Medio para armar
15/03/16. Vigilarán que cumplan requisitos para construcción de supermercado
AM Querétaro
14/03/15. Se oponen a llegada de supermercado
AM Querétaro
9/03/15. Desechan acción popular promovida por vecinos por cambios en el uso de suelo
AM Querétaro
04/08/15. Oposición a supermercado en Milenio III
Noticias de Querétaro
Mónica Gordillo/AM Querétaro
Vigilarán que se cumpla con los requisitos técnicos para construir un supermercado en el predio conocido por la fracción segunda del Casco de Carretas, donde se encuentra un vaso regulador de agua
La ambientalista queretana América Vizcaíno, señaló que darán seguimiento puntual a que la empresa Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios S.A de C.V cumpla con los requisitos técnicos para construir un supermercado en el predio conocido por la fracción segunda del Casco de Carretas, donde se encuentra un vaso regulador de agua.
Esto después de que en Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro autorizara una ampliación del plazo para el cumplimiento de las condicionantes faltantes y la validación de proyectos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Además, enfatizó que en la Gaceta Municipal debió condicionarse la revocación del cambio de uso de suelo, si la empresa no presenta los estudios, evaluaciones, el análisis de riesgos, la opinión técnica de Protección Civil, el impacto ambiental y el polígono georreferenciado del proyecto.
Aseguró que el día de ayer se reuniría junto con otros ambientalistas con ‘algunas personas’ del municipio de Querétaro, quienes les mostrarían los estudios técnicos que en la pasada administración la empresa no cubrió.
“En esta administración lo que hace Marcos es que se amplía el plazo para que cumplan con los requisitos, estamos esperando que se presenten los estudios para ver si cumplen”, apuntó.
Señaló que si el promovente no cumple con la normatividad y realiza la construcción del supermercado sobre el vaso regulador de agua, existirían riesgos de inundación y colapso hidrológico en las partes bajas de la ciudad, ante la falta de infraestructura pluvial.
Indicó que el estudio hidrológico debe contener la información sobre la capacidad de almacenamiento, presente y futura, del vaso regulador, así como del volumen de escurrimientos en la cuenca para manejar el agua hacía el Río Querétaro y otro drenes.
“Dentro del estudio hidrológico esta también el análisis de riesgo y el dictamen de protección civil. Necesitamos ver esa información para dar opinión al respecto”, dijo.
amqueretaro.com/queretaro/2016/03/15/vigilaran-que-cumplan-requisitos
Quadratín.
Roselia Chaca,
Juchitán, Oaxaca. 15 de marzo de 2016.- Un grupo de simpatizantes de la organización ‘Hagamos algo’ de Ciudad Ixtepec tomaron este martes las instalaciones de las sucursales de la empresa Bodega Aurrera en Juchitán e Ixtepec para pedir la liquidación de un trabajador conforme a la ley que supuestamente fue despedido de forma injustificada. Joel Luis, dirigente de la agrupación, informó que el trabajador se desempeñó por 12 años como panadero en la empresa en Ixtepec pero debido a una enfermedad tuvo que acudir al IMSS don de le dieron una incapacidad. Relató que al parecer la gerente de esa sucursal no aceptó las constantes disposiciones de incapacidad del trabajador y lo despidió hace tres días, otorgándole una liquidación de tres meses. Dijo que el trabajador buscó la asesoría de la organización ‘Hagamos algo’ pues consideró injustificado su despido. Al no conseguir respuesta a la demanda de una liquidación mayor decidieron tomar las instalaciones de la tienda. El bloqueo en Juchitán e Ixtepec, en la región del Istmo, lo realizaron unas 25 personas en cada sucursal, reteniendo por más de 8 horas a algunos trabajadores. Después de acordar una mesa de negociación con los encargados de la tienda los manifestantes se retiraron. En tanto, mediante un comunicado el director de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica, Antonio Ocaranza condenó estos hechos y lamentó la falta de Estado de Derecho. “Walmart de México y Centroamérica condena la privación ilegal de la libertad 69 asociados (empleados) que se encuentran dentro de la tienda Bodega Aurrerá Juchitán, Oaxaca, que ha sido tomada por un grupo de personas que impiden su salida”, se lee en el boletín de prensa. Más tarde, en su cuenta de Twitter el directivo informó que la tienda de Juchitán no abrirá sus puertas ante la falta de seguridad para sus clientes y asociados.
