fueron agredidos verbalmente por personas a las que la empresa pagó por estar presente en las mesas de trabajo –algunas de ellas incluso iban armadas- sin que los funcionarios tomaran cartas en el asunto.
López señaló que el mismo Comité Técnico se negó a proporcionar información solicitada por los vecinos afectados y cuando lo hizo, entregó estudios prácticamente imposibles de entender por los conceptos técnicos utilizados, además de análisis y estudios realizados en otros países, que nada tienen que ver con el contexto de la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec.
“Si este proyecto llega a pasar, sería un atropello a todo el país porque sería el ejemplo para despojarnos a todas las comunidades indígenas del territorio mexicano, de nuestra tierra; lo que se vive en Juchitán, es prácticamente un desplazamiento forzado porque las empresas no respetan las normas internacionales; hay parques eólicos que se encuentran hasta a 30 metros de las zonas pobladas cuando la ley internacional dice que deben estar a más de 3 kilómetros de la última casa habitación”, dijo el vecino de Juchitán.
Argumentos jurídicos
Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) explicó que el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Energía (Sener) –encargada de la implementación del proceso de la primera consulta a comunidades indígenas que se realiza en México por un mega proyecto- anunció que la comunidad zapoteca otorgó su consentimiento para que iniciara el proyecto de construcción de un nuevo parque eólico en la zona; sin embargo, durante el proceso se violaron los principios que legalmente debe tener la consulta: previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
El Comité Técnico de la consulta estuvo conformado por funcionarios de las secretarías de Estado federales de Energía, Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la entidad como la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), la Secretaría de Turismo del estado, autoridades municipales, entre otras; además, también fueron incluidos representantes de la empresa eólica, aunque esto no está contemplado en la ley.
Cabe señalar que de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la Ley de la Industria Eléctrica, reformada luego de la aprobación de la reforma energética, la consulta debe respetar los principios antes señalados, pero en el caso de Juchitán no se hizo, como lo pudo documentar la Misión de Observación de ProDESC, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C (Código DH) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
López argumentó que la consulta no se realizó de manera previa, pues antes de que ésta se iniciara, la Semarnat aprobó, el 20 de junio de 2014, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa, a través de la resolución SGPA/DGIRA/DG/05364.
El 7 de abril pasado, la empresa Eólica del Sur informó al Comité Técnico que ya tenía firmados 722 contratos de arrendamiento y durante la fase deliberativa, el representante de la Secretaría de Energía presentó un permiso con numeral E/1264/AUT/2015-ES/006/2015 en el que autoriza a la eólica la generación de 396 mega watts bajo la modalidad de “autoabastecimiento en sus 18 socios”; es decir, la energía que se pretende producir, irá a parar a manos de empresas transnacionales y no se encenderá un solo foco de las comunidades aledañas a los complejos.
El principio de libertad en la consulta se violó por el cúmulo de agresiones y amenazas de las que fueron víctimas los vecinos de las comunidades zapotecas -incluidas amenazas de muerte, hostigamiento en los alrededores del punto de reunión de la APPJ- mismas que fueron documentadas por organizaciones de la sociedad civil que acompañaron el proceso.
La consulta tampoco se realizó de manera informada, pues a pesar de que se presentaron 75 solicitudes de información, el Comité Técnico no dio respuestas oportunas.
El abogado argumentó que también se violó el principio de que la consulta fuera culturalmente adecuada, pues no hubo traductores certificados en las mesas de diálogo entre las comunidades y las autoridades, además de que las sesiones se desarrollaron en contextos poco favorables para los pobladores indígenas y en completo desapego de sus tradiciones, aunado a que, de los aproximadamente cien mil habitantes de Juchitán, menos del 1 % participó en la consulta.
Las violaciones
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TdT, recordó que aunque en la historia de nuestro país ya hay antecedentes sobre la realización de consultas, éstas únicamente tenían carácter administrativo y se enfocaban en el impacto ambiental que pudieran generar las construcciones, no en el desarrollo de los proyectos en general, aunque desde entonces se detectaron “errores” a modo y discrepancias profundas entre lo señalado en los estudios y la realidad de las comunidades.
“Pensamos que esta consulta daría una nueva oportunidad, pero vemos que hay procesos amañados desde el principio…en el proceso neoliberal en el que estamos, en el que ha habido una gran apertura al capital extranjero, podría haber un despojo sistemático en los próximos años. Exigimos que no se repita porque los proyectos son incompatibles con el desarrollo, armonía, costumbres, tradiciones y cultura de las comunidades, lo que es violatorio de derechos humanos”, argumentó Ríos.
Óscar Pineda, investigador e integrante de PODER y de la Misión de Observación del proceso de consulta, declaró que “fuimos testigos de un proceso viciado, amañado y obviamente violatorio de los principios rectores del proceso que tendrían que ser una oportunidad de contribuir a la democracia, transparencia y rendición de cuentas, pero observamos prisa del Comité Técnico para terminar el proyecto y forzar el sí de la comunidad, además de que amedrentaron a las personas que tenían una participación activa en la decisión del futuro de sus territorios”.
Alba Cruz, coordinadora jurídica de Código DH subrayó que durante el proceso, simpatizantes de la APPJ fueron blanco de persecución e intento de secuestro, además de que “hubo hostigamiento, amenazas telefónicas y de manera personal, agresiones en el recinto donde se desarrolló la propia consulta, mismas que fueron denunciadas ante el Comité Técnico y otras ante las autoridades correspondientes sin que hicieran nada al respecto. La consulta fue una simulación para tratar de cumplir con la ley, pero la violentaron totalmente”.
La activista señaló que se pudieron documentar al menos 30 incidentes, sólo durante la consulta, además de que la empresa Eólica del Sur se ha encargado de violentar, confrontar y dividir a la comunidad prometiéndoles cosas como hacerse cargo de los estudios de sus hijos, en el extranjero, para que posteriormente les den trabajo en los parques.
“La presencia de las empresas no ha ayudado al progreso de las comunidades, al contrario; están violentando otros derechos como el de la alimentación de muchos pescadores y campesinos que hoy no pueden regar sus tierras con el agua de la comunidad porque está contaminada por los aerogeneradores”, concluyó Cruz.
Por: Elizabeth Rivera
La empresa transnacional productora de granos Monsanto es una las responsables de la muerte de peces de la laguna de Cajititlán, junto con otras grandes empresas asentadas en la zona, así como las compañías inmobiliarias que desarrollaron la zona sin tratar las aguas residuales, aseveró Felipe Iñiguez Pérez, representante de la Red Cajititlán por un Lago Limpio.
“Primero tenemos a Monsanto, al lado de Cajitilán, la Monsanto tiene una centro latinoamericano de maíces mejorados genéticamente y hace uso de grandes cantidades aerotóxico, esos agrotóxicos, precisamente en esta temporada de lluvias llevan los contaminantes al lago, esa es una de las razones inmediatas que todo el mundo puede ver, no se necesita hacer análisis científico”, comentó el activista.
Otra de las compañías que contaminan indicó es la empresa Peñafiel, “día y noche saca agua de la zona de protección y muy embotelladita la mandan a Estados Unidos, ¿y qué hacen con el agua servida?”.
El entrevistado refirió que la Universidad de Guadalajara y la comisión técnica de saneamiento del Lago de Cajititlán han respaldado con estudios la versión de que los contaminantes de lago provienen de las industrias del corredor industrial de Tlajomulco-Cajititlán.
“Las industrias vierten sus contenidos, pero también las inmobiliarias, en diez años Tlajomulco ha crecido en 300 fraccionamientos y la mayor parte de las inmobiliarias no tratan sus aguas, las mandan, ahí al lago”, expresó.
Agregó que el esfuerzo que se está haciendo para construir plantas de tratamiento, “resulta simplemente un engaño para poder invertir recursos que no sanean el agua”. Señaló que las plantas de tratamientos de aguas residuales que hay en Tlajomulco “no tratan ni el 30 % de todos los materiales que están matando la vida del lago”.
Felipe Iñiguez señaló que no se debe olvidar que el lago de Cajititlán es un lago vivo y no un vaso receptor de residuos.
Cada año, indicó se registran toneladas de peces muertos y las autoridades municipales repiten el discurso de que es un fenómeno cíclico, argumentan que los peces extintos no tienen valor económico y que pese a ello el lago está bien.
“Lo que estamos viendo es que las personas que dicen que no tiene valor comercial la muerte de estos microorganismos es que no tiene ningún sentido de la relación ecológica, cuando se mueren los pequeños es porque los grandes también están afectos”, expuso.
Comentó que a los peces pequeños les llaman loderos porque limpian los contaminantes del lecho y gracias a ello los peces más grandes pueden sobrevivir.
“Al no haber peces pequeños, tampoco hay peces grandes, pero tampoco vamos a haber habitantes, ¿qué relación hay de la muerte de los peces, con la mortandad de las personas que vivimos alrededor del lago? cánceres y enfermedades degenerativas por montón, niños de dos años con enfermedades degenerativas, esa mortandad no es cíclica, es permanente”, aseveró.
Concluyó señalando que la responsabilidad de que el lago esté libre de polución es de todos, de los habitantes, de las autoridades y de las empresas.
http://lajornadajalisco.com.mx/2015/08/culpan-a-monsanto-de-muerte-de-peces-en-cajititlan/
Redacción Animal Político
Las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de 22 empleadas de la Guardería ABC fueron negadas por el juez tercero de Distrito en el estado de Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez. Dichas órdenes habían sido requeridas por el Agente del Ministerio Público Federal en torno a los hechos del 5 de junio de 2009.
La solicitud de las órdenes de aprehensión contra las empleadas surgió por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo por omisión; lesiones culposas (que no ponen en peligro la vida) y lesiones culposas por omisión (que ponen en peligro la vida).
En un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal se afirma que el Ministerio Público Federal indicó que las probables responsables tenían el deber de preservar la integridad física de todos los infantes que se encontraban dentro del inmueble, lo cual no habría sucedido al no haberse procurado la evacuación de todos ellos.
De acuerdo con el juez, las empleadas sí reaccionaron al siniestro en mayor o menor medida, pero debido a la rápida propagación del fuego – que según dictámenes periciales se ocasionó por la falta de medidas preventivas en la construcción de la guardería – no pudieron desalojar a todos los menores.
En los resultados de los propios dictámenes se establecieron omisiones hacia los dueños de la guardería, arrendatarios de la bodega contigua (perteneciente a la Secretaría de Hacienda del estado) y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Protección Civil Estatal y Municipal. No se destacó omisión alguna por parte de los empleados de la guardería.
El comunicado destaca que en el incendio que causó la muerte de 49 infantes fue de tal magnitud que no permitió que se realizara el desalojo de todos los menores.
El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado se propagó a la Guardería ABC, edificación adjunta a la de Hacienda. En el evento fallecieron 49 infantes.
Después de que ejidatarios de Zacamulpa, municipio de Atotonilco retuvieran maquinaria propiedad de la empresa ICA FLUOR por daños a la propiedad finalmente acordaron con los representantes de la empresa Incoleg Corporación que los trabajos que se realizan para el gasoducto ramal de Tula estarán parados hasta que se llegue a un acuerdo sobre la reparación de los daños que se han causado en las milpas por los trabajos.
El pasado lunes por la noche ejidatarios, Ana Paola Cordero Santillán, representante de la empresa Incoleg, en presencia de Gonzalo Hernández García, director de Gobernación en Tepeji del Río, llegaron a un acuerdo en el que primeramente se entregó la maquinaria retenida y que la empresa Incoleg deslinda a los ejidatarios de toda responsabilidad civil y penal sobre la acción que estos tomaron en pro de vigilar sus bienes.
También acordaron que la constructora que contrató a ICA se comprometió a que pagar $16 mil por una afectación que hubo del levantamiento de una plancha de concreto, y finalmente se acordó que hasta que los ejidatarios no decidan en una asamblea como se pagaran los daños y si permitirán que la empresa continúe invadiendo sus terrenos para continuar con la obra.
Es de mencionar que en un inicio el representante de gobernación dijo textualmente a los ejidatarios que para agilizar la solución al problema les recomendaba que iniciaran una denuncia correspondiente en el ministerio público.
Oscar Adrián Luna
Contrario al acuerdo alcanzado hace dos meses entre los grupos antagónicos de Zacualpan, esta tarde la Procuraduría Agraria (PA) revivió el conflicto interno al convocar a la elección de un nuevo Comisariado de Bienes Comunales y su Consejo de Vigilancia.
En entrevista con José Martín Peña Guzmán, habitante de la comunidad, relató que hoy a las 2:30 de la tarde, la delegada de la PA, María Elena Díaz Rivera, se reunió en privado en la Casa de la Mujer Campesina con un grupo de personas afines a Carlos Guzmán Teodoro, ex presidente comunal y destituido en febrero 2014 señalado por apoyar la instalación de una mina en la comunidad.
