Integrantes de las Rondas Comunitarias resguardan este domingo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que participan en la tercera caravana al sur del país, en una caminata rumbo al acto de bienvenida de la comunidad y la casa de la familia del joven desaparecido originario de esta ciudad.
Antes de la movilización, las Rondas Comunitarias de Amilcingo, que son similares a las policías comunitarias, pidieron a policías federales, estatales y municipales que iban en seis patrullas que se retiraran porque en esta localidad nahua ellos se encargarían de la seguridad de la tercera caravana por la presentación de los 43 alumnos desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014.
Luego del retiro de los policías, a las 9 de la mañana, padres y alumnos de Ayotzinapa salieron de la normal rural Emiliano Zapata y entraron a la localidad que encabeza una lucha contra la instalación del gasoducto de una termoeléctrica mediante una Asamblea de Pueblos.
Amilcingo es la tierra natal de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, José Luis Luna Torres, y hasta las 11:30 de la mañana los padres continúan en la casa de su madre, Macedonia Torres.
El pasado miércoles 20 de enero, entraron en paro laboral alrededor de 500 trabajadores de la empresa de autobuses Dina, localizada en el corredor industrial de Ciudad Sahagún, Hidalgo para exigir su adhesión a una organización sindical que los represente y dé estabilidad laboral.
Otras de las demandas de los trabajadores es el aumento salarial y exigen el cese a los malos tratos por parte de la empresa, entre los que destacaron abusos laborales y sexuales.
“Hay mucha injusticia, mucho acoso laboral y en parte acoso a las compañeras, sexual, por la misma gente de confianza”, denunció Alfredo Yasenth Islas Vera, secretario general del Frente Minero de Dina Camiones.
Así mismo mencionaron que son obligados a trabajar más tiempo del establecido, esto sin que se presente una paga extra, además de recibir amenazas de pérdida de trabajo en caso de que no se apeguen lo que se impone.
Comentó que una de las inconformidades que los trabajadores tienen con Dina Camiones es el bajo salario que perciben que es de mil 100 pesos a la semana.
“Se nos hace muy poco tomando en cuenta las ganancias que tiene la empresa por la venta de camiones por lo que estamos exigiendo el pago de al menos mil 800 pesos a la semana”.
Ante esta situación, los empresarios solicitaron el resguardado por granaderos para impedir que los trabajadores regresaran.
Para la noche del 23 de enero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, desalojaron a los trabajadores de la empresa, donde los uniformados llegaron y golpearon a cuatro empleados, quienes posteriormente fueron detenidos.
Trabajadores indicaron que pese a que tenían una huelga pacífica, los granaderos arremetieron a macanazos contra los trabajadores, quienes decidieron retirarse.
Hasta el momento la empresa es resguardada por policías para evitar que los trabajadores regresen.
La empresa Dina cuenta con contratos millonarios con Colombia, Costa Rica y Nicaragua, siendo una de las empresas que obtuvo la mayor inversión en años anteriores.
Ahora fue en el cuarto de máquinas de la plataforma Zaap-E, en el principal complejo de producción de petróleo, el Ku-Maloob-Zaap, y Pemex da a conocer que no hubo lesionados, ni muertos.
Por Daniel Sánchez
CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 23 de enero del 2016.- Un nuevo accidente se registró en la Sonda de Campeche. Ahora fue una explosión en el cuarto de máquinas de la plataforma Zaap-E, en el principal complejo de producción de petróleo, el Ku-Maloob-Zaap.
La empresa Petróleos Mexicanos reportó el incendio como sofocado, pero no dio a conocer la hora en que se presentaron los hechos, y mencionó que ninguno de los 97 trabajadores de la estructura resultó lesionado o muerto, ya que se logró evacuarlos con oportunidad.
La compañía petrolera mexicana sólo informó del accidente a través de las redes sociales y manifestó que hasta la noche del sábado, “no se reportan lesionados por el incendio en la plataforma Zaap-E, el cual quedó ya sofocado”.
Manifestó que con el apoyo de tres embarcaciones, fueron desalojados 97 trabajadores que se encontraban en la Zaap-E.
Pemex señaló que “de inmediato, se activó el plan interno de respuesta a emergencias y llevó a cabo la evacuación de la plataforma”.
Aclaró que “la Zaap-E estaba en proceso de instalación, fuera de operación. No existe derrame ni fuga de hidrocarburos”.
El fuego, puntualizó, “se suscitó en cuarto de máquinas de la plataforma Zaap-E en la Sonda de Campeche”.
A través del video el usuario denuncia prepotencia y abuso de autoridad de la policía municipal.
Redacción Tabasco Hoy
El video de un supuesto operativo en contra de comerciantes ambulantes en Jalpa de Méndez circula en las redes sociales, y a través del cual el usuario denuncia prepotencia y abuso de autoridad.
“Violencia, abuso de poder y prepotencia de parte del presidente municipal de Jalpa de Méndez, Francisco Javier Cabrera Sandoval, en contra de vendedores ambulantes. Por favor ayuden a difundirlo, para que sepan como se comportan quienes están en el poder y que se creen con muchos derechos solo por tener un cargo político”, dice el post de denuncia a través de Facebook de Santa Jiménez.
En el video se aprecia cómo los policías municipales y alijadores desmantelan los puestos informales para subirlos con todo y mercancía a una camioneta.
Familiares de los 43 exigen al Gobierno la localización de los normalistas y el castigo a los culpables
GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2016).- La Caravana Norte de Padres y Padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desparecidos hace casi 16 meses (26 de septiembre de 2014) arribó a Guadalajara procedente de Coahuila, llegaron al Parque Ecológico en el Cerro de la Reina, en Tonalá, Jalisco y exigen al Gobierno Federal la localización de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.
Melitón Ortega, familiar del joven desaparecido Mauricio Ortega Valerio de 18 años, habló en nombre de los padres y afirmó que siguen firmes en la búsqueda de justicia, ya que van a seguir luchando hasta encontrar a los 43 estudiantes y que van a llegar hasta las últimas consecuencias.
“Nuestra postura es firme, ni un paso atrás, no creemos en las instituciones del Estado porque se demostró que de la hipótesis de Murillo Karam nada era cierto, por lo cual no hay credibilidad ni confianza, porque manipulan, por lo cual solamente creemos en la Unidad Especializada y en los expertos, el gobierno pone trabas para que el caso se prolongue y se olvide, pero no lo van a lograr”, afirmó Melitón Ortega.
Entre los obstáculos que dice la autoridad les han puesto son: las entrevistas con los integrantes del Ejército que participó en el caso no han declarado ante los expertos, solamente ante el Ministerio Público Federal; la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) sigue interviniendo con detenciones y la Unidad Especializada no es tomada en cuenta para llevar a cabo los procesos a los detenidos; los expedientes no se han liberado por parte de la SEIDO.
Los integrantes de la caravana invitaron a todas las organizaciones inconformes con lo que pasa en el país a que acudan durante los días 5 y 6 de febrero a la Ciudad de México y establecer acuerdos para definir las acciones a tomar.
Unas 200 personas estuvieron presentes en el lugar, entre estas, miembros de los sindicatos en Jalisco como la Sección II del Sindicato de Telefonistas, encabezados por el secretario Rubén Castro Medina, con quienes dialogaron sobre las problemáticas que aquejan a los trabajadores, así también afirmaron que van a encabezar una lucha para salvar el Cerro de la Reina y que no se edifique nada que afecte el entorno natural del lugar.
Blanca Luz Nava Vélez, mamá de Jorge Álvarez estudiante desaparecido, afirmó que llegarán hasta las últimas consecuencias para encontrar a los 43 desaparecidos.
El lunes tendrán un encuentro con estudiantes y distintas organizaciones en Escuela Rural de de Atequiza y después partirán rumbo a Colima y finalizará su recorrido en Michoacán.
EL DATO
El contingente no sabe si buscará hablar con el Papa Francisco, pero manifestó que de intentar el diálogo sería una forma de decirle al mundo lo que está pasando en el país, que el caso de Ayotzinapa sigue y que es una muestra de los miles de desaparecidos que hay en el país.
Pese a los sellos de clausura temporal colocados por Protección Civil de Amatlán, la Recicladora de Hidrocarburos ubicada en Paraje Nuevo sigue operando, por lo que este lunes, vecinos inconformes acudirán al Ayuntamiento para exigir que la industria pare labores ante el temor a que se registre alguna explosión y otro daño.
Aunque no se ha violentado ninguno de los sellos colocados por Protección Civil Municipal, los habitantes exigieron que se castigue a la industria por no acatar la clausura temporal, pues aunque no recibieron pipas siguen trabajando al parecer con materiales que ya tenían almacenados.
Por ello este lunes acudirán ante las autoridades municipales, además buscarán presionar a la PROFEPA, la Secretaria de Salud y demás dependencias para que verifiquen las condiciones en las que opera la industria y procedan a su clausura.
Los habitantes permanecen en plantón frente a la recicladora desde donde vigilan que no ingresen pipas que transportan hidrocarburos para que la fábrica produzca.
Recriminaron que aun cuando los sellos fueron colocados desde el sábado por la tarde la industria no haya interrumpido sus labores ni un solo momento, y por ende persiste la contaminación y el riesgo de algún accidente mayor.
Aunque los manglares son capaces de adaptarse a distintos grados de salinidad, en dos comunidades de Huimanguillo, este ecosistema ha sido arrasado por el descuido de Petróleos Mexicanos en el aseguramiento de sus ductos “fuera de línea”. Y con esta devastación, destruidas cientos de especies.
Una amplia zona de este bioma localizadas en La Cangrejera y Aquiles Serdán, son el vertedero de petróleo crudo, a causa de la ruptura de un oleoduto de Pemex, presuntamente en desuso y esto mantiene en peligro de extinción los bosques, sin que ninguna autoridad intervenga.
“Esto es irreversible, el árbol de mangle tiene la particularidad de resistir la conjunción de agua salada y dulce, pero definitivamente no tiene la capacidad de aguantar una capa de más de medio metro de profundo de hidrocarburos”, expuso Jesús Flores Córdova, uno de los afectados con el derrame que contaminó diez hectáreas de pasturas.
Se puede observar que, luego que el mangle fue cubierto con el hidrocarburo, algunas personas ingresan a las áreas contaminadas cortando los palos de mangle para usarlos como leña, “total ya están muertos”, según dicen.
Exigen a la ASEA multar a Pemex
A cinco meses de haberse presentado la denuncia ante la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por la aniquilación de 21 mil hectáreas de cultivos a causa de 136 derrames de hidrocarburos, la dependencia aún no ha intervenido y las afectaciones continúan en Cárdenas y Huimanguillo.
Los derrames de hidrocarburo originados por fisuras en los ductos, no paran, afirmó el presidente de la Unión de Productores, Hugo Cuba Gutiérrez.
(Con información de Abel González Suárez).
Oaxaca.- En menos de 24 horas asesinaron a otro comunicador en Oaxaca, ahora fue el locutor de la radio comunitaria “Manantial” de Santiago Laollaga, Reynel Martínez Cerqueda, quien fue ejecutado cuando viajaba en un mototaxi.
El cuerpo de Reynel, de 43 años de edad, fue localizado en el tramo carretero Santiago Laollaga-Magdalena Tlacotepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, en el interior del mototaxi del grupo Onza -número económico 11- con placas PS-3MX, lugar que fue acordonado por las autoridades ministeriales.
Mientras que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizan las indagatorias correspondientes, el cuerpo del locutor fue trasladado a Ciudad Ixtepec para la necropsia de ley.
Trascendió que Reynel Martínez Cerqueda se desempeñaba como locutor de la radio Comunitaria “Manantial” en Santiago Laollaga donde conducía tres programas de música: ‘Tropicaleando’, ‘Las Más Sonadas’ y ‘De Todo un Poco’.
#Zanatepec 23 ene #istmopress.- Unos 500 usuarios de la zona oriente del istmo firmaron un oficio dirigido al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región, para manifestar su inconformidad por las altas tarifas del servicio, específicamente en el bimestre noviembre – diciembre de 2015.
Los firmantes expresaron que no pagarán el servicio hasta que se logre un acuerdo con la paraestatal a cargo de Zaidel López Cruz, jefe del departamento comercial de la CFE en la región.
Asimismo convocaron a los habitantes de los pueblos del oriente del Istmo de Tehuantepec a no pagar el recibo de luz hasta que exista respuesta al oficio, para el cual se continúan recabando firmas en la plaza central de Zanatepec.
Este acuerdo fue tomado el pasado viernes 15 de enero, después de manifestarse pacíficamente ante las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Zanatepec.
Entre las inconformidades se destaca además del cobro doble o triple de la tarifa, la mala atención en las oficinas, la falta de personal en la zona y falta de información visible de las tarifas.
Asimismo exigieron una “explicación o justificación “a la alza de la tarifa en el bimestre mencionado, debido a que dicho incremento afecta directamente a la economía de las familias de esta parte de la región del istmo.
Cabe destacar que existe incertidumbre por parte de los colonos si la CFE otorgará tarifas preferenciales en algunos municipios, mientras que en otros aumente los costos.
La Guardia Tradicional existe en la zona desde 1970, tiene el reconocimiento de la comunidad, y en esta ocasión, sirvió para frenar el proyecto que no tenía la licencia social
Tomado de: Al Momento Noticias
Dia de publicación: 2016-01-22
SONORA, 21 de enero (Al Momento Noticias).- El Proyecto Tiburón agua y energía asedia la costa oeste de Sonora. En el extremo costeño que queda casi a la misma altura de la península que es Baja California. Dos comunidades pueblan la región Comcáac: Punta Chueca más al sur y Desemboque al norte.
Ya tenían experiencia. “Están queriendo entrar en el territorio, pero nosotros estamos en pie para impedirlo.” Si en este momento no hay ninguna minera trabajando en la zona, es porque la gente del lugar así lo decidió.
El último caso fue con una empresa junior (pequeña escala) de capitales sonorenses, que estaban en la etapa de exploración del terreno pero, empezaron a abrir caminos en los cerros sin consultar a la gente.
Nunca hubo reunión ni asamblea. “Cuando nos dimos cuenta, llevaban 5 meses en el territorio”, explican desde el grupo de jóvenes “Defensores del territorio Comcaác”. Era septiembre de 2014.
Ante la evidencia del saqueo, los inquietos habitantes más jóvenes empezaron a moverse para informar que “las cosas no estaban bien hechas”. “La empresa había acordado con una sola familia de Punta Chueca y se amparaban en eso para entrar al territorio. Los demás no estábamos de acuerdo. Convocaron una asamblea. Los representantes de la empresa llegaron armados a esa primera reunión.
“Llegaron queriendo sobornar a una buena parte del grupo de jóvenes, que el dinero nos podía servir para que estudiáramos y saliéramos adelante, nos decían. Pero nosotros ya tenemos estudios y aunque no los tuviéramos, la gente de nuestro pueblo no acepta ese tipo de cosas”
Sí convencieron a dos referentes de la comunidad, de esos que tienen peso en las opiniones, y para ellos el grupo de jóvenes de la localidad, el trabajo se complicó. “No nos querían escuchar después, pero el tiempo pasó y las maravillas de las que hablaban en sus promesas no pasaron”
Como habían entrado sin acuerdo de la comunidad ni la aprobación de asamblea, se logró para el trabajo por medio de la Guardia Tradicional de la comunidad”
La Guardia Tradicional existe en la zona desde 1970, tiene el reconocimiento de la comunidad, y en esta ocasión, sirvió para frenar el proyecto que no tenía la licencia social que requiere explotar los bienes naturales de una comunidad equis.
“No han regresado desde que la Guardia Tradicional empezó a decomisarles el material que sacaban y luego a confiscarles la maquinaria. Mantienen desde entonces el sitio resguardado.”
Amenaza externa
Una alerta y un problema quedaron instalados después de eso en la comunidad sonorense.
El alerta, fue la llegada del proyecto tiburón, que debería catalogárselo como un multi mega proyecto: proyecta construir una planta desalinizadora de agua, un proyecto de energía mareomotriz (que se obtiene aprovechando las mareas), además de una explotación minera en la Isla de Tiburón y un proyecto turístico.
“Nos enteramos en mayo del año pasado de que había un proyecto para esta zona, pero fue gracias a un vecino que está en Estados Unidos y él, como está en contacto con universidades de allá, nos envió el informe que la empresa hizo”
El Proyecto Tiburón, hasta donde los vecinos pudieron averiguar, pretende instalar la desalinizadora en el canal (o estrecho) del infiernillo – entre el continente y la isla Tiburón – , las turbinas generadoras de energía mareomotriz en la boca del canal, y en la isla, el proyecto turístico.
Atrás quedarían, por ejemplo, la plena subsistencia de las dos comunidades de la región ComCáac, basada en la cacería que practican, precisamente, en la isla que quedaría dividida del continente. “Es de la isla de dónde salen los recursos para la comunidad”
Cuando empezaron a preguntar entre los comuneros, sí les habían presentado un proyecto, pero nada que ver con ese, sino que la empresa se había limitado a platicarles sobre la instalación de un arrecife de coral en el canal. Nada más lejos.
Hasta donde saben, la empresa que se da a conocer con el nombre fantasía de Tiburón, agua y energía, está compuesta por capitales sonorenses y estadounidenses y que también han metido la cuchara en la cuestión empresarios mineros de la zona de Chihuahua.
Amenaza interna
El problema que quedó instalado (o evidenciado) tras la primera lucha antiminera y que se acentúa con la llegada del monstruoso “Tiburón agua y energía” es la falta de confianza que hay en la comunidad a las autoridades tradicionales.
“No están funcionando como deberían, están haciendo cosas que afectan a la comunidad. El presidente de Bienes Comunales viene haciendo un mal manejo de los recursos que surgen de las tierras comunales y en la zona hay mucha necesidad, ya hace más de un año que hay zonas enteras que viven sin agua potable.”
El presidente comunal simplemente dejó de pagar y la cortaron. No sólo desvió fondos comunitarios a vaya a saber uno dónde, sino que mira con simpatía la instalación de estos proyectos, que la comunidad rechaza.
La solución, a pesar de que la autoridad sea elegida internamente, está afuera. Y este jueves 21, tiene un round importante.
Para que las autoridades comunales puedan ser reemplazadas, la Procuraduría Agraria del estado debe habilitar la realización de una asamblea extraordinaria.
“Llevamos el pedido de remoción en Agosto pasado, pero nos dieron largas. Nos exigían un padrón actualizado de comuneros, cuando eso es algo que ellos tienen disponible. Nos dijeron que el proceso estaba mal hecho pero no nos dijeron por qué, no nos dieron argumentos.”
El 11 de enero último, hace menos de diez días, ingresaron el segundo pedido en la Procuraduría Agraria para que las autoridades comunales sean reemplazadas, interinamente durante un año, hasta que sea nuevamente el plazo de que la comunidad elija según sus usos y costumbres.
La decisión la toman este jueves 21 y la comunidad espera que de una vez, la burocracia externa, que no conoce las dificultades que están pasando desde hace buen tiempo, habilite lo que la comunidad exige.
Apizaco, Tlax; a 22 de febrero de 2016: Sobreviviente del ataque armado que ocurrió en las inmediaciones de La Magdalena Soltepec, del municipio de Tlaxco, confirma que efectivamente “fueron los garroteros que resguardan los trenes de la empresa Ferrosur, quienes sin provocación alguna nos atacaron a balzos con intención de matarnos”.
Agrego que es cierto que “nos cazan como animales, porque su actitud era de la asesinarnos, ya que ni viajábamos a bordo del tren, ni mucho menos queríamos robarnos la carga, lo que queríamos en ese momento era abordar el. tren para seguir el viaje a la frontera con los Estados Unidos”.
EL ORIGEN
Cristian Alexis Baños Mezquita es un joven de 19 años que proviene de El Salvador, es un inmigrante que en su país dejó atrás madre, hermanos y una compañera.
Indica que las condiciones en su patria son muy duras, no hay trabajo, hay mucha violencia y no hay otra alternativa más que seguir a los que ya se fueron al “gabacho”, dice que allá tiene familia y conocidos.
Por eso se dirige a la ciudad de Nueva York, en un viaje que inició el 4 de enero.
Él y sus compañeros han sufrido ataques, provenientes incluso de los “maras” que los asaltan y los policías que les quitan sus cosas y les piden dinero, durante el trayecto de su viaje por el sureste del país.
Reconoce que al pasar de Veracruz e internarse a Tlaxcala, el clima es muy diferente, “el frío no se aguanta, el cuerpo se congela y todos sufrimos porque el frío es insoportable, nos entume el cuerpo y dificulta moverse por el tren “La Bestia”
EL ATAQUE
Relata que él y doce compañeros más se encontraban cenando y descansando en un cuarto abandonado en la estación que sabe se llama “La Magdalena”, mientras esperaban el tren; justo a las 12 de la noche, el tren paró donde ellos estaban y unos guardias se bajaron de los vagones, dirigiéndose hacia ellos.
Cuando se acercaron, casi cerca de 40 metros, los guardias comenzaron a dispararles, ellos tenían fogatas para cocinar su comida; les dispararon con silenciadores, porque según relata el testigo, no se escuchaban los balazos.
Cuando escucharon los zumbidos se echaron a correr todos, al testigo le dispararon en la pie izquierdo, justo cuando comenzaron a correr.
Él al ser herido no pudo continuar y decidió esconderse en tierras de labor, colocándose zacate encima hasta cubrir su cuerpo, lo cual le salvó la vida.
Aún con la herida sangrando, pudo correr para esconderse, ya que entre guardias se decían entre ellos que habría que matar a todos.
UN MUERTO QUE NO APARECE
Entre la lluvia de balas, uno de sus compañeros se perdió y estaba vivo la última vez que el testigo lo vio; cuando los guardias se retiraron todos los que estaban escondidos salieron y asistieron a su compañero herido en un pie, llevándolo al poblado más cercano.
Lo tuvieron que trasladar cargándolo en hombros y casi desvanecido por el dolor; la bala lo atravesó además de que dejaba un reguero de sangre.
.Cabe destacar que un hecho importante fue que en la zona apareció muerto uno de los garroteros, o vigilantes de Ferrosur y los testigos dicen que pudieron haber sido entre ellos mismos.
El testigo afirma que venían de paso y no tuvieron nada que ver, dice que se dio cuenta mientras estuvo en el hospital, ya que lo estuvo custodiando un guardia.
Dice que todos aclararon lo sucedido ante el ministerio público, ya que ellos no tuvieron nada que ver con el incidente.
“Lo del garrotero fue un hecho aislado, fue algo que no tuvo que ver con el ataque de los migrantes y se piensa que pudo haber sido entre los mismos garroteros”, tal vez porque se negó a disparar.
POR LA VISA HUMANITARIA
Mientras, al testigo le están tramitando una visa humanitaria, Cristian aún no sabe que podría hacer si le dan su visa, aunque piensa poder trabajar en México siempre y cuando se recupere.
La herida que recibió le dejó mucho dolor.
Si le dan su visa podría continuar con su viaje a Estados Unidos porque la vida en su país es muy dura, existe mucha delincuencia y poco trabajo, él llegó al grado séptimo del cual para terminar su preparación son nueve años para posteriormente ingresar al bachillerato.
Luego del ataque dice que tiene pesadillas, no puede dormir bien y de sus compañeros de aventura, dice que ya están en la frontera, apunto de cruzar para alcanzar su sueño, el otrora dorado “Sueño Americano”.
TLAXCALA FOCO OJO EN LA RUTA DE LA MUERTE
Por su parte el sacerdote Elías Dávila Espinoza responsable del albergue de migrantes “La Sagrada Familia”, señaló ante medios de comunicación que el estado de Tlaxcala se ha convertido en un paso “peligroso” para los indocumentados, lo anterior tras la muerte a balazos de un viajero centroamericano y dos heridos, presuntamente por los llamados garroteros.
Hizo un llamado al gobernador de Tlaxcala Mariano González Zarur, para que garantice el libre tránsito en la entidad, principalmente en los municipios donde el tren hace escalas hasta la estación del ferrocarril ubicada en Apizaco.
“Yo hago un llamado aquí a las autoridades aquí en Tlaxcala para que se investigue este crimen, que no quede impune que reine la justicia y reine la verdad y donde pues el migrante incluso transite libremente que es un derecho fundamental, el libre tránsito y cuando ya alguien es agredido la forma de como se hizo”, puntualizó.
Atotonilco de Tula.- El pasado miércoles pasado el medio día, comuneros de por lo menos cuatro ejidos ubicados en territorio de la demarcación, se manifestaron e impidieron las labores de trabajo en la obra federal del gasoducto ramal Tula de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desarrollado en la comunidad de Zacamulpa.
El bloqueo a los trabajos en ejecución, se dio por dos factores: la tala indiscriminada que está efectuando la empresa Cocomex, que tiene a cargo la obra y que la misma compañía no emplean a gente originaria de Atotonilco, como previamente se acordó.
En entrevista los inconformes dijeron pertenecer a los ejidos de Atotonilco; Ocampo; Conejos y Cañada, y reiteraron el reproche de que no se les empleé para ejecutar la obra, cuando se supone que ya había un compromiso previo para que así fuera, “a cambio de permitirles que pasaran por nuestros ejidos se les condicionó a que sólo contratarán atotonilquenses, y hacen todo lo contrario… traen a gente de fuera”, denunciaron.
En tal sentido indicaron que tal situación los tiene totalmente inconformes y que eso fue lo que les obligó a manifestarse, sobre todo tomando en cuenta que en algunas zonas de la demarcación, la pobreza llega a ser extrema.
Asimismo acusaron que las constructoras están arrasando con toda la flora que encuentran a su paso, “con árboles, nopales, magueyes y cactáceas, cuando algunas de estas especies están protegidas”, finalizaron.
La manifestación del pasado miércoles finalizó sin que los disidentes fueran atendidos por Cocomex, por lo que no descartaron que en posteriores días se pudieran dar más acciones de apremio contra los trabajos del gasoducto.
(22 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Por defender los bosques y denunciar la tala ilegal de los mismos, Ildefonso Zamora ha tenido que soportar el asesinato de uno de sus hijos, perder la libertad y que ahora su vida penda de un hilo pues en el Penal de Tenancingo -en el que se encuentra preso tras haber sido acusado de robo con violencia- es muy precaria la higiene, carece de una buena alimentación y de la atención médica necesaria para tratar la diabetes que padece.
Su familia y otros pobladores de San Juan Atzingo, comunidad indígena ubicada en el Estado de México, denunciaron que la detención de Zamora se ejecutó sin orden de aprehensión y transgrediendo su derecho a una defensa adecuada, por lo que estaría viciada de origen; además, acusan a las autoridades mexiquenses de falsificar pruebas para retenerlo en prisión.
La lucha que los Zamora mantienen por la preservación de los bosques data de hace décadas, pero se hizo más visible en 2005, cuando la comunidad indígena perteneciente al municipio de Ocuilan y miembros de la organización Greenpeace, realizaron una expedición por las zonas afectadas por el daño ambiental y la sobreexplotación de agua en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Ildefonso Zamora fue uno de los participantes. Junto con sus hijos Aldo y Misael, además del respaldo de otros defensores, denunció en varias ocasiones la problemática que persistía en su comunidad y señaló públicamente a los talamontes que operaban en Atzingo; cada que había renovación de los gobiernos locales y del estatal, el grupo de defensores escribía a las nuevas autoridades para enterarlas de la situación, pero ninguna los escuchó, incluyendo la encabezada por Peña Nieto.
En diciembre de 2005 –a pocos meses de que EPN asumiera la administración de la entidad- Ildefonso Zamora, en su carácter de Presidente de Bienes Comunales de San Juan Atzingo y otros comuneros, presentó una denuncia penal contra los talamontes de quienes tenía videos y fotografías en flagrancia. Los comuneros comenzaron a recibir amenazas, hostigamiento y ataques.
En abril de 2006, Greenpeace denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que bandas de talamontes estaban acabando con los bosques de San Juan Atzingo y exigió su inmediata intervención; sin embargo, en noviembre de 2006, el Ministerio Público solicitó 57 órdenes de aprehensión contra los probables delincuentes, pero el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del estado de México, Gerardo Eduardo García Anzures, las negó bajo el argumento de que no había elementos que constituyeran un delito.
El 15 de mayo de 2007, la organización ambientalista denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) la tala ilegal de los recursos forestales del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y Huiztilac, en Morelos, por lo que se levantó la averiguación previa 82/UEIDAPLE/DA/22/2007.
Ese mismo día, Aldo Zamora, hijo de Ildefonso, fue asesinado por los talamontes y su hermano, Misael, resultó herido.
Ildefonso señaló públicamente a los talamontes que operaban en la sierra de Zempoala como los responsables del asesinato de su hijo y las autoridades mexiquenses fueron obligadas a brindarle seguridad personal a él y a su familia.
Casi tres meses después del asesinato de Aldo, la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que dos de los homicidas -Fernando y Silvestre Jacinto Medina- habían sido detenidos en el municipio de Ocuilan.
Greenpeace y otras organizaciones exigieron a las autoridades locales garantizar la integridad de la familia Zamora, al considerar que las detenciones la ponían en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que otros de los involucrados en las agresiones -que ya han sido identificados plenamente- permanecían prófugos.
En julio de ese mismo año, Felipe Calderón se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias en el caso del asesinato de Aldo; sin embargo, apenas seis meses después, a través de una carta, la presidencia informó a Ildefonso que el caso era competencia del gobierno de Peña Nieto y se deslindó.
Después de casi nueve años del asesinato de Aldo -que todavía continúa si ser completamente resuelto- Ildefonso fue aprehendido y trasladado al mismo penal en que se encontraban los sujetos señalados como asesinos de su hijo, por lo que Zamora hizo público que temía por su vida. Tras la presión realizada por diversas organizaciones, los involucrados en el asesinato fueron trasladados de prisión, pero el temor a las represalias continúa presentes.
Explotación y muerte
Greenpeace estima que 70% del mercado nacional de madera es de procedencia ilegal, lo que sitúa a la tala inmoderada de bosques como una de las principales causas de deforestación, lo que además, perjudica la capacidad de los bosques de recargar los acuíferos de la zona, provocando que se incremente la erosión del suelo y pone en riesgo la riqueza biológica que albergan.
En el estado de México, existen varias zonas boscosas afectadas por la tala indiscriminada de árboles, entre ellas: la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, la Cuenca Hidrológica Valle de Bravo-Amanalco, el corredor biológico Chichinautzin-La Marquesa, el Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Nevado de Toluca.
También son talados de manera ilegal los bosques de San Juan Atzingo, que forman parte del Gran Bosque de Agua, así como zonas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Desde 1998, grupos de taladores han deforestado al menos 250 hectáreas.
El Gran Bosque de Agua, ubicado en el estado de México y Morelos, alberga al 2% de la biodiversidad del mundo y brinda tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México y que abastece a los ríos Lerma y Balsas.
Sin embargo, la tala ilegal y el crecimiento urbano, entre otras actividades, están ocasionando que este bosque desaparezca a un ritmo de nueve campos de fútbol por día; de acuerdo con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año se pierden 2 mil 400 hectáreas de este bosque, lo que puede llevar a su total desaparición en los próximos 50 años.
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
Información actualizada sobre el WalMart que se construye en el campo ex pumitas.
Derribo de árboles y afectaciones a áreas verdes.
De acuerdo al Dictamen de Daño Ambiental y la Autorización de Impacto Ambiental, expedidos para la obra, fueron derribados más de 300 árboles para la construcción de una tienda WalMart en el campo ex pumitas. 275 fueron derribados sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental. Por otra parte, de acuerdo a los documentos expedidos por la Secretaría del Medio Ambiente del D.F. se afectaron 1,409 metros cuadrados de áreas verdes.
Mecánica de suelo.
En los mismos documentos se hace mención del riesgo que conlleva la obra ya que el terreno está sometido a una deformación constante y gradual debido al fenómeno de hundimientos regionales.
Agua
Se estima un consumo de agua potable equivalente a 142,872.00 L/día (ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y dos litros por día). En la Autorización se dice que se requiere una instalación hidráulica conformada por una cisterna con una capacidad de almacenamiento de 429.86 metros cuadrados.
Esto es contrario al propio plano de factibilidades de SACMEX en el que se puede apreciar la precaria situación para el suministro de agua potable en toda la delegación. El terreno del WalMart se encuentra en el área de “ninguna vivienda o con reforzamientos muy caros”.
Xochimilco. Factibilidades
Cambio de uso de suelo.
El aprovechamiento de uso de suelo que le corresponde a la mitad del área donde se pretende construir la plaza comercial es H 2/40/R/500, es decir, se trata de un aprovechamiento de tipo habitacional, por lo cual no está permitido realizar una plaza comercial en esa zona.
Uso de suelo. WalMart XochimilcoLos círculos marcan la zona a la que le es aplicable el polígono de actuación por cooperación.
Al resto del proyecto le corresponde un uso de suelo de actuación por cooperación (PA II)
Polígono de actuación.Captura de pantalla del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
La Secretaría de Desarrollo Urbano otorgó un ilegal cambio de uso de suelo para convertir el terreno en Centro de Barrio, con el permiso para edificar centros comerciales y tiendas departamentales.
El secretario de Gobernación encabezó ayer en esa ciudad la reunión del gabinete federal de seguridad. Dice que el secretario de Seguridad de Acapulco, Francisco Sandoval, presentó un título apócrifo para acceder al cargo y se niega a certificarse. En Teloloapan, Zitlala y Chilapa habrá un reforzamiento de la vigilancia. Serán contratados más policías estatales y serán capacitados por el Ejército.
El gabinete de seguridad nacional, que sesionó ayer en Chilapa y por tercera ocasión en Guerrero encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que se enviarán más militares a los municipios de Teloloapan, Zitlala y Chilapa para reforzar la seguridad.
Además, anunció que en Chilapa se construirá un cuartel del Ejército para que exista presencia permanente de las fuerzas castrenses.
Osorio Chong manifestó también que impulsar la Policía Estatal Única servirá para que no existan mandos policiacos como el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Francisco Sandoval Vázquez, de quien dijo presentó un título apócrifo y se ha negado a certificarse.
Se informó también que se emitirá una convocatoria para contratar más policías en el estado y que serán capacitados por el Ejército.
Este jueves el gabinete de seguridad nacional sesionó en el restaurante Casa Pilla, que se encuentra en el centro de Chilapa.
La reunión fue encabezada por Osorio Chong y el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Asistieron también el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; el de la Marina, Vidal Francisco Soberón; la procuradora Arely Gómez, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Del encuentro fue sacado el alcalde de ese municipio, el priista Jesús Parra García, quien había entrado al restaurante pero minutos después abandonó el lugar a petición de las autoridades federales.
En la última reunión del gabinete de seguridad en Guerrero, el 9 de diciembre pasado en un salón del Grand Hotel de Acapulco, Osorio Chong adelantó que el grupo estaría cada mes en el estado para evaluar y corregir las estrategias.
Y en su reciente visita al puerto el 12 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a revertir la inseguridad en el estado y ratificó que el gabinete se reuniría “con las autoridades locales al menos una vez cada mes” para hacer un balance en las distintas regiones.
La sesión de ayer comenzó aproximadamente a la 1:30 de la tarde y concluyó hora y media después.
No hubo acceso a reporteros y sólo se permitió la entrada por unos minutos a los fotógrafos de prensa.
Estrategia como en Michoacán y Tamaulipas
Al concluir, todo el gabinete de seguridad nacional, encabezado por Osorio Chong y el gobernador, dieron una conferencia de prensa de poco más de 18 minutos en los que informaron de los acuerdos que asumieron en el encuentro.
A modo de introducción, Astudillo Flores recordó que era la tercera ocasión que el gabinete de seguridad nacional sesionaba en Guerrero y la cuarta en la que las autoridades federales se reunían para analizar la situación de Guerrero.
Después, el secretario de Gobernación informó que la estrategia de seguridad en el estado es similar a lo que se hizo en Michoacán y Tamaulipas, estados afectados por el crimen organizado y donde también se realizaban reuniones regionales.
Aunque aclaró que las medidas de seguridad son para las siete regiones de la entidad, dijo que ayer se trató de manera particular el caso de Zitlala, Chilapa y Teloloapan, municipios a los que, anunció, serán enviados más militares.
Comentó que no se ha pedido la salida de las fuerzas federales de estos municipios y por el contrario, la petición de comisarios, alcaldes y ciudadanos ha sido el reforzamiento de la seguridad, y mostró oficios en los que presuntamente había firmas en las que diferentes sectores solicitaban más apoyo a la federación.
En el caso de Chilapa indicó que se construirá un cuartel militar para que haya presencia permanente del Ejército en este lugar y los municipios que lo rodean, como Zitlala.
Especificó que la construcción de este cuartel se realizará con dinero del gobierno federal y del estado.
Adelantó que el gobierno del estado emitirá una convocatoria para contratar más policías que serán capacitados por el Ejército, “para que sean policías con capacidades para resguardar a la población, esto se hará prácticamente ya, es un muy buen anuncio, habrá la preparación que requiere el reto de Guerrero”.
Menos secuestros en 2015
En su intervención, el secretario de Gobernación reiteró que desde hace tres años, pero principalmente en el 2015, los delitos en Guerrero disminuyeron, sobre todo el secuestro que, aseguró, se redujo en un 30 por ciento en comparación con el 2014.
“Se está fortaleciendo la agencia antisecuestros y hay el compromiso de atenderlo, en segundo lugar el saldo, que aunque ya se dijo hay que repetirlo, en el periodo vacacional (de diciembre), no sólo en Acapulco fue positivo respecto a que no sucedieron situaciones que lastimaran o ahuyentaran a turistas nacionales o internacionales”, expresó.
Indicó que los buenos resultados en las vacaciones decembrinas no son producto sólo del operativo que se implementó para atender ese periodo, sino a que hay presencia permanente de las fuerzas federales.
“Se apoya no sólo la Costera, sino las zonas altas donde se han disminuido los homicidios, se sigue apoyando para dar las facilidades y protección a estudiantes para ir a clases y no solamente se hace en Aca-pulco, también en muchos municipios del estado donde hubo amenazas o donde se solicitó la presencia por parte de maestros”, explicó.
De los homicidios comentó que también se han reducido, y recordó que en el 2012 fueron asesinadas 2 mil personas, un año después hubo 800 víctimas menos, mientras que en el 2014 la cifra se redujo a mil 200 homicidios relacionados con la delincuencia organizada.
En la conferencia de prensa sólo se permitieron cuatro preguntas de al secretario de Gobernación.
La primera fue respecto a las acciones emprendidas por el gobierno federal para atender a las familias de las personas que desaparecieron en Chilapa en mayo del año pasado, tras la irrupción de hombres armados en la cabecera.
Al respecto el funcionario federal comentó que el gobierno del estado está brindando la atención a los familiares de las víctimas y dijo que concluyendo la conferencia el gabinete de seguridad nacional se reuniría con ellos para “enfrentar las dificultades y ver cómo encontramos una solución, vamos a mostrar todo el respaldo y todo el apoyo para saber qué sucedió”.
Otro reportero le preguntó sobre la Policía Única Estatal y la desconfianza que habían manifestado algunos alcaldes, como el de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, al Mando Único y que ha motivado críticas de otros partidos como Movimiento Ciudadano.
