Tenosique, Tabasco
Por segunda ocasión, padres de familia que tienen estudiando a sus hijos en la escuela primaria José María Pino Suárez, cerraron un tramo de la calle 26, como medida presión para que la Secretaria de Educación les mande un profesor que les hace falta.
De acuerdo con la version de la señora Mónica Guzman,quen se encontraba físicamente apoyada por con unos 20 padres de familia mas, sostiene que les esta urgiendo un maestro el de 6° grado, en cuyo salón los alumnos no han tenido clases desde que terminaron las vacaciones.
Comentó que este bloqueo en esa arteria al paso vehicular lo hicieron igualmente el pasado 6 de febrero porque les hacían falta tres maestros y, ante la presión el día 8 de febrero viene el maestro Cecilio bolón Mosqueda,quien es el jefe del departamento de asesoría y gestión de la SEP y nos vino a presentar tres maestros para los grados que hacían falta de 6° C, 3° B y 3° C y él se comprometió que estos mentores iban a terminar el ciclo escolar.
Sin embargo resulta que la maestra de 6° grado que llevo su documentación a la SEP por motivos quedesocnocemos no procedió su contratación, razón por lo cual, no se pudo cubrir este lugar, provocando que los padres familia se molestaran y cerraran toda la escuela donde se afectaran a unos 500 alumnos, especifica.
A este cierre llego la policia de transito para pedirles que dejaran el acceso libre a la circulación, ya que no contaban con permiso legal de la autoridad vial, no obstante, la protesta continuo lo que orillo a los conductores de automotores a buscar otra salida alterna.
Con una consigna clara: “La vida vale más que el carbón”, la organización Familia Pasta de Conchos extendió su trabajo de exigencia de la búsqueda de sus deudos abandonados por el Estado en 2006 en una mina propiedad de Grupo México, a la defensa de los derechos de otros mineros, la protección del medio ambiente, la creación de memoriales y la construcción de alternativas de trabajo para trabajadores mutilados. Su propósito: que no se repita lo que ocurrió con sus familiares.
A 10 años de la explosión que dejara enterrados a 65 mineros del carbón, Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos e integrante de Familia Pasta de Conchos, cuenta a Másde131:
“El aporte de estos 10 años fue romper ese enclave, romper la lógica de muerte que había. Ese es el aporte que hemos podido dar”.
La región carbonífera de Coahuila es muy grande. Va de Monclova a Piedras Negras. Tan sólo hay 160 mil habitantes para 16,040.1 kilómetros cuadrados. Ahí se encuentran los municipios de Melchor Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, y pueblos como Cloete, Agujita, Barroterán, Esperanzas, Palau, Minas la Luz y Nueva Rosita.
Auerbach describe que en la región del carbón hay un sentir común entre los mineros y sus familias: como nadie consideraba reprobable la violación de sus derechos, su muerte en las minas se volvió natural, una muerte cotidiana. A los mineros se les oye decir que se sabe dónde van a entrar, pero no saben dónde van a salir. Y es que hay familias en el pueblo donde murió el abuelo en una mina, el hijo huérfano muere cuando se vuelve adulto; así, hasta tres o cuatro generaciones.
“Es una historia de muerte con la que es necesario reconciliarse” cuenta la defensora de derechos humanos.
En 1889 murieron 300 mineros en la Mina El Hondo. Es el primer registro documentado de un siniestro en estas minas de carbón. Trece años después murieron ahí mismo otras 135 personas. De acuerdo con un documento proporcionado a Másde131 y titulado “Nuestra historia” que habla sobre los 10 años de trabajo de Familia Pasta de Conchos calcula que hay 402 mineros muertos tan sólo en minas que son propiedad de Grupo México. En total, alrededor de 3000 mineros han muerto en la región desde finales del siglo XIX.
Auerbach explica que el carbón de Coahuila se utiliza para la energía y la fundición del acero que usamos: tanques de gas, vigas, cubiertos; todo: “Este carbón es trabajado por obreros que la sociedad ha olvidado”.
Romper con la Lógica de muerte: logro de familias a 10 años de Pasta de Conchos
En 1951, los mineros de Nueva Rosita se fueron a huelga por sus derechos laborales. Viajaron en la Caravana del Silencio hasta la capital del país. El gobierno de Miguel Alemán prácticamente los encerró en el deportivo 18 de marzo, y nunca los recibió. Los mineros regresaron a Coahuila, y las condiciones de vida de las familias no mejoraron. La memoria de esa larga marcha sigue viva en la región.
La organización Familia Pasta de Conchos marchó primero a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 3 de marzo de 2006. Casi un año después, llegaron en caravana al memorial instalado en Polanco, frente a las oficinas del corporativo de Grupo México, pero con familiares de otras minas: Lulú, Pocitos Ferber, Vertical 4, Mina 5 (La Esmeralda) y Mina 7 (Saltillito) de AHMSA. En la caravana había gente de los pueblos de Palaú, Nueva Rosita, Progreso, Barroterán.
Cada 19 de febrero acostumbran viajar al corporativo de Grupo México en la capital y realizar un memorial.
En la región carbonífera: aislada, sola; construir una organización donde la gente se sienta familia es un aporte. Su organización no es sindical, sino de papás, mamás, hijos, trabajadores en activo, sobrevivientes, habitantes de los pueblos afectados por la Minería. Además, muchas de las personas de la región emigraron de San Luis Potosí y Zacatecas. Su organización tiene gente de todos los partidos e iglesias distintas.
Y es que, al principio, el gobierno hablaba de 65 viudas. No era cierto, pero como sabían que eran 65 mineros hablaban de eso, eran 63, uno de los mineros era viudo y, el otro, soltero. A las viudas se les llamaba “beneficiarias” de los derechos del trabajador. Ellas dicen: “Yo no me beneficié de la muerte de mi marido”. La organización, por otro lado, empezó a hacer notar a la familia extendida organizada de los mineros; alrededor de ellos había 650 familiares.
Llevaron otros casos que ya no eran pasta de Conchos. Hace tres años la organización debatió sobre si se querían llamar así, pues ahora la mayoría de sus integrantes ya no son dolientes de la tragedia de hace 10 años; sin embargo, eligieron seguir llamándose así ya que la lucha de Pasta de Conchos les da sentido de pertenencia desde 2006. Hoy, junto a las familias de aquel entonces, hay 15 mil personas de seis pueblos mineros.
“Algo de lo que hicimos fue tomar el campo de lo simbólico” recuerda Auerbach, y relata que el #1DMx, durante la toma de posesión le Enrique Peña Nieto, el Movimiento de Colectivos de Bordado por la Paz en México les hicieron llegar pañuelos. Las familias de los mineros comenzaron entonces a realizar la labor de bordar los pañuelos, pero de manera distinta.
“Resultan muy fuertes porque viene el nombre del culpable, de quien fallece, el nombre de la mina, la fecha, y empezamos a recuperar la memoria”, explica.
En el 2007, primer aniversario de la tragedia, levantaron cruces afuera de la mina con los nombres de cada trabajador, del dueño y la fecha de muerte. “Las primeras 65 fueron Pasta de Conchos, pero luego poníamos las siguientes”.
Cada viernes santo se colocan las cruces de mineros muertos de otros años a la vuelta de la curva donde está Pasta de Conchos, porque ahora las autoridades impiden a las familias ir hasta el lugar. Hoy deben de haber 300 cruces. Cada año, al pasar, se le llevaron flores a unos, a las dos semanas ya había flores nuevas.
Cada viernes santo se colocan las cruces de mineros muertos de otros años a la vuelta de la curva donde está Pasta de Conchos, porque ahora las autoridades impiden a las familias ir hasta el lugar. Hoy deben de haber 300 cruces. Cada año, al pasar, se le llevaron flores a unos, a las dos semanas ya había flores nuevas.
“Es un referente que han intentado, dicen los alcaldes municipales y empresarios que las van a quitar: Como vienen sus nombres, ya no les gustó; porque si viene el minero, no importa, pero el nombre de la mina y el empresario ya no les gusta” cuenta Auerbach.
CERRAR TAJOS
El tema de la Minería del carbón es complejo. Abarca tres niveles de gobierno. La concesión la entrega la Secretaría de Economía, pero el alcalde da permiso de uso de suelo. Casi todo el municipio de Sabinas se encuentra concesionado a mineras, ahí se encuentra Cloete.
Familia Pasta de Conchos trabaja con varios pueblos en la región, incluido Cloete, donde adentro de tierras ejidales, en las calles, casi debajo de las casas, hay tajos de Minería. La gente bromea: En Cloete es el único lugar donde los tajos tienen dirección y código postal.
Los habitantes de Cloete y Familia Pasta de Conchos lograron que, oficialmente, se pararan los ruidosos, polvorientos y contaminantes trabajos en los tajos. Su siguiente paso es plantear que sean tapados.
“Se sienten más libres, estaban agobiados y agotados por temas de muertes y lo que les hacían en los pueblos que ya ni se salía de las casas por el miedo” relata Auerbach, “la época de (el gobernador Humberto) Moreira y los Zetas fue pavorosa para la región”.
Auerbach denuncia que muchos empresarios se hacían pasar por Zetas. La policía levantaba a quien se oponía a la apertura de minas. Entregaban a las personas a los cárteles o los llevaban a la cárcel. Para dejarlos libres, acusa la activista, tenían que firmar que estaban de acuerdo con las minas.
Este 17 de febrero, a un día de que se cumplan los 10 años de Pasta de Conchos, la organización paró un nuevo tajo de Minería de carbón ilegal en Cloete. La mina es propiedad del primer regidor del municipio de Sabinas, Jaime Arellano. Hasta hoy, la organización Familia Pasta de Conchos ayudó a cerrar 30 tajos ilegales.
“Lo que nos une es la certeza de que la vida vale más que el carbón y de ahí no nos mueven, está encima de contratos, concesiones, acarreo. Si para sacar el carbón vas a afectar la vida no te dejaremos sacarlo” explica Auerbach.
“No es que uno aprenda a vivir con el conflicto, pero sí se aprende a llevar la vida en el conflicto”, cuenta.
Cooperativa de chiles
No es que uno aprenda a vivir con el conflicto, pero sí se aprende a llevar la vida en el conflicto”, cuenta.
En la región es común ver mineros mutilados y en sillas de ruedas que ya no tenían trabajo y no encontraban qué hacer. Hay algunos que hasta piden limosna. Armaron entonces cooperativas de socios que hacen una inversión, lo regresan; generan después un fondo para multiplicar y es una alternativa.
En el Ejido Minas de Barroterán, algunos trabajadores sobrevivientes de siniestros en las minas tienen una cooperativa para siembre de una hectárea de chile piquín y japonés. El próximo diciembre cumple tres años. En el primer año, los mineros no se preocupaban por reemplazar las matas, sino por sacar chile como si fuera mina de carbón.
En una región sin sustrato comunitario y sentido de pertenencia, ha tenido que cambiar una cultura basada en el extractivismo a una que se sustente en la vida de las personas. Por ello, mineros de toda la región buscan a la organización: “permitió que se visibilizara la situación de derechos humanos”.
RECIBIENDO DENUNCIAS
Los años que le siguieron a la tragedia de Pasta de Conchos empeoró la situación para los mineros, especialmente en 2011. En aquel año, murieron en promedio dos mineros por mes.
En el memorial del 2011, Familia Pasta de Conchos presentó el informe “Dime desde allá abajo”. Ahí mostraron el estado de las minas entre 2008 y 2010 con documentos oficiales. Desde entonces, la organización lanza informes anuales en los que prueba que las tragedias en la región carbonífera en las minas de carbón no son accidentales, espontáneas ni irremediables. En 2012, murieron 33 mineros del carbón dentro de las minas.
Después de la renuncia aquel año del secretario del trabajo calderonista Javier Lozano, quien en reiteradas ocasiones operó a favor de Grupo México, la Secretaría del Trabajo otorgó a Familia Pasta de Conchos las actas de inspección de la mina desde el 2000. Ahí se dieron cuenta de cómo los mineros denunciaban las mismas condiciones varios años antes.
También se dieron cuenta de la complacencia y corrupción de la mayoría de las empresas mineras, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, el IMSS y el Gobierno del Estado de Coahuila. Se enteraron incluso de que había una lista de precios por cada irregularidad cometida: las empresas realizaban pactos o depositaban regularmente para no ser inspeccionadas.
Entonces cambiaron la estrategia. Desde agosto de 2013 acompañan a los inspectores de la Secretaría del Trabajo. Hicieron campaña entre los mineros y sus familias para que se atrevieran a denunciar los lugares donde se violaban normas de seguridad e higiene y derechos laborales. Repartieron 30 mil tarjetas con teléfonos, direcciones para denunciar de manera anónima.
En 2012 murieron 33 trabajadores, en 2013 murieron dos; en 2014 murieron tres y en 2015 murió uno. Además, fueron despedidos 14 inspectores, el jurídico de la Delegación de Coahuila de la STPS, el Delegado en Coahuila de la STPS, todos por actos comprobados de corrupción y negligencia.
Al principio denunciaban esposas e hijas de lo que los padres les contaban en la comida. Los trabajadores se oponían porque dejaban de ganar por turno, después se dieron cuenta que su vida iba de por medio.
“Vieron que no era que se acabara la Minería, sino que no hubiera que sacarlos muertos” explica Auerbach, quien cuenta que incluso, ya les llegan denuncias por Facebook y Twitter.
“Eso no significa que está resuelto el problema. Con una extensión territorial tan grande y el abuso institucionalizado impune, no quiere decir que no se repita”.
EN PASTA DE CONCHOS TAMBIÉN FUE EL ESTADO…
“Creo que señalamos claramente desde el inicio al Estado, más allá de si era Fox, Calderón, Peña Nieto, hay una institucionalización de la impunidad”, denuncia Auerbach: ” Para nosotros como Familia Pasta de Conchos, da lo mismo si es del PAN, del PRI, el resultado es igual: No es un asunto ni de personas ni de partidos, sino del Estado, el que está obligado de tutelar, promover los derechos humanos y laborales”.
“Entreguen a los de Pasta de Conchos para que la sociedad les crea que van a entregar a los desparecidos”, le dijeron las familias de Pasta de Conchos al ex titular de la PGR, Murillo Karam.
En julio de 2013, él mismo les dijo que el rescate de los cuerpos era una decisión presidencial; pero cambió de parecer: Ni los mineros de Pasta de Cochos, ni los desaparecidos, ni los muertos.
El 1 de septiembre de 2015, tras varios malabares de distintos jueces que no le permitieron entrar a la mina, la PGR se declaró incompetente para continuar con la indagatoria abierta el 13 de noviembre de 2013. Karam se fue y ahora Arely Gómez les manda a decir que los delitos ya prescribieron. Pero la Familia Pasta de Conchos se pregunta cómo la PGR después de 10 años dice que los delitos ya prescribieron si ella misma los dejó prescribir.
Auerbach insiste:
“Saben dónde están, saben cómo sacarlos, saben quiénes son y no los entregan, para nosotros es un mensaje para todos: En Ayotzinapa no saben, según, pero aquí sí saben y dónde están y no los sacan. El mensaje de no rescatar a las familias de Pasta de Conchos es: no vamos a entregar a los 26 mil desaparecidos”.
A pesar de los informes de entes extranjeros como la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno mexicano no cambió su decisión. Germán Larrea, dueño de Grupo México, era cercano al gobierno de con Fox mediante la fundación Vamos México. Fernando Gómez Mont es el abogado penalista de Germán Larrea.
Son conocidas las muestras de complicidad, opacidad y protección a Grupo México por diversos funcionarios locales y del gobierno de Humberto Moreira, acusado por el padre Raúl Vera en una entrevista a Proceso de ser responsable por la tragedia.
Grupo México sigue cometiendo crímenes en México y en el extranjero (Sonora, Perú). Ningún presidente, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón (quien desoyó cuatro veces las peticiones de las familias), ni Enrique Peña Nieto ha querido siquiera reunirse con las familias de los 65 mineros.
Cristina Auerbach fue golpeada, hostigada en su hogar; recibió amenazas y estuvo a punto de irse del país. Actualmente, quince integrantes de Familia Pasta de Conchos tienen averiguaciones abiertas. Ya vivieron un desalojo policial en 2009 cuando estuvieron en plantón frente a la mina donde se encontraban sus muertos.
Para Cristina; Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas y Pasta de Conchos tienen en común una reivindicación laboral, y todos los casos de distintas maneras fueron criminalizados. Se pregunta: “¿Qué pasó con los campesinos, con los maestros?”. Y agrega: “La criminalización de la protesta sirve para distraernos del conflicto original”.
El peritaje del 2007 pagado por la empresa al “experto” D.G. Wooton dice que a la mina no pueden bajar rescatistas por riesgos de contraer VIH y tuberculosis mediante agua contaminada. Este peritaje fue retomado por diversos medios este 17 de febrero, pues todavía es la excusa de la empresa para no entregar los cuerpos de los mineros. Además, existe el rumor de que Pasta de Conchos reabra en 2016 con otra denominación social: “Mina Reunificación Fresnos”, lo cual es legalmente imposible, pues la Secretaría de Economía suspendió hace dos años la concesión. Familia Pasta de Conchos espera desde el 2010 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita su caso.
“Después de 10 años de este proceso diría: Hay que mantener la vista levantada y ver más allá de lo que diga Murillo, la minera, o el presidente pasado, presente y el que sigue. Estamos llamados a la vida, que está por encima de todos ellos”, opina Auerbach.
La defensora cuenta que escuchó a un comentarista de radio que urgía al rescate de los mineros para que se acabara su organización: “Yo creo que aunque fuera el rescate mañana de los mineros, no hemos acabado, la Minería del carbón va a seguir, las familias del carbón van a seguir. La expectativa de las familias ha cambiado, respeto a DH, condiciones de vida digna y eso está todavía por hacerse”.
Y culmina: “Familia Pasta de Conchos es un órgano que se va a quedar para reconstruir la vida”.
Se trata del espacio que el Centro Ecológico de Akumal reclama como propio; cooperativas protestan.
Sara Cauich/SIPSE
TULUM, Q. Roo.- El conflicto que mantienen el Centro Ecológico de Akumal (CEA) y prestadores de servicios cooperativos se hizo más grande cuando el CEA anunció que cobraría 130 dólares por el ingreso a la zona de cada turista nacional o extranjero, aunque los pobladores no tendrían que pagar.
Las posturas se endurecieron ayer cuando el CEA instaló una cerca para delimitar su propiedad y cerró el acceso a actividades comerciales, aunque estableció que mantiene el camino abierto a los pobladores.
No obstante, colocó nuevamente la reja, estacionó una camioneta para impedir el paso, además, colocó alambre de púas y duplicó el personal de seguridad.
Héctor Cubedo Lizarraga, director del CEA, explicó que las medidas tomadas solo tienden a garantizar el respeto a la propiedad privada.
Por su lado, los náuticos mantienen una barricada al inicio de la calle de entrada, cerca de la carretera, en respuesta a las acciones del CEA, pues con ello pretenden impedir el paso del turismo que también deja dividendos al Centro Ecológico de Akumal.
Cooperativas protestan
De las siete cooperativas, cuyos integrantes se han manifestado, sólo “Piratas de Akumal” tienen concesión de la Zofemat, dijeron que buscan agotar el diálogo con autoridades. El abogado que los representa, René Medrano, acudió infructuosamente a la presidencia municipal a solicitar audiencia para exponer la situación y buscar una solución.
A la entrada, cerca de las 13:30 horas, los manifestantes tomaron la decisión de cerrar el paso por completo a los transeúntes, turistas y residentes, derivado de la falta de respuesta a una audiencia con las autoridades municipales, según indicó Orlando May, uno de los directivos de la cooperativa de guías Ecológicos de Akumal.
El local de la cooperativa Piratas de Akumal, permaneció cerrado todo el día y en el módulo que tienen en la playa había un puñado de socios.
El flujo de turistas que llegaban en busca del mar nunca se frenó, y los vehículos con viajeros a bordo no pararon de llegar, sólo para encontrar el panorama descrito, en el acceso. Hasta entrada la tarde, personal de la Dirección de Tránsito municipal acudió para retirar a las unidades que llegaban.
Colocaron la cerca de noche
La colocación de la cerca ocurrió durante la noche del martes para el miércoles y por la mañana el personal del CEA trabajó en la colocación de plantas en el lindero mismo de la cerca.
Ante estos hechos, el Centro Ukana I Akumal exhorta a las autoridades municipales a cumplir con los acuerdos previamente establecidos para que se respete el derecho de propiedad y los programas de reordenamiento comercial en el acceso principal.
Y a los ambulantes y comerciantes que lucran con la explotación de los recursos naturales, a conducirse en el marco del derecho y respeto a la propiedad privada.
De igual forma hizo un llamado a las autoridades federales a que hagan cumplir los lineamientos vigentes de respeto a la zona federal marítimo terrestre.
Ante la alerta ejidatarios del sur de Baja California afectados por el Grupo Minero México, una comisión del Congreso del Estado realizará un recorrido por la zona de El Arco, donde este grupo empresarial pretende realizar un proyecto de extracción de minerales en una superficie de 15 mil hectáreas.
La mitad de esta superficie la adquirió en nueve centavos de dólar por metro cuadrado, según pobladores de la zona ubicada en el municipio de Ensenada.
Este proyecto minero afecta a la población de los ejidos El Costeño, Independencia y Confederación Nacional Campesina (CNC), quienes solicitaron la intervención de legisladores bajacalifornianos.
Agregó que ese proyecto impacta también a un acuífero del Llano del Berrendo, “sobre el que oficialmente la Comisión Nacional del Agua tiene prohibición estricta para extracción”, detalló el representante popular.
Dijo que en septiembre de 2014, exhortó a la delegación en Baja California de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que entregara información sobre el proyecto minero, pero unas semanas después, la dependencia federal respondió vía oficio que “revisó sus archivos y no encontró que tuviera algo al respecto”.
Ahora, Martínez dijo que los pobladores de estos ejidos ya vendieron cerca de siete mil 500 hectáreas, “pero a precios sumamente bajos; la información que nos han dado es que les pagaron a nueve centavos de dólar el metro cuadrado; es decir, les pagaron 900 dólares por hectárea, lo que representa un abuso por parte Grupo México”.
Este grupo empresarial ha manifestado que compro terrenos a 1.32 dólares por metro cuadrado, pero “es totalmente falso”.
Explicó que los residentes del ejido El Costeño aún no ha vendido y que Grupo México intenta comprarles alrededor de siete mil 500 hectáreas, lo que representa la mitad de la superficie que comprende el proyecto total, por lo “que se busca mejorar su capacidad de negociación frente a la abrumadora fortaleza del Grupo México y el inminente establecimiento del aprovechamiento minero”.
El presidente de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso, Alberto Martínez Carrillo, señaló que también revisarán el impacto en los ecosistemas, especies, acuíferos para “de alguna forma, fortalecerlos, conocer la realidad actual y construir los mecanismos necesarios para proteger la flora y fauna del lugar, incluso antes de que se realice el proyecto minero”.
Juchitán, Oaxaca.- Unas mil 500 mujeres pensionadas del Istmo de Tehuantepec no pudieron cobrar sus quincenas debido a que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) cometió un error en la fecha de expedición de los cheques “15 de Febrero 2015” y no “15 de Febrero de 2016” por concepto de pensión alimenticia.
Las afectadas, la mayoría amas de casa y otras más profesionistas exigieron a la dependencia ubicada en la ciudad de Juchitán resolver con prontitud esta situación que supuestamente fue a causa de un “error humano”.
Oriundas de Ixtepec, Juchitán, Unión Hidalgo, Reforma de Pineda, San Francisco del entre otras localidad puntualizaron que no es la primera vez que sucede este error, pues han ocurridos dos similares hace algún tiempo.
Los errores del año pasado se presentaron, el primero en el enero 2015 con la emisión de bonos que iban de 800 a mil pesos y el segundo al emitirse cheques sin firma, ante lo cual fue imposible cambiarlos.
“No es la primera vez que nos hacen esto, ya hay antecedentes, desconocemos si es a propósito cual es su intención, si ese dinero lo jinetean o alguien más los cobra, a partir de ahora tendremos un abogado para que nos asesore”, manifestó Janet Sánchez Santiago.
Janet Sánchez Santiago, indicó molesta que la institución emitió cheques para las pensionadas con fecha de 15 de febrero del 2015, en vez de 2016, lo que obligó a los encargados de la entrega suspender la emisión, y esto dejó a las beneficiadas sin el respectivo descuento a sus ex maridos y esposos, que van desde el 20 hasta el 50 por ciento del sueldo.
Manifestaron que el supuesto error deja sin alimento a sus hijos, debido a que la mayor parte es su única fuente de ingreso.
“Nos dicen que la reposición del pago será en la próxima quincena (29 de Febrero 2016) y mientras tanto, tendremos que buscar como alimentarnos, esto es una burla, en caso de que nos incumplan vamos a manifestarnos, no es posible que continuamente se den los errores “humanos”, eso es realmente incierto”, expresaron.
Con el crimen violento de una mujer en el municipio de Cuautla, el martes, la cifra de feminicidios incrementó a 686 contados a partir del año 2000, informó la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).
Los homicidios de mujeres cobran un nivel de preocupación porque desde hace seis meses ocho municipios del estado tienen activada la Alerta de Violencia de Género, dijo José Martínez Cruz, representante de la organización civil en Morelos.
En lo que va del año se cuentan 11 crímenes violentos de mujeres lo que, en opinión del activista, refleja la falta de operación de la recién inaugurada Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, porque no se han creado módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de la alerta.
Además, citó Martínez Cruz, su funcionamiento no contempla la asistencia multidisciplinaria con abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad, así como el protocolo de actuación de los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.
El seguimiento realizado por la CIDH precisa que el rango de edad de las mujeres asesinadas durante la alerta fluctúa entre los cuatro y los 85 años. “Se hizo un análisis más fino y se observó que el mayor porcentaje (excluyendo la categoría de sin especificar) se encuentra entre los 21 y 30 años, con un 18.91%, seguida de un 13.51% entre 31 y 40 años. Cabe destacar que la tendencia que se muestra en la gráfica, representa que se han incrementado los feminicidios en mujeres de 41 a 50 años y de 81 a 90”, expuso la organización civil.
El pronunciamiento de la CIDH fue emitido luego de que el martes fue encontrado el cadáver de una mujer en el municipio de Cuautla. El cuerpo estaba desnudo, cubierto por cartones y calzaba zapatos de tacón alto.
La CIDH reconoció un avance significativo en la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, que presentó el gobernador con carácter de preferente ante el Congreso Local en septiembre de 2015.
Sin embargo, la organización observó que no se tomó en cuenta la contradicción existente entre el Código Penal en su artículo 129, que establece que no se debe sancionar a quien culposamente pudiese haber ocasionado homicidio culposo a su esposa, mientras que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en su artículo 19 que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas de mujeres.
Hasta ahora, afirma la CIDH, sólo se ha hecho, de manera puntual y aislada patrullajes preventivos, difusión de información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia, y el contenido de la Alerta de Violencia de Genero de manera general.
Oaxaca de Juárez.- En enero y lo que va de febrero de 2016, en Oaxaca se han registrado 18 asesinatos de mujeres, de los cuales 12 están reconocidos como feminicidios por parte de la Fiscalía General del Estado, cifra que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio considera suficiente para exigir una declaratoria de alerta de género para el estado.
“El número de casos registrados en las primeras semanas del año son alarmantes, lo que al mismo tiempo revela que la problemática se le sale del control de las autoridades”, aseveró la abogada del Observatorio, Anayeli Pérez.
La alerta de género, indicó, no es cuestión de cifras elevadas; es el indicador del cumplimiento mínimo del Estado de Derecho. “Hay países en donde 13 feminicidios es la cuenta total en un año”.
Mujeres reportadas como desaparecidas y después aparecen muertas, sus cuerpos en estado de descomposición, con impactos de bala son, entre otros, los casos de asesinatos de los que se tiene conocimiento que han sucedido en varias regiones del estado.
“Un gobierno comete negligencia al permitir que la cifra avance…las autoridades de procuración de justicia y de seguridad deben tomar en serio la problemática, pues ya es un tema que rebasa las investigaciones comunes”, refirió la defensora de las mujeres.
OAXACA, SIN CESE EN FEMINICIDIOS
Cifras del periodo 2012-2013 proporcionadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indican que se cometieron 3 mil 892 homicidios dolosos contra la mujeres en todo el país.
En abril del 2012, la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 325 del Código Penal Federal, con la que se tipificó como delito grave el feminicidio, que definieron como los crímenes de odio contra mujeres que hayan sido violadas, incomunicadas, amenazadas, mutiladas, torturadas y vejadas, además de ser privadas de la vida.
Durante el 2014, Oaxaca ocupó el tercer lugar a nivel nacional en número de feminicidios con 129 casos reportados, indicó el Observatorio Nacional.
En el conteo de ese año, Oaxaca solo se encuentra por debajo del Estado de México y del Distrito Federal, superando a estados como Durango, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa y Chiapas.
Sin embargo en el 2014 solo se puede dar cuenta de esas 13 entidades que publicaron sus reportes, pues sobre los datos de 2015 y lo que va del año, el Observatorio carece de cifras oficiales debido a que los gobierno estatales se han negado a liberar esta información, agregó la abogada, lo cual calificó como parte de la omisión de las autoridades para atender el problema.
A nivel nacional, sólo el 15.75 por ciento de las entidades que tienen tipificado como delito grave el feminicidios inician sus investigaciones en ese sentido, informó la Anayeli Pérez.
LA COSTA, UN INFIERNO PARA LA MUJER
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, que corresponden del 1 de enero al 15 de febrero, de los 16 asesinatos de mujeres cometidos hasta esa fecha, 6 de ellos se registraron en la región de la Costa.
El vicefiscal de esa zona del estado, José Miguel Reyes Jiménez, indicó que estos actos no son propios de la región, sino que es un problema general que tiene que ver con cuestiones sociales, violencia en la familia, en el noviazgo y otros casos por problemas personales.
En los Valles Centrales se registraron 4, en la cuenca 2 casos, en la cañada y Sierra sur, uno más, así como en la región de la Mixteca dos asesinatos más de mujeres.
LA LEY ESTÁ A FAVOR DE LA MUJER: FISCALÍA
La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Iliana Hernández Gómez, negó que el gobierno sea omiso en la atención a este tema.
“Sí siguen ocurriendo feminicidios, pero no es el Estado las está asesinado, son hombres en específico, violentos, machistas, con una educación patriarcal”, afirmó.
“Detener a todos los agresores de mujeres sería una falacia decirlo, pues en decenas de hogares existe violencia intrafamiliar y las agredidas no denuncian, y nadie lo sabe”, agregó.
Hernández Gómez dijo que no se puede hablar de impunidad de parte del gobierno estatal cuando las investigaciones de muertes de mujeres se inician como feminicidios, pues cuentan con protocolos de investigación especializados, un equipo especializado en feminicidios que a nivel nacional es único, un grupo de división género especializado, un fiscalía un Centro de Justicia dedicados a estos casos, y diferentes programas de protección.
“Impunidad sería que no haya resultados y en el 2015 hubo 45 asesinos detenidos”, destacó la funcionaria, quien agregó que solo entre el 30 y 40 por ciento de los feminicidios no hay resultados en las investigaciones.
Por su parte, el fiscal General del Estado, Joaquín Carrillo Ruiz, indicó que en la entidad todas las investigaciones que se abren por el homicidio de una mujer se inician como feminicidios.
En Oaxaca, agregó, se respeta el protocolo de investigación de delitos del feminicidio de acuerdo a estándares internacionales, para lo cual existe personal especializado en la materia.
El código penal en el artículo 325 dice:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas, relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”
LA MUJER, UN SER DE SEGUNDA
La activistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez, consideró que en México las mujeres son seres no valorados, de segundo nivel en comparación a los hombres, que son agredidas tanto en sus hogares como en espacios públicos.
“Lo que agrava el feminicidio es la no prevención de la violencia, la falta de políticas públicas en ese sentido”, expresó la abogada.
“El registro de feminicidios es síntoma de descomposición social, es mandar un mensaje de inseguridad a la mujeres de salir a las calles y de falta de justicia”, dijo.
A nivel nacional, existe impunidad en el 98 por ciento de los delitos, pero en cuestión de violencia contra las mujeres el porcentaje de impunidad es del 99 por ciento, reveló el Observatorio.
Acusan que les mantienen suspendido el pago desde la quincena pasada, sumando un mes de sueldos.
17/02/2016 09:44 / Centro, Tabasco
Trabajadores federales y regularizados quienes en la secretaría de Salud se manifestaron esta mañana porque les mantienen suspendido el pago desde la quincena pasada, sumando un mes de sueldos.
Desde las siete de la mañana, las enfermeras y trabajadoras sociales adheridas a la sección 48 del sindicato de Salud Federal, se declararon en paro de labores de brazos caídos, además de que expusieron sus denuncias en cartulinas; en ellas solicitaban la intervención del gobernador para que sus pagos fueran librados.
Cabe destacar que son 208 de un total de 408 trabajadores federales y regularizados que padecen del retraso en sus salarios.
El paro solamente tardó una hora ya que a las ocho llegó la delegada del sindicato, y les llamó la atención por manifestarse de manera pública, por lo que las trabajadoras optaron por retirarse de la sala de espera del hospital de la Mujer, recluyéndose en la sala de descanso, donde permanecen sin reanudar labores.
Hasta el momento ni la dirección del Hospital de la Mujer ni la Secretaría de Salud han emitido posicionamiento al respecto.
En tanto el sindicato de Salud federal ha citado a una rueda de prensa en breves momentos; trasciende que este paro de brazos caídos tuvo réplica entre el personal federal del hospital Rovirosa, sin embargo habría sido también de corta duración.
#Zanatepec 17 feb (#Istmopress) .- Con una marcha pacífica, pobladores de Zanatepec se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido al incremento de la tarifa en el último bimestre.