Posterior a la reunión, Díaz Rivera comenzó a colocar la convocatoria a la asamblea comunal a realizarse el próximo domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana para la renovación de todos los cargos comunales.
Peña Guzmán criticó que hoy se rompan los acuerdos alcanzados hace dos meses entre ambos grupos en conflicto contando con el respaldo de autoridades gubernamentales como el secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la propia Procuraduría Agraria.
“Qué falta de vergüenza que la delegada esté convocando a nuevas elecciones, siendo que esta señora fue la que convocó las elecciones del 28 de noviembre (de 2014) donde resultó electo Taurino Rincón Lorenzo como presiente del Comisariado de Bienes Comunales, y Conrado Carpio Hernández como presidente del Consejo Vigilancia”, explicó.
“Estamos sorprendidos por lo que está haciendo la Procuraduría, siendo que la procuradora se había comprometido a trabajar con Taurino Rincón Lorenzo. Ahora nos damos cuenta lo que dice el Ejército Zapatista, que la justicia nunca va llegar de las instituciones”, indicó.
Según la convocatoria publicada esta tarde por Díaz Rivera, la elección se realizará debido a que más de 20 comuneros la solicitaron, tal como lo marca la ley agraria.
Sin embargo, a decir de Martín Peña, la solicitud carece de validez toda vez que ésta debe estar respaldada por el 25 por ciento de los comuneros, cifra no alcanzada por los quejosos. Asimismo, señaló que el orden del día propuesto tampoco contempla el proceso de destitución del actual Comisariado, por lo que calificó de “ilegal” la convocatoria a la asamblea.
“Ella (Díaz Rivera) sabe que no es bienvenida a esta comunidad, se presenta con trabajadores de la Procuraduría (…) y nuevamente hay un clima de tensión, no sabemos qué pasará, tenemos reunión de Consejo para tomar acuerdos y convocar a una rueda de prensa para dar nuestro posicionamiento”, precisó.
Hasta este momento, ningún miembro del actual Comisariado de Bienes Comunales ha sido notificado del proceso de destitución.
http://www.perriodismo.com.mx/2015/08/21/vuelve-tension-a-zacualpan-convocan-a-elecciones/
Alejandro Nieto/Códice Informativo
Cientos de maestros marchan en Querétaro la tarde de este viernes en protesta por las reformas estructurales, concretamente por la reforma educativa.
Esta manifestación convocó el gremio en los 18 municipios, donde llegaron para partir desde puntos como la Universidad Cuauhtémoc, el Monumento al Maestro, el ISSSTE, la secundaria técnica número dos y el IMSS de avenida 5 de febrero.
A esta lucha se suman contingentes de diferentes asociaciones civilescomo la de usuarios del transporte y el frente estatal de lucha, quienes partirán rumbo al Jardín Zenea.
“Este movimiento no está llamado solamente a los maestros, están trabajadores de la salud (…) buscamos avanzar con aquellas luchas, aquellos inconformes de cómo están llevando al país, todavía podemos hacer algo para parar este proyecto neoliberal de saqueo, se esta profundizando la crisis”, explicó Jerónimo Sánchez Sáenz, profesor y organizador del evento por parte del frente estatal de lucha.
Por el momento se presenta caos vial en avenidas como Pasteur y Constituyentes, debido a la marcha.
codiceinformativo.com/2015/08/marchan-maestros-y-asociaciones-en-protesta-contra-las-reformas
Staff Códice Informativo
En voz de su presidente, Calixto de Santiago, el gremio considera que existió falta de legalidad y legitimidad en los incrementos
El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro manifestó su respaldo al amparo colectivo contra el aumento de las tarifas de Red Q, aseguró Calixto de Santiago Silva.
En asamblea extraordinaria, De Santiago Silva, presidente del Colegio de Abogados, respaldó el amparo que presentó la Universidad Autónoma de Querétaro ante los juzgados de distrito por el aumento de 6.50 a 8.50 en la tarifa del transporte público.
“El posicionamiento de este Colegio de Abogados es que se haga todo de acuerdo a la legitimidad y a la legalidad, y se faltó observar ciertos actos tendientes al aumento de la tarifa; se tienen que hacer los estudios con legitimidad y legalidad correspondientes. No tomar decisiones en el orden gubernativo de bote pronto”, expuso De Santiago Silva de acuerdo con un comunicado de prensa.
Por su parte, María Fernanda Montes Uribe, quien promueve dicho amparo colectivo y es parte del gremio de abogados, señaló que la iniciativa surge de un compromiso social, porque se afecta de manera directa a la comunidad universitaria.
“La iniciativa del amparo colectivo va sobre dos puntos: no está el estudio técnico y no hay un lineamiento respecto a la Ley de Participación Ciudadana y todos los usuarios –que se vieron afectados- no se vieron contemplados para este aumento. Es muy directo el amparo colectivo”, dijo Montes Uribe.
En este sentido y luego de someterlo a votación con los miembros de la Asamblea, el Colegio de Abogados se sumó a esta iniciativa que será presentada esta misma semana, al considerar la legitimación del propósito y explicar que estos amparos colectivos son una nueva forma de vigencia del Derecho en lo que son los Derechos Humanos y la nueva idea de la Ley de Amparo.
Dinorath Mota
Pachuca.— Al menos 12 personas detenidas y varios lesionados —sin que hasta anoche se precisara el
número— dejó como saldo una protesta de vecinos de la colonia el Huixmi en la cuidad de Pachuca, quienes
protestaron en contra del Sistema de Transporte Integrado Tuzobús, lo que derivó en un enfrentamiento con
elementos de la policía estatal que desalojaron a los manifestantes con gases lacrimógenos.
En el día se registraron dos manifestaciones, donde unas dos mil personas rechazaron el transporte
inaugurado el domingo pasado.
La puesta en marcha de este transporte y la salida de más de 500 unidades de microbuses y combis, ha
ocasionando descontento entre los ciudadanos de la capital del estado, quienes señalan que con el Tuzobús
aumentó el pasaje de 7.50 a 10 pesos, debido a que el precio de la troncal es de ocho pesos y la ruta
alimentadora es de dos pesos.
Los habitantes del Huixmi han sido los más afectados debido a que la capacidad de pasajeros del Tuzobús ha
sido rebasada, lo que ha generado que los ciudadanos inviertan hasta dos horas en un trayecto que antes era
de 30 minutos.
Además, dicen que el distribuidor sólo es funcional para salir de la colonia, pero para entrar deben rodear la
zona hasta el monumento de la Diosa de los Vientos, en Venta Prieta.
A esto se suma que la lateral junto a la colonia provoca accidentes automovilísticos, “incluso ambulancias de
la Cruz Roja y Bomberos”.
Ante ello, ayer desde temprano se manifestaron en el bulevar Santa Catarina a la entrada del fraccionamiento
antes mencionado.
Alrededor de las 14:00 horas se había alcanzado un acuerdo para iniciar unas mesas de diálogo; sin embargo,
al lugar arribó otro grupo de inconformes y la protesta se salió de control, lo que derivó en un
enfrentamiento, en el que los agentes policiacos lanzaron gases lacrimógenos, mientras que los vecinos
respondieron con piedras y palos.
De acuerdo con los vecinos, los policías arremetieron en contra de niños y ancianos, a quienes les dieron
toques eléctricos y golpearon con los escudos, en tanto que la Secretaría de Gobierno aseveró que un grupo
de infiltrados llegaron a la manifestación y comenzaron con la agresión.
En la refriega, salió herido el coordinador de Seguridad estatal, Roberto Cordero, quien recibió algunos
golpes de piedras en la cara.
Por estos hechos fueron detenidos al menos una decena de manifestantes, quienes permanecían declarando
en el Ministerio Público hasta ayer por la noche.
Por la tarde, otro grupo de manifestantes que habían sido convocados a través de redes sociales, iniciaron
una marcha a la altura de la escuela Preparatoria Número Uno, donde fue cerrada la estación del Tuzobús;
con pancartas y gritos exigían que se bajara el costo del pasaje a cuatro pesos, además de descuento a
personas de la tercera edad y de discapacitados.
La marcha en la que participaron alrededor de 600 personas entre estudiantes, amas de casa y vecinos de
Huixmi, arribó a palacio de gobierno, donde se registraron algunos empujones y daños a una patrulla,
posteriormente los inconformes decidieron volver a tomar las calles, en tanto el primer cuadro donde se
ubica palacio de gobierno fue cerrado por patrullas y granaderos se apostaron en palacio de gobierno.
La marcha culminó alrededor de las diez de la noche en la glorieta 24 Horas, ya sin incidentes, sin embargo
se prevé que las manifestaciones de rechazo continúen.
Los usuarios del Tuzobús tendrán que comprar una tarjeta que costará 17 pesos que será la misma cantidad
que podrán gastar los usuarios, el resto no tendrá saldo a favor.
www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/21/se-enfrentan-por-tuzobus
Zimapán.- La mina El Espíritu, ubicada en la comunidad de San Miguel, en este municipio, será clausurada en poco tiempo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido al incumplimiento de normas ambientales y por operar sin contar con todos los permisos correspondientes.
Fuentes internas de la dependencia, confirmaron que el proceso de clausura está en marcha. En los próximos días se llevará a cabo la colocación de los sellos, debido a la apertura de depósitos de jales mineros, principal queja de los pobladores.
A pesar de las movilizaciones realizadas por los transportistas beneficiados por la compañía, así como por los trabajadores, quienes salieron a las calles a defender sus fuentes de trabajo, las autoridades ambientales procederán con la clausura.
La semana pasada, un grupo de personas se manifestó contra la exregidora del PRD, Alejandra Rojas Álvarez, a quien acusaron de poner en riesgo a por lo menos 150 fuentes de trabajo, debido a que sus movilizaciones y demandas contra la minera El Espíritu, provocarán su cierre definitivo.
Al respecto, el diputado del PAN, Erick Marte Villanueva, ha manifestado públicamente su respaldo a la compañía, asimismo ha defendido los empleos generados, además que consideró a esta industria como “amigable” con el municipio.
Por parte de la exregidora, Alejandra Rojas Álvarez, conjuntamente con vecinos de la comunidad de San Miguel, donde ella también vive, ha denunciado que la propietaria de la empresa, la expresidenta municipal de extracción panista, Rosalía Gómez Rosas, que no cuenta con permisos para la operación de la empresa. Por ello ha pedido la clausura de la mina.
Además, ha pedido la clausura de la empresa debido a que la construcción de una segunda presa jales mineros, que están provocando afectaciones directamente a 24 familias, sin embargo es todo San Miguel, donde se sentirán los efectos por los polvos de metales pesados.
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 21 de agosto de 2015, p. 29
Saltillo, Coah.
Unos 200 niños y adolescentes de entre ocho y 17 años de edad eran explotados en un campo agrícola del ejido Estación Higo, en Ramos Arizpe, municipio conurbado a esta capital; 58 fueron rescatados en una acción conjunta del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia (Pronnif) y la Comisión Estatal de Seguridad. Los menores se encuentran ya bajo cuidado de autoridades estatales.
Los niños y adolescentes, originarios de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, fueron reclutados con anuncios en medios de comunicación, informó el secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez.
La secretaria de Trabajo estatal, Norma González Córdova, explicó que los jornaleros laboraban de lunes a domingo de las 8 a las 17 horas y recibían 100 pesos al día. Los encargados del rancho les daban de comer al mediodía; por la noche y en la mañana sólo les daban una pieza de pan y café.
Solamente disponían de dos baños, uno para mujeres y uno para hombres, y dos áreas de regaderas sin agua caliente. Dormían en el suelo y en colchonetas dentro de una bodega.
Todos tenían entre uno y cuatro meses en el rancho, sin seguridad social y sin servicio médico en sus áreas de trabajo. Cuando requerían atención los llevaban a consultorios de farmacias privadas en la cabecera municipal de Ramos Arizpe.
“Estamos ante un claro ejemplo de explotación, pues para empezar los niños hacían trabajo de adultos”, detalló la funcionaria.
El campo pertenece a la empresa ProKarne, propiedad de Óscar Lozano Chávez. Se localiza en los predios El Pedregal y Santa Cruz, donde los menores cosechaban cebollas y tomates, precisó Zamora Rodríguez.
Indicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició investigaciones y detuvo a los capataces del rancho, identificados como Roberto Martínez García, de 50 años; Pedro Cisneros Rodríguez, de 36, y Juan Gerardo Castillo, de 39.