Al respecto indicó que los gobernadores que impulsarán la creación de esa nueva corporación cuentan con todo el respaldo del gobierno federal; además dijo que con la creación de la policía única estatal se pasará de mil 800 cuerpos de seguridad a uno solo por estado.
“Es pasar de mil 800 corporaciones dispersas, no siempre capacitadas, no siempre respetándose los controles de confianza, algunos casos detectados que no pasaron y siguen en su función, hay muchos factores por lo que creemos necesaria la policía única”, dijo.
Aseguró que la mayoría de los alcaldes en Guerrero apoyan la Policía Estatal Única.
Defiende la policía estatal única
Osorio manifestó también que impulsar la Policía Estatal Única servirá para que no existan mandos como el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Francisco Sandoval Vázquez, de quien dijo que presentó un título apócrifo y se ha negado a certificarse.
Además informó que se emitirá una convocatoria para contratar más policías en el estado y que serán capacitados por el Ejército, a fin de que cuenten con el perfil y la preparación adecuada.
Comentó que el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Francisco Sandoval Vázquez, se ha negado a certificarse, e incluso que para ocupar el cargo que actualmente ejerce presentó una certificación que se le realizó cuando era “el segundo al mando”.
“Si me refiere a Acapulco, es el mejor ejemplo para decirles lo que puede suceder, hay un secretario de seguridad municipal que no se ha presentado a hacer ningún control de confianza, se presenta a pedir ser el mando a partir de un examen que se le hizo en otro encargo”, precisó.
Dijo que todos los que están al frente de las direcciones y secretarías de seguridad deben certificarse, e incluso se les da la oportunidad de ir a Puebla a una escuela de mandos para hacerlo, pero comentó que Sandoval Vázquez se ha negado.
“El propio secretario de seguridad de este municipio fue y presentó un título apócrifo, y entonces la policía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal le manifestó que quedaba sin efecto el control de confianza que presentó y que se le practicó cuando estaba de segundo al mando en Acapulco, eso es lo que queremos evitar, queremos mejores controles y queremos que tengan mayor proximidad con la población”, dijo.
De la situación en Tierra Ca-liente, principalmente en Arcelia y Ajuchitlán, municipios en los que se registraron por lo menos 30 secuestros en los últimos días, el funcionario dijo que aunque en su intervención se enfocó solamente en Zitlala, Teloloapan y Chilapa, la estrategia incluye también esa región.
La última pregunta fue sobre la autodefensa que surgió en el municipio de Teloloapan para combatir la ola de violencia y de la nota que se publicó en el periódico Milenio ayer, en la que se informaba que empresarios de Chilpancingo se armaron desde diciembre de 2015.
Osorio Chong dijo que existe un marco legal para estos grupos que ya es analizado por las autoridades. Expresó que la ley “si bien permite este tipo de organizaciones también limita su campo de actuación”.
Además aseguró que las autoridades harán su trabajo para que la población no tenga que recurrir a este tipo de medidas.
De la situación que enfrentan los empresarios capitalinos, dijo que la ley permite a los ciudadanos protegerse, pero advirtió que no se permitirá la portación de armas de fuego en la vía pública.
Astudillo explica su reunión con diplomáticos de EU.
Por su parte, el gobernador Astudillo informó de su reunión del miércoles con diplomáticos de Estados Uni-dos, luego de la alerta que emitió ese país para que sus ciudadanos eviten viajar por carretera a Guerrero.
“Fue una reunión interesante, tuvimos una amplia conversación, en términos de conversación y no de explicación, de todo lo que se ha hecho y sucedido”, dijo.
Indicó que la reunión que sostuvo con representantes del gobierno de Estados Unidos sirvió para explicarles lo que se está haciendo en materia de seguridad pública, pero negó que con eso rindiera cuentas a los diplomáticos de Washington.
Este miércoles, Astudillo se reunió con el cónsul general de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, y el consejero político de la embajada en México, Colin Crosbt.
Astudillo abundó que en la reunión dijo qué se ha hecho frente a lo que ha sucedido y en todos los territorios, “en los que normalmente llega turismo norteamericano; cuáles son las actividades de seguridad. Quiero manifestarles que el cónsul general, así como el consejero político, expresaron el reconocimiento a una serie de acciones”.
Y agregó: “tuve la oportunidad de hablar con ellos antes de ser gobernador; es la cuarta reunión con ellos. Tienen una visión muy clara de que lo está pasando en Guerrero y todo lo que se está haciendo para enfrentar la situación de violencia”.
Luego de más de 15 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, los padres de los estudiantes realizan dos caravanas al sur y norte del país para sumar respaldo de diversas organizaciones sociales a su pedido de justicia para sus hijos, este día llegó la caravana norte de padres y madres de seis de los jóvenes desparecidos a San Luis Potosí.
La caravana fue recibida por jóvenes de diversos colectivos en el Campus Oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en donde realizaron un pequeño evento para demostrar solidaridad y apoyo en la petición de justicia, los padres aseguraron que pesar de los obstáculos, el tiempo, y la indiferencia de las autoridades seguirán en su lucha para exigir justicia y encontrar vivos a sus hijos, “los vamos a encontrar, para nosotros están vivos”.
Meliton Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, informó que la caravana de padres de familia inicio desde el 16 de enero en Chihuahua, señaló que el objetivo de la caravana es hacer encuentro con las organización, los estudiantes y la sociedad de todos los sectores que podemos encontrar en todos los lugares que visitamos, mencionó que esta caravana viene a informar de forma directa que la lucha sigue en pie para encontrar a sus hijos desparecidos y que de haga justicia, esto a pesar de las mentiras que han querido establecer las autoridades y el Gobierno Federal, “por ello venimos a este encuentro para decirles que la lucha de los padres de familia continúa hasta encontrar a los estudiantes vivos, esa es la exigencia de los padres hasta el final, no vamos a detener este movimiento hasta encontrar a los estudiantes”, señaló.
Destacó que este movimiento también convoca a las personas que tengan familiares desparecidos además de que la convocatoria está abierta para todas las personas que apoyen las causas justas, y que quieran unirse en contra de las injusticias permanentes que existen en el Estado Mexicano.
Lamentó que el Gobierno Mexicano sí puede encontrar a uno de los narcotraficantes más buscados, en este caso Joaquín ” El Chapo” Guzmán, y no puedan localizar a los miles de desparecidos que hay en México, lo que demuestra el desinterés que hay por parte del Gobierno para lograr la localización, en este caso, de los 43 desparecidos, “hay un desinterés, una actitud negativa de olvidar el caso como ya lo han intentado hacer desprestigiado a los especialistas independientes, por ello mantienen viva la llama de la indignación, de las autoridades no confiamos, formularon una investigación que fue un montaje de la gran mentira, por ello también pedimos castigo para esos funcionarios”.
En cuanto a los avances de la investigación, comentó que ya se tiene la creación de la unidad especializada, la cual ya empezó a aplicar las primeras recomendaciones que hizo el grupo de búsqueda de especialistas independientes, con eso se tiene un avance mínimo, pero esto también este avance lento es por las trabas del propio gobierno, aunque dijo que hay todo el respaldo para esta unidad, pues fue parte de los compromisos que se hizo con la Procuraduría General de la República el pasado 14 de enero, en donde el gobierno también se comprometió a apoyar, aún si los avances en este tema son pocos.
En cuanto a posibles actos de hostigamiento en contra de la caravana comentó que desde que salieron de Chihuahua sí han sufrido de hostigamiento y amenazas por parte de la Policía Federal, en las casetas de las carreteras, hacen presencia para intimidar a los padres y madres pero aseguró que esto no los detendrán en su lucha, “el gobierno es el responsable de esta situación y lo que nos pueda suceder en el trayecto responsabilizamos al gobierno de ellos”, señaló.
Formalmente informó que dentro de las actividades de este día en la capital potosina, a las 5 de la tarde realizarán una marcha, que iniciará en la Caja del Agua, y terminará en la Plaza de Armas con un mitin, además invitó a todas las organizaciones a sumarse el día 5 y 6 de febrero al encuentro nacional por la indignación en la Ciudad de México, ” ahí estaremos para analizar los temas que tienen que ver a nivel nacional sobre desaparición forzada y que se castigue a los culpables, además de abolición de las reformas educativas de Peña Nieto, asimismo la defensa del territorio nacional, la idea es hacer un frente nacional único que nos permita mantener esta lucha, seguiremos luchando hasta el final”, concluyó
En los últimos dos meses esta dependencia ha realizado cinco clausuras en el municipio.
Sara Cauich/SIPSE
TULUM, Q. Roo.- El hotel Alma, ubicado en el kilómetro 8.5 de la vía Tulum-Boca Paila, fue clausurado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La clausura se aplicó porque no se cuenta con los permisos en materia de impacto ambiental que le compete expedir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los inspectores Ana Soto del Rosario y Javier Jiménez González, llevaron a cabo la colocación de las lonas de clausura, haciendo del conocimiento del encargado del lugar los motivos de la clausura.
El gerente del hotel, Sergio Basilio Elorsa, solicitó la intervención de la Policía Preventiva señalando que dos personas habían ingresado a la propiedad.
Sin embargo, al llegar los elementos policiacos se dieron cuenta de que se trataba de una autoridad federal y solo mantuvieron vigilancia de cerca.
Clausuras realizadas
De la zona de Punta Piedra al Arco de Sian Ka´an, se han aplicado en los últimos dos meses unas cinco clausuras de predios donde hay construcciones, remodelaciones, ampliaciones, o nuevas edificaciones sin los permisos ambientales y forestales correspondientes.
Asimismo, dentro del Parque Nacional Tulum, han aplicado unas nueve clausuras entre noviembre y diciembre pasado, aunque en algunas de ellas se continúa edificando, aunque en los hoteles ya terminados no se han cerrado las puertas incluso, en la temporada alta recibieron turistas a pesar de los sellos aplicados.
En el lado de la playa Pescadores, se mantienen los trabajos de construcción a pesar de que se aplicaron diversos sellos en el lugar.
El director del Parque Nacional Tulum, Omar Ortiz Moreno, refirió que dentro del parque hay más de 60 denuncias penales y ambientales contra particulares y ninguna cuenta con permisos para realizar los trabajos que están a la vista.
Advirtió que continuarán denunciando cualquier hecho que afecte los recursos naturales de esta área registrada ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
A la par que autoridades de Ecatepec, Estado de México, ultiman detalles para la llegada de el Papa Francisco, vecinos se preguntan en dónde quedaron las personas en situación de calle de Jardines de Morelos o de Avenida Central, sumado a ello, denunciaron el abandono de las colonias por donde no pasará el líder religioso. También denuncian limpia de perros callejeros.
Ecatepec, Estado de México, 21 de enero (SinEmbargo).– Vecinos y activistas de Ecatepec de Morelos, Estado de México, denunciaron que ante la la llegada del Papa Francisco a este poblado, el próximo 14 de febrero, las autoridades locales y estatales comenzaron una “limpia” de indigentes sobre las avenidas donde el líder religioso hará su recorrido, y denunciaron que no saben dónde están las personas en condición de calle que rodeaban el perímetro de la avenida Insurgentes o en el área cercana a las unidades de Las Américas y Jardines de Morelos.
“En Jardines de Morelos había una mujer indigente, centroamericana, que tiene cinco días que ya no la hemos visto. Sabemos que a las personas en condición de calle los están retirando”, dijo Rosalba Olivares, líder vecinal en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec.
La también activista detalló que estas personas rodeaban el fraccionamiento Las Américas porque es considerado una “zona residencial” –”aunque no lo es”, aclaró–, “pero muchos de ellos vienen a pedir trabajo o una limosna porque creen que ahí hay gente de dinero”.
“Hay otro muchacho, también centroamericano, es moreno, muy alto, que es muy tranquilo y estaba siempre afuera del Vips [de Plaza las Américas]. Ya lo conocemos. Los mismos vecinos le llevan comida o una cobija, pero ya pasaron varios días que no lo vemos. Esto está cerca de la Avenida Central, son los rumbos por donde ellos caminan o deambulan para buscar comida. Pero ya no están. No me sorprendería que los están desapareciendo”, agregó Olivares.
Como parte de su visita a México, que inicia el próximo 12 de febrero, el Papa ofrecerá una misa miltitudinaria en Ecatepec, donde se reunirán aproximadamente 300 mil personas.
Ecatepec es el municipio donde nació el priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Edomex desde el 16 de septiembre de 2011. Además, Ávila Villegas fue Presidente Municipal de Ecatepec en dos periodos: de 2003 a 2006, y de 2009 a 2011.
Manuel Amador, también activista en ese ayuntamiento, refirió que el probable desplazamiento de este sector desprotegido esté relacionado con la llegada de fuerzas estatales y federales, pero solamente en ese perímetro, pues en otras colonias existe falta de servicios, inseguridad y un número sin cuantificar de personas sin vivienda.
“Lo estamos viendo, hay una intención de hacer un cerco para que el Papa venga, pero lo que también vemos es que quieren mostrar un Ecatepec bonito, que no es real. No quieren mostrar la vida precaria, el abandono, la violencia, por eso están haciendo estas acciones. Su estrategia es generar una imagen que no existe”, reiteró Amador.
NADIE SABE DE LA “LIMPIA”
SinEmbargo solicitó una entrevista con algún funcionario de la Alcaldía de Ecatepec de Morelos, a cargo del priista Indalecio Ríos Vázquez, para saber el paradero de estas personas, pero hasta el momento del cierre de edición no hubo respuesta.
Este fin de semana, funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Dirección de Seguridad Pública y Vial de Ecatepec realizaron un operativo en el que detuvieron a 54 personas que se hacían pasar por migrantes centroamericanos pero resultaron de nacionalidad mexicana.
Las autoridades señalaron que las personas se hacían pasar por hondureños o guatemaltecos para pedir dinero a transeúntes o conductores de la Avenida Central, la Vía Morelos y la López Portillo, a quienes les solicitaban dinero.
“El objetivo era repatriar a inmigrantes –reconocidos así por los ciudadanos–, a sus lugares de origen sin costo. Sin embargo, al verificar sus documentos de identificación descubrimos que son de personas que habitan en municipios cercanos”, comunicaron las dependencias a la agencia Notimex. No obstante, no aclararon si hubo algún extranjero detenido o deportado.
Autoridades de Ecatepec aclararon que no es un delito mentir respecto a la nacionalidad, pero los detenidos –35 mujeres, 15 hombres y cuatro menores de edad, provenientes de Puebla, Hidalgo, Morelos o de otros municipios como Chalco– se hicieron acreedores a una falta administrativa y fueron liberados. Todos ellos de bajos recursos, refirió la Dirección de Seguridad Pública y Vial de Ecatepec a la prensa local.
Ecatepec es uno de los lugares por donde atraviesan trenes que llevan indocumentados a la frontera con Estados Unidos –algunos hacen parada en La Viga–, por lo que es común ver el cruce de personas provenientes de Centroamérica, que generalmente buscan trabajo temporal o comida en calles cercanas a la Avenida Central. Vecinos también se han dado cuenta de “falsos migrantes” que piden dinero.
El próximo domingo 14 de febrero, el Papa Francisco I recorrerá 8.8 kilómetros en Ecatepec. Desde el helipuerto Ballísco, ubicado en la carretera de Texcoco, hacia el Circuito Exterior Mexiquense y luego por Avenida Insurgentes, para llegar a la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec, que pertenece a la Universidad Mexiquense Bicentenario (UMB), donde el Pontífice ofrecerá un acto religioso para miles de feligreses, según la agenda oficial difundida hasta ahora.
Este recorrido estará blindado por 10 mil elementos de diversas corporaciones, entre ellas la Policía Estatal, la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional. De acuerdo con publicaciones de la página de Facebook “Denuncia Ecatepec”, los uniformados ya realizan los simulacros de la llegada del Papa, lo cual ha provocado el descontento de los habitantes pues las vías de circulación se han vuelto aún más lentas que de costumbre.
Por su parte, las autoridades municipales ya están afinan los arreglos en el predio El Caracol, junto a la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec, donde hay maquinaria levantando escombros y aplanando la tierra donde se levantará un altar para la misa de Francisco I, a la cual se espera que lleguen hasta 300 mil personas.
A pesar que el perímetro donde pasará el Papa es nuevo, se están realizando acciones de mejora urbana y se le ha pedido a las personas que arreglen las azoteas de sus casas. Sin embargo, colonos están inconformes por el paso de maquinaria pesada, la cual ya ha dañado algunas casas.
Además se abrió una convocatoria de arte urbano para que jóvenes pinten las calles por donde pasará el líder de los católicos en el mundo. También se le recomendó a los habitantes recibir al Pontífice con un espejo al cielo, el próximo 12 de febrero, fecha en que Francisco llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En la zona, además, los vecinos han notado una reciente ausencia de perros callejeros, que son típicos del lugar.
TIERRA DE NADIE
Ecatepec es el municipio más poblado de América Latina con un millón 656 mil habitantes, y también está considerado uno de los más peligrosos del país, el 99 por ciento de sus habitantes vive en zonas urbanas y hay más robos allí que en otras ciudades con alta incidencia delictiva como Culiacán, Acapulco o Ciudad Juárez. Sólo entre enero y septiembre de 2015 los robos comunes ascendieron a 8 mil 403.
Del total de robos en Ecatepec, el 85 por ciento está asociado con automóviles; de enero a septiembre del año pasado se reportaron 7 mil 181 de estos casos; el 74 por ciento fue despojo con violencia. A esto se suma la violencia generalizada contra mujeres.
De 2013 a 2014, al menos 110 mujeres murieron asesinadas en este municipio, según se desprende de las cifras oficiales recientemente actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mientras que la media nacional de homicidios es de 12 por cada 100 mil habitantes, en Ecatepec se ubica en 20. Entre enero y septiembre de 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que hubo 331.
Colima, México, Avanzada (21/01/2016).- En medio de un concierto de claxonazos, una caravana de unidades del servicio de transporte urbano acompañó al cementerio municipal a Adán Gómez Magaña, el conductor asesinado en el contexto de la jornada electoral del domingo anterior.
Familiares y amigos de la víctima exigieron que las autoridades estatales investiguen a fondo los hechos y se castigue a los responsables.
Adán Gómez, quien conducía la unidad 114 del transporte urbano de esta ciudad, fue atacado junto con varios de sus compañeros la noche del sábado por un grupo de encapuchados que portaban tubos y ‘bats’, quienes además destruyeron vidrios de ocho unidades que portaban propaganda del candidato panista Jorge Luis Preciado.
Tras resultar herido en la cabeza, el hombre de 59 años de edad fue atendido en la clínica del Seguro Social de esta ciudad y por su estado crítico al día siguiente fue trasladado a un hospital de Guadalajara, Jalisco, donde murió la mañana del martes.
Irene Rodríguez Magaña, prima de Adán Gómez, dijo que éste se convirtió en una víctima inocente de las disputas de los partidos, pues “era una persona tranquila, ajena a la política, dedicada únicamente a su trabajo, con más de 30 años como chofer de ruta, que ya quería empezar a tramitar su jubilación del Seguro Social”.
Señaló que la exigencia de los familiares es que el gobierno investigue qué personas fueron las que perpetraron la agresión, “independientemente del partido que sean, que se haga justicia y que se castigue a esas personas cobardes involucradas en ese ataque reprobable”.
Rodríguez Magaña consideró que debe haber personas responsables de estos hechos que enviaron a los encapuchados a atacar a los ciudadanos.
“Es muy reprobable que estén atentando contra las vidas de las personas como si fueran animales, estamos muy indignados por la situación que se dio en estas elecciones, ¿por qué mandan a golpear para matar?”
Recordó que Adán Gómez fue golpeado con tubos y bats cerca de la media noche del sábado 16 cuando él y otros compañeros ayudaban a su patrón a retirar la publicidad política de los camiones, porque al día siguiente se instalaría una casilla en esa calle.
Por su parte, Adán Guízar García, quien dijo ser amigo del fallecido desde más de 20 años antes, calificó su muerte como un hecho “muy aberrante”, por lo que exigió que se haga justicia y que se castigue a los responsables con todo el peso de la ley.
Señaló que el asunto no debe quedar impune, pues de lo contrario “saldremos a manifestarnos a las calles”.
Guízar García demandó que se haga justicia conforme a derecho y “quien tenga que pagar las consecuencias, que las pague, que no se encubra a nadie, sea quien sea, porque hay autores materiales y también debe haber autores intelectuales que deben pagar por este asesinato”.
Alrededor de 500 trabajadores de la empresa Dina, localizada en el corredor industrial de Ciudad Sahagún, iniciaron ayer un paro de trabajo para exigir su adhesión a una organización sindical que los represente y dé estabilidad laboral.
Alfredo Yasenth Islas Vera, secretario general del naciente comité local del Frente Minero de Dina Camiones, denunció supuestos abusos laborales y sexuales de que son víctimas por parte de personal de supervisión en la empresa.
“Hay mucha injusticia, mucho acoso laboral y en parte acoso a las compañeras, sexual, por la misma gente de confianza, abusando de ese puesto, hay mucha preferencia a los de confianza, que humillen a la gente enfrente de quien sea”, acusó.
Islas indicó que el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) –cuyo representante es Mauro Atitlán Lemus–, al cual supuestamente pertenecen, no brinda apoyo a la parte obrera en materia de estabilidad laboral, seguridad y prestaciones justas.
“Los obligan a quedarse más tiempo y no se les paga, intimidan a la gente para quedarse. Desgraciadamente por La Nopalera ya no se ve; compañeras, han abusado de ellas; a compañeros los han asaltado, los han golpeado, ¿qué seguridad da la empresa?”, reclamó.
El representante del Frente Minero de Dina Camiones afirmó que desde hace ocho meses se han presentado masivos despidos injustificados: empleados obligados a firmar su renuncia bajo amenaza de no recibir indemnización en caso de negarse.
“Desde la semana pasada hasta el día de ayer fueron despedidos cerca de 70 empleados”, aseveró.
El representante añadió que los empleados del turno matutino fueron amenazados por supervisores de la empresa para que no participaran en el paro laboral, por lo que cerca de 50 obreros “se vieron forzados a entrar a las instalaciones para iniciar su jornada”.
No obstante, por la mañana, alrededor de 500 trabajadores se apostaron a las afueras de la armadora de autobuses.
En el perímetro de la planta de Dina también permanece la fuerza pública.
De manera innecesaria familiares de personas desaparecidas fueron llevados a Veracruz.
“¡Queremos justicia, no mentiras!”, reclaman al procurador de Querétaro
Querétaro, Qro.- “Ya no confiamos en la Procuraduría de Querétaro, es el sentir de las familias”, expresó Brenda Rangel Ortiz, de la organización Desaparecidos Justicia A.C., antes de comenzar una caravana por los desaparecidos.
Rangel denunció que las familias de los jóvenes José Antero López González y Raymundo Isaac Rico Arias, desaparecidos desde el 2012, fueron trasladadas por personal de la Procuraduría de Querétaro a Veracruz, por la supuesta localización de los cuerpos de sus seres queridos, sin que la información hubiera sido confirmada.
La señora Socorro Arias, madre de Raymundo, comentó balbuceando y llorando: “no me dieron oportunidad ni de 15 minutos para hacer una maleta, no se vale que estén jugando con nuestro sentimientos, con nuestro dolor, no lo vamos a permitir, no es justo que hagan esto”, sollozó.
La mujer ya no pudo continuar hablando, acto seguido un familiar la auxilió con el relato de los hechos: “Ayer domingo a las 8 de la mañana llegan (elementos de la Procuraduría) y nos dicen una noticia que cayó como tromba, el hecho de decirnos, ya encontramos a su familiar”.
“Es 99.9 por ciento (seguro) de que son ellos”, recuerdan que les afirmaron las autoridades queretanas, quienes les informaron que habían contactado a sus similiares de la Fiscalía del estado de Veracruz, donde según habían hallado los cuerpos sin vida de los dos jóvenes.
La hermana del desaparecido, José Antero López González, expresó “Nos llevaron agentes de la Procuraduría de Querétaro de una forma donde nosotros no llevábamos nada… ellos nos hicieron irnos y nos presionaban para irnos a Veracruz”.
“Al llegar a Veracruz nosotros encontramos la Fiscalía cerrada, nadie se encontraba de guardia, nadie nos estaba esperando, estábamos esperando, con el frío, sin comer, sin ropa, afuera de la Fiscalía”. Expuso.
En tanto, la hermana de Raymundo Rico Arias intervino: “las palabras del fiscal en la ciudad de Veracruz fueron que ellos nada más habían solicitado una colaboración a la PGJ de Querétaro para que se les proporcionara información sobre nuestros hermanos, las palabras del fiscal fueron: yo no pedí presentar a las familias”.
Los familiares de Raymundo y José Antero rechazan que se trate de sus seres queridos, debido a que aún no les han practicado un examen para cotejar el material genético con el de los cadáveres que fueron hallados.
“La Fiscalía de Veracruz no puede aceptar que son ellos porque no les han hecho ningún examen, nada… es jugar con los sentimientos de nosotros como personas”, expusieron.
Mientras tanto, la hermana de Raymundo afirmó “no reconocemos esos cuerpos de los cuales están hablando y la Procuraduría está asegurando que son nuestros hermanos… en ningún momento la Fiscalía de Veracruz afirmó que los dos cuerpos encontrados desde el 2012, que aun van a ser exhumados, sean nuestros hermanos”.
De manera precisa y terminante Brenda Rangel Ortiz, representante de la asociación Desaparecidos Justicia, exigió:
“¡Estamos hartos y cansados de tus mentiras Pancho Domínguez!, prometió reunión con las familias de los desaparecidos… esa reunión no ha llegado”.
“…¿Cómo pide que sigamos confiando? si su procurador no está procurando justicia, son totalmente mentira, tras mentira, tras mentira y engaño con todas nuestras familias, no podemos continuar así… Le estamos pidiendo desde hace meses un interlocutor que pueda tomar decisiones, no queremos que se sigan ‘aventando la bolita’, diciendo mentiras….no sirve su gabinete, no sirve la gente que tiene”.
HACEN CARAVANA
Un grupo de aproximadamente 200 personas realizaron una caravana con cerca de 50 automóviles para orar por las personas desaparecidas de Querétaro.
La movilización inició al norte de la ciudad de Querétaro, en la tienda SAM’S Club, ubicada a un costado del Bulevar Bernardo Quintana.
Los amigos y familiares de las personas desaparecidas avanzaron hacia el sur de la ciudad, hasta la carretera México-Querétaro, la avenida 5 de Febrero y el Bulevar Bernardo Quintana, hasta de regreso al punto de partida.
La iniciativa la tuvieron allegados a la familia de Yosheline, una joven de 19 años de edad, desaparecida desde el 11 de diciembre.
“¡Queremos justicia, no mentiras!”, reclaman al procurador de Querétaro
Hacen oración por desaparecidos.
En la caravana participaron integrantes de por lo menos 8 Iglesias, antes de comenzar se reunieron para orar por Lysette, la madre de Yosheline, y por familiares de desaparecidos.
Otra caravana con aproximadamente 15 automóviles con integrantes de la organización Desaparecidos Justicia partió también de la tienda pero con rumbo al centro de la ciudad por la calle de Corregidora para llegar a Juárez y continuar por Constituyentes hacia el poniente hasta 5 de Febrero.
Ambas caravanas continuaron juntas hasta llegar al punto donde partieron.
Ahí oraron por los desaparecidos y convocaron a realizar más reuniones de oración.
Al unísono expresaron: “El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo…”
También dieron a conocer el comienzo de la actividad de oración por 21 días, denominada “O21”, pidiendo por el desempeño de las autoridades y por los desaparecidos.
Desde hace unos meses los habitantes de Santo Domingo y todos los Pedregales de Coyoacán hemos sido víctimas de arbitrariedades y abusos por parte de cuadrillas de la CFE y grupos de choque de la empresa española Gas natural Fenosa. En los últimos dias hemos sido violentados por el llamado “Operativo Rastrillo” que con la justificación de la recuperación de banquetas o supuestas denuncias de robo a casa habitación se llevan a cabo sin una orden por escrito, con un gran número de elementos policiales y con suma prepotencia. La madrugada del jueves 21 enero se realizo uno de estos operativos en las calles de Xochiapan y Jumil para retirar 4 autos en reparación. Cabe mencionar que en estas calles se han realizado acciones de organizacion vecinal independiente contra la Ciudad del Futuro y de solidaridad con otras luchas, como son seis murales sobre Ayotzinapa. Es curioso que el operativo sólo se hizo frente a la casa de un compañero mecánico que constantemente fomenta la organización vecinal. Para nosotros es claro que se trata de una medida más para atemorizar la organización vecinal independiente por lo que exigimos un alto al hostigamiento que el G.D.F. ejerce sobre los habitantes de Pedregales y hacemos la denuncia para conocimiento de toda la población.
Más represión sin sentido, del Operativo Rastrillo al Mega Operativo
En el Mega Operativo (antes llamado Operativo Rastrillo) desarrollado en la Delegación Coyoacán y Tlalpan entre el miércoles 13 y la madrugada del 21 de enero del 2016 fueron desplegados mil 514 elementos de las policías metropolitana, de Proximidad, Tránsito y Bancaria e Industrial (PBI), apoyados por 96 vehículos policiacos. En total fueron detenidas 86 personas presentando 76 al juez cívico y remitiendo 10 al MP. Este despliegue muestra que la seguridad que propone este gobierno de “izquierda” es a base de represión, intimidación e ilegalidad.
El día de hoy 21 de enero, a partir de las 12:30 de la mañana arribaron a la calle Xochiapan, en Santo Domingo, Coyoacán, más de 100 granaderos de la SSP a bordo de las patrullas Núm: ( ) y con su prepotencia característica remitieron al corralón 4 coches particulares que se encontraban estacionados afuera de un taller mecánico en proceso de compostura. Vecinas y vecinos de la calle salieron a increpar a los policías los cuales sin presentar una orden de presentación o denuncia desplegaron su “operativo” deteniendo 4 “peligrosos” automóviles.
Este hecho no es nuevo ya que este operativo se ha realizado en varias ocasiones en colonias de la Delegación Coyoacán. La primera vez que se realizó fue el 20 de marzo de 2104 al mando del entonces jefe de la Policía capitalina, Jesús Rodríguez de Almeida, acompañado por el delegado Mauricio Toledo, personal de la SSP, Policía Bancaria y personal del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) desalojaron varios comercios ambulantes en las glorieta de Miguel Ángel de Quevedo y Av Universidad, los bajopuentes del Circuito Interior y hasta los puestos de quesadillas de vecinas de la colonia Santo Domingo las cuales se instalan fuera de sus casas para obtener una forma de ingreso legal.
El 16 de abril de 2015 al mando el secretario de gobierno Héctor Serrano, pusoen marcha la segunda fase del operativo rastrillo planteado en un principio para frenar el incremento a robo-habitación. Esa vez desplegaron a 450 elementos de la SSP junto con personal del INVEA deteniendo a 15 personas y clausurando un gran número de locales comerciales en las principales calles de los Pedregales de Coyoacán como Anacahuita, Escuinapa, Ahuanusco, av. Santa Ursula, av Aztecas.
El día 22 de abril de 2015 un grupo de granaderos de la SSP llegó a desalojar a los comerciantes instalados en las calles de Escuinapa y Anacahuita, y no conforme con destruir los puestos ingresaron a las casas contiguas golpeando y deteniendo a varias personas.
En estas heroicas acciones la SSP se jacta de la detención de 131 mil personas en varias delegaciones del DF presuntamente por consumir alcohol o drogas en la vía pública, de los cuales remitió 97 mil 506 al Ministerio Público, esto entre 2014 y lo que va de 2015.
Es curioso que el argumento del INEVA sea la recuperación de espacios públicos cuando casualmente han sido privatizados estos espacios “públicos” como los locales comerciales privados en los bajo puentes del circuito interior o el megacentro comercial Oasis en la Av. Miguel Ángel de Quevedo que ha colapsado el tránsito y no cumple con los requerimientos señalados por la delegación, así como el Chedrahui y la nueva Plaza en comercial sobre Eje 10. En varios momentos vecinos y vecinas de los Pedregales de Coyoacán han denunciado el negocio de los gobernantes en turno como los delegados Toledo y Maldonando que han otorgado licencias para la construcción indiscriminada de inmuebles de más de 10 pisos en colonias en las que no están permitidas ese tipo de edificaciones, y que provocan un mayor desabasto de agua y generan un colapso en el tránsito vehicular en lugar de la construcción de hospitales, escuelas y parques en beneficio de los habitantes de estas colonias populares.
Dichos negocios van de la mano con los mega negocios que representan ZODES por parte de la empresa PROCDMX coordinada por el títere de Mancera, Simón Levy como el intento de construcción de la Ciudad del Futuro en Coyoacán o el descalabro de su proyecto privatizador del Corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa.
Además denunciamos la estrategia de los partidos políticos que en las elecciones pasadas regalaron tarjetas con dinero, tinacos o despensas así como la contratación de grupos de choque como las pandillas de los buitres y los perros para intimidar a la gente que se organiza fuera de la lógica electoral, y para imponer proyectos que no se quieren en las colonias como la instalación del gas natural a cargo del monopolio de Gas Fenosa-Grupo Carso-Sinca Inbursa y Mitsui and Co.
Las vecinas y vecinos de los Pedregales de Coyoacán exigimos:
cancelación de los megaproyectos de infraestructura
respeto a las decisiones comunitarias
Como nos enseñaron nuestras abuelas y abuelos hace 35 (¿?) años solo organizados defenderemos nuestro barrio.
Por una organización comunitaria sin partidos políticos, sin negocios privatizadores ni narcotráfico.
MÉXICO, DF (apro).- Los cuneros del Hospital General Regional Número uno del IMSS, en Culiacán, Sinaloa, que enfrenta 19 demandas por la muerte de 23 bebés, estaban contaminados con las bacterias Escherichia coli, o E. Coli, causante infecciones intestinales graves, y klebsiella principal agente causal de la sepsis.
Además se detectó que los cuneros tenían materiales de limpieza caducos y lámina oxidadas, según un documento entregado vía transparencia a la solicitud presentada por Francisco Cortez Mora, uno de los padres afectados quien demandó al IMSS por el fallecimiento de su hijo, por sepsis neonatal.
El diario Noreste publicó que en la respuesta entregada al padre afectado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incluyó estudios realizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa que a su vez fueron enviados a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por los casos que se investigan.
Las muestras para los análisis fueron tomadas entre el 10 y el 28 de septiembre de 2015 tras las denuncias de al menos 23 decesos de menores en ese hospital.
Según el documento, se realizaron nueve hemocultivos (muestras de sangre) en ocho de las cuales se encontró la presencia de klebsiella y en el último se halló E. coli.
Además refiere que los días 19 y 20 de septiembre la Cofepris en coordinación con la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, hicieron un diagnóstico en el área de cuneros del Hospital General Regional que estuvieron cerrados por dos semanas. Ahí encontraron caducos los recipientes de hiplocorito de sodio, sustancia que se usa como desinfectante para eliminar bacterias.
Tras los análisis pidieron al hospital remover láminas oxidadas, retirar todo el material obsoleto, innecesario o con superficies orgánicas, como madera, y ordenaron la limpieza de ductos y rejillas de ventilación, así como de las lámparas de techo.
El 24 de septiembre las autoridades realizaron otra visita para constatar el cumplimiento de los puntos solicitados y emitieron nueve acciones adicionales relacionadas con el aseo que deben realizarse de manera permanente.
“Aunque los puntos críticos de control sean solventados para la apertura del área de cuneros, esto no garantiza la inexistencia de un riesgo potencial de contaminación, ya que continúan los factores de riesgo y la probabilidad de presencia de infecciones nosocomiales”, subraya el documento.
Villahermosa, Tabasco.- Arriba de 500 trabajadores sindicalizados al servicio del estado de Tabasco se manifestaron este martes en Plaza de Armas al exterior del Congreso Local, en repudio a la nueva ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET); y convocaron a paro estatal de labores para el próximo jueves y viernes.
El paro de labores será utilizado por los inconformes para recolectar un estimado de 100 mil firmas de trabajadores con servicio del Isset, necesarias para presentar ante el Congreso del Estado una reforma a la actual ley.
A la par integraron la Coordinadora de Lucha por la Restitución de los Derechos Laborales y Seguridad Social a los Trabadores del Estado de Tabasco, como parte de las acciones emprendidas para modificar la legislación.
Desde tempranas horas colaboradores de diferentes dependencias del estado, dentro de las que destacaron la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre otras, se congregaron en la plaza pública para entregar un pliego petitorio en el recinto legislativo.
Dentro de sus principales inconformidades, se encuentran el aumento de las cuotas aportadas al Isset, que anteriormente eran del 8 por ciento y con la nueva ley incrementaron al 16 por ciento; protestaron porque dichos montos ya se comenzaron a descontar desde la quincena pasada.
“Nos descontaban el 8 por ciento y ahorita nos multiplicaron, el descuento que vino fue del 16 por ciento, y nunca nos consultaron, por eso es una ley injusta”, aseguró el maestro Ignacio Madrigal.
Otro de sus descontentos es en torno al aumento de cinco años para las jubilaciones, ya que antes las mujeres podían realizar este trámite a los 25 y ahora será hasta los 30, mientras que a los hombres se les eleva hasta los 35 años.
“Se está pidiendo echar atrás la Ley del Isset que está lesionando los derechos de los trabajadores, de entrada con esa nueva ley se nos quita un 30 por ciento de jubilación, y aparte nos aumentan cinco años más para jubilarnos”, apuntó.
Por espacio de cuatro horas, la calle 5 de mayo que pasa frente al Congreso Local se mantuvo obstaculizada, por el cúmulo de trabajadores que lanzaron consignas en contra de la referida ley, además de asegurar que no cesarán los movimientos hasta lograr que la actual legislatura sea modificada.
El profesor Madrigal precisó que el movimiento no está respaldado por ningún sindicato, pues es la base trabajadora la única afectada, aunque reconoció que los colaboradores son de base en su mayoría.
“En este movimiento no hay sindicatos, hay un repudio total ante los sindicatos, la que está presente es la base trabajadora del estado”, apuntó.
PRESENTARÁN UNA REFORMA A LA LEY DEL ISSET
En una reunión sostenida con los legisladores, se determinó que la única opción es presentar una reforma a la actual ley, y para ello, es necesaria la recolección de al menos 100 mil firmas de trabajadores que la respalden.
“Nos recibieron el documento del pliego petitorio, pero nos comentaron que la ley ya está vigente, lo que se necesita es una reforma de iniciativa de ley, nos dan la alternativa que la constitución ya nos permite a nosotros como ciudadanos hacer una iniciativa popular, por lo que vamos a necesitar el apoyo de cada uno de ustedes con sus firmas”, aseveró la maestra Laura Leticia Cadeza.
Para ello los afectados se congregarán el próximo viernes en Plaza de Armas, donde un grupo de abogados estará ofreciendo asesoría a los trabajadores.
JUCHITÁN, OAXACA.- Unos 250 Pescadores zapotecas originarios de Juchitán y que pertenecen a la sociedad cooperativa pesquera “Gusestinu” alertaron sobre el intento de un grupo de personas que pretenden apoderarse de la zona lagunar Xadahui’ y construir un parque eólico en el sitio.