Alejandrina López/Plaza de Armas
El dejar de hacer los descuentos vía nómina de las cuotas sindicales a los miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), correspondiente al 1 por ciento del salario directo, es el punto medular de la huelga iniciada el pasado 04 de marzo de 2016, indicó la líder sindical Laura Leyva.
“Los descuentos vía nomina son las cuotas sindicales que nos descuentan a los compañeros trabajadores pero finalmente tenemos un comité de fiscalización que checa para que se ocupan esas cuotas, que son para el bien del sindicato y que por 41 años se han aplicado”, comentó.
Explicó que el 1 por ciento significa una captación económica de aproximadamente 30 mil pesos mensuales, recurso que dijo se les deben de entregar al sindicato, ya que se dejó de percibir el apoyo económico.
Leyva Saavedra señaló que desde el viernes 11 de marzo, no se ha tenido ningún acercamiento con la autoridad patronal, pues la representación universitaria no acudió a la sesión conciliatoria, postura que interpretaron como violencia del contrato colectivo del trabajo.
Indicó que como Comité General se entregaron los comprobantes fiscales necesarios para justificar el gasto de 2 millones de pesos, en los eventos del aniversario y fin de año del 2012, 2013 y 2014.
Adicional a éste punto se está trabajando con el proceso de basificación; asignación de personal de base; recontratación de trabajadores despedidos en el mes de diciembre –cerca de 50-; el pago del 50 por ciento de sueldos caídos por la huelga; gastos de huelga y respeto al contrato colectivo del
STEUAQ.
En el marco de la rueda de prensa, anunció que en caso de que no se llegué a un acuerdo con la autoridad universitaria, iniciarán movilizaciones como manifestaciones, con el apoyo de los delegados de diversos sindicatos a nivel nacional con el Comité Ejecutivo del STEUAQ.
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2016/03/15/descuentos_cuotas_nomina_punto_medular_inconformidad_383849_1013.html
Azulik y Papaya Playa continúan con la construcción en sus predios pese a que fueron clausurados.
Sara Cauich/SIPSE
TULUM, Q. Roo.- A pesar de estar denunciados por la Dirección de Desarrollo Urbano ante Profepa, los desarrollos turísticos Papaya Playa y Azulik, ubicados en el kilómetro tres y cuatro de la carretera costera Tulum-Boca Paila, continúan la construcción de la ampliación de sus instalaciones; cuentan con permisos federales pero han excedido la obra en ejecución, señala el director, William Fernández Contreras.
Desde que inicio la ampliación, ambos proyectos, uno junto al otro, personal del Ayuntamiento clausuró lo que se tenía edificado, sin embargo, dado que no son la autoridad competente, pasan por alto los sellos colocados y continúan las obras, agregó el entrevistado.
Los resolutivos otorgados por las instituciones federales competentes en materia de cuidado y protección al ambiente, son claras y estas empresas están edificando más de lo autorizado, dijo. Por ello se han llevado cabo clausuras de manera preventiva, pero realmente es competencia de la autoridad federal actuar.
Reconoció que se han llevado a cabo algunas clausuras, luego de las denuncias y solicitudes del área a su cargo para que actúen, y la Profepa, como Semarnat ha actuado en algunos casos, incluso con la participación de la PGR, pero hay otras en donde no intervienen aún, y se espera que la hagan pronto, señaló Fernández Contreras.
Esto ocurre en la zona costera, pero es igual en el Parque Nacional Tulum, donde aun con clausura, hay inmuebles terminados y operando, agregó. En estos casos, también han denunciado en línea la situación, pero corresponde a la autoridad competente actuar, citó.