Serán llevados a sus comunidades
La secretaria de Trabajo explicó que la noche del miércoles, cuando las autoridades llegaron al campo agrícola –ubicado a unos 30 kilómetros de Saltillo, por la carretera que conduce a Monclova–, la mayoría de los 200 niños y adolescentes habían huido.
En esa operación se localizó a 54 menores y la madrugada del jueves a otros cuatro. La policía aún busca a los demás, mencionó el secretario de Gobierno.
Los niños y adolescentes están recibiendo atención médica, se les proporciona comida y ropa limpia y pronto serán enviados a sus lugares de origen, adelantó la procuradora de los niños, niñas y de la familia, Yezka Garza Ramírez.

REGENERACIÓN/EFE
La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) rescató 54 niños de entre 200 jornaleros de un rancho propiedad de la empresa Prokarne del estado de Coahuila donde eran explotados
A través de un comunicado, se explicó que las autoridades detectaron y aseguraron dos predios en donde se encontraban trabajando alrededor de 200 menores de edad.
De ellos, 54 fueron resguardados y trasladados a un albergue para recibir atención, apuntó el boletín, en el que no se especificó qué pasó con el resto de los menores.
La operación la llevaron a cabo autoridades encabezadas por la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia; la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por estos hechos, tres hombres fueron detenidos por la fiscalía local, que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables.
Estos predios, denominados El Pedregal y Santa Cruz, están ubicados en el Ejido El Higo, municipio de Ramos Arizpe y pertenecen a la empresa Prokarne, propiedad de Óscar Lozano Chávez.
La detección de los menores se logró como parte de los operativos permanentes de supervisión y vigilancia que llevan a cabo las autoridades, explicó el comunicado.
De acuerdo con los testimonios de los niños, recibían una paga diaria de 100 pesos (6 dólares) por una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde que contemplaba solo dos comidas.
La semana laboral era de lunes a domingo, día en que solo trabajaban hasta el mediodía; dormían en el suelo, en colchonetas ubicadas en galerones que están aledaños a sus áreas de trabajo.
Para alrededor de 200 menores, la mayoría de sexo masculino, solo se contaba con dos baños, uno para mujeres y uno para hombres y dos áreas de duchas sin agua caliente.
Los menores provienen de los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, en donde son reclutados a través de anuncios en los medios de comunicación y trasladados en camiones hasta esta entidad.
https://regeneracion.mx/rescatan-a-54-ninos-explotados-como-jornaleros-en-coahuila/
Comunicado del Equipo Indignación A.C.
A 5 años de la muerte de Robert Tzab Ek, ocurrida en los separos en Tekax de la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán, hoy Fiscalía General, se ha presentado un nuevo amparo en contra de la resolución, por tercera ocasión, de no ejercicio de la acción penal, ésta determinada por el Fiscal General Ariel Aldecua quien consideró que no existen elementos para consignar a los responsables de su fallecimiento.
Robert Tzab Ek fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (Hoy Fiscalía General). Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab y en la que no se advierten lesiones. Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la entonces Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.
Desde el momento en que sucedieron los hechos Indignación solicitó al entonces Procurador, Héctor Cabrera, que las investigaciones que realizara dicha institución se hicieran apegadas a los protocolos y estándares internacionales en materia de tortura, dado que las condiciones en las que falleció Robert hacían presumir la posibilidad de que dicha grave violación a derechos humanos fuera la causa real de la muerte de Robert.
A pesar de lo anterior, la Procuraduría determinó consignar a un médico de la Unidad del ISSSTEY en Tekax, quien había atendido a Robert con posterioridad a su detención ante la ausencia de médicos legistas en el ministerio público de Tekax, intentando exculpar a cualquier funcionario de la Procuraduría. Dicho proceso resultó fallido, pues tanto el Juzgado Penal de Tekax como la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia determinaron que no había elementos para acreditar la responsabilidad del citado galeno.
Ante estos hechos, la familia de Robert Tzab, acompañada por Indignación, solicitó a la Fiscalía, mediante nueva denuncia penal presentada el 2 de julio de 2012, que iniciara la averiguación previa por el delito de tortura. A pesar de que la averiguación se inició en la agencia décimo cuarta del ministerio público con sede en Ticul, transcurrió más de un año sin que dicho órgano ministerial realizara acción alguna, razón por la cual se presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito. El 1 de enero de 2014, dicho juzgado federal determinó conceder el amparo, ordenando al Ministerio Público que en el plazo de dos meses realizara las investigaciones necesarias, y emitiera una determinación, teniendo como línea de acción la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de tortura.
A pesar de ello, el 10 de abril de 2014, el Director de Averiguaciones previas de la Fiscalía del Estado, determinó no ejercer la acción penal, es decir, cerrar la investigación bajo el argumento de que no existían elementos para acreditar que se había configuraba el delito de tortura y homicidio en perjuicio de Robert Tzab. Dicha resolución fue confirmada por el Fiscal General, razón por la cual nuevamente se presentó otro amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito quien de nuevo ordenó reabrir la investigación.
El 24 de julio del presente año, la Fiscalía, a través de su titular Ariel Aldecua, determinó, por tercera ocasión, cerrar la investigación del caso. Ante estos hechos la familia de Robert presentó un tercer amparo, mismo que nuevamente conocerá el Juzgado Cuarto de Distrito.
Resulta grave que, a 5 años de la muerte de Robert Tzab en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, no haya ningún responsable de estos hechos, a pesar de que dicho deceso ocurrió cuando Robert estaba bajo custodia y responsabilidad del Estado. El hecho de que a lo largo de todo este tiempo se haya desahogado un proceso penal, exista una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado y se hayan presentado tres amparos, exhibe que a la Fiscalía no le interesa investigar y promover las sanciones y medidas de reparación en casos de graves violaciones a derechos humanos, sino encubrir a funcionarios públicos, incluyendo policías, probablemente responsables de dichas violaciones.
Al respecto, es preciso recordar que la propia Comisión de Derechos Humanos del estado, al emitir su recomendación relativa 18/2011, tomó testimonios de dos personas que aseguraron haber escuchado agresiones a Robert Tzab cuando se encontraba en su celda, elementos que aumentan la sospecha de que Robert fue víctima de tortura en los separos de la hoy Fiscalía.
Por otra parte, no hay que olvidar que esta determinación se da a pocos meses de que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre el tema, con motivo del informe derivado de su visita a nuestro país, siendo una de ellas
a) Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, …; investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura
Recomendaciones que no parecieran ser del interés del gobierno del estado encabezado por Rolando Zapata, como en su momento tampoco lo fueron de la administración de Ivonne Ortega, pues a 5 años de la muerte de Robert Tzab, no existe ni una persona detenida, ni procesada por el caso de tortura y los que resulten, violándose con ello también el derecho que tendría la familia de Robert a adecuadas medidas de reparación del daño y profundizando la impunidad que persiste en casos de tortura.
En Yucatán la impunidad, así como mantener en sus cargos a quienes cometen tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, evitar investigaciones que conduzcan a la verdad y a la reparación, ocasiona que la tortura sea una práctica cotidiana, tolerada, naturalizada y, en los hechos, encubierta y permitida por el propio gobierno.
kaosenlared.net/mexico-en-yucatan-se-permite-la-tortura-impunidad-en-el-caso-de-roberth-tzab-ek/
20/08/15. En Yucatán se permite la tortura. Impunidad en el caso de Roberth Tzab Ek
Kaos en la red
19/08/15. Acusan a ombudsman de Yucatán de falsificar firmas en expedientes
La Jornada
18/08/15. Denuncian grave corrupción en la comisión estatal de derechos humanos en Yucatán
Kaos en la red
El representante de la CODUC y del PES, Guillermo Hernández Domínguez, acusa vínculos del gobernador Fernando Ortega Bernés, con “ganaderos peligrosos” para desalojar al menos 50 familias / Al parecer pertenecerían a un cártel colombiano
CAMPECHE, Cam., 20 de agosto.– El representante del Partido Encuentro Social y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Guillermo Hernández Domínguez acusó al gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, de tener nexos con “ganaderos peligrosos”, pues los colonos de Rancho Quemado están siendo atacados y amedrentados por gente que se especula es de Colombia, al parecer de algún cártel.
Una de las preocupaciones que más se han presentado en el sexenio del gobernador Fernando Ortega Bernés ha sido en materia de seguridad, pues en la capital del Estado han ido en aumento los robos con lujo de violencia, como en Ciudad del Carmen que impera mayor violencia y en los municipios que conformar la franja fronteriza con países centroamericanos son paso de tráfico de drogas y trata de personas, según testimonio de los ciudadanos que viven en esas áreas.
La mañana de este jueves, el representante de la CODUC en Ciudad del Carmen, Guillermo Hernández Domínguez, declaró que “los habitantes que en el poblado de Santa Rita, en el municipio de Carmen, quieren desalojar al menos a 50 familias supuestamente por infringir en terrenos de ganaderos y que a su vez éstos o el gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés tienen negocios con gentes de Colombia que no se sabe si son de algún cartel, pues custodian las tierras con armas de fuego de largo alcance y grueso calibre”.
Hernández Domínguez mencionó que ya han entrado las autoridades al predio denominado “El Sacrificio” pero que dichas personas armadas también abrieron fuego en contra de los judiciales sin poder llegar a un acuerdo y que a la brevedad iban a preparar un escuadrón para sacar a los presuntos delincuentes colombianos, que según una llamada en momentos donde supuestamente estaban siendo desalojados y atacados mandados por un ganadero de Candelaria.
Se suponía que la SEDATU estaba por reglamentar las escrituras de las tierras que están en discordia, pero que en realidad no son las denominadas del Rancho Quemado y que este jueves estaban siendo atacados con armas en manos y con la presencia de policías judiciales, la cual acusaron que ya estaba comprada por dichas personas.
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Invadían el Rancho “El Quemado” presuntamente propiedad del ex diputado federal por Sinaloa, Jesús Patón Montalvo en Aguacatal / Ya tenían viviendo ahí más de 20 años
ESCARCEGA, Cam., 20 de agosto.– Unas 50 familias que tenían invadido el Rancho “El Quemado”, supuesta propiedad del ex diputado local y federal por el Estado de Sinaloa, Jesús Manuel Patrón Montalvo, en la región de Aguacatal, municipio de Carmen, fueron desalojadas por Antonio Cab Medina, juez mixto civil familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con apoyo de elementos de diversas corporaciones policíacas.
El pleito por la posesión de esos terrenos que le fueron vendidos al ex legislador por un ganadero de Aguacatal de nombre Joaquín García, inició desde el año 2006, cuando Roberto Bojórquez Bueno, promovió el juicio ordinario reivindicatorio en contra del mismo, teniendo como apoderado legal a Francisco Arsenio Ferrer Kuri, pero las familias tenían viviendo ahí más de 20 años.
Durante ese tiempo, los habitantes habían librado varios intentos de desalojo promoviendo juicios de amparo, pero ayer fueron tomados por sorpresa y se cumplió la sentencia de desalojo, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva y del cuerpo de antimotines de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad.
El juez mixto civil familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado también se apoyó de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República para dar cumplimiento a la sentencia, tomando en posesión el predio desde en la mañana, concretándose la salida de esas familias en el transcurso del día, sin que hubiera reporte de detenidos.
Mientras se realizaba la diligencia, representantes de este grupo de familias acudieron a la Casa de Justicia a presentar un nuevo amparo, pero no tuvo efecto porque el operativo ya estaba en marcha.
Hubo algo de oposición, pero finalmente procedieron al cumplimiento de la sentencia para desalojar el rancho, al que se llega por las comunidades Centauro del Norte y Santa Rita, a 25 kilómetros de la carretera federal Villahermosa-Escárcega. De ese lugar hubo que llegar en lancha por lo apartado que se encuentra.
(Martín Contreras)
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Redacción Por Esto
Largas filas para recibir las “migajas” de apoyo / En aumento, contaminación y restricción de áreas de pesca
SEYBAPLAYA, Cam., 20 de agosto.- No obstante que hoy inició el pago de los apoyos para combustibles a unos mil 500 pescadores de Seybaplaya y Villamadero, el presidente del Frente Común de Apoyo al Pescador Seybano, Manuel Medina Martínez, advirtió que los hombres de mar no están conformes con las autoridades pesqueras, porque aún persisten graves afectaciones por contaminación petrolera y la restricción de áreas de pesca.
En entrevista telefónica, el dirigente pesquero aclaró que pese a que hoy en el API se comenzó la distribución de apoyos a combustible por un monto superior a un millón de pesos, hay una latente inconformidad por el grave crecimiento de la contaminación petrolera y la restricción de áreas de pesca.