Señalaron que las tierras son comunales o de uso común para todo aquel que desee ejercer el oficio de la pesca, sin embargo las personas insisten ser los propietarios y han acudido con el síndico municipal para que realice el apego y deslinde.
Puntualizaron que hace algunos meses les informaron que en esta zona se construiría el parque eólico “Zapoteca”, y a partir de entonces comenzaron a colocar palos y mallas en la zona lagunar.
Roberto Castillo Jiménez, representante de la sociedad cooperativa pesquera Gusestinu, informó que hace unos días, un particular se presentó ante el Síndico municipal de Juchitán Miguel Ángel Bartolo para solicitar el apego y deslinde de 180 hectáreas, mismos que aseguran pertenecer a ocho personas.
“El síndico municipal cuando visitó el sitio no quiso medir el terreno, porque se percató que esas tierras colindan con la laguna, en la cual es nuestra fuente de vida”, explicó.
Castillo Jiménez expresó que sus compañeros pescadores han derribar los cercos y liberar esas tierras, sin embargo antes de cualquier violencia, quieren la intervención de las autoridades y buscar el dialogo para que lo retiren de forma pacífica.
Por su parte el Secretario Municipal realizó un recorrido por esas tierras y constató que a pesar de que no se cuente con una figura comunal, el municipio de Juhchitán cuenta con más de 60 mil hectáreas de tierras de Juchitán son comunales y entre ellas se encuentra la laguna Xadahui”.
Montero Pérez explicó que desde el 2015, un grupo de más de 200 pescadores legalmente constituidos de la Séptima Sección llegó al palacio municipal a denunciar una invasión que estaban haciendo personas ligadas al señor Porfirio Montero Fuentes.
Los pescadores acusaron a los “invasores” de impedirles el paso para realizar su actividad de pesca argumentando aquellos tener documentos escriturados o protocolizados- por alguna autoridad municipal de años atrás.
Redacción Va de Nuez
Choferes de taxis y camiones se reunieron después de la noticia del fallecimiento del chofer Adán Gómez con 30 años de servicio en el transporte, quien perdió la vida debido a una agresión que sufrió en la madrugada del pasado 17 de enero .
Enrique Miramontes, Pdte. de la cooperativa de choferes exige justicia a la PGJE y que investigue para que no quede impune este hecho.
Menciona que están trabajando bajo protesta por el fallecimiento del compañero agredido, y hace un llamado de “ya basta” ante tanto atropello, y la atención a la familia que se encuentra dolida, además que no cuentan con los recursos suficientes
Considera que el fallecimiento es reflejo de las campañas aunque afirma que no puede acusar a nadie sinembargo los hecho se dan cuando se retiraba propaganda del PAN de los camiones
Se manifiesta preocupado porque considera que se pueden seguir presentando hechos como estos; reitera y afirma que se estaba quitando publicidad del candidato panista a efecto de que el día de la elección no se tuviera publicidad.
Guadalupe Victoria, Dgo. (OEM). Ayer, un grupo de trabajadores sindicalizados del ITSRLL, entregaron las instalaciones por conducto de la subdirectora administrativa. (OM)
Por Oscar Morales Salinas
GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM).- Minutos después de las seis de la tarde de ayer, el personal sindicalizado del Instituto Tecnológico Superior de la Región de Los Llanos que mantenía movimiento de huelga desde las15 horas del viernes anterior como presión para que se les resuelva satisfactoriamente las demandas exigidas hace meses, la suspendió y entregó las instalaciones que habían sido tomadas.
El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Tecnológico, Oscar Daniel Hernández Olvera, en rueda de prensa informó que ayer acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para informarse de “viva voz” lo sucedido el viernes 15, y de “una manera desánimosa” nos percatamos que la autoridad de la Junta se encuentra coludida con el gobierno del Estado, y en copia simple se recibió el acuerdo tomado.
Tal acuerdo tiene como encabezado —indicó Hernández Olvera— las 15 horas del 15 de enero del 2016, día y hora señalada para el estallamiento a huelga, y describieron el asunto como totalmente concluido por inasistencia del Sindicato, lo cual es una burla ya que ellos mismos expresaron estallamiento de huelga, y dicho estallamiento es el momento en que se suspenden las labores de trabajo, quedando cerrada la fuente de trabajo y puesta la bandera rojinegra, símbolo de la huelga, en la entrada principal al Instituto. ¿Quiénes están mal? ¿Nosotros por estar en el lugar y hora señalados para el inicio del movimiento de huelga?
Anunció el líder sindical mencionado que buscarán el amparo y protección de la justicia federal mediante estrategias legales, que en momento oportuno darán a conocer en continuación de la lucha por sus derechos laborales y humanos.
Concluyó diciendo Hernández Olvera que con base en lo anterior se determinó entregar las instalaciones para que prosigan las labores cotidianas al máximo, “sin perder de vista que serán las autoridades federales las que diriman la controversia laboral en cuestión”.
Zacatecas.- Este miércoles, la dirección general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), así como los tres planteles que se encuentran en la capital, fueron tomados por miembros del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo (Supdacobaez).
Gerardo García Murillo, líder del Supdacobaez, informó que el paro laboral se debe al adeudo que mantiene la parte patronal con los trabajadores, la cual asciende a 43 millones de pesos.
Esta cifra se da con la suma de la segunda parte del aguinaldo, un bono de puntualidad y asistencia y permisos económicos no disfrutados, que se adeudan desde diciembre de 2015.
Asimismo, desde las 6 horas, los agremiados permanecieron en plantón a las afueras de la Secretaría de Finanzas (Sefin) con la intención de ejercer presión para obtener el pago.
García Murillo agregó que se llevó a cabo una reunión entre miembros del sindicato, el director general del Cobaez, Felipe Ramírez Chávez, y el subsecretario general de gobierno, Juan Carlos Lozano, para negociar y llegar a un acuerdo.
A las 15 horas, el secretario general declaró que pese a que el secretario general de gobierno, Jaime Santoyo Castro, se comprometió a que el pago estaría depositado a las 14 horas de este miércoles, el mismo no se recibió.
Por tal motivo, el acuerdo de los trabajadores fue levantar el plantón y comenzar una toma indefinida de la Sefin este jueves.
Alrededor de las 7 de la mañana de este miércoles, más de 500 trabajadores de la empresa Dina, iniciaron un paro de labores por los abusos de los que son víctimas, de parte de los supervisores y directivos de la empresa.
Miguel Ángel García Robledo, uno de los trabajadores afectados, relató que la principal exigencia es que se conforme un sindicato que vele por los intereses de los empleados operativos de la empresa, pues no se respetan ni sus derechos laborales ni humanos.
Señaló que en muchas ocasiones son víctimas de acosos laborales y con las mujer es incluso de sexuales, por parte de los supervisores, a quienes les piden “favores” a cambio de otorgarles la base laboral o bien ampliarles los contratos.
Además relató que las evaluaciones para aumentos de salario son a modo de la empresa, las cuales ningún trabajador pasa, aunque no cuenten con faltas o permisos y cumplan con las metas de trabajo que les piden.
Los salarios de todos estos trabajadores oscilan entre los mil y mil 100 pesos semanales, razón por la cual desean pasar las evaluaciones para gozar de un mejor salario; sin embargo estas son imposibles de aprobar pues son a modo de cada una de las áreas involucradas.
Denunció que sus derechos humanos son violentados en los casos que ocurren accidentes, pues antes de otorgarles la atención médica que requieren, les toman fotos, las cuales exhiben en el comedor como un tipo de advertencia para el resto de los trabajadores, pues los supervisores dicen que los accidentes son culpa de los mismos operativos.
Asimismo, en los casos de algún accidente no los envían al Seguro Social, pues ello implicaría que los incapaciten, por ello los mandan a un médico particular, quien no les da la incapacidad que requieren aunque existan fracturas. Por lo exigen el respeto a sus derechos laborales y humanos, mejores condiciones laborales, aumento de salarios y el reconocimiento de una organización sindical que les apoye.
Este miércoles llegó a Durango una caravana de padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y que se encuentran desaparecidos desde hace ya 15 meses, por lo tanto, aseguraron que este movimiento que ha surgido en todo el país sigue vivo y la esperanza de encontrarlos con vida se mantiene.
Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos, comentó que lo único que han buscado a lo largo de estos 15 meses es descubrir qué fue lo que verdaderamente pasó el pasado 26 de septiembre de 2014, a pesar que el gobierno mexicano y grupos empresariales han intentado hacer que se olvide el caso, “pero se han topado con pared, con la fortaleza y unidad de los padres de familia que nos hemos mantenido en la lucha”.
Dijo que este movimiento no busca beneficiarse ni material ni económicamente sino que simplemente recorren el territorio nacional porque han encontrado muchas familias de Chihuahua, Ciudad Juárez y Coahuila quienes también tienen familiares desaparecidos.
De esta manera comentó que con todos esos testimonios los padres de los 43 normalistas no se sienten solos, al contrario les da fortaleza saber que hay más personas que pueden unirse a esta lucha a pesar de la indiferencia y desatención de las autoridades mexicanas.
Finalmente, Melitón Ortega en su mensaje llamó a la unidad de los mexicanos en esta lucha porque de lo contrario nadie responderá a las necesidades de cada persona.
El grupo opositor al traslado de desperdicios mineros de Pachuca a Epazoyucan criticó la demora por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), pues aún no ha realizado el estudio del terreno.
A casi dos meses de haber solicitado el estudio a la instancia gubernamental y tras finalizar el periodo de respuesta, los quejosos no han obtenido información sobre los probables problemas ambientales que ocasionaría el traslado de los jales al municipio.
“Iban a hacer un estudio y no se ha hecho, no tenemos respuesta de los documentos que se tramitaron aún. Ya pasó el tiempo de respuesta que tienen, Proespa iba hacer una supervisión de la zona, en eso se quedó; todavía no tenemos la fecha que van hacerlo”, dijeron.
Los opositores manifestaron que tras más de un año en protesta “para preservar la biodiversidad” de flora y fauna que se localiza en las 440 hectáreas de la ranchería Jometitlán, que se ubica entre Epazoyucan y parte de Zempoala, donde la Minera del Norte se pretende asentar, no han obtenido apoyo de las instancias gubernamentales.
“Se tiene que presionar a las autoridades que les corresponde dar un veredicto respecto a este tema, que al menos respondan del trámite que se está realizando, de la solicitud que se le hizo a Proespa para que verifique el caso (sic)”.
Los habitantes han recopilado pruebas para demostrar el impacto ambiental que ocasionaría el polvo mineral a los mantos acuíferos.
A casi dos meses de haber solicitado el estudio a la instancia gubernamental y tras finalizar el periodo de respuesta, los quejosos no han obtenido información sobre los probables problemas ambientales que ocasionaría el traslado de los jales al municipio
Juan Paullier BBC Mundo, Ciudad de México (@juanpaullier)
20 enero 2016
Organizaciones civiles en Cancún denuncian la destrucción total de una zona de manglar en una emblemática laguna de ese centro turístico en el Caribe mexicano.
De acuerdo a la organización Salvemos Manglar Tajamar, creada para aunar esfuerzos en torno a la defensa de la comunidad frente a un polémico emprendimiento inmobiliario, desde el fin de semana decenas de máquinas han ingresado a la zona.
El desarrollo es de 800.000 metros cuadrados es el Malecón Tajamar Cancún, ubicado sobre más de un kilómetro frente a la laguna Nichupté y ha sido impulsado por el propio Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Más de 100 niños promovieron un amparo contra el proyecto el año pasado y lograron la suspensión de las obras.
El proyecto ha unido a la comunidad de Cancún en torno a la defensa del medio ambiente y a lo que, se asegura, implicará la destrucción de un preciado ecosistema de manglares en la zona de la laguna.
“Desolación y muerte”
“Estamos consternados, enojados, ha sido criminal”, le dice a BBC Mundo Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), una de las organizaciones que ha participado en las acciones contra el proyecto Malecón Tajamar.
Domínguez asegura que en la madrugada del sábado ingresaron granaderos y trabajadores con maquinaria pesada para iniciar las tareas de remoción.
“Destruyeron 100% de la vegetación, mataron animales, no hicieron rescate de flora y fauna, muchos animales murieron, pudimos entrar y todavía hay animales vivos”, dice.
La comunidad presentó un amparo el martes y lo ganó para que no se puedan rellenar los humedales ni construir “hasta que esto se resuelva”, explica Domínguez.
El gobierno del estado de Quintana Roo había asegurado en un comunicado que el reinicio de las obras de desmonte se dio luego de que un juez dejó sin efecto la suspensión que pesaba contra dichos trabajos.
El gobierno estatal dijo que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), concedió una Manifestación de Impacto Ambiental a favor del proyecto.
Dicho permiso está vigente hasta febrero de este año.
Polémica autorización
El emprendimiento Malecón Tajamar prevé la construcción de 5.096 unidades de alojamiento.
El desarrollo ha sido cuestionado desde sus comienzos luego de que la Semarnat lo autorizara diez años atrás tras ser presentado por Fonatur.
Malecón Tajamar Cancún recibió un polémico permiso ambiental en 2005, pues Fonatur había señaló que no era una zona de manglar y no está claro por qué se tardaron tanto en comenzar las obras recién a mediados del año pasado.
Tras la fuerte movilización popular, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un órgano “desconcentrado” de la Semarnat, realizó una inspección meses atrás y determinó que “el responsable del proyecto (…) no exhibió las autorizaciones correspondientes de ley”.
La fiscalía ambiental, que ordenó la suspensión temporal, tomó muestras para evaluar el daño ambiental ocasionada por la remoción de vegetación del tipo “selva baja” y “mangle”.
La Profepa las considera de “suma importancia ecológica” por ser una barrera natural contra fenómenos meteorológicos.
Juchitán, Oaxaca.- Mediante un documento, la Empresa Eólica “Eólica del Sur” que obtuvo el fallo a favor durante la consulta eólica indígena que concluyó en el mes de Julio del 2015, pidió a la Comisión Federal de Electricidad no aplicar el descuento bimestral por el concepto de “convenio/ Guendaracane (ayuda)” a las familias del municipio de Juchitán.
Esta decisión fue tomada debido a que el pasado 11 de Diciembre el Juez federal del séptimo distrito Isaías Corona Coronado, concedió la suspensión definitiva.
La empresa explicó que en la cláusula séptima del convenio de colaboración pactado entre ella y la CFE con fecha 13 de octubre del 2015 se anotó el apoyo especial a los usuarios domésticos en tarifa 1C para el municipio juchiteco con una cantidad anual de 4 millones 300 mil pesos, que se aplicarían para el “convenio/ Guendaracane (ayuda)”.
Resaltó que el juez séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 454/2015, para el efecto de no ejecutar permisos para la construcción y operación del parque eólico.
La empresa eólica del Sur, pretendía construir un parque eólico en ambos municipios- El Espinal y Juchitán- en una extensión total de 5 mil 300 hectáreas, siendo 2 mil 800 hectáreas en territorio espinaleño y el resto – 2300 hectáreas- corresponden al municipio de Juchitán.
El parque eólico abarcaría una capacidad de 132 turbinas, las cuales 72 Aerogeneradores con una potencia instalada de 216 MW serán para el Espinal y en Juchitán se pretende colocar 60 turbinas con una potencia de 180 MW.
Por último el representante de la empresa eólica, Eduardo Centeno recalcó que en cuanto se den “tengan noticias adicionales” sobre la culminación del juicio se informará a la empresa mexicana sobre lo que prosigue respecto a la construcción del parque eólico y asimismo poder reanudar el convenio.
Cesar Isaac
Morelos Tres punto ceroIntegrantes del Mecanismo de Protección denuncian faltas del gobierno y anuncian la no cooperación con el mismo.
Señalan principalmente al CESP y la Fiscalía Estatal, encabezadas por Alberto Capella y Javier Pérez Durón, respectivamente.
(19 enero de 2016 MORELOSTRESPUNTOCERO).- El día de hoy a las 10 de la mañana Integrantes del Foro de Periodistas y del Comité del Mecanismo de Protección para Periodistas en el Estado de Morelos ofrecieron una rueda de prensa para informar a la ciudadanía que sus miembros: Antonio Rivera Valdivia, Estrella Pedroza, Claudia Marino García Zapata y Jesús Castillo García han decidido suspender su participación en las sesiones ordinarias efectuadas por el Poder Ejecutivo del estado de Morelos.
Consideran que no hay condiciones prácticas, formales y de fondo por parte de las instancias involucradas que garanticen la operación y el funcionamiento adecuado del Mecanismo. Al respecto Jesús Castillo señaló que “por parte del gobierno hay una simulación, hay un doble discurso, por un lado se presentan a las sesiones del “Mecanismo de protección para periodistas”, pero no se cumple con los acuerdos que se tienen cuando se trata de proteger a compañeros que han sido amenazados”.
Denunciaron la actitud negligente y prácticas simuladoras que el gobierno del estado ha mantenido durante más de un año. Tiempo en el que constataron la evasión de su responsabilidad para proteger la integridad de quienes ejercen el periodismo. Señalaron que las autoridades han incumplido y han alterado acuerdos y medidas previamente acordadas actuando unilateralmente.
Las autoridades no han logrado conformar el reglamento interno de este Mecanismo, originando diversas omisiones, entre las que destacan las siguientes:
-Las autoridades han extraviado expedientes tanto en la Fiscalía Estatal como los integrados en el propio Mecanismo.
-Las autoridades han registrado audio de las sesiones, y el material se ha extraviado.
-Las autoridades toman fotografías de las sesiones sin el consentimiento de los asistentes.
-La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) ha incumplido con las medidas de protección acordadas en las activaciones.
-La Fiscalía Estatal no ha dado el trato ni el acompañamiento que se ha recomendado.
Se dio a conocer que a finales de septiembre del 2015 alertaron al secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina, sobre estas faltas e incumplimientos, y que hubo promesas y nuevos compromisos que con el pasar del tiempo se fueron diluyendo. Al llegar la sesión de diciembre, ninguno de los titulares o representantes acudieron. Por lo que decidieron convocar a una sesión extraordinaria, para antes de que concluyera el año, sin embargo tampoco se llevó acabo.
Así mismo, exigen al Estado Mexicano y en particular al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garanticen la integridad de los periodistas de Morelos, una entidad convulsionada por la inseguridad y la violencia. Evidencia de esto son los hechos recientemente suscitados, como el homicidio de la alcaldesa Gisela Mota y cientos de personas muertas y desaparecidas. También se hizo alusión a la presencia activa del crimen organizado y hasta visos de narco gobiernos en la entidad, como lo informó el mandatario estatal.
Como punto culminante los miembros exhortaron a la unidad del gremio para establecer mecanismos de autoprotección; hacer uso de las leyes que por si mismas establecen una procuración de seguridad y justicia, en particular valer los artículos 6° y 7° de la Constitución. Así como recurrir a las instituciones existentes defensoras de los derechos humanos para salvaguardar la integridad de los periodistas.
Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en voz de Xochiquetzal Salzar García del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas perteneciente a dicha Universidad, remarcó la gravedad de las denuncias que realizaron las personas periodistas y que tienen que ver con la condición vulnerable en la que se encuentra la profesión periodística en el estado de Morelos.
“Como universidad nos unimos con la única intención de fortalecer la Red de Periodistas y acompañarlos en el proceso, así como en el posicionamiento a nivel local, nacional e internacional, de la situación que viven los periodistas y en el contexto de Morelos, pero es del conocimiento de todos, que la situación de inseguridad es muy grave ante la opacidad y omisión de la autoridad estatal”, dijo Salazar García.
En entrevista con Morelos 3.0 Jesus Castillo dijo que por parte del gobierno hay un doble discurso, ya que asisten a las reuniones pero no cumplen los acuerdos “no hay un real protección a los periodistas, lo unico que nos queda es buscar nosotros mismos la seguridad”.Adicionalmente dijo que es de preverse que se incrementen los riesgos y los ataques a las personas periodistas en Morelos, dada la violencia que se vive y el hecho del reconocimiento del propio gobierno federal de que existen “narco alcaldes”.
“Con eso de que el gobernador aquí en Morelos dice que quien no está con el Mando único está en su contra, pues estamos perdidos”, dijo Castillo, quien por último confirmó al medio que el día de mañana se realizará esta misma conferencia para la prensa y sociedad nacional en la Ciudad de México. morelos30.com/2061-2/
(San Lorenzo Huitzizilapan, Lerma, Estado de México).- Ni la presencia de al menos seis camiones de granaderos del Estado de México, ni el intento de frenar la postulación del hoy comisariado José Luis González, ni si quiera el rumor de la compra de votos por parte de la planilla partidista detuvieron el triunfo de la “Planilla del Pueblo” en la elección del Comisariado de Bienes Comunales, con 223 votos, integrada por comuneros defensores de la tierra, el agua y los bosques ubicados entre las ciudades de México y Toluca.
Tampoco frenó su ímpetu un incendio registrado algunas horas después de la votación en los montes del paraje Mamo, a pie de carretera; cerca del lugar de donde es originario González. Los comuneros, todavía en el festejo, pensando en formar nuevas comisiones de trabajo, subieron a apagar las llamas cuyas características les hicieron sospechar de una posible provocación de la “Planilla por la Unidad de Huitzizilapan”, cercana al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En broma y en serio, mientras acababan con el fuego, varios comuneros decían:
“Este es el primer trabajo de nuestro nuevo comisariado”.
Desde las siete de la mañana, un convoy de granaderos se estacionó en el panteón de la comunidad de San Pedro. Una camioneta y una patrulla se acercaron al lugar donde se encuentra la oficina de Bienes Comunales y la primaria Luz del Campesino, donde generalmente realizan las asambleas.
Comuneros cerraron el paso a los granaderos con piedras y automóviles, pero negociaron con el comandante Rafael Fuentes que seis policías acompañaran a la Procuraduría Agraria región Estado de México (PA) durante la asamblea. Fuentes dijo que la PA llamó a la policía para que se presentara este día.
Desde hace seis meses, la PA negó en reiteradas ocasiones los derechos agrarios de la comunidad otomí al negarles la posibilidad de remover al antiguo comisariado, Luis Enrique Ortínez Dorantes, quien promovió una tala disfrazada de aprovechamiento forestal y la cesión de bienes territoriales al municipio de Lerma.
Después de la conformación de la mesa de debate y la presentación de las dos planillas contendientes, comuneros de la “Planilla por la Unidad de Huitzizilapan” acusaron a José Luis González de delito para que no pudiera contender por la presidencia del comisariado; sin embargo, al no tener sentencia alguna, González pudo ganar la elección.
El ahora comisariado dijo a la asamblea antes de la votación:
“No traigo nada escrito. Les voy a decir lo que siento en el corazón. Toda mi vida he estado aquí, conozco la problemática. Estaremos en las comunidades no sólo con los comuneros, sino con toda la sociedad”.
E insistió:
“Tenemos que cuidar nuestro territorio comunal, el agua, el futuro de nuestros hijos. Ya lo hicieron los adultos que están aquí y defendieron su territorio”.
Cuatro ancianos y el suplente de González, todos partidarios de la “Planilla del Pueblo”, fueron retirados de la asamblea porque no aparecían en las listas de la Procuraduría Agraria.
“¡Ya basta de tantas tranzas, cabrones!” gritó en las puertas un habitante de pueblo que no es comunero registrado.
Como él, decenas de personas esperaban la decisión de la asamblea; y es que desde el 20o3, el gobierno implementó en todo el país un padrón de comuneros que da el derecho a decidir sobre los asuntos territoriales de todo el pueblo a unas cuantas personas.
Al final, Ortínez reconoció ante González su derrota, pues la planilla cercana a él obtuvo sólo 112 votos.
Ortínez entregó al nuevo comisariado varios documentos que van desde 1560 al 2015 y abarcan la vida comunal de este pueblo otomí-ñätho. Relatorías, diarios de trabajo, papeles de conflictos territoriales y hasta una merced real fueron entregados a reserva de su análisis y de un informe y corte de caja que quedaron pendientes para otra asamblea.
Ortínez entregó también actas de asamblea donde supuestamente se aprobó el paso de la autopista Toluca-Naucalpan concesionada a Grupo Higa sin mayor análisis en 2011, además de las copias de recibos de comuneros al pago de indemnización.
Los comuneros de Huitzizilapan tienen hoy tal fuerza que, a pesar del desgaste de seis meses de trabajo y de las irregularidades cometidas por las autoridades, lograron refrendar su decisión.
El 7 de diciembre ya habían elegido a la planilla integrada por elementos de las 12 comunidades que conforman el pueblo. Aquel día, la PA no asistió a la asamblea excusándose por un accidente. A mano alzada, 211 comuneros dieron su apoyo a la “Planilla del Pueblo”. Fue la misma PA, que faltó a sus obligaciones, la que no quiso registrar el acta de esa asamblea de diciembre 2015, por lo que convocó a una nueva.
Como aquella vez, este 18 de enero los “tíos”, como llaman a las personas mayores de la comunidad, tomaron protesta al nuevo órgano comunal.
EL FESTEJO Y LAS LLAMAS
“Este proyecto que encabezamos inicia hoy con la voluntad de ustedes, no es varita mágica. Debemos de compartir la responsabilidad. El destino de Huitzi no puede ser de unos cuantos”, insistió ya afuera González, después de checar los vehículos de trabajo que entregó el órgano comunal saliente.
El delegado de la comunidad vecina de Xochicuautla, la cual también es otomí-ñätho y enfrenta junto a Huitzizilapan el paso de la autopista Toluca-Naucalpan y un decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto, resaltó que se deben respetar los usos y costumbres y autonomía de los pueblos de la montaña de Lerma.
Por su lado, los integrantes del Consejo Supremo de Xochicuautla insistieron en que hay que defender a las nuevas autoridades.
“Es histórico porque es un camino recto y ellos saben la decisión. Veo cómo se unieron; espero que los electos trabajen con el pueblo. Ustedes mandan”, dijo Antonio Reyes de Xochicuautla.
Mujeres y hombres de Huitzizilapan compartieron también su palabra en un acto improvisado para celebrar el triunfo de su planilla.
Aquí reproducimos algunos de sus comentarios:
“No más granaderos y engaños”
“No podemos dejar que entren los millonarios por el bosque”
“El ser comunero es una familia”
“Este es un movimiento social y ganó el pueblo”
“Todos somos comuneros porque todos vivimos en Huitzizilapan”
“Que nuestro progreso sea humano porque ya tenemos todo: bosque y agua; sólo falta cuidarlos”
“Hay que recordar lo que nos enseñaron: trabajar la tierra, hablar otomí”
“Que seamos autónomos, pero desde nuestra casa”
Después de dar estos mensajes, los comuneros atendieron un llamado de alerta, pues un incendio repentino devoraba pequeñas partes de la montaña en el paraje Mamo. Durante la asamblea, algunos de ellos escucharon a un familiar de Ortínez decir:
“Veamos qué van a hacer ahora que se esté quemando el monte”.
En esta época del año es común que haya incendios, pero de acuerdo con el comunero Abundio Rivera, las llamas tienden a subir, y el incendio de este día, pequeño, esparcido y a pie de carreta, pudo haber sido provocado.
El nuevo presidente del Consejo de Vigilancia, encargado de cuidar el bosque, realizó una pequeña reunión con los comuneros que apagaron el incendio con varas y les dijo:
“Ya se dieron cuenta que a pocas horas de iniciado nuestro periodo empiezan las provocaciones. Les pido su comprensión y acompañamiento para seguir dando esta lucha”.
XOCHICUAUTLA BAJA MAQUINARIA
Los otomíes vecinos de Xochicuautla llegaron sonrientes a felicitar al nuevo comisariado comunal de Huitzizilapan porque ellos también tuvieron un triunfo.
Durante la mañana de ese mismo lunes bajaron del monte a trabajadores con maquinaria de Grupo Higa que se dirigían a continuar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en los bosques Xochicuautla. La empresa llevaba cuatro meses sin trabajar después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera medidas cautelares contra la policía estatal que llegaba siempre con la empresa.
Un grupo de comuneros se organizó en la noche del domingo, pues la maquinaría arribó al pueblo el sábado.
“Se está desacatando la decisión de los jueces que nos dieron amparos. Nos queda claro que el mismo gobierno viola sus leyes” contó José Luis Fernández, vocero del pueblo, a Másde131.
Y advirtió:
“Van a querer fuera de la ley imponer el proyecto, a la fuerza, a costa de todo sin importar los costos y violaciones dentro de la comunidad y el medio ambiente”.
Pobladores de la comunidad de Paraje Nuevo, en Amatlán de los Reyes en la zona centro del estado de Veracruz, responsabilizan a una planta recicladora de hidrocarburos de varios casos de cáncer entre la población.
Tania Varela Ricalde, presidenta de la Asociación Veracruzanos por una Vida libre de enfermedades, indicó que los pobladores se comunicaron con ellos para lograr ser escuchados por las autoridades luego de 5 años de esta problemática. “Ocasiona graves problemas de salud, dolores de cabeza, vómitos, cuestión respiratoria, ojos irritados y desmayos (…) los pobladores van a gestionar que la quiten de ahí porque hay dos tipos de cáncer entre la población”, aseguró.
Indicó que se estima, entre los pobladores, que el 60 por ciento de los habitantes ya tienen problemas de salud, sin embargo solo hay 41 diagnósticos, porque la mayoría de ellos son de escasos recursos.
“Ellos quieren que esta recicladora desaparezca, pero para ello deben de llevar diagnósticos y piden auxilio a la jurisdicción sanitaria número seis que los ha ignorado”, dijo.
Para ello la Asociación buscará voluntarios y donativos para llevar una brigada médica a la zona.
El perfil de personas desaparecidas en Tlaxcala es de mujeres jóvenes, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
De los 19 casos reportados, de 2009 a 2015, nueve son mujeres y siete de ellas tienen menos de 18 años de edad.
Este lunes pobladores de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cerraron la vía corta Puebla-Tlaxcala para solicitar mayor seguridad en la zona debido al presunto robo de menores de edad.
El caso más reciente es el de Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, quien fue vista por última vez la mañana del 13 de enero cuando se dirigía a su escuela primaria “Cuauhtémoc”.
De acuerdo con el portal e-tlaxcala en los últimos meses han desaparecido en la comunidad dos mujeres más, Karla y Brenda, ésta última de 20 años, hallada muerta en Tepeaca, Puebla.
Adolescentes entre los 18 a 11 años de edad
En la página del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, hay 15 reportes de personas desaparecidas del fuero local en Tlaxcala, de 2009 a 2015.
Casi la mitad de casos son de mujeres y cinco de los reportes son de niñas o adolescentes entre los 18 a 11 años de edad. Otros dos casos refieren a mujeres de 33 y 37 años de edad.
En el fuero federal se reportaron como desaparecidas cuatro personas, de 2013 a 2015, dos mujeres: Dulce Corona, de 15 años de edad, no localizada desde julio del año pasado, y Nancy Corona Romero, de 16 años, desaparecida desde diciembre de 2013. Las desapariciones fueron notificadas a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) en el Distrito Federal.
Niñas desaparecen en zona de tratantes
Durante una reunión con el alcalde de San Pablo del Monte, José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, los padres de las mujeres desaparecidas solicitaron una reunión con la procuradora Alicia Fragoso, debido a que sospechan que los casos están vinculados con la trata de personas.
El temor no es infundado pues Tlaxcala es considerado un foco rojo en el tema de trata de personas, además de que el pasado 6 de enero se encontró el cuerpo sin vida de Brenda Tlatelpa Mora, oriunda de San Pablo del Monte, en un motel de Tepeaca.
Aunque el Fiscal General de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, se negó a dar detalles sobre el presunto responsable de la muerte de Brenda, de 20 años de edad, originaria también de San Pablo, versiones periodísticas apuntan a que se trata de la pareja sentimental de la joven.
Ruta de tratantes
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, detectó diversas rutas de los tratantes, entre las que se encuentran:
* Tlaxcala-Puebla
* Veracruz-Tlaxcala-Puebla
* Guanajuato-Tlaxcala-Puebla
* Morelos-Tlaxcala-Puebla
* Distrito Federal-Puebla
* Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York
En el estudio de 2014 se indica que en Puebla las principales zonas de enganche son Tehuitzingo, Tezuitlán, Xiloxochico, Tepeaca, Chignahuapan, Esperanza, San Miguel Xoxtla, Nopalucan, Atlixco, Acatlán de Osorio, Zoquiapan, Coronango, Libres, Xonacatepec (Puebla), Tecamachalco, Huauchinango, San Salvador Atoyatempan, Izúcar de Matamoros, Zacatlán y Quecholac.
Aunque la explotación se lleva a cabo principalmente en: Puebla, Tepeaca, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Tecali de Herrera, Tehuitzingo, Tecamachalco, Tezuitlán, San Pedro Cholula, Atlixco, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán, Chignahuapan, Cuetzalan, Huauchinango, Huaquechula y Zacatlán.
La desesperación de los padres de familia, familiares, amigos, compañeros de escuela y padres de familia tras la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol de 11 años de edad, los llevó a negociar con el gobierno una entrevista con la procuradora Alicia Fragoso, para liberar bloqueo en la vía corta Chiautempan-Puebla. Eso ocurría la noche de este lunes, pero los agentes de gobernación convencieron, vía presencia de granaderos, a los padres de familia y manifestantes, para que fueran recibidos este martes por la procuradora. Y así ocurrió, los padres de la menor llegaron acompañados por familiares y amigos y entre ellos llegó también el alcalde José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla. Los reporteros y reporteras no tuvieron acceso al edificio, por instrucciones del jefe de prensa, quien se dedicó a entorpecer la labor informativa de los periodistas de Tlaxcala, al negar el paso al edificio y menos a solicitar una entrevista con la procuradora. Solo de lejos se observó al grupo que solicitaba justica, pero fue imposible conocer sus impresiones tras la entrevista con Alicia Fragoso, fueron conducidos en los laberintos del edificio, para ocultarlos de los periodistas. Ahí, cada uno de los asistentes, alrededor de diez, fueron interrogados por policías investigadores que aprovecharon su presencia, para tratar de aclarar el caso en ese lugar. Uno de los acompañantes de los padres criticó a su salida esta acción, porque dijo “me parece que los agentes deben de investigar en el lugar de los hechos y no aprovecharse de la situación para interrogar a los que venimos dizque a dialogar”. “Por eso no se aclaran los delitos, porque los investigadores parecen macetas que no salen de su corredor, pero así lo aceptaron los padres y así es como está pasando, pero lo malo es que no investigan en el lugar de los hechos”, criticaron. Los padres de la menor y sus acompañantes fueron sacados por una puerta lateral en grupos pequeños, para que no se notara el movimiento y la estrategia dio resultado porque eludieron de esta forma a la prensa.
HABLA EN ALCALDE A su salida del edificio y de manera parca, el edil de San Pablo del Monte, José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla dijo que su tarea es servir de enlace con la procuraduría, para tener la información al respecto de la investigación y “bueno pues realmente en términos generales es eso”. Ya van dos mujeres desaparecidas, una niña y la joven que fue asesinada en Tepeca, en el estado de Puebla, pero aparte la trata de personas esta presente en el municipio y eso no se puede negar, es visto y de toda la gente se sabe
¿Cuál es el panorama real que vive San Pablo del Monte presidente?…
JIMRX.- Bueno pues es un Municipio, el cuarto más poblado y es un municipio que también tiene sus índices de inseguridad al respecto del planteamiento de las dos muertes bueno no se específicamente a quienes te refieras pero… ¿Bueno es una muerte y ahorita la niña que no aparece?
JIMRX.- Si, sin embargo la muerte de esta chica de la comunidad de San Cosme o San Sebastián, pues lamentable deceso de esta chica sanpablense se sucinto en Puebla. Entonces pues es una lamentable tragedia para la familia por supuesto para San Pablo del Monte de la niña bueno pues esta en curso la investigación y en ese sentido yo le diría que se fuera respetuoso con la familia y con la menor desaparecida pues está en proceso la investigación y hasta que no se tenga información decir o argumentar algo seria hasta irresponsable ¿Cuál fue ahorita la respuesta de la procuradora presidente ?
JIMRX.- Pues que están trabajando en el caso. ¿Llama mucho la atención que ahorita la gente que vino a San Pablo del Monte acompañando a la familia pues los traen hasta acá, los están Interrogando o pidiendo información cuando los agentes investigadores deberían estar allá porque allá se cometió el delito; no es irregular esta situación?
JIMRX.- En este caso no se en que bases tu argumento al respecto, más bien pues tienen que entrevistarse con algunas personas al interior y creo que esa es la parte que están realizando. La comunidad está en todo su derecho de manifestar su inconformidad al respecto de lo que considere que no está bien o no sea correcto y en ese sentido bueno pues nosotros hemos ser respetuosos del ejercicio de su derecho, mientras no afecten derechos de terceros ¿Va a pedir la presencia de la gendarmería o que se redoble más el apoyo del estado
JIMRX.- Bueno de por si tenemos un trabajo de coordinación con el ámbito estatal en materia de seguridad pública y bueno lo que hemos de trabajar mucho es verdaderamente hacer eficiente la coordinación. Al respecto de la gendarmería, bueno pues recorre la vía corta de por sí toda su longitud y bueno pues ya será cuestión de revisar con detenimiento si tuvieran que hacer otra función, pero eso es un tema que todavía debo dialogar con la instancia respectiva ¿Presidente aquí el tema de los límites con Puebla y de una franja que no es tierra de nadie ahí sería tierra de cultivo para este tipo de ilícitos de gente que se va a refugiar o esconder alla para cometer ilícitos en Tlaxcala?
JIMRX.- Bueno pues nosotros tenemos en efecto una problemática de límites territoriales que por supuesto habrá que seguirlo atendiendo tema bastante complejo ya que es el senado de la republica quien tiene competencia para delimitar territorios entre dos entidades federativas. San Pablo del Monte dota de servicios a esa franja territorial los más servicios posibles no podemos decir que todos, sin embargo vamos a continuar trabajado para que el día de mañana tengamos nosotros no solo la posesión, sino en este caso también legitimar -en este caso el territorio-.
CON MANIFESTACIÓN EXIGEN JUSTICIA Y SEGURIDAD EN SPM
Como se recordará, la noche de este lunes varios cientos de personas bloquearon el tráfico de la Vía Corta, esto después de haberse reunido con el alcalde José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, a quien públicamente le exigieron justicia y mayor seguridad, ya que en fechas recientes desaparecieron de dos chicas, siendo ubicada una de ellas sin vida. Datos obtenidos revelaron que familiares de las desaparecidas, poco después de las 17:00 horas, acudieron acompañados de al menos unas trescientas personas al frente de la alcaldía y con pancartas en mano exigieron públicamente justicia y mayor seguridad. Los que fueron atendidos por Rojas Xahuantitla el alcalde de extracción perredista, quien los invitó a trasladarse a Centro Cultual donde ayudado de un sonido local socializo la información con que se cuenta al momento, lo que al parecer no satisfizo a los manifestantes. Y mucho menos a algunos facinerosos que habrían aprovechado la coyuntura para incitar a la inestabilidad mediante frases cargadas de odio y palabras altisonantes que convocaban a bloquear el tramo carretero que conecta con la Angelópolis lo que ocurrió poco después de las 19:00 horas. Situación que estuvo presente por un espacio aproximado de una hora, la que impidió el tráfico normal en la zona y que movilizó a un nutrido número de granaderos dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que esperaban la orden de su superior para entrar en acción. Lo que por fortuna no fue necesario ya que mediante el diálogo se logró el retiro del bloqueo que solo afectó un sentido de la Vía Corta, también porque uno de los acuerdos es que los familiares cercanos a las chicas (quienes estuvieron ausentes en la manifestación) están citados para reunirse la mañana de este este martes con la titular de la Procuraduría General de a justicia del Estado (PGJE).
