Mayela Sánchez
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).— En el Estado de México hay una sistemática violación a los derechos humanos y la instancia pública encargada de su salvaguarda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), no es sino un “apéndice” del poder político mexiquense, pues no se ha atrevido a investigar de forma seria y profunda dichas violaciones.
Así lo consideró el abogado y defensor de los derechos humanos en esa entidad José Antonio Lara Duque, quien como coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) ha acompañado a varias comunidades mexiquenses, sobre todo indígenas, en la defensa de sus derechos.
“Lo que vemos es un crisis sistemática de violaciones a derechos humanos: hay violaciones a derechos humanos colectivos, sobre todo en los pueblos indígenas; es un estado que sigue ejerciendo como una práctica sistemática la tortura; y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son violados de forma cotidiana en la gran mayoría de colonias y pueblos que conforman el estado”, dijo en entrevista.
Ya desde 2011, una decena de organizaciones civiles había señalado la ausencia de una política gubernamental en materia de derechos humanos en el Estado de México, revelada por la falta de resultados del Gobierno estatal para garantizar el acceso a derechos sociales y por los abusos cometidos o impulsados desde las instancias gubernamentales, como lo documentaron en el Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005-2011: La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado.
Aunque publicado en 2011, lo señalado en el informe no pierde vigencia, conforme con lo referido por Lara Duque: la situación de las mujeres frente a la violencia estructural y sistemática y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades siguen siendo problemas presentes en la entidad. A ellos se suma como uno de los problemas prioritarios en la materia, de acuerdo con el abogado, el de la tortura a manos de policías estatales y municipales.
En este contexto, la Codhem –en tanto la instancia pública encargada de la protección y defensa de los derechos humanos de los mexiquenses– ha tenido un rol inoperante o, de plano, ausente, a decir de defensores de derechos humanos que han trabajado en la entidad y de un ex integrante del Consejo Consultivo de la Comisión.
Nancy López Pérez, del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), refirió que el Estado de México es una entidad muy compleja, donde confluyen muchas problemáticas –como la migración, la trata de mujeres, movimientos sociales contra megaconstrucciones– pero donde no se ha visto la protección a los ciudadanos ni mucho menos la atención a sus reclamos. Por el contrario, dijo, las autoridades han mantenido una política de negación y, en consecuencia, han sido omisas.
Pese a que parte importante de la vigilancia, el respeto y la promoción de los derechos humanos recae en los organismos públicos encargados de su protección, consideró, en este caso la Codhem “se ha caracterizado por tener una participación bastante pasiva en la grave situación de derechos humanos en el Estado de México”, pues no se le ha visto como una institución que se mantenga vigilante y que esté denunciado o haciendo públicas las principales violaciones a derechos humanos en el estado.
Para el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, la Codhem es una instancia “ausente”, que “pareciera como si no existiera”.
“Si de repente la desaparecen nadie se va a dar cuenta porque lo que hace no tiene repercusión, no tiene peso y pareciera como que no hace nada”, expresó. “Me parece que está ausente en los temas en donde se percibe, se ve que debe haber un ombudsman que investigue, que esté sobre las autoridades para que hagan lo que están omitiendo hacer”.
Miembro del Consejo Consultivo de la Codhem durante seis años (hasta 2012), Ortega Sánchez consideró que actualmente la mayor violación a los derechos humanos que sufren los mexiquenses es la falta de una respuesta adecuada de la autoridad para darles seguridad y tranquilidad. “Eso hace que sus derechos a la vida, a la libertad, a la paz no sean respetados si la autoridad no cumple con lo que tiene qué hacer”, dijo.
¿COMISIÓN INÚTIL?
La Codhem lleva 22 años operando como el organismo público y autónomo de protección a los derechos humanos en el Estado de México, una entidad vecina a la capital del país, que ha sido históricamente gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que aglutina a la mayor cantidad de habitantes del país.