Ya los pescadores ribereños de Seybaplaya y Villamadero no aguantan más la grave contaminación que por constantes derrames de crudos y arrojo de desechos de plataformas, se registran en los litorales seybanos, dijo.
Constantemente se dan arribazones de crudo en nuestras playas, no obstante ello, ni la PROFEPA ni Medio Ambiente estatal han implementado medidas para obligar a PEMEX a que frene esta situación, expresó.
Igualmente, Medina Martínez mencionó que se han restringido sus áreas de pesca en un 60 por ciento, por la presencia de la terminal portuaria industrial de Seybaplaya y, el atraco de barcos cargueros en un diámetro de dos kilómetros cuadrados en el litoral de su comunidad.
Esta contaminación y restricción pesquera han desplomado nuestra producción de pulpo, charal, cazón y especies de escama en un 50%, añadió.
Por otra parte, pescadores de Seybaplaya y Villamadero, calificaron como migajas los quinientos pesos que hoy les pagó el API como apoyo a combustible por cada embarcación.
Este pago cubre poco los altos gastos que tenemos a diario por dar toda la vuelta, a la terminal portuaria y, ya estamos cansados de esta situación, advirtieron los pescadores apostados en el malecón de Seybaplaya, quienes omitieron sus nombres, continuó.
Igualmente, acusaron que tras la construcción de la terminal portuaria y el puerto de abrigo de ribereños, lo que era playa en el malecón de Seybaplaya se ha convertido en grandes lodazales provenientes de esas obras.
Después del mediodía de este jueves, camionetas de cooperativas de pescadores trasladaban a los hombres de mar hacia las instalaciones del API, para realizar el cobro de apoyo a combustible.
En las instalaciones del API se formaron grandes filas de pescadores ribereños, donde más del 40 por ciento logró cobrar el apoyo para combustible.
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Redacción Por Esto
Iniciarán juicio por daños de contaminación en el Golfo de México
CAMPECHE, Cam., 20 de agosto.– El presidente del Comité Pesquero en la Lucha contra PEMEX, Rafael Armando Pinzón Sevilla, quien anunció la contratación del abogado Horacio Polanco para emprender un juicio por la contaminación generada en el Golfo de México.
Una vez más los pescadores de altura están en la búsqueda de emprender un proceso jurídico en contra de Petróleos Mexicanos con la mira puesta en una indemnización a los productores afectados, según dio a conocer Pinzón Sevilla, quienes este jueves se reunieron en la comisaría de Lerma, donde se realizó la Asamblea que determinó la contratación de Polanco.
“Aquí lo que se busca es la indemnización hacia nosotros, ya que a Ciudad del Carmen lo tomaron en cuenta por Petróleos Mexicanos, tomaron en cuenta de que les dieron un Fideicomiso y nada más a ellos, ¿y por qué?, si nosotros somos también pescadores igual que ellos, tenemos los documentos que nos avalan como la Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina, y también si se nos restringe no podemos trabajar, entonces ¿por qué nos margina y nos discrimina?, y esto tiene años que les pedimos que nos tomen en cuenta”, sostuvo el dirigente.
Con ello apenas inicia esta lucha jurídica que se pretende alcanzar y obviamente conseguir recursos, en el caso de Carmen que le entrega a los pescadores al menos 15 millones de pesos años con años, y otra cantidad similar para los ribereños.
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Elementos de la PGR persiguieron desde Hopelchén un vehículo particular sin motivo aparente
CAMPECHE, Cam., 20 de agosto.– Una más de agentes federales que hacen abuso de autoridad, dos elementos de la Procuraduría General de la República fueron denunciados por abuso de autoridad, ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, después de perseguir a un vehículo particular desde el municipio de Hopelchén.
Los dos agentes de la Policía Federal originalmente venían tras un camión que transportaba madera, al parecer sin permiso, pero en el camino se les cruzó una familia que circulaba a bordo de un vehículo compacto a quien persiguieron sin tener motivo alguno.
De acuerdo con los afectados el pasado martes 18 del actual, desde el municipio de Hopelchén eran perseguidos por los elementos de la Procuraduría General de la República que venían a bordo de una camioneta blanca con vidrios polarizados.
Los agentes le marcaron el alto al vehículo, donde viajaban las personas que hicieron caso omiso y continuaron su recorrido, pero al llegar al filtro de la Policía Estatal Preventiva, los tripulantes del automóvil reportaron el acoso de los supuestos agentes federales.
Los elementos de la Procuraduría General de la República cuando llegaron al filtro se identificaron con los agentes estatales y continuaron su recorrido. Tras la persecución los pasajeros del vehículo particular acudieron ante la Fiscalía General del Estado donde denunciaron a los agentes.
Trascendió que los pasajeros del vehículo eran perseguidos desde San Francisco Suc Tuc, en el municipio de Hopelchén, después de ser asegurado un camión con madera. En breve el expediente será turnado a la Procuraduría General de la República por incompetencia para determinar si hubo el abuso de autoridad y será el Ministerio Público Federal quien determine el proceso a seguir.
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Armando Guzmán
VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La necropsia practicada por médicos legistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que los presuntos secuestradores que fueron capturados vivos y después aparecieron muertos tras la balacera registrada el pasado viernes 14, fueron ejecutados y recibieron el tiro de gracia.
En el enfrentamiento murieron tres policías y cinco presuntos secuestradores. Dos de estos últimos estaban vivos cuando fueron capturados y después aparecieron muertos, según la versión oficial, a causa de las heridas que sufrieron en el enfrentamiento
Sin embargo, un diario local que tuvo acceso a la necropsia informó que los dos cuerpos, el de la bailarina Sagrario Negrete Marín y el mesero Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, presentaban por lo menos ocho impactos de arma de fuego calibre 9 mm.
Sagrario recibió balazos en el lado derecho de su rostro, pómulo, boca, mejilla y uno más en la frente que le provocó destrucción de la masa encefálica.
Daniel Tadeo, mesero del bar “La Doña” donde Sagrario era bailarina, fue baleado en la espalda, costilla derecha y cabeza.
La necropsia contradice la versión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de que Sagrario y Daniel Tadeo murieron por sus heridas durante el traslado a un hospital luego de ser arrestados.
“Las dos personas detenidas fallecieron después que se le dieron los primeros auxilios ante su gravedad, presumiendo que fue por las lesiones que se provocaron durante los enfrentamientos”, informó el titular de la SSP, Sergio Ricardo Martínez Ruiz, luego de la balacera.
Según su versión, cinco presuntos secuestradores huían sobre la autopista al municipio de Cárdenas, Tabasco, en un automóvil Jetta rojo desde el que dispararon contra la policía y luego perdieron el control del vehículo que cayó en la cuneta central y se impactó contra un árbol.
Cuando los policías llegaron al lugar “se percataron que habían tres cuerpos sin signos vitales y dos personas más que presentaban lesiones graves”.
Ante la situación, los condujeron al hospital más cercano para su atención, sin embargo, un elemento de custodia de la patrulla, “indicó que observaba mayor gravedad de los heridos, por lo que se detuvo la unidad y se les practicaron los primeros auxilios en espera de la ambulancia, más éstos fallecieron momentos después, presumiendo que fue por las lesiones que se provocaron durante los enfrentamientos”, señala la versión oficial.
Los presuntos delincuentes intentaron secuestrar a un hombre en el centro de Villahermosa y en su huida asesinaron a tres policías e hirieron a un agente de tránsito.
María Arévalo Torres, de 95 años, abuela de Virgilio, Fredy y Herminio Almeida, quienes murieron luego de que se impactó el vehículo Jetta en el que iban con un árbol, denunció que sus nietos fueron asesinados por la policía porque fueron capturados vivos.
La señora y sus nietas Severiana y Crystel, se presentaron en un programa de radio para hacer la denuncia y exigir a FGE toda la verdad de estos hechos.
“Si ya los tenían, para qué matarlos después”, reprochó Severiana.
El titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas, se comunicó al programa de radio y confirmó que, desde el mismo día de la matanza, se abrió una investigación y ofreció recibir a los familiares de los hermanos Almeida.
Por su lado, Virginia García Gervasio, detenida y única sobreviviente del grupo de presuntos plagiarios, reiteró que trabajaba como mesera en el bar “La Doña” y que, junto con Sagrario, fueron contratadas por los hermanos Almeida para irse de juerga, a la que también se unió el mesero Daniel Tadeo.
Presa en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), García Gervasio rechazó haber disparado contra los policías que perdieron la vida.
Eric Pacheco Beltrán/Elecciones y agresiones
La complicidad entre medios y autoridades para obtener publicidad oficial censura las voces críticas en el gremio, dicen académicos y organizaciones de derechos humanos
En Querétaro la corrupción es la principal amenaza a la libertad de expresión, ya que los medios de comunicación se autocensuran a cambio de la publicidad oficial que contratan las autoridades, coinciden académicos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La inseguridad y la pobreza no son factores con los que deban lidiar los comunicadores, pues es uno de los estados de mayor crecimiento económico. La ciudad de Querétaro, capital del estado, es la tercera urbe más competitiva, solo despues del Valle de México y Los Cabos, según el Índice de Competitividad Urbana 2014: ¿Quién manda aquí?, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“En este contexto de prosperidad, se esperaría que floreciera un periodismo libre y crítico de los excesos del gobierno, pero nunca ha sido así. En Querétaro, los medios locales surgen, crecen y se consolidan a la sombra de los gobernantes”, dicen los académicos Germán Espino Sánchez y Efraín Mendoza Zaragoza en su libro Los gobernadores, enclaves del autoritarismo en México. Sometimiento y subordinación de los medios de comunicación locales.
En Querétaro, la publicidad oficial es un medio de censura indirecta al existir una dependencia económica de los medios de comunicación, dice Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19.
Un ejemplo de ese control fue un audioescándalo que involucraba al secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, en una serie de llamadas donde ordena al coordinador de Comunicación Social, Abel Ernesto Magaña Álvarez, “romperle la madre” a un comunicador por haber tratado el tema de inseguridad en su programa radiofónico.
El comunicador fue reprendido por la titular de la radiodifusora. Pese a esto, el comunicador –quien continuó con su programa– decidió no proceder.
Justine Dupoy del Centro de Investigaciones Fundar, expuso que en el estado hay un visión homogénea en los medios de comunicación, que privilegian el discurso oficial.
“Es una concepción muy fuerte que en un estado como Querétaro haya una visión muy homogénea de la información, que nadie diga otra cosa que el discurso oficial, porque es una concepción de la democracia, muy retrógrada, porque es una concepción del poder donde los ciudadanos son pasivos y nada más escuchan lo que le tenemos que decir y ya; en una democracia fuerte y vigorosa, los ciudadanos no son pasivos”, expresó.
Durante el periodo electoral, la cobertura de la campaña del candidato del PRI al gobierno del estado, Roberto Loyola Vera, fue muy complicado debido a la censura, narran algunos comunicadores que prefieren guardar el anonimato.
Al menos tres reporteros asignados a la campaña del candidato confirmaron que de manera inesperada fueron reasignados a otras fuentes, en diferentes momentos de la campaña, después de cuestionar de manera crítica al priista.
Aunado a los arreglos entre empresarios de medios de comunicación y los gobernantes, el periodismo en Querétaro atraviesa por condiciones laborales cada vez más complicadas. Muchos reporteros trabajan para una outsourcing, con salarios mínimos y jornadas excesivas.
Esto los obliga a trabajar en tres o cuatro medios para poder subsistir, lo que complica el ejercicio del periodismo libre, pues algunos aceptan vender publicidad o recibir comisiones de sus fuentes, como ocurre en algunos casos con la contratación de la publicidad electoral.
Hugo Cardón
Ante conflicto con agrupación CUZ, trabajadores externaron su preocupación porque podrían quedarse sin trabajo por esta situación; esperan intervención de autoridades
Pidieron trabajadores y mineros la intervención de las autoridades municipales a fin de resolver el conflicto que sostienen con la agrupación Comunidades Unidades de Zimapán (CUZ), que encabeza Alejandro Rojas Álvarez.
Los inconformes, que laboran en la mina El Espíritu, propiedad de la expresidenta de Zimapán, Rosalía Gómez Rosas, y su hermano, José Luis, externaron su preocupación debido a que podrían quedarse sin trabajo por esta situación.
El grupo CUZ exigió se detenga la ampliación de la presa de jales de la mina El Espíritu al aseverar que los residuos de las minas estarían afectando seriamente la salud de los habitantes de varias comunidades de esta demarcación.
A fin de contener estos trabajos, esta agrupación ya realizó una manifestación en la capital hidalguense para solicitar a las autoridades estatales y de Ecología cancelen los trabajos.
De ahí que ahora los trabajadores y los mineros hicieron lo propio, pues además de manifestarse, ingresaron un documento a la presidencia municipal en donde pidieron la intervención de la alcaldía.