ATIENDE PGJE A FAMILIARES DE MENOR DESAPARECIDA EN SPM
En este encuentro la procuradora enfatizó que implementará estrategias precisas para el éxito de la investigación La procuradora general de Justicia del Estado, Alicia Fragoso Sánchez, acompañada de los mandos de la dependencia, atendió personalmente a los padres de una menor de edad reportada como desaparecida en el municipio de San Pablo del Monte y ratificó su compromiso de agotar todas las líneas de investigaciones correspondientes, a fin de dar con su paradero. Acompañada del subprocurador de operaciones, Víctor Pérez Dorantes, de la jefa del departamento de Investigación del Delito, Mariana Morales Sánchez; del encargado del departamento de la Policía de Investigación, Inspector Jefe César Maza Rodríguez, y del presidente municipal de San Pablo del Monte, José Isabel Rojas Xahuentitla, Fragoso Sánchez informó que se realizarán todas las diligencias necesarias con el propósito de localizar a la menor. Por su parte, los padres de la afectada agradecieron a la Procuradora de Tlaxcala por mantener siempre la disponibilidad de atender personalmente a los ciudadanos, ya que de esta manera se genera confianza en las autoridades y se establece una comunicación directa entre ambas partes.
El pueblo del Mineral de La Luz es un lugar de belleza mágica, edificado a raíz de la época de oro de la Minería en Guanajuato. Sus atractivos han provocado una importante inversión pública y privada para aprovechar los escenarios naturales e históricos de la región enclavada en las montañas de la Sierra de Guanajuato como recurso turístico.
Sin embargo, se trata también de una zona amenazada de depredación ambiental por la misma Minería, que ahora se realiza por parte de empresas de capital extranjero que muestran muy poco respeto por la historia y el medio ambiente. Un ejemplo de ello es el acelerado crecimiento de la presa de jales (desperdicios mineros) que la empresa canadiense Endeavour Silver, mantiene en esa zona.
La presa de la minera canadiense tiene ya cuando menos unas cuatro hectáreas de extensión, y sigue creciendo. La cortina, cerca de 200 metros de largo, amenaza con llegar hasta las casas de la comunidad de Melladito, un caserío de 11 familias, ubicado al norte de la presa de jales.
El embalse de desechos de Endeavour Silver, que explota las minas de Rampa El Lucero, La Asunción y Bolañitos, se estaría expandiendo en base a permisos federales. Sin embargo es evidente que hay daños a la ecología de la zona, cuando menos de la cañada en la que está asentada. Además de afear sensiblemente una zona con enorme potencial turístico.
Felicita Morales Morales, de 78 años de edad, quien toda su vida ha vivido en Melladito, dijo que no podía hablar mal de la minera, pues no se han portado mal, pero que la presa de jales ya no puede seguir creciendo, y que así se lo prometieron los ingenieros de la mina Bolañitos.
Cuando se visitó el caserío, se buscó platicar con dos mujeres jóvenes que estaban en el patio de una casa de adobe, acompañadas de varios niños, las mujeres dijeron que ellas no sabían nada, y que quien conocía el problema era la señora Felicita.
Un niño, de 11 años de edad, Francisco, nieto de doña Felicita, se apresuró decir que la presa está mal, que ahora se tiene que caminar mucho para ir a la escuela y hay mucho polvo.
A la matriarca, le causó risa la intervención de su nieto, “hay Francisco a ti nadie te pide opinión y ya diste tu voto”, dijo doña Felicita sin regañar al niño.
Doña Felicita reconoce que algo anda mal con la presa, pero que le prometieron que ya no va a crecer, y que además le aseguran que el lodo de la mina no tiene veneno. Añade: “ahorita no se ha levantado mucho polvo porque el lodo está húmedo, pero cuando lleguen los ventarrones nos vamos a llenar de tierra, por eso un hermano fue a hablar con los ingenieros para decirles que hagan algo y no dejen que el polvo se nos eche encima”, dijo la señora.
La presa de jales, ya a unos metros de las casas de Melladito, se estaba desbordando hacia el pozo donde se surte el agua, por lo que se quejaron a la minera y esta tuvo que construir un bordo para contender el lodo, contó la señora.
La señora nacida en 1938 en Melladito, dice que ella y su familia seguirán viviendo en el lugar, y que si la empresa minera les quiere comprar para que la presa de jales siga creciendo sin problemas, no venderán; “siempre hemos vivido aquí, este es nuestro lugar”, dice con firmeza la mujer, quien agrega que ella y su familia permanecerán en el lugar aunque les ofrecieran terrenos o una casa en otra zona, con agua potable y servicio de drenaje.
No me puedo quejar de la minera, uno de mis hijos trabaja en Bolañitos de Malacatero, informa doña Felicitas, y agrega, “pero eso sí, como le digo, la presa no puede crecer más, y en eso quedamos, y lo dicho se tiene que cumplir”, dice la señora quien informó que en la cañada que se tapó con la presa de jales, había más que nada huizaches.
Si sigue creciendo la presa de Jales, no solo afectará a casas de Melladito sino a decenas de árboles de encino que crecen del lado contrario a donde se ubica el caserío.
Por la cañada en la que se construyó la presa de Jales, corría un arroyo, que es parte de los arroyos que forman el río que pasa por en medio de la comunidad de Los Lorenzos, una de las comunidades más grandes del municipio, conocida por sus huertas de aguacate y guayaba.
Desde Melladito se observa con claridad la cúpula de la iglesia del Mineral de La Luz. Allí, la gente sabe del crecimiento de la presa de Jales, pero ese no es un problema que les importe mucho, pues por el momento no les afecta directamente. Si hubiera un derrame de jal los afectados serían las gentes que viven en las comunidades aguas abajo, como Los Lorenzos, Arperos y el Paxtle, esta comunidad del municipio de Silao.
Además la presa de jales, dstá separada por un cerro de la presa del Realejo, de donde se surte de agua a los habitantes de la comunidad de La Luz.
La presa de jales ya está impactando en la belleza natural del lugar, como sería en proyectos de ecoturismo y en las intenciones para detonar la zona de La Luz turísticamente, eso lo reconoce el señor Macario Padilla Calvillo, de 64 años de edad, quien está capacitado como guía de turismo rural sustentable.
Hoy guía de turistas, Macario trabajó muchos años como minero. Y aunque afirma que no puede condenar a la Minería, pues de eso vivó durante muchos años y es la actividad que está en el origen de La Luz y en su presente, si deja claro que ahora se requiere que la actividad minera sea muy cuidadosa y no dañe el medio ambiente.
Minera candiense construye presa de aguas pluviales
Algo que llama la atención es que cerca de la presa de jales, hay una presa para almacenar agua pluvial, que construyó la minera Endeavour, para usarla en los procesos de la planta de beneficio del mineral que tiene en la zona.
Aunque la presa no es grande, la cortina tiene unos 20 metros de largo, por diez de alto, se debió de contar con permiso de la Comisión Nacional del Agua para construir ese embalse, pues los arroyos de la zona pertenecen a la cuenca Lerma-Chapala, e incluso para restaurar esa cuenca, el gobienro federal auspicia programas de reforestación en la zona de la Presa de la Soledad.
El crecimiento de la presa de Jales, también tiene impacto en ese terreno, pues se está afectando a arroyos que son parte de la cuenca del Lerma Chapala.
Al respecto, son claras las conclusiones de un estudio de la Asociación Civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que trata sobre los impactos de la inversión minera canadiense en México. Concretamente, sobre las presas de jales se señala lo siguiente:
Los residuos de la explotación que no pueden aprovecharse son depositados en enormes presas, llamadas presas de jales. El diseño y construcción de estas presas resultan fundamentales para la seguridad de la mina, ya que contienen materiales muy tóxicos y dañinos para los ecosistemas, la vida y las actividades humanas. La seguridad de la mina depende en última instancia, de los métodos de construcción y mantenimiento, de la topografía del sitio y la actividad sísmica de la zona.
Además del peligro de que ocurran derrames, el método de lixiviación entraña otros riesgos, que incluyen la trasportación del cianuro al sitio, el agotamiento del agua y su contaminación con cianuro, arsénicos y metales pesados (como el plomo, mercurio y cadmio) y la intoxicación de zonas aledañas y de los trabajadores, debido a la exposición de emisiones de gases, entre otros.
La neutralización de la toxicidad del material residual es una labor que puede tomar entre cinco a cien años. Es posible que las empresas se empeñen en mantener en buenas condiciones el lugar mientras dure la explotación, pero difícilmente se comprometerán a seguir haciéndolo una vez desactivada la mina.
En Mineral de La Luz, nadie parece hacerse cargo de estas advertencias. A pocos kilómetros se encuentra el nuevo Centro de Atención a Visitantes de la Sectur estatal, con un museo de la Minería, una exposición de momias y un hostal de peregrinos. Más adelante está el santuario católico de Cristo Rey y hay intenciones de fortalecer la inversión turística en la zona, incluso con un teleférico de gran extensión.
Sin embargo, parecen imcompatibles los planes de la industria “sin chimineas”, con la falta de control de las empresas mineras, ahora en manos de inversionistas canadienses, que explotan la riqueza de la zona a niveles de depredación.
Aún donde actúa el crimen organizado o la perversidad de alguna trasnacional, en cada caso de despojo, amenazas, desplazamiento, miedo infundido, invasión etc., asoma el Estado Mexicano. Ese aparato estructural que sistemáticamente penetra sus tentáculos en el tejido social, para abrazarlo, comprarlo, romperlo y, finalmente, rematarlo.
-“Todo cuánto toca el gobierno lo echa a perder o lo quiere vender” aseveran con coraje un par de agricultores tradicionales de La Ciénega, Municipio del Limón. Y mencionan, con voz ronca y gastada; -“Ya el mismo gobierno es crimen organizado, es trasnacional, es minera contaminadora y es las armas que quieren expulsarnos del campo para que seamos jornaleros y no productores de alimentos, para que compremos semillas en lugar de generarlas nosotros mismos, para que le dejemos campo libre a las industrias… Pero nosotros no nos vendemos, continuamos practicando lo que los abuelos nos inculcaron; sembrar, criar animales, defender ese orgullo”.
Uno de estos campesinos, es comisario Ejidal de La Ciénega a donde reiteradamente han venido técnicos de la CONAFOR intentando convencer a la asamblea de que le entren al programa de Pago por Servicios Ambientales. El ejido, cuenta con una montaña, el Cerro del Narigón, en un estado de conservación impecable tanto que atrae a este tipo de agentes. El ejidatario Nando comenta–“Entrarle al programa es someternos a los lineamientos de ellos, es aceptar sus formas de manejo. Quieren privatizar lo nuestro. Aunque nos den un tanto de dinero al año por hectárea no le entramos, pues el cerro esta así de bonito gracias al manejo que aquí le hemos dado durante décadas. Mejor que nos paguen lo que nos deben por mantener el cerro sano, ¿no?.
Los técnicos de la CONAFOR se van, pero gente rara sigue pasando. El Ejido, es territorio de tranquilidad y paz hasta que comienza la quema de caña en su pequeño Valle, tiempo en que cruje el espacio, el aire se nubla de humo, el viento se aturde con ruidos estridentes de máquinas y decenas de jornaleros migrantes indígenas de otros estados hacen la labor pesada y mal retribuida.
La expansión del monocultivo de caña es otra forma más de la violencia del Estado contra las formas tradicionales de vida campesina. Quién dejó la Milpa por la caña, pasó a someterse y abandonar la oportunidad de soberanía y de decidir sobre su propio suelo. Hay menos maíz, menos ganado, menor crianza de animales de traspatio.
El Cerro del Narigón con sus piedrotas hace las veces de vigía, mientras los sabedores de geología aseguran que está repleto de mineral de interés para la industria. Desde sus alturas, se divisan cuatro socavones en cerros vecinos, de uno extraen fierro, de otro mármol y de los otros más, misterio. El ejército en su famosa guerra “contra el narco” ha hecho campamento tres veces en la casa Ejidal y una de esas veces pasaron dos días en el cerro según buscando criminales, narcolaboratorios o plantaciones; -“..pero son muy amables y hasta bromean con la gente”, -dijo Licha, una señora vecina de la casa Ejidal.
Paralelamente, el interés urbano, desarrollista, modernizador, prolifera. La Zona, declarada hace meses zona metropolitana (Autlán, Grullo, El Limón), recibe ahora más presupuesto para expandir la infraestructura. Funcionarios y otros agentes se jactan en que pronto la carretera El Grullo-Ciudad Guzmán, que atraviesa al Ejido será de dos carriles. Justo ahora se trabaja en su ampliación con su respectiva devastación insaciable; fractura de cerros, tala de árboles, compactación de suelo. ¿Más oportunidad para el pueblo o para intervención de agentes externos?
Lo cierto es que los mismos casos y testimonios de lo que ocurre en todo el país lo constata; “el interés urbano, extractivo o económico está por encima de la legitimidad de los pueblos, la pertenencia ancestral, la preservación de la riqueza natural, la agricultura sana y sabia. Y, como hace referencia el Umbral de la Revista Ojarasca “Bajo tal principio, que allana el paso a denigrantes tratados y acuerdos internacionales, operan secretarios de Estado, jueces y magistrados, legisladores, banqueros, empresarios mamut, consejos de accionistas, fuerzas armadas, servicios de inteligencia, programas sociales, medios de comunicación masiva.
La asamblea ejidal de La Ciénega ha entendido que al gobierno no le importa el campo ni los campesinos, que a estas alturas todo lo que viene de allá es para descomponer al Ejido, para dividir, para explotar el patrimonio. Que mejor, lo que se debe hacer es unir más al Ejido, hacer Ejido tejido. Tal como menciona el Umbral; “queda organizarse, interconectarse, tomarse la palabra y las manos, arrimar los pensamientos. Los zapatistas acaban de reiterarlo. Organizarse. Establecer autonomía. Resistir es la estrategia polisémica y diversa, no sólo en defensa propia, también para defender la Nación de sus usurpadores, y para ganar tiempo”.
CHAMPOTÓN.- Además de infringir en las leyes que exige la SEMARNAT y PROFEPA, la empresa de material de construcción Montserrat 2000 SA de CV según pobladores de Seybaplaya, realizan trabajo de elaboración de cemento de la cual no está facultada, pues labora clandestinamente en este tipo de trabajo donde no tiene el permiso de las autoridades federales.
Con muchos años laborado de manera clandestina, el cansancio llegó hasta los pescadores que se han quejado y en una ocasión realizaron una manifestación en contra de esta empresa pues según los pescadores, han resentido la baja del producto marino, así como la muerte de especies en peligro en extinción como delfines que se han intoxicado por los químicos que la empresa arroja al mar.
Pescadores, manifestaron su queja declarando que las dependencias federales como la SEMARNAT y la PROFEPA tienen denuncias de esa empresa y que no han acudido al lugar para supervisar las acciones que esta empresa está realizando en la elaboración del cemento.
Mateo Cantún, es de los pescadores Champotoneros que han estado en contra de este tipo de acciones por parte de la empresa Montserrat, que ya ganó gran parte de terreno del mar para la elaboración de una terminal portuaria para el transporte de su materia de fabricación, situación que no les preocupa la devastación de especies marinas, así como de daños al ecosistema terrestre y marino.
“Dentro de poco ya no tendremos faro, pues estos trabajos cada vez se acercan más al faro del Morro pues están desgajando el cerro a más no poder y por consecuente no les preocupa que es el hábitat de muchas especies, pues las iguanas que se acercaban al balneario, ya es casi imposible poder verlas ante tanto daño que han ocasionado estas personas” dijo el pescador.
Para los seybanos que gustaban de acercarse al cerro y de los visitantes que llegan al balneario Payucán, dicen en ocasiones estar constantemente lagrimeando de los ojos ante el polvo que ocasiona el trabajo de la elaboración del cemento, ya que aunque la empresa no esté en labores, los químicos que utilizan y el polvo de los materiales de construcción siguen destilando por todo el medio.
“De ser posible volveremos a manifestarnos cuantas veces sean necesarias, ya que en verdad es una gran molestia el estar siendo perjudicados por esta empresa que ya demasiado daño ha ocasionado a nuestro ecosistema marino y terrestre y ni qué decir de la tala de árboles y otro tipo de plantas” dijo el señor Francisco Hernández de Seybaplaya.
Zacatecas.- El Sindicato de Personal Académico de la UAZ interpuso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una denuncia contra el rector de la máxima casa de estudios, Armando Silva Cháirez, “por el delito de peculado”, informó Pedro Martínez Arteaga, miembro del Comité de Huelga del SPAUAZ.
Denunció que Silva Cháirez “sustrajo de la cuenta bancaria correspondiente a la seguridad social de los sindicalizados, para pagar la segunda quincena de diciembre y la primera de enero”.
José Crescenciano Sánchez Pérez, secretario general del sindicato, informó en rueda de prensa que el rector pasó por encima del compromiso que había de no tocar el dinero de dicha cuenta.
Por ello, este lunes el SPAUAZ llevó a cabo un paro de actividades desde las 7 hasta las 19 horas; se tomó la Rectoría universitaria, frente al Jardín Juárez, y la Torre de Rectoría, ubicada en el Campus UAZ siglo XXI.
Sánchez Pérez agregó que exigen la devolución de ese recurso a la cuenta de seguridad social, ya que corresponde a la aportación mensual de 7 millones de pesos que hizo gobierno del estado, desde el levantamiento a huelga en marzo del año pasado.
Martínez Arteaga detalló que en la cuenta de Banorte se contaba con una suma de 88 millones de pesos, de los cuales se tomaron 75 millones; “no tuvieron la delicadeza de decir, podríamos pedir prestado el dinero. Es un abuso de autoridad, el haberlo hecho es un delito”.
Destacaron que el adeudo que ahora tiene la administración central con el SPAUAZ es de 150 millones de pesos, debido a las prestaciones vencidas desde el año pasado.
El líder sindical enfatizó que no ha tenido comunicación con el rector, por lo que en reunión del Comité de Huelga, la tarde de este lunes se acordó que se solicitará a Armando Silva Cháirez entregar un documento donde proporcione información fidedigna de cuál es el monto del adeudo total de la Universidad.
Además, de no recibir el pago o el oficio, no habrá clases este sábado en los programas de semiescolarizado y advirtió que se acordó un paro general en la UAZ este lunes, impidiendo así la reanudación de clases.
Monterrey, México (18 enero 2016).- Con gritos de “¡No a Monterrey VI!” y “¡Cumple, Bronco!”, alrededor de 150 ciudadanos exigieron ayer al Gobernador Jaime Rodríguez que cumpla su promesa de campaña de dar marcha atrás a Monterrey VI.
Por casi dos horas, integrantes de agrupaciones civiles se manifestaron en contra del plan hidráulico y del Mandatario estatal en la Explanada de los Héroes.
El 8 de enero, un día después de tratar el tema en una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador señaló que el proyecto Monterrey VI no ha sido cancelado y que el Estado trabaja en alternativas para su realización.
“El Gobernador desgraciadamente ha sido muy inconsistente en sus declaraciones con respecto a muchos temas.
“Y particularmente con Monterrey VI, porque cuando andaba en campaña dijo que no a Monterrey VI”, dijo Rebeca Clouthier, ex Diputada local panista, quien participó en la manifestación junto con su hermana Tatiana, de Evolución Mexicana.
Frente Amplio Ambientalista, Únete Pueblo, Ciudadano Empoderado, Colectivo Cascadas, Comité Pro Defensa Cerro de La Silla y No a Monterrey VI fueron parte de las organizaciones que participaron en la manifestación pacífica.
VENCE PRÓRROGA EN MARZO
Al reiterar que de acuerdo a una nueva evaluación con organismos se definirá qué plan es conveniente para dotar del agua necesaria a Nuevo León, el director de AyD, Enrique Torres, dijo que a finales de marzo vence la pró- rroga de seis meses para iniciar la obra que la anterior Administración dio al consorcio.
La presencia de Joaquín Guzmán Loera en la Sierra Madre Occidental –y su persecución y captura– se dio paso a una serie de violaciones a los derechos humanos en poblaciones enteras. Diecisiete rancherías ya no son las mismas, como ya no es la misma Cosalá, a donde casi mil desplazados se fueron a vivir. Las palabras oficiales hablaron de “misión cumplida”. Pero el cúmulo de testimonios permite ver que conceptos como “abuso”, “montaje”, “desaparición” o “muerte” definirían mejor lo que ocurrió en octubre del 2015, cuando más de dos mil infantes de la Secretaría de la Marina Armada de México iniciaron la persecución del capo más buscado del mundo en el llamado Triángulo Dorado.
En Las Lomitas, en Cosalá, donde se reportó presencia de “El Chapo” antes de su captura, el silencio en las calles. Fotos: Linaloe Flores
Cosalá, Sinaloa, 18 de enero (SinEmbargo).- ¿Cómo se reconstruye una muerte negada? Porque eso –la muerte- es la versión última de Pedro López Trujillo después de más de 120 días de buscar a su hermano, Roberto, en los recovecos curvos de esta sierra. Pero la suya es sólo una creencia, algo que se le plantó en la cabeza; de hecho, sólo tiene pistas de aquí y de allá, y corazonadas. Esta noche se apega a lo que le dijo una mujer . Lo relata todo aunque la Secretaría de la Marina Armada de México niegue lo que esa mujer le contó: que a su hermano le dispararon.
Que ella vio a Roberto en la hora última, le dijo la mujer. Que ocho bajaron juntos de esa altura de peñascos sembrada de goma. Que ella se apuró porque de la mano, o en los brazos, traía a un niño.“A tu hermano le dieron un tiro en la cabeza cuando le dio las buenas noches a los guachos. Fue el maldito 8 de octubre en el retén que tienen en ese punto al que le pusieron La Boquilla”.
Ese día, unos dos mil 500 infantes de la Secretaría de la Marina Armada de México -”los mejores”. indicó la institución- se desplegaron en el Triángulo Dorado en búsqueda de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán. La versión oficial indicó que luego de escapar el 11 de julio del penal de máxima seguridad de El Altiplano, por un túnel de 1.5 kilómetros, fue llevado en carro hasta un aeródromo privado en Querétaro. Ahí tomó una avioneta hasta Sinaloa. Luego, a la sierra.
Los ocho venían como conejos que previenen la caza a pedradas. ¿De qué otra forma puede andarse cuando uno es trabajador de plantíos ilegales de mariguana y la Marina ha ingresado al terreno? De lo que se dijeron unos a otros mientras bajaban no puede reproducirse mucho. Más bien, nada. De día se escondían. De noche, caminaban en silencio con tal de no ser delatados por sus propia corretiza entre las barrancas. Pasaron San Xavier, La Borrega y Santa Ana. Vieron que ahí ya no había nadie y entonces supierton que otros -como ellos- también escapaban.
Pedro está brindando la biografía de su hermano en la plazuela de Cosalá. No excluye el dato de que el hombre subía a sembrar y cosechar. La noche se arma de silencios de pueblo y pareciera que sólo las sirenas de las patrullas de la Policía Municipal o las tanquetas de los militares tienen permiso de romper la armonía de este sitio, catalogado hace diez años como pueblo mágico. Las palabras chapotean como monedas al caer en una noria. La media luna cuelga.
Está ratificando lo que el investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con sede en Mazatlán, Arturo Lizárraga, dejó plasmado en el estudio De aquí y de allá. Migración y Desarrollo Local: “Los habitantes (de la sierra sinaloense) no ven ni conciben su labor agrícola peculiar desde una perspectiva moral, ni tampoco inscrita en los ámbitos de la desviación social, sino sencillamente como una actividad económica para enfrentar las dificultades y penurias de su existencia”.
En Cosalá, o en los alrededores, no ha ocurrido ningún milagro que desplace la curva del empleo, que según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática no ha rebasado la tasa del 12 en los últimos diez años.
—Dos o tres matitas se fue a sembrar. Así como todos los de aquí -suelta sin pronunciar ninguna “s”, en ese acento suyo tan arraigado a esta tierra.
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Cosalá ya no es la misma. Le bastaron dos meses y medio para madurar un poco más en sus casi 500 años de ser poblado. Los que duró la persecución de “el hombre más buscado del mundo”. En octubre del año pasado y a partir de “El Chapo”, su zona geográfica creció. Lo dice con admiración Óscar Loza Ochoa, comisionado de enlace con instituciones de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), en las oficinas de esta Organización no Gubernamental, en Culiacán. Esta es su explicación: “Antes, el Triángulo Dorado era una unión imaginaria de los vértices de Chihuahua, Durango y Sinaloa, pero a partir de la búsqueda de El Chapo la extendieron a Cosalá. Este municipio ya no es una puerta de entrada; ahora ya está integrado para los fines de investigación y persecución de personajes del narcotráfico”.
En 1970, durante el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el cultivo de mariguana se desplegó con notoriedad en los altos de Sinaloa, un poco más allá de Cosalá. El Ejército Mexicano envió las primeras tropas a la región para que destruyeran plantíos y atraparan campesinos. Muchos huyeron en una de las primeras grandes estampidas ocurridas aquí. Seis años después, las tropas volvieron de manera más formal en la llamada Operación Cóndor que originó unos cien mil desplazados, según un estudio de la CDDHS.
Esta vez, la persecución de Guzmán Loera dejó unos mil desterrados de 17 rancherías del llamado Triángulo Dorado y una nueva cara para Cosalá.
Loza Ochoa advierte que el desplazamiento humano continuará en esta región porque ni siquiera está estudiado con estadísticas por parte del Gobierno, no obstante que bajo los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas, el fenómeno se equipara a otros ocurridos en sitios del mundo donde hay conflictos armados.
En la recomendación 03/2015, esa comisión expone que los testimonios de los pobladores coinciden en que en octubre, los marinos dispararon ráfagas de tiros hacia las viviendas y calles de las comunidades, “lo que obligó a los habitantes a buscar refugio en sus casas o en el cercano monte. Acto seguido, arribaron por tierra grupos de efectivos de la Marina, revisaron las viviendas y le exigieron a los vecinos que no abandonaran las comunidades”. Pero muchos huyeron. Son los que ahora le han dado otra cara a Cosalá.
El 25 de octubre -19 días después de que la Marina había arrancado el operativo para buscar al “Chapo”- la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió personal a este municipio para atender las quejas tras el despliegue de miembros de la institución por “presuntas violaciones a los derechos humanos”, según informó en un comunicado. El organismo se comprometió a emitir un pronunciamiento que en enero de 2016 aún no está listo.
Por lo pronto, los testimonios brotan. Decenas de historias. Voces de hombres, mujeres y adolescentes. A algunos no les importa ser grabados; pero los más piden anonimato. Casi todos piden compartir sus historias de noche, en discretos pedacitos de Cosalá.
“Usted no sabe lo que es que le destruyan a uno su casa o de repente, que lo acusen de tener mata en su patio nomás porque se les ocurrió”, expresa alguien. En otro momento, una voz distinta abona a la misma idea: “Tenemos miedo de que nos ubiquen. Y, pum, pum, pum. Y si estabas, luego ya no estás porque fuiste a dar al arroyo. Y el arroyo te llevó quién sabe a dónde y no te regresó. Y ya no te va a regresar. Te vas a perder en el arroyo”.
Y don “R”, de 80 años, suelta sin muchas alteraciones lo que le pasó:
—Esta casa la vamos a quemar porque hallamos mota —le escuchó decir a los marinos encapuchados.
Pero él defendió:
—A mí nadamente me han hallado en mi casa. Estoy cuidando mi casa. Y a un anciano no le pueden tumbar una casa.
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—¿Qué tan bajo voló el boludo? (Boludo, la palabra denomina a un helicóptero y está inmersa en el vocabulario que describe lo que ocurre en torno a los plantíos de mariguana).
—No pues, bajito, por los caballetes de la casa. Todos las láminas levantó, los árboles, plataneras, todas las dejó por el suelo… Dejaron un cochinero.
Se le encuentra en un paraje enlodado. LLeva ahí algunas horas a la espera de que alguien se detenga, lo vea, y lo regrese a La Borrega.
En el barrio conocido como Las Lomitas está esa muchacha de veinte años que no quiere regresar a El Verano, Durango. Ya se empleó como mesera. “Caminé tres días. Yo creo que sin parar. Traía a mi hijo y lo alimenté con agua de los arroyos y harina de maseca. Nos persiguieron que porque éramos sembradores. ¿Pá qué te quedas a alegar?”. Si un fotógrafo tuviera que captar cómo es este sitio, en su gráfica aparecerían casas de adobe viejo y de concreto nuevo, pegadas unas con otras. Casi siempre, reciben patios plagados de plataneras o naranjos. Aquí se concentraron los desplazados de Tamazula, Durango. Y el número de habitantes creció: si antes había cuatro, ahora hay siete. Así se vive ahora.
Las oportunidades de volver llegan como suertes echadas al aire. Para la sierra, se necesita un carro cuatro por cuatro, o un caballo. Distan de aquí algunos caminos empinados y de lodo. El sábado pasado, activistas de la CDDHS ofrecieron acompañamiento. Y muchos dijeron: “No, muchas gracias. Vamos a buscar trabajo aquí”.
Pese a todos los pesares, Cosalá se extiende orgullosa como la joya turística que es. Aparece después de que la carretera Culiacán-Mazatlán entronca hasta alcanzar la Sierra Madre Occidental. El camino se va haciendo cada vez más verde mientras vacas, burros y caballos cruzan libres entre las curvas. Hay que pasar dos panteones. La única línea de autobuses que llega a Cosalá es Líneas de Oriente; sus unidades datan de los noventa o de 2005, el año en que Cosalá fue declarado “pueblo mágico”.
Enero de 2016 no pasará a los registros como un mes con afluencia turística. Los tres hoteles del centro, -Quinta Minera, Real del Conde y Ray 4 hermanos-, tienen acaso dos huéspedes cada uno. El pasado glorioso, el de la plata extraída de las minas, se ha quedado en ellos. Son mansiones adaptadas, con fotos de sus dueños colgadas en las paredes de piedra. Agencias de viajes confirmaron que muchos paseos programados para esta temporada fueron suspendidos después de la captura de Guzmán Loera y que se supo que este municipio pudo ser su última estación antes de llegar a Los Mochis. Luego, está el dato de que el capo se reunió con la actriz Kate del Castillo en la Reserva Ecológica que la UAS tiene aquí.
Cosalá aparece con sus calles cuesta arriba, con las casas coloniales en coloridos fuertes y definitivos, mientras algunos pericos y guacamayas revolotean libres. Parece que siempre ha sido así. Su nombre, en cahíta, es “Lugar de Guacamayas”.
La sierra está fría, pero al tiempo, el sol pega duro. Las escenas se enciman creando el caos: ahora mismo pasan las tanquetas de militares. Enseguida, los decibeles de un corrido o una canción de amor con acordeón surgen de una camioneta Lobo: “Ojos que me han robado la paz del alma” con Los Alegres del Barranco. O: “… Mira qué borracho vengo, de Culiacán … Nomás a decirte vengo, linda güerita, qué buena estás”. Poco después, una cuatrimoto, un vehículo común en estas calles. Hace rato, una mujer de poco más de 80 años, sentada en un patio sembrado de plataneras, dijo que “lo de El Chapo es para contar una novela. Porque aquí será muy difícil que las cosas cambien. O sea, el final ya lo conocemos. Llega otro. Lo matan y llega otro. Por eso es una novela”. Dijo que Cosalá ahora tiene una vida como el mismo arroyo de tan revuelta.
—Luego que todo pase, nos olvidarán —concluye un hombre de sombrero y huaraches en la plazuela.
***
Infantes de la Marina sostienen que no pueden dar ningún detalle de la operación que condujo a la captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán. Lo que sí hacen es negar que hayan disparado en contra de las poblaciones.
Uno de ellos muestra un comunicado. El que la Marina envió a los medios informativos en octubre pasado.
Dice:
“El operativo en Tamazula, Durango, se efectuó en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos, la leyes que de ella derivan y los tratados internacionales”.
La institución acepta en ese documento que mantiene presencia en Tamazula, Durango, donde realizan recorridos de disuasión en estricto apego a la legalización vigente y absoluto respeto a los Derechos Humanos y las personas.
“A él le dispararon, los marinos. En los límites de Sinaloa y Durango. Él iba a trabajar, así como todos trabajan […]. En la pura Boquilla donde estaban los marinos, ahí había una casa. No había tiros, no había nada. Lo único que encontré fue un foco, la ropa tirada, la mochila, fue todo lo que encontré de él. Lo demás… no encontré rastro de sangre, no sé si el río se lo haya llevado o se lo hayan llevado o lo hayan tirado”, son las palabras de Pedro, quien aún no encuentra a su hermano después de la jornada de La Marina.
Después de la fuga de “El Chapo”, la guerra se reanimó enloquecida, irrefrenable, en Sinaloa. Y como suele ocurrir en cualquier conflicto armado, hay versiones contradictorias, o muchas versiones de lo que pasa.
Invitaron al mitin nacional los días 5 y 6 de febrero en el DF para exigirle al gobierno federal respuestas por los miles de desaparecidos, no solo los jóvenes de Iguala sino de todo el país.
Llegaron de Chihuahua y luego partirán a Durango. (Isis Rábago)
Torreón, Coahuila
La Caravana Norte de los Padres de Familia de los 43 Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa, se reunió con asociaciones civiles con la finalidad de convocarlos a la lucha para exigir a las autoridades, respuestas sobre los desaparecidos, no solamente de Ayotzinapa sino de México.
Estiman hay más 25 mil desparecidos por lo que realizaron la invitación a Conformar un Plan Único de Lucha.
La Caravana se puso en marcha el pasado 15 de enero y la primera ciudad que visitaron fue Chihuahua el pasado domingo, en donde luego de llevar a cabo una rueda de prensa, se reunieron con organizaciones y concluyeron con una marcha en la Plaza Principal.
En las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de Torreón, la Comisión de los familiares que recorrerán la zona norte, expusieron los objetivos de la tercera caravana que realizan luego de la desaparicion de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014.
Melitón Ortega, señaló que la idea es hacer encuentros con las diferentes organizaciones y darles a conocer que “el movimiento siue vivo y en pie de lucha”.
Durantes los meses transcurridos dijo, han tenido resultados importantes como el establecimiento de acuerdos, para que la investigación continúe a través de una unidad apecial que propuso el grupo de expertos que llevó a cabo la investigación.
“Mientras que las recomendaciones no se cumplan cabalmente los padres continuarán exigiendo”.
También invitaron a los representantes de las organizaciones a acudir el 5 y6 de febrero a la Ciudad de México y establecer acuerdos en conjunto así como formar parte de las mesas de trabajo para definir las acciones.
Ante esto proponen que el 26 de abril se dedique a realizar un Movimiento Único de Lucha, ya que el 30 de abril presentan la segunda etapa de las investigaciones.
Alrededor de 50 personas presentes, escucharon las explicaciones y el sentir de los familiares. Al final se unieron al grito: “Porque vivos se los llevaron, Vivos los queremos”.
El Ayuntamiento de Alaquines no cuenta con información acerca de la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en torno al feminicidio de una menor registrado el pasado 28 de diciembre, pues los procedimientos se están llevando a cabo en San Luis Potosí capital, según dijo la alcaldesa Leonides Secaida López, a los miembros del cabildo.
El o los responsables del asesinato de la menor, no han sido capturados, ni siquiera identificados.
El regidor Moisés Mendoza Osorio, señaló que los habitantes del municipio tienen temor por sus hijos, debido a que los jóvenes salen por la tarde-noche de la preparatoria, la cual se encuentra en el barrio en donde se suscitó el asesinato de la menor.
La falta de alumbrado público en las calles de Alaquines, incrementa el temor de los padres de familia de enviar a sus hijos a la preparatoria Rafael Nieto.
Mendoza Osorio, dio a conocer que la población ha tomado medidas de prevención y evitan salir a la calle en medida de lo posible cuando se encuentra avanzada la noche y más en esa zona porque no hay alumbrado público.
El funcionario explicó que el único lugar que se encuentra iluminado en su totalidad es el primer cuadro de la ciudad y sería indispensable que se regularizara el alumbrado en la zona urbana.
Subrayó que es necesario que corporaciones de seguridad apoyen con recorridos de vigilancia pues la policía municipal solo tiene ocho elementos que no son suficientes para garantizar la tranquilidad de las familias de Alaquines.
Comuneros se organizan para realizar patrullajes en la zona
Como consecuencia de las denuncias hechas por comuneros del municipio de Tetela del Volcán, acerca de la tala de árboles en los bosques de esta demarcación, y su advertencia de iniciar movilizaciones para frenar el ecocidio por su cuenta, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron los trabajos de la carretera Ecatzingo-Tochimilco, la cual, aseguran los inconformes, no cuenta con permisos para pasar por su territorio.
El pasado miércoles los inconformes -encabezados por los comisariados de Bienes Comunales y Ejidales- reclamaron a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de Obras Públicas del gobierno del estado y a la presidenta municipal Ana Bertha Haro Sánchez, el que no se les haya notificado de dicha obra.
Ahí las autoridades aseguraron desconocer el proyecto impulsado por los gobiernos del Estado de México y Puebla, para la construcción de una carretera interestatal que comunique a ambas entidades en las inmediaciones del Parque Nacional Izta-Popo.
Luego de una acalorada asamblea, los comuneros exigieron a los funcionarios de las dependencias federales realizar una verificación en la zona devastada, en donde inmovilizaron la maquinaria y colocaron lonas con la leyenda de clausurado.
El recorrido por la zona fue encabezado por Alejandro Reséndez Zavala, coordinador de la Subdelegación de Recursos Naturales de la Profepa, acompañado por elementos del Mando Único, quienes a petición de los comuneros verificaron la construcción de una zanja, para evitar que entren vehículos para la extracción de materiales para construcción.
Mientras tanto, se mantienen las mesas de diálogo para dar continuidad a las investigaciones en torno a quienes dieron los permisos para la construcción de esa carretera, sin dar aviso al municipio de Tetela del Volcán.
Mientras tanto los comisariados ejidales y comunales y voluntarios se organizan en rondines de vigilancia para evitar que los trabajos de la carretera se reinicien.
La situación en la región ComCáac, (Sonora, México) en donde viven dos comunidades, Punta Chueca y Desemboque, ya era complicada con los megaproyectos mineros que se les fueron a instalar allí y que “siguen latentes por parte de empresarios a base de corrupción y métodos ilegales para hacer uso de las conceciones mineras para la explotación.”