De acuerdo a los más de 800 casos documentados por la agrupación denominada “Pueblo Unido” (conformada por los usuarios afectados) los cobros exceden hasta en un 100 por ciento o más respecto al monto del recibo anterior de estos usuarios.
Con representantes de cada colonia de Zanatepec, la agrupación continua en la postura de no pagar y de no permitir el corte del servicio hasta que se solucione el problema, que advierten podría tratarse de posible manipulación en el cobro del consumo de energía eléctrica.
En ese sentido informaron que una comitiva acudió a la capital del estado para entregar una copia de los recibos al Gobierno Estatal y a las oficinas de la CFE y de la Procuraduría Federal del Consumidor (CFE), para que tomen cartas en el asunto.
Por su parte el jefe del departamento zona dos de la CFE, Esman Vásquez Chiñas, expresó que se abrió una ventanilla especial de atención para tratar los casos documentados, a fin de dar solución a cada uno de los inconformes.
Entre las inconformidades se destaca además del cobro doble o triple de la tarifa, la mala atención en las oficinas, la falta de personal en la zona y falta de información visible de las tarifas.
Asimismo exigieron una “explicación o justificación “a la alza de la tarifa en el bimestre mencionado, debido a que dicho incremento afecta directamente a la economía de las familias de esta parte de la región del istmo.
Procedentes de diversos estados como Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México y Morelos, familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia integrados al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se manifestaron ante los juzgados de la ciudad judicial de Cuautla para exigir la apertura de las fosas de Tetelcingo a fin de saber si ahí se encuentran sus familiares.
Aseguran que pese a que han solicitado reiteradamente al gobierno del estado la identificación de los cadáveres ahí sepultados y a pesar de que han aportado estudios de genética, no se les hace caso, por lo que anunciaron una serie de movilizaciones para denunciar las irregularidades en todo el país.
La manifestación se llevó a cabo durante la realización de la audiencia de vinculación a proceso en contra de la directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, Ana Lilia Guerrero Moreira; y del coordinador regional de Servicios Periciales en la Fiscalía Oriente, Herson Cervantes Guerra, relacionados en la investigación de las fosas ilegales de Tetelcingo, donde de manera ilegal inhumaron el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.
Los delitos consignados en la carpeta de investigación JCC/0853/2015 son actuar en contra del respeto a los muertos y violación de las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, lo que derivó en una vinculación a proceso por los delitos de violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, en la comisión de un concurso de delitos, a partir de hoy quedó sujeto a un proceso de carácter judicial, informó el abogado David Marroquí.
Cabe destacar que de nueva cuenta la directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, Ana Lilia Guerrero Moreira, no se presentó a la audiencia, por lo que se ha solicitado se rectifique la dirección de su domicilio para que pueda ser notificada.
La audiencia que inició a las 12 del día se prolongó hasta las 20:10 horas de ayer martes, fue presidida por el juez Alejandro Becerra Arroyo, en la que se fijó un plazo de dos meses para la integración de la investigación correspondiente. El imputado Herson Cervantes Gurrea no será detenido en tanto continúe el proceso, se informó. www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/85245-se-manifiestan-agrupaciones-civiles-para-exigir-apertura-de-tumbas-de-tetelcingo.html
El rechazo fue unánime. El Séptimo encuentro de Asambleas de los Pedregales de Coyoacán advirtió el nuevo paso en la estrategia para revivir la pretensión privatizadora en la zona: llamar a una consulta pública.
El primer fin de semana de febrero cerca de 130 vecinos de los pedregales de Coyoacán, pusieron en común la lectura de que la consulta pública es una forma de dar un nuevo impulso al proyecto especulativo inmobiliario en el predio defendido.
La Planta de Asfalto fue parte del patrimonio de la Ciudad de México hasta que el 23 de Diciembre de 2013 fue “donada” a la empresa ProCDMX: una empresa paraestatal cuya cara visible es Simón Levy, responsable de este proyecto como lo fue del rechazado Corredor Chapultepec.
En la Planta de Asfalto se levantaría otra de las Zodes (zonas de desarrollo económico y social) que desde el gobierno de la ciudad busca “reorganizar” la ciudad, pero sobre todo a sus habitantes.
¿Qué implica ese traspaso? La empresa ProCDMX, que es en un 50 por ciento del estado, mediante asociaciones con empresas, privatiza el espacio público. Entonces, de público a privado ¿quién pierde?
El 10 de enero de 2016, Miguel Ángel Mancera (jefe de gobierno del Distrito Federal ahora Ciudad de México) dijo que se cancelaba el proyecto ZODES Ciudad Futura, sin presentar ninguna iniciativa para derogar el decreto por el cual se otorgó el predio de manera gratuita a la empresa.
“Consideramos esa declaración carente de sustento en tanto no se nulifique el decreto para que el predio sea devuelto a la comunidad. Fue la movilización y organización de la Coordinación de Asambleas de los Pedregales de Coyoacán, la que obligó al jefe de gobierno a dar esta declaración ilegal. Fuimos, los vecinos, los que logramos detener esa obra.” El proyecto “Ciudad del Futuro” no hizo nacer las asambleas en Coyoacán, pero sí las obligó a coordinar entre sí.
“Lo que quiere hacer el gobierno delegacional es llamar a una consulta pública sobre el predio. A pesar de que se declaró que “Ciudad del Futuro” está cancelado, el predio aún no vuelve a dominio público. Sigue siendo propiedad de la empresa para estatal. Nosotros lo checamos con los certificados de zonificación del Distrito Federal, que es información de carácter público. Vimos que tiene número oficial y cuenta predial, lo que implica que es propiedad privada” explican los vecinos.
El Delegado de Coyoacán, Valentín Maldonado, lleva la voz cantante de la nueva estrategia. La pretensión del gobierno de la delegación de “consultar” a la población sobre qué hacer con el predio. Lo que denuncian los vecinos es que es una consulta para avalar la ilegalidad, para mantener el predio en la égida privada y no regresarlo al dominio de la ciudad.
“Primero hay que ver qué es lo que la zona necesita. Es un predio muy contaminado el de la Planta de Asfalto, no se podría poner ahí un hospital porque sería más perjudicial que benéfico. Primero hay que ver que se necesita para sanear el predio, luego en base a lo posible, analizar qué propuestas surgen de la comunidad en base a sus necesidades y allí sí, plantear un proyecto concreto”, reclaman los vecinos.
Al Encuentro de Asambleas llegaron representantes del Instituto Electoral del Distrito Federal, promoviendo la consulta. El pronunciamiento general fue en contra.
“Al convocar una consulta sin que jurídicamente se haya reincorporado la Planta de Asfalto al patrimonio de la Ciudad no impugna ni cancela el decreto de desincorporación publicado el 23 de diciembre de 2013, por eso es necesario revocar dicho decreto; de otra manera cualquier proyecto que se realice en dicho predio quedaría en manos de PROCDMX. Por lo expuesto, acudiremos al IEDF a manifestar nuestro rechazo a cualquier consulta si antes no se ha devuelto la Planta de Asfalto al patrimonio de la Ciudad de México.”
Así lo hicieron el jueves 11, manifestándose frente al Instituto Electoral mencionado. Pero saben que necesitarán de mucha fuerza para contrarrestar la embestida mediática que el gobierno delegacional tiene armada en favor de la consulta pública. “Han tapizado la zona con mantas y carteles diciendo que la consulta pública es un reclamo ciudadano. Hay una fuerte campaña a favor, pero que es falsa. Nosotros, los vecinos, no queremos que se haga una consulta pública para avalar una ilegalidad sin que la planta de asfalto regrese al patrimonio común”.
Fueron 35 docentes los que se conglomeraron a las afueras de la rectoría. (El Siglo de Torreón)
TORREÓN, COAH.-
Docentes se manifestaron a las afueras de la rectoría de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) para denunciar el rechazo a la conformación de un sindicato “blanco”, promovido por las autoridades del plantel y para pedir la restitución de cinco de sus compañeros .
La manifestación comenzó poco después de las 2:30 de la tarde. Fueron 35 docentes los que se conglomeraron a las afueras de la rectoría portando pancartas como “Reinstalación, registro sindical en la UTT” “Pedimos la intervención del gobernador” “Rechazamos la liquidación por inconstitucionalidad”.
“Nos dieron la salida para formar otro sindicato a las 3:30, pero nosotros ya tenemos sindicato, formamos el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Torreón, nos manifestamos pacíficamente porque para qué crear otro sindicato si ya existe éste, y para la reinstalación de nuestros cinco compañeros”, dijo Violeta Martínez, coordinadora de Servicio Social.
Agregó que es la misma universidad la que está promoviendo la nueva organización sindical ofreciendo nuevos puestos, aumentos y privilegios a quien participe. Según docente, en total son 150 personas agremiadas al Sindicato impulsado desde la base trabajadora, sin embargo, no les permitieron la salida para la manifestación.
Pese a ello estarán apoyando todas las actividades que realicen, pues creen que la organización impulsada por las autoridades universitarias tiene una finalidad distinta y no responderá a las demandas de los trabajadores.
Por su parte, Ventura Luna Vera, secretario técnico de la Rectoría, negó que se impulsara la formación de un “sindicato blanco”.
“Si los trabajadores consideran que ellos, en legitimo derecho, desean constituirse, diremos lo mismo que hemos dicho, es la Junta de Conciliación quien habrá de decir si acepta o no el registro”.
Dijo desconocer el proceso, pues fue apenas el martes cuando un grupo le manifestó que había esa inquietud, sin embargo “no me compete como secretario técnico introducirme en esa parte”. Docentes dijeron que al ser mayoría pugnará porque se reconociera al sindicato emergido de las bases y no desde la rectoría.
Los alumnos denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra este Centro. (El Siglo de Torreón)
LERDO, DGO.-
Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA 47 de Villa León Guzmán tomaron las instalaciones del plantel como medida de protesta ante presuntos malos manejos administrativos por parte del director y de varios docentes.
De forma anónima, ante amenazas por represalias, los alumnos denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra este Centro: pésimo mobiliario como bancas o mesas, infraestructura hidrosanitaria y anomalías como venta de bebidas alcoholicas en eventos estudiantiles permitidos por la Dirección.
Aseguran que en el plantel sólo existen tres baños para 700 alumnos aproximadamente y que de esos uno lo mantienen cerrado ya que lo usan como exclusivo para directivos o personal docente cuando son para los alumnos.
La escuela cuenta con 100 hectáreas donde hay producción pero los alumnos aseguran que el director Joaquín Ávalos Soto nunca da reportes de lo que se siembra y las ganancias correspondientes.
“Sólo es necesario ver las vacas flacas, los marranos y las condiciones del invernadero, los bebederos quebrados, la falta de aires acondicionados que no han instalado cuando se supone que somos escuela de calidad, ¿dónde está el dinero de las inscripciones y de lo que piden?”, dijo una de las alumnas que pidió anonimato por la amenaza de represalias.
Los alumnos tampoco cuentan con apoyo por parte de la Dirección para sus actividades deportivas mientras que el año pasado, en el Casino Panamericano hubo ganancias para personal docente con la venta de bebidas alcoholicas en un evento estudiantil, denunciaron los quejosos.
“Queremos que el director se vaya y también el maestro Carlos Escobedo Torres que es el encargado de la sección productiva, queremos que el Subsecretario de Educación, Miguel García Mesta, ordene una revisión administrativa y que le muestren en dónde están los recursos, que vean las condiciones de la escuela y se darán cuenta que hay malos manejos”, dijo otro alumno, quien aseguró que otros compañeros se están organizando y solicitando asesoría para enterar de esta situación al Gobernador Jorge Herrera Caldera y al secretario de Educación en el Estado, Héctor Vela Valenzuela, para que vean las deplorables condiciones y las anomalías del plantel.
Ayer acudió al plantel el subdirector de Enlace Operativo, Fabían Fernández, para ver la situación pero los alumnos aseguraron que no liberarán la escuela que tomaron desde las 7 de la mañana de este miércoles y que seguirán tomadas hasta que remuevan al director.
Padres e familia continúan tomando escuelas de Tijuana en apoyo de falta de pago de maestros interinos, a pesar de los avances en las negociaciones que señala la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) tiene con los dirigentes sindicales.
En esta ocasión un grupo de 30 padres de familia tomaron la primaria general Vicente Guerrero en el Mariano Matamoros y advirtieron que el paro será indefinido hasta que le paguen a seis maestras interinas que no cobran desde agosto del 2015.
Éricka Inzunza, madre de familia señaló que los padres de los alumnos tomaron la decisión de cerrar el plantel hasta que no le paguen su sueldo a las maestras, a quienes las autoridades educativas les han prometido el pago desde agosto del año pasado, por lo que mantendrán en la escuela hasta que no haya una respuesta de la SEBS.
Por su parte, Eunice Escandón –una de las profesoras interinas de este plantel– refirió que desde agosto pasado las autoridades las han traído “a puras promesas” y hasta el momento no les han pagado su sueldo.
Indicó que la primera promesa era que en octubre de 2015 les pagarían su sueldo “y así nos han traído”, por lo que aunque la SEBS ha dicho que este viernes llegará una nómina extraordinaria, “no tenemos certeza de que nos paguen”.
En esta misma situación están las maestras Paola Gallardo, Karla Maldonado, Mitzy Muñoz, Nelba Arely Alonso y Mayra Zuñiga, quienes dicen que han podido sobrevivir porque piden prestado para poder trabajar. Además, los maestros de base también las apoyan “porque es una situación muy difícil no recibir dinero por nuestro sueldo desde el año pasado”.
Juchitán, Oaxaca.- Jornaleros zapotecas de la localidad de Santa María Xadani en el Istmo de Tehuantepec denunciaron que han pasado tres meses (14 de Noviembre del 2015) de promesas por parte del Daniel Juárez López, titular de la Secretaria del Trabajo a nivel Oaxaca, quien ofreció un apoyo de 600 pesos para gastos de traslado a los campos agrícolas.
Señalaron que solo recibieron las tarjetas bancarias pero sin fondos con la promesa de que en un plazo no mayor a quince días verían reflejado el apoyo de parte de la dependencia y su titular, quien firmó una minuta de acuerdo.
Los jornaleros, quienes el 90 por ciento son originarios de Santa María Xadani y un 10 por ciento de Álvaro Obregón, año tras año se van por espacio de seis meses al corte de caña en los estados de Tepic y Quintana Roo.
“Han transcurrido tres meses, nuestro regreso será en el mes de Mayo, estamos muy molestos y decepcionados, porque nos mintieron, nos dijeron que depositarían el recurso inmediatamente y no hemos visto nada claro”, señalaron.
Informaron que año tras año recibían de esta dependencia la cantidad de mil 200 pesos, pero que en esta ocasión les han dicho que no hay recurso y que por cuestiones ajenas a su persona, se regresó a la federación 2 millones de pesos.
Abelardo Pineda, gestor social de los Jornaleros explicó que es una tristeza la mentira de parte del titular de la Secretaria del Trabajo, quién pactó dar el apoyo y no ha cumplido.
“Los jornaleros y sus esposas emplazaron al gobierno de Oaxaca a que cumpla, de lo contrario en el mes de Mayo cuando lleguen encabezaran un bloqueo carretero e impedirán el 5 de Junio las elecciones municipales en este lugar, ya basta de abusos y mentiras”, refirió.
Los jornaleros también se hacen acompañar de familias, los de educación básica cursan su primaria en la Escuela de Migrante, seis meses en los campos agrícolas y los otros en Santa María Xadani.
En una manifestación, periodistas de Querétaro piden libertad de expresión
Los manifestantes gritaron consignas por la libertad de expresión.
Con una marcha que recorrió algunas de las principales calles del Centro Histórico, un contingente de reporteros, fotógrafos, comunicadores y miembros de la sociedad civil, gritaron consignas como “libertad de expresión, no queremos represión”
Periodistas queretanos se unieron a la serie de protestas registradas a nivel nacional, en exigencia al derecho de libertad de expresión; luego de la muerte de Anabel Flores, reportera que fue hallada muerta en el estado de Veracruz.
Con una marcha que recorrió algunas de las principales calles del Centro Histórico, un contingente de reporteros, fotógrafos, comunicadores y miembros de la sociedad civil, gritaron consignas como “libertad de expresión, no queremos represión”, “no se mata la verdad matando periodistas” y “un pueblo informado jamás será callado”, entre otras.
Asimismo, durante el recorrido que inició en Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno y concluyó en el Jardín Guerrero, se hizo un pase de lista con algunos de los periodistas muertos en los últimos años, en donde figuraron los nombres de Nadia Vera, Rubén Espinoza, Moisés Sánchez, Miguel Ángel López, Joel Mendoza, Armando Saldaña, Esteban Rodríguez, Guillermo Luna, Gregorio Jiménez y Víctor Báez, además del más reciente; el de la veracruzana mencionada.
Yunuen Avilés Rosales, integrante de la organización Amnistía Internacional, organizadora de esta marcha, puntualizó que la marcha también fue convocada por las asociaciones Diente de León y Resonante, para exigir que se detenga la serie de ataques registrados a comunicadores, como consecuencia de esta labor.
“Hoy nos manifestamos para exigir justicia a las autoridades, sumarnos como gremio periodístico y precisamente para pedir el cese a la violencia; principalmente por los compañeros de Veracruz, que en este momento son los que están sufriendo más ya que en el actual sexenio llevan 17 periodistas asesinados”, indicó Avilés Rosales.
Finalmente, la periodista queretana consideró que aunque en Querétaro no se han registrado manifestaciones claras en contra de la libertad de expresión, es importante que este sector laboral apoye a sus similares de otras entidades y se sume a dicha exigencia.
Habitantes del ejido Zaragoza de Torreón se manifestaron el lunes por la mañana al sur de la ciudad
Fue en punto de las 11:05 horas que comenzaron a llegar grupos de quejosos hasta el cruce de la carretera a Mieleras y el bulevar Laguna Sur; ahí colocaron pancartas y lanzaron gritos en contra de la construcción de un paso elevado en dicha zona.
Aseguraron contar con papelería que demuestra que los terrenos son propiedad del ejido y que han sido ocupados de forma ilegal por maquinaria y trabajadores desde hace varias semanas.
“Están haciendo ese puente donde no deben, este lugar le pertenece al ejido y tenemos escrituras que lo demuestran desde hace años… lo que pasa es que el Gobierno del estado hace lo que quiere y sin pedir los permisos necesarios, están violando la ley”, aseguró Roberto Tapia, titular del comisariado ejidal de Zaragoza.
Para el mediodía unos 40 ejidatarios ya habían ocupado por completo una de las esquinas del crucero, aseguraron que mantendrían el plantón hasta que las autoridades llegaran a un arreglo legal, de lo contrario, utilizarán la fuerza para evitar el trabajo de las máquinas.
Al sitio acudieron también representantes legales del comisariado ejidal, quienes detallaron que las autoridades no se han acercado para negociar la compra o renta de los terrenos, lo que constituye una violación a la propiedad comunitaria y delito federal.
A pesar de la movilización, los manifestantes no interfirieron con las labores de los trabajadores, aunque advirtieron que si la situación no se resuelve en el corto plazo habrá resistencia física.
“No se vale que hagan estos atropellos, que hagan las cosas como se debe, que compren el terreno que van a usar y luego empiecen su puente”, reclamó Roberto Tapia, uno de los manifestantes.
Tensión
Inicialmente los manifestantes trataron de cerrar la circulación de la carretera a Mieleras, sin embargo, la presencia de policías estatales redujo la movilización a una protesta.
Desde diciembre del 2015, ex trabajadores de la empresa de impresoras láser Lexmark, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuaha, mantienen una protesta tras ser despedidos por solicitar un aumento salarial y por demandar formalmente la creación de un sindicato a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Los protestantes instalaron un campamento de lonas y cartón afuera de la empresa, con mantas que dicen “libertad sindical” y “justicia a la clase obrera”.
El campamento se mantiene con la donación de tortillas y frijoles de grupos activistas, e incluso de iglesias estadounidenses. Miguel Hernández, activista instalado en la ciudad de El Paso, creó una página fondeadora para el movimiento.
“Vivimos de la caridad y es difícil, pero aquí seguimos”, dijo Susana Prieto Terrazas, la abogada de los manifestantes. “Seguimos adelante. Este es un sistema de esclavitud moderna y tenemos que pelear”, agregó.
Los trabajadores acusan a la empresa de usar la intimidación para evitar que sus empleados actuales se unan al movimiento. También mencionaron que Lexmark coloca camiones en frente del campamento para evitar que se vea la protesta.
Elizabeth Flores, abogada de derechos humanos, mencionó que la protesta no generará un cambio inmediato, pero podría crear una base muy fuerte para un movimiento obrero poderoso.
En diciembre, alrededor de 700 trabajadores protestaron por obtener un aumento salarial de 6 pesos diarios, y pasar de 114 a 120 pesos. Entonces, la empresa despidió a 120 trabajadores, 75 de los cuales firmaron una carta enviada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje solicitando la creación de un sindicato.
La abogada Terrazas afirmó que la Junta Local de Conciliación entregó a Lexmark los nombres de los firmantes, pues era la única que los conocía.
El vocero de Lexmark aseguró en un correo a The Guardian que la razón del despido de 75 trabajadores no fue la intención de crear un sindicato, sino la “perturbación laboral”.
Docentes de la Escuela de Ciencias ofrecieron una conferencia de prensa para exigir la intervención de autoridades judiciales para que detengan las acciones que dañan a la universidad encabezadas por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STAUO).
Los docentes quienes exigen la normalización de las actividades académicas y administrativas en Ciudad Universitaria, señalaron que mantienen tomadas las instalaciones de la Escuela de Ciencias que se encuentra al interior de C.U. desde hace más de una semana, para exigir la destitución inmediata del director Raúl Contreras Medina.
Declararon que la Escuela de Ciencias entró en paro desconociendo a Contreras Medina como director, por la solicitud de los mismos estudiantes quienes hartos de la situación escolar les pidieron apoyo, lo que causó que a los maestros que mostraron su solidaridad con los jóvenes recibieran de castigo la disminución de su carga académica e incluso la desaparición total de sus horas.
Debido a que estos dos días el STAUO mantiene tomada Ciudad Universitaria, por la supuesta corrupción en el Sistema de Control Escolar, los maestros de Ciencias temen sufrir actos porriles por parte de ese sindicato, ya que el Dr. Contreras Medina pertenece al grupo del Amilcar Sosa.
‘Los del STAUO quieren desviar la atención de la situación que se vive en la Escuela de Ciencias al inventar que el SICE se puede manipular; la realidad es que Raúl Contreras quiere tener el control de los estudiantes mediante el llenado de hojitas. Si a nosotros los maestros nos pierden los papeles de carrera, que pasará si quitan el sistema ’.
Para finalizar, los docentes pidieron al Consejo Técnico de la Escuela de Ciencias que está conformado por maestros y alumnos, resolver pronto la destitución del director, quien ha roto el dialogo al levantarse de la mesa e irse con su equipo de trabajo.
Zacatecas
Lunes, 15 de febrero de 2016
ABIGAIL SALINAS
Zacatecas.- Al mediodía de este lunes, en asamblea general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), se decidió realizar un paro general de actividades este martes en todos los planteles de la máxima casa de estudios del estado.
Esto, para presionar a la Rectoría a fin de que haga los pagos pendientes e informe sobre la situación financiera de la Universidad, a unos días de que venza el emplazamiento a huelga del sindicato, este 18 de febrero.
Durante la asamblea hubo voces encontradas, ya que algunos académicos dijeron que es momento de prepararse ante la huelga, que es el único recurso que les queda para exigir los puntos irrenunciables, pero otros externaron su inconformidad por iniciar un movimiento parecido al de 2014 y 2015.
En la asamblea se dio a conocer un documento que llegó al SPAUAZ con propuestas de pago para este 18 de febrero; sin embargo, éste no convenció a los docentes, ya que no se envió en una hoja membretada ni con alguna firma que hiciera constar la validez oficial de las proposiciones.
Por otra parte, destacaron que el adeudo que hasta el momento tiene la administración central con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es de 86 millones 791 mil 826 pesos.
En entrevista, el secretario general del SPAUAZ, José Crescenciano Sánchez Pérez, recordó los puntos irrenunciables del sindicato, además, informó que el plebiscito para decidir si estalla o no la huelga en la institución se efectuará este miércoles de las 7 a las 20 horas, en las instalaciones del sindicato.
Propuestas del pago al SPAUAZ:
*Prima de antigüedad de enero (14 millones 39 mil 199 pesos)
*Bono único por revisión (12 millones 183 mil 838 pesos)
*Apoyo académico de noviembre-diciembre 2015 y enero 2016 (186 mil pesos)
*Comité Ejecutivo SPAUAZ (al 30 de enero de 2016) (300 mil pesos)
*Arrendamiento Insurgentes SPAUAZ (26 mil pesos)
Puntos irrenunciables
*Información financiera
*Seguridad social
*Cubrir el adeudo
*Violaciones e incumplimientos que incluyen elaboración bilateral de las cargas de trabajo
*Aumento Salarial 3.15 por ciento al salario y 1.5 por ciento en prestaciones
El Centro Ecológico de Akumal colocó una lona negando el acceso a la playa.
Redacción/SIPSE
TULUM, Q. Roo.- El día de hoy aproximadamente a las 10 de la mañana, El Centro Ecológico de Akumal (CEA) cerró el acceso público a la playa, colocando una lona, con el motivo de que las autoridades no atendían el problema.
Dicho cierre llama la atención debido a que personal de ese mismo centro, sigue vendiendo tours de su cofradía y no otras personas, con este tipo de actividades el centro muestra la falta de respeto hacia las autoridades y el pueblo, ellos alegan una situacion ecológica cuando se siguen realizando tours de su cofradia y no otras personas, afirmó el abogado de los habitantes de Akumal, René Medrano Rios.
En días pasados, el personal del centro ecológico, firmó una carta con el delegado de Akumal, donde se le hacía la entrega de las llaves, pero parce todo lo contario al decidir cerrar el acceso.
En el lugar se encuentran las siete cooperativas de Akumal, en respuesta al cierre que hizo el Centro Ecológico.
Gran parte del turismo que visita la zona ha decidido retirarse, auque pocos hacen caso momiso a la lona y deciden meterse a la playa.
Tanto el personal del Centro Ecológico y los ciudadanos de Akumal, esperan la respuesta del presidente municipal para que se resuelva la situación.
Cientos de maestros y padres de familia se manifestaron afuera de l Sistema Educativo Estatal en Tijuana el 15 de feberero de 2016. Foto Julieta Martínez
Cerca de 300 padres de familia y maestros interinos de la sección 37 del SNTE se manifiestan frente a las instalaciones del Sistema Educativo Estatal para exigir el pago de sueldos atrasados desde el inicio escolar.
La manifestación inició de las 9 de la mañana y para las 9:40am algunos ingresaron a las oficinas.
No se les ha pagado hasta que no se liquide a profesores liberados para su jubilación, quienes mientras dura el proceso siguen cobrando sus quincenas.
El fin de semana pasado, la autoridades educativas se comprometieron a que el 26 de este mes darán una parte del adeudo a los maestros interinos que dejaron de laborar para exigir que se les cubra el adeudo, mientras padres de familia tomaron dos escuelas para reclamar que sus hijos tengan clases.
El gobierno federal se niega a liquidar conforme a la ley a 18 mujeres y cuatro hombres, que en diciembre de 2015 fueron despedidos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el estado de Oaxaca.
Ante la violación a la Ley Federal de Trabajo, las y los manifestantes, en su mayoría jefas de familia, madres solteras, personas adultas mayores, así como una mujer embarazada, desde enero pasado se mantienen en plantón afuera de la delegación estatal de la CDI.
“Nos despidieron sin nada, simplemente nos dicen que se terminó el contrato”, señaló Agustina Pérez González, quien durante 16 años se desempeñó como técnica en el programa de apoyo a la educación indígena contratada como eventual, sin prestaciones de ley para evitar que generara antigüedad laboral.
Ella es jefa de familia. Con 47 años de edad tendrá que enfrentarse a la búsqueda de empleo teniendo en contra las restricciones de la edad mínima.
A más de un mes de protesta ha sobrevivido con el apoyo de su familia. “Llevamos mes y medio sin sueldo. Estamos cansadas, sin embargo aquí seguimos en la lucha. Exigimos la continuidad laboral o que se nos liquide conforme a la ley”, demandó.
Agustina Pérez forma parte del grupo de mujeres que en 2013 demandaron a la CDI la regularización de su situación laboral.
De enero a la fecha, la petición para frenar el proyecto Pachuca en los jales de Epazoyucan en el sitio change. org lleva 2 mil 633 firmas.
Registró hasta ayer dicha cantidad de firmantes, donde la propuesta continúa en circulación por distintas redes sociales, bajo el argumento de que este proyecto es un ecocidio para la región.
Para explicar el proyecto, la página publicó un video donde describe la degradación ambiental que puede sufrir la región en caso de que continúe.
El clip dice: “La Minera del Norte por medio del proyecto Pachuca, si se le permite, cometerá un ecocidio porque amenaza con el traslado de 100 millones de toneladas de jales de Pachuca a Epazoyucan, para tratarlos, además de la construcción de una planta de beneficio, una presa de jales, un relleno sanitario y el desvío de un arroyo”.
El gobierno estatal reiteró que no existe riesgo en el manejo de los jales, ya que será de forma subterránea su traslado, y por un canal que impedirá su propagación al aire. El sitio denuncia que el proyecto carece de socialización por lo que debe detenerse hasta resolver todas las dudas de la población.
Esta página denuncia que la carpeta técnica para el tratamiento de jales en este municipio va contra las disposiciones legales, así como el derecho a la información de la población.
Bajo el título “Cancelación definitiva del proyecto Pachuca en Epazoyucan, estado de Hidalgo, México”, la petición lleva más de 50 por ciento de firmas y la meta es alcanzar 5 mil.
Esta página destaca para que la población manifieste su intención de proteger el medio ambiente, en casos como el del manglar de Tajamar o algunas zonas boscosas de Oaxaca.
Esta mañana, integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STAUO) y catedráticos de la Escuela de Ciencias, tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria.
Durante la protesta mostraron evidencias de presunta corrupción en la Dirección de Redes de la UABJO en la que presuntamente alteran las calificaciones de ciertos alumnos de distintas escuelas y facultades de la universidad, ya sea para afectarlos o beneficiarlos. La Dirección de Redes es la instancia encarga del sistema electrónico de control escolar (SICE).
La manifestación también fue para denunciar que las demandas de un grupo de profesores y estudiantes de la Escuela de Ciencias, quienes mantienen tomadas sus instalaciones desde hace más de una semana, son incumplibles o que están fuera de cualquier posibilidad en esta institución.
Amílcar Sosa Velasco, secretario general del STAUO, explicó que hasta ahora no hay una respuesta clara de las autoridades universitarias respecto a la situación que prevalece en la Escuela de Ciencias.
“Sigue tomada por seudo catedráticos y porros de la universidad de derecho y no han dado una clara petición salvo algunas situaciones que se presentaron el sábado. Presentan un pliego petitorio incumplible. Del primero número de este pliego piden la destitución del director que fue electo democráticamente y que no puede estar a petición de un grupo minúsculo de catedráticos y alumnos”.
El director de la Escuela de Ciencias, Raúl Contreras Medina, informó que la escuela sigue tomada y que este sábado se sostuvo una reunión con el rector de la UABJO Eduardo Martínez Helmes, y con profesores disidentes quienes entregaron su pliego de demandas.
La principal demanda es la renuncia de Raúl Contreras al cargo de Director de la Escuela de Ciencias y espacios en las nuevas instalaciones que se construyen en esta institución.
“El grupo disidente lo que quieren es apoderarse de la escuela, en el primer punto me desconocen a mí y quieren que yo renuncie al cargo. Esto no está en juego porque yo fui electo a partir de un proceso democrático. A mí me favoreció el voto y en este sentido el puesto que estoy ocupando no está en la mesa.
El dirigente del STAUO, Amílcar Sosa, por otra parte, mostró presuntas evidencias de que en la Dirección de Redes se manipulan las calificaciones de los alumnos. Existen, dijo, actas de los Consejos Técnicos de la preparatoria número 6, de la Facultad de Ciencias Químicas, de Contaduría, entre otras, que también han decidido salirse del sistema de control escolar (SICE) por la manipulación de calificaciones.
“Tenemos un acta del Consejo Técnico de la preparatoria número 4 donde también ha decidido salirse del SICE. Tenemos un acta de la facultad de Ciencias Químicas, en las que afirma que el personal de redes procedió al cambio de calificaciones, por las cuales se dio de baja a un alumno que se prestaron a la compara de tráfico de calificaciones en la Dirección de Redes. En la factultad de Contaduría, existen evidencias de la apertura de actas. Tenemos actas gemelas donde por un lado vemos al alumno que tiene no cursó, sin embargo, en otra acta gemela, el alumno aparece con seis.
“Existe corrupción ahí. No estamos señalando a nadie en particular. Estamos pidiendo que se investigue y que no se nos difame únicamente así. No usar el aparato de comunicación para denostar a los que no estamos conformes. No tenemos porqué volvernos sus enemigos”.