En el oficio mencionaron que de no solucionarse este problema estarían poniendo en peligro aproximadamente mil 500 empleos directos e indirectos y por consecuencia desequilibraría económicamente a varias familias de Zimapán.
Este conflicto se había expuesto desde hace varios meses, pero no fue sino hasta esta semana que se avivó.
www.cronicahidalgo.com/2015/08/problema-contra-presa-de-jales-afectaria-economia-de-familias/
Fernando Córdova Tapia y Karen Levy Gálvez
El impacto ambiental del próximo aeropuerto –a construirse sobre lo que queda del lago de Texcoco– amenaza con ser brutal, y sin embargo el gobierno federal se niega a reconocerlo y evaluarlo.
En México los megaproyectos, sin importar su tipo ni su ubicación geográfica, están casi siempre acompañados de una violación sistemática a los derechos humanos, del despojo de las comunidades locales, de la exclusión de la población en la toma de decisiones, de gravísimos impactos ambientales y del menosprecio a las opiniones de los especialistas. Por estas razones, los megaproyectos suelen estar sentenciados a generar descontento, oposición y un desgaste continuo del tejido social. Un ejemplo de todo esto es la idea de construir, encima del lago de Texcoco, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y un nueva Santa Fe.
Todo empieza con un interesado, en este caso el gobierno federal, que tiene la intención de construir una obra faraónica que repentinamente mejorará la crítica situación de nuestro país. Para poder realizar este proyecto necesita elaborar, primero, una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para que se evalúe objetivamente y así poder determinar si los beneficios son mayores a los perjuicios. Para elaborarla debe contratar una consultoría ambiental que, más que analizar objetivamente el impacto de la obra, sea capaz de justificar ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo sustentable y ambientalmente amigable que será esta obra. Entonces utiliza dos de sus fichas recurrentes en los últimos años: 1) Especialistas Ambientales S.A. de C.V, cuyo fundador es Rodolfo Lacy Tamayo, actual subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat; y 2) el Colegio de Biólogos de México A. C., que en 2013 renovó su Consejo Directivo, siendo el mismo Juan José Guerra Abud, actual secretario del Medio Ambiente, el que tomara protesta. Una vez realizada la MIA, se entrega a la Semarnat para su objetiva e imparcial evaluación y, en este caso, obvia aprobación.
Con el fin de que los proyectos sean autorizados, en México existe una tendencia a elaborar varias MIAs para un solo megaproyecto. De esta forma se busca ocultar y “repartir” sus verdaderos impactos acumulados. Por ejemplo, el Nuevo Aeropuerto contempla tanto la construcción de pistas y terminales aéreas como el desarrollo de una Aerotrópolis (la nueva Santa Fe-Texcoco). Lo único que sabemos hasta el momento de la Aerotrópolis es que será una zona urbanizable de 375 hectáreas (lo equivalente a 750 campos de fútbol de 50 x 100 m), que ofrecerá “oportunidades de desarrollo para bienes raíces comerciales de clase mundial para atender a los viajeros, dada su ubicación estratégica para desarrollos comerciales, parques empresariales y zonas de libre comercio”. La MIA omite deliberadamente los impactos de la Aerotrópolis, pero afirma que es parte del proyecto. Por lo tanto, la Semarnat, al autorizar el proyecto, firmó un cheque en blanco para la construcción de esta nueva Santa Fe-Texcoco.
Uno de los impactos más preocupantes es que esta pequeña ciudad estará conectada a la red municipal de agua potable, que actualmente está sobreexplotada. De llevarse a cabo este proyecto, una vez instalado el aeropuerto y su Aerotrópolis, todos sabemos a quién se le va a dar prioridad sobre el uso de agua potable.
Esta realidad en la que el gobierno federal es juez y parte provoca que proyectos como este se autoricen sí o sí, por encima de cualquier riesgo socio-ambiental. Por ejemplo, el secretario del Medio Ambiente, Guerra Abud, defiende a capa y espada que el proyecto es ambientalmente viable debido a que se crearán nuevos bosques alrededor. Pero uno de los elementos que omite es que la Semarnat autorizó la siembra de 264,534 árboles de la especie de cedro salado (Tamarix ramosissima), una especie invasora de alto impacto negativo para la biodiversidad mexicana. De acuerdo con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), esta especie altera los regímenes naturales de inundaciones, modifica la dinámica de los ecosistemas, promueve la propagación de incendios y provoca la desecación de los cuerpos de agua, por lo que está catalogada como una de las principales amenazas para la flora y fauna a nivel nacional. Me pregunto si la Semarnat ignora que la introducción de especies invasoras es la segunda causa más importante para la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
El ex lago de Texcoco es una de las zonas más bajas de la cuenca y se hunde entre veinte y treinta centímetros por año. Es por esto que cada temporada de lluvias existen graves inundaciones en la zona oriente de la Ciudad de México. Por ejemplo, el 42% del terreno donde se pretende construir el aeropuerto se inunda frecuentemente. Para tratar de solucionar el problema de las inundaciones en el terreno, el proyecto contempla la realización de cinco obras hidráulicas, de las que hasta la fecha no se conoce ningún detalle técnico, pues la MIA no explica nada al respecto. De esto surgen dos preguntas: ¿cómo es que a la Semarnat no se le ocurrió preguntar de qué se trataban estas obras al autorizar el proyecto?, y ¿qué certeza tenemos de que estas obras solucionarán el problema natural de las inundaciones? No olvidemos las experiencias que hemos tenido con el “magnífico” túnel emisor oriente.
El lago Nabor Carrillo colinda con el predio del Nuevo Aeropuerto y es uno de los ejemplos más exitosos de restauración ecológica en México, tanto que se ha convertido en uno de los sitios más importantes para las aves migratorias. La colisión entre aves y aviones es, sin embargo, un problema severo en los aeropuertos a nivel internacional y ha generado accidentes lamentables. Los estándares internacionales establecen que para minimizar el riesgo de colisión debe haber una distancia mínima de ocho kilómetros entre las pistas y los sitios con alta presencia de aves. En el caso del Nuevo Aeropuerto las pistas se encontrarían a menos de dos kilómetros de una zona en la que anualmente habitan cerca de 120 mil aves. Las aves migratorias son generalmente más grandes que otras aves y suelen volar a mayor altura, lo que hace que el riesgo de colisión aumente. Además, la orientación de las pistas coincide exactamente con los patrones de vuelo de estos animales. Este peligroso factor de riesgo no fue considerado ni en la MIA ni en la autorización del proyecto.
Debido a la magnitud del Nuevo Aeropuerto es necesario tener en cuenta las obras asociadas. Se está considerando, al menos, la construcción de 12 proyectos viales, con un total de 190 kilómetros, entre los que se encuentra un segundo piso para el Viaducto Río Piedad y la Autopista Urbana Oriente sobre Xochimilco e Iztapalapa. Es evidente que el impacto ambiental no será únicamente local, sino que tendría un efecto acumulado, sinérgico y a largo plazo sobre el Valle de México. Este impacto regional es el que nosotros, los ciudadanos, exigimos conocer porque de otra manera no sabremos si los supuestos beneficios serán mayores que los perjuicios. Es este mismo impacto el que el gobierno federal se niega a reconocer, estudiar y evaluar.
En este contexto, la ciudadanía está completamente excluida y sin elementos para influir ni en la evaluación ni en la toma de decisión. Actualmente, el reglamento en materia de impacto ambiental es obsoleto; no es un instrumento de evaluación y se ha convertido en un mero trámite. El gobierno federal está aprovechando la mediocre situación de la legislación ambiental para imponer el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta penosa situación seguirá ocasionando, cada vez con más frecuencia, conflictos socio-ambientales en todo el país.
Si tomamos en cuenta, además, que desde la década de los setenta muchos especialistas y urbanistas señalan que Texcoco debe recuperar su vocación lacustre, queda más claro aún que construir ahí el Nuevo Aeropuerto es una atrocidad, pues significa perder la última esperanza que tiene esta metrópoli de asegurar el abasto de agua a mediano y largo plazo.
Nota
La información técnica que sostiene cada uno de los argumentos expuestos aquí puede ser consultada en la siguiente liga: bit.ly/1J5HWff
Marcos Santiago
NEZAHUALCÓYOTL, Edomex. 20 de agosto 2015.- Unas 30 quejas se han iniciado en la Comisión de Derechos Humanos en el estado de México (Codhem) por periodistas que resultaron violentados en sus garantías individuales, principalmente por policías municipales, reconoció Carlos Felipe Valdés Andrade, primer visitador de esa institución.
Al asistir a dar un taller sobre derechos humanos a comunicadores de la zona oriente del Estado de México, dijo que tan solo en lo que va de esta año se han recibido 10 denuncias, de las cuales seis de ellas se han iniciado de oficio por notas periodísticas que se han publicado en los medios. Otras cuatros denuncias se recibieron directamente de los periodistas que han acudido a las oficinas y han presentado su inconformidad porque consideran que se han violentado sus derechos.
Respecto a la característica de las quejas que han presentado los comunicadores, Valdés Andrade señaló que estas son por no respetar el derecho a la integridad física. “Han sido agredidos por la autoridad y en ocasiones se les ha violentado el derecho a la legalidad porque no les permiten realizar bien su trabajo y dentro de ese contexto ya se han presentado cuestiones de amenazas, de agresiones físicas y demás situaciones”.
Dijo que luego de que ellos presentan las denuncias respectivas se les brinda asesoría jurídica, se les acompaña a las dependencias a las que tengan que acudir, además de la Codhem lo que hace es iniciar el procedimiento de queja como lo establece la reglamentación de la dependencia. “Indicó que la mayoría de este tipo de denuncias se presentan ante la Procuraduría General de la República donde estamos al pendiente del seguimiento que la da la dependencia a las denuncias que presentan los periodistas en relación a los hechos”.
En este sentido, el funcionario estatal reconoció que la mayoría de denuncias presentadas por violación a los derechos humanos de los periodistas son los policías municipales, quienes son lo que más han agraviado a los comunicadores impidiéndoles realizar su trabajo como tomar fotos de algún incidente.
edomex.quadratin.com.mx/30-denuncias-inicio-la-CODHEM-por-agresiones-a-periodistas-en-Edomex/

Javier Cruz Aguirre, Ensenada, B.C.
Ahora los yumanos pai pai, kiliwa, kumiai y cucapá solicitan el apoyo del gobierno federal para revisar, modificar o cancelar los convenios de usufructo que comisionados de sus comunidades suscribieron “a espaldas” de los indígenas con las compañías eólicas. Algunos de estos comuneros son mestizos o “blancos” que de alguna forma compraron derechos ejidales o comunales para controlar a los nativos.
En una reunión con el subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), licenciado Arturo Nahle García, los yumanos revelaron los nombres de algunas de esas compañías: Fuerza Eólica de San Matías, S.A. de C.V.; Cucapah Development; Clipper Windpower; APA (Asociados Panamericanos) Wind; Intaván y CISA Energía, S.A. de C.V.
Los indígenas kiliwa, la licenciada Norma Alicia Carvajal Acosta, subdelegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Baja California, y el licenciado Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), destacaron el caso de Pablo Federico Gottfried Blackmore, representante legal de la empresa Fuerza Eólica de San Matías, S.A. de C.V.
El padre del empresario, Carlos Federico Gottfried Joy, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y dueño de Fuerza Eólica S.A. de C.V., una compañía dedicada a la generación de al menos 540 megawatts de energía eléctrica en Oaxaca, Quintana Roo y Baja California por medio del aprovechamiento de la fuerza del viento.
A mediados de 2012 Gottfried Joy manifestó en la página virtual de Fuerza Eólica que tras siete años de cabildeo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, contaba“con el apoyo y respaldo total” de Ernesto Martens Rebolledo, entonces secretario de Energía; de Víctor Lichtenger Waisman, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Dionisio Pérez Jácome, director de la Comisión Reguladora de Energía; de Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, de Cristóbal Jaime Jazquez, director de la Comisión Nacional del Agua, y de “Don” Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
Gottfried Blackmore, su hijo, un egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Internacional de Florida, recibió de su padre los derechos ejidales en San Matías, comunidad Kiliwa que se asienta en un valle agrícola que se ubica en medio de las Sierras de Juárez y San Pedro Mártir, municipio de Ensenada.
De piel blanca como la de otros 22 “mestizos blancos” que también están inscritos en el Registro Agrario Nacional (RAN) como “ejidatarios”, Pablo Federico Gottfried se posesionó del consejo ejidal comunitario indígena y desde ahí impulsó la firma de un convenio con la empresa Fuerza Eólica San Matías, S.A. de C.V., filial de Fuerza Eólica, para usufructuar 250 hectáreas en donde construir un parque eólico de ocho aerogeneradores con capacidad de producir 20 megawatts.