Pero ahora, la situación se complejizó con la llegada del llamado “Proyecto Tiburón Agua y Energía” que proyecta construir una planta desalinizadora de agua, un proyecto de energía mareomotriz (que se obtiene aprovechando las mareas), además de una explotación minera en la Isla de Tiburón y un proyecto turístico.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería emitió un comunicado al respecto, expresando su preocupación, por múltiples aspectos: el múltiple proyecto no ha sido consultado a la población, a la que se la engatusa planteándole un supuesto beneficio económico con el proyecto, “cuando no es sino una falta de solución que no se adapta a los enfoques eco sistémicos y/o a la cosmovisión del pueblo ComCáac. Cualquier proyecto que tenga la extracción de bienes naturales como el principal sustento, pone en riesgo el territorio donde se piensa construir, cuando hablamos de pueblos originarios el riesgo aumenta, pues a la pérdida del patrimonio ambiental se le suma la pérdida del patrimonio cultural milenario de estos pueblos.”
No sólo eso, a raíz del derrame de 40 mil litros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora, perpetrado por el Grupo México, hace más de un año (el 6 de agosto de 2014) continúan apareciendo enfermedades en la piel, como llagas, en los habitantes de la zona. También les han encontrado una fuerte presencia de metales en sangre. Según reportó Sin Embargo, el Sindicato Minero Sección 65 en conjunto con el grupo “Todos Unidos contra Grupo México” denuncian que la contaminación se expande, que ha llegado a Hermosillo en el agua que beben. Estiman que además de los daños a la salud, al ecosistema, flora, fauna, el derrame está deteriorando la salud de cerca de 24 mil personas de la zona norte del país.
“Vamos a buscar la solidaridad internacional porque la gente requiere médicos especialistas, toxicólogos. Ojalá el gobierno federal reconociera a estas personas y les diera la atención. Ellos manejan que son 300 afectados en salud, pero no les están ayudando, ni dando seguimiento ni siquiera a los que ellos reconocen”, dijo al medio citado.
La Rema advierte que el mega proyecto múltiple cuenta con el apoyo y el aval de los gobierno estatal y federal, pero la red exige a ambos estamentos que haga cumplir la ley y proteja a las poblaciones originarias a las que está poniendo en peligro.
Advierte a su vez, que los comuneros de la zona han hecho sus descargos ante la Procuraduría Agraria, por lo que el reto de “no hacer oídos sordos” también le cabe a esa repartición estatal.
“Los pueblos tienen derecho decidir y vivir en armonía con su entorno, derecho a vivir en un ambiente sano y a continuar viviendo desde su propia cosmovisión, misma que parte de un profundo respeto a la naturaleza que los rodea y un amor a la tierra como dadora de los bienes que necesitan para el buen vivir.” Eso es lo que tiene que ser respetado, eso es lo que tiene que preservarse.
No ha habido respuesta a los planteamientos por parte de las autoridades correspondientes
Jesús Martínez
Corresponsal
GUADALUPE VICTORIA, DGO.- Oscar Daniel Hernández, dirigente sindical del SUTELL, Sindicato Único de Trabajadores del Tecnológico de los Llanos, expresó que emplazaron a huelga para el viernes a las tres de la tarde pasado, sin que hubiera respuesta a los planteamientos por parte de la autoridades correspondientes a las peticiones vertidas en el pliego petitorio, siendo la más común, el mantener la carga horaria a cada trabajador.
Desde agosto del 2015, ciertamente, dijo el líder de los trabajadores del tecnológico, se nos respetaron las cargas horarias, pero sin un documento que nos dé certeza de que así se mantendrán, lo cual indica que nos pueden quitar horas de un semestre a otro.
El informante comentó que también ha entrado gente nueva a la planta laboral, y ello afecta a toda la clase docente, “porque vemos que el tecnológico va creciendo, pero los que tenemos más tiempo haciendo crecer esta institución educativa no crece en proporción con nuestra escuela y es lo que estamos peleando.
“Por tanto nos mantendremos en huelga hasta nuevo aviso, y los maestros luchando también enseñamos”, expresó finalmente el líder de los sindicalizados de esta escuela a nivel superior, que en menos de un año, ha tenido dos paros laborales por la misma causa.
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se enfrenta a una epidemia: una crisis de desapariciones forzadas. Habitantes de esa región temen denunciar, por temor a amenazas o a ataques. Sin embargo no se trata de hechos aislados, pues la situación se repite en toda la República mexicana. En tanto, Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, de Argentina, aseguró que “el narcotráfico es la dictadura en México”, la cual viola derechos humanos.
La emergencia por desapariciones de personas se ha expandido por toda la República, pero de acuerdo con un informe reciente publicado por Amnistía internacional (AI), la crisis se centran en el estado de Chihuahua, donde hasta el 5 de enero pasado, en esa entidad federativa existían mil 698 personas desaparecidas desde el 2006; y tan sólo en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, por ejemplo, existen al menos 351 personas de las que no se conoce su destino.
Precisamente en es esa demarcación donde los pobladores, por inacción del Gobierno, han salido a buscar a sus familiares y se han enfrentado a amenazas y hasta ataques por parte de grupos armados, denunciaron familiares de desaparecidos.
En el reporte “Un trato de indolencia”, los municipios de Iguala, Guerrero, y Ciudad Cuauhtémoc, son una muestra de varias facetas de la problemática: la magnitud a la que pueden llegar las desapariciones en México, las formas de reacción del Estado mexicano frente a este tipo de delitos y las afectaciones de los derechos humanos de las víctimas.
“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo”, agregó Guevara-Sosas.
Leticia Sánchez, madre de una víctima de desaparición forzada e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHM), denunció que la Fiscalía en Cuauhtémoc se encuentra en complicidad con grupos criminales, puesto que cuando alguien denuncia, inmediatamente recibe amenazas o ataques. Además, dijo que los expedientes son apilados sin ser atendidos de tal forma que las las investigaciones nunca concluyen.
“Yo quisiera que el gobierno nos volteara a ver, porque hasta ahora el Gobernador no reconoce el problema en Cuauhtémoc, menos Enrique Peña Nieto que no se da por enterado. Pero ya son demasiadas desapariciones, es mucho desgaste físico, económico y emocional”, expresó Sánchez, madre de Luis Carlos Hernández Sánchez, de 22 años, desaparecido en 2010 junto con sus amigos, a manos de un grupo fuertemente armado.
La activista narró que una de sus compañeras, a quien le desaparecieron un hijo, tras participar en manifestaciones para exigir la aparición de su muchacho, la amenazaron con quitarle otros.
“Ella decía que ya no tenía nada que perder y siguió en la búsqueda de sus dos hijos. Hasta que la desaparecieron. Sabemos que cuando llegó el comando a su casa ella llamó a los policías, pero una fuente que tengo ahí dentro me informó que la orden fue que nadie acudiera a auxiliarla”, agregó Leticia Sánchez.
La mujer aseveró que incluso ella y otro grupo de padres fueron recibidos por el Gobernador priista César Duarte Jáquez, y él les prometió que sus familiares serían encontrados, pero bastaron unos meses para recibir una amenaza, ahora de parte de personal de la Fiscalía de Cuauhtémoc: “No ha aparecido y no va a aparecer porque está haciendo mucha presión”, le dijeron.
Cuauhtémoc es uno de los 67 municipios de Chihuahua y se encuentra en la zona occidental del estado; su cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, es una localidad de 114 mil habitantes, que conforma un polo económico importante para la entidad debido a las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales que allí se realizan. Además de su relevancia económica, el municipio es el límite entre las planicies desérticas y la cordillera de la Sierra Madre Occidental, ésta peculiar posición geográfica, refiere el reporte de AI, la convierte en un punto de cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de México con el sur de los Estados Unidos.
“Dicha circunstancia es un factor en la generación de violencia. La alta persistencia de la desaparición de personas en esta zona del país ha sido un motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional. Para este informe, la organización entrevistó a familiares de personas desaparecidas en 22 eventos ocurridos en Ciudad Cuauhtémoc y sus alrededores entre 2009 y 2014 en los que habrían desaparecido 38 personas”, detalla el documento.
“En la mayoría de los casos estudiados por Amnistía Internacional, las familias de las personas desaparecidas acudieron muy pronto —generalmente en cuestión de horas— ante las autoridades para denunciar los hechos y exigir la búsqueda de sus familiares. Sin embargo, en varios casos documentados por la organización, personal de la Fiscalía del estado de Chihuahua informó a las familias que tendrían que esperar 72 horas antes de que se tomara la denuncia correspondiente, pese a que esto no es un requisito legal. En un caso, una familia desesperada habría tenido que volver al día siguiente pues las autoridades alegaron que era ya muy tarde para recibir denuncias. En Cuauhtémoc no todas las familias denuncian las desapariciones, principalmente a causa del miedo que impera en la comunidad. Miedo que tiene origen en la enorme penetración de la delincuencia organizada en la zona”, agrega la investigación.
La organización internacional aseguró que las autoridades en la entidad se han negado a investigar, han alterado evidencia y no llevan las debidas diligencias de los casos, además que hay una constante rotación de puestos. Por ello, los familiares de víctimas asumen las acciones de búsqueda, donde además de arriesgar su integridad, patrimonio, se rompe con la estructura familiar.
“La combinación del retraso en la admisión de la denuncia, la falta de una búsqueda inmediata y auténtica, así como los errores en las primeras diligencias de investigación, ha afectado seriamente las probabilidades de que los casos sean esclarecidos y las personas responsables llevadas ante la justicia”, determinó AI.
EL NARCO ES LA DICTADURA
Amnistía Internacional refiere en un informe que las desapariciones en México han disminuido pero el problema impera en México, a tal grado de considerarlo una epidemia. Foto: Luis Barrón, SinEmbargoMx
Amnistía Internacional refiere en un informe que las desapariciones en México han disminuido, pero el problema persiste a tal grado de considerarlo una epidemia. Foto: Luis Barrón, SinEmbargoMx
Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, dijo que a diferencia de la dictadura militar que se vivió en su país y que dejó a cerca de 30 mil personas desaparecidas, en México, si bien no cuenta con un Gobierno impuesto ilegalmente, el crimen organizado es la dictadura.
“El narcotráfico es la dictadura en México, es el genocidio, es la violación de los derechos humanos, es el responsable de los crímenes de lesa humanidad en este país y es el estado el que debe responder por su tolerancia a estos delitos que afectan en la mayoría de las veces a los sectores más vulnerables”, aseguró Barnes, integrante de la organización civil que ha encontrado a 119 nietos perdidos, y ello gracias a su lucha de años y a los cambios que han logrado en la estructura y leyes de Argentina.
“México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”, agregó.
La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, determinó el reporte “Un trato de indolencia”.
En muchos casos de desapariciones denunciadas, detalló la organización, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas.
“Cuando los familiares acuden a la Policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados”, refiere la investigación.
El informe también pone como ejemplo el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que “el Gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado. Se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas”.
“La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental”, detalla.
El documento señala que los graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades están sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del personal.
“La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, aseveró Erika Guevara-Rosas.
Los habitantes se oponen a la construcción de una base de la Marina; “traerá violencia”, dicen
Advierten que esta instalación facilitará el proyecto del Arco Sur, que dañará sus tierras
Los residentes de San Bartalomé Xicomulco cuelgan en puertas, ventanas, muros y alambrados carteles en los que expresan su rechazo a la construcción ahí de una base de inteligencia
En los límites de las delegaciones Xochimilco y Milpa Alta se gesta un movimiento ciudadano de resistencia ante la “imposición” de proyectos de urbanización en tierras comunales, que empezarían con la instalación de una base de inteligencia naval y bodegas de resguardo de material militar de la Marina, lo cual “traerá violencia y muerte”, advirtieron integrantes de la Comisión en Defensa de las Tierras de San Bartolomé Xicomulco.
Desde la entrada al poblado, el cual forma parte de la comunidad de Villa Milpa Alta, se percibe el rechazo de la gente al proyecto, anunciado por decreto presidencial el pasado 8 de octubre sin aviso previo, pese a que se trata de un pueblo originario de usos y costumbres, donde la asamblea comunal es la máxima autoridad y toma las decisiones.
En puertas y ventanas de construcciones a medio terminar o casas de lámina de asbesto colocaron carteles en los que se lee: “No a la base naval”, “No a la entrada de la Marina”, “Xicomulco no será cuartel”. Ayer los habitantes realizaron una protesta para manifestar su descontento.
Al rechazo se ha unido la representación de Bienes Comunales de Milpa Alta, integrada por los nueve pueblos de la demarcación, los cuales alertaron que la unidad militar que se pretende instalar, en un terreno de más de 7 mil metros cuadrados localizado en el número 324 de la avenida 5 de Mayo, facilitará el proyecto de la autopista Arco Sur, que pasaría a 500 metros de la tierra comunal dañando importantes ecosistemas naturales.
Además que la presencia militar, de acuerdo con la experiencia en otras comunidades, sólo llevará al pueblo “violencia y muerte” porque los uniformados “están entrenados para matar”, señaló Abelardo Basurto, representante de los bienes comunales del poblado.
Mientras que Pablo Martínez, integrante de la Comisión en Defensa de las Tierras de San Bartolomé Xicomulco, narró cómo fueron despojados del predio, que de un particular pasó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1961 y ahora “pretenden que sea una base militar de la Marina en nuestras tierras comunales que no vamos a permitir”, advirtió.
Durante el mitin, que realizaron justo frente al predio de la avenida 5 de Mayo, exigieron frenar el asedio a sus tierras, además de solicitar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al delegado en Milpa Alta, Jorge Alvarado, dar a conocer su posición, debido a que este último ha señalado desconocer el problema.
Los pobladores también solicitaron el apoyo de otras comunidades de la zona rural del Distrito Federal para evitar que se siga dañando el suelo de conservación, porque en la zona montañosa de Milpa Alta se recargan los mantos acuíferos, los cuales serán severamente dañados con los nuevos proyectos urbanos.
En el mitin estuvieron representantes de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial (PAOT), del gobierno delegacional y de otras comunidades de la montaña.
De acuerdo con información que ha sido difundida por la asociación civil Humanas sin Violencia, en el período 2008 al 2014 en la entidad se registraron 623 muertes de mujeres, especialmente se agudizó en las zonas en las que se propagaron los “grupos de autodefensa”.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– La titular de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer, Fabiola Alanís Sámano, informó que es necesario legislar localmente para que se castigue con más rigor los delitos en contra de las mujeres; y que los ministerios públicos tengan protocolos de actuación y no actúen solo por la subjetividad.
Indicó que la declaratoria de Alerta de Género que solicitó el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, así como la asociación civil Humanas Sin Violencia, está en prórroga, debido al diagnóstico que había de mujeres víctimas de actos feminicidas; sin embargo, la declaratoria de Alerta de Género deberá ser emitida por la Comisión Nacional de la Violencia de Género, que depende de la Secretaría de Gobernación.
“Nuestra posición es que se emita la Alerta de Género en los 113 municipios, pero mientras eso no ocurre nosotros seguimos trabajando para prevenir actos feminicidas en el estado”, expresó Alanís Sámano.
La funcionaria estatal refirió que es necesario trabajar en la armonización Legislativa para que haya instrumentos que permitan castigar a quienes cometen delitos en contra de las mujeres. “A nivel federal hay avances importantes, hay leyes acordes incluso a los lineamientos internacionales, pero si necesitamos aquí una armonización, y leyes locales que castiguen a los victimarios, es desde luego un trabajo del Poder Legislativo, pero desde nuestra posición, en cuanto haya oportunidad, presentaremos alguna iniciativa para este asunto”, detalló.
En ese sentido dijo: “hay cosas que son muy claras, necesitamos reformar la Ley para que se mejore la actuación de los Ministerios Públicos, a veces llegan las mujeres golpeadas y depende de la subjetividad del Ministerio Público si las atienden o no, depende de la magnitud de los golpes y de ese nivel de subjetividad es la respuesta de algunos ministerios públicos”.
Entonces, -agregó Alanís Sámano-, hay que tomar en cuenta que el primer contacto en términos de impartición de justicia para la atención de la violencia son los Ministerios públicos, hemos trabajado en sensibilizarlos, en perspectiva de género, pero sí hace falta desarrollar instrumentos que eviten que sea la subjetividad la que prevalezca, y que cualquier acto de violencia, físico o psicológico, sea atendido de inmediato y sea castigado o sujeto a proceso a quien cometió ese delito”.
La funcionaria estatal puntualizó que el feminicidio se ha catalogado como las muertes asociadas al género, que son asesinadas por ser mujeres, y en ese sentido abundó que para Michoacán a nivel federal únicamente reconocen 8 casos como feminicidios; es la instancia federal quien reconoce o cataloga como feminicidios.
De acuerdo con información que ha sido difundida por la asociación civil Humanas sin Violencia, que dirige Lucero Circe López Ríofrío, en el período 2008 al 2014 en la entidad se registraron 623 muertes de mujeres, especialmente se agudizó en las zonas en las que se propagaron los “grupos de autodefensa”.
Los habitantes se oponen a la construcción de una base de la Marina; traerá violencia, dicen
Advierten que esta instalación facilitará el proyecto del Arco Sur, que dañará sus tierras
Los residentes de San Bartalomé Xicomulco cuelgan en puertas, ventanas, muros y alambrados carteles en los que expresan su rechazo a la construcción ahí de una base de inteligencia naval.
Josefina Quintero M.
En los límites de las delegaciones Xochimilco y Milpa Alta se gesta un movimiento ciudadano de resistencia ante la imposición de proyectos de urbanización en tierras comunales, que empezarían con la instalación de una base de inteligencia naval y bodegas de resguardo de material militar de la Marina, lo cual traerá violencia y muerte, advirtieron integrantes de la Comisión en Defensa de las Tierras de San Bartolomé Xicomulco.
Desde la entrada al poblado, el cual forma parte de la comunidad de Villa Milpa Alta, se percibe el rechazo de la gente al proyecto, anunciado por decreto presidencial el pasado 8 de octubre sin aviso previo, pese a que se trata de un pueblo originario de usos y costumbres, donde la asamblea comunal es la máxima autoridad y toma las decisiones.
En puertas y ventanas de construcciones a medio terminar o casas de lámina de asbesto colocaron carteles en los que se lee: No a la base naval, No a la entrada de la Marina, Xicomulco no será cuartel. Ayer los habitantes realizaron una protesta para manifestar su descontento.
Al rechazo se ha unido la representación de Bienes Comunales de Milpa Alta, integrada por los nueve pueblos de la demarcación, los cuales alertaron que la unidad militar que se pretende instalar, en un terreno de más de 7 mil metros cuadrados localizado en el número 324 de la avenida 5 de Mayo, facilitará el proyecto de la autopista Arco Sur, que pasaría a 500 metros de la tierra comunal dañando importantes ecosistemas naturales.
Además que la presencia militar, de acuerdo con la experiencia en otras comunidades, sólo llevará al pueblo violencia y muerte porque los uniformados están entrenados para matar, señaló Abelardo Basurto, representante de los bienes comunales del poblado.
Mientras que Pablo Martínez, integrante de la Comisión en Defensa de las Tierras de San Bartolomé Xicomulco, narró cómo fueron despojados del predio, que de un particular pasó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1961 y ahora pretenden que sea una base militar de la Marina en nuestras tierras comunales que no vamos a permitir, advirtió.
Durante el mitin, que realizaron justo frente al predio de la avenida 5 de Mayo, exigieron frenar el asedio a sus tierras, además de solicitar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al delegado en Milpa Alta, Jorge Alvarado, dar a conocer su posición, debido a que este último ha señalado desconocer el problema.
Los pobladores también solicitaron el apoyo de otras comunidades de la zona rural del Distrito Federal para evitar que se siga dañando el suelo de conservación, porque en la zona montañosa de Milpa Alta se recargan los mantos acuíferos, los cuales serán severamente dañados con los nuevos proyectos urbanos.
En el mitin estuvieron representantes de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial (PAOT), del gobierno delegacional y de otras comunidades de la montaña.
El Diario de Chihuahua
“Nuestros hijos jamás fueron quemados como dijo el Gobierno, nosotros seguiremos en la exigencia de que nuestros hijos aparezcan”, expresó uno de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
???En las instalaciones del Sindicato de Telefonistas, los padres y familiares cuestionaron el papel del gobierno federal y donde el Ejército no ha declarado al respecto.
Los padres iniciarán la caravana norte que recorrerá otros estados del país.
“Si a ustedes les arrebataran a sus hijos nos entenderían. Y harían lo mismo”, expresaron.
Ya han pasado mas de 15 meses, ubo participación federal, estatal, ministerial, municipal y se siente un dolor fuertisimo, de no saber donde esta tu hijo”, narro la mama de Jorge Anibal Cruz.
“Nuestros hijos no se venden ni por un peso. Sabemos que todo ya no es igual, el apoyo ha aminorado” expreso Epifanio Álvarez, papa del joven Jorge Álvarez Nava.
Huelga. Esta es la primera huelga que se registra en este instituto y la primera que se concreta en todo el estado en el presente año.
LA PRIMERA DEL AÑO EN EL ESTADO
El Instituto Tecnológico Superior de la Región de Los Llanos (ITSRLL) se fue a huelga la tarde de este viernes luego de que no logró ningún acuerdo con las autoridades educativas del mismo instituto y de la Secretaría de Educación.
De acuerdo con Óscar Daniel Hernández, dirigente sindical de los trabajadores de este Tecnológico, la huelga inició a las 15:00 horas del viernes, cuando se instalaron las banderas.
AUTORIDADES NO QUISIERON NEGOCIAR
Las pláticas entre trabajadores del ITSRLL y las autoridades educativas no tuvieron buen fin, “no hubo ningún ofrecimiento a los planteamientos presentados”, señala el dirigente sindical de la institución.
Tras fracasar las negociaciones, los trabajadores instalaron las banderas de huelga y en espera de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determine si la misma es legal o no.
“Nosotros creemos que están todos los elementos para que validen la huelga, pero dependemos de la resolución de Conciliación y Arbitraje”, admitió el dirigente sindical.
Explicó que en las pláticas que se llegaron a sostener en la misma Junta Local no hubo ningún arreglo porque las autoridades educativas jamás -dijo- tuvieron el interés de llegar a un compromiso con los trabajadores y en los puntos donde parecía existir algún acuerdo, las mismas autoridades no querían que quedara nada por escrito.
Entre las peticiones planteadas por el sindicato se encuentran, entre otras, el hecho de que no se les modifique cada ciclo escolar la carga horaria y el salario, el aumento salarial, la seguridad social para los trabajadores, horas mejor pagadas, viáticos para las actividades sindicales, entre otras.
A TODOS LOS PLANTEAMIENTOS LA RESPUESTA FUE NO
“A todas nos dijeron no; al aumento salarial fue no; a no cambiar la carga horaria fue un no; a la seguridad social, aunque no nos dijeron que no, señalaron que está en trámite, pero así está desde hace tres años y no hay avances”, comentó.
Los trabajadores plantearon la posibilidad de que en el rubro de la seguridad social se hiciera el contrato con el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), porque en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no hay avances en la tramitación, pero la respuesta fue no.
Ante esto, los trabajadores del ITSRLL decidieron irse a la huelga incluso, y a la espera ahora de que las autoridades educativas mejoren su comportamiento en las mesas de diálogo.
Conviene precisar que este sindicato cuenta con un total de 50 integrantes, entre maestros y personal de limpieza y seguridad, aunque, a decir del dirigente sindical, también tienen el apoyo del personal administrativo, aunque este no está sindicalizado.
Ciudadanos de Ahuisculco se presentaron ante el Congreso del Estado para exigir se investigue a la empresa constructora que destruye su entorno y a Aarón Buenrostro
Locatarios de Ahuisculco, Tala, en el olvido y total indefensión por el rezago de las autoridades priístas municipales. A casi tres meses de plantón para impedir que una constructora sin permisos destruya más su entorno, esperan que en el Congreso del Estado se les ayude.
Luego de ochenta días de paro ininterrumpido hasta el momento, locatarios de Ahuisculco se presentaron en el Congreso del Estado para pedirle a los diputados, exijan al ayuntamiento de Tala –gobernado por el priísta Aarón Buenrostro-, rinda cuenta sobre la supuesta ilegalidad en la que una empresa desea construir en la localidad, destruyendo el entorno del lugar.
En compañía del presidente del Comisariado Ejidal de esta localidad, Ignacio Partida Fletes, señalaron, en entrevista para Página 24, cómo las intenciones de esta empresa están alternando el ecosistema del lugar, no solo obstruyendo el paso del agua por el río, sino contaminándola también.
“Ahuisculco tal cual como su nombre, es el lugar donde el agua brota de las piedras. Los nacimientos de agua tienen más de 500 años y el temor que tenemos es que esta empresa se está colocando 500 metros río arriba, exactamente donde están los mantos acuíferos. Están haciendo las fosas que están grandísimas y por ello el agua a nosotros casi no nos llega para nuestros riegos o lo más básico”, manifestó Partida Fletes.
Explicó que hace cuatro meses una empresa llegó a la localidad y sin socialización de por medio, comenzó con procesos de excavación creando diversas afectaciones –en especial con el agua-, de ahí la incertidumbre de los locatarios en investigar y detectar por el portal de transparencia la carencia de permisos, lo que los llevó a solicitar explicaciones al ayuntamiento municipal quien poco les ayudó.
“Se supone que clausuraron las acciones de la empresa, pero tres días después iniciaron de nuevo, esta vez porque pidieron un permiso de remoción de suelo que el propio ayuntamiento les dio. Es un problema muy grave, hemos tratado de sacar la mayor información que se pueda, pero las autoridades del municipio por desgracia han sido muy herméticas”, agregó.
Por ello, al no ver solución por parte de las autoridades municipales, todos los locatarios en colaboración se han estado turnando durante los últimos ochenta días en la zona donde labora esta empresa a manera de plantón las 24 horas, para impedir que ésta arruine y destruya de lo más preciado que tienen.
Sin embargo, ha sido una tarea difícil y titánica, pues al no verse apoyados por nadie, estimando gastos de viáticos, y salarios perdidos por encontrarse en plantón, al mes gastan un aproximado de 150 mil pesos, o al menos así lo detalló Partida Fletes.
Con su presencia en Congreso del Estado, y al acercarse hacia los diputados emeceístas, locatarios de esta zona manifestaron su esperanza en verse no solo escuchados sino ayudados, pues a meses de lucha, lo único que desean es recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad de Ahuisculco.
La Procuraduría General de la República (PGR) emitió cinco citatorios, dos de ellos en calidad de inculpados, en contra de residentes del Ejido Hidalgo que participaron en las manifestaciones afuera de las instalaciones de la Geotérmica registrada en los meses de octubre y noviembre del 2015, aseguraron los pobladores afectados.
Aunque el documento oficial solo señala que la autoridad federal llama a comparaecer a los ejidatarios por su participación en la protesta en la planta de la Comisión Federal de Electricidad, los manifestantes advierten que al momento de llegar a la delegación de la PGR los acusan de agresión a trabajadores de la geotérmica, así como daños a propiedad ajena.
Enrique Campa, familiar de unos de los denunciados, señaló que el común denominador de las personas que fueron acusadas es que son adultos mayores y carecen de recursos económicos, por lo que no pudieron presentarse con abogados.
Una de las personas citadas, Silvia Jiménez, acudió la tarde de este viernes a la Delegación de la PGR, pero no quiso declarar lo ocurrido por temor a las represalias ya que dijo se trató de un acto intimidatorio.
El jefe ejidal del poblado Hidalgo, Ramiro Magaña, comentó que les resulta extraño que las autoridades federales continúen con este acoso a los residentes de esta demarcación del Valle de Mexicali, toda vez que en la última reunión en la Ciudad de México con el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, habían acordado un pacto de civilidad para que retiraran las demandas y dieran celeridad a la indemnización a los pobladores por la contaminación de la geotérmica, en cambio ellos retirarían la manifestación en la planta.
El regidor Jorge Eugenio Nuñez, presidente de la Comisión Especial de seguimiento en el caso de la contaminación de la planta de Cerro Prieto, hizo un llamado a las autoridades para que desechen las demandas.
Además pidió la intervención de los legisladores federales para que auxilien jurídicamente a los demandados y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos siga de cerca el caso.
La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) en un comunicado señaló que serán 600 los trabajadores despedidos en su planta en Monclova, Coahuila.
Para AHMSA el personal de “confianza”, es decir el que no está sindicalizado, sobra para las partidas anuales de la empresa. Sostienen que la situación financiera de la empresa es insostenible.
Fueron 600 los despedidos este 15 de enero. Para Francisco Orduña Mangiola, vocero de AHMSA, “los despidos son necesario y aunque es una decisión dolorosa el objetivo es obtener rentabilidad.” AHMSA tiene más de 19 mil empleados en todo el país, produce 3.5 millones de toneladas anuales de acero líquido, y cada año cotiza ganancias netas de 122 millones de dólares.
Según datos de la Jornada “En junio pasado, la compañía anunció la reducción del 20 por ciento en su producción, la suspensión de inversiones por 3 mil 900 millones de pesos y el recorte de 4 mil 500 empleos directos.”
Como se señala en Zócalo “El reajuste masivo de 600 que se suma a los 4 mil 500 puestos de trabajo desaparecidos en junio anterior donde 700 eran de confianza y el resto de constructoras y filiales no solamente involucra a empleados de confianza de las plantas siderúrgicas de Altos Hornos de México, sino también en sus unidades mineras que explotan carbón y concentrado de mineral de fierro en las regiones Cinco Manantiales, Carbonífera y Desértica.”
Es decir, los patrones de AHMSA han dejado, en unos cuantos meses, a más de 5 millares de familias a la calle. Argumentan pérdidas pero la realidad es otra.
Los trabajadores son los que pagan los platos rotos de la supuesta “caída” de la empresa AHMSA. Aunado a las reformas estructurales aprobadas por el régimen político, laboral, energética, educativa y en acuerdo con los partidos patronales, son los trabajadores quienes sufren de duros ataques.
Organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores Socialistas consideran que este despido es injustificado y consideran que es necesaria la apertura de los cuadernos de la contabilidad de la empresa para mostrar que la patronal no genera pérdidas. Para el MTS “los trabajadores están en condición de luchas por la expropiación sin pago de las empresas y la puesta a producción bajo control obrero.”
(16 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del Distrito Federal, denunciaron las violaciones a los derechos laborales de las que fueron víctimas por parte de las autoridades de esta instancia de la Ciudad de México.
De manera particular, señalaron que han sido afectadas por una ola de despidos injustificados ordenados por las autoridades del IEMS, acción que ha perjudicado a 59 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres jefas de familia, cuyo único ingreso proviene de esta actividad.
De acuerdo con las trabajadoras, el pasado 31 de diciembre les fue notificado que debían tomar una semana de vacaciones sin goce de sueldo, regresando a laborar el 8 de enero. Sin embargo, aseguran, el día que se presentaron a sus centros de trabajo para reincorporarse a sus labores, les fue notificado que ya no tenían empleo.
Según las trabajadoras, el IEMS concesionó el servicio de intendencia a la empresa Roc-man, ahora denominada JOAD. Esta compañía, dijeron, ha violentado los derechos laborales de las trabajadoras en complicidad con el IEMS.
Enfatizaron que desde hace algunos años han sido acosadas laboralmente por la empresa Roc-man. Señalaron que el IEMS tiene conocimiento de los abusos y las condiciones precarias laborales, sin embargo no ha actuado justificando que la relación es con la empresa.
En lo referente explicaron que las trabajadoras de intendencia carecen de seguro social, a pesar que se les ha dicho que lo tienen. Señalaron que desde septiembre de 2015 se presentaron las amenazas de despido sin justificación alguna.
Guadalupe Carrasco, una de las trabajadoras despedidas, afirmó que los encargados de la empresa concesionaria expresaron que el despido forma parte de un castigo por participar en el Sindicato de Trabajadores del IEMS y apoyar la lucha de los profesores de las prepas del DF, así como del personal administrativo.
“En todo momento se nos hizo presente que el despido era un castigo por andar de chismosas y revoltosas, por apoyar al Sutiems, y por ser las mujeres que hemos levantado la voz para hacer denuncias de todo el acoso laboral que hay en el sector de intendencias en el IEMS”, dijo la señora.
Explicaron que gran parte de las trabajadoras llevan más de 10 años laborando para el IEMS, algunas desde su creación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“Nos dijeron que nos íbamos de vacaciones y que nos veíamos hasta el 8 de enero, pero se nos ocultó la información de que ya no tenían el contrato. Como trabajadores nos fuimos a descansar, pero regresamos y ya no nos permitieron el acceso”, dijo Blanca Arellano, otra de las trabajadoras afectadas por los despidos.
Demandaron la inacción y complicidad del IEMS ante las violaciones. Señalaron que el IEMS como “patrón solidario” debería exigir el respeto a los derechos de las trabajadoras.
En este sentido señalaron que han sido víctimas de hostigamiento. Detallaron que en una protesta realizada el pasado 11 de enero, personal del IEMS y de la empresa JODA fotografiaron a las trabajadoras que se manifestaron. Ante este escenario responsabilizaron a las autoridades del IEMS ante cualquier agresión contra ellas.
Las trabajadoras pidieron a Miguel Ángel Mancera que se pronuncie por el hecho. Dijeron que el jefe de gobierno capitalino ha enarbolado un discurso en defensa de los trabajadores, por lo que exigieron que tome postura en este caso de despidos injustificados y sobre todo por los raquíticos sueldos que poseen.
Aunado a lo anterior manifestaron que las trabajadoras de intendencia viven las mismas condiciones precarias y de explotación que los jornaleros del Valle de San Quintín. Ante esto, añadieron:
“Le hacemos una pregunta al jefe de gobierno, porque siempre se ha pronunciado a favor de la mujer y del salario digno y nosotros tenemos salario de mil 300 pesos quincenales. Mancera se pronunció por los trabajadores de San Quintín y nosotras estamos en las mismas condiciones laborales.
“Entonces, ¿cuál es tu pronunciamiento, (Mancera), hacia las trabajadores del IEMS, que nos encontramos en las mismas condiciones, sin seguridad social? (…) queremos saber qué piensa de su San Quintín que está en el DF”.
CANCÚN, MX.- En la oscuridad de la noche, como los delincuentes, con protección de decenas de granaderos del gobierno municipal de Paul Carrillo y de la policía estatal de Roberto Borge, la madrugada de este sábado, maquinaria pesada y volquetes ingresaron a los terrenos del Malecón Tajamar y empezaron a desmontar y rellenar el manglar para preparar la construcción de los polémicos desarrollos inmobiliarios auspiciados por el Fonatur.
El operativo inició horas antes, la noche del viernes 15 de enero.
En redes sociales se dio la primera llamada de alerta, cuando activistas que desde hace meses mantienen una guardia permanente en Malecón Tajamar dieron aviso de la llegada de maquinaria pesada a través de la Avenida Bonampak
Inmediatamente, las luminarias del Malecón Tajamar fueron apagadas y, en la oscuridad, se empezaron a colocar vallar y se desplegó un fuerte presencia policiaca en la zona. Se calcula que el lugar fue resguardado por alrededor de 130 granderos.
En ese momento, sólo se encontraba en el lugar un pequeño grupo de activistas, pero empezaron a llegar más, incluyendo ciudadanos interesados en el tema.
Sin embargo, la zona ya estaba cercada y protegida por los granaderos y nada pudieron hacer para evitar la destrucción del manglar.
Alrededor de las 2:30 horas de la madrugada, se reportó la entrada de un convoy como de entre 50 y 100 camiones ya cargados de tierra y piedras con 50 máquinas custodiadas por la policía municipal.
A lo lejos, ciudadanos reportaron que se escuchaba como estaban dragando y rellenando el manglar.
El pasado 4 de enero, aprovechando la distracción del inició del año, se registró un primer intento por terminar de devastar el manglar en Malecón Tajamar.
Con permisos otorgados mediante información falsa, trabajadores de una empresa propietaria de un predio dentro del Malecón Tajamar desmontaron más de 100 metros de los humedales, aunque estos están protegidos por varios amparos interpuestos por algunas organizaciones ciudadanas y grupos ambientalistas.
El desmonte, sin embargo, se frenó por la movilización ciudadana que denunciaron los hechos en redes sociales y lograron que elementos de las Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como efectivos de la Policía Federal se presentaran en el lugar.
Para evitar la destrucción del manglar en el Malecón Tajamar, alrededor de cuatro mil ciudadanos habían presentado una denuncia con sus firmas ante la Profepa.
Los ciudadanos denunciaron que en la zona hay especies en peligro de extinción incluidas en la norma oficial mexicana NOM-059 de la Semarnat, entre ellas la rana leopardo, la iguana rayada, el cocodrilo Moreletti y diversas aves.
Hasta ayer, la Profepa mantenía una suspensión de cualquier tipo de obra en la zona. Sin embargo, en febrero vencen los plazos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace años para poder desarrollar la zona.
No obstante, la semana pasada se dio a conocer que después de cinco meses de parálisis, a finales de enero el proyecto Malecón Tajamar podría reactivarse e iniciarse al menos parte de los desarrollos turísticos que están programados para esa zona.
En su momento, el diario Por Esto! de Quintana Roo informó que el departamento jurídico del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) ya habría “destrabado” las acciones legales que se iniciaron contra el proyecto.
Asimismo, según esta información, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) habría determinado de igual manera que la empresa conformada por el consorcio italiano Bi&Di y el grupo Ultramar tendrá que seguir bajo limitaciones por el daño ambiental ocasionado el 12 de agosto del año pasado, cuando se dio la clausura y suspensión temporal de todo el proyecto de Malecón Tajamar, sin embargo también podrían construir.
De acuerdo con fuentes oficiales del Fonatur a nivel central, el principal escollo legal sorteado por el departamento jurídico de la paraestatal fue el amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), ya que en términos generales, la Profepa únicamente clausuró de manera temporal un predio y no todos los que conforman el desarrollo.
En total, el proyecto abarca 69 proyectos de uso mixto que están distribuidas en 12 manzanas que tienen como ventana la laguna Nichupté. Aunque el predio tiene una superficie de 78 hectáreas.
De manera específica, de los 784 mil m2 que tiene la zona, sólo en 386 mil 902 m2 podría construirse y de esa cifra poco más de 1 mil 053 m2 se encuentran frente a la laguna Nichupté.
Además, conforme al plan maestro del Fonatur, se pueden desarrollar 2 mil 67 viviendas con una densidad de pisos de entre cuatro y 14 para los inmuebles, dependiendo de su cercanía con la laguna; además se instalaría una ciclopista y un foro acuático.
En general, en el proyecto se desarrollarán vivienda, oficinas y áreas comerciales, así como un gran templo católico, además de contar con una rambla turística de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de ancho para espacios recreativos y culturales.
Cabe recordar que el 12 de agosto del año pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal las obras que se hacían en el Malecón Tajamar, debido a “fallas” en el Manifiesto de Impacto Ambiental. (Noticaribe | Fotos: Javier Vite)
Exigen el pago de bonificaciones quincenales atrasadas y reconocimiento a su organización sindical
Más de 35 trabajadores de salud en el municipio de Centla, perteneciente al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, se plantaron desde las 9 de la mañana del este martes en protesta porque los directivos del hospital comunitario Ulises García Hernández no les quieren respetar sus derechos laborales.
Acusan que sus bonificaciones mensuales no se les entregaron durante el 2015, argumentando que su organización sindical no está reconocida, cuando el ex secretario de salud los reconoció y aceptó la toma de nota de la junta local de Conciliación y Arbitraje.