QUERÉTARO, Qro., 14 de febrero de 2016.- José Luis Aguilera, titular de la Secretaría del Trabajo estatal, informó que en lo que va del año se presentaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 157 emplazamientos a huelga por parte de sindicatos, sin embargo en 75 de los casos las pláticas de conciliación alcanzaron acuerdos. “Son muchísimos emplazamientos a huelga, ninguna hasta el momento, no hemos tenido alguna empresa que diga ‘nos vamos a huelga hoy a las 12 de la noche’, tenemos 157 emplazamientos este año; de los cuales hemos resuelto 75. Cada empresa y cada sindicato le hemos reconocido su capacidad de negociación porque hemos llegado a una negociación antes de los emplazamientos a huelga.” De acuerdo con el secretario de Trabajo, en enero se pudo llamar a conciliar a estas 75 empresas que haciendo uso de su autonomía solicitaron estos emplazamientos, sin embargo se lograron acuerdos e incrementos salariales del 4.39 al 5 por ciento en la mayoría de los casos. En este sentido aseguró que en las revisiones que se realizaran en el transcurso de febrero se prevé que se alcancen conciliaciones por el orden del 6 por ciento, ya que las condiciones entre los patrones y los trabajadores han ido en un repunte en los últimos casos. “Creo que vamos a cerrar en el 6 por ciento pero no me quiero adelantar porque son números que queremos prever, pero sí podemos llegar al 6 por ciento y en prestaciones los trabajadores han conseguido del 1.5 por ciento al 1.8. Entonces si sumamos estas dos cantidades ya estamos alcanzando el 6 por ciento de manera general, que está impactando a los trabajadores y que los trabajadores están en la disponibilidad de ganar un poco mejor en ese sentido.” Los resultados de las conciliaciones generaron que Querétaro supere a Aguascalientes y Nuevo León en los incrementos de salarios que negocian sus sindicatos con las empresas estatales.
Pescadores ribereños acuerdan trabajar en conjunto para definir las acciones a seguir, ante el avance desmesurado de proyectos relacionados con la industria petrolera, los cuales ocasionarán un fuerte impacto ambiental, social y ecológico en Seybaplaya / Exhortarán a Gobiernos Estatal y Federal para que PEMEX revele cuáles son los planes que tiene para la costa / Incertidumbre
SEYBAPLAYA, Champotón, Cam., 14 de febrero.- Es urgente que Petróleos Mexicanos (PEMEX) muestre los planes que tiene para la costa de Campeche, ya que hasta el momento prevalece una gran incertidumbre entre los hombres de mar respecto a los trabajos que frente a la costa seybana realizan las plataformas GSO Orizont y Nabors Rig 659, así como diversos buques de servicios.
Los hombres de mar, pertenecientes a las agrupaciones más representativas, manifestaron la necesidad de que quienes integran al sector pesquero ribereño de Seybaplaya se unan y definan criterios respecto a las acciones a tomar sobre los proyectos identificados como Campeche Oriente, de PEMEX; Campeche 2000, de Monserrat S.A. de C.V. y la ampliación del puerto de Seybaplaya, de la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM), ya que éstos ocasionarán un fuerte impacto ambiental, social y ecológico en la comunidad y sus alrededores.
De la misma forma, pescadores y dirigentes de los tres frentes de pescadores más representativos de Seybaplaya manifestaron su total repudio a las agresiones de las que fue objeto POR ESTO!, así como sus colaboradores, por parte de personal de seguridad y directivos de la cementera Monserrat.
Desconocen proyecto Campeche Oriente
A pesar de que será el grupo social directamente impactado por el denominado proyecto Campeche Oriente, que consiste en la perforación 91 pozos exploratorios en un período de 16 años (2011-2026), Manuel Medina Martínez, Frente Común de Apoyo al Pescador Seybano, organización que integra a por lo menos 400 familias de pescadores, manifestó que ellos nunca han sido informados por los gobiernos estatal y federal sobre tales inversiones.
Sin embargo, reconoció que algo está ocurriendo, que hay mucho movimiento en las plataformas estacionadas frente a la comunidad desde hace varios meses, sobre todo de los buques al servicio de las empresas petroleras, varias de las cuales ya están asentadas en el recinto portuario y patios del puerto industrial y comercial de la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM).
De entrada dijo que los pescadores afiliados a la organización que representa están inconformes debido a que el denominado paso de pescadores que les construyó APICAM no cumple con las medidas especificadas, en el acuerdo correspondiente.
Según el dirigente Medina Martínez, además de que no se creó una vía de acceso y otra de salida, el único canal de tránsito bajo el viaducto (espigón principal del muelle de Seybaplaya) tiene una anchura no mayor a 12 metros, por lo que a través de ella únicamente puede pasar una lancha ribereña.
“El puente no tiene las medidas porque no caben dos lanchas, una sola lancha y contrabajo, como 12 metros y no era lo convenido”, dijo el dirigente de Seybaplaya.
Nos van a dejar en la calle
Respecto a los trabajos de perforación prospectiva, Medina Martínez, quien también es regidor de la Junta Municipal de Seybaplaya, declaró que es necesario que PEMEX, la Secretaría Estatal de Pesca y el Gobierno Federal informen a los pescadores y al pueblo seybano sobre dichos trabajos, mismos que necesariamente generarán un impacto en la región, sobre todo en los rubros ecológico, económico y social.
El líder seybano declaró que tiene conocimiento de que en el litoral yucateco ya se están realizando trabajos de perforación, pero que desconocían que se estuvieran perforando desde hace varios años frente a la costa de Campeche.
Consideró que en Seybaplaya se volverá a repetir la historia de Ciudad del Carmen, pues la perforación de 90 pozos petroleros significaría la expulsión de los pescadores de la costa, pues se tendría que crear una amplia zona de exclusión, lo que los dejaría prácticamente en la calle.
Los problemáticos barcos petroleros
Uno de los síntomas más palpables de la invasión petrolera a la costa seybana es la presencia de buques petroleros, mismos que no tienen ninguna ruta definida para ingresar al puerto, lo que propicia que pasen sobre los sitios donde los pescadores tienen tendidas sus redes.
“No sabemos ni a qué día, ni a qué hora entran al puerto. No tienen definidas sus rutas, ni boyas. Nosotros tenemos definidas nuestras zonas, pero ellos nos dan en la torre”, dijo el dirigente pesquero a la vez que agregó que ya son varios los casos en los que pescadores ribereños han visto estropeados sus redes de pesca y grampines.
Agregó que los buques entran en diferentes direcciones al puerto y que cuando destruyen la propiedad de los pescadores ribereños (principalmente redes y boyas de pesca) nadie en el puerto se quiere hacer responsable.
Dijo que en la ocasión que los pescadores se pusieron de acuerdo para reclamar por el destrozo de redes, la única institución que se quiso hacer responsable de los daños fue la APICAM, ya que ni PEMEX, ni Sepesca, aceptaron tener jurisdicción en el caso.
En esa ocasión, APICAM se comprometió a pagar hasta el 40 por ciento del costo de los equipos de pesca destruidos, pero no a todos los pescadores afectados, sino únicamente a los que comprobaron la propiedad de las redes destruidas, aunque en realidad fueron muchos más los que denunciaron y un tanto más los que evitaron interponer denuncia alguna, debido a lo engorroso y complejo que resultan dichos reclamos, explicó el dirigente pesquero.
Buques de servicio, riesgo para ribereños
Por su parte, el presidente del Frente Unido en Defensa del Pescador Seybano, Lázaro Ramos Chan, agrupación que congrega a más de 300 familias de pescadores ribereños, informó que aunque conocen cuáles son las zonas de fondeo de los buques de servicio de las empresas petroleras, la autoridad marítima no ha definido ninguna ruta específica para que éstos ingresen al puerto.
El hombre de mar aseveró que puesto que los buques están ingresando al puerto por diversas direcciones, no únicamente significan un riesgo para las redes y boyas de pesca que son colocadas frente a Seybaplaya por los pescadores, sino que en cualquier momento puede ocurrir un accidente grave que podría redundar en pérdidas económicas y de vidas humanas.
El dirigente pesquero también reconoció que desde hace varios años PEMEX, sus empresas contratistas y Monserrat llegaron a asentarse en Seybaplaya y de inmediato comenzaron a modificar el entorno, trastocando la dinámica de vida que los seybanos habían preservado durante muchas décadas, tal vez siglos.
Explicó que primero fue la ampliación del puerto de servicios de la APICAM, misma que consistió en la construcción de un viaducto de casi cuatro kilómetros de longitud, además de dársenas y plataformas de maniobra. A cambio, a los pescadores seybanos les construyeron algunas obras, entre ellas las de su puerto de abrigo con muelle de atraque.
Sin embargo, manifestaron que nunca se les informó sobre la magnitud del daño que estos proyectos generarían en Seybaplaya, pero que ya comienzan a sentirse los primeros impactos negativos, y el principal es el incremento del tráfico de buques de altura, al servicio de PEMEX.
Las primeras consecuencias del incremento del tráfico de buques de calado mayor, frente a Seybaplaya, ha sido la destrucción de las redes pesqueras, pero –según el dirigente pesquero- no se descarta que más adelante ocurra algún accidente lamentable, en tanto no se definan los sitios donde estas embarcaciones pueden fondear y las rutas específicas que deben seguir para ingresar al puerto.
Respecto a los trabajos de perforación que presuntamente se realizan frente a Seybaplaya, el dirigente pesquero manifestó que es urgente que quienes conforman los diversos grupos de pescadores seybanos, se reúnan y unifiquen criterios respecto a las acciones a tomar respecto a los proyectos que les están resultando perjudiciales, sobre todo el denominado Campeche Oriente, el de la cementera Monserrat y la del establecimiento de las empresas petroleras en el puerto de APICAM.
No están contra el desarrollo
Por su parte, el Frente Unido en Defensa del Pescador Seybano, organización que agrupa a por lo menos 400 hombres de mar y representado por el pescador libre Manuel Jesús Mut Tzab, dijo que no se puede pensar en que exista una total armonía entre los proyectos petroleros y la pesca ribereña, pues la historia de otros puertos donde dicha industria se ha asentado ha significado pesar para el hombre de mar. Sin embargo, aseveró que tampoco se trata de estar contra el desarrollo y el progreso.
Según el dirigente pesquero ribereño, ya se está registrando una afectación a la actividad pesquera de Seybaplaya y en general en todo el municipio de Champotón, pues la irrupción desordenada de los buques petroleros y plataformas de perforación, han traído consigo problemas como un tráfico marítimo desordenado y riesgoso, así como la creación de zonas de exclusión.
Además, dijo el entrevistado, a pesar de que el Gobierno del Estado estaba enterado de los proyectos que están en marcha, entre ellos los planes de PEMEX y los proyectos de inversión como el de la empresa Monserrat S.A. de C.V., la cual prácticamente ya construyó un puerto y zona industrial privados, nunca se tomó en cuenta a los pescadores ribereños.
En consecuencia, hoy los pescadores, además de ver reducidos sus niveles de captura, por la invasión y contaminación de sus sitios tradicionales de pesca, han tenido que modificar sus rutas para salir e ingresar con relativa seguridad al puerto, además de que ahora tienen que alejarse cada vez más para lograr capturas rentables, entre otras afectaciones.
Mut Tzab también se pronunció por la urgente necesidad de que los frentes y asociaciones de pescadores se unan para defender sus intereses y buscar la forma de que PEMEX, APICAM, Sepesca, el Gobierno del Estado y todas las dependencias relacionadas con el tema se junten y tomen acuerdos sobre el nuevo modelo económico que se está poniendo en marcha en Seybaplaya y en el que no se considera a los pescadores.
Postura de pescadores
POR ESTO! también entrevistó a varios hombres de mar, entre ellos a Santiago Segovia Alvarez, quien manifestó que de ninguna forma se debe permitir la invasión desordenada por parte de PEMEX de las áreas donde tradicionalmente se ha practicado la pesca ribereña.
El singular pescador -es invidente- declaró que dada la experiencia que se ha tenido en otros lugares del país, donde se ha asentado PEMEX, las consecuencias de una llegada desordenada de la industria petrolera, podría significar la aniquilación de la pesca, ya que con las plataformas y los buques petroleros, también llegarían los derrames y fugas de hidrocarburo.
El pescador consideró que no se debe permitir una entrada avasallante de la industria petrolera a Seybaplaya, pues ello conllevaría a la desaparición de la pesca, razón por la que urgió a sus dirigente a que acudan a las autoridades competentes para exigir alternativas de desarrollo para los seybanos, en caso de que la pesca ya no sea una alternativa.
Segovia Alvarez consideró que lo que está pasando en Seybaplaya debe ser expuesto ante el país, a través de los diversos medios de comunicación de cobertura nacional, sobre todo la televisión, ya que de otra forma, no se podrá atraer la atención de quienes nos gobiernan.
También dijo que los representantes pesqueros deben abanderar esta causa y que si éstos actúan con honestidad, las bases de las organizaciones pesqueras ribereñas no dudarían en apoyarlos.
En ese mismo tenor se manifestó el pescador ribereño Tereso Velázquez, quien aseguró que los hombres de mar están completamente inconformes con lo que está ocurriendo en Seybaplaya y la costa campechana en general, misma que es invadida por proyectos destructivos y nocivos, como son los muelles de la APICAM, Monserrat y ahora con la llegada de PEMEX y sus proyectos exploratorios.
Sin embargo, el pescador declaró que quienes tienen una mayor responsabilidad social en el tema son, precisamente, los dirigentes pesqueros, ya que de ellos dependen centenares de familias y además son quienes, con los permisionarios, se quedan con los mayores dividendos que genera la pesca ribereña.
Por su parte, el veterano pescador Ramiro Ecluperto Segovia Noh, quien se inició en la pesca cuando en Seybaplaya no se usaban los motores fuera de borda, manifestó que no ve con agrado la llegada de la industria petrolera, pues ésta significará la pérdida del modo de vida tradicional de los habitantes de la costa campechana.
El veterano hombre de mar, quien supera ya los ochenta años, dijo que hasta hoy lo único que han traído los denominados nuevos proyectos a Seybaplaya son problemas, por lo que exhortó a las nuevas generaciones de pescadores a que defiendan celosamente su principal patrimonio: el mar y sus recursos naturales.
Vecinos de la colonia Los Filtros en la zona de Valenciana, denunciaron que alrededor de 50 casas han presentado daños estructurarles a consecuencia de las explosiones de barrenos que produce la mina Villaseca (Cata), perteneciente a la compañía Great Panther Silver.
Antonio Contreras, habitante de la zona, afirmó que la problemática tiene más de cinco años sin ser atendida; los trabajos constantes de la mina continúan deteriorando su patrimonio.
Asegura que las detonaciones son tan fuertes, que temen que las casas se vengan abajo.
Entre los daños mencionan cuarteaduras en las paredes, desajustes en marcos de puertas y ventanas, así como vidrios rotos.
Se organizan
Desde el pasado 30 de noviembre de 2015, un grupo de más de 30 vecinos recabaron firmas buscando frenar esta situación.
Enviaron un oficio al entonces coordinador operativo de Protección Civil, Porfirio Rodríguez Díaz, en el que pedían que se iniciara una investigación en torno y que fueran suspendidas las actividades de esta compañía en el área de Los Filtros.
En el documento, del cual correo tiene copia, se indica que “en los últimos cinco años se han intensificado a razón de tres turnos por día los trabajos de exploración de la Compañía Minera Villaseca, dejando sentir de manera constante a cualquier hora fuertes vibraciones que cimbran las viviendas”.
Además se señala que la empresa no ha podido pasar del área que cubre la región de Los Filtros durante años, “por lo que nuestra preocupación ya no sólo es por los daños estructurales derivado de que a nuestro sentir los trabajos se realizan cerca de la superficie, sino que puede haber una accidente que ocasione la pérdida de nuestro patrimonio o peor aún, la pérdida de vidas”.
Desinterés de la autoridad: vecinos
El vecino Antonio Contreras afirmó que ha tratado de comunicarse con la dirección de PC para que realicen una revisión física del lugar, y emitan una recomendación sobre el uso irracional de los explosivos, sin embargo estos llamados no han sido atendidos.
“A nuestro entender la Compañía Minera Villaseca es propiedad de una empresa canadiense, por lo que creemos que no les preocupa mucho la seguridad de los habitantes en las áreas que explotan para extraer mineral y por tal motivo no se apeguen a la Ley Minera de México y su reglamento”, se señala en el oficio emitido por los más de 30 vecinos.
Juan Antonio Torres, indicó que todos los días a las 23:00 horas se escucha un estruendo muy fuerte por debajo de sus viviendas, producido por los barrenos y excavaciones.
Penal de Topo Chico, Nuevo León, 13 de febrero de 2016.- Tras la masacre de presos del jueves 11 pasado, las familias siguen intentando ver a sus presos y presas. Durante la mañana se informó que se dará acceso a las visitas a las 8 am, son las 8:45 y aun no dejan entrar a nadie, la fila es de mas de 300 personas mayoritariamente mujeres.
Se les acaba de informar que no habrá acceso a niños y niñas.
Listas de presos fallecidos y de presos y presas trasladados a CEFERESOS a lo largo y ancho del país. A pesar de que buena parte de los presos y presas trasladados están procesados por delitos del fuero común fueron trasladados a CEFERESOS que son para presos y presas sentenciados de delitos del fuero federal y de criminalidad extrema.
Monterrey, Nuevo León, 13 de febrero de 2016.- Está mañana el sol salía para algunas madres y familiares que el día de ayer habían recibido la llamada de sus hijos, diciendo que se encontraban bien y que podían ir a visitarles. A las afueras del penal, se encontraban de 500 a 600 personas esperando que éste abriera sus puertas y poder ver a sus presos. Las filas se extendían por mas de dos cuadras alrededor del penal del Topo Chico desde tempranas horas de este 13 de febrero.
Unas cuantas mujeres y familiares esperaban que se realizara la marcha que el día de anoche se había convocado para salir a las 7 AM. Sin embargo, era tanta la gente que se acumulaba a los alrededores, que la que quería protestar se fue diezmando de a poco y la iniciativa de ir al palacio municipal se quedó a la sombra de la principal prioridad: la urgencia de entrar al penal y poder ojalá, hablar con sus familiares.
Ahora el escenario era uno en donde cientos de personas hacían fila esperando entrar al penal, unas pocas que preguntaban por la marcha, otras que no sabían que hacer para poder costear el viaje al estado al cual había sido trasladado su familiar, y seguramente muchas más en sus casas tratando de saber que hacer, ya que esta situación es la misma para un aproximado de 400 familias, esto sin hablar de todas las demás familias que se encuentran atravesando por momentos dolorosos tras la muerte de sus hijos, hermanos, hermanas, amigos y amigas.
**
A las 8:00 se vieron llegar de 250 a 300 elementos de la marina en 7 camiones grandes, mientras tres camionetas también de la marina les abrían paso. En las calles cercanas del barrio, se logró observar a 3 marinos caminar armados, uno de ellos platicando con vecinos.
Se logró identificar a dos personas que el día de ayer se le aproximaron a un compañero solidario que servía comida a los familiares. Ellos se hacían pasar como una pareja que venia del D.F., decían que habían contratado una habitación y que por error terminaron ahí, preguntaron que era lo que acontecía ya que no sabían. Este compañero les explicó sobre la masacre, ellos de manera fría respondieron que
– a veces era bueno sacrificar a algunos cuantos para controlar un poco a la población,
el comentario era inentendible y fuera del lugar. Hoy por la mañana aparecieron ambos con camisas polos y con señalizaciones en la manga (bandera de México) que los referían a alguna institución del estado, de igual manera se veían acompañados por más personas que realizaban llamadas por teléfono celular, ¿que tipo de labor estaban realizando? ya que el día de ayer la intimidación era clara y directa.
**
Las listas de los traslados a CEFERESOS estaban pegadas en una pared. Llama la atención en la lista del CEFERESO de Morelos el caso de Sandra Elizabeth Arriaga Hernandez, quien esta detenida por el delito de “uso de moneda falsa”, es por este delito, que hoy esta lejos de su familia y presa en un penal de alta seguridad, cárceles que legalmente están tipificadas para personas que cometen faltas de índole federal.
En la fila las historias circulaban y los comentarios de las mujeres eran diversos, ninguna quería dar su testimonio por miedo a que algo les pasara. Una de ellas comentaba :
– “Ayer la señora a mi lado, estaba muy mal, ella había visto a su hijo el jueves, el hijo estaba bien, después otro de su familia entro y no lo encontró, después la señora volvió y que le dijeron que estaba muerto”.
Otra señora comentó que de lo que no se sabe nada es de los últimos dos camiones que salieron el día de ayer por la tarde,
– “No se sabe si llegaron o donde están”.
**
La desinformación y el no saber que hacer está presente en todos aquellos y aquellas que están buscando cuerpos, que no saben donde están sus familiares, o bien que están sin saber como hacer para ir a visitar a su familiar a los distintos CEFERESOS.
Aunque el miedo ha logrado reinar en las familias afectadas quitándoles la fuerza para levantar la voz, en estos momentos cualquier apoyo es necesario, ya sea de organizaciones solidarias, colectivos o individuos que sepan como proceder en casos de traslados injustos y/o para el apoyo a las familias que están en la incertidumbre y sin saber que pasó con sus familiares.
Afuera se esperan respuestas claras sobre las muertes y los traslados injustificados, pero parece ser que por todos lados se trata de perpetuar la masacre, haciéndola ver como un motín y un lamentable hecho, pasando por alto muchas irregularidades e injusticias que configuran esta situación, confirmando que la política de muerte continúa en el laboratorio de exterminio “Monterrey, México, 2016”.
Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió se dicten medidas cautelares para la periodista Martha Izquierdo, quien fue amenazada tras dar a conocer información que involucra a servidores públicos de diversos niveles de gobierno en el Istmo de Tehuantepec.
La Defensoría inició el expediente DDHPO/CA/014/(10)OAX/2016, al tener conocimiento por vía telefónica de que la mañana del 10 de febrero último la periodista de la estación de radio Bianii Luu Nezaa (Luz en el camino) 100.7, de Ciudad Ixtepec, recibió una amenaza de daño grave a su integridad física tras realizar diversas emisiones en las que ha denunciado presuntas actuaciones indebidas de servidores públicos.
Por lo pronto, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dar inmediata respuesta sobre la medida cautelar para dar protección policíaca a la periodista amenazada.
La organización Artículo 19 reconoció que Oaxaca ocupa el cuarto lugar en asesinatos de periodistas al documentar nueve casos del año 2000 a la fecha, de los cuales cinco se han cometido en la presente administración de Gabino Cué Monteagudo.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca solicitó a la SSP que en un plazo de 18 horas emita un informe al organismo defensor sobre la aceptación de la medida cautelar planteada, así como de los resultados de la presente medida.
El organismo defensor señaló que, aunque la periodista ha informado que recibió la protección solicitada, hasta el momento la SSP no ha notificado oficialmente a la Defensoría la aceptación de la medida cautelar.
Por ello, la Defensoría insta a la autoridad a que realice de manera oficial las acciones necesarias a fin de prevenir y evitar que la comunicadora sufra daños de difícil o imposible reparación, al existir el riesgo fundado de que pueda ser agredida por las personas que la amenazaron.
La periodista Martha Izquierdo, quien es responsable de la radio “Bianni Luu Neza” y conductora de un noticiero matutino en Ciudad Ixtepec, denunció que recibió amenazas de parte de dos personas que llegaron a bordo de un vehículo particular mientras ella se encontraba al aire.
La también corresponsal de la agencia SemMéxico informó que aproximadamente a las 9:45 de la mañana del miércoles, mientras se encontraba en su espacio de noticias acompañada de la conductora Adriana López, el velador de la estación de radio le informó de la llegada de dos hombres, quienes le expresaron: “Dile a Martha que ya le pare a tanta chingadera” y de inmediato abandonaron el sitio.
Martha Izquierdo, al ser alertada de la amenaza, de inmediato tomó los micrófonos y lo mencionó al aire, manifestando su total repudio ante las amenazas a periodistas.
La ex corresponsal del diario Reforma dijo que “no podemos pasar por alto una amenaza, el caso ha sido reportado a Artículo 19, un amenaza es atentar contra la voz y contra la labor de comunicar”.
La radio Bianii Luu Nezaa inició transmisiones hace dos años, en la cual como coordinadora también realiza labores de ayuda a la comunidad como atención médica a personas con padecimientos como cáncer o insuficiencia renal, entre otros males, por lo que cuentan con un consultorio médico y dispensario que atienden de forma gratuita.
En la actualidad mucho se ha dicho sobre que los servicios públicos (agua, luz, servicio de recolección de basura, etc.) privatizados son más “eficaces” y “eficientes” que sí los mantuviera el gobierno, ya que es “ineficiente”. En ese sentido Peña Nieto y el Congreso de la Unión han hecho una serie de reformas privatizadoras, el gobierno ha dicho que esas reformas “mágicamente” traerán miles de beneficios, pero los resultados son otros muy diferentes; para muestra el caso de la ciudad de Aguascalientes.
En Aguascalientes el servicio de agua potable y alcantarillado fue privatizado en 1993 (de los primeros experimentos neoliberales salinistas) cuando se entregó la licencia de explotación del recurso y su servicio; a la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes (Caasa). Veamos cual es el origen de esta empresa, Caasa proviene de Proactiva Medio Ambiente con sede en Madrid, España, asociada en México con grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) propiedad de Carlos Slim, creando la empresa Holding OMSA a su vez respaldados por Veolia Environnment empresa europea proveedora de servicios medioambientales quien a su vez es propiedad de la multinacional francesa Général des Eaux -compañía que en conjunto con Suez Vivendi controlan gran parte del agua a nivel mundial fusionándose con muchas empresas multinacionales generando una red que presiona y seduce a los gobiernos a privatizar el agua, conflictuando el bien social y el bien mercantil.
Estas empresas, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo en complicidad con los gobiernos de distintos niveles y países; reforman leyes y artículos para permitir el control de los recursos naturales como el agua -control geográfico, social y económico, convirtiéndolo en un tema geopolítico y de seguridad nacional-.
En Aguascalientes se tiene una de las tarifas más costosas del país (desde 1993, probablemente los costos del agua privatizada han subido más de 300%); ajustando la tarifa mes a mes, en una fórmula de indexación incluyendo; costo eléctrico, salario mínimo, costo del petróleo, entre otros, así como el tipo internacional de cambio vigente al momento de su revisión mensual en Dólares.
Las empresas multinacionales a través de los gobiernos privatizadores (en asociación con los políticos que obtienen ganancias económicas) despojan a la sociedad del manejo del agua, estas compañías aseguran sus operaciones con contratos ventajosos y blindados ante cualquier contrariedad, obteniendo ganancias de alta rentabilidad imposibles en sus países de origen -debido a las regulaciones de Estados más serios y menos corruptos- por ejemplo, Caasa obtiene más de 300 millones de pesos anuales de donde el municipio de Aguascalientes sólo obtiene 37 millones de pesos, sin contar las inversiones técnicas del Ayuntamiento obligado -por contrato concesionado- a brindar las instalaciones de drenaje para que la empresa privada tenga la capacidad de dar servicio al municipio, inyectando más de 60 millones de pesos en este año, es decir eroga más de lo que recibe. Lo anterior no asegura el suministro de agua a la población ya que la empresa privada tiene un 65% de eficiencia.
Caasa, aplica cobros excesivos a 240 mil usuarios en Aguascalientes, sin abastecerlos de líquido las 24 horas del día (se realizan periodos de tandas de agua, es decir se raciona), como quedó demostrado luego de una auditoria que realizó el Instituto Técnologico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Aguascalientes. Según ese estudio “Caasa es considerada la compañía que ofrece el servicio más caro de agua potable en el país”.
La debilidad institucional ante Caasa se expresa en que por ejemplo el gobierno de Aguascalientes no puede ni siquiera sancionarla por irregularidades de servicio, cobro de tarifas, arbitrariedades, desperdicio del recurso o mal manejo del mismo ya que el título de concesión firmado en los noventa ni siquiera establece estos puntos ni contempla sanciones, mucho menos revocar la concesión, la ley a modo.
El derecho humano al agua no es respetado ya que en cuanto detectan la omisión en el pago del servicio, Caasa suspende el 100 por ciento de la dotación de agua potable, violando uno de los derechos fundamentales más importantes como es el acceso al agua. Violentando los derechos garantizados por el Estado en su Constitución en el Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 4; Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible.
Los resultados de esta privatización es que hoy se pagan los precios más caros del país por un servicio que no es ni “eficaz” ni “eficiente”, que se caracteriza por múltiples fallas en la dotación en los hogares de agua y que, aun cuando no tengas el suministro del líquido, las facturas llegan puntual para ser liquidadas de lo contrario el servicio es suspendido.
Por tal motivo es necesario revocar la concesión a las empresas privadas y luchar contra las reformas privatizadoras, ya que para muestra el caso Aguascalientes, donde lo único que mejoraron fueron las utilidades de los políticos y algunas empresas extranjeras, por eso es necesario volver a tomar el control del Estado sobre los recursos públicos en todo México; y decir, ¡el agua es un bien público y un derecho humano!
Con una manifestación pacífica señalaron no estar de acuerdo con el proyecto de una torre departamental en la colonia Fuentes del Valle.
San Pedro Garza García. Vecinos de la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro, realizaron una manifestación pacífica en contra de la construcción de un edificio multifamiliar, en las faldas del Cerro de la Loma Larga.
Argumentando que esta edificación atenta al medio ambiente y a los recursos naturales de la zona residencial, los colonos mostraron su desacuerdo bloqueando la entrada a la obra.
Vía comunicado también expresaron su preocupación por los futuros pobladores de la tierra.
“Propietarios y amigos de los que formamos esta colonia nos manifestamos en contra de que se atente contra las pocas áreas verdes que dan protección a nuestras familias y dan porvenir para nuestra generaciones”, indican.
Los inconformes señalan que el Plan de Desarrollo Urbano prohibía la edificación de torres departamentales, pero que fue modificado sin el consenso de los habitantes.
CÁRDENAS, TAB.- Ante el incumplimiento de la Secretaria de Educación (SE), por asignarle un maestro a la escuela tele secundaria “Luis Ramón Suárez”, del ejido Habanero, primera sección padres de familia y alumnos del plantel educativo tomaron las instalaciones educativas por tiempo indefinido en señal de protesta.
Encabezados por la Presidenta de la sociedad de padres de familia, Maribel González e Hilda Lorena Montejo, los padres de familia cerraron la escuela tele secundaria en protesta porque el maestro que estaba asignado en el plantel fue comisionado al Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de Tabasco (SITET), desde hace varios meses y no les asignan uno fijo.
Ante la falta de respuesta positiva por parte de la Secretaria de Educación, para que se les asigne un maestro a la escuela tele secundaria, los padres de familia tomaron la decisión de tomar las instalaciones y fijar una manta en el acceso del plantel, donde cuestionan la pasividad de la Secretaria por darle una respuesta favorable a su justa demanda.
Los integrantes de la sociedad de padres de familia del plantel educativo, manifestaron que desde hace 3 años se encuentran enfrentando serios problemas con la falta de maestros en este ejido, repercutiendo esto en el aprendizaje educativo de sus hijos, por ello le dieron un ultimátum a las autoridades educativas para que le den solución a su demanda.
Un grito desde el laboratorio de exterminio de Monterrey, Nuevo León, Noreste de México
Monterrey, N.L., 12 de febrero de 2016.– A primeras horas de este jueves 11 de febrero, familiares, gente solidaria y amigos de los más de 3800 recluidos en el Topo Chico se reunieron a las afueras del sobrepoblado penal, después de escuchar ruidos y señales claras de un conflicto en su interior.
Lista de presos fallecidos
Las noticias eran que en el interior de las instalaciones había ocurrido un motín entre dos grupos presuntamente vinculados con alguna organización del narcotráfico. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, señaló en conferencia de prensa que había 52 muertos después del altercado y que afortunadamente no había victimas del sexo femenino, ni niños. Dicha cifra fue modificada por la noche, cuando señaló por medio del procurador de justicia, Roberto Flores, que la situación estaba bajo control y eran 49 las personas fallecidas.
Desde la madrugada, horas después de que iniciara el presunto conflicto y un incendio, familiares de personas presas en búsqueda frenética de sus familiares, comenzaron a reunirse a las afueras del penal con la esperanza de tener información.
Largas filas y horas de espera, han tenido que soportar, llenos de incertidumbre ante la situación, pues a pesar de los números declarados en los medios de comunicación, y la lista con los nombres de 40 personas fallecidas, la información era, y continúa siendo incierta.
No informaban con claridad cuantas personas fallecieron, cuantas están heridas y cuantas más han sido trasladadas a penales de otros estados. Nadie era capaz de ofrecer información certera, nadie podía aliviar lo que horas más tarde se convertiría en desesperación y angustia.
Alrededor de las 4:30 de la tarde había cientos de personas esperando noticias de sus familiares, unos y unas habían entrado y traían noticias sobre el estado de los presos, las cuales no eran nada positivas. La escena a las afueras del penal era desoladora: mujeres, madres y familiares llorando la pérdida de un ser querido, sin entender lo que había pasado en realidad. Furia y dolor, desesperación y desolación eran los sentimientos que se sentían en el aire.
Ante la poca información proporcionada por las autoridades del penal, las noticias empezaron a correr por todos lados y la gente llena de angustia empezó a tejer las historias con las pequeñas fugas de información conseguidas tras las entradas al penal, asistencia legal, pláticas con otras personas, visitas al hospital, etc. La acumulación de información en cuanto a la gravedad de la situación cada vez era mayor, y la gente trataba de entender lo que realmente estaba ocurriendo ahí adentro.
Mucha gente venía llegando del Hospital Universitario y traía consigo información que parecía más bien de un ambiente de guerra. No eran 40, ni 50, la gente hablaba de cientos de cuerpos que llegaban al Hospital, cuerpos calcinados, decapitados, muertes perpetuadas de manera brutal. A pesar de la declaración del Gobernador, una de las voces que salían del penal decían haber encontrado el cuerpo de una mujer con su bebe calcinados.
Quienes entraban al penal tenían tres posibilidades: encontrar a su familiar bien, encontrar a su familiar con golpes o no encontrar a su familiar. Ante la última posibilidad, existía la esperanza de que hubiera sido trasladado a otro penal. Pero la verdad es que ninguna posibilidad era tranquilizante. Todas y todos temían por la vida de sus seres queridos. Quienes estaban ahí desde la madrugada, mencionaban que por la mañana se habían llevado entre 100 y 200 reos, para transferirlos a Durango o las Islas Mujeres sin previo aviso a sus familiares. ¿Por qué no hay una lista de los reos trasladados?