López Pérez y Lara Duque coincidieron en que pareciera que la existencia de la Codhem se explica más por la inercia de un mandato constitucional de que cada entidad debe tener su propia comisión, que por un efectivo compromiso de las autoridades estatales con la salvaguarda de los derechos humanos.
“Existe porque existe en otros estados”, expresó Lara Duque sobre la Codhem, “pero es inoperante. Hoy la Codhem no sirve en ningún sentido a la sociedad mexiquense”.
SinEmbargo buscó al presidente de la Codhem, Baruch Florente Delgado Carbajal, para comentar sobre estos señalamientos. Pero, el funcionario no estuvo disponible. En su lugar, el Primer Visitador de la Codhem, Federico Arneaga Esquivel, defendió en entrevista que la Comisión sí tiene una incidencia real en los asuntos que trata.
Expuso que la Codhem ha enfocado su trabajo en dos vertientes: el fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos en la entidad y la atención a quejas, que han derivado en recomendaciones pero, mayormente, en conciliaciones o mediaciones entre los ciudadanos afectados y las autoridades.
Arneaga Esquivel detalló que las quejas recibidas se pueden clasificar en cuatro grandes áreas, conforme al rubro con el que están relacionadas: del sistema educativo, salud y sistema penitenciario.
Cuestionado sobre la falta de impacto del trabajo que realiza la Comisión, el Primer Visitador defendió que el trabajo está reflejado en las recomendaciones que ha hecho y señaló que son procedimientos a los que se les da continuidad hasta que se subsanan las violaciones a derechos humanos cometidos por una autoridad.
En lo que va de 2015, la Codhem ha emitido 18 recomendaciones y en el último lustro ha hecho, en promedio, 20 recomendaciones por año, de acuerdo con la información publicada en su portal electrónico. De acuerdo con Arneaga Esquivel, cada año reciben entre 6 mil y 7 mil quejas.
Para la abogada de la CMDPDH, la baja cifra de recomendaciones muestra una postura “muy pasiva” de la Comisión, pues “resalta que siendo un estado tan grande y con tantas problemáticas el número de recomendaciones que se emita al año no sea proporcional con la gravedad del asunto […] lo cual claramente no refleja la gran dimensión de las problemáticas de los muchos municipios que integran el estado”.
El Primer Visitador reconoció que si se contrastara el número de quejas con el de recomendaciones no se vería reflejado el trabajo de la Codhem, pero explicó que eso es porque detrás de esa baja cifra de recomendaciones hay un trabajo de conciliaciones y mediaciones respecto de las quejas que reciben. “Toda persona que viene a la Comisión siempre obtiene una canalización o una gestión para resolver esa problemática”, aseguró.
Explicó que se han emitido recomendaciones en casos de afectaciones a la integridad física y síquica de menores de edad, atentados contra la libertad personal (ya sea por detenciones administrativas o torturas) y afectaciones al derecho a la salud.
Al preguntarle por qué el trabajo de la Codhem no se ve reflejado en la realidad de la entidad, Arneaga Esquivel respondió que quizá era por una cuestión más “sentimental” que administrativa, en referencia a que no se ha hecho suficiente promoción de su labor.
“Son místicas de administración, son místicas de responsables. Hoy la mística que nos hace es: ‘Abran las puertas de la Comisión’. Es una Comisión de puertas abiertas”, afirmó.
López Pérez no concordó con esa postura. Por el contrario, dijo, la Codhem ha mostrado poca transparencia en su actuación, pues no tiene un procedimiento abierto, en el que se pueda saber si las recomendaciones emitidas fueron aceptadas por la autoridad o si las víctimas han sido reparadas o no.
“Ese tipo de información, que es fundamental para verificar que efectivamente el papel de la comisión ha funcionado, ha incidido en generar acceso a justicia o reparación a víctimas, no se encuentra actualmente disponible para el público en general. También es cierto que debería haber una mejor campaña de difusión al interior del Estado de México para hacer presencia de la misma Comisión y que la ciudadanía sienta la confianza de acercarse a esa institución porque va a haber algún tipo de resultado al interponer su queja”, consideró.