El 15 de julio de 2010 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó el permiso de pequeña producción eléctrica en modalidad eólica a la compañía, pero el 7 de mayo de 2012 Gottfried Blackmore, en su calidad de representante de Fuerza Eólica San Matías, sorprendió al solicitar a la misma dependencia federal la terminación del permiso por renuncia, hecho que se consumó el 14 de marzo de 2013.
Casi siete meses después –el 3 de noviembre- Pablo Gottfried, ahora en su calidad de“comisariado ejidal” de San Matías, presentó y convenció a los integrantes “blancos” de la tribu, un modelo de contrato por el que la empresa eólica puede usar 27 mil hectáreas del ejido sin dar detalles del proyecto a los kiliwa.
Hasta el 7 de agosto de 2015, los nativos desconocían la renuncia que la empresa hizo al parque eólico y con qué objetivo se explotará el enorme predio en un plazo de 20 años con opción a una prórroga automática por 10 adicionales que es obligatoria para los yumanos y opcional para Fuerza Eólica San Matías.
Correspondió al licenciado Jaime Martínez Veloz revelar algunos pormenores del proyecto. Y lo dice contundente: “Es Carlos Slim Hélu quien está detrás de todo esto”.
De acuerdo con el funcionario y el estudio “Panorama Minero del Estado de Baja California” del Servicio Geológico Mexicano, el magnate tiene cinco permisos mineros para extraer plata y oro en la región kiliwa, colindante al complejo minero Sinaí, rico en esos metales preciosos.

El yacimiento Sinaí lo explota la empresa Minera San Felipe, S.A. de C.V., filial de Minera Frisco S.A.B. de C.V., de la cual Carlos Slim es presidente del Consejo de Administración y en donde se extraen 35.3 millones de toneladas de minerales de oro y plata.
Este procedimiento para adquirir propiedades inmuebles en la península de Baja California no es nuevo para uno de los cinco hombres más ricos del planeta.
En el año 2010, una investigación en el ejido Matomí de la delegación San Felipe, municipio de Mexicali, ubicó a otra empresa del consorcio Slim -Hotel Roma, S.A. de C.V.-, comprando decenas de miles de hectáreas a “ejidatarios” ligados a las empresas del potentado mexicano, que así se adueñó de decenas de miles de kilómetros de terrenos con playas en el Golfo de California.
Elías Espinoza, kiliwa de la comunidad San Matías, resumió el caso:
– “Por más de 20 años el gobierno federal obstaculizó un proyecto eólico que los auténticos nativos propusimos en alianza con la empresa Ontiveros, de la ciudad de México, pero la Secretaría de Energía y la del Medio Ambiente (y Recursos Naturales) rápido autorizaron los permisos a una empresa que es prestanombres de Carlos Slim. Eso, además de injusto es ilegal porque grandes empresarios se apoderaron del ejido y de nuestra comunidad”.
Hoy, a decir de Martínez Veloz, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas impulsa una segunda “reunión agraria” para tratar éste y otros temas eólicos en las comunidades nativas de Baja California entre la SEDATU, la Procuraduría Agraria (PA), la CDI, la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), la SEMARNAT, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Asociación Civil Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
“Se busca el cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política y en los tratados internacionales respecto a la consulta previa e informada, así como al uso y goce de los recursos en sus territorios, a lo que tiene derecho este pueblo indígena”, explicó Veloz.
También se pretende establecer una estrategia de trabajo para atender las demandas históricas en materia agraria y social de los nativos, a efecto de mejorar sus condiciones de vida e impulsar su desarrollo comunitario.
TÓRRIDOS VIENTOS

La SEGOB también tiene conocimiento de conflictos similares en otras comunidades nativas de Baja California. Un reporte de 2014 de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México le informó que otros focos rojos están encendidos en la tribu Cucapá, en donde la empresa estadounidense Cucapah Development logró una alianza “engañosa” con las autoridades de la comunidad Cucapa El Mayor para que en su territorio se invierta en el Parque de Energía Eólica de la Laguna Salada.
Otra compañía eólica estadounidense es Clipper Windpower, revolucionaria del sistema de aerogeneradores en el mundo que a través de su filial Clipper Windpower de México S. de R.L. de C.V., hizo un acuerdo ventajoso con la autoridad kumiai de Juntas Nejí y Anexas, municipio de Tecate, por lo que los yumanos ya solicitaron a las autoridades agrarias información respecto al contenido del convenio.
El último conflicto se da en la comunidad pai pai de Santa Catarina, ubicada a 100 kilómetros de la frontera con California, en donde un consorcio empresarial estadounidense y mexicano representado por las compañías APA (Asociados Panamericanos) Wind, Intaván de México y CISA Energía, S.A. de C.V., integran proyectos eólicos para Baja California equivalentes a 1.5 gigavatios.
En este caso destaca un hecho: el consorcio eólico convino con otro grupo de ejidatarios “blancos” el pago de 1.25 dólares por cada una de las 60 mil hectáreas en usufructo, convenio que dejó con tan sólo 20 hectáreas libres a los yumanos.
Michael Felloni, ejecutivo de APA, manifestó que los proyectos del consorcio buscan interconectar la frontera binacional para unir la electricidad de la zona pai pai con la red de distribución del mercado estadounidense en el sur de California.
Y destapó el por qué de la presencia de su empresa y cuando menos otros ocho grupos eólicos en la entidad:
“Hay un mercado potencial de 100 mil millones de dólares en Baja California, de donde incluso de ser necesaria la electricidad generada por la fuerza eólica en México se distribuiría a otros estados” de la Unión Americana.
20/08/15. Slim y empresas eólicas se quedan con tierras de los yumanos de BC
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18/08/15. Denuncian kiliwas despojo de tierras de empresa Cetto en connivencia con sector agrícola
Lindero Norte
08/08/15. Slim, Cetto, trasnacionales; de todo en la rapiña territorial de BC
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08/01/14. Empresa energética ofrece $2,700 por 27 mil hectáreas
Revolución tres punto cero
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE SANTA MARIA OSTULA Y COMUNEROS DE LA COMUNIDAD DE POMARO
AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
“TENEMOS UN ENEMIGO COMÚN: EL CAPITALISMO”
Michoacan
Hoy 16 de agosto de 2015 las autoridades agrarias y civiles de Santa María Ostula y un grupo de más de cincuenta comuneros de Pómaro que trabaja por la reconstrucción de su comunidad, ambas comunidades pertenecientes al pueblo nahua de la costa de Michoacán, sostuvimos una reunión de trabajo y acordamos hacer pública nuestra decisión de caminar juntos y de unir a nuestro pueblo ante los embates del capitalismo en contra de nuestras comunidades por medio de los programas y acciones del mal gobierno en complicidad con los cárteles mafiosos y las empresas trasnacionales para despojarnos de nuestras tierras y robar nuestros recursos naturales; esta es nuestra palabra:
PRIMERO.- LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA lucha por la defensa de sus tierras comunales y en contra de los grupos criminales que en los dos años anteriores se dedicaron a robar sus maderas con el apoyo del presidente municipal hoy en la cárcel, Juan Hernández Ramírez, quien también trató de asesinar al comandante general de la comunidad, Cemeí Verdía Zepeda. En estos momentos la comunidad, junto al reclamo primordial de que se le respete la totalidad de sus tierras, bosques y aguas, tiene las siguientes exigencias: 1) Libertad inmediata e incondicional del comandante general de la policía comunitaria de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda; 2) Castigo a los integrantes del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal (denominada Fuerza Ciudadana), que participaron en el ataque perpetrado en contra de la comunidad el pasado 19 de julio del año actual, ataque en el que murió el niño Hidelberto Reyes García, y fueron heridos muchos comuneros; 3) Aprehensión de los jefes templarios en la región y desarticulación verdadera de dicho cártel; 4) Respeto y otorgamiento de garantías para la policía comunitaria de Ostula y para las policías comunitarias y autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana, Coalcomán y Chinicuila; 5) Castigo a los responsables de las desapariciones y asesinatos de comuneros de Ostula del año dos mil ocho a la fecha.
SEGUNDO.- LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA comparte la experiencia de la división que existía hacia el interior de la misma con los partidos políticos interviniendo en la elección de sus autoridades agrarias y civiles, de modo que los grupos de poder patrocinaban actos con mariachis, comidas y hasta bebidas, en donde se realizaban campañas con triunfos y muchos sufrimientos en nuestra comunidad. La comunidad se organizó con voluntad y determino expulsar a los partidos políticos nombrando a encargados del orden, jefes de tenencia y comisaria de bienes comunales de manera tradicional y sin ningún compromiso con los grupos de poder, únicamente con la asamblea general bajo el principio de que el pueblo manda y el gobierno obedece.
TERCERO.- LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PÓMARO siempre ha estado unida con su hermana comunidad de Ostula y en el año 2009 apoyó la lucha de esta última en la recuperación de las tierras de la hoy encargatura de San Diego Xayakalan; sin embargo las autoridades corrompidas de Pómaro, encabezadas por el que en ese entonces era su presidente del comisariado de bienes comunales y después presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, siempre han estado en contra de la UNIDAD entre ambas comunidades. Precisamente Juan Hernández Ramírez, siendo ya presidente municipal, se alió con Servando Gómez Martínez, alias la Tuta, para robar el mineral que se localiza en las minas existentes dentro de la comunidad de Pómaro con la complicidad de las autoridades corrompidas de la comunidad. Ahora cada vez es mayor el número de comuneros de Pómaro convencidos de la defensa de sus tierras y decepcionados de que Juan Hernández Ramírez se haya convertido en un lugarteniente del crimen organizado.
CUARTO.- LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PÓMARO no apoya el bloqueo de la carretera federal costera número 200 que existe a la altura de Maruata y que es encabezada por Mohamed Ramírez Méndez, primo de Juan Hernández Ramírez y ex candidato del Partido Verde Ecologista de México y de la mafia a la alcaldía de Aquila, aclarando que dicho bloqueo no fue consultado ni aprobado por la asamblea de Pómaro, pues, dicha acción tiene el fin de presionar para que el grupo templario de Juan Hernández Ramírez siga conservando el poder en el municipio de Aquila.
QUINTO.- AMBAS COMUNIDADES NOS COMPROMETEMOS A MATENERNOS UNIDAS PARA HACER FRENTE AL CAPITALISMO Y A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO QUE ATENTEN CONTRA EL REGIMEN COMUNAL, REALIZANDO REUNIONES PERIODICAS PARA FRENAR EN PRIMER LUGAR AL PROGRAMA PROCEDE Y/O FANAR, O COMO SE PUEDA DENOMNAR EN LO FUTURO, YA QUE SU PROPÓSITO ES EL EXTERMINO DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS.
Santa María Ostula, a 16 de agosto de 2015.
LAS AUTORIDADES AGRARIAS Y CIVILES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
EL GRUPO DE COMUNEROS DE PÓMARO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SU COMUNIDAD [ Lecturas: 8 ]
La PGR busca consignar a 22 trabajadoras por el incendio en la Guardería ABC, mientras personajes públicos que fueron señalados por estar involucrados con la tragedia no han sido tocados
ESPECIAL, ago. 19 (RI/NPN).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que buscará consignar a 22 trabajadoras de la Guardería ABC por su presunta responsabilidad en el incendio del 2009, sin embargo, políticos y funcionarios que fueron señalados por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como responsables de violaciones graves a los derechos humanos de los menores fallecidos no han sido tocados.
Eduardo Bours, exgobernador de Sonora; Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas (finado), exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y Ernesto Gándara Camou, exalcalde de Hermosillo, entre otros, han permanecido intocados por la justicia.
En el 2010, apenas un año después del incendio, el ministro Zaldívar presentó un proyecto de dictamen para investigar los hechos ocurridos en la Guardería ABC.
En su ponencia, el ministro acusó que un total de 14 funcionarios de primer y segundo nivel tenían responsabilidad sobre los hechos que cobraron la vida de 49 niños el 5 de junio del 2009.
“No puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas, pudo haber evitado no solo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudieron preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores”, expuso el proyecto.
Junto con esos funcionarios, otros 10 fueron señalados por haber cometido, por omisión, violaciones graves a los derechos de los menores.
abc
El proyecto del ministro fue rechazado en el pleno de la SCJN por mayoría de votos. Se dijo que hubo un intenso cabildeo de los exfuncionarios con algunos ministros para no ser señalados como culpables.
A ellos deben sumarse otros exfuncionarios públicos que también podrían tener cierto grado de responsabilidad.
Se trata, por ejemplo, de Carlos Lam Félix, secretario técnico del entonces gobernador, Eduardo Bours.