Rumbo a las 6:30 de la tarde, la gente que seguía cerca de la puerta principal del penal, salió corriendo y gritando “balazos”. Anteriormente se había visto entrar, por la parte trasera, a cientos de federales y la marina. El sonido de dos detonaciones al interior del penal, estaban ocasionando la huida y el incremento de tensión y nerviosismo entre las mujeres que gritaban que estaban golpeando a los presos. De repente las puertas del penal se cerraron y las visitas se dieron por finalizadas.
Todas y todos los que llevaban haciendo filas por horas fueron expulsados del interior del penal, mientras algunas personas seguían intentando dialogar con una supuesta organización internacional de derechos humanos: la Organización Diplomática Internacional, cuya forma de trabajo generó dudas entre los presentes sobre su verdadera procedencia e intereses a la hora de accionar en semejante crisis. Esta organización es la que empezó el rumor acerca de los cuerpos calcinados de la mamá con su hijo, y en vez de apoyar parecía interferir y no dejar en claro en qué consistía su apoyo y que finalmente salió cuando federales y marinos entraron al penal. Las madres y esposas, hijas e hijos con furia les gritaban, “¡Les queremos adentro!, ¡¿Por qué salieron?! ¿Dónde están las cámaras adentro para estar checando lo que les hacen? ¡Les están golpeando!”
Miedo y angustia rondaban por la calle, solamente la señora Sandra Elizabeth Ortiz quiso proporcionar su nombre y el de su hijo Yonatán Méndez Ortiz que hasta ahora sigue sin aparecer. A ella le realizaron una prueba de saliva al entrar, diciéndole que era para tener su ADN y en dado caso poder identificar a Yonatan, pues “tal vez está entre los chamuscados” decía entre llanto y dolor. Otra madre comentó que lo único que quiere es saber es si está bien su hijo, que ya fue al Universitario y que no encuentra respuesta.
La preocupación y el peligro siguen latentes, pues posterior a las detonaciones, se comenzaron a escuchar gritos que provenían de dentro del penal. El peligro no sólo es una sensación provocada por la situación, sino una realidad. Una joven que venía en busca de su hermano y su esposo, entró por la mañana y logró ver que su hermano estaba bien –un tanto asustado, pero sin heridas-, pero en la tarde que entró su cuñada a verlo, se encontraba golpeado. No obtuvo mucha información, pero solicitaba apoyo para que trasladaran a su hermano, pues “pueden matarlo ahí adentro”. En cuanto a su esposo, no logró encontrarlo dentro del penal, pero otros internos le mencionaron que lo habían trasladado en la mañana a Durango.
La joven nos compartió que también ella había estado adentro por “andar de cabrona, ¿verdad?” y sabía cómo funcionaban las cosas. Comentó que quiénes mandan, quienes son la ley, no es la policía, y la directora del Penal Topo Chico es cómplice de tal situación.
El día de hoy 12 de Febrero se espera que haya las listas de reos trasladados y que se dé información de los que están desaparecidos o de los que no se tiene ninguna información, se espera saber la cifra real de defunciones y las explicaciones de lo que está sucediendo.
Después de 24 hrs., queda claro que no sólo se trata de un motín o de un enfrentamiento entre grupos antagónicos, no se sabe qué se está cocinando, o cuáles son las reales intenciones de esta masacre. La policía del penal y las fuerzas de seguridad del estado permitieron que esto pasara. La gente pide respuestas con desesperación y es así que se espera otra larga jornada el día de hoy en donde muchas y muchos están esperanzados de encontrar a sus familiares con vida.
Monterrey, Nuevo León, 12 de febrero de 2016.- Este viernes amanecía con múltiples noticias: Dos autobuses con presos partieron a primeras horas de la mañana. Los traslados continuaban y las familias no sabían nada del destino de sus familiares, ninguna información, ningún aviso por parte de las autoridades.
>A primeras horas las noticias eran que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, afirmaba que era urgente continuar con la construcción del Penal de Mina, Nuevo León, del que se terminó su primera etapa en 2012 ( Planos preliminares), quedando en suspensión hasta 2013. En ese momento su situación era así descrita en el periódico Milenio: “Jorge Domene Zambrano, Jefe de la oficina de gubernatura, explicó que el plan consiste en que el gobierno federal se haga cargo de la parte económica y logística de las instalaciones, que originalmente estaban pensadas como un centro de readaptación para procesados por delitos del fuero común”. (http://www.milenio.com/monterrey/Penal-Mina-federal-maxima-seguridad_0_190781400.html)
Es así que este “motín” del cual hasta el momento se desconoce la información real en cuanto al numero de personas cuyo paradero se desconoceo que puedan estar fallecidas (a pesar de que la CNDH confirmo la cifra de 49 muertos dada por el gobernador, la gente fuera del penal sigue hablando de cientos de los cuales no se esta diciendo nada) ahora sirve como excusa perfecta para poner sobre la mesa la construcción de esta cárcel de máxima seguridad, o centro de exterminio como se les ha llamado a este tipo de cárceles también conocidas como CEFERESOS. Cárceles que están importando el modelo de centros penitenciarios privatizados de los Estados Unidos, que mas que centros de reintegración se convierten en laboratorios de deshumanización y mercantilización de la vida de hombres y mujeres quienes están confinados a vivir una vida indigna y denigrante.
A las afueras de las instalaciones alrededor de las 13:00, el ambiente era distinto, se percibía en el ambiente el cansancio y agotamiento de cientos de personas que ya iban a cumplir 48 hrs. de estar a la espera de alguna información que les diera esperanza.
Esta vez la ayuda por parte del gobierno se multiplicaba: tamales, tortas, botellas de agua se repartían por doquier, la gente seguía gritando que la comida debería de ser para los reos, eran ellos quienes no estaban comiendo. Algunas madres caían al suelo en quiebre psicológico al no saber donde estaba su familiar, o bien por enterarse de la noticia de que había fallecido.
Éste día aquellos que lograron entrar, solo lograban ver a su familiar por escasos minutos. Al salir lo único que decían, era que estaba bien, que ya lo habían visto y que no querían decir nada por miedo a que algo malo les pasara adentro. Los presos llevaban ya horas sin agua, luz y alimento, y de igual manera se les habían quitado sus pertenencias en un cateo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué callar? ¿Qué hay detrás?
A las 4:00 de la tarde salió un oficial para anunciar más traslados, esta vez de mujeres, pero de nuevo no se decía nada concreto que ayudara a los familiares a saber dónde estaban y a quienes se iban a llevar. Les proveyeron un número para informes, el cual minutos después se constataba que no funcionaba.
**
La CNDH se hizo presente, y la noticia era que ya iban a publicar la lista de presos y el estado al que fueron trasladados.
Rumbo a las 6:30 de la tarde se instaló una bocina y se dio la noticia, las madres se amontonaban cerca de la pared en donde estaba siendo pegada la lista y escuchaban por las bocinas el nombre de sus hijos. La rabia empezaba a nacer cuando escuchaban
– “Chiapas”, “Nayarit”, “Cd. Juarez”
– ¡Y como chingados creen que vamos a ir, nosotras no tenemos dinero!.
La Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja representante de la CNDH era abordada por muchas mujeres exigiéndole que resolviera su situación, la respuesta era que ya estaban las listas y que ahí decía el nombre del preso y el estado en donde estaban, ¿pero por qué se los llevaron, sin ninguna notificación? Se le cuestionó sobre la información que indicaba que el numero de personas fallecidas no eran sólo 49 sino que eran muchas más, según los familiares que estaban entrando y yendo al Hospital Universitario, a lo cual respondió únicamente que eso no era verdad.
Esas eran las respuestas, la inconformidad creció entre las madres presentes; con gritos de Justicia, exigían ver a sus presos, acto seguido se tomó la avenida principal ubicada al lado de las instalaciones del Topo Chico. Por media hora se bloqueó el tráfico, las granaderas de Fuerza Civil se movilizaban para prever cualquier acto, sin embargo lo que parecía sería una protesta que avanzaría hacia el centro de la ciudad, terminó quedándose a las afueras del penal.
Al finalizar los bloqueos se escuchó la canción de “Se murió mi amigo el bronco, se fue para el más allá” y se exigía la destitución del Gobernador. Finalmente se acordó que el día 13 de febrero se haría una protesta a partir de las 7 AM, marchando desde el penal del Topo Chico hasta el palacio municipal, esperando que la ciudadanía se solidarice con el dolor de cientos de madres que no saben en donde están sus hijos, que están desconsoladas porque se los llevaron lejos o por que les quitaron la vida.
Seguimos contemplando los efectos de una masacre, los efectos de la guerra que en esta ciudad solamente va mutando en forma, pero en donde el resultado final es el mismo: dolor y cada vez mas coraje.
En la actualidad la Escuela de Educación Física cuenta con una plantilla de 50 académicos sindicalizados. (El Siglo de Durango)
Maestros de la Escuela de Educación Física de la UJED, tomaron el plantel para exigir el respeto a sus plazas, pues la Administración Central ha contratado hasta a 20 personas para atender materias que pueden ser cubiertas por el propio personal en funciones.
Así lo señaló Jesús Abraham Soto Rivera, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez (SPAUJED), quien mencionó que en la actualidad la Escuela de Educación Física cuenta con una plantilla de 50 académicos sindicalizados, de los cuales fácilmente se puede aprovechar a 20 para atender las innovaciones realizadas por ellos mismos al Plan de Estudios.
“Nuestros maestros no solamente pueden, sino que tienen el derecho y la capacidad de atender las clases que han sido concedidas a otros elementos designados por la Administración Central, sin antes hacer una valoración adecuada”, expuso.
Zacatecas.- El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Armando Silva Cháirez, faltó a la cita programada este viernes con el delegado del Fovissste y miembros del SPAUAZ.
El delegado del Fovissste, Eduardo Duarte Escareño, refirió que se esperaba que el rector asistiera para comenzar con los pagos de la deuda histórica con el fondo, que asciende a una base de 157 millones de pesos.
Destacó que ésta era una fecha importante porque se esperaba una respuesta positiva y no se dio; “deja un precedente no positivo, pero sería un avance importante y se vería esa voluntad por parte de Rectoría de resolver la situación”.
Mencionó que se esperaba que este viernes fueran depositados los 87 millones de pesos a la seguridad social de los trabajadores, cantidad lograda en los últimos dos movimientos de huelga pasados, sin embargo, no sucedió y añadió que “se tendría ese precedente de abonar, de avanzar y de que esa cifra tuviera un destino final”.
Recordó que la deuda ante el Fovissste comenzó desde 2005, cuando era rector de la Universidad, Alfredo Femat Bañuelos, y que a partir de entonces, quienes han ocupando los cargos administrativos, así como de rector han omitido esa responsabilidad de pago en las aportaciones para los trabajadores.
Refirió que “la falta de responsabilidad en esas prestaciones, que merecen los trabajadores, han generado un tema gigantesco, una problemática financiera muy importante, que desafortunadamente ha ocasionado problemas a los trabajadores estudiantes y a la ciudadanía”.
Duarte Escareño precisó que el cierre a diciembre de 2015, el adeudo es de una base de 157 millones 681 mil pesos, y puede que resulte ser una cantidad mayor, debido a que en la actualidad se desconocen cuántos son los trabajadores de la UAZ y la aportación que corresponde por cada uno de ellos.
Señaló que a dicha cantidad se sumará este bimestre, lo que implican otros 4 millones 600 mil pesos en aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Especificó que la ley prohíbe al instituto o a los titulares hacer condonación de estas prestaciones, por lo que dicha posibilidad no existe.
Lamentó que debido a la deuda de la Universidad se han reducido los créditos a otros trabajadores, por lo que espera que se haga el depósito de lo que ya se tiene.
Por su parte, el líder sindical, José Crescenciano Sánchez Pérez, enfatizó que por los incumplimientos por parte del rector y en el marco del vencimiento del emplazamiento a huelga este 18 de febrero, este sábado habrá paro general en la máxima casa de estudios.
STUAZ desiste de huelga
Este viernes, durante asamblea general, de forma unánime, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) decidieron desistir de la huelga que se tenía prevista para el próximo lunes 15 de febrero.
El líder del STUAZ, Rafael Rodríguez Espino, afirmó que, aunque las propuestas de la Rectoría no los satisficieron del todo, fueron aceptadas debido a que “la Universidad no está como para soportar una huelga”.
Rodríguez Espino indicó que lo que benefició a los trabajadores fue el apoyo otorgado por gobierno estatal de 2 millones de pesos, que aunado a los 3 millones de pesos que aportó la Rectoría, dio una suma de mil 500 pesos para el estímulo a los trabajadores.
Comentó que además, se logró 3.15 por ciento de aumento; 28 pesos de aumento a prestaciones que irá al bono de despensa.
Refirió que el adeudo de la administración central hacia el sindicato es de 4 millones de pesos aproximadamente, que corresponde al pago de la jubilación de algunos trabajadores.
Especificó que la cantidad económica puede variar, dependiendo del puesto en el que se desempeñó cada uno, de 150 mil a 180 mil pesos, por 30 años de antigüedad en los hombres y 28 en las mujeres, además de que sean recibidos como jubilados por el ISSSTE.
Mencionó que la huelga se evitó debido a que el movimiento perjudicaría a terceros, como a los comerciantes, choferes y negocios que tienen como fuente económica las actividades de la máxima casa de estudios; “paralizar la universidad es cerrarles”.
Afirmó que el problema grave que queda es la deuda ante el ISSSTE “pero no me toca resolverlo ni con una huelga y es un tema que no se resuelve con una huelga”.
Destacó que lo que necesita la institución es una reingeniería, que implica ahorro y pagarle a quien la universidad necesita.
El secretario resaltó que un aspecto de seguridad social que no se ha tocado, representa una arista en el conflicto; las cuentas individuales, por las que se decidieron algunos académicos antes de la nueva ley y que además vendieron sus prestaciones y que implica a mínimo 300 docentes.
Las diligencias se realizaron entre el Centro Ecológico Akumal y el Hotel Secrets.
Sara Cauich/SIPSE
TULUM, Q. Roo.- Personal de las procuradurías General de la República (PGR) y Federal de Protección al Ambiente (Profepa), llevaron al cabo diligencias relacionadas con mediciones de linderos en el acceso a la Bahía de Akumal, donde existen discrepancias por el control entre turisteros y pobladores.
A lo largo de unas horas y por espacio de dos días, miércoles y jueves, peritos de la PGR llevaron a cabo mediciones de linderos de las propiedades del Centro Ecológico de Akumal y el hotel Secrets, informó Melchor Gamboa Gamboa, representante de la cooperativa de prestadores de servicios turísticos “Nativos”.
“Aparentemente no realizaron otras acciones más que la de medir los linderos y los puntos definidos de límites de las propiedades, y el camino de acceso a la bahía de Akumal”, refirió Gamboa Gamboa.
En la disputa por el camino de acceso a la bahía de Akumal, ambas partes, tanto los representantes del Centro Ecológico de Akumal y hoteles como los dirigentes de cooperativas, por separado han presentado diferentes denuncias ante instancias federales, entre ellas la PGR y la Profepa, indicó.
No es la primera ocasión que se realizan diligencias y mediciones, han sido varias, una de ellas a finales del año pasado, según el cooperativista.
Cateo por denuncia de la Profepa
Asimismo, en la zona costera de Tulum, el personal de la PGR llevó a cabo un cateo autorizado por el Juzgado Segundo Especializado en Cateos, derivado de dos averiguaciones previas, denunciadas por la Profepa, por afectación al manglar, producto de una construcción que se lleva a cabo en el predio ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Tulum-Boca Paila, tal como informamos en otra nota.
Las especies presumiblemente afectadas, según refiere la información oficial y que están en las denuncias, son mangle botoncillo, manglar rojo y palma chit, que se produjo al rellenar con material de sascab y piedra el lugar.
El cateo lo llevó a cabo el pasado miércoles personal de Ministerio Público de la Federación, Secretaría de Marina y peritos de la Profepa, según el comunicado difundido.
En los últimos meses del año pasado la Profepa llevó a cabo cerca de una decena de clausuras a predios en construcción, tanto del lado del parque nacional Tulum, donde ejecutó nueve de ellas por delitos ambientales y forestales, como del lado de Punta Piedra.
Ex empleados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que mantienen un plantón afuera de las oficinas centrales de esta dependencia desde hace 35 días, ofrecieron una conferencia de prensa para informar que emprenderán otro tipo de acciones, como ir a la ciudad de México, para que les hagan caso a sus demandas.
Las autoridades han ignorado este problema donde hemos sido afectadas 23 personas, en su mayoría mujeres. Son 23 familias afectadas por este cese. Sabemos que este recorte es un problema nacional, pero queremos saber los motivos por los que fue el despido y porque fuimos elegidos’.
Los trabajadores señalaron que la forma en que fueron despedidos no fue la correcta, ya que no hay ningún motivo que los haga merecedores del cese.
‘Llevamos 35 días en el plantón, sin que las autoridades estatales nos hagan caso. Creemos que le apuestan al desgaste de esta protesta, porque obviamente estamos desgastamos luego de tantos días, pero no nos detendremos porque queremos conservar nuestros empleos’.
Pese a que se han acercado a otras dependencias y han enviado oficios hasta a Presidencia, los ex empleados de la CDI no han recibido ninguna respuesta ni de las autoridades estatales a quienes les corresponde en primera instancia.
‘Hemos hecho una manifestación pacífica siempre buscando al mesa de diálogo, pero los responsables que quedaron al frente de la CDI, que son la Contadora Amable Cecilia Cruz Lozano, Ana Lilia Cruz Pérez y Luis Rey Sumano Carreño, no nos dicen nada de porque fuimos cesados, cuando tenemos una experiencia de 7 a 25 años’, finalizaron.
Cabe referir que hace 15 días los quejosos fueron objeto de un acto vandálico, cuando en la noche unos sujetos los ofendieron y rompieron una manta que ellos tenían.
A seis meses de entrar en vigor la Alerta de Violencia de Género para ocho municipios de Morelos, no se ha cumplido con las acciones mandatadas a las autoridades, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), organización que desde que se decretó dicha alerta, a la fecha ha registrado 37 casos de feminicidio ocurridos en la entidad.
En conferencia de prensa, integrantes de la CIDH, agrupación peticionaria de la alerta, dio un recuento del primer semestre transcurrido desde el pasado 10 de agosto, cuando inició el plazo establecido para el cumplimiento de las medidas de atención por parte del gobierno en sus diferentes niveles.
La CIDH informó que el recuento de feminicidios en el estado de Morelos es de 686 casos en 16 años. “Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social”, expuso Juliana García Quintanilla, vocera de la comisión.
En el informe se destaca que hay actos evidentes de omisión de las autoridades, tales como el financiar medios de comunicación en los que se revictimiza. “Las mujeres son doblemente victimizadas, son las madres, las hermanas, las hijas quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato, que autoridades y algunos medios de comunicación dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural”.
En este informe la agrupación da cuenta del problema creciente en el estado, al referir que del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 se reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15 y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Se expone que el año con el mayor número de feminicidios dados a conocer en los medios llegó a 92.
En el 2013 se contabilizaron 70, en el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluyen el registro con 57. En lo que va del 2016 ya contabilizan diez.
La vocera lamentó que desde que se emitió la alerta de violencia de género no se haya frenado este grave problema, al exponer que del 10 de agosto a la fecha se han perpetrado 37 feminicidios.
“El mes en el que ocurrieron más casos fue enero (2016) con diez, seguido de diciembre con siete, septiembre con seis y octubre también con seis. Esto deja ver que en lugar de disminuir los feminicidios aumentaron”.
“La violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son ya 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec”.
Del 10 de agosto del 2015 al 10 de febrero del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 17 municipios diferentes, incluyendo los ocho municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
Aseveró que “cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos municipios de nuestro estado y, a pesar de ello, el gobierno federal, estatal y municipal no han diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza. Autoridades de rangos distintos han demeritado los homicidios de mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento”.
La CIDH hizo notar la violencia institucional: “la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las instituciones en general para la ciudadanía”.
Destacó que el gobierno federal no ha dado seguimiento ni vigilancia al cumplimiento de las medidas, y al no establecer tiempos de cumplimiento se abre la posibilidad para la dilación por parte del estado de Morelos.
Ante lo expuesto, la comisión exigió que de manera inmediata se cumplan todas las medidas establecidas por el grupo de trabajo que participó en el análisis que dio paso a la Alerta de Violencia de Género, así como a las acciones que mandata la propia alerta.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) solicitó una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir una evaluación al gobierno de Morelos, ante el aumento de los feminicidios y el grave rezago en el cumplimiento de las 15 recomendaciones para prevenir, combatir, erradicar y sancionar la violencia de género.
Respaldada por académicos, organizaciones no gubernamentales y sindicales, la coordinadora de la comisión independiente, Juliana García Quintanilla, informó que a seis meses de la declaratoria de la Segob de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho de los 33 municipios del estado, no hay acciones concretas y efectivas para contrarrestar la violencia a la población femenina y, por el contrario, se observa un ascenso en las agresiones a las mujeres y de manera preocupante de feminicidios.
Precisó que de agosto de 2015 (cuando se declaró la AVG en Morelos) a la fecha, la organización documentó 37 feminicidios más, siendo este mes de enero cuando se registró el mayor número de casos (diez feminicidios). Con los últimos, el número de feminicidios registrados por la comisión en 16 años asciende a 686 casos.
Explicó que el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no prevé plazos para que el gobierno federal evalúe y supervise el cumplimiento de las entidades de las recomendaciones de la AVG, que implica una serie de acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres.
“Las deficiencias que tiene el reglamento, que las hemos ido revisando puntualmente, nos lleva a señalar que no hay un periodo desde el ámbito federal para revisar las deficiencias que tiene el gobierno de la entidad, por lo tanto, esto le permite al gobierno actuar de manera lenta y omisa”, subrayó.
Afirmó que pese a la emergencia, Morelos es “un estado que no ha garantizado y que no garantiza la vida y la libertad de las mujeres, es un estado sin medidas emergentes, que no se detiene el feminicidio y que la AVG es una herramienta jurídica que requiere voluntad política y no una simulación como lo que ha estado sucediendo”, a lo largo de los últimos seis meses.
Detalló que la comisión realizó un informe en el que detalla las omisiones y rezagos del gobierno de Morelos en el cumplimiento de la alerta, el cual se pretende presentar ante el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien se le solicitó una audiencia para informarle lo que sucede en la entidad, mostrarle cómo va en aumento la violencia feminicida y pedirle que instruya una evaluación inmediata a las escasas acciones hasta ahora realizadas por las autoridades locales.
“Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del gobierno actual, encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como se argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. De estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencia del feminicidio son múltiples y además privar de la vida a las mujeres deja secuelas graves en su entorno social y en el tejido social”, recalcó.
La académica y activista Sylvia Marcos expresó su preocupación por el aumento del feminicidio en tan poco tiempo, de lo que se deduce que hay factores de riesgo que no se están atacando y que las mujeres tienen una “doble vulnerabilidad”.
Afirmó que el incremento de la violencia de género es responsabilidad del Estado, ya que no sólo no implementa acciones de prevención sino que fomenta la impunidad.
“Es obligación del Estado controlar y disminuir la impunidad porque ya si entran unos a su casa, ya qué puede uno hacer, si lo sacan a uno a la fuerza o como mataron a Gisela Mota, qué puede uno hacer. Es el Estado el que es totalmente responsable, las policías, la autoridad de gobierno son los que tienen que frenar este tipo de crímenes”, dijo.
El pasado domingo 8 de febrero, cientos de habitantes de Coyotepec, Estado de México, se congregaron al pie del quiosco de la principal plaza del municipio. Alrededor del mediodía, bajo un sol apremiante, cientos de familias provenientes de distintos barrios de la cabecera municipal así como de otras comunidades de la demarcación, salieron a informarse y a consolidar lo que, a ojos vistas, es un rechazo amplio a las acciones que lleva a cabo el presidente municipal, el priísta Alfredo Anguiano, respecto a la administración de los pozos de agua locales.
Como en ocasiones anteriores –por lo menos desde junio de 2013– el personal que trabaja en el sistema de aguas comunitario se presentó a rendir cuentas de los gastos hechos recientemente (en este caso, dos recargas de diesel para alimentar los generadores eléctricos ya que la Comisión Federal de Electricidad se niega a restablecer el servicio) y sobre todo a explicar y consultar los siguientes pasos en la lucha por la defensa de los pozos de agua. Tanto el presidente del sistema de aguas, Tomás Meza, como diversos integrantes del Frente Popular 9 de junio en Defensa de los Recursos Naturales, acudieron a esta reunión.
Víctor Calderón, abogado del sistema de aguas y uno de los primeros en hacer uso de la palabra, explicó que debido a que el conflicto directo se inició cuando, en junio de 2013, el presidente municipal creó una «comisión de transición» a la cual le otorgó facultades para la presunta administración de los pozos, desconociendo de facto la administración que por usos y costumbres tiene la comunidad. En este sentido, esta comisión ilegal e ilegítima debería desaparecer, según explicó el abogado, por lo que este martes 10 de febrero se presentó ante las instancias respectivas una demanda contra este acto cometido por el ayuntamiento a partir de una reunión de cabildo que violentó los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana.
Las personas, atentas en la escucha de la argumentación, recibieron con gusto y algarabía la información y apoyaron plenamente el proceder legal que el abogado llevaría a cabo.
Otra de las acciones que se plantearon está centrada en la recolección de firmas –el mayor número posible– para legitimar lo que era de esperarse en una situación de esta naturaleza: el desconocimiento de Alfredo Anguiano como presidente municipal y de la mayor parte de los funcionarios del ayuntamiento. Un profundo descontento reinó en las consignas y en el ánimo de los presentes, sobre todo al escuchar una grabación de una entrevista hecha al edil en días pasados; las falsas aseveraciones del priísta provocaron molestia entre los pobladores, pues se mentía respecto al costo del diesel y los generadores así como de la obtención de recursos, la cual se lleva a cabo a partir de un sistema de cooperaciones.
Dentro del Estado de México, existen diversos mega proyectos que, sea por la construcción de una carretera o complejos habitacionales de lujo, o sea por la construcción de campos de golf, amenazan con destruir bosques y amplias zonas naturales. El agua es uno de los recursos que más codicia ha despertado entre funcionarios y empresarios, por lo que su posesión determinará también el nivel de poder con el que se cuenta. Sin embargo, al igual que en Coyotepec, otros pueblos se han organizado y se mantienen en resistencia para defender su territorio, tal es el caso de San Francisco Xochicuautla y de San Lorenzo Huitzizilapan, pueblos solidarios que, a través de una representación, dieron su palabra de apoyo y unidad frente al despojo.
Cuando comenzamos la lucha contra la autopista privada de Naucalpan, éramos muy pocos, pero cuando se vio que se trataba de una gran devastación, muchos pueblos nos unimos para resistir y defender nuestro territorio, comenta José Luis, comunero de Xochicuautla.
Y a manera de conclusión las palabras de un habitante de Coyotepec se vuelven un duro cuestionamiento:
Dicen que tenemos intereses, pues sí, tenemos el interés de que nuestros hijos tengan agua, que cuenten con los servicios que necesitan. Tenemos interés en que puedan crecer libremente. Ya en la esclavitud del siglo XXI, ¿dónde van a tener futuro nuestros hijos? ¿en Walt-Mart?
No habían terminado las participaciones cuando una comitiva proveniente de San Salvador Atenco llegó para sumarse al gran objetivo de mostrar unidad entre los pueblos. Las palabras de Ignacio del Valle fueron escuchadas con atención, en su relato de cómo se dio la lucha en su territorio, logró transmitir fuerza y energía, las dos, necesarias para avanzar en la defensa del agua como un sistema comunal no apto para ser municipalizado. En medio de la plaza llena, varias mesas concentraron a los participantes ya que de se trataba de la comida que se ofreció a los y las asistentes.
Algunas camionetas de la policía municipal vigilaban el lugar y pudieron apreciarse sujetos vestidos de civil merodear el evento acompañados de lentes oscuros y radios, el eterno y nada discreto uniforme de los infiltrados.
El asesinato de Anabel Flores y de 16 periodistas más en Veracruz, muestra el panorama de la terrible realidad que vive el periodismo en nuestro país. En Morelos, es necesario evidenciar las practicas de abuso de aquellos que ostentan el poder, así como mostrar la realidad que vive el periodismo en nuestro estado.
96% de las desapariciones de periodistas tiene como antecedente temas de corrupción.
(11 de febrero de 2016).- La organización civil Articulo 19 documenta al día de hoy cuatro denuncias en nuestro estado contra servidores públicos y partidos políticos.
Lucía Vergara, oficial del área de comunicación social y contenidos digitales, advirtió que de los casos donde los trabajadores de los medios de comunicación que fueron reportados como asesinados o desaparecidos, previamente sufrieron amenazas por alguna autoridad o grupo delictivo. Sin duda, una situación que debe encender los focos de alerta.
En octubre de 2015, René Pérez, camarógrafo del sitio de noticias “Quien Resulte Responsable” giró una denuncia en contra del diputado priísta Aristeo Rodríguez Barrera por amenazarlo con una arma de fuego. Los hechos se dieron después de que el camarógrafo documentara el momento en el que el diputado Aristeo Rodríguez le pedía el arma de cargo a su escolta para amedrentar a su compañero legislador Francisco Navarrete Conde, esto como parte de un juego entre ambos diputados. Minutos después Rodríguez se acercó al camarógrafo y lo amenazó a punta de pistola, con la finalidad de que las imágenes no se hicieran públicas.
En el mes siguiente a los hechos ocurridos contra Réne Pérez, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante el cierre del ciclo “Diálogos políticos por la seguridad ciudadana”, manifestó su apoyo a la red de periodistas del estado. En dicho ciclo se abordaron y compartieron las experiencias de los periodistas, en torno a la violencia que es perceptible la labor informativa. La universidad indicó que la red servirá para que —a medida que se vaya articulando y creciendo— los derechos de las personas periodistas encuentren protección, promoción y garantías de reparación y no repetición, cuando existan daños contra sus miembros, además buscará la prevención de los mismos. La UAEM llamó a la necesidad de que dentro de la red existan protocolos de seguridad y de reacción, que conjunto al apoyo de la institución, logren conjugar acciones urgentes de prevención.
En Morelos “supuestamente” existe un Mecanismo de protección para periodistas, que integraban representantes del gremio. Ademas dicho mecanismo estaba compuesto por integrantes del poder ejecutivo y judicial del estado. A mediados de enero de 2016, los periodistas que integraban y representaban al gremio decidieron suspender su participación en el Mecanismo, pues consideraban que no existían las condiciones prácticas, formales y de fondo por parte de las instancias involucradas que garanticen la operación y el funcionamiento adecuado del Mecanismo. Al respecto, Jesús Castillo señaló que “por parte del gobierno hay una simulación, hay un doble discurso, por un lado se presentan a las sesiones del “Mecanismo de protección para periodistas”, pero no se cumple con los acuerdos que se tienen cuando se trata de proteger a compañeros que han sido amenazados”.
Los ahora ex representantes informaron que de 2012 a la fecha, 23 compañeros activaron el Mecanismo, 10 de los cuales sucedieron en 2015 y 16 casos siguen activos y en riesgo. Durante la conferencia de presa, hicieron de dominio público las faltas que los representantes del gobierno incurrieron: se tomaron vídeos de los asistentes sin una previa autorización y posteriormente desaparecieron dicho material. Siguiendo el mismo método, sustrajeron las listas de asistencia y documentos oficiales de las sesiones.
Sin un Mecanismo de protección que funcione de manera precisa y congruente, la seguridad de los periodistas queda totalmente susceptible. Es primordial, la organización y la protección de quienes realizan tan honrosa profesión.
Nota editorial:
El lunes 08 de febrero fue secuestrada de su hogar, en Veracruz, la periodista Anabel Flores por un grupo armado presuntamente uniformado. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado sin vida en el estado de Puebla. Anabel Flores forma parte de los 17 comunicadores silenciados adjudicados al gobierno del priísta Javier Duarte.
Morelos no esta exento, todo parece indicar que estamos en la antesala de la total agresión y privación contra los periodistas. El Estado, encargado de proteger y garantizar los derechos más indispensables de cada uno de los ciudadanos, maneja -como se refería Castillo- un doble discurso, una doble personalidad. No es capaz de garantizar el bienestar de quienes ejercen la labor informativa, porque es él mismo quien ataca y censurar a los trabajadores de los medios que buscan (y luchan) por hacer valer el derecho a la libre expresión y de prensa.
La presuntuosa impunidad en la que vivimos actualmente, debe llegar a su fin, no podemos continuar con un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, que permita y mantenga impunes a aquellos quienes ostentan de atropellar nuestros derechos. A quién recurriremos para buscar nuestra protección, si aquellos que deberían de brindarla son los mismos que accionan sus armas en contra de la libertad.
Mujeres y jóvenes que montan guardias para evitar el reingreso de maquinaria a la zona de manglares denunciaron que partidos y candidatos buscan secuestrar el movimiento civil
11/02/2016
Adriana Varillas / corresponsal
Cancún, Q.Roo
Ciudadanos que participan en la defensa de los manglares y recursos naturales dentro del “Malecón Tajamar”, se desmarcaron de partidos políticos y líderes que intentan secuestrar el movimiento civil.
Agrupados en uno de los tres accesos que conducen al interior del polígono de 78.4 hectáreas, mujeres y jóvenes que montan guardias las 24 horas del día, aclararon que su motivación es genuina, sin fines de lucro, ni en busca de algún puesto o posición política de cara a las próximas elecciones.
Su pronunciamiento obedeció a que la tarde de ayer, en el acceso central, hubo personas repartiendo playeras con el nombre del regidor y ex candidato a la presidencia municipal de Cancún, Antonio Cervera. También porque hay quienes “sin fundamento” –subrayan- intentan engañar a otros ciudadanos corriendo rumores de que él es quien está apoyándoles, incluso en lo legal.