Según sus testimonios, el director del hospital Carlos Esteban Ocaña es el que no los reconoce.
Siguen las acciones contra el proyecto de construcción de metalurgia.
Epazoyucan, Hidalgo.- El movimiento No a los Jales en Epazoyucan invitó a la población a firmar la petición para cancelar el Proyecto Pachuca a través del sitio Change. org, ya que de llevarse a cabo, contaminarán los mantos acuíferos de la zona.
A través de su cuenta de Facebook, el grupo invitó a las y los interesados a firmar la petición disponible en la página www.change. org titulada “Cancelación definitiva del Proyecto Pachuca en Epazoyucan, estado de Hidalgo, México”.
En el sitio los solicitantes muestran un video donde explican los deterioros ambientales que generan las compañías mineras, las cuales “ocasionan una irreparable degradación ambiental por la contaminación de suelo, aire y agua”, indica el video.
De acuerdo con el documento, “la Minera del Norte por medio del Proyecto Pachuca, si se le permite, cometerá un ecocidio porque amenaza con el traslado de 100 millones de toneladas de jales de Pachuca a Epazoyucan, para lixiviarlos, además de la construcción de una planta de beneficio, una presa de jales, un relleno sanitario y el desvío de un arroyo”.
La petición explica que es un proyecto impuesto por la empresa minera, ignorando las disposiciones constitucionales, legales, así como el derecho a la información de la población, omitiendo la consulta pública.
El texto acusa que la manifestación de impacto ambiental está inducida en favor de la empresa y falseada en la mayoría de sus capítulos, “tenemos documentos probatorios para demostrarlo; el proyecto está en espera del permiso de uso de suelo en la Semarnat.
“Ante el inminente riesgo de aprobación del proyecto y sus nefastas consecuencias en la salud de la población, la contaminación de los mantos acuíferos, la degradación del medio ambiente, la extinción de fauna y flora, el aumento del estrés hídrico, el deterioro del paisaje visual y muchos más, hemos solicitado por escrito la intervención de la autoridad municipal, estatal y federal”, indicó el movimiento No a los Jales en Epazoyucan.
“Queremos saber qué piensa el jefe de Gobierno de su San Quintín que se encuentra en las preparatorias del Distrito Federal”: trabajadoras despedidas
Trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del Distrito Federal denunciaron el despido injustificado de mujeres, hombres y personas de la tercera edad; demandaron respeto a sus derechos laborales y exigieron su recontratación inmediata.
Trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) del Distrito Federal denunciaron el despido injustificado de mujeres, hombres y personas de la tercera edad; demandaron respeto a sus derechos laborales y exigieron su recontratación inmediata.
Entre el 8 y 9 de enero del año en curso, la empresa Roc Man -hoy JOAD, la cual tiene la concesión laboral de prestadora de servicios, en contrato con el Gobierno del Distrito Federal- despidió de manera arbitraria a casi 50 trabajadores, en su mayoría mujeres de intendencia “en complicidad con las autoridades de dicho Instituto”.
Señalaron que el IEMS y la empresa JOAD han violado todos sus derechos laborales, estipulados en la Ley Federal del Trabajo, ya que no cuentan con contrato, han sido hostigadas, amenazadas, transferidas a diversas áreas sin su consentimiento y sin previa capacitación en manejo de residuos peligrosos como los hay en hospitales, donde se les ha llevado como “castigo” por represalias al protestar por sus derechos, pedir mejoras salariales, apoyar a los docentes y estar presente en reuniones del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS).
“El conflicto inició a principios de diciembre porque nos quisieron imponer un ‘sindicato blanco’, con la amenaza como siempre de que si no nos afiliábamos nos iban a correr e investigamos a este sindicato y no existe; en represalia a esto nos despidieron, ellos mismos nos mencionaron, por medio de sus encargados, que nuestro despido son ordenes del Instituto”, comentó Guadalupe Carrasco, trabajadora despedida del IEMS.
La mayoría de estos despidos involucran a mujeres, madres solteras y personas de la tercera edad, algunas tienen laborando 15 años en este lugar, trabajo que han desempeñado bajo ningún contrato, seguro social, prestaciones laborales y bajo maltrato; denunciaron “trato humillante y discriminación”, además de espiarlas, tomarles fotografías y señalarlas por la toma de las instalaciones en un “paro activo” el 11 de enero en protesta por el despido.
La Quinta Visitaduria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias desde diciembre pasado para evitar su despido, debido a un incidente entre los días 15 y 19 de diciembre, ya que encargados de esta empresa prestadora de servicios les hizo saber, por mandato del jefe de Unidad de Servicios Generales, Guillermo Jiménez Martínez, que no tendrían vacaciones aunque los planteles estuvieron vacíos, ya que el personal docente y estudiantil se encontraban de vacaciones; aún con estas medidas precautorias se les despido.
“Queremos hacerle una pregunta al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, ya que siempre se pronuncia a favor de la mujer y de un salario digno, si cree que un salario digno son mil 300 pesos quincenales y un premio de puntualidad de 50 pesos. Sabemos que se pronunció por los trabajadores de San Quintín que se encontraban en las mismas condiciones laborales que nosotros y le cuestionamos cuál es su pronunciamiento a las trabajadoras de intendencia del IEMS, con 14 años laborando en el Instituto y ni una sola cotización en el Infonavit, ya que no cotizamos en ningún lado o si lo hacemos es nada. Tengo 12 años trabajando, tengo cotizados seis meses y queremos saber qué piensa de su San Quintín que se encuentra en las preparatorias del Distrito Federal”, concluye Blanca, trabajadora desempleada del IEMS.
Por último, se invitó a organizaciones sociales, colectivos y personas afines con estas trabajadoras de intendencia del IEMS a participar en la protesta y mitin “Recontratación de todas las trabajadoras despedidas”, hoy 14 de enero del año en curso a las 16:00 horas en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal en el Zócalo capitalino.
Luego de ser despedidos por reclamar respeto a sus derechos y exigir la constitución de un sindicato independiente, trabajadores de Lexmark provenientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron este miércoles 13 de enero una serie de protestas en la Ciudad de México con el objetivo de visibilizar la lucha de los obreros de maquila en aquella ciudad fronteriza, y demandar la reinstalación de los trabajadores que fueron separados de su empleo por “alzar la voz”.
Acompañados de diversas organizaciones y sindicatos -entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Telefonistas- cincos de los obreros de la planta de Lexmark en Chihuahua que fueron despedidos denunciaron las condiciones de hostigamiento laboral que padecen. Además, acusaron a las autoridades federales del trabajo, así como al gobierno de César Duarte de ser cómplices en los abusos laborales de los que son víctimas los trabajadores de maquila en Chihuahua.
Como se recordara la lucha de los trabajadores de Lexmark viene desde noviembre de 2015, luego de exigir a esta empresa estadounidense cumplir con el aumento salarial de seis pesos diarios que se había acordado en octubre. Tras la negativa, los obreros emprendieron el camino para constituir su sindicato, sin embargo, Lexmark despidió a 76 de los trabajadores que apoyaban la creación de su organización gremial.
Susana Prieto Terrazas, representante legal de los trabajadores en resistencia, participó en el acto realizado en el Ángel de la Independencia y posteriormente en la representación del gobierno de Chihuahua. La abogada laboral denunció las condiciones de “esclavitud” en la que laboran los obreros de maquila.
“Los obreros de maquila son las esclavas y esclavos del siglo XXI; son los esclavos de los norteamericanos, de los chinos, de los taiwaneses, de los franceses, y de todo aquel detentador de dinero que quiera violar los derechos de los trabajadores en nuestro pueblo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al amparo de las autoridades”, denunció.
La abogada habló sobre las condiciones precarias de los obreros. Señaló que debido a los bajos sueldos que pagan las compañías transnacionales -como Lexmark- los trabajadores no pueden cubrir sus necesidades básicas. Además de las afectaciones de salud que los trabajadores de Lexmark padecen por trabajar con productos químicos sin aditamentos que los protejan al realizar su actividad.
“Es importante que todos sepan que así como en el resto del país, alrededor de la industria maquiladora nuestra gente muere en cadenas de miseria. Las mujeres en sus vientres arrojan día con día hijos que son los hijos de la esclavitud del mañana.
Los trabajadores de maquila no tienen dinero para enviarlos a la escuela a sus hijos. A los 14 años de edad entran a trabajar a la maquiladora con permisos especiales otorgados por padres a los que llaman criminales por hacerlo. No son criminales, son gente que no tiene dinero suficiente para comprar la canasta básica”, manifestó.
La litigante reprochó las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de Chihuahua y México entero. De manera particular mencionó uno de los ejemplos de abuso por parte de Lexmark hacia los trabajadores.
“Supuestamente era obligatorio tener secundaria para entrar a trabajar a la maquila, pero ninguno de los trabajadores aquí presentes tienen secundaria. Son raros los que llegaron a terminar la primaria. Y Lexmark tiene contratados a cientos de analfabetas, compañeros mexicanos que no saben leer ni escribir y que por lo tanto, en muchas ocasiones, firman renuncias voluntarias porque los gerentes de Recursos Humanos les dicen que es el comprobante de sus vacaciones.
“Las vejaciones de la industria maquiladora son solapadas por el gobernador constitucional de Chihuahua. Nadie puede alzar la voz en Chihuahua. Nadie puede perturbar la aparente paz de la industria maquiladora. Todos tienen que ser esclavos dentro de la industria y el que alza la voz es despedido de manera inmediata”, señaló.
Prieto Terrazas enfatizó en el tema de los malos sueldos y las jornadas laborales de más de ochos horas. Criticó la negativa de Lexmark por cumplir con el aumento salarial de seis pesos. Recordó que según estimaciones del INEGI, para que una familia de cuatro personas pueda comprar los productos de la canasta básica necesita 5 mil 800 pesos.
“Dice el INEGI que para que un trabajador con una familia de cuatro personas pueda comprar la canasta básica hace faltan 5 mil 800 pesos mensuales. En Ciudad Juárez los operadores de la industria maquiladora ganan 2 mil 800 pesos mensuales. No tienen dinero para comprar la canasta básica u otorgar educación a sus hijos” dijo.
La abogada expresó su preocupación por las posibles agresiones contra el movimiento de los obreros que piden respeto a los derechos laborales. De manera particular, dijo sentirse temerosa debido a que ha sido víctima de un par de agresiones en su despacho.
Susana Prieto Terrazas dijo “temer por su vida por defender a los obreros”. No obstante aseguró que no darán ni un paso atrás en esta batalla por la constitución del sindicato y la reinstalación de los trabajadores despedidos.
“Hemos venido hasta aquí, al corazón de México, a decirles: “Volteen a ver la lucha de Chihuahua”. Temo morir por defender obreros. He sido atacada en mi despacho en dos ocasiones; las autoridades de Chihuahua no han hecho nada por esclarecer los actos criminales en mi contra.
El Secretario del Trabajo (Alfonso Navarrete Prida) me señala como una criminal por defender trabajadores. Me señala a ochos columnas en sus periódicos, en sus canales de televisión, en sus estaciones de radio, como una extorsionadora de empresas”, detalló.
Reiteró que las acciones realizadas este miércoles en la capital del país buscan pedir ayuda ante las posibles agresiones en contra del movimiento de los obreros de Lexmark. Señaló que en el país nadie se ocupa de los obreros y quien lo hace corre el peligro de ser desaparecido.
“Del obrero no se ocupa nadie, y si se ocupa va a desaparecer. Hemos venido a pedir ayuda porque se teme por la seguridad de los trabajadores y sus representantes.
“Ni un paso atrás daremos. Nos cansamos de la miseria. Queremos informarles que México está en la maquila. De los 76 trabajadores de la planta Lexmark que fueron despedíos, hay representación de 15 estados de la república. México tiene la obligación de defender a los trabajadores y para eso hemos venido acá, para pedir su ayuda, su solidaridad, su atención, porque no estamos solos, y no nos vamos a rajar”, sentenció.
Luego del mitin realizado en el Ángel de la Independencia, los trabajadores de Lexmark, junto con la decena de organizaciones que acompañaron a los obreros, se dirigieron a la representación del estado de Chihuahua en el DF. Ahí una comitiva entró al recinto para entregar un posicionamiento y la exigencia de que los trabajadores despedidos sean reinstalados, así como que se dejen de poner trabas para la conformación del sindicato.
Aunado a lo anterior llamaron a la sociedad mexicana al boicot contra Lexmark. Pidieron a los ciudadanos no comprar ningún producto de esta compañía, debido a la explotación y abuso que emprende en contra de sus trabajadores.
Ecatepec de Morelos, Méx. La jueza de la sala de apelaciones del penal de Chiconautla determinó ordenar la inmediata libertad del activista y profesor José Humbertus Pérez Espinosa, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para la Vivienda Digna, AC (FMDVD, informaron sus abogados.
Lo anterior fue considerado luego de que una de las dos acusaciones presuntamente por robo en dos casas con el uso de una arma de fuego es inconsistente, ya que sólo se basó en dichos, y no en pruebas documentales fehacientes.
El FMDVD ha ganado varios amparos y litigios a dueños de empresas promotoras de vivienda, entre ellas Urbi, Geo y Sadasi, por diversos fraudes que ha logrado demostrar la agrupación civil, entre ellas la venta de casas construidas con materiales de mala calidad y a un sobreprecio de hasta el 40 por ciento.
El delito que se le imputa a Pérez Espinoza (robo) es por una cuantía que no supera los 3 mil pesos, pero las autoridades judiciales no le han otorgado el derecho a la libertad provisional bajo fianza al activista, debido a cambios en materia penal.
Desde la reforma constitucional en materia penal de 2008, el artículo 19 de la Constitución puso un candado para obligar a los jueces a decretar la prisión preventiva oficiosa cuando se comentan delitos con el uso de medios violentos, como en el caso en que se usan armas o explosivos.
Entrevistado por RED-ACCION.MX uno de los abogados, Carlos Bojorquez Hernández, aclaró que por el mismo presunto delito se abrieron dos procesos. Esperamos que se revoque el auto de vinculación a proceso de la otra carpeta, toda vez que los datos de prueba que consideró la jueza son ilegales, no son objetivos, y se ve claramente que la Fiscalía inventó todo, sostuvo.
Si la hubieran revocado, hoy habría quedado en libertad con respecto a un “proceso absoluta”, si fuera un único proceso, pero falta la carpeta 1718/15, la audiencia de apelación es el 27, si ese día se revoca -que es muy probable-, ese día sale en libertad.
“Y no son dos, es el mismo delito pero son dos procesos; lo hicieron deliberadamente para que se quedara, pero estoy seguro que el 27 sale en libertad”, afirmó Bojorquez Hernández.
El Frente Mexiquense en Defensa para la Vivienda Digna, AC, se manifestó en el penal local de Chiconautla en demanda de la liberación de su dirigente y activista José Humbertus Pérez Espinosa desde las 10:30 horas, permaneciendo una gran parte de las al menos 350 personas en el patio del estacionamiento del penal, y la otra porción en la calle.
El profesor del Instituto Politécnico Nacional y ahora activista y líder del FMDVD se encuentra recluido desde el 4 de noviembre anterior, por dos presuntos delitos, uno de los cuales fue desechado hoy, quedando pendiente la otra carpeta para el próximo jueves y la resolución final en 15 días, además de ordenarse que se levante la medida de prisión preventiva.
A la salida de los abogados de la cárcel de Chiconautla, uno de ellos explicó a los integrantes del Frente que la sala de apelaciones “ya determinó revocar el auto de vinculación al profesor ordenando su inmediata libertad y ordenando que se levante la medida de prisión preventiva, por lo que respecta a la primera carpeta (de investigación).
“Falta la segunda carpeta, para el próximo jueves 21, y esperamos tener el mejor de los resultados. El profesor está muy contento, les agradece el apoyo y pide por favor que no bajen el brazo, que sigamos adelante”.
Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos, entre ellos una menor de edad, en Tierra Blanca, Veracruz, iniciaron una movilización en medios nacionales para denunciar que el Gobierno de Javier Duarte ignora la denuncia que involucra a policías estatales en los hechos ocurridos el pasado lunes.
Familiares y amigos de los cinco desaparecidos en Tierra Caliente piden ayuda para localizarlos. Foto: Facebook
Familiares y amigos de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca piden ayuda para localizarlos. Foto: Facebook
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Cuatro hombres y una menor de edad desaparecieron el pasado lunes en Tierra Blanca, Veracruz, luego de ser interceptados por elementos de la Policía Estatal.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del lunes en Tierra Blanca, cuando sujetos uniformados, cubiertos del rostro y con armas de fuego detuvieron a los jóvenes en un tramo carretero de dicho municipio.
El Fiscal General del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó a través de un comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron detenidos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.
“A las probanzas se suma la presunción de flagrancia del delito, toda vez que las víctimas se encuentran en calidad de desaparecidas y hay continuidad; así como el dolo de sus acciones, debido a que no reportaron las detenciones a sus superiores; por el contrario, las pretendieron ocultar”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Ministerial de Veracruz informaron que ya se “activaron los protocolos de actuación ministerial para búsqueda y localización de personas”, por lo que trasladaron a 40 elementos de la Policía Estatal adscritos al municipio de Tierra Blanca como parte de las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes.
Algunas versiones aseguran que son siete los desaparecidos en Tierra Blanca, sin embargo, el Ministerio Público tiene registro sólo de cinco.
Las personas fueron identificadas como Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; Jorge Benítez de la O, de 24 años; José Alfredo González Díaz, 25 años; Mario Orozco Sánchez, 27 años; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente.
De acuerdo con los familiares de las víctimas, al momento de presentar su denuncia “habían otras dos personas que lloraban por los suyos”, desaparecidos el mismo día.
Cámaras de seguridad de una gasolinería y de los establecimientos comerciales Chedraui y Coppel cercanos al lugar de los hechos pudieron captar el momento del rapto, sin embargo, aseguran los familiares, las autoridades no han recurrido a ese recurso.
Los padres de los jóvenes desaparecidos iniciaron una movilización en diversos medios nacionales para presionar al gobierno a intensificar la búsqueda y detener a los responsables.
Foto del sábado 9 de enero en la que aparecen cuatro de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Foto: Blog Expediente
Foto del sábado 9 de enero en la que aparecen cuatro de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Foto: Blog Expediente
Bernardo Benítez, papá de uno de los desaparecidos, detalló este día, en entrevista con Radio Fórmula, que elementos de la SSP de Veracruz detuvieron al grupo de jóvenes, en el que también iba su sobrino, en una carretera de Tierra Blanca mientras almorzaban.
Dijo que un conocido que presenció la detención se comunicó por teléfono con su sobrino, pero este aseguró que se trataba de “un procedimiento que están haciendo las autoridades”. Minutos después, el testigo observó la movilización de las patrullas, a las que subieron a dos de los jóvenes, y del carro en el que viajaba el hijo de Bernardo.
“Siguen de largo […] se salen de la carretera y entran a una terracería que son calles, pero donde no está pavimentado todavía […] Hasta ahí, él [el testigo] ya nada más lo ve, porque vuelve intentar hablar con mi sobrino pero ya no le contesta, entonces a él como que le da un poco de miedo y ya se va”.
Bernardo Benítez dijo que a partir de ese momento no se volvió a tener conocimiento de sus familiares. Fue hasta las 21:00 horas del mismo lunes cuando cerca de la ciudad de Medellín fue encontrado el coche de su hijo, cerrado y abandonado.
“No somos ricos, no nos han hablado para pedirnos algún rescate, no sabemos qué pasa, nadie se comunica”, finalizó el padre del joven.
Momentos antes, en entrevista con “Brozo” en El Mañanero, Bernardo Benítez dijo que el Gobierno de Javier Duarte ha ignorado las denuncias, pues nadie de su oficia se ha comunicado con los padres de los jóvenes para ofrecer avances de la investigación.
“Lo último que supimos fue que trasladaron a los elementos a Xalapa para interrogarlos y tomarles su declaración, para saber –insistió- cuáles de todos ellos o todos están inmiscuidos, no sólo de este caso, sino de otros casos que han sucedido”, dijo.
Bernardo Benítez también informó a medios que hay videos que demuestran cómo policías estatales se llevaron a los jóvenes a bordo de una patrulla policíaca y de un automóvil Jetta blanco, de su hijo.
El Secretario de Gobierno aseguró que siguen sosteniendo conversaciones con los ejidatarios de Santa María Magdalena, y no se les ha dado algún pago por adelantado como lo habían solicitado desde hace algunos meses.
De Silva Ruiz reconoció que los ejidatarios tienen derechos sobre los predios, pero lo que falta definir es el precio que la administración municipal deberá pagar
Continúa el litigio para regularizar el panteón de San Pedro Mártir, aunque aún no se realiza la valuación del predio para determinar el precio de los mismos. En entrevista, el secretario de Gobierno del municipio, Francisco de Silva Ruiz, aseveró que la administración municipal no cuenta con recursos para pagar el predio, sin embargo si se da la determinación pagará.
“Hay muchas necesidades y hay pocos recursos efectivamente, pero bueno, si en su momento hay que hacer un pago por este concepto, se tendrá que destinar los recursos”, indicó.
El Secretario de Gobierno aseguró que siguen sosteniendo conversaciones con los ejidatarios de Santa María Magdalena, y no se les ha dado algún pago por adelantado como lo habían solicitado desde hace algunos meses. Detalló que la situación en lo que se resuelve el litigio por el predio donde se ubica el panteón de San Pedro Mártir puede solucionarse mediante un acuerdo entre los ejidatarios y la administración municipal para que los últimos desistan del juicio o esperarse a que el juez del Tribunal Agrario determine su decisión en este asunto.
“En realidad, no podemos hasta que no exista un acuerdo y una definición. Nosotros no podemos hacer pagos, nosotros no podemos ir haciendo pagos por adelantado, nada más porque para ver en qué acaba el asunto. Tenemos que tener primero un acuerdo con ellos y que ellos se desistan del juicio que iniciaron o bien que un juez al final determine lo que procede”, afirmó.
De Silva Ruiz reconoció que los ejidatarios tienen derechos sobre los predios, pero lo que falta definir es el precio que la administración municipal deberá pagar. Igualmente, indicó que la administración municipal tiene la voluntad de que este litigio se termine antes de los tres años de la administración.
“El primer paso que debemos hacer es llegar a un acuerdo con ellos; en tanto no exista ese acuerdo y medie un proceso jurisdiccional, nosotros estamos sujetos a ese proceso y lo que estamos haciendo es seguir ese proceso”, indicó.
Por su parte, el abogado general del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, informó que las mesas de negociación con los ejidatarios de Santa María Magdalena han sido permanentes y se encuentran definiendo quiénes participarán en la valuación del predio para determinar su valor y poder realizar un acuerdo para pagarles.
“Una vez a partir de lo que emita esta autoridad nosotros determinaremos a que es lo que el municipio jurídicamente se puede obligar cuales son las condiciones financieras del municipio y en ese momento se les hace una propuesta que ya que estamos trabajando de manera constante con los ejidos”, afirmó.
El hospital tuvo problemas para abastecer de medicamentos a los pacientes. (El Siglo de Torreón)
TORREÓN, COAH.-
A las 2:30 de la mañana del pasado jueves, la maestra Nancy Vega llegó con su hijo al área de urgencias del Hospital del Magisterio para que lo atendieran por un dolor en la boca del estómago, la respuesta fue “vaya primero por el medicamento”.
A esa hora, con el niño enfermo, la maestra tuvo que ir a comprar lo necesario para que su hijo fuera atendido, ya que dice que en la institución “no había ni jeringas, era un ámpula de ketorolaco que me pidieron y me costó 25 pesos. No tenían ni eso, es más, no hay ni paracetamol”, dijo.
A otra maestra, enferma, la mandaron también por el medicamento antes de atenderla. “Como estaba sola cuando llegué, porque me sentía muy mal, me pidieron antibiótico y un medicamento para el dolor. Me fui a la farmacia de allá de la vuelta y se los traje”, cuenta Evangelina Rodríguez.
No son las únicas maestras que sufren las carencias de la institución. Hoy por la tarde, un grupo de más de 30 docentes decidió manifestarse a las afueras de la institución para demandar el surtimiento de material y medicamento.
“Llegamos y definitivamente los médicos nos dicen -no tenemos nada de medicamento- y sí, yo me presento a la farmacia y nada, absolutamente nada de medicamento hay”, dijo María Luisa Solís.
Responsabilizó a las autoridades del Hospital, la Sección 38 del SNTE y el Gobierno del Estado por la mala administración de las instituciones de salud al servicio de los docentes.
El grupo se entrevistó con Raúl Reyes, administrador de la Clínica, Raúl Viesca y el doctor Carlos Gómez, administrador de la farmacia, quienes les dijeron que el problema quedaría solucionado.
Raúl Reyes atribuyó la falta de material y medicamento a cuestiones administrativas y al cambio de empresa surtidora.
Agregó además que la farmacia que los surtía, Dimesa, se fue el 31 de diciembre, lo que los dejó sin permisos para el funcionamiento de la farmacia.
“Nosotros teníamos nuestro permiso para el funcionamiento de la farmacia, viene Dimesa, ellos sacan su permiso, se van ellos, nosotros ahorita estamos trabajando con un permiso de funcionamiento mientras sacan la licencia”.
Las autoridades se comprometieron a dar solución efectiva en esta misma semana, pero los manifestantes dijeron que mientras no se regularice la situación, estarán organizándose para planear nuevas acciones.
Aguascalientes, Enero 13 (2016).- Maestros de la Escuela Normal (Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes) decidieron realizar un paro de labores hasta tener respuesta del cambio de dirección que debe realizar el Instituto de Educación, el cual el pasado once del mes en curso anunció que tanto esta Institución como otras 4, comenzaban el proceso de renovación para directores.
El Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, anunció que dio inicio el proceso para la renovación del director de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra” de Cañada Honda, cumpliendo así en tiempo y forma con el compromiso de dar inicio en la segunda semana de enero.
Garantizó que será un proceso transparente, luego que se integrará un Comité de Selección, encargado de recibir la documentación de los aspirantes, sus portafolios de evidencias, así como de realizar las entrevistas correspondientes de los maestros que se inscriban en dicho proceso, para posteriormente determinar quién será el nuevo director de dicha normal.
Dijo que el periodo de recepción de documentos vencerá el próximo viernes 15 de enero, para que la siguiente semana, la mesa dictaminadora emita los resultados y posteriormente se proceda al nombramiento del nuevo director, recordando que el periodo del anterior director concluyó el pasado 31 de diciembre.
Chávez Rangel destacó al respecto, que el Comité de Alumnas de la Normal “Justo Sierra” se sumó al proceso, tras un acuerdo con autoridades del IEA, luego del incidente ocurrido el pasado mes de diciembre cuando intentaron imponer a un director.
Asimismo, informó que también se abrieron los procesos para la renovación de directores en otras normales: la Normal Superior Federal “José Santos Valdés”, la Normal de Rincón de Romos, el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes (CRENA) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El titular del IEA explicó que todos los procesos son abiertos, por lo que podrá aspirar todo maestro que tenga la intención de dirigir dichos planteles, siempre y cuando cumplan con los requisitos marcados, como contar con una preparación normal, entre otros y deberán presentar además un proyecto de ruta de mejora.
Finalmente, Francisco Chávez señaló que se están respetando todos los procesos de renovación de directores de Normales, destacando que estarán al frente de los planteles, quienes cuenten con la mejor preparación, beneficiando así a la población estudiantil.
Indalecio Benítez, fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, desmantelada a mediados de octubre por funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en colaboración con elementos de la Marina y de la Policía Federal (PF) -en un operativo impresionante como los que arman para buscar a narcotraficantes de alto perfil- responsabilizó al gobierno del estado de México de cualquier agresión de la que pudiera ser víctima él o su familia, luego de que en un comunicado de prensa, la administración de Eruviel Ávila acusara a los locutores de incitar a la población a apoyar a grupos criminales sin sustento alguno.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el oriundo de la comunidad de Luvianos –de la que tuvo que salir luego de que un grupo armado balaceara la radio comunitaria y asesinara a su hijo Juan Diego, de escasos 12 años de edad- explicó que días después de que los uniformados decomisaron el equipo de transmisiones de dos radios comunitarias de la zona y retiraron nueve antenas, el gobierno estatal difundió un comunicado con información falsa que, por las condiciones de inseguridad de la zona, pueden ponerlos en la mira de los delincuentes.
“El gobierno del estado de México, queriéndose vanagloriar, emitió un comunicado en donde menciona que ‘los locutores incitaban a la población a apoyar a grupos criminales relacionados con la delincuencia organizada’, lo que fue muy atrevido de su parte; nosotros tenemos copia de todo lo transmitido y los señalamientos son falsos”, explicó Benítez.
Aunque tan solo unas horas después la comunicación fue retirada de la página oficial de la administración estatal, el daño ya estaba hecho.
“Indirectamente, ponen en riesgo la vida de todos los locutores que laboraban ahí, porque sabemos que esa es una región donde hay una disputa por el poder entre varios grupos criminales y aunque a nadie se le ha apoyado, todos podrían sentirse ofendidos con el simple hecho de pensar que se apoyó a otros. El gobierno de Eruviel puso en riesgo la vida no de nueve locutores; sino de nueve familias por una negligencia que yo considero muy grave”, agregó el comunicador.
Exigencia sin atender…
Tras la difusión del comunicado, fundadores de varias radios comunitarias de la zona se unieron para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin embargo, aunque estas instancias han exigido respuesta a la Secretaría General de Gobierno del Edomex, a la fecha, su titular José Sergio Manzur Quiroga, ha hecho caso omiso al llamado, lo que provocó que varios locutores optaran por dejar de transmitir.
“Se están haciendo burros. No quieren dar la cara. Le apuestan al olvido, como siempre, pero nosotros no estamos dispuestos a dejarlo pasar…queremos una aclaración inmediata y exigimos que, así como tuvieron el valor de publicar ese comunicado, lo tengan también para ofrecer disculpas públicas. No nos vamos a rendir y no vamos a descansar hasta que lo logremos, porque dejarlos difamar y que hagan lo que quieran cada vez que se les dé la gana, es como aceptar la culpabilidad y permitir que a cualquier otro compañero se lo sigan haciendo”, sostuvo Indalecio Benítez.
Funcionarios del Mecanismo de Protección acordaron que si el funcionario del Edomex no responde la solicitud presentada, el siguiente requerimiento de información por la negligencia con que se difundió el comunicado será dirigido a Ávila Villegas.
“Hacemos responsable al gobierno del estado de México y directamente a Eruviel Ávila Villegas y al secretario General de Gobierno de cualquier percance que le pudiera suceder a alguno de los locutores o sus familiares de Calentana Mexiquense; son responsables directos por su cobardía y negligencia al emitir comunicados sin pensar en resguardar la integridad física de la población. Eso demuestra que el gobierno de Eruviel no tiene ni la más mínima intención de proteger a los ciudadanos, más bien los expone para que sean asesinados”, sentenció el locutor que lleva meses alejado de su comunidad a causa de la violencia en la zona.
Una nueva espera…
Benítez afirmó que radio Calentana Mexiquense ha cumplido con todos los requerimientos especificados en el reglamento del IFT, incluidos los pagos correspondientes, para hacerse acreedora a una concesión de radiodifusión; además de que los documentos que entregó han sido revisados en diversas ocasiones por funcionarios de esta dependencia sin que se les haya señalado alguna irregularidad, por lo que ahora solo esperan que se cumplan los tiempos en que debe dictaminarse su solicitud.
“Tienen un plazo de 60 días hábiles para resolver. Ya se les está venciendo el tiempo porque nosotros entregamos documentación el 28 de noviembre tal y como lo requerían. Es cuestión de esperar. Tenemos la confianza y la seguridad de que pronto va a quedar y estamos siendo muy respetuosos de los tiempos que marcan los lineamientos. Estamos casi seguros de que en cualquier momento, estaremos volviendo al aire”, agregó el comunicador.
Además de la concesión, la primer radio pacifista de México solicitó formalmente al Área de Verificación les sea regresado el equipo de transmisiones que se llevaron, incluido el de la empresa de publicidad ambulante con la cual Benítez sostenía económicamente a su familia.
Como lo informó oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO, en octubre del año pasado, Benítez mantuvo un plantón a las puertas del IFT para exigir una explicación sobre el desmantelamiento de su radio, toda vez que los trámites para regularizar su situación llevaban avances significativos.
En esta nueva entrevista, el comunicador declaró que se retiró del lugar “por seguridad, porque había un tipo del Área de Vinculación que estaba empecinado en hostigarnos y el permanecer ahí nos ponía vulnerables, nos perjudicaba y para poder obtener la concesión, permanecimos pacifistas, sin ser agresivos como ellos, pues pareciera que esa era la encomienda de ese tipo. Preferimos retirar el plantón no por miedo, sino para no caer en provocaciones”.
En febrero próximo, Benítez sostendrá una reunión con representantes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que también se le informó de la situación que prevalece en la zona de Luvianos; la información se hizo extensiva a la Oficina del Relator del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El secretario general de la naciente agrupación gremial, Lorenzo Rodríguez Jiménez, reveló que ya tienen trabajadores afiliados al SINDJA en esas y otras empresas agrícolas del valle, pero se mantendrán anónimos hasta el 17 de enero, fecha en la que la organización se presentará oficialmente en el valle de San Quintín en un acto masivo donde se presentará al resto de la mesa directiva, “todos ellos jornaleros en activo”.
El anuncio del dirigente se dio en una rueda de prensa donde Fidel Sánchez Gabriel y Bonifacio Martínez, dos de los voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, entregaron a Rodríguez Jiménez copia del oficio de registro del sindicato que la Secretaría federal del Trabajo entregó el 6 de enero a la organización que luchó tres trimestres de 2015 para conseguir el beneficio laboral.
Los Pinos y BerryMex, que compró o renta en el valle casi 10 mil hectáreas a los ejidos El Bramadero, Díaz Ordaz, Emiliano Zapata, Rubén Jaramillo y Leandro Valle, acaparando la producción de fresa, arándano, frambuesa y otras frutillas que compra y exporta la empresa Driscoll´s, también propiedad de la familia Reiter con oficinas centrales en Watsonville, California, Estados Unidos, “serán de las primeras empresas en donde buscaremos los contratos colectivos de trabajo”.
Los Pinos, dijeron Rodríguez Jiménez y Sánchez Gabriel, actualmente tiene relación laboral con un sindicato “pro-patronal” afiliado a la priista Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), “que sólo ha velado por los intereses de sus dirigentes y su partido político, pero jamás por los jornaleros”.
Los dos dirigentes coincidieron en señalar que el trabajo de afiliación de los trabajadores del campo que arrancará oficialmente el 17 de enero en el valle de San Quintín y otras zonas agrícolas del país, será difícil porque varias agroempresas, al conocer la existencia de dos nuevos sindicatos, han puesto en marcha una política que busca eliminar toda relación laboral con los jornaleros.
Están pagando en efectivo, o con tarjetas bancarias a sus trabajadores, para no dejar constancia de la relación laboral que tienen con miles de trabajadores, pero eso no será obstáculo para nosotros”.
Agregaron: “Creemos que pronto tendremos afiliados a más del 60 por ciento de los trabajadores que contratan las empresas, por lo que no será necesario incluso llegar al recuento de trabajadores para lograr la titularidad de los contratos colectivos que hoy ostentan los sindicatos charros que protegen a los agricultores”.
Rodríguez, al anunciar que la relación del nuevo sindicato de jornaleros será “de trabajo conjunto y de la mano” con la Alianza de Organizaciones por ser ésta la que generó, luchó y obtuvo el registro federal del SINDJA, informó que jornaleros de Sonora, Colima, Jalisco, Morelos y Zacatecas ya solicitaron integrar secciones estatales de la nueva organización gremial.
“Estos compañeros se unirán a los jornaleros que formamos en sindicato y que laboran en el Distrito Federal (Milpa Alta), Aguascalientes y Baja California. El 3 de diciembre presentamos nuestra solicitud de registro a la Secretaría del Trabajo con 35 trabajadores afiliados y a este día tenemos entre 300 a 400 socios. Pronto vamos a crecer a miles”, manifestó el dirigente sindical.
Agregó que el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato lo integran seis trabajadores del campo de Baja California (cuatro del valle de San Quintín y dos del valle de Maneadero, localizados a 150 y 25 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, respectivamente), así como uno de Milpa Alta, Distrito Federal, y otro más de Aguascalientes.
En la rueda de prensa estuvieron Minerva Marín y Ángel Lobo, la primera secretaria de Género y el segundo secretario de Actas del SINDJA. Los dos trabajan en ranchos agrícolas del valle de Maneadero.
Fidel Sánchez reveló que “el autor intelectual” desde el punto de vista jurídico del nuevo sindicato es el especialista en Derecho Laboral Héctor Barba García, abogado que ha brindado asesoría legal a decenas de organizaciones sindicales de la industria petrolera, textil, tabacalera, siderúrgica, automotriz, hulera, de telecomunicaciones, de medios de información, maquiladoras, del sector financiero, nuclear y a la Unión Nacional de Trabajadores desde su fundación.
Respecto a los acuerdos que la Alianza logró en 2015 con el gobierno federal, Sánchez Gabriel estimó que sólo se cumplió con el tres por ciento de ellos.
Finalmente, el vocero de la Alianza dijo que ésta y el SINDJA respetarán al sindicato nacional de trabajadores que los ex voceros de la organización por la Justicia Social crearon el año pasado.
– “Para nosotros no son un obstáculo. Que sea el trabajador quien, libremente, elija al sindicato al cual quiera pertenecer. A final de cuentas nuestra lucha es la misma”.
Se estiman inversiones superiores a los 5 mmdp luego de la autorización para perforar pozos petroleros y el inicio del proyecto de diésel limpio en la Refinería Madero.
Tamaulipas arranca este año con inversiones superiores a los cinco mil millones de pesos, como consecuencia de las expectativas que genera el potencial energético en el estado.
La derrama económica empezará llegar a partir de este primer semestre, con lo que José María Leal Gutiérrez, titular de la Agencia Estatal de Energía, reiteró el dicho de varios especialistas sobre que Tamaulipas es el gran ganador de la reforma energética.
Lo anterior fue establecido por el titular de la Agencia Estatal de Energía tras la aprobación por unanimidad de la resolución la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autoriza a Pemex para perforar los pozos exploratorios Basto Mil Uno y Nobilis Uno, en las costas tamaulipecas.
“En este caso, la reciente aprobación de la Comisión (CNH) dará un fuerte impulso al puerto Matamoros que ya estará listo para proporcionar la logística necesaria para este millonario proyecto”, declaró José María Leal Gutiérrez.
Tan sólo para Basto Mil Uno se estima una inversión total superior a tres mil 400 millones de pesos para la exploración de dicho pozo, el cual se encuentra ubicado en el talud continental del Golfo de México frente a las costas tamaulipecas, a 72 kilómetros con la frontera con Estados Unidos.
En este pozo se estiman recursos por 203 millones de barriles de petróleo crudo, así como una probabilidad de éxito geológico de 46 por ciento y una probabilidad de éxito comercial de 30 por ciento.