Por lo que corresponde a los permisos municipales de tala y desmonte es claro el contenido cuando se otorga a los inversionistas, y cuando se exceden, hay sanciones, agregó, “porque las autorizaciones dejan fuera las especies protegidas como es la palma de chit y mangle y en cuanto se detectan se aplica la sanción correspondiente”, dijo.
Clausuras aplicadas
En lo que va del año, la dirección a su cargo ya aplicó varias multas y clausuras a desarrollos, y van acompañadas de la denuncia correspondiente ante la Profepa y Semarnat, según sea el caso, y se espera que en consecuencia también actúen esas dependencias, agregó.
La zona costera actualmente es la que tiene un crecimiento que no se veía en años. Ahí actualmente se encuentra tanto hoteles de concreto como cabañas, o los establecimientos comerciales. Antes los problemas fueron de tenencia de la tierra, ahora son por el incumplimiento de normas ambientales, y es el tema en el que se trabaja, expresó.
Por: Juan Yves Palomar
Más de 131
Desde hace 10 años, cuando se anunció la construcción de la presa El Zapotillo en los altos de Jalisco, surgió una gran problemática que implica no sólo a los habitantes de la región, sino a los de todo México.
Represar el caudal del Río Verde, uno de los últimos ríos sanos que quedan en el país, afectaría directamente a las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y generaría pobreza sobre la zona de escurrimiento de la cuenca del río.
Los beneficiados del proyecto de la presa serían sobre todo las grandes empresas del corredor industrial de Guanajuato.
Para construir dicho megaproyecto el gobierno gastó ya más de 14 mil millones de pesos del erario público, en contraste con los 266 millones de pesos que ha invertido en renovar únicamente una quinta parte de la infraestructura hídrica de la ciudad de Guadalajara. Incluso, sólo dos ayuntamientos de Jalisco disponen de un programa público para combatir el cambio climático después de que en 2015 se aprobara la ley en la materia.
Hoy en día, miles de casas, ranchos y sembradíos padecen por falta de agua gracias a la veda que la CONAGUA ha montado sobre la zona de la cuenca del Río Verde. Cientos de campesinos que viven en la pobreza han visto cancelados sus pozos de riego y surtido de agua por las autoridades gracias a que se encuentran supuestamente mal situados.
Además, separar con una gran represa el lecho de Río Verde sería tremendamente perjudicial para los microclimas y ecosistemas existentes en la región. Generar un embalse de esas dimensiones con una cortina de más de 79 metros de altura ocasionaría que múltiples especies animales y vegetales sufran impactos irreversibles.
Como se puede comprobar en el documental de “Damn nation”, todas las represas cuentan con un periodo de vida útil, después de todo lo gastado y todo lo afectado por un megaproyecto de esta envergadura, y de realizar un trasvase de estas dimensiones de una cuenca a otra, sólo queda el desamparo, la soledad y la sequía de grandes zonas que antes eran ricas en flora, fauna, sales y minerales.
No está de más señalar los múltiples efectos de generación de efecto invernadero que se realizarían con el vaso generado por El Zapotillo, de acuerdo con el documental 105 metros de sed:
Temacapulín ha resistido gracias a manifestaciones, como la toma de la presa en 2011 y la realización de múltiples foros de negociación. De hecho, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua que hoy existe en el ITESO surgió en gran medida como una respuesta a esta problemática.
Por todo lo antes mencionado, es urgente denunciar esta situación, manifestar nuestro rechazo al proyecto y visibilizar el porqué de la oposición a la cerrazón de las compuertas que darían pie a la gran caja de caudales de la presa El Zapotillo.
http://masde131.com/2016/03/del-porque-luchar-contra-la-presa-el-zapotillo-en-jalisco/
Afectarán abasto a 10 municipios y a miles de familias, denunció el Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre
Amatlán, Ver.- El proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal amenaza la subsistencia de tres cuerpos de agua subterráneos que abastecen a ocho municipios, a más de 10 localidades y a miles de familias en la zona centro del estado, pues en el trayecto del colector principal hay corrientes subterráneas que dan vida a los manantiales El Sótano, Siete Aguas y La Gloria.