Como antecedente recuerdan que semanas atrás militantes del Partido Verde Ecologista (PVEM) quisieron “colgarse” de la causa ciudadana para tomarse fotos y lucrar políticamente con el tema. Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han acercado también.
“Estamos deslindándonos de cualquier partido político, de cualquier nexo o ayuda o liderazgos que quieran secuestrar este movimiento, en el que estamos de corazón, por el amor a la naturaleza, al manglar y no por otros motivos. Nos enteramos de que por ahí se está diciendo que Antonio Cervera está detrás de nosotros y queremos aclararle a la opinión pública que es falso. Es una mentira que pretende desvirtuar esta causa.
“Nosotros los invitamos para que vengan a hacer guardias, a pasar frío en las madrugadas, para aguantar los moscos, y que se den cuenta que somos ciudadanos, hay madres de familia, padres de familia, hijos, estudiantes, unidos solo por una causa: Salvar al manglar”, afirmó Milka Sánchez.
Milka aclara que “bajo ninguna circunstancia” se está pidiendo dinero. No en ese acceso. “Si la gente quiere venir y apoyarnos con comida o algo, lo aceptamos, pero no pedimos dinero”.
Lo que se observa en esa entrada, es una pequeña carpa que han montado para vigilar y documentar la entrada y salida de personas o vehículos hacia el Malecón; en ella conviven personas que antes del 16 y 17 de enero –cuando la devastación de manglares, sabana y selva- no se conocían.
Hay jóvenes estudiantes, mujeres y señoras, que antes desconocían las funciones de los manglares –filtro de contaminantes, hogar y sitio de reproducción y alimentación de especies- y hoy recitan sus cuatro tipos: Blanco, rojo, botoncillo o negro. Otros conocen también las normas o leyes que protegen a ese tipo de humedal.
En la mayoría hay una coincidencia o varias. Su preocupación por el destino del sitio, la tristeza ante la muerte de animales y plantas de diferentes tipos; el coraje e indignación por el papel de la autoridad, defendiendo el proyecto o enviándoles a policías para amedrentarles; y las horas y esfuerzo físico invertidos en rotarse para hacer las guardias. El cansancio.
Algunas mujeres aún lloran evocando lo que ocurrió la madrugada del 16 de enero e incluso hay hombres que se doblan también al llegar por primera vez al polígono y verlo destruido. El efecto en muchas de las personas suele ser igual: La tristeza. También la rabia.
Hay una familia que se planta entera para hacer las guardias, hasta que llegan otros y les suplen. Milka habla de esa constancia y de ese esfuerzo. Lucy Sandoval llora pidiendo a los reporteros que no suelten el tema; Doña Betty se cooperó con una planta de luz, porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o el gobierno de Cancún, les cortaron la energía eléctrica y la obscuridad les atemoriza.
Y Rocío Pinto fue una de las ciudadanas que promovió un amparo ante el Juzgado Tercero. Mañana es la audiencia incidental en que el juez resolverá si le concede o no la suspensión provisional.
En sus manos sostiene las copias de las suspensiones provisionales que han otorgado algunos Juzgados de Distritos, para que si el Fonatur u otra autoridad pretenden entrar, se les exhiba y explique que no pueden tocar nada, según la instrucción del juez. Se toman fotos, videos y si hay insistencia en entrar para realizar algún trabajo, se llama a la policía para denunciar que se está violando la disposición de un juez, explica.
En la demanda de amparo que ella promovió, detalla lo que vio el 16 de enero, cuando logró escabullirse para ingresar al “Malecón Tajamar”, cuando las máquinas llevaban ya horas trabajando. Comenzaron a las 2 de la madrugada.
Pinto evoca con nerviosismo el momento. Dice que vio máquinas arrancando de raíz la vegetación y a camiones sepultando animales vivos, “hasta que la policía me sacó. Me sacaron escoltada como si yo fuera la criminal”.
Lo que más le asombró de ese momento –narra en entrevista- fue la frialdad de los empleados que operaban la maquinaria pesada, “los camiones arrasando con todo sin importarles lo que hubiera al paso. La impotencia de ver a la autoridad defendiendo eso”.
AUSTO ADRIÁN.- Cancún Q. Roo.- Ciudadanos que han logrado 5 suspensiones del Malecón Tajamar ante juzgados federales, se deslindan de Katherine Ender, por emplear el movimiento ambientalista para cuestiones políticas, coincidieron Sandra Elena Sandoval y Rocío Pinto Bonilla.
Se fragmenta la defensa del proyecto del Malecón Tajamar, dado que ciudadanas desconocieron el trabajo de la líder de Guardianes del Manglar Cancún, Katherine Ender por perseguir intereses políticos más que ambientalistas.
En rueda de prensa frente a los terrenos devastados del Malecón Tajamar del lado que da hacia la avenida Bonampak, en una casa improvisada, la ciudadana Rocío Pinto, aseguró que Ender Córdova no tiene argumentos legales de defensa exitosos, como si ellos que han logrados 5 suspensiones de obras.
“Rocío no ha visto una acción legal de parte de ella, ella ha hablado mucho pero en hechos no los tiene. No los tiene, tiene en la PGR, pero en la PGR no hay, no es la jurisdicción correcta”
El lunes por la noche Ender Córdova estuvo repartiendo playeras del Movimiento Ciudadano, cuando antes había asegurado que su presencia no es por temas políticos.
“Ella se ha presentado, vino a entregar playeras, vino hacer ese movimiento, en realizad a mi persona me cayó de sorpresa porque dijo que no quería ningún movimiento político” ¿Eso cuando fue? “El lunes por la noche”
Por su parte, Sandra Elena Sandoval, informó que ellos como ciudadanos han conseguido 5 suspensiones, que valen más que las palabras.
“En la parte legal les informamos que contamos con 5 suspensiones otorgadas por el juez cuarto y quinto de Distrito comentándoles que estas suspensiones fueron ingresadas por ciudadanos independientes sin ningún interés político ni económico, solo pensando en el bien común, el proceso legal continúa hasta lograr el rescate del manglar”
Cabe señalar que Ender Córdova a través de su cuenta de Facebook, ha manifestado su simpatía por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador.
En lo que va de esta semana, el gremio periodístico ha sido víctima de diversos ataques incluido el secuestro y asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores, al que se le suman las amenazas en contra de al menos tres periodistas de la Ciudad de México, Guerrero y Puebla.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Sujetos armados irrumpieron en el domicilio del periodista del diario Tabasco Hoy, Pedro Sala García, para amenazarlo con una pistola y golpearlo con un tubo.
La esposa del reportero del diario, Odilia Arcos López, narró a varios medios locales que alrededor de las 07:00 de la mañana de ayer los sujetos ingresaron a su casa, ubicada en la colonia Ganadera, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, y empezaron a golpear a su esposo.
Arcos precisó que ella trató de pedir ayuda pero también fue golpeada y amenazada de muerte. Mientras tanto, su esposo era sometido a golpes hasta quedar inconsciente.
Sin embargo, los gritos de Odilia alertaron a los vecinos, quienes acudieron en auxilio de la pareja, suceso que provocó que los sicarios salieran huyendo de la escena en una motocicleta que posteriormente sería hallada cerca del lugar de los hechos.
El corresponsal del diario tabasqueño sobrevivió al asalto, y posteriormente fue internado en el hospital regional en donde es mantenido bajo observación.
Por su parte, Sala García responsabilizó a José Armín Marín Sauri, ex Alcalde priista del municipio Emiliano Zapata, por el atentado, ya que con anterioridad, Sala habría sido un severo crítico del gobierno de Armín Marín entre los años de 2013 y 2015.
De acuerdo con medios locales, el periodista teme por su vida y por la seguridad de su familia puesto que este es el segundo atentado al que se enfrenta.
La agresión anterior, sucedida hace dos años, también fue perpetrada en su otrora domicilio en la colonia Las Lomas.
Este atentado en contra de Pedro Sala se suma a otros casos similares en los que corresponsales del diario Tabasco Hoy han sido asesinados o desaparecidos. Entre ellos el secuestro en 2007 de Rodolfo Rincón, de quien hasta la fecha no se sabe nada. En tanto, Ismael Díaz, reportero del mismo medio, fue asesinado a puñaladas en el municipio de Teapa, Tabasco.
En lo que va de esta semana, el gremio periodístico ha sido víctima de diversos ataques incluídos el secuestro y asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores. A este asesinato que ha sido condenado por diversas organizaciones internacionales como el Consejo de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), se le han sumado las amenazas en contra de al menos tres periodistas de la Ciudad de México, Guerrero y Puebla.
TRES PERIODISTAS SON AMENAZADOS EN DOS DÍAS
El pasado martes, tan sólo unas cuantas horas después de que se confirmara el asesinato de Anabel Flores, el reportero del Proceso, Álvaro Delgado, denunció a través de su cuenta de Twitter que recibió mensajes e imágenes intimidatorias, en las que le advertían que estaba sentenciado y que ya había órdenes de proceder en contra suya.
Delgado retuiteó diversos mensajes que le llegaron a través de esa red social, algunos desde cuentas de reciente creación.
Algunos de las amenzas decían:
“YA ESTÁS SENTENCIADO, HIJO DE TU PUTA MADRE, EL PATRÓN YA DIO LA ORDEN. @alvaro_delgado (sic)”, escribieron desde la cuenta @Tercomonoxidos.
El presunto usuario @BakenecoRaga amenazó: “@alvaro_delgado te estamos vigilando (sic.)”.
Un día después, el corresponsal del mismo semanario en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, denunció que fue amenazado de muerte por parte del ex Diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, durante una manifestación por el asesinato de la periodista veracruzana que se llevó a cabo afuera del Congreso de esa entidad.
De acuerdo con lo reportado por el diario El Sur, poco después de las 11:00 de la mañana de este miércoles, unos 30 reporteros y fotoreporteros de diferentes medios de comunicación del estado marcharon y protestaron afuera del Congreso local, de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y del Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, para exigir justicia por el asesinato de la reportera veracruzana.
Durante la protesta, Ezequiel Flores denunció a diversos medios que cuando se encontraba afuera del Congreso de Guerrero, el ex Diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo, lo amenazó de muerte. Narró incluso que el chofer de un automóvil Jetta azul lo llamó y cuando se acercó el también ex Alcalde de Acapetlahuaya le espetó: “te va a llevar la verga”.
El reportero dijo que tras ser amenazado en reiteradas ocasiones, decidió encarar al político por lo que le pidió que se bajara del vehículo, sin embargo, éste arrancó y Arellano Sotelo le dijo: “pronto nos vamos a ver y te vas a acordar”.
“Aquí lo grave es que estamos pidiendo garantías y el esclarecimiento del asesinato de una compañera y un personaje que ha sido vínculado a la delincuencia, que hay documentos del Gobierno federal que lo ubican como operador político del grupo delictivo ‘La Familia’, pues hace esto aquí en Chilpancingo”, denunció el reportero.
En tanto, ayer por la noche, la reportera del medio digital Lado B, Aranzazú Ayala, dio a conocer que recibió mensajes que la acusaban de estar relacionada con el narcotráfico y acompañados con el hashtag #AniquilaUnPeriodistaPor.
Las capturas de pantalla de las agresiones fueron compartidas por la periodista. Mientras que la cuenta @SoloSoykike, desde donde fueron enviados los tuits, fue dada de baja.
El medio poblano reaccionó a través de sus redes sociales y condenó “enérgicamente cualquier agresión a periodistas, y manifestamos total e incondicional apoyo a nuestra compañera y amiga”.
Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, afirmó que la institución católica no es culpable de que los curas acusados de abusar de menores sean prófugos de la justicia, como es el caso de Eduardo Córdova Bautista y Noé Trujillo.
“Nosotros sentimos una cierta presión porque hemos hecho lo que se tiene hacer. No somos culpables de que tal o cual persona se encuentre en libertad, puesto que estará viviendo un proceso de ley. Entonces la Ley tiene recursos que prevé para la procuración de justicia”, comentó, informó
Cuando se le cuestionó sobre si la iglesia tiene responsabilidad en que no se haya encontrado aún a los responsables de los crímenes, la Arquidiócesis de San Luis Potosí dijo que el Arzobispado ha promovido las demandas donde se hace referencia a delitos presuntamente cometidos por sacerdotes.
Priego Rivera dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es “testigo” de la cooperación de la Arquidiócesis potosina, encabezada por Jesús Carlos Cabrero Romero, pues han brindado las informaciones pertinentes.
El portavoz de la iglesia aseguró que entregó la información sobre las ubicaciones y domicilios de los imputados a las autoridades, según lo estipulado por la ley, que establece que cualquier delito deberá denunciarse a las autoridades.
Priego Rivera asegura que no tolerará ni va a tolerar ningún caso de abuso sexual de presbíteros contra menores de edad.
Al momento son siete las averiguaciones abiertas en San Luis Potosí contra sacerdotes implicados en abusos sexuales, de acuerdo con la Procuraduría. En dos casos los implicados fueron detenidos y luego liberados sin sentencia condenatoria, en uno se negó la orden de aprehensión y dos más se encuentran en calidad de prófugos, pero con órdenes de captura, es el caso de Noé Trujillo y Eduardo Córdova Bautista.
Las denuncias se presentaron durante 2015 por la Arquidiócesis de San Luis Potosí y están en proceso de integración, recabando declaraciones de víctimas y otros testimonios, informó El Pulso De San Luis.
La Procuraduría de San Luis Potosí ha dado a conocer que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) integra una averiguación previa en contra de Eduardo Córdova, pero tampoco esa se ha consignado ante un juez.
Otro de los implicados fue identificado como Noé Francisco, quien ya fue suspendido de sus labores clericales por la Arquidiócesis.
Ambos casos se investigan a través de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto de la PGJE, según indicó Federico Garza Herrera.
La Iglesia Católica dice no saber el paradero de Eduardo Córdova, mientras que las víctimas creen que el pederasta fue encubierto por las autoridades religiosas.
El dirigente de la Coordinadora en Campeche, Silverio Tuz Góngora, revela un sinfín de irregularidades en la aplicación del examen de permanencia y anuncia movilizaciones, si la Seduc cumple su amenaza.
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 11 de febrero del 2016.- Silverio Tuz Góngora, representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Campeche (CETEC), anunció que presentarán demandas laborales contra la Secretaria de Educación (Seduc) en caso del cese de maestros, y anunció el respaldo absoluto de la CNTE y movilizaciones con la consumación del primer cese docente.
El líder docente dijo que cinco profesores de educación básica iniciarán procedimientos legales, porque ya fueron notificados de cese, y manifestó que hay diversas irregularidades de la Seduc, lo que convierte en irregulares las acciones que emprendió la dependencia.
“Vamos a presentar una demanda laboral, en donde especificaremos los puntos y los errores que la Secretaría de Educación tuvo para la aplicación de este examen y se manifestarán los pormenores por los cuales decidieron accionar de esta manera los compañero, hubo errores hasta en las notificaciones, algunos fueron por teléfono, otros por escrito, al correo y hasta por mensaje de texto, no estamos jugando, el examen de permanencia es una cosa sería y debió de ser de manera escrita y firmado por la autoridad competente”, expresó.
Tuz Góngora afirmó que lo que intenta la Seduc es atemorizar a los maestros y de la misma forma, poner un ejemplo en el estado para los que van a presentar el examen, por lo que anunció el respaldo absoluto de la CNTE y movilizaciones, apenas se consumen las amenazas.
“Quieren atemorizarlos para que acudan, pero ya dijeron que no entrarán evidencias, no hay miedo, quiero decir que gozan de todo el respaldo de la Coordinadora Nacional, el día viernes, los compañeros representantes de la CNTE acudieron a una reunión con la Secretaria de Gobernación, en la cual la autoridad se negó a participar y en donde se dejó claro por escrito que con un solo cesado que haya a nivel nacional, la CNTE se va en movimiento para respaldar a los afectados”, reveló.
Explicó que la notificación fue la semana pasada, de parte del departamento jurídico de la Secretaría, específicamente por la licenciada Zazil Sonda Ramírez, quien les dio un plazo de 10 días a los compañeros notificados, para que entregasen las pruebas necesarias que justificasen los motivos por los cuales no fueron a presentar examen, lo cual es una situación anómala, pues todo el examen de permanencia, desde un inicio y hasta la fecha, ha presentado irregularidades y no va a concluir las fallas, porque la autoridad no está bien organizada.
“Zazil Sonda no tiene anuencia para notificar nada, porque no ha cometido delito alguno que amerite la intervención del jurídico, quien debe notificar es la SEP o en su caso, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ellos son los indicados para manifestarles a los compañeros que están siendo citados para mostrar evidencias o serán cesados”, indicó.
“Quiero decir que los compañeros no entregaran ningún documento, porque no han cometido un delito, nosotros tenemos claro que seguimos cobijados bajo el articulo 123, apartado B, en el cual claramente se maneja que fuimos contratados bajo un régimen en el cual gozamos de ciertas condiciones y no podemos ser cesados simplemente por no acudir a presentar examen de permanencia”, agregó.
“En ningún momento debemos presentarnos a la evaluación, renuncian a su derecho y aceptan la Reforma Educativa y se les aplica la reforma, nosotros fuimos contratadas en otro régimen, solo ponen en riesgo su trabajo, corren el riesgo de ser dados de baja después de los exámenes”, asentó.
Puntualizó que en este tema, la autoridad estatal está limitada y es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa quien tiene la responsabilidad, pero como parte de otra irregularidad, esta dirección no ha sido replicada en Campeche.
“Que me perdonen las autoridades educativas, pero aquí en el estado de Campeche no está establecido el Instituto Nacional de Evaluación y el secretario de Educación no tiene la facultad para mandar a notificar a los compañeros, él es nuevo en el servicio y no tiene conocimiento de cómo se firmó la Reforma Educativa y en qué condiciones, nosotros estamos cobijados por el décimo transitorio y no tenemos por qué presentar examen, los que presentan son los que entraron después de septiembre de 2013”, finalizó.
Oaxaca de Juárez.- Periodistas de Oaxaca y corresponsales de medios nacionales protestaron frente al antiguo Templo de Santo Domingo de Guzmán en el centro de esta ciudad la noche de este jueves, para exigir a las autoridades federal y estatal el esclarecimiento de los diversos crímenes contra reporteros y fotoperiodistas asesinados en el país.
Durante la manifestación, los representantes de los medios de comunicación proyectaron sobre la fachada de la Convento de Santo Domingo imágenes de los rostros de la reportera veracruzana Anabel Flores Salazar, asesinada esta semana y de Marcos Hernández, corresponsal de esta casa editorial, ejecutado en Pinotepa Nacional en enero de este año.
Frases como “ejecuciones de estado”, “¡Ya basta!” “En Oaxaca van 5 asesinatos en este sexenio”, así como “Javier Duarte, gobernador de Veracruz, 15 periodistas asesinados en 5 años”, acompañado de la imagen de dicho mandatario, también se proyectaron.
Ante la presencia de ciudadanos que se encontraban en la explana del complejo histórico, reporteros y fotógrafos evidenciaron el incremento de violencia para quienes ejercen la labor de comunicar.
El corresponsal de la Revista Proceso, Pedro Matías, citó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó del año 2000 a enero el asesinato de 109 comunicadores en México, sumando 110 con la reciente ejecución de la reportera Flores Salazar.
La organización de derechos humanos, “Artículo 19”, reportó que en Oaxaca se han cometido 5 crímenes contra reporteros en la presente administración estatal, indicó Pedro Matías.
El también consejero de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) lamentó que del año 2000 a la fecha existan 20 comunicadores desaparecidos a nivel nacional.
Oaxaca, dijo Pedro Matías, es el tercer estado más peligroso para ejercer el periodismo; encabeza Veracruz, seguido de Tamaulipas.
“Los gobierno se dedican a descalificar la labor de los comunicadores y se adelantan en decir que los reporteros tenían vínculos con el crimen organizado”, expresó el reportero oaxaqueño.
Los reporteros también solicitaron el apoyo de la sociedad para exigir un alto a l muerte de más comunicadores en Oaxaca y en México.
Juchitán, Oaxaca.- Unos mil 500 Trabajadores de 17 Delegaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca del Istmo de Tehuantepec cumplieron quince días de paro de labores en las unidades de salud, debido a la falta de insumos, medicamento y equipos medicos.
El personal de salud solo brinda servicio de urgencia y hospitalización en los seis hospitales del Istmo de Tehuantepec (Juchitán, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, Tapanatepec, Tehuantepec y María Lombardo), aseguran que el apoyo ha llegado a cuenta gotas de parte del gobierno de Oaxaca a través del encargado del despacho de los SSO, Héctor González Hernández.
En conferencia de medios, el dirigente de los trabajadores de la subsección 02 Istmo, Rodolfo Martínez negó que los casos del virus del zika en esta región de Oaxaca vayan en aumento debido al paro de labores que mantienen, aseguró que están consientes de la problemática y están apoyando en todas las actividades de prevención en las localidades de mayor alerta.
Acompañado de integrantes del Sindicato de la Subsección 02 Istmo afiliados al Sindicato de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) Sección 35 resaltó que no es capricho de unos cuantos y tampoco es flojera de otros que las unidades de salud permanezcan cerradas, sino es por la falta de insumos y medicinas.
Dijo que sería una pena que alguna embarazada llegará de urgencias a uno de los Hospitales con síntomas del virus del zika y no se le pudiera realizar el ultrasonido, debido a que se encuentran descompuestos y en mal estado.
“Pedimos la comprensión de nuestra ciudadanía, no se trata de trabajar con ética o no, pero nos vemos en la necesidad de cerrar, porque estamos en un colapso en los Hospitales, principalmente el de Juchitán y Salina Cruz, los cuales por la escases de medicamentos e insumos es imposible dar atención a la ciudadanía de forma integral, por lo que es preferible cerrar para no poner en riesgo la salud de los ciudadanos”, expresó.
Finalmente añadió que existe una gran irresponsabilidad de las autoridades, quienes lo único que hacen en las mesas de negociaciones es calendarizar los acuerdos, ha hartado a la base sindical del sector salud, quienes manifestaron que era urgente realizar un paro de labores en la capital del estado de Oaxaca, con la esperanza de obtener respuestas favorables.
CDMX 11 febrero 2016.- Una vez más, representantes de los medios de comunicación entre fotógrafos, reporteros y camarógrafos, se dieron cita en la representación de Veracruz para manifestarse contra la impunidad, omisión y violencia contra periodistas en el estado gobernado por Javier Duarte luego del asesinato de la reportera Anabel Flores, quien fuera sustraída de su domicilio en Orizaba por personas armadas y con vestimenta militar.
Los comunicadores pegaron fotografías de los periodistas abatidos en aquel estado como Regina Martínez, Moisés Sánchez, Gregorio Martínez, Anabel Flores y de Rubén Espinosa quien fue asesinado en la Ciudad de México luego de huir de aquel estado por amenazas. No obstante en este contexto de violencia hacia la prensa, el pasado 10 de febrero mientras comunicadores protestaban frente al Congreso de Guerrero por el asesinato de Anabel Flores; el corresponsal de Proceso en ese estado, Ezequiel Flores Contreras, denunció haber sido amenazado de muerte por el exdiputado perredista Roger Arellano Sotelo quien es señalado por presuntos nexos con la delincuencia organizada. En una alerta emitida por Artículo 19, se detallan 67 agresiones documentadas en el estado de Veracruz, destacando tres asesinatos y el desplazamiento forzado de cuatro periodistas.
A esto se suma la criminalización a la labor periodística de los compañeros que hoy ya no se pueden defender. Como muestra de ello, se encuentran las declaraciones de José Abella; dueño del periódico “El Buen Tono”, contra la periodista Anabel Flores en una entrevista realizada por W Radio en su sección “El Weso”, cuyos argumentos carecen de congruencia. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos exhortan a las autoridades y sociedad en general a hacer justicia por el esclarecimiento de los ataques a periodistas, así como también el cese a la violencia contra la libertad de expresión.
Desde que el pasado 11 de enero, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció la cancelación definitiva del proyecto «Ciudad del Futuro» en el terreno que ahora ocupa una planta asfaltadora, ubicada al sur de la ciudad en la colonia Santo Domingo, la lucha vecinal en apariencia había conseguido su principal objetivo. Desafortunadamente la situación no ha sido tan fácil y distintas problemáticas continúan pendientes por resolverse; por otro lado, mujeres y hombres de distintas edades, habitantes de la zona conocida como Pedregales de Coyoacán, mantienen una fuerte organización barrial que va más allá de las fronteras de colonias. El objetivo no es sólo la cancelación aparente –en los discursos políticos– de los proyectos gentrificadores que ahora comienzan nuevamente a brotar en distintas zonas de la capital, es además, ejercer una participación decisiva en la planificación, la transformación y el mejoramiento de la urbe bajo otros principios que el mero progreso capitalista.
Este 10 de febrero, poco más de 200 personas se reunieron afuera de la planta de asfalto en disputa, la cual, a pesar de las declaraciones del mandatario capitalino acerca de «a sus altas emisiones contaminantes» no ha cesado funciones y mostraba una actividad bastante sólida. El acto demostró que las colonias y los barrios que comprende esta región al sur de la ciudad están unificadas y que hay una clara disposición y conciencia para mantener la lucha y la resistencia ante nuevas embestidas disfrazadas de proyectos sustentables o alternativas a lo ya cancelado públicamente. Además de las y los colonos, el acto de protesta contó con la solidaria presencia de una comisión de las familias de Ayotzinapa, una comisión del pueblo otomí de San Francisco Xoxhicuautla y diversas organizaciones estudiantiles.
Fotografía: Heriberto Paredes
Mientras que Mancera afirmó el pasado mes de enero que «lamentablemente (el tema) lo han politizado, pero la idea o la intención en esa zona primero es el cierre de un espacio contaminante de la ciudad, se tiene que cambiar a un proceso de modernización […] No me interesa entrar en esos debates políticos, la intención estaba clara, lo lamento en este momento por los vecinos, pero bueno, la intención ahí ha quedado», para las personas organizadas de los Pedregales la situación no es tan maniquea, en primer lugar porque en los mismos dichos del mandatario existen contrasentidos, por ejemplo, la omisión que hace al no mencionar que «Ciudad del Futuro», además de un supuesto parque incluiría un desarrollo habitacional de lujo, la «rehabilitación de avenidas y centros comerciales», así como el aumento en los servicios básicos que la colonias han conseguido a base de mucho esfuerzo y resistencia en más de 40 años de vida.
No se trata de la «politización» del tema, se trata de un mero discurso que encubre, sobre todo, otras estrategias para que el proyecto se lleve a cabo y no existan mecanismos de participación central de la población en la toma de decisiones para proyectos de transformación urbana. Para el jefe de gobierno es parte de una idea de modernización, para las y los habitantes es la defensa de la vida, del lugar en el que han construido no sólo casas, también relaciones sociales, identidades, comunidad. Si un proyecto como «Ciudad del Futuro» se realizara, la fractura del tejido social que se ha construido a lo largo de 40 años, es una consecuencia inevitable. La gentrificación, además de consolidar beneficios para una cierta clase económica tiene como correlato la destrucción de lo que antes ya existía, sobre todo los proyectos de vida que permiten la reproducción de la misma bajo principios lejanos al mal del capitalismo.
Fotografía: Heriberto Paredes
El profesor Daniel, habitante de la colonia Ajusco, en los Pedregales de Coyoacán, resalta una situación compleja tras la aparente victoria: afirma que tras el anuncio de Mancera, el intento de MORENA, a través de sus formas más oscuras de cooptación, de apoderarse de la asamblea general barrial y de imponer rumbos, decisiones y líderes ha sido una constante. Obviamente, esto no es considerado por el funcionario como una «politización», por el contrario, ha permitido que incluso, este partido político esté intentado imponer una suerte de consulta ciudadana para decidir el rumbo de la planta de asfalto. «Para las y los vecinos es preocupante que este partido haya aprendido de los errores ocurridos en la consulta del proyecto del Corredor Chapultepec y ahora quieran imponer una consulta amañanada que beneficie a empresarios ajenos al lugar o nuevamente al gobierno» afirma el profesor.
El otro riesgo que señala el colono de los Pedregales, reside sobre todo, en el encubrimiento que pueden tener empresas como la —en un inicio— paraestatal «Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México» hoy ProCdMX, «Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México» empresa privada cuyo director general es el empresario Simón Levy-Dabbah, encubrimiento que permitiría la entrada de otras empresas, con otros directivos pero que al final de cuentas, revivieran el proyecto urbano que no cuenta con el respaldo de la población. Por eso es que para las y los vecinos está muy claro que no van a permitir la entrada a «empresas nacionales o extranjeras, prestanombres, partidos políticos y agentes encubiertos que pretendan acabar con su espacio de vida» subrayó Daniel.
Fotografía: Heriberto Paredes
El acto político cultural se organiza rápidamente, en cuanto se juntan las personas necesarias, se usan tres pequeños camiones y se cierra la circulación de avenida del Imán, justo frente a la puerta principal de la asfaltadora. En 15 minutos el sonido está casi listo y las tarimas para un escenario están listas. La gente se reúne, la policía de tránsito pasa a pedir datos y se aleja, en esta zona de la ciudad es la organización vecinal la que marca la pauta. En las presentaciones de las y los asistentes, un joven habitante de esta parte de los Pedregales explica en el micrófono que «esta lucha va más allá de una casa o un terreno, esta lucha es por nuestra historia, porque nosotros sí sabemos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir». Sus palabras son claras: «este plantón es contra la planta de asfalto, contra la privatización del agua, contra el gas Fenosa, contra la CFE [Comisión Federal de Electricidad], porque ellos ya nos quieren cobrar más sin que hayamos tenido siquiera un encuentro o algo».
El frío bajó y un sol ilumina a quienes esperan el inicio del evento. Justo antes de que las primeras inyecten de alegría el ambiente, doña Fili, una luchadora social con décadas de experiencia y de historia en la construcción de los Pedregales, toma el micrófono a petición de la gente, quien le aplaude y luego la escucha con atención:
«Está aquí nuestra piedra, lo que nos identifica. A veces hay que llevar unas joyas o un carro último modelo, o llevar la tarjeta con mucho dinero, pero aquí lo que nos identifica es la piedra y por eso la vamos a defender, y por eso vamos a defender los Pedregales. Mostramos con esta solidaridad tan grande, que seguimos hermanando las luchas, nos hemos hermanado con Atenco, con Xochicuautla, con Francisco Magú, con muchísimas otras colonias hermanas, porque el gobierno sólo tiene para nosotros el proyecto de muerte, de desgracia. Hoy los proyectos son de muerte. No podríamos estar exentos, por eso hoy, defender Pedregales, defender todo el territorio, porque son el territorio nacional. Qué bueno que están aquí hermanas y hermanos, que lo sepa bien Mancera y que lo sepa el empresario Levy, que ya no estamos dispuestos a tolerar sus proyectos de muerte […] Estamos en contra también de las altas tarifas de la luz eléctrica porque a CFE no le debemos nada, no firmamos nada con CFE, por lo tanto, no le debemos nada, y que agradezca que decimos que tarifa social, podríamos decir que no le vamos a pagar, porque los recursos naturales son de los mexicanos y estamos en esta defensa; tampoco al gas natural, porque jamás se nos ha informado.»
Fotografía: Heriberto Paredes
Antes de este evento, doña Fili, otras compañeras vecinas y doña Bertha Nava, madre del normalista Julio César Ramírez Nava, asesinado el 26 de septiembre de 2014, llevaron a cabo un ayuno a las afueras de la delegación Coyoacán. Una actividad pacífica, discreta pero sin embargo, muy emotiva en su composición de fuerza y dignidad. Así como otros pueblos en el país, quienes han visto crecer y consolidarse a estos Pedregales ofrecen su ofrenda de ayuno para mandar un mensaje de resistencia y de fortaleza contra los embates que pretenden despojarles de lo que tanto esfuerzo les ha costado a decenas de miles. Y con este ayuno, además, se consolida la solidaridad de una mujer invencible como doña Bertha, quien desde el asesinato impune de su hijo ha caminado el país entero levantando su voz y su ejemplo de lucha; el punto en común es la necesidad y urgencia de justicia, de respeto, de calma, estas y otras luchas en el país se pueden identificar en la convicción de que una vida digna y justa es posible.
Lo que el profesor Daniel y doña Fili dejan en claro, es que los Pedregales de Coyoacán están preparados para resistir y que es la organización popular la que va a determinar el rumbo que tomará esta lucha. Para la gente no hay posibilidad de que una consulta impuesta por partidos políticos –principalmente MORENA– o las ambiguas declaraciones de Miguel Ángel Mancera, determinen lo que sucederá en el terreno de la planta de asfalto y en toda esta zona sur de la Ciudad de México. Ante los proyectos de desarrollos habitacionales, reconstrucción de avenidas para privatizarlas, reforzamiento de centros comerciales y aumento en las tarifas de los servicios básicos, lo que puede ser considerada como la idea de modernización y progreso que se tiene desde el Estado, las y los habitantes luchan no para tener migajas de esto sino para fortalecer proyectos productivos realmente sustentables, por tener mayores espacios educativos, para que los servicios de agua, luz, gas lleguen a todo mundo, porque la seguridad sea una realidad más tangible en las calles, porque exista un verdadero tejido comunitario.
Y con el acto popular suenan los primeros sones costeños que vienen desde Guerrero para animar esta lucha y para anunciar que desde aquella tierra no sólo hay dolor y muerte sin o color y vida, dignidad y lucha, algo que aquí ha encontrado también un punto de anclaje.
Ante la falta de información tras el motín, comenzaron a arrojar piedras contra la policía de la cárcel y bloquearon una avenida; exigen saber sobre sus parientes.
Familiares de los presos en el Penal de Topo Chico permanecen desde esta madrugada afuera del centro penitenciario, donde exigen saber sobre sus parientes tras el motín.