“La derrama económica en el Estado y en las regiones donde van a desplegar su trabajo, comenzará a sentirse de manea inédita con su llegada, ya que también habrán de generar un buen número de empleos considerando que en la primera parte de sus proyectos, se estima una aplicación de recursos del orden mil millones de pesos por parte de ICA Flour”.
“Pero además al mismo tiempo estamos hablando de los 400 millones de dólares que llegarán con los campos de Barcodón en el sur y Ricos en el norte de Tamaulipas”, estableció José María Leal Gutiérrez.
En conferencia de prensa, autoridades de la comunidad ñatho de San Francisco Xochicuautla (Estado de México) y miembrxs del Frente de Pueblos Indígenas en Defena de la Madre Tierra denunciaron la imposición ilegal del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, por parte de Enrique Peña Nieto y el Grupo Higga, a través de la empresa Teya S.A. Según afirman, dicho proyecto devastará 3 millones 900 mil metros cuadrados del Bosque Sagrado. Denunciaron también las constantes agresiones sufridas por la comunidad por parte del Estado: prisión política, persecución, atentados, amenazas de muerte, cerco militar a la comunidad y la continuación de las obras a pesar de dos amparos que obligan a la empresa a parar los trabajos.
Asímismo, se manifestaron en solidaridad con diversas luchas en defensa de la tierra y el territorio en Chiapas: San Sebastián Bachajón, San Isidro Los Laureles, Las Abejas de Acteal y el Ejido Tila.
A continuación, los audios de la conferencia y, abajo, el “Pronunciamiento por la memoria, verdad y territorio”.
Antonio Miguel Reyes Valdez
Consejo Supremo indígena de la comunidad Ñatho de San Francisco Xochicuautla
Alicia Bustamante
Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la madre tierra de San Francisco Xochicuautla
José Luis Hernandez
Vocero del Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la madre tierra del Edomex
Pronunciamiento por la memoria verdad y territorio
Pedro Faro
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
A los pueblos originarios y al Congreso Nacional Indígena
A la sociedad civil, organizaciones sociales y adherentes a La Sexta
Nuestro pueblo indígena otomí-ñätho eligió autoridades comunales que defenderán al pueblo, al territorio y al agua el pasado lunes 7 de diciembre de 2015. Lo hicimos a pesar del incumplimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (la cual se retiró del lugar sin avisar a los habitantes) y la ausencia irresponsable de la Procuraduría Agraria división Estado de México.
Esta misma Procuraduría pretende realizar una nueva asamblea el día lunes 18 de enero a pesar de que ya elegimos. Hacemos de su conocimiento que nuestro pueblo indígena y sus comuneros sí asistirán a esa asamblea; pero para ratificar al comisariado de la Planilla del Pueblo, elegido para proteger a la madre naturaleza y nuestra montaña.
Denunciamos que hay quienes ya quieren comprar conciencias rumbo a esta próxima asamblea.
Comuneros testificaron que personas afines al ex comisariado priísta Luis Enrique Dorantes y al municipio de Lerma reparten dos mil pesos por comunero para que en la asamblea del 18 de enero sea impuesta una planilla afín a partidos políticos y al gobierno municipal.
Desde hace 15 años, con la implementación del padrón agrario, sólo un número reducido de personas toma las decisiones que antes tomaba toda la comunidad.
Desde entonces, las autoridades comunales imponen diversos programas en nuestro pueblo sin consultar a la población. El peor de los ejemplos es la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador a Grupo Higa de Armando Hinojosa Cantú. La constructora ya derribó seis hectáreas de árboles en nuestro territorio que colinda con los hermanos de Xochicuautla y Ayotuxco.
También paramos recientemente tala disfrazada de aprovechamiento forestal, un cambio de uso de suelo y la posible municipalización del sistema de aguas comunal. De la misma manera, expulsamos a más de mil granaderos el pasado 6 de julio de 2014 que pretendían apoyar al ex comisariado en su intento de quitar a nuestro pueblo su patrimonio en otra asamblea amañada.
Reiteramos que Huitzizilapan ya eligió a una planilla emanada de las 12 comunidades que integran su territorio. No permitiremos que el municipio de Lerma, Grupo Higa ni el PRI decidan por nuestra comunidad.
Invitamos a los centros de derechos humanos independientes y a los medios de comunicación a que asistan a la asamblea que se llevará a cabo en las Oficinas de Bienes Comunales de San Lorenzo Huitzizilapan el 18 de enero a las nueve de la mañana.
Defender y difundir este caso es importante, pues de nuestras montañas brota el agua y se eleva el aire con el que viven las ciudades de México y Toluca.
Nunca más un México sin nosotros
Comuneros de San Lorenzo Huitzizilapan, Lerma, Estado de México
Aunque el gobernador aclara que sólo será en nombre, también llevará agua desde SLP.
Lourdes Flores
Realizarán reestructura o ajustes al original
El mandatario dijo que se encuentran analizando todas las posturas porque el líquido es necesario.
Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que desde hace tres meses trabaja con el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) y con el Consejo Nuevo León en un proyecto integral hidráulico, que incluye traer agua de otras cuencas, así como resolver el problema del drenaje pluvial, bajo el nombre del polémico Monterrey VI.
“Hay polémica desde el inicio de la implementación del proyecto Monterrey VI, se llama así porque así van los periodos (de los proyectos anteriores: Monterrey I hasta Monterrey V); eso hay que quitarlo, luego se piensa que se va a hacer lo mismo que estaba”, comentó el gobernador tras una reunión con el presidente del FAMM, Eugenio Clariond, y con Antonio Elosúa, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica.
Lo mismo, pero no el mismo
Y destacó: “Cuando hablo de Monterrey VI, es la siguiente etapa para traer agua a Monterrey (…) Les he pedido (al FAMM y al Consejo Nuevo León) convocar a todos los sectores y que no sea sólo traer agua, sino ver el tema ecológico, reforestar las cuencas” y que se congreguen las opiniones de expertos, “para tener un proyecto completo”, dijo el mandatario estatal.
El Bronco dijo que la polémica resurgió porque la semana anterior que visitó al presidente Enrique Peña Nieto se le preguntó si habló con él sobre el proyecto Monterrey VI y aseguró: “Lo expliqué, no lo vimos en particular, le pedí al presidente tiempo para hacerle una propuesta; no hay urgencias que compliquen al estado (de Nuevo León), no es una presión de nadie”, destacó.
Contrato con anterior gobierno
Ante la pregunta de un reportero de si el presidente lo convenció para trabajar con Grupo Higa, atajó: “Nunca criticaron a Rodrigo Medina, éste es un proyecto que se contrató cuando yo no era gobernador, es como el contrato para construir el hospital, que llegué y lo quité porque se me ocurrió. Fue un concurso que se hizo legalmente y fue cuestionado legalmente, punto”.
Jaime Rodríguez detalló: “Legalmente lo que queremos es no entrar en confrontación con nadie, sino buscar las soluciones, y yo he decidido como gobernador encontrar en las experiencias del Consejo Nuevo León y del FAMM y de Agua y Drenaje que se escuchen todas las opiniones, que se presenten alternativas”.
Sin embargo, aclaró que se ha reunido con Eugenio Clariond y con Antonio Elosúa desde la etapa de transición del gobierno, para tener un consenso con Agua y Drenaje de Monterrey y que se incorporen todas las opciones y ver cuál es la más viable.
El Pánuco es alternativa
Ante el temor de algunos expertos de que se retome el proyecto Monterrey VI, que se ha estimado costaría al estado de Nuevo León alrededor de 60,000 millones de pesos, Eugenio Clariond, presidente del FAMM, aclaró durante la conferencia de prensa: “Tenemos que estudiar distintas alternativas para traer agua, ver pros y contra; obviamente el Pánuco es una alternativa, aunque estaba muy mal estructurado y mal planteado la forma en que se iba a realizar”.
Por tanto, dijo Clariond, “hemos ofrecido entregar un plan hidráulico para Nuevo León, no sólo para Monterrey, al 2030. Y obviamente el Río Pánuco es una alternativa, tendremos que ver cuál es la mejor, eso lo tendrán que decidir los técnicos y los que conocen sobre problemas técnicos y no sobre una razón política u económica”.
No fluye
El proyecto original Monterrey VI consiste en llevar agua del río Tampaón, en Tamuín, San Luis Potosí, cruzar por el norte de Veracruz, Tamaulipas y llegar hasta la presa de Cerro Prieto en Nuevo León.
– La obra a cargo de una subsidiaria de ICA, RECSA y otras tres empresas tendría un recorrido de 372 kilómetros.
– Se estima que la construcción se realizaría en tres años.
– El costo proyectado del acueducto asciende a 14,161 millones de pesos, sin IVA.
– Para suministrar agua en bloque, de manera adicional, la operación y mantenimiento del acueducto por 27 años tendrá un costo de 25,908 millones de pesos.
MORELIA, Mich., 13 de enero de 2016.-La diputada Araceli Rodríguez Hernández (PRI) planteó a la asamblea incluir en el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, el término “violencia feminicida” para poner en marcha protocolos y planes de acción que garanticen seguridad, integridad física, sexual y emocional de las mujeres que mejoren el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, y evitar que sean víctimas de muerte violenta. Según un comunicado hizo un llamado a considerar esta enmienda ya que “muchos homicidios dolosos no han sido tipificados como violencia feminicida al no existir esta figura en las leyes”. De acuerdo al Inegi, entre 2008 y 2013 en Veracruz se cometieron 607 homicidios dolosos contra mujeres; en Michoacán, de 2006 a 2014, se registraron 719 muertes de mujeres, 712 por homicidios dolosos y siete se catalogaron como feminicidios, destacó. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.
En el Estado de México (Edomex) debido al elevado número de femicidios, mayor a los cometidos en Ciudad Juárez, se activó en julio pasado la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios, pese a esta medida en tan sólo 7 días del 2016 se han registrado 3 feminicidios en Toluca y Cuautitlán Izcalli, confirmados por la Procuraduría General de Justicia (PGJEM).
A 5 meses de haber activado la AVG, la violencia contra las mujeres en el estado no ha disminuido, siguen las muertes y desapariciones; las autoridades estatales no han implementado un mapa delictivo que identifique las zonas de riesgo para las mujeres y realizan la investigación del feminicidio como homicidio doloso, declararon organizaciones a finales de 2015.
Los municipios en los cuales se activó la alerta de género fue en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Los 2 primeros feminicidios de 2016 ocurrieron el sábado 2 de enero, uno en Calixtlahuaca, municipio de Toluca, el cuerpo de la mujer fue hallado a un lado del Río Tejalpa; el segundo fue Cuautitlán Izcalli donde las aguas negras del canal de la colonia Perla tenían el cuerpo de la mujer asesinada.
El tercer feminicidio fue al día siguiente, domingo 3 de enero, también en el municipio de Toluca donde encontraron el cuerpo de una mujer calcinada.
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador General de Justicia del Edomex, dijo que al encontrar los cuerpos de las mujeres sin vida en la vía pública los convierte en supuestos feminicidios, por lo que los casos serán investigados con perspectiva de género.
Campesinos de diversos núcleos ejidales del municipio de Ayala reiniciaran sus movilizaciones para frenar las intenciones de otros ejidatarios de aprobar el uso del agua del río Cuautla para el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca.
Aseguran que son más de tres mil campesinos de 12 ejidos de la zona centro de la cuenca del río Cuautla, que se mantienen firmes en su negativa de enviar el agua hacia la central de ciclo combinado.
Armando Cervantes Benítez, presidente del comisariado ejidal de Tenextepango, dijo que tienen conocimiento que los ejidos de Gabriel Tepepa y Otilio Montaño en Cuautla, ya aprobaron vender su agua, lo cual se realizó en condiciones irregulares, por lo que podrían desconocer a la directiva de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), la que aseguran no los tomó en cuenta.
“Los ejidos del municipio de Cuautla, lo que es Gabriel Tepepa y Otilio Montaño, son ejidos que ya les dieron parte de su dotación de agua, vamos a solicitar una reunión con Ranulfo Flores para que nos explique, porque para hacer la venta de la dotación de un ejido debe de ser por asamblea de usuarios del río Cuautla, lo que han hecho son cosas indebidas”, indicó.
Indicó que a partir de esta semana reiniciarán los recorridos por la zona de conflicto para asegurarse de que no se afecte las dotaciones de agua que le corresponden a cada núcleo ejidal
En agosto pasado, Gustavo Labastida Adriano, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, fue detenido en Calpulalpan, Tlaxcala, el delito imputado fue despojo, aunque a decir por sus compañeros trabajadores, fue víctima de la represión en su lucha por la exigencia de sus derechos laborales.
Pese a que desde 2012 su abogado había solicitado un amparo ante la demanda penal por despojo -esto incluía a todos los trabajadores que mantenían un plantón afuera de la planta de Calpulalpan- la demanda penal fue reactivada en enero de 2015, pero no se les notificó en ningún momento a los trabajadores.
Así fue como el 17 de agosto, Labastida Andriano fue detenido para después ser llevado al Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala. Una de las trabajadoras que forma parte del movimiento de lucha y que prefiere mantenerse en el anonimato asegura Revolución TRESPUNTOCERO que “el encarcelamiento de nuestro compañero fue una represalia y amenaza para todos los que luchamos porque se nos pague lo que nos corresponde, pero la fianza impuesta para su liberación es una forma de asegurarnos que el poder lo puede todo y no nos pagarán.
Ellos piden 43 millones de pesos, aunque su caso ha estado plagado de irregularidades, como todos los de los presos políticos en este país, no existe ningún tipo de despojo, todo tiene que ver con el incumplimiento de la empresa Sandak para con sus trabajadores. Esta acción fue apoyada por el gobierno estatal, quien ha respaldado la oferta que más bien nos insulta, por parte de la compañía. Que nos ha dicho que levanta los cargos del compañero solamente si nos olvidamos de nuestra lucha y aceptamos una liquidación, bajo sus condiciones, nos piden abandonar nuestros derechos”.
El conflicto laboral dio inicio en 2011, cuando la empresa de zapatos tuvo un cierre inesperado e injustificado, ha decir por las trabajadoras. Así fue como se dio paso al estallido de una huelga, y aunque hasta hoy mantienen el plantón frente a la empresa.
Por su parte el Secretario General de IndustriALL Global Union, Jyrki Raina comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que la problemática que viven los trabajadores de una de las filiales de Bata (empresa extranjera), es contradictoria, ya que es la compañía la que se encuentra en deuda con los empleados, y que además ha violado sus derechos y usado el derecho penal para atacarlos, obligándolos a la renuncia, infringiendo claramente la ley.
Explica que siendo una problemática tan clara, la solución debió llegar hace tiempo, pero esto no ha sucedido porque puede existir complicidad con las autoridades. Agrega que basado en la ley, la fianza de Labastida no podría exceder el salario de un día de trabajo, en caso de demostrar delito, y según sus cálculos de obedecer dicha fianza (43 millones de pesos) tendría que laborar poco más de 500 años.
“La empresa asegura que cerró porque ya no se podía continuar, que existía una baja producción, sin embargo en su momento el sindicato de trabajadores tuvo una conversación sobre el tema se llegó a acuerdos, porque la compañía por medio de sus representantes cometieron errores.
Los productos comenzaron a ser fabricados con materiales de baja calidad, de precio rebajado y poniendo la producción en manos de talleres que se desconocía que fueran a cumplir con los estándares del producto. Para que no hubieran despidos se acordaron puntos, que de la noche a la mañana y sin otra reunión los eliminaron y nos avisaron ‘esto se acabó, esto se cierra’, la lucha es para que nos cumplan como trabajadores.
Pero ya no luchamos solamente contra la empresa, sino contra las autoridades, están de su lado, los han protegido, nos han convertido en los verdugos, de quienes realmente nos están acabando, han solapado las falsedades de la empresa, por las cuales nuestro compañero está preso, todo inició con la mentira que cerraban porque iniciamos huelga, solamente para justificarse”, asegura la trabajadora.
Hasta el momento, la transnacional, pese a las presiones de huelgas, manifestaciones y otras acciones de trabajadores y organismos que los apoyan, no ha cambiado en la negativa de hacer valer sus derechos. Incluso cuando el año pasado IndustriALL Global Union pidió a los directivos de la multinacional reconocer a los trabajadores como empleados de Bata.
Para después retirar todos los cargos en su contra, después de ello, el proceso sería que representantes de la sede viajaran a México para realizar negociaciones y dar fin al conflicto siempre bajo la idea de justicia para los trabajadores. Pero la respuesta no ha sido positiva.
En estos momentos, se desconoce el paradero de 27 mil 638 personas desaparecidas en México, de acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aguascalientes se ubica en la posición número 19 del ámbito nacional según el número de averiguaciones previas del fuero común y federal de personas que permanecen sin localizar, con 274 expedientes turnados al ámbito estatal y nueve al federal, lo que da un total de 283.
El estado de Tamaulipas encabeza el listado con un total de cinco mil 705 expedientes abiertos del fuero común y federal. Le sigue el Estado de México, con dos mil 693 extraviados; Nuevo León, con dos mil 246; Jalisco, con dos mil 135; Sinaloa, con mil 757; Chihuahua, con mil 698; Coahuila con mil 478; Baja California, con mil 276; Guerrero, con mil 115; Michoacán, con mil 61; Sonora, con 956; Guanajuato, con 876; Puebla, con 837; Distrito Federal, con 693; Veracruz, con 675; Durango, con 352; Zacatecas, con 313 y Querétaro, con 287 personas no localizadas.
Por debajo de Aguascalientes se encuentran Oaxaca, con 228 desaparecidos; Hidalgo, con 213; Quintana Roo, con 147; Colima, con 143; Morelos, con 107; Yucatán, con 98; San Luis Potosí, con 64; Tabasco, con 38; Chiapas, con 32; Campeche, con 28; Baja California Sur, con 24; Tlaxcala con 19 y Nayarit también con 19 personas no localizadas hasta el momento. Hay además dos mil 293 expedientes en que no se especificó ninguna entidad federativa ante las autoridades estatales.
La sección del “fuero común” muestra un total de 26 mil 670 personas no localizadas, reportados ante las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, con base en los datos registrados en averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas. Hay registro de 19 mil 407 son hombres y siete mil 263 mujeres, además de 130 extranjeros y dos mil 293 reportes sin nacionalidad. Los registros y su información fueron recopilados, depurados y actualizados por la Procuraduría General de la República de conformidad con la política integral de búsqueda y localización de personas.
En el apartado del “fuero federal” suman 968 desaparecidos reportados ante agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF), de los cuales 796 son hombres y 172 son mujeres. Se cuentan, además, 68 personas de nacionalidad extranjera. La información refiere a personas cuyo paradero es investigado exclusivamente por la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que no comprende aquellos casos en los que dicha institución auxilia o colabora con otras procuradurías o fiscalías estatales para su localización.
De acuerdo al RNPED: “se debe entender por persona desaparecida a toda aquella que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente”.
Cuando una persona no es localizada, precisa el registro, es indispensable acudir directamente a la Agencia de Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente, ya sea en cualquiera de las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, o en las delegaciones de la Procuraduría General de la República.
Después de que el gobernador César Duarte anunciara que el aeropuerto de Creel está próximo a abrir sus puertas, los representantes de Bosques de San Elías Repechique informaron que el mandatario estatal tiene la voluntad de realizare las acciones tendientes a la reparación de los daños ocasionados por su construcción; informaron que el gobierno del Estado tiene 6 meses para la realización de las acciones correspondientes.
En rueda de prensa los representantes de la mencionada comunidad manifestaron que el juezz Octavo de Distrito emitió una sentencia a su favor ordenando la suspensión de la obra hasta que se repararan los daños materiales e inmateriales, la cual fue aceptada por las autoridades estatales y federales; además se ordenó una reunión una reunión entre los afectados y el gobierno para determinar la manera de reparar los daños.
El 31 de diciembre de 2015 el juez emitió un acuerdo en el que le otorgó al gobierno del estado 6 meses para realizar las actividades como:
Mover la malla ciclónica que protege la demarcación del aeropuerto; realizar la construcción de una vereda que proporcione la facilidad de traslado a pie de un lugar a otro; realizar acciones de reforestación y conservación de suelo, mediante un programa de reforestación continua en un área de 60 hectáreas, igual al área deforestada por la construcción del aeropuerto; rehabilitar los cuerpos de agua mediante la canalización de dos veneros que se encuentran situados dentro del área del aeropuerto para que pueda ser utilizada por los miembros de la comunidad; además de la realización de los trabajos necesarios para el mejoramiento de la calidad de agua en el venero de la cañada de Rojolocachi y elaboración de calidad de agua del Cerro de la Virgen que incluye la construcción de una pila.
Tlacotepec es un pueblo enclavado en las faldas del Nevado de Toluca, junto al cerro de Tepeyolulco, con una larga historia de rebeldía: entre 1475 y 1480, sus primeros habitantes, matlazincas, lucharon contra los aztecas, cuando éstos comenzaron la expansión de su imperio hacia el valle en donde hoy se asienta la capital del Estado de México; y 40 años después, en 1521, lucharon contra los españoles, que luego de barrer a los aztecas, continuaron con los pueblos cercanos al valle de México.
Después, durante la Revolución, Tlacotepec luchó con Zapata por recuperar las tierras de la comunidad que, en el porfiriato, les fueron arrebatadas por grandes hacendados; y cuando Porfirio Díaz fue derrocado, Tlacotepec siguió luchando, por varias décadas más, hasta que la ley reconoció a sus pobladores como únicos dueños de las tierras que reclamaban de forma ancestral.
Hoy, habitantes de Santiago Tlacotepec luchan nuevamente por esas tierras, que comprenden cerca de 6 mil hectáreas, la mitad de las cuales son bosques, amenazados, a su juicio, por el decreto del presidente Enrique Peña Nieto que, en 2013, legalizó la tala y otras actividades productivas en el Nevado de Toluca.
“Siempre hemos sido un pueblo que se defiende –dice Daniel, un joven que, junto a otros universitarios, ejidatarios, comuneros y vecinos, integraron un comité civil contra el decreto presidencial de 2013–. Los antiguos contaban de sus luchas para defender las tierras del pueblo, el agua del pueblo; e igual hicieron nuestros abuelos, luego nuestros padres, y hoy nos toca a nosotros. Y nuestra forma de luchar, ahorita, es informar: porque esto del decreto lo hicieron las autoridades en lo oscurito, sin avisarle a nadie, y aunque han pasado más de dos años, la gran mayoría de los habitantes de Tlacotepec no saben que el monte está amenazado.”
Y las formas de informar, destaca, son muchas: en octubre organizaron un foro local, al que acudieron más de 700 moradores de Tlacotepec, en diciembre emprendieron una colecta de firmas, en papel y por change.org, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque el decreto de Peña Nieto, y para este año, adelanta, “estamos organizando nuevos foros, el próximo tal vez para febrero, con la participación de científicos que van a explicar a los pobladores los riesgos de que se abra el Nevado de Toluca a la explotación forestal; y, aún sin fecha, tenemos planeada también una protesta pacífica, en la Ciudad de México, ya sea en Los Pinos o en la Corte, para hacernos ver.”
El recurso sagrado
Cuentan las leyendas locales que el primer morador de lo que hoy se conoce como Santiago Tlacotepec fue un antiguo matlazinca que subió al cerro de Tepeyolulco, para pedir a los dioses que lo moraban que le permitieran construir su casa en ese lugar, en donde crecen bien el maíz y los magueyes.
Se trata de un cerro escalonado, con terrazas artificiales que datan de la época prehispánica, en las que aún se siembra maíz.
“Existe la leyenda –narra Erik Hernández, cronista de Tlacotepec–, de que abajo de ese cerro hay una pirámide escondida.”
Daniel completa el mito: “Se dice que los más viejos abuelos cubrieron la pirámide con sus ayates, y luego le echaron tierra encima.”
Hace una década, de hecho, un morador que realizaba obras en su vivienda encontró una pieza de cerámica prehispánica, cuya decoración da muestra de la antigüedad de este mito.
Tal como explica el cronsita de la comunidad, el cerro de Tepeyolulco, hoy más conocido como cerro de Tlacotepec, es un espacio ritual, en el que durante la época prehispánica se realizaban ceremonias relacionadas con el agua, como elemento sagrado, generador de vida.
Incluso, subraya, otras leyendas locales aseguran que desde la cueva que existe en su lado poniente se puede acceder a un río subterráneo.
“Al entrar –señalan los testimonios recuperados por el cronista del pueblo– se escucha cómo baja (el agua) con mucha fuerza, además, dentro de él hay un jardín lleno de árboles frutales de las mejores rutas, pero también en él se encuentran fuerzas del mal y, por eso, si entras, seguro no sales.”
Pieza prehispánica recuperada por pobladores de Tlacotepec, cuya decoración muestra el cerro de Tepeyolulco, con una pirámide en su interior. // Foto: Paris Martínez.
Independientemente de la veracidad de estas leyendas, señala Érik, lo que éstas dejan ver es que el agua es un elemento cuya importancia vital reconocen los moradores de Tlacotepec, desde su fundación y, aún en el presente, manantiales como los que cita el mito, que brotan de pequeñas cuevas en las faldas del Nevado de Toluca, siguen abasteciendo de agua pura no sólo a Tlacotepec, sino a todas las comunidades de la zona, y más allá.
De hecho, destaca, aún después de la Conquista, en este y en otros poblados se mantuvo la tradición de, cada año, acudir a celebrar actos de consagración –ahora bajo el rito católico– en estos manantiales, una costumbre que se mantiene hasta el día de hoy.
La cadenita…
Todo es como una “cadenita”, explica Alejandro Alberto Ortega, presidente del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec. “El agua nace del subsuelo, pero, ¿cómo llegó ahí? Pues llega por infiltración: es el agua que escurre por las laderas del monte (el Nevado de Toluca), y que va filtrándose por la tierra. Y, ¿cómo llegó el agua al Nevado? Llegó atraída por los bosques, en forma de nubes, que hacen la nieve de la punta o que cae en forma de gotas.”
Todo, pues, es como una cadenita.
Desde los años 80, explica Alejandro, la gente de Tlacotepec comenzó a tomar conciencia del valor de los recursos naturales de la zona. “Siempre hemos sabido que el monte es nuestra subsistencia, pero antes, por la pobreza, no había otra forma de subsistir: la madera era el recurso para todo, para construir, para calentarse, para cocinar, y también la gente cazaba para comer… y sabíamos que le hacíamos daño al monte, pero no teníamos otra opción, no era para hacernos ricos, era para vivir.”
Por eso, explica, cuando Tlacotepec quedó integrado a la zona metropolitana de Toluca –de la cual se haya a 9 kilómetros de distancia–, la gente pudo encontrar otras formas de subsistir, y los “monteros”, prácticamente desaparecieron en esta zona.
En los bosques que están dentro de las tierras comunales de Tlacotepec, explica, desde hace más de 30 años dejó de haber tala, se delimitaron zonas de pastoreo fuera del bosque, para quienes ejercen la ganadería, y no se abrieron más campos de cultivo.
Por el contrario, explica Alejandro, año con año, por iniciativa propia, los moradores han realizado labores de reforestación y de vigilancia, ya que sus tierras, hasta hace algunos años, aún eran invadidas por ganaderos, que llevaban a sus vacas a pastar a zonas que ya habían sido restauradas ambientalmente.
Parado junto a un oyamel centenario, con una circunferencia de 5 metros en su base, Alejandro habla con humildad y embelezo.
“Desde que se hizo la recategorización (es decir, cuando el Nevado de Toluca perdió la categoría de parque nacional) ellos (las autoridades) nos dicen que hay que hacer el aprovechamiento maderable, pero si ahorita tiramos este árbol, ¿cuándo volveríamos a tener un árbol como éste? Yo creo que esto no nada más lo debe defender la comunidad de Tlacotepec, sino todas las comunidades aledañas al Nevado, y a la mejor hasta (las comunidades) nacionales e internacionales”.
Su observación, sencilla y clara, resume una realidad compleja: efectivamente, con el agua que se infiltra a través de la capa boscosa del Nevado de Toluca no sólo se abastece a las comunidades asentadas en sus faldas, sino a todo el Valle de Toluca.
Sus afluentes, además, las cuencas del río Balsas y el río Lerma que, a su vez, llevan agua al Valle de México y al norte de Guerrero.
El valor estratégico del Nevado de Toluca fue lo que, en 1936, llevó al entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, a declararlo como Parque Nacional, con lo que quedaron prohibidas todo tipo de actividades extractivas y productivas, reserva que fue anulada en 2013.
Epílogo: qué sigue…
“Hacernos visibles” es la meta del comité civil de Tlacotepec, explica Daniel Carrillo. Y esto implica, detalla, no sólo informar y hacer del conocimiento público la importancia del Nevado de Toluca para la subsistencia, sino también hacer valer su voz, como hijos de Tlacotepec.
“Además de las acciones de difusión, entre las que está también la realización de un documental, tenemos la meta de que se revise el padrón de comuneros, y poder registrarnos como tales aquéllos que tenemos derecho a serlo”, ya que, remató, esto podría abrir la puerta para iniciar nuevos amparos contra el decreto del presidente Peña Nieto.
En la actualidad, la Suprema Corte mantiene en su agenda la discusión de un amparo contra la recategorización del Nevado de Toluca, bajo la tesis de que dicha medida presidencial podría afectar los derechos humanos de los mexicanos.
Ante la necesidad de informar qué sucede, el 6 de enero de 2013, Amilcingo Morelos parió a Radio Amiltzinko. En este 2015 la radio comunitaria cumplió dos años y lo celebraron con una fiesta de tres días.
Mujeres de la comunidad frente al mural de la radio comunitaria escuchando el programa en vivo sobre el segundo aniversario de Radio Amiltzinko. En el mural se observan revolucianarios oriundos de Morelos; Vinh Flores Laureano (de Amilcingo) y Rubén Jaramillo, además del guerrillero Lucio Cabañas, estudiante de la Normal de Ayotzinapa.
Amilcingo es un pueblo de lucha desde hace cientos de años, pertenece al Municipio de Temoac, en el estado de Morelos. Graco Luis Ramírez Garrido es gobernador de Morelos, proveniente de la política de “izquierda” del PRD. Entre Graco y Moreno Valle existe “cierta amistad política”.
A pesar que el municipio de Temoac elige a su alcalde por medio del voto secreto, Amilcingo ha resistido de la representación política, y ha optado por crear su autogobierno, conformado por la Ayudantía Comunitaria (que en Puebla conocemos como presidentes axuliares), la Ronda Comunitaria (especie de polícia comunitaria), y su comisaría ejidal. Todos integrados en lo que lugareños llaman la asamblea.
Amilcingo actualmente es amanazado por un gasoducto, parte del Proyecto Integral Morelos, que también atraviesa municipios de Puebla, como Nealtican y Cholula, bomba de tiempo, como la han demoniado los habitantes, que terminará su trayecto hasta el estado de Tlaxcala.
Bajo esta amenaza y ante la necesidad de informar qué sucede, el 6 de enero de 2013, Amilcingo Morelos parió a Radio Amiltzinko. En este 2015 la radio comunitaria cumplió dos años y lo celebraron con una fiesta de tres días.
El siete de enero se abrió el foro “El Derecho de los Pueblos a la Comunicación Comunitaria y a la Libertad de Expresión” en la que participaron dos Radios Comunitarias de Puebla (Cholollan y Zacetepec) y dos escritores; Victor Hugo Sánchez Resendiz que presentó el libro “Agua y Automía en los Pueblos Originarios del Oriente de Morelos”, además de Ricardo Montejano del Valle quien ha acompañado otros procesos de comunicación popular en el país.
Al día siguiente hubo un baile popular (con una asistencia de más de dos mil personas), y finalmente el nueve de enero la radio abrió espacios culturales para adultos, niños y niñas.
Grupo Coyotepec, del Estado de Morelos.
Durante el foro, Montejano del Valle enlistó los tesoros de dicha comunidad; agua, tierras ejidales, su ronda comunitaria, su Escuela Normal Rural Gral. Emiliano Zapata, y su Radio Comunitaria, esta ultima, también perteneciente a la asamblea.
El ponente resaltó estar seguro que tratarán de callar varias veces a Radio Amiltzinko por la función comunicativa y emancipativa que cumple en los pueblos donde llega su señal. Los lugareños relataron que militares ya trataron de agredirla, sin embargo la avanzada no tuvo éxito, pues al anunciar a través de la radio la presencia de militares, inmediatamente la comunidad salió a defender la radio.
Amilcingo es un pueblo Autónomo y ejerce su derecho a la comunicación y libre expresión, dice Samir, promotor y fundador de la radio.
Un gran sueño de locos, nadie lo podía creer
Radio Amiltzinko comienza a trasmitir desde la radio bocina para informar sobre el Megaproyecto Morelos; un gasoducto, dos acueductos, una termoeléctrica y torres de alta tensión, dijo Fanny Robles, una de las fundadoras de la radio comunitaria en Amilcingo.
Después llegó la 100.7 FM (Frecuencia Modulada) Radio Amiltzinko. Los lazos comunitarios en dicha Región de Morelos ya estaban muy desgastados por el capitalismo y el individualismo, relata Fanny, pero con la radio han visto muchos logros que van desde la generación de una nueva comunidad, la solidadridad y la sensibilización entre las poblaciones sobre los megaproyectos, la crisis del campo y la reforma educativa, por mencionar algunos.
Cuando la radio comienza a hablar de los desaparecidos de Ayotzinapa “… se hace el llamado a los pueblos y la gente empieza a apoyar con viveres” recuerda Robles sentada frente a unas 70 personas que asistieron a la transmisión en vivo del foro “El Derecho de los Pueblos a la Comunicación Comunitaria y a la Libertad de Expresión”.
De los 43 desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno es originario de Amilcingo; José Luis Luna Torres, por lo que durante la fiesta popular de Radio Amiltzinko se hicieron escuchar consignas de lucha en memoria los estudiantes normalistas.
Cuando empezó la Radio Bocina y se dijo al pueblo que se pondría la radio en Frecuencia Modulada, “nadie nos creía y nos tomaban a locos”, dice Adilene, otra de las fundadoras de Radio Amiltzinko.
Cuenta su experiencia estando en la radio, y explica que pertenecer a un pueblo indígena muchas veces es significado de burla para otras poblaciones o institutciones académicas. Además se cree que las comunidades indígenas dificilmente van a tener voz al querer expresar lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren.
Cuando Radio Amiltzinko brinca a la FM muchos marcaban la diferencia entre quienes participaban, que si eran o no originarios de Amilcingo, pues comunidades de Puebla también tienen espacios dentro de la radio comunitaria. Esas diferencias desaparecieron porque “la radio ha logrado unir a las comunidades, solo el pueblo va lograr rescatar al pueblo, por que si no nos unimos en este momento como comunidades estaremos perdidos”, dice Adilene Barranco al inicio de su participación.
También explica que la comunicación es una de las bases principales de todo ser humano, y la radio es otra forma de comunicación. “… hemos cambiado, algunos de nosotros ni siquiera habiamos tocado un micrófono. De repente en la escuela ya no somos los mismos. Somos más críticos, más análiticos ante los conocimientos que tienen los libros, o que el profesor proporciona”.
Barranco dice que también las familias de las comunidades se han vuelto críticas, pues se acercan a la radio para expresar las situaciones que se viven en el país, hecho que hace sentir satisfacción a los comunicadores populares cada que inician un programa y abren el micrófono para dar voz a los pueblos, ya sea para expresarse o tomar una decisión.
La joven comunicadora cuenta que hay señoras jovencitas que como mujeres se sienten un poquito cohibidas de la libertad de expresión, pero hay otras señoras que ya se están atreviendo a hablar. Así es como las mujeres de Amilcingo Morelos han demostrado que se pueden hacer muchos movimientos y actividades al tomar las riendas de lo que se tiene que hacer, tanto en sus casas como en las comunidades.
Todo lo anterior “nos motiva a seguir como proyecto comunitario por muchisímos años más”, culminó Adilene Barranco.
La Radio Comunitaria y la Música
Leonel Pérez, otro de los integrantes de Radio Amiltzinko dice que la radio comunitaria es muy importante para los musicos tradicionales o de la región, pues cuando los musicos intentan acceder a las radios comerciales se les dice que regresen cuando tengan dinero y sean famosos, incluso desde que llaman a las estaciones para pedir información.
Sin embargo, “en la radio del pueblo vienen muchas agrupaciones que apenas están empezando a trabajar y a difundir su música, como unico trabajo para llevar de comer a su casa. El problema es que nadie los conoce, y en las comunidades indígenas hay bastante talento, pero a las radios comerciales se les olvida que es música que nos sale del corazón, y desafortudadamente a veces no contamos con el dinero para ir a una radio de esas que las mueve el dinero”, dice Leonel a todos los radioescuchas y quienes preseciaban la transmisión en vivo.
Amiltzinko Radio Comunitaria no es de quienes están detrás del micrófono, sino de todas las comunidades del lado Oriente de Morelos, y Poniente del Estado de Puebla.
Habitantes de la colonia Las Huertas se manifestaron la víspera frente a Palacio de Gobierno, solicitando el apoyo del gobierno del estado, pues dicen que no han hecho caso a sus peticiones de servicios, además de criticar al Movimiento Antorchista de Querétaro que, dijeron, los usó para apoyar marchas y mítines, pero no ha hecho nada por solucionar sus demandas.
Martín Duarte Rodríguez, presidente de la Asociación del Asentamiento Las Huertas, del municipio de El Marqués, denunció agresiones por miembros de otras organizaciones y del Movimiento Antorchista Queretano, por lo que se presentaron para entregar un pliego petitorio al gobernador Francisco Domínguez Servién.
“El líder de Antorcha, Jerónimo Gurrola Grave, hizo acusaciones graves, entonces debería de probar lo que dijo. Nada tiene que ver, traen cuatro gentes, una familia que se dedica a la delincuencia, y en su momento voy a traer sus antecedentes penales, esos son los que trae Antorcha Campesina en Las Huertas”, recalcó.
Explicó que estas personas cometieron delitos dentro de la colonia, entonces se les aplicó el reglamento interno de ésta, por lo que están separados de la comunidad y no entran en los planes de los demás colonos.
Resaltó que el Movimiento Antorchista acusó de que ex policías se dedican a delinquir y a la venta de terrenos, situación que lo atañe directamente a él, pues es ex policía.
Recordó que el grupo de colonos que lidera pertenecieron en algún tiempo a Antorcha, pero duraron poco, pues los usaron para fines particulares.
“Nos utilizaron en la recolección de dinero, nada más, y nunca vimos nada de ella [de Antorcha] no tiene por qué echarse el crédito de que está apoyando a Las Huertas”, agregó Duarte.
Subrayó que durante dos meses esa organización los explotó y utilizó para acudir a marchas y juntar dinero en las calles, para beneficiar a otras colonias, y en Las Huertas veían avances.
Precisó que las necesidades que se tienen en Las Huertas son de todo tipo: energía eléctrica, agua y drenaje, pues luego de cinco años de creada no tienen ninguno de estos servicios.
“Estamos olvidados de los tres niveles de gobierno, no tenemos nada, compramos agua en pipa, tenemos un transformador viejo que nada más lo echamos a andar en la noche, para que las familias estén protegidas”, dijo.