“APÉNDICE DEL PODER”
Ortega Sánchez, quien fue consejero de la Codhem cuando estuvieron al frente de ésta Jaime Almazán y Marco Antonio Morales, en las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas [actual Gobernador], defendió que en el periodo en que él trabajó en la Codhem hubo una gestión desde el Consejo Consultivo sobre temas relevantes y respecto de los cuales la Comisión tendría que pronunciarse, así como una respuesta adecuada de sus presidentes.
Pero para Lara Duque, quien ha trabajado durante varios años en la defensa de los derechos humanos en la entidad, la Codhem no ha sido sino un “apéndice del poder político en el Estado de México”.
“Es una comisión que no se atreve a investigar de forma seria y profunda las violaciones […]. No se ha atrevido a hacer una recomendación seria y profunda de todas las violaciones que ocurren en el estado, y simple y sencillamente la gran generalidad de su proceder es una suerte de protección, por omisión, de las distintas violaciones que están pasando”, afirmó.
El abogado y defensor dijo que las ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya, los abusos contra la población otomí de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, por su oposición a un proyecto carretero, y los feminicidios son casos paradigmáticos que evidencian esa sujeción de la Codhem al gobierno estatal, pues en ninguno de ellos la Comisión ha manifestado una postura, mucho menos ha realizado investigaciones al respecto.
Arneaga Esquivel justificó que en el caso de Tlatlaya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el asunto, de modo que no podía haber hecho una recomendación al respecto (a pesar de que hubo autoridades locales involucradas en el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas). No obstante, aseguró, la Codhem hizo algunas diligencias, que fueron remitidas a la CNDH.
Sin referirse particularmente al caso de San Francisco Xochicuautla, el funcionario dijo que cuando existen denuncias, ya sea directas o a través de los medios de comunicación, de abusos de autoridades contra comunidades indígenas, por su oposición a proyectos urbanos o carreteros, han hecho visitas a los lugares y han investigado. Sin embargo, Lara Duque afirmó que todos los pueblos que acompaña el CDHZL han presentado quejas ante la Codhem sin tener ningún respaldo de la instancia.
En lo que respecta al tema de feminicidios, Arneaga Esquivel refirió que hicieron un trabajo de coadyuvancia y que se han integrado expedientes de quejas y remitido a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se completen investigaciones, se cumplan órdenes de aprehensión, o se remitan a la defensoría pública para reparación de daño a víctimas. También, aseguró, se han abierto quejas de oficio.
El pasado 28 de julio se emitió, por primera vez, una Alerta de Violencia de Género en 11 municipios en el Estado de México, por el alto número de homicidios de mujeres por razones de género, desapariciones y casos de violación sexual. La declaratoria de la alerta se hizo luego de cinco años de litigio y un año para que se admitiera la procedencia de la solicitud, y tras una demora injustificada que creó una vulneración permanente a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, así como una vulneración al derecho al debido proceso de las organizaciones civiles que solicitaron la activación de la Alerta desde 2010, señaló la CMDPDH en un comunicado.
A ello, agregó López Pérez, se suma que en el diagnóstico que hizo el grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional se señaló que algunos de esos casos fueron cometidos directamente por funcionarios públicos y por policías o que prevalecía la impunidad, “lo cual también genera una violación a derechos humanos”.
Sin embargo, la Codhem no investigó en ningún momento estas violaciones a los derechos humanos.
Rodolfo Domínguez, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una de las organizaciones que impulsó la Alerta en la entidad y que ha trabajado la problemática del feminicidio en el Estado de México, dijo desconocer alguna recomendación en la materia o la investigación de algún caso por parte de la Codhem.