“Pretenden dinamitar y barrenar los cerros entre Cuichapa y Amatlán, que de acuerdo a los investigadores Luisa Paré y Omar Arellano, de la UNAM, la zona del proyecto es altamente sísmica, además, de contar con cerros cavernosos y de piedra caliza, que al destruirse pueden afectar las corrientes subterráneas, afectando el caudal de los manantiales”, afirmaron integrantes del Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre.
Indicaron que en el caso del manantial El Sótano, se ubica en la comunidad de Barrio de Guadalupe, abasteciendo del líquido a la cabecera municipal de Cuichapa; el Siete Aguas, se ubica en la localidad Dos Caminos del municipio de Cuichapa y mediante el sistema de distribución del mismo nombre, se surte a poblaciones de Cuichapa, Omealca, Tezonapa, Yanga y Tierra Blanca, en tanto que La Gloria se ubica en La Patrona, perteneciente a Amatlán y de él dependen las familias de Los Ángeles y la propia comunidad amatleca. –
14/03/16. Hidroeléctrica El Naranjal pone en riesgo tres manantiales
06/01/16. Hostigan a dos profesoras y defensoras de derechos humanos de Veracruz
Diario Noticias
17/08/15. Proyecto hidroeléctrico “El Naranjal” , seria amenaza a medio ambiente
Diario Noticias
03/08/15. Justicia para Noé y cese del hostigamiento y represión a los activistas socio-ambientales de Veracruz
Hijos de la Madre Tierra
15/07/15. Vigilan el río Atoyac
El Buen Tono
25/05/15. Infringe hidroeléctrica zona protegida y viola derechos; continúa resistencia de El Naranjal
Imagen Siglo XXI
24/04/15. Ordena tribunal suspender hidroeléctricas en construcción en Jalacingo
Zapateando
23/04/15. Habitantes del Ejido de Cuichapa ante la pretendida imposición de la hidroeléctrica El Naranjal en el Mpio. de Amatlan, Veracruz
Crónica de Sociales
22/04/15. Rentas irrisorias de centavos, ofrece Hidroeléctrica Naranjal
e-consulta.com Veracruz
06/04/15. Hidroeléctrica de Naranjal solo traerá contaminación al agua; TINAM
La Tía Justa
28/03/15. En Veracruz se podrían construir 145 hidroeléctricas: Lavida
AZ Diario
26/03/15. Ilegal, la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal: Lavida
Formato 7
15/03/15. Protestan contra la privatización del agua en Veracruz y México
Plumas Libres
25/01/15. Amenazan a ejidatarios por no vender sus tierras para Hidroeléctrica en El Naranjal
El Piñero de la Cuenca
07/02/14. Afirman que Slim adquirió los derechos de la hidroeléctrica Naranjal
Plumas Libres
26/03/13. La red empresarial (III)
Contralinea
26/03/13. Hidroeléctrica privada viola derecho a la consulta (II)
Contralinea
26/03/13. Hidroeléctrica El Naranjal: despojo a 30 000 pobres (I)
Contralinea
Damián Godoy, León, Gto.
Alrededor de 250 miembros de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (Clama) esta mañana impidieron la circulación vehicular en un tramo del bulevar Adolfo López Mateos y calles de la zona centro, para manifestar su desacuerdo ante la posibilidad de que se incremente la tarifa al transporte público.
La movilización ocasionó congestionamientos en la principal arteria del centro de la ciudad, entre las calles 20 de Enero y Hermanos Aldama, vía que tomaron con la finalidad de enfilarse hacia la Presidencia Municipal.
El vicepresidente de Clama, Miguel Ruiz Aguilar, denunció que el miércoles pasado, el líder de los transportistas, Daniel Villaseñor, desestimó las causas de su movimiento y los tildó de mentirosos, por lo que lo retó a dialogar con ellos cara a cara, para demostrarle que es injusto que cancelen el programa de gratuidad para los adultos mayores.