En septiembre del 2014, Reporte Índigo publicó que la PGR contaba desde inicios del año pasado con testimonios que lo señalaban como el hombre que solicitó quemar la bodega contigua a la Guardería ABC para desaparecer documentos de la administración de Bours en los que habría pruebas de un presunto desvío de recursos.
Hasta hoy, ninguno de los funcionarios de mayor nivel ha sido sancionado.
La atención de los órganos de justicia se centró en el papel que tuvieron las maestras y trabajadoras de la Guardería que no pudieron sacar a los niños y rescatarlos del incendio.
Las culpan de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión y abandono de los niños de la Guardería ABC.
¿Y los funcionarios?
Desde el 5 de agosto pasado, día que la PGR decidió solicitar órdenes de aprehensión contra 22 maestras y trabajadoras de la Guardería ABC, la pregunta inundó las redes sociales: ¿y por qué no castigan a los funcionarios?
De acuerdo a los abogados de las trabajadoras de la Guardería, en la lista de las personas que la PGR busca consignar se encuentran solo mujeres que fueron empleadas de la estancia infantil. Ningún funcionario público. Ningún socio o dueño de ABC.
Hace cinco años, la responsabilidad de los 14 servidores públicos fue plenamente argumentada por el ministro Zaldívar y, aunque el proyecto se rechazó, el juicio público los continúa considerando responsables de la tragedia.
Además de Bours, Karam, Horcasitas y Gándara, el ministro Zaldívar señaló como personas con responsabilidad por los hechos a Sergio Antonio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales; Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías; Arturo Leyva, delegado del IMSS en Sonora; y a Noemí López Sánchez, titular del departamento delegacional de Guarderías.
En aquella lista estaban también Wilebaldo Alatriste, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; Ernesto Vargas, secretario de Hacienda; Fausto Salazar Gómez, director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda; y Jorge Luis Melchor, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo, se señaló a Jesús Davis, director de Inspección y Vigilancia Municipal de Hermosillo; y a Roberto Copado, director de la Unidad de Protección Civil de ese municipio.
Aunque algunos sí fueron consignados y llevados ante la justicia, el pago de fianzas les permitió seguir el proceso penal en libertad.
Así fueron los casos de Jesús Davis, quien pagó una fianza de más de dos millones de pesos para evitar ser aprehendido.
Fausto Salazar fue detenido y obtuvo su libertad en el 2011, después de pagar una fianza de 2 millones y medio de pesos.
Las autoridades también arrestaron a Irma Crescencia Díaz, excoordinadora de zona de estancias infantiles del IMSS. El año pasado, fue exonerada; aunque para evitar la prisión pagó más de 2 millones de pesos.
También fue encarcelada Delia Irene Botello, quien trabajaba en la Coordinación de Guarderías del IMSS. Salió de prisión en el 2014.
Otros funcionarios de segundo nivel fueron sancionados con su inhabilitación para ocupar puestos públicos. De los altos círculos del poder, nadie fue castigado.
‘No somos culpables’
Ayer, Reporte Índigo publicó los testimonios de cinco maestras y trabajadoras de la Guardería ABC que se encuentran en la lista de 22 personas que la PGR quiere enviar a prisión.
Hoy, en esta segunda parte, presentamos los testimonios de cuatro empleadas de la Guardería que estuvieron presentes el día de la tragedia. Relataron lo que les tocó vivir y el repudio público que recibieron, a pesar de haber salvado a decenas de niños.
Entre ellas, el sentimiento es de indignación. La justicia, dicen, no toca a los verdaderos culpables. Se rompe por el hilo más delgado.
No se ha tocado a los funcionarios de entonces. Tampoco a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, José Antonio Salido Suárez, Sandra Lucía Téllez Nueves, Gildardo Francisco Urquídez Serrano y Alfonso Escalante Hoeffer, los dueños de la Guardería ABC.
Incluso, Gómez del Campo Tonella, quien es prima de Margarita Zavala, la exprimera dama del país, obtuvo la absolución del caso en enero del 2012. Fue declarada inocente.
A las trabajadoras de la Guardería ABC también les entristece pensar que los padres del Movimiento 5 de Junio, que han sido los más combativos desde el día del incendio, quieran castigarlas por una acción que ellas no provocaron y en la que reaccionaron lo mejor que pudieron.
No solo ellos fueron afectados.
Todas ellas cargan con secuelas psicológicas y emocionales hasta ahora, seis años después.
Ahora, aunque sobre ellas no pesa una orden de aprehensión, se muestran preocupadas por sus compañeras; detestan la idea de que la pesadilla que todas han vivido desde entonces, pueda durar varios años más en un encierro sin sentido, en prisión.
‘Tenía un presentimiento’
Alma Dinorah Lucero era la maestra con más trayectoria en la Guardería ABC. Al día del incendio, tenía ocho años trabajando ahí. Sabía de memoria todos los recovecos y pasillos de la estancia infantil. Pero no le tocó estar ahí al momento del fuego. Eso la consume.
Ese día, Dinorah tenía una cita en el IMSS; tenían que hacerle un estudio. Así que la dejaron salir un rato, aunque ella tenía un presentimiento horrible en el pecho.
“Yo sentía algo, sentía algo muy raro. De hecho, ese día ni siquiera llevé a mi hija a la Guardería (también era alumna). La directora me dijo que me fuera al Seguro, pero la verdad yo no quería ir. Tenía un presentimiento. Sentía que algo me iba a pasar, que me iba a morir”, narró.
Horas después, Dinorah entendió lo que sentía.
Regresaba en camión de la clínica del Seguro Social hacia la Guardería, cuando recibió la llamada de uno de sus familiares, preocupado por el incendio de la estancia.
En el transporte iba la mamá de uno de los niños. Le dijo del incendio y ambas se bajaron, desesperadas. Querían tomar un taxi pero no traían dinero. Pararon a uno y las llevó gratis. La madre se bajó en un hospital. Calles antes de la Guardería, el taxi ya no pudo pasar. Ella se quitó los zapatos y, corriendo, llegó hasta el infierno.
Intentó entrar, pero no la dejaron. Corrió a la “casa verde”, pero tampoco pudo pasar. Regresó a la Guardería y encontró a las maestras y empleadas en shock, algunas sin habla, otras gritando o llorando. Las maestras que tenían hijos en la Guardería, los buscaban con desesperación. Vio que una señora que trabajaba en intendencia todavía estaba sacando una cuna con niños. Era el caos.
Llegó entonces Sandra Téllez, una de las dueñas de la Guardería, a darle órdenes a ella y a otras maestras de que se movieran a los hospitales para identificar a los niños.
Al entrar a los pasillos del hospital, empeoró el horror. El olor a quemado había impregnado todo. La llamaron a una pequeña sala para identificar niños. Jamás imaginó lo que iba a ver.
“Yo nada más dije: ‘Dame valor, Dios mío’. Yo no sabía qué iba a ver. Yo pensé que les iba a cantar, para que se calmen y se pongan bien. Yo no sabía que los niños estaban muertos. Nadie nos dijo que estaban muertos. Lo primero que vi fueron los zapatitos. Los niños estaban tapados. Ahí había 25, más o menos.
“Yo le pedí fuerza a Dios porque no estuve adentro (de la Guardería) para ayudar. ‘Ayúdame a reconocer a los niños’, decía yo, ‘no me quiero equivocar’. Yo no quería que los papás vieran así a sus hijos. Queríamos ayudar para que supieran dónde estaban”, relató Dinorah.
A ella se unió la maestra Ana Sughey. Entra las dos hicieron la primera identificación de los niños.
El momento más duro fue cuando escribían el nombre de cada niño en un pedazo de masking y lo ponían en sus pies. Algunos estaban irreconocibles. Solo supo quiénes eran por la ropa o los zapatos que traían.
A las maestras las llevaron por varios pasillos y quirófanos, reconociendo niños.
Una vez que terminaron, las retuvieron en una sala para evitar que dieran información a los familiares. Las amenazaron con llevarlas a prisión si decían algo sobre los niños que estaban en el hospital.
Una vez que terminó su labor, la maestra buscó a Jimena, una niña con la que tenía un lazo más fuerte y hasta la llamaba “Mamá”. La encontró en terapia intensiva, al día siguiente. Y aunque nadie quería dar información, a Dinorah la ayudó a pasar una enfermera que había tenido a su hijo en la Guardería ABC años atrás y que nunca olvidó la atención que la docente le dio al pequeño.
Cuando la vio, la maestra perdió el piso. Trató de despertarla en vano. Le cantó canciones, la arrulló. Fue en vano. En la madrugada, la niña falleció.
La madre de otra niña, que fue internada en un hospital de Estados Unidos, le llamaba varias veces al día para que Dinorah le cantara canciones a la pequeña, por teléfono. Su mamá le ponía el auricular en el oído, para que escuchara.
“¿Cómo es que ahora algunos papás nos quieren meter a la cárcel? No se acuerdan que para nosotras, ellos también eran nuestros hijos”, dijo, sollozando.
A Alma Dinorah todavía le duele el corazón cuando piensa que no estuvo en el lugar para ayudar a más niños.
Pero luego piensa en su hija, a la que ese día no llevó a la Guardería. Y agradece haber hecho caso a su presentimiento
“Qué más diéramos que haber estado en ese momento ahí, que no se pudo. Yo digo, si hubiéramos estado todas, las que ya habían salido, a lo mejor hubiéramos sacado a más niños. No sé, me pongo a imaginar muchas cosas; pero no existe el hubiera”, comentó.
A partir de ese día, su vida cambió totalmente. Alma Dinorah sabe que jamás volverá a ser la misma, haga lo que haga.
‘Nos marcó para siempre’
Ana Sughey Hernández era maestra de la Guardería. También era madre de familia de la Guardería, pues su hija acudía ahí desde muy pequeña.
Esa tarde, salió de su turno minutos antes de que comenzara el incendio. Llegó a su casa y cuando estaba ahí recibió una llamada: la estancia se estaba quemando.
De inmediato, subió a su auto y volvió, desesperada, para intentar ayudar y buscar a Jonathan, su sobrino, que también era alumno de la Guardería.
En la estancia infantil se encontraba Sandra Téllez, una de las socias de la estancia infantil, indicando a las maestras que habían salido y regresaron, o que ya estaban fuera del incendio, que debían ir a identificar a los niños a los hospitales y al Servicio Médico Forense.
Al llegar a un hospital, una enfermera le advirtió a ellas y a otras trabajadoras que estaban ahí, que iban a ver cosas muy feas. Les pidió prepararse para lo peor.
Le tocó entrar a reconocer los cuerpos de los niños fallecidos. El horror de verlos la impresionó. Aun así, no quiso tomar ningún medicamento, para estar en sus cinco sentidos y poder reconocerlos.
Al terminar, la retuvieron adentro del hospital, como a las otras maestras.
En una de las salas encontró a Jonathan, su sobrino. Le pidió a alguien que le informara a su familia que él estaba ahí. Nadie dijo nada.
“No sabe uno cómo pedirle perdón, hasta a un familiar, porque yo ofrecí que la Guardería era buena. ‘Porque yo te dije, es buena Guardería, yo lo voy a estar viendo, yo lo voy a cuidar’. Y no se lo cuidé”, dijo Sughey, entre lágrimas.
En una de las camillas encontraron a Olga Lidia Ochoa, otra de las maestras de la Guardería que había sufrido quemaduras y solo pidió una cosa: ‘Encuentren a mi hija, busquen a mi niña’. En ese momento cayó inconsciente. Su pequeña también asistía a la Guardería ABC.
En el hospital se encontraron a un padre de familia de la estancia infantil que trabajaba como enfermero. Las cuestionó sobre lo que estaban haciendo al momento del incendio. Se les fue a los golpes, pero alguien lo detuvo.
Más tarde se fue a otro hospital a donde habían llevado a su sobrino. Estuvo ahí, ayudando.
Ahora, Ana Sughey dice que la vida ya no es igual. Ha estado en tratamiento psiquiátrico, igual que todas sus compañeras, y aunque trata de salir adelante, a veces le cuesta mucho trabajo.
“Ya pasaron seis años y haz de cuenta que fue ayer, que es ahorita. Para nosotros, eso fue algo que nos marcó nuestras vidas, marcó nuestra existencia y nos marcó para siempre”, reflexionó.
El sobrino de Sughey falleció. Tenía la misma edad que su hija, quien ahora tiene ya 9 años de edad. Y cada vez que la ve, recuerda que su sobrino tendría la misma edad y compartiría cosas con su pequeña, tal como lo hacía cuando eran compañeros en la Guardería ABC.