Domínguez expresó que en los feminicidios ocurridos en el Estado de México que han acompañado nunca han considerado algún trabajo de incidencia con la Codhem. La razón, expuso, es que, tal como ocurre con las comisiones de otros estados, no se le ve con un papel activo en la investigación de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, consideró que la Codhem pudo haber tenido más incidencia abriendo quejas de oficio para investigar cómo se está procurando justicia en casos de feminicidios. “Pero a la fecha no se ha hecho”, afirmó.
Aunque reconoce que las comisiones de derechos humanos tienen un alcance meramente recomendatorio, Domínguez resaltó la importancia de dichos organismos, pues las investigaciones que pudieran hacer en ciertos temas ayudan para demostrar las violaciones a los derechos humanos.
“Eso para activistas, para defensores, para las propias víctimas ayuda. Son documentales, son elementos que pueden ayudar en los procesos”, apuntó el abogado.
“Yo en lo personal defiendo mucho el papel de los mecanismos de protección pero desgraciadamente no han tenido el papel preponderante que se esperaría de ellos. Y también han tenido una legislación que los ata un poco de manos, entonces me parece que sí valdría la pena que tuvieran un papel mucho más activo […]. Es el sentido de tener este tipo de órganos”.
EL OMBUDSMAN, UN HOMBRE DEL GOBIERNO
Desde enero de este año, la Codhem está en manos de Baruch Florente Delgado Carbajal, maestro en Derecho y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, cuando fue nombrado en sustitución de Marco Antonio Morales.
El defensor Lara Duque criticó que en el nombramiento del actual Ombudsman no hubo una inclusión real de la sociedad civil para ciudadanizar al organismo. Por el contrario, señaló, se optó por un personaje proveniente de una instancia del Gobierno mexiquense. Y nada menos que el máximo representante del Poder Judicial estatal.
Mientras desempeñó dicho cargo, Delgado Carbajal fue señalado por la ex esposa del ex Gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, Maude Versini, de demostrar “estar a favor” del ex mandatario local al haber hecho “declaraciones públicas inapropiadas” sobre el procedimiento de Restitución Internacional de Menores que entonces mantenía abierto ante el Juzgado Tercero de lo Civil en el municipio de Lerma.
Versini criticó que, siendo el servidor público de mayor rango del Poder Judicial en el Estado de México, Delgado Carbajal divulgara “informaciones erróneas” sobre dicho procedimiento. Ello porque el entonces magistrado presidente había informado que la resolución de la autoridad judicial sobre el procedimiento se había emitido dentro del plazo legal, pese a que se había demorado por más de las seis semanas establecidas para los procesos de ese tipo.
Para este año, la instancia a cargo de Delgado Carbajal maneja un presupuesto de 141 millones 784 mil 651 pesos, de los cuales 120 millones se destinaron a servicios personales.
La llegada de Delgado Carbajal a la Codhem fue una especie de enroque, pues sustituyó a Marco Antonio Morales, quien dejó el cargo para buscar un cargo en el Poder Judicial estatal. Morales ocupó el cargo de ombudsman de 2009 a 2013 en un primer periodo. Ese año fue ratificado por cuatro años más, de modo que su encargo acabaría en 2017, pero en enero de este año renunció, en medio de la crisis por el caso Tlatlaya.
Respecto a la repercusión que la cercanía con el poder político pudiera tener en el trabajo del encargado de la Codhem, López Pérez aludió al criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos respecto a que algo no solamente tiene que ser justo, sino parecer que lo es.
“En este caso, creo que la comisión estatal no solamente debería ser autónoma, imparcial, objetiva en su toma de decisiones y en la forma en que trabaja, también debería dar esta apariencia, debería generar en la ciudadanía la confianza de que pueden llegar a presentar su queja y de que efectivamente puede llegar a contar con el respaldo de una institución autónoma e independiente que vaya a investigar y determinar con plena objetividad sobre los hechos que se denuncien”, opinó.
www.sinembargo.mx/12-08-2015/1439409