Ante la falta de información, comenzaron a arrojar piedras contra la policía de la cárcel, a quienes les exigen abrirles las puertas para entrar.
Antes del amanecer, salió “una ambulancia del penal pero no nos dejaron ver nada, también una del Semefo (Servicio Médico Forense)”, dijo Ernestina Grimaldo, vecina de la colonia Topo Chico, quien tiene un hijo internado en el reclusorio.
“Aquí vamos a quedarnos bloqueando la avenida hasta que nos den una respuesta, queremos saber cómo están nuestros familiares porque nos están diciendo que hay más de 50 muertos y ninguna autoridad nos da respuesta”, añadió Grimaldo.
Cinco horas después del motín, familiares de los internos bloquearon la avenida Aztlán, a la altura de Rodrigo Gómez, para que las autoridades les digan algo sobre sus parientes.
Se espera que las autoridades den una conferencia de prensa en las próximas horas.
Minutos después de la medianoche, en el interior del Centro de Readaptación Social hubo detonaciones, incendios y una fuerte movilización policiaca.
Vecinos de Topo Chico escucharon detonaciones en varios puntos del barrio donde está el penal, y una gran columna de humo se veía desde los alrededores del reclusorio.
Algunos familiares de los presos comenzaron a gritar sus nombres a la espera de que les contestaran.
Se podían escuchar los nombres como Benito de Jesús, Alexis, Mario.
De hecho en las imágenes una señora grita “ahí está Mario mijo, ahí está”.
Con el rostro cubierto, una mujer que logró salir y que estaba en la visita conyugal dijo que hay “despapaye” adentro del penal.
“Empezaron a golpear todo, empezamos a ver que había humo. Se golpeaban unos contra otros. Vimos cuando se hizo todo un despapaye. Los colchones quemados. Había balazos ahí adentro”.
Dijo que a las mujeres que se encontraban ahí, las bajaron a todas y las encerraron en una oficina.
“No nos dejaban salir para que no diéramos información. Nos sacaron de cinco en cinco y nos dijeron que no habláramos. Logramos ver a los muertos y los heridos”.
Otro señor, dijo que se enteró de lo sucedido por los medios de comunicación y que hasta el momento no sabe nada de su hijo.
“No sabemos nada, vamos a ver si nos dan alguna respuesta, para ver cómo están ahí adentro. –¿Hay forma de contactarse con él? No, no hay nada”.
El pasado martes se reunieron varios maestros de la plantilla laboral de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) con la finalidad de tomar acciones específicas en contra del acoso y despidos a los que están siendo sujetos por parte de la rectoría encabezada por Carlos Shiguetomi Villegas y demás cuerpos directivos de la institución.
Los inconformes anunciaron que emprenderán acciones legales para buscar la reinstalación inmediata de los maestros dados de baja, así como el cese de Shiguetomi Villegas, al que consideraron como culpable de la problemática por la que atraviesa la Universidad.
Fue la ex docente de la UTSLP, Claudia Guadalupe Silva García, quien encabezó esta reunión; ella fue despedida el pasado 14 de enero, fecha hasta la cual daba clase de organización industrial en la Universidad Tecnológica. La afectada explicó, en entrevista con La Jornada San Luis, que su despido se debió a un conflicto que tuvo con la directora académica de la División Industrial de la institución, Laura Roxana Santiago Álvarez, quien estuvo buscando desde el pasado cuatrimestre una “excusa” para sacarla de la Universidad, lo cual sucedió en diciembre pasado, cuando tuvieron otro conflicto que terminó con su despido.
Destacó que la problemática al interior de la institución en contra de los maestros “en rebeldía” se debe a que tomaron la libre decisión de afiliarse a un sindicato independiente, buscando una auténtica representación de sus derechos como empleados, lo que causó enojo al rector Shiguetomi Villegas, que de inmediato comenzó el acoso y despidos como represalia, entre las que destaca la autorización de un sindicato adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), así como persecución contra los maestros que buscan este sindicato, afectaciones que tienen que ver con menos horas clase o revisión “con lupa” de su trabajo.
A esta reunión privada de maestros que han sido víctimas de despidos injustificados, se presentaron algunos alumnos de la UTSLP para manifestar su apoyo a los afectados; exhibieron cartulinas a manera de apoyo y exigiendo la restitución de sus profesores.
Entre las peticiones que hacen los profesores afectados está la reinstalación inmediata de los maestros cesados; la destitución del rector Carlos Shiguetomi Villegas y de algunos directivos; respeto al libre derecho de los maestros a la afiliación a un sindicato independiente y no a un sindicato impuesto por la UTSLP, y cese inmediato al acoso y despidos.
En la reunión se expuso que, aparentemente, la Universidad Tecnológica pretendía realizar este tipo de acciones internas guardando “un bajo perfil y manteniendo a distancia a los medios de comunicación” para que esta situación no saliera a la luz pública, pero han sido los mismos maestros quienes han tomado la decisión de transparentar sus problemas con la institución educativa, y también revelaron que ya tienen asesoría legal mediante un corporativo jurídico que, de aquí en adelante, llevará la defensa de los casos de despido injustificado.
Las parte involucradas, incluyendo al IEMS, se reunirán en la STyFE
Perseo Greco
Una vez mas las trabajadoras de intendencia de Instituto de Educación Media Superior (IEMS) marcharon con destino a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA) para hacer válidas sus demandas por el despido injustificado de más de 50 trabajadoras.
Desde las 11:00 horas de este 10 de febrero trabajadoras, estudiantes, el Comité Cerezo, Pan y Rosas, la Organización de Lucha para la Emancipación Popular (OLEP) y más grupos se reunieron fuera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Centro Histórico para marchar hacia la JLCA por este despido injustificado donde se exige su inmediata reinstalación, trabajo digno, salario justo, seguridad social y algunas otras demandas como lo señala la Ley Federal del Trabajo.
Esta protesta marchó sobre Doctor Río de la Loza 68, Delegación Cuauhtémoc y una vez fuera de esta dependencia, una comisión de trabajadora entró para entregar un oficio de demanda contra la empresa JOAD, que cuenta con la concesión laboral de prestadora de servicio, la cual efectuó este despido y se citó a una nueva reunión para el 18 de febrero del año en curso en la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) donde se reunirán las partes involucradas llevando una propuesta a la mesa de negociación para dar una posible solución a este conflicto.
Estos despidos se dieron el 8 y 9 de enero, al no afiliarse a un sindicato. JOAD aseguraba que posteriormente se les volvería a contratar, pero “al no afiliarse se les despidió sin previo aviso y sin liquidación”, en su mayoría son madres solteras y mujeres de la tercera edad.
En el país hay al menos 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con la Minería, la energía y los proyectos hidráulicos.
La mayor parte de estos conflictos se tienen en el estado de Chihuahua y Oaxaca, afectando a comunidades indígenas, según recoge el investigador Víctor Toledo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El medio nacional La Jornada detalla que en solo un año y medio este número de conflictos creció drásticamente, teniendo inicialmente un reporte de 280 problemas y elevándose la cifra en un 50 por ciento.
Los conflictos a nivel nacional se encuentran distribuidos en 120 para la Minería, 80 para el sector energético y 75 relacionados con el agua.
La situación en Chihuahua con los conflictos mineros
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina recoge solamente dos casos relacionados con los problemas socioambientales relacionados con la Minería.
El más reciente -y que va en progreso- es el conflicto por la instalación de la empresa minera en los médanos de Samalayuca. Gracias al amparo ganado por el ejido Ojo de la Casa, la minera podrá instalarse para la explotación de la zona.
El Observatorio detalla además que este proyecto pretende emplazarse donde se encuentra la fuente de abastecimiento de agua y con esto podrá generarse la contaminación del líquido.
En el año 2008, se generó otro conflicto con la empresa MineFinders y su mina de oro Dolores.
Según los pobladores del ejido Huizopa, en Madera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó a la empresa la explotación y exploración en 500 hectáreas, sin embargo de manera ilegal ocuparon 3 mil 458.
En el año 2012 fueron asesinados dos barzonistas, Ismael Solorio y Manuelita Solís, quienes se oponían a la instalación de la minera Max Silver y denunciaban que esta estaba perforando pozos ilegales para el robo del agua.
La mina se instalaría en el ejido Benito Juárez en el municipio de Namiquipa.
Otros conflictos
El proyecto del Estado en relación al aeropuerto de Creel generó diversas afectaciones a comunidades indígenas de la región. Los habitantes interpusieron un amparo para frenar la obra y exigieron una remediación, tanto económica como ambiental, la cual continúa trabajándose.
En este mismo sentido, el gasoducto Topolobampo estará afectando el agua de comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, según fue denunciado y se confirmó por la empresa encargada que aún no se tienen medidas de mitigación.
Aunque el parque de aventura en las Barrancas del Cobre ha generado más conflicto social que ambiental, también se coloca en estos conflictos por el despojo de tierras a indígenas que han permanecido desde hace más de 300 años en la zona.
Sin embargo, cuadrillas de trabajadores junto con camiones realizan de forma cotidiana la remoción y traslado de tierra de jale, según los reportes de los vecinos del fraccionamiento Real del Valle que se ven afectados..
Los jales de Pachuca son removidos poco a poco todos los días por cuadrillas de trabajadores, en tanto el llamado proyecto Pachuca Norte, de la empresa Altos Hornos de México, que busca trasladarlos en su totalidad hasta Epazoyucan, se encuentra suspendido.
Sin embargo, cuadrillas de trabajadores junto con camiones realizan de forma cotidiana la remoción y traslado de tierra de jale, según los reportes de los vecinos del fraccionamiento Real del Valle que se ven afectados con la remoción de esos residuos mineros.
Fue hace un año, el 8 de enero de 2015, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió al manifiesto de impacto ambiental presentado por la empresa Minera del Norte para remover los jales hasta un terreno en Epazoyucan; en el cual formalizó las condicionantes a las que estaba sujeto este proyecto.
Al citar el proyecto Pachuca Norte, el portal mundial especializado en negocios BNamericas, Bussines Insight Latin America, lo coloca como “suspendido”, sin dar mayores especificaciones al respecto.
Por su parte, Altos Hornos de México, a la que pertenece Minera del Norte, mostró optimismo a mediados de 2015 de que el proyecto se podría realizar, según sus estadísticas de inversión y actualización de sus estados de cuenta en la Bolsa Mexicana de Valores.
En tanto, la resistencia de los vecinos de Epazoyucan contra el proyecto se realiza a través de un activismo sostenido, que ha permitido la inclusión en organizaciones globales como Change.org, que inició la recolecta de firmas para demandar a las autoridades ambientales, en este caso la Semarnat, el impedimento de los permisos pendientes para iniciar actividades por supuestas afectaciones.
Ejidatarios, la mayoría personas de la tercera edad de Santa Ana del Conde, se manifestaron para exigir que se les paguen sus tierras por donde actualmente se construye la carretera estatal que conecta con el parque industrial León-Bajío.
am publicó que mediante firmas falsificadas de personas fallecidas y actas de asamblea apócrifas, la Secretaría de Obra Pública compró un predio de ocho hectáreas para hacer una carretera.
Sin embargo por estas irregularidades, el Juzgado Tercero de Distrito decretó una suspensión a favor de ejidatarios para evitar que continuaran los trabajos de construcción de la carretera.
Ayer en la Plaza Principal a través de pancartas y de acercamientos con el coordinador de asesores del Gobierno del Estado, Héctor García, pidieron audiencia con el Gobernador, pues llevan más de ocho meses esperando haya una solución.
Insisten en que el ex comisariado Felipe Aguirre Jiménez, coludido con funcionarios de Obra Pública del Estado, cometió actos ilícitos y, sin embargo, las autoridades no lo han detenido.
Suman ocho hectáreas las que fueron entregadas por 200 ejidatarios con un valor total de 8.4 millones de pesos, es decir, que a cada ejidatario le deben en promedio 40 mil pesos.
Israel Hernández, contralor social del Ejido Santa Ana del Conde, aseguró que hay dos demandas interpuestas, una por fraude y otra por abuso de confianza hacia los ejidatarios, pero aún no han resuelto nada.
“Una mesa directiva anterior corrupta falsificó firmas y la entregó a Obra Pública del Gobierno del Estado y con eso le pagaron 8.4 millones de pesos y sigue libre.
“En Obra Pública hay corrupción, ahí hubo moches y no quieren que se ventile porque afecta la imagen de alguien que quiere llegar a ser Presidente de la República”, dijo.
Comentó que se dieron cuenta que había fraude cuando les enseñaron el acta la cual no había sido firmada por ellos, incluso contenía la firmas de dos personas fallecidas y descubrieron que jamás fue inscrita en el Registro Agrario de la Propiedad como marca la ley.
Por ahora un juez dictaminó parar la obra de la construcción de la carretera por parte de la Secretaría de Obra Pública, por lo que están impedidos para continuar.
‘Cárcel a políticos corruptos’
Antes de iniciar la presentación del Programa de Gobierno en la Plaza Principal, un grupo de seis ciudadanos comenzaron a lanzar frases y a mostrar pancartas.
Integrantes de Ciudadanos Hartos, Colectivo 2 de Enero y otros pedían castigo para la pasada administración encabezada por Bárbara Botello Santibáñez.
“Cárcel a políticos corruptos, la historia se repite, Márquez tapadera de Oliva, Santillana tapadera de Pastas Finas y tapadera de Botello”, contenían las pancartas.
Durante la hora que duró la presentación del alcalde Héctor López Santillana, los jóvenes manifestantes no dejaron de gritar y de mostrar las pancartas, pues fueron rodeados por una valla de policías.
Incluso pretendieron incitar al grupo de personas de la tercera edad a que también gritaran y se colaran a la fuerza al evento, pero no lo lograron.
“Márquez, ¿dónde está Oliva?”, y “Santillana, si no castigas a Bárbara Botello, demuestras que son el Prian”, decían.
Ofrece Gobierno castigo por fraude
El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, respondió que el Ministerio Público está llevando a cabo las investigaciones para dar con el defraudador, pero en caso de que determine que hubo participación de funcionarios públicos, que los hagan responsables.
“De moches no (hay denuncia), tengo entendido que fue un fraude al interior del comisariado ejidal de Santa Ana del Conde donde un grupo de ejidatarios cobró sin tener el derecho.
“Que el Ministerio Público investigue y si determina que hay responsabilidad por parte de un funcionario del Gobierno del Estado y es específico de Obra Pública, tendrá que ser responsable”, dijo.
Hoy se reunirán funcionarios de Gobierno, Obra Pública y de la Procuraduría de Justicia con los ejidatarios para ver el avance de las investigaciones.
Y afirmó que la construcción del parque industrial está solventada y no se afecta con este problema.
“Ya los van a atender, la solución está en ellos; si ellos se desisten, se reinicia la obra”, se limitó a decir el gobernador Miguel Márquez Márquez.
Por su parte, la Secretaría de Obra Pública informó que han ofrecido apoyo a los ejidatarios para presentar la denuncia formal en contra del ex comisariado que los defraudó.
Pues explicó que no pueden volver a pagar algo que ya se había cubierto.
Respeta Alcalde protestas
Sobre las manifestaciones que tuvieron lugar en la presentación del Programa de Gobierno, el presidente municipal Héctor López Santillana se mostró respetuoso de la diversidad de opiniones de la sociedad y en el propio Ayuntamiento.
“Es parte de nuestra democracia, por eso hicimos la presentación de nuestro Programa de Gobierno en un lugar público, abierto, plural, diverso”, indicó el Alcalde.
Ezequiel Flores, corresponsal de la revista Proceso, en Guerrero, fue amenazado por el ex alcalde de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo. El político interceptó al periodista, cuando éste, junto con alrededor de 20 personas más, realizaba una protesta contra el gobierno de Veracruz, por el asesinato de la comunicadora Anabel Flores.
Arellano Sotelo detuvo su automóvil cerca de los manifestantes y llamó directamente a Flores. “Gritó ‘Cheque’ (apodo del periodista), entonces yo volteo y vi que era el ex diputado local, un personaje público. Yo dije ‘¿Qué pasó?’ y me responde ‘No te hagas pendejo, te va a llevar la verga. Así que cuídate’. Yo no dije nada y él me insistía: ‘¿Ya no te acuerdas de mí? Acuérdate de mí, no te hagas pendejo. Te va a llevar la verga’”, narró el periodista a la prensa. El ex funcionario continuaba con las amenazas cuando los periodistas se dieron cuenta y él arrancó su vehículo. Al retirarse, le dijo “Nos vamos a ver y te vas a acordar”.
Tras estos hechos Flores se dirigió a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero para interponer la denuncia correspondiente, la cual quedó asentada en la averiguación previa AP/PGR/GRO/CHI-VI/0212PP/2016. Cabe recordar que en 2014 y 2015 Ezequiel Flores publicó información referente a posibles vínculos entre Arellano, su suplente a diputado, Segura Valladares, y el crimen organizado.
Ezequiel Flores ha sido objeto de varias amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios estatales en diversas ocasiones. El 22 de agosto de 2015, el entonces gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, realizó declaraciones denostando la labor del periodista y amenazó con demandarlo, e hizo referencias al hermano fallecido del periodista, esta situación fue documentada por ARTICLE 19 y visibilizada en una alerta anterior.
En 2015 ARTICLE 19 documentó 56 agresiones contra la prensa en Guerrero, la tercera entidad más violenta ese año. En un contexto adverso para ejercer la libertad de expresión, estas declaraciones colocan a quien ejerce este derecho en una mayor vulnerabilidad frente al Estado.[1]
Flores es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección, coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo esto no ha evitado que sea víctima de más agresiones. En octubre del año pasado recibió dos llamadas de amenaza a su teléfono celular, despues de publicar, en su cuenta de Twitter, sobre un grupo armado que irrumpió en un centro comercial de Chilpancingo. Esto lo obligó a salir momentaneamente de la entidad.
Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a los tres niveles de gobierno brindar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de Ezequiel Flores. A la PGR que realice las diligencias necesarias para dar con los responsables de todas las agresiones hacia el periodista, en particular que impulse la investigación que presentó el periodista, de no tomarse con seriedad la investigación de estos hechos, seguirán ocurriendo las agresiones contra el periodismo y la democracia.
[1]Corte interamericana de Derechos humanos Caso Ríos y otros, supra nota 9, párr. 145 y Caso Perozo y otros, supra nota 9, párr. 157
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
300 obreros de Cárdenas y Huimanguillo exigen a la empresa alemana “Dieffenbacher” les liquide seis meses de salario
Rebeca González López
(Rebeca González López) Quemaron palos y llantas en señal de protesta y mostrarle a los extranjeros cómo se manifiestan en Tabasco quienes se sienten agredidos en sus derechos.
09/02/2016 09:50 / Huimanguillo, Tabasco
“Si queremos que nos paguen nos dicen que debemos ir a los juzgados de Suiza y Alemania, el contrato que firmamos está en inglés y la mayoría aquí no sabemos inglés y tampoco nos tradujeron al español dicho contrato”, explicaron trabajadores de la obra civil en la planta de celulosa Proteak que se construye en la ranchería Los Naranjos de Huimanguillo, la cual quedó suspendida.
En las afueras de la edificación, unos 300 obreros esperaban la respuesta concretamente de la compañía constructora alemana “Dieffenbacher”, la cual contrató a personal de Cárdenas y Huimanguillo como obreros de la construcción para levantar el emporio de Proteak.
Pero desde agosto del año pasado dejó de cumplir con los salarios prometidos, al punto que este día y al no tener respuesta de los alemanes, quienes en un mal español, la última vez que les vieron la cara, le dijeron a los obreros de La Chontalpa que mejor fueran a los tribunales de Suiza a cobrar salarios.
“Nosotros somos gente necesitada de las fuentes de empleo y ya son varios meses que nos han pagado parcialmente y en el último mes ya nada, así que decidimos suspender la obra hasta que las autoridades laborales mexicanas y del estado, intervengan para salvaguardar el producto de nuestro trabajo”, explicó Maximino Pérez, en representación de los 300 obreros en paro.
Imponen lideresa
Sin asamblea de por medio, la representante del Ramo 033, Guadalupe Fernández, en el ejido Zapotal tercera sección de Cárdenas, consiguió reelegirse apenas con la aprobación de 30 personas que en el 2015 resultaron beneficiadas con la entrega de Piso Firme en el marco de este programa federal.
La reelección de la mujer causó la molestia del resto de los 400 ciudadanos que viven en el ejido, por lo que con pancartas acudieron al palacio municipal a pedirle a las autoridades su intervención para revocar el nombramiento de la representante del Ramo 033.
POR QUÉ
La planta está en la ranchería Los Naranjos, donde los obreros inconformes colocaron varias mantas rojinegras con leyendas contra la empresa “Dieffenbacher”.
Tabasco Hoy
09/02/2016 14:49 / Centro, Tabasco
Padres de familia de diversas escuelas de los municipios de Centro, Cárdenas y Cunduacán realizaron este día protestas por la falta de docentes en los centros educativos, lo cual causa afectación al aprendizaje de sus hijos.
Este es el segundo día que las inconformidades mueven al cierre de escuelas y vialidades, tanto en Centro como en municipios debido a la ausencia de maestros y otras carencias; ayer hubo cierres de escuelas en Jalpa de Méndez, Balancán.
Esta mañana, padres de familia de la Escuela Francisco J. Santamaria bloquearon esta mañana la Avenida 27 de Febrero esquina con Arista, piden maestro con plaza.
Cerca de una docena de padres de familia acompañados algunos por sus hijos y armados con pancartas, se apostaron sobre la avenida causando por momentos caos vial e interrumpiendo el tráfico.
El día de hoy, también, padres de familia de dos diferentes escuelas primarias en Cárdenas cerraron planteles en demanda que la secretaría de educación les asigne profesores.
En la escuela primaria Profesor Darío Vidal Vidal del bajio Tercera Sección padres de familia piden maestro para tercer grado; en tanto, para la escuela Rafael Ramírez Castañeda exigen un maestro para quinto grado y un director, del cual carecen desde hace varios meses.
Ambas escuelas fueron cerradas este lunes por grupos de padres de familia exigen la rápida intervención de la secretaría de educación
Y AYER…
La mañana de ayer dos escuelas de municipios fueron cerrados el plantel de CBTA 45 del municipio de Balancán y la Escuela “Mariano Matamoros” de la comunidad de Galeana 2da sección, en el municipio de Jalpa de Méndez.
Ayer, cerca de las 08:00 horas la Escuela CBTA numero 45 de Balancán ubicada en el bulevar de la cabecera municipal fue cerrada debido a que los alumnos se enceuntran inconformes ante la falta de maestros, además de que les quieren quitar a tres maestros de “muy buena calidad educativa”.
Desde las 7 de la mañana, alumnos pusieron candados y cadenas, además de instalar pancartas con sus peticiones en los portones del plantel, exigiendo también un director ya que tiene más de dos años y medio que el CBTA se encuentra abandonado ya que el ex director Moisés Palma, debido a problemas internos en el plantel tuvo que renunciar.
Los afectados, más de 380 alumnos, señalaron que con esta manifestación no están “en contra de nadie”, sino que solo están pidiendo “lo justo”, que pongan un director y que les dejen los 3 maestros que son muy eficientes en las materias que imparten.
… Y EN JALPA
Cansados de solicitar a la Secretaría de Educación un maestro para cubrir el 5to año de Primaria, ayer Padres de familia de la Escuela “Mariano Matamoros” de la comunidad de Galeana 2da sección de Jalpa de Méndez determinaron cerrar el plantel escolar; a la directora María Magdalena Moreno Sánchez y su personal se les impidió el acceso.
La toma del plantel escolar dejo sin clases a más de 300 alumnos, sin embargo dijo la presidenta de padres de familias Sonia Hernández Carrillo que fue una acción consensuada entre los padres ante la nula respuesta de parte de la SE a pesar de que van varias ocasiones que han viajada para exigir un nuevo maestro.
La representante de los padres dejó claro que por parte de la Supervisora Escolar Angelina Pérez Martínez a mostrado incapacidad para resolver la falta de docentes no solo en esta escuela si no en otras en donde se ha presentado los mismos problemas generando cierre de escuelas.
Redacción El Informador
El proceso costaría al gobierno de Jalisco 4.6 MDD
”Es limitada, confusa y riesgosa”, acusan
Organizaciones ven inútil el gasto de fondos públicos en un estudio cuyos resultados no se sabe cómo se utilizarán.
Dicen que el estudio carece de instancias reales y no aportaría ningún beneficio
GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2016).- La contratación que el Gobierno de Jalisco estableció con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para analizar la viabilidad de la presa ”El Zapotillo” cuya conclusión está detenida por un proceso legal” “es limitada, confusa y riesgosa”, destacó el Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
La principal preocupación del organismo es que el estudio carece de instancias reales de participación ciudadana y contraloría social que permitan la toma de decisiones con los actores involucrados en el conflicto.
“El estudio plantea la conformación de un Comité de Dirección del Proyecto, integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), la UNOPS y el PNUMA; además, de un Comité Técnico integrado por funcionarios independientes de UNOPS y PNUMA (…) ¿Las autoridades y las Naciones Unidas actuarán como juez y parte? ¿Quién monitoreará y vigilará que durante la realización y las recomendaciones del estudio no se vulneren los derechos de las comunidades afectadas? ¿En dónde queda la voz de las comunidades afectadas?”, cuestionó la organización.
La realización del proyecto “Asistencia Técnica para la Sostenibilidad del Proceso de Planeación de Obras de Infraestructura en la Cuenca del Río Verde” costará al Gobierno de Jalisco 4.6 millones de dólares y está programado que concluya en junio de 2017.
Según MAPDER, la propuesta de la UNOPS y el PNUMA no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta y la participación que Naciones Unidas está obligada a respetar.
“¿Nos preguntamos, al igual que las comunidades afectas, ¿Por qué gastar 4.6 millones de dólares de fondos públicos de la ciudadanía en un estudio cuyos resultados no son vinculantes, no se sabe para qué y cómo se usarán?”, insistió el organismo.
Así, se hizo un exhorto al gobierno de Jalisco, la UNOPS y el PNUMA para que a la brevedad realicen los ajustes al proyecto para corregir estas deficiencias, algo que las autoridades ya habían acordado con el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, el Colectivo de Abogadxs y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en una reunión realizada el pasado 14 diciembre en las oficinas de la Semadet.
Las peticiones concretas del MAPDER son que se conformen las instancias necesarias que garanticen la participación en la toma de decisiones durante la realización y los resultados del estudio y que se dé a conocer el Plan Operativo definitivo del estudio.
300 obreros de Cárdenas y Huimanguillo exigen a la empresa alemana “Dieffenbacher” les liquide seis meses de salario
“Si queremos que nos paguen nos dicen que debemos ir a los juzgados de Suiza y Alemania, el contrato que firmamos está en inglés y la mayoría aquí no sabemos inglés y tampoco nos tradujeron al español dicho contrato”, explicaron trabajadores de la obra civil en la planta de celulosa Proteak que se construye en la ranchería Los Naranjos de Huimanguillo, la cual quedó suspendida.
En las afueras de la edificación, unos 300 obreros esperaban la respuesta concretamente de la compañía constructora alemana “Dieffenbacher”, la cual contrató a personal de Cárdenas y Huimanguillo como obreros de la construcción para levantar el emporio de Proteak.
Pero desde agosto del año pasado dejó de cumplir con los salarios prometidos, al punto que este día y al no tener respuesta de los alemanes, quienes en un mal español, la última vez que les vieron la cara, le dijeron a los obreros de La Chontalpa que mejor fueran a los tribunales de Suiza a cobrar salarios.
“Nosotros somos gente necesitada de las fuentes de empleo y ya son varios meses que nos han pagado parcialmente y en el último mes ya nada, así que decidimos suspender la obra hasta que las autoridades laborales mexicanas y del estado, intervengan para salvaguardar el producto de nuestro trabajo”, explicó Maximino Pérez, en representación de los 300 obreros en paro.
Imponen lideresa
Sin asamblea de por medio, la representante del Ramo 033, Guadalupe Fernández, en el ejido Zapotal tercera sección de Cárdenas, consiguió reelegirse apenas con la aprobación de 30 personas que en el 2015 resultaron beneficiadas con la entrega de Piso Firme en el marco de este programa federal.
La reelección de la mujer causó la molestia del resto de los 400 ciudadanos que viven en el ejido, por lo que con pancartas acudieron al palacio municipal a pedirle a las autoridades su intervención para revocar el nombramiento de la representante del Ramo 033.
POR QUÉ
La planta está en la ranchería Los Naranjos, donde los obreros inconformes colocaron varias mantas rojinegras con leyendas contra la empresa “Dieffenbacher”.
El Consejo Universitario se reunió esta mañana en la explanada del Zócalo de la ciudad y se declaró en sesión permanente, en espera de que el gobierno de Graco Ramírez cumpla con la entrega de recursos económicos que le corresponden a la casa de estudios, y que el Congreso local integre cuanto antes la Comisión de Participación Ciudadana para que el gobernador cumpla su promesa de someterse a un proceso de revocación de mandato.
La junta del consejo universitario inició a las 8:30 y concluyó minutos antes de las diez de la mañana.
Durante el consejo universitario, le mandataron al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, que exija el cumplimiento de las 13 demandas universitarias y que la Ley de Participación Ciudadana opere para que el gobernador, Graco Ramírez, sea sometido a consulta ciudadana y la mayoría de los morelenses decidan si sigue en el cargo o no.
Otros universitarios llamaron a radicalizar más su movimiento social para lograr todas las demandas y un nuevo pacto social en Morelos.
La reunión de los universitarios de la UAEM estaba convocada para las 10 de la mañana, pero de última hora, se cambió a las 11:30 de la mañana a petición del gobierno del estado.
En entrevista, el rector dijo que va por las 13 demandas y el Consejo de Participación Ciudadana, de lo contrario advirtió que los consejeros fijarán otra ruta de lucha social.
Hasta el Zócalo llegaron varias organizaciones sociales y pueblos de Morelos que son asesorados por la UAEM para apoyar a la máxima casa de estudios en esta primera mesa de diálogo.
Pronunciamiento de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en apoyo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA,
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
A LOS PUEBLOS DE MORELOS,
A LA SOCIEDAD EN GENERAL,
Las comunidades que integramos la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos hemos caminado junto con la UAEM desde agosto del 2014 en la defensa de nuestros territorios y derechos ante la embestida capitalista que pretende imponer diferentes megaproyectos, como son el Proyecto Integral Morelos (termoeléctrica, gasoducto y acueducto), las 38 concesiones mineras, las ampliaciones de las autopistas Pera-Cuautla, el libramiento Cuernavaca y la construcción de la autopista Siglo XXI, todo lo cual afectará nuestros territorios, nuestra autonomía, identidad y cultura.
En el estado de Morelos somos las comunidades junto con la sociedad civil los que estamos viviendo día a día la violencia que se ha instalado en nuestra cotidianidad: extorsión, secuestro, feminicidios, trata de personas con fines sexuales y laborales, comercialización de órganos, desplazamientos forzados de familias y levantones; prueba de ello son las numerosas fosas comunes encontradas en Tetelcingo y otras comunidades. Toda esta situación apunta como responsables a miembros de policías del mando único y Fiscalía, en complicidad con las autoridades de todos los niveles de gobierno del estado.
Los pueblos comprendemos, ante esta grave situación que estamos viviendo en todo el estado, que la forma en que podemos enfrentar y responder a estos hechos es a través de la organización y autonomía comunitaria ancestral, que es uno de los elementos para construir el futuro de nuestro estado y nación.
La actual lucha que la Universidad está desarrollando, por ser la máxima casa de estudios, es muy importante. La solución de todos los puntos del pliego petitorio de la UAEM le permitirá cumplir con el compromiso social y ético de garantizar la educación superior crítica, pública y gratuita a las siguientes generaciones de jóvenes, muchos de ellos, de los más empobrecida de nuestros pueblos.
La lucha por el respeto a la autonomía universitaria se conjunta con la defensa del territorio, los bienes comunes, la identidad y la cultura, para seguir fortaleciendo así la autonomía comunitaria y el desarrollo integral de nuestros pueblos, lo que puede garantizar una vida digna.
Ante todo esto, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos da todo su respaldo a la digna lucha universitaria que el día de hoy mantiene un plantón en la Plaza de Armas de Cuernavaca, exigiendo que el gobernador Graco Ramírez cumpla con sus compromisos de campaña o que se vaya.
Anunciamos que los pueblos integrantes de la APPM nos sumamos al plantón y llamamos a las organizaciones y grupos comunitarios a que se solidaricen y difundan, en cada uno de los rincones de este estado zapatista, la lucha universitaria para seguir fortaleciendo los esfuerzos de coordinación entre los diferentes sectores de la población organizada que somos los que estamos viviendo la violencia de Estado.
¡Por la autodeterminación de los pueblos!
¡La tierra volverá a quien la trabaja con sus propias manos!
¡Por el cumplimiento del pliego petitorio de la Comunidad Universitaria!
Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, fue hallada muerta en el estado de Puebla, según confirmó la procuraduría de Veracruz.
El cuerpo sin vida de la periodista, quien también laboró para medios como El Mundo de Orizaba y El Buen Tono, fue encontrado a la altura del kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Tehuacán; municipio poblano ubicado a 15 kilómetros de los límites de Veracruz.
En un comunicado, la fiscalía veracruzana aseguró que el cuerpo de la periodista fue “plenamente identificado por sus familiares”.
“La identificación y entrega del cuerpo de quien se desempeñó como reportera fue hecha en Puebla luego de agotarse los protocolos correspondientes que conllevaron a la plena identificación de Flores Salazar por parte de la familia“, expuso la dependencia.
Asimismo, la Fiscalía de Veracruz apuntó que continúan las indagatorias de manera conjunta con la Procuraduría de Puebla para averiguar quién o quiénes son los presuntos responsables de los hechos.
El hallazgo de la reportera se produce luego que el pasado lunes 8 de febrero se reportara que hombres armados la sustrajeron a la fuerza de su domicilio, en la localidad de Mariano Escobedo.