‘No lo podía creer’
Silvia Torres era la encargada de la cocina de la Guardería ABC. A las 14:45 era su hora de salida. Ese día, fue al reloj checador a registrar su salida, tomó su bolsa y salió del inmueble.
Fue a hacer compras en un súper cercano. Estaban en la caja cuando ella y la compañera con la que iba se percataron que mucha gente estaba en la puerta del mercado. Una señora le gritó a otras que se estaba quemando la Guardería. Se paralizaron.
Aventaron la mercancía que traían en las manos y corrieron de regreso. Cuando llegaron ya había cunas afuera, llenas de niños. Los policías no las dejaron pasar.
Comenzaron a llevar las cunas a la “casa verde”. Le quitaron la ropa a los niños, les echaron aire y agua y así los pudieron estabilizar.
Silvia recuerda que, días más tarde, en fotografías y videos, ella y otras de sus compañeras que habían terminado su turno antes de las 15:00 horas aparecieron en las fotos cargando sus bolsas de mano.
Fueron criticadas porque se pensó que habían preferido sacar sus pertenencias que a los niños. No fue así. Las bolsas estaban resguardadas en un área cerrada con llave. Solo quienes ya no estaban en turno, llevaban sus pertenencias. A Silvia, junto a otras de sus compañeras, la subieron a una patrulla y la llevaron a declarar a la PGR. Pasadas las 21:00 horas, salió de ahí. Regresó a la Guardería. No podía creer lo que sus ojos veían.
“No lo podía creer porque los niños pasaban mucho tiempo con nosotras; eran nuestros esos niños. Eran nuestros (…) Lo que yo no puedo entender es por qué los papás nos tratan así. Si vieran ellos cómo queríamos a los niños. Eran parte de nuestra familia.
“Todos los días estaban con nosotros. Ahí las muchachas los enseñaron a comer, a ir al baño, a hacer sus primeras letras. Todo lo que la mamá debe de hacer, lo hacíamos nosotras (…) Nosotros dábamos la vida por los niños. Si los niños que están vivos es porque las compañeras los sacaron”.
La vida de Silvia también cambió radicalmente. Le costó dos años encontrar otro trabajo. El gobierno de Guillermo Padrés les ofreció empleo. Pero durante meses las tuvieron en ascuas. Nunca se concretó la oferta.
“Muchas cosas han hecho con nosotras. Nosotras nunca habíamos hablado así, hasta ahora. Siempre calladas, siempre escondiéndonos.
“En mi casa yo tenía alteros de periódicos, diario los compraba para ver qué pasaba. Debajo de mi colchón yo tenía un periódico donde estaban todos los niños. Me lo tiraron, el periódico. Mi carácter cambió, en mi casa. Y yo sé que mi familia lo siente”, narró Silvia.
A ella, como a muchas otras, le quitaron el servicio médico. Ahora debe vivir con las secuelas del incendio en su día a día.
El maltrato
Dulce María Valdez era maestra de la Guardería ABC. Aquel fatídico 5 de junio era su primer día de vacaciones. Estaba en su casa descansando cuando un vecino tocó a su puerta y le dijo que se estaba quemando la estancia infantil.
Todavía en pijama, la maestra salió hacia la escuela. Cuando llegó ya no encontró a los niños o a las maestras. Se las habían llevado en las patrullas a declarar. Fue a la PGR.
“Las hallé en una forma deplorable, como si fueran unas asesinas. Estaban en la banqueta, sentadas en el suelo. A la primera que vi fue a Araceli Moroyoqui. Le pregunté qué les había pasado. La vi muy mal, mojada, llena de cenizas”, narró.
Estando ahí, un oficial le ordenó que se subiera a una patrulla porque la iba a llevar a los hospitales a identificar niños.
En uno de los hospitales se encontró con una de las dueñas. También le ordenó que tenía que ayudar en la identificación. Pero ella estaba ahí por voluntad propia y amor a los niños.
Desde ahí comenzó el maltrato. Cuando le tocó llegar a la morgue del Hospital General para identificar a los menores, se sintió la falta de empatía hacia las maestras.
En la sala donde estaba identificando a los niños, un oficial de la policía la acompañaba. La presionaba para que no se fuera a equivocar y diera un testimonio falso.
“En un pasillo, recuerdo bien que le dije a un oficial que me dolía la cabeza, que me sentía mal. Ya había visto mucho. Pasó una enfermera y preguntó: ‘¿Qué es ella?’, cuando le pidió una pastilla para mí. ‘Es maestra, anda identificando niños’, le dijo. ‘Ah no, nosotros no les podemos dar medicamentos a las maestras. Les estamos dando calmantes y medicamento a los papás.
“Desde ese momento, a nosotras como maestras, ya nos estaban negando un derecho. Desde ese momento, ya nos empezó a hacer a un lado la misma sociedad. Y nosotros, por respeto a los papás, por respeto a todos, empezamos a hacernos a un lado, a callarnos”, rememoró Dulce.
Cuando la maestra ya no podía más por el impacto emocional de lo que estaba viviendo, pidió retirarse del hospital, pero no la dejaron irse. Como ya no aguantaba, aprovechó un descuido del policía y se escapó a su casa en un taxi.
La maestra recuerda que los meses posteriores fueron un martirio. Le daba miedo salir a la calle.
Isabel Flores relató que varias de las extrabajadoras de la Guardería ABC han entrado en crisis nerviosas en los últimos tres o cuatro días ante la incertidumbre de que en cualquier momento ejecuten una orden de aprehensión en contra de ellas.

Isabel Flores trabajaba en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora cuando ocurrió el incendio aquel 5 de junio de 2009, en el que murieron 49 niños, hoy su nombre podría estar en una lista de órdenes de aprehensión giradas por la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta responsabilidad en esta tragedia.
Será la próxima semana cuando un juez de Hermosillo resuelva si concede o no las órdenes de aprehensión contra 22 empleadas de la Guardería ABC por los hechos trágicos de junio de 2009.
Al respecto Isabel Flores, dijo que sus compañeros y ella están viviendo esta situación con miedo por lo que les vaya a pasar y con mucha tristeza porque “no sabemos lo que va a pasar porque no es justo, nosotras hicimos todo humanamente posible por salvar a esos niños, el siniestro nos ganó porque fue menos de un minuto lo que tuvimos para sacarlos”.
En entrevista vía telefónica con Ciro Gómez Leyva, precisó que las autoridades judiciales pretenden acusarlas de abandono de infante o de persona, asesinato culposo.
“Estamos nerviosas tanto nosotras como extrabajadores, como las familias, estamos pasando momento muy feos, sentimos como que estamos volviendo para atrás otra vez”, dijo.
A pregunta expresa sobre a qué se dedica actualmente, comentó que no puede trabajar porque desde el día de la tragedia “ya no somos las mismas, no duramos en los trabajos por el miedo o porque los mismos jefes nos despiden al saber que fuimos trabajadoras de la guardería ABC, por la cuestión de los permisos, porque ya no estamos bien, nos ha afectado en muchos aspectos esto”.
Relató que varias de las extrabajadoras de la Guardería ABC han entrado en crisis nerviosas en los últimos tres o cuatro días ante la incertidumbre de que en cualquier momento ejecuten una orden de aprehensión en contra de ellas.
“Tenemos que estar con medicamentos porque todo esto nos pone muy mal, no hemos superado nada de esto, para nosotros es como si hubiera sido ayer. Estamos medicadas por el psiquiatra, tomamos tranquilizantes”, recordó.
La extrabajadora recordó que cuando ocurrió el incendio ella se encontraba en el comedor, ingiriendo sus alimentos alrededor de las 14:40 horas y empezó a escuchar que crujía el techo pero pensó que eran los pichones que se metían en la bodega.
“Resulta que no, porque siento que se me va a caer encima el techo, me levanto y veo hacia la pared en donde se nos estaba metiendo el humo, no nos daba aroma a nada, no olía a nada y en ese momento le dije a alguien que se estaba quemando la bodega, habíamos cuatro personas en el comedor, y dijimos se está quemando la guardería y nos fuimos, salimos corriendo a la sala y a sacar niños”, relató.
Por ello consideró injusto que las quieran acusar de la muerte de los niños porque incluso tienen compañeras quemadas, una de ellas se quedó encerrada.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=526637&idFC=2015
Por: Darwin Franco Migues
19 de agosto 2015.- La “operación confirmación” que emprendió la Fiscalía General de Jalisco el 25 de julio para encontrar a las personas no localizadas (término que usa en lugar de desaparecidas) concluyó con la baja de 73 expedientes de personas que fueron localizadas cuando se visitó su domicilio para preguntarles a sus familiares si acaso su desaparecido ya había regresado. No se trató de una visita pericial sino de una de confirmación pues en la Fiscalía General y en la Agencia del Ministerio Público 12/C se ignoraba el estatus de las investigaciones que aparentemente realizaban.
Poco o nada se supo sobre los motivos que propiciaron tanto la desaparición como el regreso de estas 73 personas, pues la Fiscalía se concretó a decir que los había localizado cuando acudió a sus domicilios. El Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, únicamente informó que diversos elementos de la Fiscalía visitaron 158 domicilios y localizaron a 73 personas.
A través de la solicitud de información (LTAIPJ/FG/832/2015) realizada a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco se preguntó cuáles fueron los motivos de la desaparición y el regreso de estas 73 personas, así como el género y el año en que sus familias interpusieron la denuncia por desaparición. En relación al primer punto se contestó que la Fiscalía no contaba con una base de datos donde indicaran los motivos o móviles por los cuales desaparecen las personas en Jalisco.
En lo referente al género de las personas que ya habían regresado a casa con sus familiares se sabe que fueron 40 hombres y 33 mujeres, los cuales fueron denunciados por sus familiares como desaparecidos entre los años 2007 y 2015.
Es decir, la Fiscalía tenía en esos casos un rezago que incluso rondó los 8 años, ya que en todo este tiempo su personal fue incapaz de corroborar que muchas de estas personas ya habían regresado a casa. Desde la Fiscalía se responsabilizó de esto a las familias que simplemente “no avisaron” que su ser querido había aparecido siendo que su labor pericial debía obligarlos a saber cuántas personas (no expedientes) siguen desaparecidas.
Dentro de la “operación confirmación” se localizaron a un total de 73 personas, el 25 de ellas había sido reportadas como desaparecidas en el año 2014; 13 en 2001; 12 en 2013; 6 en 2010, 4 en los años 2007, 2008 y 2012; 3 en 2015 y 2 en 2009. De ninguna de ellas se sabe cuáles fueron los motivos por los que desaparecieron y, menos, las razones que las trajeron de nuevo a casa.
Desaparecidos en Jalisco
El dar de baja estos 73 casos de desaparición no significa que el delito haya desaparecido, pues la Fiscalía General debiera de dar con los responsables (si así los hubiera) de cada una de estas desapariciones.
En la reunión consultiva que tuvo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) con familiares de desaparecidos de Michoacán y organizaciones civiles nacionales que trabajan una propuesta para la Ley General de Desaparición Forzada apostó porque un delito como la desaparición fuera imprescriptible, pues la desaparición no debiera terminar con la aparición o localización del desaparecido sino hasta que se dé la consignación de los responsables (intelectuales y materiales) de la desaparición.
En el caso de Jalisco al no estar tipificada la desaparición de personas como un delito, la Fiscalía General simplemente puede dar de baja estos 73 expedientes sin que alrededor de ellos exista consignación alguna, ya que basta con tocar 158 puertas y encontrar que 73 personas han regresado a casa por sus propios medios. La Fiscalía archiva expedientes que serán considerados como parte de sus acciones periciales para la búsqueda de personas no localizadas aunque en realidad no las buscaron sólo fueron a sus casas a confirmar si aún estaban desaparecidos.
En Jalisco desde el año 2006 hasta el 30 de junio del 2015, 2 mil 269 personas no han regresado a casa.
http://www.proyectodiez.mx/los-no-localizados-de-la-fiscalia-general-de-jalisco4/
Mérida, Yuc., Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Oasis de San Juan de Dios e Indignación presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público estatal en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y algunos de sus funcionarios, a quienes acusa de alterar documentos y falsificar firmas de una persona muerta en dos expedientes vinculados con tratamientos contra VIH/sida. Según las ONG, el gobierno estatal fue omiso en otorgar medicamentos complementarios a pacientes con VIH y sólo entregaba los que cubría el Seguro Popular; además, en febrero de 2014 se quejaron ante la Codhey por violación de los derechos humanos y negación de atención médica a un migrante que padecía VIH/sida, quien falleció poco después. Ambos organismos hallaron desistimientos de las quejas con firmas falsificadas de Carlos Méndez, presidente de Oasis, y de Eva Pool, voluntaria del mismo albergue, quien murió el 10 de enero pasado.