Las Huertas se ubica atrás de Saldarriaga, en el barrio de La Campana, cerca del fraccionamiento Los Héroes.
Puntualizó que del gobierno de El Marqués no han recibido apoyo, aunque desde la gestión pasada tuvieron negociaciones, pero quedaron inconclusas con el cambio de administración, situación que ha sido aprovechada por líderes que sólo quieren sacar beneficios personales y políticos.
La anterior administración municipal cedió por 20 años la generación de energía en el basurero… a cambio de nada.
La energía eléctrica que se genere en la planta de biogas que se instalará en el relleno sanitario, será para abastecer a las empresas Axtel, Deacero y Thermion Energy Holdings.
Si posteriormente hubiera ampliación de la planta de biogas, los excedentes de energía se venderían a las empresas Avantel, Cinépolis México, Grupo Martí y PASA, establece el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del cual AM tiene copia.
En ninguna parte del permiso federal se menciona al Municipio de León como beneficiario de la generación de energía a partir del biogas del basurero.
El contrato inválido
Un mes antes de concluir su encargo como Alcalde, Octavio Villasana firmó un contrato para aprovechar el biogas generado en el basurero Municipal.
En el contrato, que fue firmado en sesión de Ayuntamiento el 4 de septiembre, se establece en sus cláusulas que el Municipio sería el socio beneficiado con la generación de energía eléctrica del biogas para abastecer hasta el 28% del alumbrado público.
Sin embargo, en realidad el contrato no beneficiará al Municipio, sino a tres empresas privadas.
La empresa LFGE León S. de R.L. de C.V., a quien el Municipio le cedió por 20 años la explotación del gas emanado del basurero, no ostentó al Municipio como socio en un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Mientras la empresa no promueva una solicitud de modificación de permiso correspondiente, no podrá otorgarle energía al Municipio. Y aún más, el contrato firmado por las autoridades leonesas con la empresa, también se contrapone con el permiso de la máxima autoridad en la materia, advirtió una fuente de la comisión consultada por AM.
El contrato municipal estableció que Central LFGE venderá la energía eléctrica al Municipio, mientras que el permiso federal determina que no se trata de una venta, sino de un autoabastecimiento, es decir, la utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha energía provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades del conjunto de los copropietarios o socios, según explicó la propia CRE.
“La empresa Central LFGE no estará en posibilidad de entregar energía a alguna persona física o moral diferente a estas (Axtel, Deacero y Thermion Energy Holdings), sin que antes promueva la solicitud de modificación de permiso correspondiente”, explicó la dependencia federal, en respuesta a una solicitud de información.
Una vez que se realice la modificación y se incluya al Municipio como socio de la empresa, los acuerdos a los que lleguen serán de carácter privado y no sujetos a regulación eléctrica.
¿Qué dice el permiso?
El Título de Permiso de Autoabastecimiento de Energía Eléctrica, otorgado a Central LFGE León S. de R.L. de C.V., por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), establece que a través de la planta se podrán abastecer las necesidades de las empresas Axtel, Deacero y Thermion Energy Holdings, esta última dedicada a la producción de energía renovable.
Ese mismo título determina que posteriormente y como parte de los planes de expansión de la planta, las empresas Avantel, Cinépolis México, Grupo Martí y PASA, podrán incluirse en el aprovechamiento de la energía eléctrica.
Pese a que se trata de un título de autoabastecimiento en el que la CRE establece que no puede haber lucro con la energía ya que sólo se trata de satisfacer las necesidades de los socios, un año después de la entrega del título, el Municipio firmó un contrato con la empresa Central LFGE para comprarle electricidad.
El objetivo del Municipio con la firma de este contrato, es abastecer hasta el 28% del alumbrado público.
Al respecto, el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, explicó que en el arranque de la planta, cuya producción está estimada en los 2.8 Megawatts se alcanzaría a cubrir entre el 8 y 9% del consumo total del Municipio en alumbrado público.
Cubrir la cuarta parte del alumbrado público como es la meta, podrá efectuarse hasta que la planta actúe a su máxima capacidad. Recordó que con 4 Megawatts, se alcanzaría para el 10% del alumbrado público.
“Al Municipio se le va a vender la energía eléctrica, pero lo que más nos interesa como Gestión Ambiental es que esos gases que se producen en el relleno sanitario no vayan a la atmósfera que producen los gases de efecto invernadero. La planta los capta y los convierte en energía”.
La planta de cogeneración de energía eléctrica, comenzará a trabajar en junio del próximo año. Por el momento se encuentra en una fase de pruebas y sus desarrolladores están subsanando permisos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para suministrarle energía, concluyó el funcionario.
Querían vender energía al Municipio
El permiso federal otorgado por la CRE se contrapone con el contrato firmado en sesión de Ayuntamiento el 4 de septiembre entre el entonces alcalde, Octavio Villasana y el representante legal de la empresa LFGE León, Mauricio Marroquín Brittingham.
Dicho contrato establece en sus cláusulas que el Municipio será el socio beneficiado con la generación de energía eléctrica.
Vía Acceso a la Información, AM obtuvo copia de contratos, anexos y actas de la empresa LFGE, la cual fue inscrita en el Registro Público de Monterrey el 13 de agosto del 2013, con René Christian Maingot Van Beers y Mauricio Marroquín Brittingham como accionistas. Su objeto social es prestar servicios técnicos que generen, conduzcan y transformen energía eléctrica.
Antes de cumplir 15 meses de haberse constituido, la empresa recibió el Título de Permiso de Autoabastecimiento de Energía Eléctrica.
El título federal está fechado el 27 de noviembre del 2014.
El documento detalla en volumen de energía generada en el basurero, que se repartirá de inicio entre tres empresas asociadas: Axtel, Deacero y Thermion Energy Holdings.
La capacidad total de la central, cita el documento, será de 2.8 MW con una producción estimada anual de energía de 22.4 Gigavatios-hora (GWh) y un consumo estimado anual de 14 millones de metros cúbicos de biogás.
Las obras de la central eléctrica del basurero iniciaron en febrero del 2015 y la puesta en operación comercial se realizaría este mes.
Desde el pasado 24 de noviembre, AM solicitó entrevista con la empresa Pasa, a través de su responsable de Comercialización, Cinthya De La Rosa, pero no hubo respuesta.
FECHAS CLAVE
9 de enero de 2001
El Ayuntamiento de León otorgó a Promotora Ambiental S.A.B., de C.V. (PASA), el título de concesión por 15 años, del basurero municipal.
8 de abril de 2014
En sesión ordinaria de Ayuntamiento se autorizó prorrogar la vigencia del Título de Concesión por otros 15 años contados a partir del 9 de enero del 2016. Además se autorizó a generar electricidad por 20 años.
24 de junio del 2014
La empresa TRV y PASA celebraron una carta de intenciones para que la primera desarrolle proyectos de generación de energía eléctrica en el relleno de León.
3 de noviembre del 2014
El Ayunvtamiento expidió un adendum (agregado), al Título de Concesión de Pasa, para que aprovechara a través de sí o de terceras partes, el biogas del basurero.
6 de julio de 2015
PASA celebró un contrato de comodato con Central LFGE León, para que diseñara, instalara y pusiera en operación una central eléctrica a partir del biogas que emana del basurero.
5 de agosto del 2015
El Ayuntamiento y PASA se convirtieron oficialmente en socios de la empresa desarrolladora.
4 de septiembre de 2015
El entonces Alcalde Octavio Villasana firma un contrato con LFGE León para comprar la energía eléctrica generada en el basurero.
‘Tiene vigencia hasta 2034
El contrato firmado entre el Municipio y Central LFGE, tiene vigencia hasta el 31 de mayo del 2034, y establece que la energía eléctrica será destinada para el abastecimiento de su socio consumidor, el Municipio.
Como parte de los lineamientos, menciona que Central LFGE garantizará la energía para el Municipio y éste, se compromete a pagar la diferencia de la energía no consumida.
Incluso, si hay excedentes de energía, la empresa podrá ofrecerla al Municipio sin que tenga la obligación de consumirla, y también la pondrá a disposición de la CFE excedentes que en su caso llegue a generar.
También establece que si el Municipio transmitiera la electricidad a un tercero, tendrá que pagar la energía multiplicada por 3.5 veces, además de las multas y sanciones correspondientes. En caso de alguna falla, el Municipio acepta que el suministro lo volverá a realizar la CFE.
Sobre el tema, el ex alcalde de León y diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que por ley no debe haber contratos mayores a 3 años ya que éstos están sujetos a revisión, en referencia al contrato de que se firmó por 15 años.
¿Qué esel biogas?
Es la mezcla de metano, dióxido de carbono y otros gases generados dentro del relleno sanitario. Con este gas se genera energía eléctrica.
‘Excluyen a Leónde permiso federal
A través de correo electrónico enviado por AM a Comunicación Social de la Comisión Reguladora de Energía, se interrogó sobre el hecho de que el Municipio de León no aparece como uno de los socios del Título de Permiso para generar energía en el basurero.
-¿Por qué el Título no menciona al Municipio de León como parte de los beneficiarios? ¿Las cláusulas del contrato municipal no se contraponen con el título federal, o bien, se complementan? Interrogó AM.
-Si una persona física o moral no se encuentra incluida en el título de permiso, se debe a que el solicitante no pidió incluirlo en la lista, sin embargo, para estar en posibilidades de entregarle la energía eléctrica deberán solicitar la modificación correspondiente a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –explicó la dependencia federal.
“El contrato que, en su caso, firme un permisionario, con cualquier persona es independiente del permiso, sin embargo, se reitera que el permisionario está obligado a modificar el permiso para estar en posibilidad de que alguna persona que no esté incluida en este pueda aprovechar la energía eléctrica”.
-El Título explica la demanda máxima que recibirán las primeras empresas socias, pero no especifica la que recibirán el resto de las empresas que podrían ser beneficiadas tras una posible expansión de la planta. ¿De qué manera se determinará cuánta energía se les otorgará y si todos los cambios, ampliaciones o convenios comerciales deben ser notificados por la empresa o el Municipio a ustedes? -preguntó de nuevo AM.
-En el caso de los planes de expansión, se trata de empresas que la permisionaria considera estarán en posibilidad de convertirse en socios de ella, por lo anterior, al no formar parte de la sociedad, no se podría establecer una demanda máxima, ya que en ese momento no tienen derecho de recibir energía eléctrica sino hasta el momento de convertirse en socios formales de la permisionaria y modificar el título de permiso para incluirlos, momento en el cuál se deberá establecer una demanda máxima y de ser el caso, el permisionario podría definir una nueva distribución de la energía eléctrica -explicó la Comisión Reguladora de Energía.
Bárbara simuló contrato
El 23 de enero de este año, la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, acompañada de integrantes de su gabinete, acudió a un evento protocolario en el relleno sanitario donde firmó con representantes de la empresa PASA, el convenio para la generación de biogás.
Durante el evento, se colocó la primera piedra de la planta que transportaría la energía generada a través del biogás por 4.5 kilómetros a la subestación de la CFE en Las Joyas. Entonces se anunció que la inversión de Pasa alcanzaría los 50 millones de pesos.
AM solicitó en tres ocasiones a través de Transparencia, el convenio que firmó la ex alcaldesa con la concesionaria del relleno sanitario, para conocer los detalles de la negociación. En las dos primeras solicitudes de información, las Dirección de Medio Ambiente y el resto de las dependencias, negaron que existiera dicho documentos.
AM consultó entonces a los responsables de Comunicación Social para preguntar por el contrato, pero confirmaron que no lo hubo, y que el único documento que existía era el de la empresa Central LFGE León con el ex alcalde, Octavio Villasana.
Juchitán, Oaxaca.- Vecinos de la primera y segunda sección de Juchitán a través del proyecto “Cuida tu sección” conformaron dos grupos de ciudadanos voluntarios con cincuenta vecinos cada uno, y que recibirán en los próximos días capacitación de parte de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca para ser “policías seccionales” con la finalidad de combatir la inseguridad que viven a diario.
Los cien ciudadanos varones, son personas adultas quienes a través de varios meses de tocar puertas y caminar lograron culminar este proyecto, el cual aseguran será un bien social y preventivo para sus familias.
Enedino Toledo López uno de los impulsores de este proyecto vecinal informó que tiene varios ayeres cuando comenzaron a darse cuenta de la necesidad de que la ciudadanía se involucrará en su protección.
Expresó que fue víctima y testigo de la violencia en las calles de ambas secciones, por lo que junto con otros amigos y conocidos decidieron emprender este proyecto.
“Tocamos puertas e incluso platicamos con el gobernador de Oaxaca, el nos guió de que la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca podría apoyarnos y así fue, la semana pasada llegaron a Juchitán y para esta próxima realizaremos la capacitación, se han seleccionado a un centenar de vecinos, quienes serán voluntarios”, sostuvo.
A cada policía vecinal se les dotará de una radio portátil, una gorra y posiblemente de un uniforme, en donde su única actividad será la prevención, cada uno se pondrá de acuerdo en el turno a proteger y no cobraran ningún salario.
“El proyecto se llama “Cuida tu casa, tu sección y tu hogar”, los vecinos lo vieron bien y eso nos da mucha satisfacción, porque estamos seguros que si funcionará, no vamos a portar armas, solo se trata de la prevención, sin embargo seremos visibles ante la sociedad”, sostuvo.
Enedino Toledo compartió que a raíz de que se ha hecho visible esta información en los medios de comunicación ha recibido amenazas de muerte vía celular a través de mensajes, a lo que precisó no tener miedo, pues este proyecto que se ha hecho realidad es un bien común de las familias juchitecas.
El caso Lexmark revivió la polémica por los bajos salarios que paga el sector maquilador a los obreros en Ciudad Juárez. En la ciudad se han empleado en este sector entre 194 mil y 249 mil personas, más que en cualquier otra ciudad de la frontera, quienes apenas tienen 10 minutos para ir al baño, si es que la la velocidad de la línea de producción lo permite, no ganan lo suficiente ni siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas y deben recorrer largos tramos de ida y de regreso a sus lugares de trabajo.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 de enero (SinEmbargo).– En el suroriente de esta ciudad, el Gobierno del Estado construyó hace más de una década la ampliación de una carretera que divide una meseta de colonias, enormes lotes vacíos y decenas de naves industriales de las plantas maquiladoras. La obra, denominada “Bulevar Independencia”, sirve para conectar los casi ocho kilómetros que separan esta zona de la frontera con Texas, y tiene seis carriles, camellón, pasos a desnivel y miles de metros sin banqueta. Todos los días, a casi todas horas, circulan en ella los tracto-camiones que trasladan la producción de las manufactureras hacia a Estados Unidos, y los peatones, entre ellos operadores de las ensambladoras, caminan a los lados, junto al tráfico o entre la tierra.
Una de las colonias aledañas a esta vía rápida es la María Martínez, urbanizada a principios del siglo XXI por el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua y aún sin pavimento en varias calles. Por 30 mil pesos, el Gobierno vendió cuartos de tres por siete metros, dos ventanas, dos puertas, un baño con inodoro, piso de cemento y sin yeso en las paredes que, por lo pequeñas y austeras, no se llaman casas, sino sólo “pie” de éstas.
Ahí compró su propiedad Míriam Delgado Hernández, una coahuilense hoy de 37 años que llegó a los siete a Ciudad Juárez, junto con sus padres y sus diez hermanos procedentes del Municipio de Francisco I. Madero de aquella entidad colindante con Chihuahua. Estudió sólo hasta la secundaria porque, a los 15 años, como hace casi el 50 por ciento de los adolescentes que viven en esta frontera, desertó al sentir que sus padres, que vivían de los campos de cultivo de El Valle, no podrían pagarle la preparatoria. Luego buscó trabajo y encontró en una de las maquiladoras de la fabricante de artículos electrónicos Philips, al poniente. A los 19 años se casó y tuvo su primer embarazo. Cuatro años después, en 2001, y aún empleada en Phillips, adquirió el crédito para su pie de casa pero no se mudó sino hasta 2002, cuando se quedó sin trabajo. Ese año, la trasnacional de origen holandés informó que cerraría la mayor parte de sus operaciones de producción en esta ciudad para trasladarlas a Suzhou, China, ésta última nación que acababa de ingresar a la Organización Mundial de Comercio y donde los trabajadores ganaban dos veces menos que en México. Fue una de las recesiones económicas más devastadoras para Juárez. Alrededor de cincuenta mil operadores perdieron sus empleos y, sin sus actividades y gastos, fueron afectados casi todos los demás sectores económicos.
Delgado tenía 23 años cuando llegó a su “pie de casa” con sus dos hijos pequeños y su marido, obrero temporal de albañilería. Sin encontrar trabajo en la maquiladora, se dedicó a vender productos de belleza y ropa de segunda para –sin la ayuda de su esposo, enfermo de alcoholismo–solventar la alimentación de sus niños y pagar los 300 pesos mensuales de su vivienda. En el pequeño espacio puso unas literas, un mueble para la televisión y una parrilla. Recuerda que duraron años sin refrigerador y comiendo sobre la cama. También que, al terminar la calle, metros al sur, todo fue por años un mar de tierra, sin árboles ni alumbrado, completamente negro por la noche. El transporte público y las escuelas llegaron con los meses.
Una serie de incentivos económicos concretaron en 2004 la ampliación de inversiones extranjeras en esta frontera. La administración del entonces Gobernador, Patricio Martínez García, celebraba la llegada a esta ciudad de la fabricante de electrodomésticos sueca Electrolux, que colocó aquí su planta más grande en Latinoamérica y a la que la administración estatal donó un terreno de 300 hectáreas unos siete kilómetros al sur del Bulevar Independencia. Junto a éste, en una superficie de 40 hectáreas, a finales de 2005 terminó de construirse también la primera nave de la división Impresiones Láser de la compañía norteamericana Lexmark. La firma había llegado a la entidad desde 1997 pero, de acuerdo con medios locales, tenía la estrategia de integrar en el nuevo campus del suroriente la mayor parte del proceso de producción, que incluye el reciclaje, ensamblado y llenado de tinta de cartuchos para impresora que se distribuyen en 150 países y que, en un 40 por ciento, se fabrican en el Estado de Chihuahua.
Las inversiones de Electrolux y Lexmark no sólo repusieron alrededor de diez por ciento de los empleos perdidos desde 2001 por la competencia con los salarios en China. Expandieron, también, la urbanización de Juárez hacia los terrenos de dos ex alcaldes priistas que, desde finales de los años 70, acapararon casi siete mil hectáreas de desierto conocidas como “Lote Bravo” y a las que desde entonces condujeron la dotación de servicios públicos. Los gobiernos municipal y del estado, por su parte, han justificado por años los gastos de infraestructura con la atracción de firmas como Electrolux o Lexmark, y con la construcción de colonias como la María Martínez, cuyos habitantes quedaron por años rodeados de enormes terrenos baldíos. El modelo se repitió en 2008 en el extremo poniente de la ciudad, en la frontera con Nuevo México, a donde también se condujeron cientos de millones de pesos de recursos públicos en vías y servicios hasta los terrenos de otro inmobiliario –también priista, pero de Chihuahua–, que los vendió para que la taiwanesa Foxconn instalara una gigantesca planta en la que hoy trabajan cinco mil 500 personas totalmente alejadas del resto de la ciudad. (Francisco Uranga Thomas, Secretario de Fomento Industrial de Patricio Martínez, apareció el sexenio siguiente como vicepresidente de operaciones de Foxconn para Latinoamérica).
Míriam Delgado entró a Lexmark en 2010, después de casi siete años de vivir sólo de las ventas informales. Ahora recuerda que, antes de poder presentar su documentación, debió hacer fila varias horas durante dos días frente a la malla de la planta. Finalmente fue contratada como operadora de producción en el segundo turno, de 3:30 de la tarde a 12:00 de la noche, y desde entonces fue asignada a la estación de “empaque tres”, a donde la banda de la línea de producción traslada cada 20 segundos una caja de cartón con el cartucho de tinta dentro y listo para que ella le coloque alrededor una placa de nieve seca que lo protege y a la que llama “inserto”. Luego cierra la caja, le pone la etiqueta de la marca, un sello, y al final le pasa un escáner para tomar el código de conteo. Al juntar unas tres cajas, las carga para salir corriendo a colocarlas sobre una plataforma de tiras de madera, o “pálet”, y todo el movimiento debe ser de un minuto, hasta empacar unos 180 cartuchos por hora, o alrededor de mil 500 en las ocho y media horas de su jornada.
“Es una línea de producción, un escantillón, y hacemos manualmente todo, cada quien va poniendo algo. Como 40 personas haciendo una cosa cada quien sobre el mismo cartucho, se le ponen tornillos, engranes, etiquetas, el rollo, lo sellos muchos tipos de engranes, gomitas. Cada quien pone como cinco o seis cosas, otros hacen las cajas, otros pegan las etiquetas, otros ponemos el inserto”, explica Delgado en entrevista.
“Paramos cuando vamos a comer, a las cinco y media, media hora, y 20 minutos para la cena, a las 9:20, todo en tiempo. Para ir al baño son diez minutos, una o dos veces al día. No se puede descuidar, ni para tomar agua, porque está la banda llena”, agrega.
El trabajo es contra reloj y bajo la presión de supervisores que al menor retraso toman reportes que inciden en el pago de los “bonos”. Otros operadores, sobre todo los que van cumpliendo más años, son trasladados a estaciones de reciclaje de cartuchos, donde despegan a punta de soplete las etiquetas de los cartuchos viejos y, otros, con aspiradoras, les remueven la tinta, contaminándose, en algunos casos, hasta los sangrados nasales.
La repetición del movimiento, dice Míriam Delgado, es además estresante y hace que el tiempo se sienta muy despacio, más cuando los hijos están enfermos o solos en la casa. Además debe tener una excelente vista, puntualidad y tratar de no enfermarse. Todo, en su caso, por 105 pesos diarios, o 12.3 por cada hora trabajando a toda velocidad dentro de la planta.
Al salir, a la media noche, pasaba casi otra hora en el camión de transporte de personal que debe recorrer varias colonias antes que la suya. Llegaba a casa a eso de la una, donde sus hijos, dice, ahora adolescentes, siempre la esperaban para abrir la puerta. Ahí dedicaba unos minutos para verlos, preguntarles cómo estaban, lo que necesitaban para la escuela o por las tareas. Luego se iba a dormir y, cinco o seis horas después, se levantaba para hacer el desayuno, mandarlos a la escuela, ordenar la casa, ocuparse de las ventas que nunca ha dejado, hacer la comida y bañarse y prepararse para, a las 2:40 de la tarde, estar lista y abordar de nuevo el viejo camión que otra vez recorrería varias colonias antes de dejarla en Lexmark. Casi cada semana, dice, se quedaba además tiempo extra, de 3:30 de la tarde a seis de la mañana.
La búsqueda de recursos adicionales y una mejor calidad de vida es constante entre Míriam, ya separada de su esposo, y sus hijos. Con un préstamo de Infonavit, hace tres años pudo construir dos recámaras y poner a todo el piso losetas de cerámica. Uno de sus hijos, de 17 años, se ocupa como carpintero en sus vacaciones y le hizo una cocineta. Los fines de semana previos a cada 14 de febrero o días de graduaciones, hace años, los tres se concentran además en hacer arreglos de globos y muñecos de peluche para vender también entre todos.
El único viaje que han tenido fuera de Ciudad Juárez fue a Torreón, Coahuila, hace unos años, para visitar a la familia materna. Ella jamás se ha comprado ropa nueva y, desde que se acuerda, casi todo lo que viste, todo lo calza, así como la mesa, sus dos sillas, las tres camas, los libreros, un escritorio y una computadora, son “de segunda”. Íntegros, los 700 u 800 pesos que juntaba a la semana entre su salario y sus ventas, los destinaba a la alimentación y a la educación de sus dos hijos, ahora estudiantes del Colegio de Bachilleres Once. Unos 400 o 500 pesos a la semana, o hasta 71 diarios, dos terceras partes de su sueldo, eran para comprar arroz, frijol, tortilla, huevo, uno o dos litros de leche, chile, tomate, cebolla, papas, la fruta sólo de oferta y dos o tres piernas de pollo sólo cuando alcanzaba. Con un promedio de gasto diario de entre 19 y 23 pesos cada uno, comían carne roja sólo una o dos veces por año, cuando Lexmark pagaba utilidades o aguinaldos. El resto era para los gastos de la escuela, de 15 a 20 pesos al día para copias e impresiones y 24 pesos para el transporte público. Cada mes, sin embargo, los recursos destinados a la compra de comida se reducían casi al mínimo para pagar 420 pesos por un cilindro de gas o 300 pesos del servicio de internet que Míriam acababa de contratar para los trabajos escolares; cada dos meses, para los 400 pesos de la luz, y cada semestre debía juntar tiempos extras y lo que pudiera para pagar dos mil 400 pesos de inscripciones. No bebe alcohol ni sale a lugares de esparcimiento, y toda su energía todos los días está dedicada solamente al trabajo y a sus hijos.
La abogada Susana Prieto al notificar la negativa de registro al Sindicato que buscan los trabajadores de Lexmark. Foto: Sandra Rodríguez
“COMPRAMOS SÓLO LO BÁSICO”
Después de cinco años y ocho meses de trabajar a ese ritmo, Míriam fue despedida de Lexmark el pasado 9 de diciembre junto con casi un centenar de empleados, en su mayoría mujeres. No fue por faltas ni por incumplir los estándares de producción de la compañía. Fue, considerada, por “alzar la voz” en demanda de un mejor salario y por haber firmado, en calidad de secretaria de Organización, la solicitud de registro legal del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Lexmark Internacional.
La solicitud fue entregada el pasado 2 de diciembre a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Gobierno estatal, y fue asesorada y redactada por el despacho de la abogada laboralista Susana Prieto Terrazas, quien, desde los miles de despidos del declive maquilador iniciado en 2001, litiga de manera profesional demandas de indemnización y otras inconformidades de los operadores contra las trasnacionales. Los hoy ex trabajadores de Lexmark explicaron que supieron de ella por otros empleados que han tratado de organizarse en Juárez para enfrentar sobre todo las liquidaciones que se habían registrado a principios de este siglo.
El año pasado, además, Prieto Terrazas también asesoró a los trabajadores de las maquiladoras Eaton Bussman y Foxconn, inconformes por los bajos salarios, el hostigamiento sexual y la eliminación imprevista de días para gozar de vacaciones.
Lo que detonó en octubre la búsqueda de asesoría legal en Lexmark, narran varios trabajadores entrevistados, fue el anuncio hecho por la gerencia de recursos humanos en el auditorio de la planta, donde se les informó que desde ese momento quedaban eliminadas las “certificaciones” que cada operador había ganado acreditando su dominio de las diferentes partes del proceso de producción y con las que esperaban acceder a aumentos de salario escalonados, de 105 a 112 pesos y luego a 120 por día (Prieto Terrazas informó que el segundo nivel salarial era de 114). El salario de otros trabajadores, narran los ex empleados, como los reparadores de los cartuchos y que ganaban 130 pesos diarios, también quedaría estacionado.
“Fue cuando decidimos asesorarnos”, dice Santiago Martínez, de 30 años, reparador, firmante de la petición de sindicato y ahora también despedido. “Y fuimos con la licenciada (Prieto Terrazas), y ella nos comentó que se podía pelear por mejores condiciones, formar un sindicato, y empezamos a invitar a los otros, porque había mucha inconformidad”, agrega.
El plan de organización sindical asesorado por la abogada incluyó la instalación de un plantón en el exterior de la planta a principios de noviembre, marchas hacia la sede de Conciliación y Arbitraje y paros técnicos que, narran los obreros y muestran fotografías, lograron convocar a cientos de empleados.
“Uno por uno les fui diciendo, y unos se sorprendieron, no se atrevían por el miedo, y porque tienen mucha necesidad, por eso no se animaron, y yo empecé a silbar, con un silbato que llevaba en el bolsillo, como Delia (otra empleada) me había dicho, empecé a caminar por las áreas y ya, les gritaba que ‘aumento de sueldo, menos hostigamiento, protección para nosotros’, que era injusto como estábamos trabajando”, cuenta Leticia Calderón, de 39 años, y operadora también despedida.
La solicitud de sindicato logró reunir a 63 trabajadores, cuyo respaldo fue comprobado en la petición ante Conciliación con recibos de nómina. La respuesta de la compañía norteamericana, sin embargo, fue contundente: todos los solicitantes fueron despedidos y, el 29 de diciembre, la Junta Local de Conciliación notificó la negativa a la solicitud de registro de la organización obrera porque, argumentó la autoridad, incumplía los requisitos legales de que los sindicalizados estuvieran en activo y transparencia en el uso de sus futuros recursos.
Antonia Hinojos, de Camargo, Chihuahua, y Josefa Martínez, de Oaxaca, despedidas por tratar de organizarse contra el “robo” de vacaciones en Eaton Bussmann. Foto: Sandra Rodríguez
El Gobierno del Estado y el municipal han desestimado las protestas de los operadores de producción argumentando que están siendo “azuzadas” por los abogados que, como informó a este medio Prieto Terrazas, cobran un 20 por ciento a los trabajadores si ganan las indemnizaciones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ella, a su vez, ha acusado al Gobierno del Estado de proteger sólo los intereses de las empresas trasnacionales y de permitir la explotación de los empleados.
Varios de los inconformes, por su parte, expresaron en entrevistas estar satisfechos de al menos haber “alzado la voz” contra lo que denominan “salarios de miseria” y arbitrariedades de todo tipo cometidas dentro de las maquiladoras, desde la eliminación imprevista de días de vacaciones, como ocurre en la planta Eaton Bussmann, fabricante de fusibles y en cuyo frente también hay plantón, hasta la desprotección ante trabajos peligrosos, como el vaciado del tóner de los cartuchos de Lexmark.
Sobre un llano frente a ésta, más de medio centenar de trabajadores despedidos han sostenido por dos meses y climas bajo cero guardias en el campamento que construyeron con madera y lonas con consignas en demanda de mejores salarios. Estuvieron ahí incluso la noche de Año Nuevo, después de una intensa nevada y de haber recibido la noticia del rechazo a su petición de registro a la agrupación obrera.
“A mí nunca me han gustado las injusticias, y no me arrepiento, porque si se logra algo, vamos a salir muchos beneficiados. Y si no, ni modo, pero quiero que mis hijos sepan que no me quedo con los brazos cruzados, que aprendan también que se tiene que luchar aunque a veces no se gane”, agregó Leticia Calderón, cuyo hogar cuenta además con los ingresos de su pareja.
“Yo no tengo miedo, porque ellas (las maquiladoras), nos necesitan más a nosotros ahora, y porque es una tristeza que para ser Juárez frontera tengamos salarios tan bajos, si somos la mano de obra de mejor calidad, porque trabajamos con calidad, con amor al trabajo”, agregó Josefa Ramírez, de 36 años y entrevistada en el plantón de Eaton Bussmann, al norte de la ciudad y también habitante del suroriente.
La precariedad económica con la que viven los operadores de producción, además, es palpable: si hay sólo un salario en casa y se tiene hijos, aunque se dediquen de ocho a nueve horas diarias a las trasnacionales, la mayor parte de lo ganado alcanza sólo para lo más básico.
“Compramos siempre en las segundas, porque no hay para nada nuevo con el sueldo. Compramos sólo lo básico, nos acomodamos a que no falten los frijoles, la sopa, el chile, el tomate la cebolla y el café. Nos tenemos que acomodar, una semana compra uno una cosa, y ahí vamos”, dice Antonia Hinojos, de 45 años, también despedida por tratar de organizarse en Eaton Bussmann y madre de dos hijos, uno de los cuales, narra, dejó la escuela y argumentó que su desinterés en las clases no ameritaba su intenso ritmo de trabajo.
“GANAR UNA MISERIA”
Juárez, sede además de una intensa actividad de tráfico local e internacional de drogas ilegales y que ha llegado a ser la ciudad más violenta de México, es también el municipio del país con mayor cantidad de empleados en la industria maquiladora de exportación. Un comparativo de siete años del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) muestra que en la ciudad se han empleado en este sector entre 194 mil y 249 mil personas, más que en cualquier otra ciudad de la frontera y casi lo mismo que todas las entidades no fronterizas juntas. Miles de residentes locales ensamblan diferentes tipos de productos, pero preponderantemente cientos de millones de cables atados que conducen la energía en los vehículos de General Motors, conocidos como “arneses”. Se ensamblan también, de acuerdo con un reporte publicado en noviembre pasado por El Diario, faros, cubiertas de asiento y otros accesorios y partes para vehículos, millones de computadoras portátiles y de escritorio, lavadoras, secadoras, televisiones, cuatrimotos y fotoceldas productoras de electricidad, catéteres médicos, entre otros objetos.
Pero esta frontera presenta otro indicador que, a la luz de la crisis social dejada por más de diez mil homicidios, se observa devastador: de acuerdo con una investigación publicada en la primavera pasada por el Instituto Hunt para la Competitividad Global de la Universidad de Texas en El Paso, en Ciudad Juárez, sede y meca de la industria maquiladora, las firmas extranjeras pagan el segundo peor promedio salarial de todos los que pagan en México: 422 dólares mensuales, según el estudio, sólo por encima de Ciudad Acuña, en Coahuila.
“Los datos de diciembre 2014 revelan que los trabajadores de producción en Ciudad Juárez tenían uno de los salarios más bajos en toda la región, ya sea en el interior o en la frontera mexicana”, dice el estudio.
“Este promedio en Ciudad Juárez es debido al peso de los salarios de los trabajadores de producción, ya que este tipo de empleado representa el 90 por ciento de todos los trabajadores empleados en las empresas manufactureras orientadas a la exportación en el año 2014”, agrega.
La investigación, presentada como “Revisión de indicadores Paso del Norte”, agrega que los salarios reales mensuales por trabajador que pagan las empresas manufactureras orientadas a la exportación, tanto en México como en Ciudad Juárez, están además por debajo de los niveles de 2010. “Los niveles mensuales de salarios reales en Ciudad Juárez por trabajador en diciembre 2014 fueron de los más bajos de estas regiones (la frontera, el interior y todo México)”, insiste.
Los bajos salarios de los operadores, sin embargo, no han sido malas noticias para todo el mundo. En agosto de 2014, el despacho Boston Consulting Group (BCG), que se presenta como identificador de oportunidades de negocios para compañías globales, publicó también un reporte sobre el aumento de inversiones de maquiladoras en México después de su fuga a China en 2001, donde los salarios eran entonces, dice, “dramáticamente menores”.
Pero ahora, agregó la investigación, los costos del trabajo en China han aumentado y, además, los operadores del país asiático no han logrado compensarlo con ritmos de producción. En México, en cambio, agrega, los incrementos al salario mínimo en las manufactureras han sido “moderados” y “casi totalmente compensados por aumentos de la productividad en el sector industrial moderno y por un 11 por ciento de depreciación del peso frente al dólar estadounidense”.
Un ejemplo de estas inversiones que han preferido México a China, dice el documento, es la de Foxconn en el municipio de Juárez. “Las inversiones extranjeras en plantas en México está despegando de nuevo, aun en industrias en las que China ha sido dominante (…) De hecho, la gigante taiwanesa de fabricación de electrónicos Foxconn Technology Group, la mayor inversora única en China, quedó sólo detrás de General Motors como el principal exportador de México. Foxconn dijo que su planta de cinco mil 500 trabajadores en San Jerónimo (Juárez) exporta ocho millones de computadoras personales al año, y una mayor expansión está en camino”, especifica.
El documento cita también el “Índice global del competitividad de costos de manufactura” del mismo BCG, y que muestra que México es uno de los países en donde las trasnacionales destinan la menor proporción de sus gastos al pago de salarios: un 8.9 por ciento del total de la inversión, menos que lo que se invertía en 2004.
“Hace una década, los costos promedio de producción en China se estimaban en seis puntos porcentuales más baratos que en México, de acuerdo con el Índice global del competitividad de costos de manufactura. Ahora, México se estima cuatro puntos porcentuales más barato. De hecho, la estructura de los costos de manufactura mejoró en México más que en ninguna otra de las 25 economías de nuestro índice”, agregó el BCG.
El título de la investigación de la consultora norteamericana: “Competitividad de costos de manufactura en México, una creciente estrella global”.
El estudio del Boston Consulting Group fue citado en abril pasado por el Banco de México (Banxico), que emitió un boletín reportando que era “prioritario para Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) financiar al sector manufacturero que observa importante repunte” y con la previsión de que el costo del trabajo será más barato en todo Norteamérica.
“México ha recuperado su estatus como principal centro de manufactura de alta productividad y bajo costo”, indicó el texto.
Pero es ese desbalance, en el que los obreros de manufactura de alta productividad ganan poco, lo que molesta a quienes se están inconformando en Ciudad Juárez, como Míriam Delgado. “No es justo que me despidan sólo por alzar la voz. Yo le he dado mucho a mi planta”, dijo a principios de mes, en llanto, horas después de su despido de Lexmark. “¿Por qué el Gobierno permite esto, si somos los trabajadores los que sacamos adelante a Ciudad Juárez, con nuestra mano de obra, para ganar una miseria?”, cuestionó.
Zacatecas.- Debido a la falta de certeza en los pagos que desde diciembre se adeudan a trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), el Supdacobaez, encabezado por Gerardo García Murillo, tomará desde temprana hora, el próximo miércoles, el complejo de Ciudad Administrativa.
El líder sindical informó que aún queda pendiente el pago de cuatro prestaciones, que hacen un total de 10 millones de pesos, y advirtió que no se retirarán de las oficinas gubernamentales hasta que se les entregue su pago el 15 de enero; además, se detendrán actividades en los planteles del subsistema, ubicados en Guadalupe y Zacatecas.
Detalló que se requieren 66 millones de pesos en los que se contempla el pago de la primera quincena de enero, la segunda parte del aguinaldo y las prestaciones que se adeudan desde el año pasado.
“Ya no hay cabida para ningún tipo de negociación porque es una exigencia del pago que se tiene contemplado en el contrato colectivo”, afirmó.
Agregó que ante la situación, el director general del Cobaez, Felipe Ramírez Chávez, afirmó que se están haciendo las gestiones correspondientes, por lo que el representante sindical declaró que la responsabilidad recae en la Secretaría de Finanzas (Sefin).
García Murillo recordó que el presupuesto con el que se maneja el subsistema es estatal y federal, donde las aportaciones deben ser 50 y 50 por ciento, pero dicha condición no se cumple.
Expuso que los problemas económicos del Colegio obedecen a la falta de paridad de las aportaciones a inicio de cada año fiscal, y este año también se repite, ya que de gobierno estatal se recibirán 111 millones de pesos, mientras que la federación aportará 250 millones de pesos.
Puntualizó que el dinero continuará siendo un problema para la institución durante 2016, pues sólo en capítulo mil, se ocupan 460 millones de pesos, dejando fuera aspectos como infraestructura educativa y gastos de representación, por lo que la suma de las aportaciones dan 100 millones de pesos menos de lo que realmente requiere el subsistema.
Antonia Hinojos, de Camargo, Chihuahua, y Josefa Martínez, de Oaxaca, despedidas por tratar de organizarse contra el “robo” de vacaciones en Eaton Bussmann. Foto: Sandra Rodríguez