Según la Fiscalía de Veracruz, Anabel Flores fue sacada de su vivienda por gente armada que llegó directamente a buscarla hasta ubicarla en una de las habitaciones.
Dos horas después, se dio aviso al número de emergencias 066, y se activaron los protocolos para búsqueda y localización.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) inició, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), un acta circunstanciada por el caso. Es decir, abrió un expediente de investigación para comenzar a reunir elementos y determinar en las próximas horas si existen las condiciones para abrir su propia averiguación o incluso para atraer el caso.
De acuerdo con un comunicado, la FEADLE solicitó la colaboración de la Policía Ministerial, de la Secretaría de Seguridad estatal así como de la Secretaría de la Defensa y de Marina, pues las invitó a informar si elementos de las fuerzas armadas estuvieron en el domicilio de la periodista.
Flores Salazar cubría la fuente policíaca para el diario El Sol de Orizaba.
CAMPECHE, Cam. 9 de febrero del 2016.- Acciones de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) perjudicarían la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con referencia a las plantaciones de soya transgénica en comunidades mayas. Jorge Fernández Mendiburu, abogado de la organización civil Indignación, reveló que la dependencia, por conducto de su delegado, Cruz Alberto Uc Hernández, ha estado esparciendo información que carece de veracidad.
En entrevista telefónica con Paginabierta.mx, el abogado de la agrupación, que respaldó a las comunidades mayas campechanas en el amparo contra los sembradíos de soya transgénica, manifestó que apenas la semana pasada, se notificó la sentencia de la Suprema Corte, tanto a las autoridades, como a los quejosos.
Dijo que hasta donde tienen conocimiento, aún no hay acercamiento de parte de las autoridades que están obligadas a hacer la consulta, que en este caso, serían la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Geneáticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
“Aún no existe el acercamiento de las autoridades, ni a los quejosos, ni a las comunidades que protegió la Suprema Corte, para plantear alguna propuesta de cómo iniciar la discusión, entonces, aunque la sentencia ya esté notificada, estamos esperando algún acercamiento para ir viendo metodología y empezar a andar el tema, pero no tenemos ningún dato de aproximación”, expresó.
Explicó que oficialmente, quedan tres días hábiles para cumplir la sentencia, es decir, que deberían tener ya las faces respectivas, aunque normalmente demora un poco más, por lo que están a la espera de que la autoridad hagan su acercamiento cual corresponde.
“Pero bueno, esto normalmente no sucede así, ahora el primer paso en términos de tiempo y eso lo tienen que dar las autoridades, nosotros nos reservaremos hasta que hagan el primer acercamiento y ver cuál va a ser la propuesta que traen para ejecutar la consulta, hasta eso, no tenemos mucho que contar”, indicó.
Llama poderosamente la atención la acción de la Sagarpa, ya que en voz de Fernández Mendiburu, la Delegación local está interfiriendo y creando controversia, lo cual podría afectar o viciar de origen la consulta.
“Queda hacer una acotación, la Sagarpa ha estado anunciando que la consulta va a incluir a los menonitas y llevando una serie de información que es falsa, pues la Sagarpa no es la encargada de hacer la consulta y segundo, esto puede generar prevención en la misma consulta, si se está difundiendo información que es falsa, sabemos que lo está haciendo la Sagarpa y entendemos que es a través del delegado, ellos no tienen ahorita por qué intervenir, ellos son la autoridad encargada de garantizar que no se siembre soya en este momento, pero no son los encargados de organizar la consulta”, aclaró.
“Esto hay que decirlo, porque hay confusión muchas veces y la Sagarpa puede utilizarlo para estar difundiendo información errónea, creo que hay dolo, hay malicia, y eso puede implicar que desde un inicio, la consulta esté siendo ilegal, entonces, de principio, ellos deben de estar calladitos y cooperando, su único trabajo en este momento es verificar que no se siembre soya y que se cumpla la sentencia de la Suprema Corte”, insistió.
En relación con los tiempos que está llevando el proceso, mencionó que esto le compete a la autoridad, pues ellos son los que están obligados a presentar la metodología de la consulta, la cual estará a discusión, y sí, ésta se está retrasado, pero finalmente es la autoridad la interesada en el proyecto.
“Todo atraso les perjudica a ellos, las comunidades están esperando a que haya la propuesta para que a partir de los propios mecanismos que ellos decidan y de sus propios tiempos, tomar una decisión, pero será un proceso que será más largo de lo que se cree”, reveló.
Puntualizó que las comunidades están organizadas desde hace tiempo y siguen organizándose, aunque reiteró que “hay que estar atentos a las falsas informaciones que se pudieran estar generándose de las autoridades y de los grupos interesados”.
Se corre el riesgo de que esta medida sólo tenga fines electorales por parte del gobernador de Jalisco, al no haber apertura para invitar a organismos ciudadanos en la elaboración de la alerta
Inaceptable que se hayan excluido a las organizaciones ciudadanas en la alerta de género que decretó ayer el gobernador Aristóteles Sandoval ante el incremento de violencia contra la mujer, señalaron las organizaciones ciudadanas.
Tras años de lucha en los que organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entre otras, han señalado la necesidad de que se decrete esta alerta que deja en claro la necesidad de actuar de inmediato ante los asesinatos y la violencia que se ejerce contra la mujer, finalmente ayer se aceptó el problema y se anunciaron 15 acciones entre las que destaca el endurecimiento de penas y programas de prevención e información en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.
Tuvieron que pasar tres años de la administración estatal que dirige Aristóteles Sandoval para que esto surtiera efecto. Sustentado en un estudio realizado entre el gobierno estatal y la sociedad civil, se anunció ayer en Casa Jalisco la puesta en marcha de esta alerta; sin embargo, faltaron las mismas organizaciones no gubernamentales (ONG) en su conformación, tras fuertes críticas en redes sociales al momento de la presentación, se anunció su incorporación, algo que generó desconfianza entre las ONG quienes esperan que no sea esto otro acto de simulación de Sandoval Díaz en un intento por ganar adeptos con miras a las próximas elecciones.
“Estamos contentas y alegres de que por fin se haya emitido esta alerta; yo formo parte como académica de la elaboración del informe que motivó la alerta, hay un retraso en emitirla y el hecho de que se decrete en otros municipios, no significa que las medidas que se van a tomar son para esos municipios, van a tener un impacto en todos los municipios del estado de Jalisco, falta la segunda parte, el cumplimiento”; dijo Guadalupe Ramos Ponce, titular de Cladem en Jalisco y académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
–¿Pero ustedes señalaron en redes sociales su inconformidad porque no las invitaron a la alerta para señalar esto en casa Jalisco?
–Claro, y por eso digo que soy parte del grupo interinstitucional y no fueron invitadas las integrantes de las organizaciones civiles y esta molestia se la externé al gobierno, me parece una falta de respeto que las compañeras que han impulsado esto se hayan quedado fuera.
–¿No es esto una simulación?
–Esperemos que no; sí hay antecedentes que nos preocupan, mañana (hoy) se cumple un año de este centro para las mujeres, se hizo sin presupuesto, sin autonomía, y por lo mismo tiene muchas deficiencias, y la creación de otras unidades a veces parecen más ocurrencias que políticas públicas, pero en este caso vamos a estar muy atentas de que esto no ocurra, que sean efectivas y claro que no vamos a permitir que sea un acto de simulación.
–Insisto, parece simulación, el gobierno al fin lo acepta, pero ¿qué tan confiable es que no se incluya a la sociedad civil organizada?
–Nosotros también lo señalamos, lo externamos en su momento y se supone que en esta segunda etapa, en dos semanas se citará a la primera reunión, se supone que estarán ya integradas las organizaciones, nos encargaremos de que así sea; primero, por elemental sentido de respeto, que se les haga la invitación, el mismo gobernador en la mañana, en la presentación de las conclusiones, hizo este señalamiento muy puntual, dijo que se tendría que incorporar el trabajo de la sociedad civil para ver que efectivamente sea real.
–¿Cuál es la situación de las mujeres en Jalisco?
–Es delicada y en ocho municipios es grave. Hay una violencia que nosotros determinamos como sistemática y grave donde era necesario actuar de manera inmediata, son estos municipios que ya se dieron a conocer, pero quiero resaltar el caso de Ameca porque se ha dado de manera exponencial la violencia sexual; en los últimos años, Ameca está por encima de la media de cualquier otro municipio un problema que no se ha sentido y que la población tampoco ha sido alertada, de que conozcan lo que está ocurriendo.
En la presentación hecha en Casa Jalisco destacaron cinco grupos de acciones a realizar.
Como urgente, se señaló la aplicación del Protocolo Alba y unidad de reacción y búsqueda, la vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo, y la aplicación de la política pública de prevención de la violencia contra las mujeres.
Asimismo, en cuanto a las acciones de prevención, destaca el fortalecimiento a través de programas de capacitación y fomento al autoempleo, escolarización básica, pláticas para impulsar hogares libres de violencia y promoción de la igualdad.
Como medidas de protección, se indicó que habría que armonizar las leyes a través de una mesa de trabajo interinstitucional con el Congreso del Estado, la creación del banco de datos de registro de las órdenes de protección y un protocolo unificado para su emisión, así como la mejora del banco de datos de agresores y el fortalecimiento de programas de reeducación.
Por lo que respecta al tema de la justicia, Sandoval Díaz sostuvo que se debe dar impulso del modelo único de atención a las mujeres víctimas de violencia, el fortalecimiento de las áreas de recepción de denuncias y atención de mujeres en situación de violencia, y aplicación del programa de capacitación para el personal de la comisión de atención a víctimas.
Finalmente, destacan las medidas de seguridad; entre estas, el registro estadístico de llamadas de emergencia de los servicios 066, atención policial en los municipios prioritarios y capacitación a su personal mediante un proceso de certificación, así como el desarrollo de una aplicación electrónica para teléfonos móviles que difunda y sensibilice sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Tan sólo en los primeros días de febrero se han sumado dos desaparecidos más a la larga lista de personas que son publicadas en las redes sociales para su búsqueda, confirmando que Tlaxcala ha venido sufriendo de este fenómeno con mayor intensidad en los últimos años. El pasado 2 de febrero Alexis Macuil Martínez de 19 años de edad se sumó a los desaparecidos, ya que hasta el momento no se sabe de su paradero luego de que saliera con rumbo a la universidad para ya no regresar. El joven salió de Apizaco para presentarse en su escuela en la ciudad de Tlaxcala y no se supo m{as de su persona, por lo que familiares acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para levantar el acta A.C55/2016/APIZ-1 realizada el día 4 de febrero y se de con el paradero de Alexis Macuil. Otro caso se suscitó hace dos días es el de Mario Alberto López Muñoz quien fue visto por última vez en Xaloztoc con dirección a Apizaco, por lo que a través de las redes sociales ya es buscando, sin saber si hasta el momento ya existe una denuncia por su desaparición. Incluso en días pasados una brigada ciudadana por se manifestó en San Pablo del Monte en busca de la menor de nombre Karla.
El subprocurador de Justicia en la zona norte, Jesús Arnoldo Serrado Castelo, informó que comparecieron en calidad de indiciados ante el agente del Ministerio Público de la cabecera municipal de Choix 10 ejidatarios de El Descanso y Los Pozos, Choix, denunciados por bloqueo de los trabajos de
construcción del gasoducto.
“Lo que tenemos al día de hoy es una serie de comparecencias de quienes son señalados como imputados,
que son aproximadamente 10 personas que son las ya comparecieron, ya declararon
como imputados”.
“…hubo trabajo de nuestros agentes de la policía con facultades para intervenir, para llevar a
cabo una inspección en el lugar y estamos trabajando en eso. El día de ayer declararon unas en una carpeta y la semana pasada, el sábado, declararon en otra, allá en Choix”, indicó.
Precisó que son dos las querella interpuestas contra los campesinos: una por los propietarios
de la maquinaria que realiza el trabajo, así como otra por la empresa TransCanada, por los presuntos delitos de despojo agravado, extorsión y otro que se conoce como resistencia de particulares, lo cual está siendo investigado por personal operativo que se ha trasladado hasta esas comunidades para
facilitarles los trámites.
“Las querellas fueron presentadas por diferentes delitos, sin prejuzgar; es muy importante
respetar la presunción de inocencia. Se está hablando aquí del delito de despojo agravado, extorsión y otro que se conoce como resistencia de particulares”. “…no sé hasta dónde sea cierto que se estén obstruyendo las obras, para eso es la carpeta de
investigación”, indicó.
El subprocurador dijo que no se tiene querella ni contrademanda de parte de los campesinos a la
empresa constructora por la contaminación del arroyo como han denunciado públicamente los ejidatarios.
El subprocurador se reservó dar mayores detalles al precisar que el nuevo Sistema de Justicia
Penal tiene salidas alternativas como pueden ser convenio, reparación del daño y no necesariamente cárcel aunque se confirmaran los presuntos delitos.
No detendrá avance de inmobiliarias: Organismos ciudadanos
Denuncian contubernio del alcalde zapopano con constructoras, ya que promete proteger el área verde, aunque a medias; acusaron que es omiso ante las descargas de empresas industriales ubicadas en el área del Tigre, que tiraron sus aguas negras en esta zona boscosa
Integrantes del Comité “Salvemos al Bosque” respondieron al presidente de Zapopan, Pablo Lemus, quien dijo que se protege de la degradación a El Nixticuil, área natural protegida al norte del municipio.
A través de un comunicado enviado a la redacción de Página 24, dejaron en claro que han sido nulas las acciones de parte del alcalde para salvaguardar esta área natural protegida, siendo cómplice incluso de que se viertan aguas contaminadas al interior del bosque.
“Las declaraciones (del alcalde), falsas, sin argumentos, y que tratan de minimizar el despojo del bosque, difundimos la siguiente réplica: las medidas de supuesta ‘protección’ del bosque que Lemus ha anticipado se difundirán la próxima semana resultan inútiles pues no detendrán el avance de las inmobiliarias. Hasta el día de hoy –a seis meses de su malgobierno (sic)– y como lo ha señalado antes el alcalde, no detendrá ningún fraccionamiento con el pretexto de que las licencias fueron aprobadas por sus predecesores (aun cuando en Tlajomulco y en Los Colomos impulsen -en apariencia– lo contrario). Cualquier medida de protección que pueda anunciar el alcalde es insignificante ante el despojo inmobiliario y sólo maquillan”.
El documento agrega que “no hay ausencia de autoridad en El Nixticuil, como bien señala Lemus, por el contrario la autoridad ha estado siempre presente avalando y protegiendo a los fraccionadores con todas sus dependencias para que despojen a toda la gente de la ciudad de nuestro bosque”.
Y es que hace unas semanas, Pablo Lemus en coordinación con el gobierno del estado, anunciaron la protección que se daría al bosque de Los Colomos, un lugar que intentan sea declarado como área natural protegida, lo cual despertó la furia de los vecinos de El Nixticuil, lugar que debería ser resguardado por las autoridades, pero en contraste se han otorgado licencias de construcción de fraccionamientos residenciales invadiendo el recinto.
Esto según los vecinos, a través de incendios provocados que cambian el uso de suelo de fracciones del bosque.
“Que Lemus anuncie que no otorgará más licencias dentro del área protegida (cuidado con esto, eso no quiere decir que en el resto del bosque no lo hará) o que envíe gente a apagar los incendios no es un gesto de bondad sino su obligación. Los incendios provocados esta semana en el bosque fueron dos y no uno, como declaró Lemus a los medios de comunicación. Lo sabemos porque nosotros los combatimos. Estos dos incendios se suman a otros tres que hemos combatido sólo en la misma zona del bosque durante este año (días 14 y 20 de enero). Por su ubicación contigua y frecuencia se trata de incendios inducidos para destruir esta parte del bosque que forma parte de la supuesta área protegida municipal. En este caso todo apunta a las empresas de la zona industrial El Tigre (como Naresa, Diprovic, Cabotecnia), que el 3 y 4 de agosto de 2015 introdujeron maquinaria para depositar todas sus aguas negras sobre esta cañada del bosque y que desde meses antes han estado depositando también parte de estas en la misma zona (anexamos un video de las descargas)”.
Llegó también a nuestro poder el video en el que se demuestra cómo se vierten aguas contaminadas al bosque, lo cual ha sido condenado igualmente por los ciudadanos, quienes advierten la complicidad de Pablo Lemus y las demás instancias que deberían de proteger el recinto natural, con empresas inmobiliarias.
Un grupo de manifestantes llegó ayer a la capital de Coahuila luego de tres días de marcha en contra del Cimari que se construye en General Cepeda. Foto: Rolando Chacón.
Rolando Chacón / Corresponsal
Saltillo, México (08 febrero 2016).- Cientos de campesinos de zonas rurales y habitantes del municipio de General Cepeda, Coahuila, marcharon durante tres días unos 60 kilómetros para reiterar su rechazo a un basurero tóxico que está en construcción en el ejido Noria de la Sabina.
Se trata del Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari), que desde el año pasado se planea llevar a cabo en un predio de 321 mil metros cuadrados, a 25 kilómetros de la cabecera municipal de esta localidad.
Desde entonces, los ciudadanos han mantenido una oposición y han realizado manifestaciones en contra del confinamiento industrial promovido por el empresario saltillense Daniel Calvert, con su empresa Sociedad Ecológica Mexicana, S.A., (Semsa), sin embargo han sido ignoradas por los gobiernos federal, estatal y municipal.
Con gritos como “no al Cimari, sí a la vida”, las familias llegaron a Saltillo por el poniente, descansaron unos momentos en la estatua de Francisco I. Madero, luego caminaron por varios kilómetros hasta la Alameda y de ahí al Palacio de Gobierno.
Ahí, Pedro Jasso de León, campesino y activista contra el basurero tóxico, llamó a la conciencia de los integrantes del Congreso y el Gobierno del Estado.
“Esperamos de las autoridades que se concienticen, tanto el Congreso del Estado como el Gobierno del Estado y a ver si le pueden llamar la atención al municipio que no quiere dar su brazo a torcer por ese permiso que dio para instalación del confinamiento”, dijo Jasso de León.
“Ojalá y nos hicieran caso porque nuestros regidores del municipio de General Cepeda y el Alcalde dieron su última palabra. El Alcalde dio su última palabra diciendo que no da marcha atrás y que rueden cabezas las que sean, que él no se retracta del permiso que dio de cambio de uso de suelo”.
ECATEPEC, Edomex (apro).- Internos del penal de Chiconautla y sus familiares iniciaron este lunes una huelga de hambre para denunciar la corrupción en el sistema de justicia oral, el trato inhumano a los presos y el fracaso en el sistema de readaptación social.
José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, quien encabeza la movilización y es considerado preso de conciencia, recordó que el pasado 22 de enero entregaron una carta dirigida al Papa Francisco a través de monseñor Ramón Macías, para pedirle que visite el penal, ubicado a sólo cinco minutos (en autobús) de donde oficiará una misa, el próximo domingo 14.
De acuerdo con Pérez Espinosa, la intención es que el jerarca de la Iglesia católica constate la exclusión de los jóvenes encarcelados, en su mayoría injustamente, a quienes se acusa de robo a transeúnte, negocio, transporte público y de carga, así como de secuestro, extorsión u homicidio calificado, con el único propósito de engrosar las estadísticas de detenidos en favor de las aspiraciones presidenciales del gobernador Eruviel Ávila.
“Tenemos un sistema de justicia penal corrupto, los servidores públicos involucrados no están certificados y dictan sentencias condenatorias desproporcionadas que provocan que miles de jóvenes vivan en prisiones por años en un sistema penitenciario que no readapta a la población, sino que la condena a cumplir por largos años injusticias y tratos inhumanos”, señaló.
La visita de Francisco, prosiguió, servirá para que verifique la violación a los derechos humanos de los reos, quienes se encuentran hacinados y les deniegan el derecho a la salud, dado que el penal fue construido sobre un basurero que ha ocasionado la propagación de una bacteria que produce llagas, incluso con perforaciones óseas, en extremidades inferiores y superiores, cara y oídos, “sin que tengamos asistencia médica eficiente, por lo que los compañeros, mediante un cepillo de dientes con cloro, raspan las heridas para extraer la pus, provocando gran dolor y sufrimiento a pacientes de todas las celdas”.
Preso en el penal de Chiconautla desde el pasado 4 de noviembre, acusado de robo a casa-habitación con violencia, Pérez Espinosa señaló que los reclusos en huelga de hambre exigen el cierre del penal y el traslado de los detenidos a uno que sea adecuado, además de atención médica inmediata.
Advirtió, asimismo, que el día de la visita del Papa a este municipio, alrededor de 200 internos de todos los penales estatales prevén sumarse a la huelga.
Entre los puntos del pliego petitorio presentado en su carta destaca la renuncia de los fiscales regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a quienes los internos acusan de fabricar carpetas de investigación con condenas desproporcionadas.
También demandan el cese de la persecución en contra de los dirigentes (hombres y mujeres) del Frente y contra la esposa e hijo de José Humbertus, además de revisar y reabrir averiguaciones previas del sistema ordinario penal y del sistema penal acusatorio, adversarial y oral, por incumplir con los principios constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
De igual manera exigen revisar los juicios de vinculación y juicios orales para que, en caso de no existir cadena de custodia, pruebas de cargo suficientes y no acreditar los delitos, se absuelva a los inculpados.
“Cabe aclarar que no estamos gestionando o tramitando la salida de delincuentes de los penales, simplemente estamos demandando que se cumpla y se aplique de manera puntual el procedimiento del Sistema Ordinario Penal y del Sistema Penal Adversarial y Oral”, destaca la carta.
Los internos del penal de Chiconautla también piden “que las Fiscalías y los agentes del Ministerio Público no den a conocer nuevas carpetas de investigación mientras el inculpado esté en proceso penal (como ha sido el caso de Pérez Espinosa), dado que esa estrategia viola la presunción de inocencia y derechos humanos, y que cuando recuperen su libertad no sean detenidos fuera de la cárcel por otra orden de aprehensión que no conocieron con anterioridad y, por tanto, no se garantizó el derecho de audiencia”.
Añade el documento: “Pedimos se respete el artículo séptimo de la Carta Magna sobre la Libertad de Expresión y Manifestación de los participantes en la huelga de hambre, que no les retiren a los presos los pases de visita y su derecho a la visita íntima, que los jefes de celda no sean removidos de sus cargos ni los representantes de sus módulos, así como también los internos que estén sentenciados en el módulo de indiciados no sean bajados a la población porque sus familiares y ellos participen en la huelga de hambre”.
Zacatecas.- Trabajadores del ayuntamiento de Ojocaliente, encabezados por Alejandro Rivera Nieto, líder del pretendido Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), interrumpieron la sesión legislativa de la Comisión Permanente en el Congreso Local.
Acusaron a los diputados de incumplir el acuerdo hecho el pasado martes, cuando los legisladores, afirmaron que se gestionaría una reunión con el Ejecutivo para resolver su problemática.
Luego de que la presidenta de la mesa directiva, Elisa Loera de Ávila, decretara un receso para dialogar con los trabajadores, el diputado Gilberto Zamora Salas expuso que, tal como se había acordado, el pasado miércoles acudió a solicitar una audiencia a la Secretaría general de Gobierno.
Sin embargo, informó que ahí le solicitaron que antes de la reunión se llamará a comparecer al presidente municipal, Iván Husain Vitar Soto, para que explique el uso de los recursos entregados a su administración, y por qué incumplió el acuerdo de pago firmado en noviembre y diciembre, cuyo monto asciende a 6 millones de pesos.
Al respecto, Alejandro Rivera Nieto expuso que los trabajadores no necesitan una comparecencia del presidente municipal, sino que el gobernador Miguel Alonso entregue el recurso aprobado para cubrir los pagos pendientes de los casi 700 trabajadores implicados.
Por su parte, Pedro Sifuentes Tobar, empleado del ayuntamiento, afirmó que al no dar seguimiento a la entrega de los recursos autorizados por la Legislatura, los diputados actuaban de manera irresponsable al permitir que las familias de los trabajadores no cuenten con ingresos; “es un genocidio en pleno siglo XXI”.
Luego de esto, la sesión continuó con el compromiso de tocar la problemática en el punto de asuntos generales, aun cuando los manifestantes no habían terminado de exponer sus opiniones.
Ante la alerta de daños socioambientales en México, a causa de la implementación de la fractura hidráulica (fracking) como técnica de extracción de gas y petróleo, los gobiernos han callado con firme complicidad, justo como hicieron al consentir la polémica reforma energética en la cual se anunciaba.
Ante la alerta de daños socioambientales en México, a causa de la implementación de la fractura hidráulica (fracking) como técnica de extracción de gas y petróleo, los gobiernos han callado con firme complicidad, justo como hicieron al consentir la polémica reforma energética en la cual se anunciaba ya el extractivismo de muerte y destrucción ecológica a cargo del mismo PEMEX y empresas trasnacionales dedicadas al negocio de hidrocarburos.
El fracking o fractura hidráulica, consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeable, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos a los poros. Sobre dicho proceso, se ha ocultado valiosa información de los impactos socioambientales en los territorios donde se lleva a cabo, aunado a que no se cuenta con la consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas.
Al territorio que comprende el estado de Tamaulipas, rico en recursos energéticos, ya de por sí acechado por la inseguridad y las violaciones a derechos humanos que conlleva la militarización y la guerra entre grupos delictivos, se suma el fracking como un problema de consecuencias irreversibles. Junto a los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Puebla y Oaxaca, Tamaulipas representa uno de los lugares más codiciados para el lucrativo negocio energético en México, siendo la región denominada Cuenca de Burgos la más explotada, y que involucra 19 municipios de los 43 en el estado.
En las zonas donde se ejecuta el fracking, ya se hacen notar los negativos efectos socioambientales, tal es el caso de las comunidades agrícolas Ejido Santa Gertrudis y El Cortineño, ubicados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ahí se encuentra el complejo petrolero Los Nejos, de donde se extraen millones de litros de derivados del petróleo. Las afectaciones del fracking a éstas comunidades, se reflejan en 200 hectáreas agrícolas improductivas desde hace más de 2 años, además de perjuicios a la flora y fauna como consecuencia de la explosión del pozo 53 en diciembre de 2014; la Central Campesina Cardenista ha decidido emprender acciones legales pues la economía de las comunidades se ve permeada, ya que dependen directamente de la agricultura, como gran parte de la población tamaulipeca.
Además de la agricultura, la pesca y la ganadería como actividades económicas principales de Tamaulipas, enfrentan el riesgo de daños irreparables por causa de la fractura hidráulica, debido a que la contaminación de fuentes de agua es una de sus consecuencias fatales, ya que una inyección a pozo para extracción contiene más de 700 productos químicos distintos, entre ellos sustancias tóxicas como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno; también se ha alertado de la presencia de materiales radioactivos en el agua de retorno, como el radón, proveniente del subsuelo.
El agua, fundamental para el desarrollo de actividades económicas de las que depende la alimentación y los ecosistemas, enfrenta una amenaza irremediable, de efectos inmediatos en la salud, aumentando el riesgo de cáncer y mutaciones, afectaciones al sistema endocrino, alergias y daños al sistema nervioso; además, expertos alertan de que los habitantes cercanos a pozos tienen 66% de probabilidades de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica.
Los sismos y fallas geológicas en regiones sin actividad sísmica histórica son otro resultante de la práctica fracking, en los últimos años, Tamaulipas no ha sido la excepción ante tales consecuencias, tan sólo durante el año 2015 se registraron 12 sismos ocurridos en 4 municipios: San Fernando, Miguel Alemán, Mante y Ciudad Victoria.
El fracking es un alarmante problema socioambiental que no es atendido en la agenda del poder tamaulipeco, resulta evidente la permanencia de un pacto de complicidad por parte de las autoridades estatales y municipales, tal como el problema de la inseguridad que tanto daño ha causado a la sociedad tamaulipeca, y la respuesta oficial no pasa de la indiferencia y absurdos optimismos retóricos. Todos estos conflictos anuncian desenlaces catastróficos y peor aún, irreversibles que se añaden a la profunda crisis de derechos humanos en el estado, que se perpetuan con la desinformación, la corrupción y la violencia, aliadas perfectas que confirman lo que tanto se ha dicho: Tamaulipas no se arregla porque es un botín de guerra.
La empresa Viz Resource Management SA de CV pretende construir una de las más grandes plantas de energía solar (fotovoltaica) de América Latina en 14 mil hectáreas en la Sierra Cucapá del municipio de Mexicali.
El proyecto también incluye la extracción de materiales pétreos, manejo de residuos peligrosos y zonas habitacionales, en un espacio considerado hábitat de especies de flora y fauna protegidas en México, lo que puso en alerta al Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, Región Noroeste, que exigen se difunda una consulta ciudadana para que la población opine, ya que las autoridades ambientales la levantan en total secrecía.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), publicado por la Semarnat en noviembre de 2015, “EcoZoneMx” –nombre del proyecto del consorcio sinaloense Grupo VIZ, de la familia Vizcarra– requiere de una inversión de 14 mil 800 millones de pesos aplicables en 25 años, periodo en el que pretenden edificar las ocho obras que integran el proyecto.
Según el estudio, en estos terrenos hay distintas especies de flora y fauna, dos de ellas –palofierro y biznaga– están sujetas a protección especial por ser endémicas, pues solo crecen en esta región del mundo, con excepción del palofierro. También están en esta misma categoría el borrego cimarrón y el zorro.
En el capítulo “Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento”, la empresa Viz Resource Management SA de CV, quien realizó el estudio de impacto ambiental, acepta que el proyecto tendrá afectaciones en las especies animales, sin precisar los mecanismos que utilizaría para mitigar los daños.
Cucapás exigen voz
La presidenta de la sociedad cooperativa de pescadores Pueblo Indígena Cucapáh, Hilda Hurtado, exigió a las autoridades y particulares tomar en cuenta a la comunidad indígena para cualquier tipo de proyecto que pretendan realizar en las las tierras de esa etnia o en sus inmediaciones.
“A nosotros nadie nos ha consultado sobre este megaproyecto; no estamos peleados con el desarrollo ni decimos que no se haga, pero eso no quiere decir que puedan pasar por encima de nosotros sin siquiera voltearnos a ver, no pedimos consideraciones, lo que pedimos es que nos respeten”, advirtió en referencia al proyecto que pretende realizar la empresa Viz Resource Management en la Sierra Cucapá.
Borrego cimarrón, en riesgo
El especialista e investigador sobre vida silvestre Julio Alfonso Mercado Rodríguez aseveró que la construcción del complejo industrial, comercial y habitacional que pretenden realizar en la Sierra Cucapá impactará gravemente a los animales que habitan en esa demarcación, especialmente al borrego cimarrón y a los murciélagos.
“Hay estudios que son entregados por la autoridad pero nunca se hicieron, simplemente los presentan para justificar; por ello se debe investigar a detalle qué especies habitan en esa zona y el impacto ecológico a cada una de ellas”, expresó.
El académico indicó que la Sierra Cucapá no es considerada importante en el complejo de sierras que hay en la entidad, pero sostuvo que en el lugar se alojan, entre otras especies, el borrego cimarrón, zorros, murciélagos y hasta aves migratorias, que utilizan el lugar como un alto en su destino.
La reportera Anabel Flores Salazar secuestrada este lunes por hombres armados que llegaron a su casa, confirmó el gobierno de Veracruz.
“Desde las primeras horas del día de hoy se activaron los protocolos para la búsqueda y localización de la reportera Anabel Flores Salazar”, informó a través de su cuenta de Twitter, el gobernador, Javier Duarte.
A las 02:00 horas, Flores Salazar fue sacada de su domicilio por gente armada que llegó directamente a buscarla hasta ubicarla en una de las habitaciones, aprovechando que el domicilio fue abierto por una persona que vive en esa casa, según refieren los primeros testimonios recabados. según la Fiscalía del estado.
Fue dos horas después que se dio aviso al número de emergencias 066, y se activaron los protocolos especializados para búsqueda y localización de Flores Salazar.
Duarte dijo que el gobierno estatal sigue atentamente el caso.
Flores Salazar cubre la fuente policíaca para el diario El Sol de Orizaba, y colaboró para El Mundo de Orizaba y El Buen Tono.
La Fiscalía informó en un comunicado que se indagan todas las líneas de investigación y “todos los probables vínculos de la reportera, como el del 30 de agosto de 2014 en Acultzingo cuando se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz ‘El Pantera’, que fue detenido en ese momento por elementos del Ejército Mexicano por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada”.
El titular de la FGE, Luis Ángel Bravo Contreras, dijo que se activaron todos los protocolos especializados contenidos en el convenio firmado con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
En tanto, el Fiscal Especial en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, José René Álvarez, se trasladó a la región para atender el operativo de búsqueda para ubicar a la víctima y conocer las causas que originaron.
Abonada por la falta de un compromiso serio de las autoridades para aceptar y resolver la epidemia de desapariciones en México, la pesadilla que han vivido los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y antes que ellos miles de mexicanos y mexicanas, se multiplica en la geografía mexicana. Las nuevas denuncias de desapariciones forzadas, esta vez de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, demuestran que mientras no se tomen medidas de fondo (una legislación apegada a los estándares internacionales y a la experiencia de las familias y organizaciones; búsquedas inmediatas; investigaciones y sanciones efectivas; adecuada atención a víctimas; y, sobre todo, un modelo de seguridad que ponga al centro los derechos humanos y la rendición de cuentas), no sólo no habrá justicia y verdad para las más de 27 mil personas que hoy están ausentes, sino que las desapariciones continuarán.
La desaparición de los cinco jóvenes veracruzanos (José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arróniz y Susana Tapia Garibo) tiene similitudes con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, evidenciando un patrón sobre el cual es necesario reflexionar. No estamos ante casos puntuales de elementos de seguridad que se “salen del redil”, sino de un patrón de actuación, enmarcado en una trama de macrodelincuencia, que está sembrando de luto e incertidumbre a miles de familias sin que parezca haber voluntad o capacidad para detenerlo.
Es indudable que en ambos casos se trata de desapariciones forzadas, pues las personas que sustrajeron a las víctimas son servidores públicos que forman parte de las fuerzas de seguridad -estatales en el caso de Tierra Blanca, municipales en el caso Iguala. En ambos casos, se alega que los jóvenes fueron entregados a integrantes del crimen organizado. Este vínculo entre los funcionarios y la delincuencia organizada no le resta el carácter de agentes estatales quienes la cometen ni impide la tipificación del crimen bajo la figura de la desaparición forzada.
En las dos situaciones, a pesar de la existencia de testigos y de la detención de algunas personas involucradas, las autoridades no han sido capaces de localizar a los jóvenes. Que la detención de probables responsables no detona la localización de los desaparecidos denota que los esquemas de criminalidad que hacen posibles estos delitos no se agotan en los autores materiales; también evidencia que las autoridades carecen de atribuciones legales adecuadas para incentivar la cooperación de los implicados en el esclarecimiento de los hechos.
Por otro lado, aun cuando desde distintas instancias se ha enfatizado que la búsqueda de los desaparecidos se tiene que realizar de forma inmediata, en ambos casos ha sido la insistente denuncia pública de familiares, amigos y colegas la que ha puesto los casos en la mira pública. Más de un año ha pasado en el caso Ayotzinapa; más de veinticino días en el caso de Tierra Blanca. Para los desaparecidos, las primeras horas son fundamentales para hallarlos con vida. Para los familiares, como han referido padres y madres de Tierra Blanca, cada minuto es angustiante porque ven en juego la vida de sus hijos. La zozobra que genera la desaparición en las familias es, como la ha señalado la Corte Interamericana, una verdadera tortura. No sorprende, por tanto, que las familias de los jóvenes de Tierra Blanca se estén exponiendo a realizar una acción pública de protesta, en ejercicio de sus legítimos derechos, pese a las amenazas de desalojo del gobierno de Javier Duarte, cuyos preocupantes antecedentes en materia de libertad de expresión son de sobra conocidos.
Siguiendo con el paralelismo, cabe resaltar que la forma en que las autoridades han atendido a las familias de las víctimas también ha sido similar, lo que reafirma la necesidad de un cambio estructural en el sistema de justicia. Además de la falta de diligencia para atender de inmediato la denuncia de desaparición y emprender la búsqueda, los familiares de los jóvenes de Tierra Blanca han denunciado que la información sobre las investigaciones se da a los medios pero no a ellos, una situación denunciada repetidas veces en el caso Ayotzinapa.
Las similitudes entre ambos casos podrían continuar. También podrían extenderse a otras situaciones, como a la desaparición generalizada de más de 300 personas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y es que en México las miles de desapariciones parecen un callejón sin salida, en el que los familiares y la sociedad civil pican los muros de la impunidad para abrir un camino. Pese a que el panorama es sin duda desolador, mecanismos internacionales de derechos humanos -como la ONU y la CIDH-, familiares, asociaciones y todos los involucrados en las búsquedas hemos señalado los pasos fundamentales para hacer frente de inmediato a esta “epidemia” y para revertir la respuesta gubernamental de “indolencia”, a la que en su reciente informe se ha referido Amnistía Internacional: el fin del modelo militarizado de seguridad pública; la implementación de mecanismos para combatir la impunidad y la corrupción, modificando el diseño institucional de las fiscalías; y la aprobación de una ley general para prevenir y sancionar la desaparición forzada, que retome verdaderamente la voz y la experiencia de las familias, tanto en el proceso como en los temas sustantivos. Uno de los principales retos de esa Ley es crear un verdadero Sistema Nacional de Búsqueda, que trasciende la segmentación propia de la investigación ministerial, que atiende caso por caso sin perspectiva de contexto, soslayando la existencia de patrones y estructuras criminales.
No está de más resaltar que muchas de estas medidas han sido propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asignados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que colabora en la investigación del caso Ayotzinapa. No es exagerado señalar que si en vez de ser reticente ante las recomendaciones del GIEI y tolerar pasivamente la infundada campaña de desprestigio que no ha dejado de crecer, el Estado mexicano hubiera priorizado el cumplimiento de las recomendaciones del grupo, quizá hoy los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca estarían con sus familiares.
Policías federales encontraron los restos en un rancho ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, en Veracruz, y, luego de confrontar las muestras, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos, señaló la Segob.
Elementos de la Policía Federal encontraron los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, confirmó este lunes 8 de febrero la Secretaría de Gobernación (Segob).
El hallazgo de los restos se realizó tras la ubicación y aseguramiento de un rancho, en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, donde expertos en materia forense y criminalística recolectaron restos óseos, así como manchas hemáticas, los cuales fueron sometidos a un riguroso análisis genético.
“Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho, con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos”, señaló la Segob en un comunicado.
De acuerdo con las autoridades federales, en el rancho donde se encontraron los restos óseos había indicios de que en el lugar se manipulaban drogas, manejaban equipos empleados para alterar vehículos, almacenaje ilegal de hidrocarburos, así como otros ilícitos.
La información sobre la muerte de dos de los cinco jóvenes se dio a conocer luego de que familiares de las víctimas se reunieron con representantes del gobierno federal para exigir que les den avances sobre la búsqueda.
En el encuentro de este lunes participaron el titular de la Fiscalía General de Veracruz, Luis ángel Bravo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, y el comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo.
Durante el encuentro, el subsecretario de Derechos Humanos ratificó el compromiso con los familiares de informarles cualquier avance, así como la instrucción de continuar con el proceso de búsqueda, además del acompañamiento a las familias hasta completar todo el proceso de investigación y el castigo a los responsables.
Tras darse a conocer el hallazgo, padres y familiares de los jóvenes desaparecidos regresaron a Tierra Blanca.
El lunes 11 de enero, cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales.
Acciones. A finales del año pasado comenzaron los despidos en ochos dependencias federales entre ellas Conagua.
Extrabajadores denuncian diferentes irregularidades en liquidaciones
Desde el pasado mes de diciembre comenzó el despido de varios trabajadores en la Dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), según denunciaron, la mayoría de los ceses no se apegaron a derecho.
Lo anterior fue manifestado por extrabajadores que incluso contaban con una plaza laboral desde hace varios años en la dependencia, lo que informaron a El Siglo de Durango en entrevista.
En primer término, señalaron que se hizo la notificación sobre el despido con Notario Público en día inhábil y durante periodo de vacaciones para la mayoría.
Uno de los afectados expuso que a él se le hizo dicha notificación el 21 de diciembre del 2015, cuando se encontraba de vacaciones.
Además no se presentó el oficio que justificara el despido y a pesar de que lo he solicitado en reiteradas ocasiones siguen sin presentarlo.
De igual forma, se ejerció presión para firmar la liquidación, bajo el argumento que si no se hacía en ese momento, el monto sería menor y se depositaría en instancias de la Secretaría del Trabajo.
Dichos despidos no se apegaron a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, del que algunos forman parte y en la que se mencionan los supuestos para la separación del cargo, y menos se informa sobre reubicación, como también lo marca dicho ordenamiento.
A algunos extrabajadores incluso se les retuvo la segunda parte del aguinaldo porque la realizaron con cheque que tenía fecha del 5 de enero del 2016, no se aviso el cambio de forma de pago, hasta concluido el termino de las vacaciones que fue el 25 de enero del 2016; “lo que me recuerda las tiendas de raya del porfiriato”, señaló uno de los exservidores públicos.
En términos generales señalaron que se ha emprendido una cacería de brujas por parte de la administradora de dicha dependencia, puesto que en algunos casos se llevaron a cabo la baja de resguardos a nombre del personal que fue despedido, además de mobiliario y aparatos, y no permitió el que se hiciera un acto de entrega- recepción como marca la ley.
Zacatecas, Zacatecas.- El secretario de Economía, Adolfo Bonilla Gómez, estableció que se ha tratado de destrabar el conflicto minero en la comunidad San Martín, Sombrerete, en la mina del mismo nombre, que está en huelga desde el 30 de julio de 2007, pero se trata de un conflicto entre particulares en el que la autoridad no puede llegar a ejercer, por decreto, un derecho, y eso es lo que ha complicado una solución.
Agregó que se está buscando llegar a acuerdo porque hay el interés de los tres niveles de gobierno.
Se ha estado en pláticas con el propio Secretario del Trabajo y Previsión Social con el tema, con el propio Presidente Municipal de Sombrerete.
Efectivamente, se ha platicado por lo menos con dos de las expresiones sindicales que ahí están y desafortunadamente para la autoridad se trata de un conflicto entre particulares, no puede llegar la autoridad a ejercer, por decreto, un derecho.
Eso es lo que ha complicado una solución, y lo que desestimula en cierta medida es que en los años de mejor cotización de los metales en la historia, que fue 2011 y 2012 no se llegara a un acuerdo, ahorita que el precio de los metales no es tan bueno, se genera un desincentivo para la empresa, pero eso nos lleva luego a la a la pregunta de si estamos convencidos en estimular la idea de que las minas dejen de operar en el estado de Zacatecas, cuando se dimensiona la carencia de los empleos es cuando nuevamente tenemos que hacer la conciencia.
Dijo estar convencido de que el municipio de Sombrerete debe ser de los municipios, ahora que también por Sombrerete va a pasar el gas natural, se debe estar pensando en la compra de reservas territoriales, porque para poder atraer empresas se requiere adecuar los espacios y no cómo se hacía la antigüita en Zacatecas, que a las empresas que venían solamente se les ofrecía un solar sin ningún servicio básico.
Zacatecas, con el Parque Sumar 1, está dando muestra de que ya aprendimos la lección y que ya sabemos cómo atraer inversiones.
EL CONFLICTO DE SAN MARTÍN
La mina San Martín está ubicada en la localidad de Sombrerete que lleva el mismo nombre.
La situación de huelga provocó que por lo menos 578 trabajadores directos y mil 800 indirectos se quedaran sin una fuente de empleo.
La huelga en la Mina San Martín estalló el 30 de julio de 2007, y es hasta el momento uno de los paros laborales más largos en la historia del país.
Un incendio registrado en el área de comprensión de la plataforma de Petróleos Mexicanos de Abkatún A, en el Golfo de México, cobró la vida de tres trabajadores.
CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos dio a conocer que tres trabajadores fallecieron y al menos siete más resultaron heridos en un incendio que ya fue controlado en la plataforma Abkatún A, asentada en el Golfo de México.
Pemex dijo que el incendio ocurrió en el área de compresión de la instalación, la cual quedó aislada y no fue necesario evacuar la plataforma marítima.
“Lamentablemente son tres los fallecidos por el accidente en Abkatún”, dijo la petrolera en su cuenta de Twitter.
Precisó que de los trabajadores fallecidos, dos eran de Pemex y otro de la empresa Cotemar, proveedora de servicios de mantenimiento y rehabilitación a instalaciones costa afuera.
Un portavoz de Pemex dijo que el área de bombeo en la instalación continuaba operando y que la empresa aún evaluaba las afectaciones por el incendio.
En abril del 2015, siete trabajadores fallecieron y varios más resultaron heridos a causa de un incendio en Abkatún A.
La plataforma es parte del complejo Abkatún-Pol-Chuc en la Sonda de Campeche, entre Campeche y Tabasco, a unos 130 kilómetros al noreste de la terminal marítima de Dos Bocas, e inició su producción en la década de 1980.
Solo queremos construir un nuevo modo de vida, un nuevo país donde haya respeto, donde a la mujer se le respete, donde a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, a los trabajadores, a los abuelos, abuelas, sin distingos de nada, nos respetemos y que respetemos a nuestra madre la Tierra. Con lo que nos da fuerza y seguridad no sólo de resistir otros 515 años, que no nos vamos a esperar a que eso suceda, si no que urge, que ahora, con ustedes, con hombres y mujeres, compañeros, que vienen de otros pueblos del mundo y que luchan por la humanidad y contra el capitalismo y por que sea posible ese otro mundo donde quepan muchos mundos, los pueblos indígenas seguimos vivos.
Don Juan Chávez, Digna Rabia, CIDECI, Enero 2009
30 de Enero 2016. San Antonio las Palmas, Jocotepec, Tuxtepec, Oaxaca. Región de la Chinantla. Se reunieron para la reflexión y para consensar acuerdos, las delegaciones del Congreso Nacional Indígena (CNI) de los pueblos mazateco, binniza’a, chinanteco, maya, p’urépecha, otomí, nahua, wixarika, tzotzil, ch’ol, popoluca y zoque.
Antes de iniciar la asamblea se guardó un minuto de reflexión y otro de aplausos por el reciente fallecimiento del compañero Federico Ortiz Arias, quien se convirtió en semilla para continuar abonando a la Madre Tierra el sábado 23 de enero. Federico fue uno de los fundadores de la colonia «Rubén Jaramillo», en Uruapan, participante activo en diversas iniciativas zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, destacado también por su trabajo en el arte y la cultura del espacio «La Vecindad» y la Escuela de Artes «Manuel Pérez Coronado» (MAPECO). Federico había confirmado su asistencia para esta reunión, comenta con la voz entrecortada el profesor Juan, mientras las delegaciones indígenas presentes también dirigieron su palabra para recordarlo.
Durante la asamblea cada pueblo participó dando a conocer cuáles son los problemas y retos que enfrentan. La historia en cada geografía del país tiene los mismos síntomas: despojo, represión, desprecio y explotación. Pero la dignidad también se levanta en cada pueblo, a pesar de tener todo en contra, la militarización, las concesiones, la falta de recursos, el hostigamiento, de ver a los ojos al Goliat vestido de autopistas, de turbinas eólicas, de mineras, de batallones militares, de grandes edificios impenetrables, déspotas y sordos. A pesar de que quien dice proteger al pueblo, como un gigante sabedor de su desmesurada fuerza, anuncia con bombos y platillos la inminente intervención en sus territorios. Los pueblos indígenas mantienen sus luchas y sus resistencias, no se rinden, no se venden y continúan insistiendo una y otra vez en cuidar su tierra y su territorio, en no verla como mercancía, en resguardar lo que les heredaron y defendieron sus ancestros.
Así desde el pueblo zoque de la región de los Chimalapas en el Istmo de Tehuantepec, se denuncia la violencia y el despojo contra las tierras comunales; el 24 de diciembre de 2015 comuneros de San Francisco la Paz detuvieron a talamontes invasores. Esta no es la primera vez, sin embargo la complicidad gubernamental va más allá, al extremo de tener ya concesionadas más de 7,000 hectáreas a empresas mineras, para la extracción de oro y cobre. Además 594,000 hectáreas de su territorio están siendo utilizadas por las transnacionales, para realizar programas de captura de carbono. Explicaron también sobre la militarización de este territorio y como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mandó una propuesta a las comunidades para aprobar una base militar en esa zona y hace un mes los gobiernos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz acordaron la instalación permanente de la Base de Operación Mixta.
Desde el pueblo chinanteco se denuncian las concesiones mineras, comentan que fueron amenazados, diciéndoles que la mayor parte de su tierra es federal, que solamente 40 cm del suelo para arriba es ejidal y para abajo es federal. Sin embargo, está la esperanza de echar para atrás estas concesiones, de la misma forma que lograron frenar hasta hoy la carretera de 4 carriles para enlazar al océano Pacifico con el océano Atlántico.
Desde el pueblo mazateco, se denunció la intrusión de mineras y el nombramiento como «pueblo mágico», el cual es un proyecto federal que en nada beneficia a la comunidad, pues sólo está encaminado a atraer al turismo nacional e internacional y así concretar un foco económico. «Lo vemos como un peligro, porque es la entrega de nuestros conocimientos y tierras hacia afuera. Están entrando muchos proyectos asistencialistas que dividen a las comunidades y el gobierno invisibiliza los feminicidios para seguir manteniendo una buena imagen».
Desde el pueblo maya de la península, se denuncia que en el municipio de La Candelaria, Campeche, continúa la represión en contra de los compañeros del Movimiento de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. El hostigamiento viene tanto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como de la Procuraduría General de la República (PGR), por ello desde hace algunos días ya no se les permitió entrar a las comunidades, por lo que demandaron a los compañeros y los acusan de robo del fluido eléctrico. Por otro lado, en Yucatán los delegados cuentan cómo el despojo de sus tierras es tan grave que antes contaban con 40 mil hectáreas y ahora sólo les quedan 800 hectáreas de su comunidad, es decir, de 20 años para acá el ejido se ha estado vendiendo para la construcción de condominios y hoteles.
Desde el pueblo p’urépecha se denunció que hace tiempo llegaron los grandes ricos a despojarlos de las tierras y el agua para la producción del aguacate, consideran que todas las ganancias se van al extranjero y que el gobierno está sólo para el beneficio de esos empresarios. Desde el pueblo otomí se denunció que continúa el despojo a causa de la construcción de la autopista privada Naucalpan-Toluca, se presentaron bajo esta misma problemática los pueblos de San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan, Santa Cruz Ayotuxco, apoyados por San Pedro Atlapulco.
Desde el pueblo nahua, participaron distintas comunidades como Santa María Ostula, quienes agradecieron el apoyo brindado desde la detención ilegal de su comandante Cemeí Verdía (recientemente liberado), recordando que durante su detención, se realizaron diversos bloqueos de parte de la comunidad y fue asesinado el niño Idelberto Reyes García a manos del ejército. Informan que a su territorio a incursionado la policía federal y recientemente patrulló nuevamente el ejército mexicano, lo cual consideran una provocación, mientras el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, declaró el inicio de la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, con la cual estamos totalmente en contra.
Del municipio de Aquila, también de la costa nahua de Michoacán, se compartió un poco de la historia reciente cuando don Efrén Capiz y su esposa Eva Castañeda Cortés los apoyaron en su lucha por tener una participación de las ganancias de la Minería en su territorio. Y en la actualidad como tuvieron que armarse para defenderse de la delincuencia organizada, esta experiencia les ha dejado ver claramente la complicidad que mantienen con los gobiernos locales, estatal y federal.
También del pueblo nahua, se mantiene la exigencia por la libertad de los compañeros presos de San Pedro Tlanixco: Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Míreles y Teófilo Pérez González, quienes fueron castigados por el Estado debido a la defensa que hicieron del agua más de una década atrás.
Desde Chiapas, los compañeros del ejido Tila, compartieron su palabra sobre la recuperación de sus tierras. También vertieron su palabra los compañeros de Bachajón, el colectivo que acompaña a los presos loxichas, doña Bertha madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los normalistas asesinados el 26 de septiembre de 2014 y algunos colectivos y organizaciones acompañantes.
Dentro de los acuerdos de esta reunión se determinó que la próxima ocasión en que los pueblos, barrios y tribus del CNI converjan en un espacio, se dará inicio a los preparativos para el 20 aniversario del nacimiento del Congreso Nacional Indígena, para recordar cuando aquel 12 de octubre de 1996, cuando la comandante Ramona dijo en el Zócalo capitalino: «Queremos un México que nos tome en cuenta como seres humanos, que nos respete y reconozca nuestra dignidad. Soy el primero de muchos pasos de los zapatistas al Distrito Federal y a todos los lugares de México».
Al final de la asamblea los compañeros de la Chinantla dieron lectura a una «oración para nuestra asamblea» de la cual compartimos un párrafo que hace una reflexión magistral de los procesos sociales que explican el avasallamiento del sistema capitalista y el rol en el que a los pueblos indígenas en México se les quiere dejar:
Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas; sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo; con la exclusión queda afectado en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella, ni abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son «explotados», sino deshechos, «sobrantes».
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, exige a las autoridades del Estado se respete la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para apegarse al proyecto original de la presa el Zaptillo y se les garantice el respeto a los derechos de las comunidades, que las autoridades cumplan con esta disposición y realicen todas las modificaciones necesarias para asegurar que sus derechos no sean transgredidos por este megaproyecto. La SCJN emitió una suspensión para que la cortina de la presa no rebase los 80 metros de altura.
Insisten los pobladores en la necesidad de que el estudio que lleva a cabo la UNOPS-PNUMA (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) incorpore la participación y contraloría ciudadana durante todo el proceso. Los pobladores de dichas comunidades señalan su desconfianza a todo lo que ocurre en torno de la obra, pues tanto el gobierno Estatal como Federal han derrochando los recursos de los contribuyentes en beneficio de unas pocas empresas, señalando directamente al convenio contraído con la UNOPS-PNUMA con un costo de 4.6 millones de dólares para la realización del estudio que lleva a cabo y que a final de cuentas llega tarde al conflicto, con lo que representa más dudas que certezas, ya que no será vinculante y carece de instancias de participación y contraloría ciudadana.
“Consideramos que las mesas o espacios de diálogo no son un dispositivo suficiente para mantener la interacción de los actores miembros de la sociedad civil con el proyecto, ya que a la fecha se han realizado muchas sin que sean tomadas en cuenta las alternativas generadas, por ello demandamos se especifique el mecanismo que usará la UNOPS-PNUMA para documentar y hacer valer efectivamente el derecho a la participación de los pueblos y actores involucrados en el conflicto de la presa el Zapotillo”, señalan.
Agua para león
Además recordaron el gasto absurdo con fondos públicos del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Enrique Torres López, quien en enero del presente año aseguró haber transferido alrededor de 700 millones de pesos a la empresa española Abengoa responsable de la construcción del Acueducto Zapotillo-León, que está en riesgo de quiebra y está siendo investigada por sus malos manejos, “Es inaudito que el Estado mexicano juegue el papel de rescate a las grandes corporaciones que despojan y privatizan el agua en el mundo”.
Señalaron que a tres años del compromiso que Aristóteles Sandoval hiciera como candidato y después reiterara como gobernador con Temaca, sigue sin cumplirlo, contrario a eso, posteriormente cambió de postura y había anunciado que las poblaciones irremediablemente tendrían que inundarse, anunciando una amenaza de desalojo forzoso de las comunidades, “contradiciendo con esto sus propias palabras, lo que hace evidente el doble discurso que siempre ha manejado el gobernador sobre el proyecto”, por lo que exigen una definición de una vez por todas, “Temacapulín no lo olvida y sigue de pie, luchando por la defensa de su territorio y los bienes naturales de los pueblos.
Redacción Desde el balcón
Desde hace más de seis meses dos plataformas petroleras realizan diversos trabajos a unos 15 kilómetros de la costa de Seybaplaya y Champotón.
Campeche, 06 de febrero de 2016.– Pescadores de Seybaplaya y Champotón exigieron a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y al Gobierno del Estado de Campeche se informe sobre los trabajos que se realizan frente a las costas champotoneras, pues se presume que están realizando labores de perforación para la exploración de pozos petroleros.
El permisionario pesquero y ex presidente de la Junta Municipal de Seybaplaya, José Francisco Kuc Cruz, dijo que sin temor a equivocarse que PEMEX ya comenzó con los trabajos de perforación de los trabajos del proyecto denominado Campeche Oriente.
Incluso, el empresario del ramo pesquero cuestionó a sus propios trabajadores, quienes respondieron que, efectivamente, desde hace más de seis meses dos plataformas petroleras realizan diversos trabajos a unas 15 kilómetros de la costa seybana.
“No es mentira. Desde hace varios meses se escucha mucho ruido y se ven maniobras en las plataformas petroleras y ya se nos advirtió que no nos acerquemos a estos aparatos. Entonces yo no le temo a la presencia de la cementera de Montserrat, al contrario, es planta da trabajo. El problema grave es el que generará la contaminación de Petróleos Mexicanos y sus plataformas petroleras.
“Todavía no hay problemas de derrames, pero ya nos están invadiendo los sitios donde pescamos y seguramente nos van a echar de nuestras zonas de pesca, como lo hicieron en Ciudad del Carmen”, acusó el dueño de la bodega pesquera “El Tucho”.
Incidentes con buques
El empresario del ramo pesquero manifestó que desde la llegada de las plataformas pesqueras y los buques de servicios, la pérdida de redes, grampines y de la propia captura se ha incrementado debido a que los buques petroleros pasan y destruyen todo a su paso.
El ex presidente de la Junta Municipal de Seybaplaya insistió en que lo que está ocurriendo frente a las costas de Champotón es más grave que el proyecto de Montserrat, aunque reconoció que la cementera también está ocasionando problemas ambientales.
“Lo de la cementera y el muelle de APICam se nota por el lodo, pero la pesca no ha disminuido. La semana pasada se movilizaron por lo menos 30 toneladas de pescado, porque la pesca se realiza afuera, donde se están instalando las plataformas, no en la zona costera.
“Lo de las afectaciones a la ecología local, es cierto, pero no es tan grave como lo que creemos que están haciendo en el mar”, dijo el empresario pesquero, quien exigió que PEMEX y el Gobierno del Estado informen sobre lo que en realidad está ocurriendo frente a las costas de Champotón y Seybaplaya.
Por su parte, Fernando Uc Muñoz, dirigente de la asociación Pescadores Libres, en todo el Estado, arremetió nuevamente contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), a quienes acusó de proteger a la compañía Montserrat, S.A. de C.V. responsable del proyecto Campeche 2000.
Uc Muñoz, quien realmente reside en Paraíso, Champotón y no el Seybaplaya, manifestó que una gran catástrofe ecológica se cierne sobre la costa campechana, pues además de la presencia de empresas contaminantes y de la construcción de enormes barreras de piedra y hormigón (muelles de APICam y Montserrat) PEMEX ha previsto la intensificación de sus actividades de exploración y producción.
Sí están perforando: Uc Muñoz
El líder de la Asociación de Pescadores Libres exigió a autoridades de protección al ambiente hacer público el dictamen del estudio de impacto realizado a la empresa Monserrat que lleva a cabo obras en las costas de Seybaplaya, por el daño que reciente la actividad pesquera en la zona.
Al igual que el empresario José Francisco Kuc Cruz, de Seybaplaya, el líder champotonero declaró que PEMEX ya inició sus operaciones de perforaciones exploratorias, porque en las plataformas (GSP Orizont y la Nabors Rig 659) de Petróleos Mexicanos se nota mucha actividad y mucho personal.
Según el dirigente pesquero, se vienen problemas graves para los pescadores de Champotón, Seybaplaya y San Francisco de Campeche, pero desafortunadamente la mayoría de los dirigentes pesqueros y agrupaciones están más preocupadas en como sortear los problemas económicos, razón por la que lanzó un llamado a defender el ecosistema de la zona.
Consideró que con el inicio de las actividades de perforación también llegarán los derrames de crudo, así como el fenómeno de la inmigración de familias de otros municipios y Estados que demandarán vivienda y al no encontrarlos seguramente tendrán lugar problemas como las invasiones, tal y como ocurrió en el Municipio del Carmen.
Proyecto Campeche Oriente
Cabe mencionar que amén de las aseveraciones de los pescadores ribereños en el sentido de que se están realizando trabajos de perforación frente a las costas de Champotón, hasta el día de hoy PEMEX no ha confirmado la realización de tales actividades.
Sin embargo, lo que sí es cierto es la existencia del proyecto denominado Campeche Oriente, mismo que está ubicado en la Plataforma Continental del Golfo de México, frente a la costa del Estado de Campeche y colinda con los proyectos Campeche Poniente y Campeche Oriente Terciario (Oeste).
El proyecto cubre un área de 61,246 kilómetros y su objetivo es incorporar reservas de aceite pesado, ligero y gas con un volumen que varía de 1,936 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a 3,566 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Apenas el año pasado se anunció que la Entidad con la mayor inversión del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 será Campeche, con 569 mil 889 millones de pesos, de los cuales 98 por ciento será para proyectos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Entre inversión pública y privada la petrolera destinará 561 mil 975.2 millones de pesos a cuatro proyectos de explotación y extracción de hidrocarburos en dicha entidad: Campeche Oriente, Cantarell, Ek-Balam y Ku-Maloob-Zaap.
El objetivo de los proyectos es sostener o incrementar la produccio?n de hidrocarburos para garantizar la energi?a que el pai?s demanda.
El más importante en inversión es Ku-Maloob-Zaap, con 247 mil 945.5 millones de pesos. Este proyecto consiste en la operación y mantenimiento de puntos de extracción, perforación de pozos de desarrollo en aguas profundas y la construcción de infraestructura complementaria para el manejo de la producción de nuevos campos.
En segundo lugar está Cantarell, con 233 mil 179 millones de pesos, que contempla actividad de perforación en aguas profundas, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de nitrógeno y gas amargo y desarrollo de infraestructura de aprovechamiento de gas y deshidratación de crudo.
Los dos anteriores son los proyectos más ambiciosos en cuanto a monto de los 124 que desarrollará PEMEX en este sexenio. (Por Esto)
Decenas de personas se manifestaron la tarde de este sábado en calles del municipio de Tepatitlán de Morelos exigiendo la salida del ejército, luego del asesinato de dos jóvenes, mismo que se atribuye a soldados.
El viernes 29 de enero fueron localizados los cadáveres golpeados de
Abraham Rodríguez Martín y Enrique Machuca Martín, de 20 y 19 años, en el predio conocido como La Caseta, debido a que el propietario del inmueble escuchó los llamados de auxilio de un joven que sobrevivió al ataque.
La Fiscalía General del Estado inició investigaciones por el doble homicidio, pero entregó las actuaciones y peritajes a la Procuraduría General de la República delegación Jalisco debido a que se considera que hubo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional involucrados.
Las personas que marcharon este sábado por calles de Tepatitlán llevaban pancartas exigiendo justicia para los jóvenes asesinados y acusaban que los militares no les inspiran paz ni tranquilidad, sino temor.
A consecuencia de la “autonomía de gestión” por la Reforma Educativa hay cientos de pesos en deuda por energía eléctrica en diversas escuelas, evidencian
Integrantes de Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (MMCRE-CNTE) denunciaron el conflicto que existe por los pagos de energía eléctrica en escuelas del Estado de México a consecuencia de la Reforma Educativa.
En conferencia de prensa se dijo que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, “está más preocupado por su candidatura anticipada a la presidencia que por los problemas en las escuelas públicas”; no hay mejoras en los planteles, existen grupos sin maestro, en algunos planteles hay hasta dos subdirectores, plazas de orientadores sin cubrir, grupos saturados, directores comisionados (cumplen funciones que no les corresponde por un mismo sueldo), escuelas que tienen grandes adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la amenaza de despido por la Evaluación Educativa.
A consecuencia de la “autonomía de gestión”, propuesta por la Reforma Educativa, se están generando cobros de energía eléctrica y deudas acumuladas. A algunas escuelas se les ha demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR), que se ha encargado de “intimidar a los profesores y directores para que liquiden los pagos a la CFE”, llegando al ejercer cortes en el suministro eléctrico con consecuencias para los niños y jóvenes; se toman clases a obscuras y sin poder utilizar las computadoras que requieren para su desarrollo escolar.
Unos de los casos más graves son la escuelas “Jardín de Niños Durero” en Chimalhuacán y la “Telesecundaria Guadalupe Victoria” numero 433 en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.
“Eruviel se dice ser defensor de la educación pero ha dejado en el abandono a estas escuelas en zonas marginadas. Nos podemos atrever a decir que son alrededor del 60 o 70 por ciento de estas escuelas las que tienen deudas y conflictos. Tal parece que su última preocupación fundamental es la sucesión de gobernador y el querer ser el candidato de la República. También señalamos que hay un enorme gasto de publicidad junto con la visita del Papa al Estado de México, utilizando la estructura completa del gobierno para garantizar su visita; tal parece que le va dar la bendición para que sea el candidato a la nueva Presidencia”: César Hernández, integrante de Magisterio Mexiquense.
Se realizó un recuento de lo que ha implicado la Reforma Educativa para el caso del Estado de México y sobre la actuación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigida por Aurelio Nuño.
Informaron la detención y encarcelamiento de profesores que han optado por manifestar su inconformidad ante las políticas de este gobierno, en particular el caso del maestro Oscar Hernández Neri y el licenciado José Humberto Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa de la Vivienda Digna.
“Tenemos que crear un diálogo para la liberación de los presos políticos, particularmente en el Estado de México. Desde hace dos años tenemos encarcelado de manera injusta al profesor Oscar Hernández Neri, reclamamos su libertad inmediata. Tenemos que hacer que el estado nos vea y nos escuche ante su indiferencia, opacidad y corrupción permanente en el país”, argumenta el profesor Víctor Rodríguez.
Además, se anunció una jornada de lucha que se realizará en el marco de la movilización nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la “cerrazón” y falta de diálogo por parte del gobernador Eruviel Ávila y del presidente Enrique Peña Nieto.
Esta jornada de lucha inició el 5 de febrero con dos manifestaciones simultáneas, una que partió en la ciudad de Toluca, Estado de México, de las Torres Bicentenario al Palacio de Gobierno, y la segunda columna de manifestantes de los Pinos con dirección a la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México.
La siguiente movilización se realizara el 11 de febrero en el Estado de México, Municipio de Ecatepec, en vísperas de la llegada del Estado Vaticano a esta entidad.
Decenas de maestros se dieron cita en el exterior de la delegación de la Secretaría de Educación Pública y caminaron hasta el Congreso del Estado, el cual “clausuraron” en protesta por los efectos de la reforma educativa y aun en contra de las evaluaciones.
Rafael Montes, uno de los voceros del Magisterio Unido de Durango (MUD), advirtió que sus esfuerzos de lucha no han terminado, el fundamento en contra de la reforma educativa sigue y aun realizarán más marchas y movimientos.
Comentó que están en espera de que las cosas empeoren para los maestros, pues se teme que pasando las elecciones, las acciones en contra de la docencia se van a endurecer.
Al mediodía, después de una céntrica marcha, los maestros disidentes se apostaron en el exterior de la delegación de la SEP ubicada en la avenida 20 de noviembre y calle Zaragoza y de ahí caminaron a los arcos del edificio legislativo, donde colocaron un letrero de clausurado en las puertas del Congreso. Esta medida es simbólica y es porque nos traicionaron, anotó Rafael Montes.