“El mentiroso es él, porque la realidad es que las tarjetas siguen desactivadas y no se ve para cuándo nos regresen nuestro derecho a poder viajar en transporte público sin pagar”, denunció.
El contingente en este momento se encuentra en la entrada a la Presidencia Municipal, en espera de que alguna autoridad salga atenderlos.
periodicocorreo.com.mx/bloquean-trafico-en-protesta-de-tarifa-del-transporte/
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo/Pulso).– Alrededor de 350 estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se manifestaron esta mañana frente al Edificio Central de la Máxima Casa de Estudios Potosina para defender la autonomía de la institución, para mostrar su apoyo al Rector Manuel Fermín Villar Rubio, y expresar su rechazo a Guillermo Rivera Morales, presidente de la Federación Universitaria Potosina (FUP).
Veinte minutos antes de que iniciara la protesta, consejeros alumnos de distintas facultades se pronunciaron contra el líder estudiantil, Rivera Morales, pues según afirmaron, violó la autonomía, el decoro y el prestigio de la UASLP.
Expusieron que el líder de la FUP violó el artículo 33 fracción segunda del estatuto orgánico de la universidad: “El carácter de miembro de consejo directivo universitario se pierde al realizar actos contrarios a la autonomía, al principio de cátedra e investigación, al decoro o prestigio de la universidad aún cometidos fuera del recinto.
Lo anterior se plantea luego que la semana pasada, Guillermo Rivera anunció que la FUP realizará una consulta entre los estudiantes para conocer la opinión sobre el desempeño de directores y el rector, y sobre las elecciones para dichos cargos.
En rueda de prensa donde no permitieron cuestionamientos por sus declaraciones, dijeron respaldar a Villar Rubio “ya que siempre se ha desempeñado dentro del carácter legal y ha velado por el desempeño de esta casa de estudios.
Asimismo, recalcaron que solicitarán a entes ajenos a la universidad así como a los servidores públicos dejar de entrometerse y violar la autonomía universitaria, y enfocarse en el poco desempeño que han realizado representando a los potosinos.
Si bien no especificaron hacia quién son dichas declaraciones, se deduce que hacen referencia a lo dicho la semana pasada por diputados en el Congreso del Estado, quienes sugirieron mayor transparencia en la UASLP.
Los jóvenes descendieron de camiones de transporte de personal, los cuales fueron estacionados en avenida Venustiano Carranza, a la altura del edificio Ipiña, lo que ocasionó tráfico vial.
14/03/2016. Continúan las protestas contra aumento al pasaje en el transporte público en León
Periódico Correo
03/03/2016. Protestan contra aumento al pasaje en el transporte público en León
AM
20/11/2015. Agreden a manifestantes que exigen mantener gratuidad del transporte para ancianos en León
Zona Franca
26/10/2015. Siguen las manifestaciones para exigir la gratuidad en el transporte para ancianos en León
AM
05/10/2015. Continúan manifestaciones para exigir transporte gratuito para ancianos en Leon
Zona Franca
22/09/2015. Toman estación del SIT en León; exigen mantener gratuidad para ancianos
Zona Franca
11/09/2015. Continúan detenidas dos personas por manifestaciones en Celaya contra el sistema de prepago
Zona Franca
09/09/2015. Protestas doblegan temporalmente al sistema de prepago en Celaya
Zona Franca
08/09/2015. Aumentan las protestas por alza en tarifas del transporte público en Celaya
Zona Franca
07/09/2015. Protestan contra el servicio de prepago del transporte público en Celaya
Zona Franca
Luis Jerónimo, Oaxaca.
OAXACA, Oax., 14 de marzo de 2016.- Integrantes de la Sección 22 protestaron este lunes frente a Casa Oficial, en la ciudad de Oaxaca, para pedir la libertad de todos sus compañeros presos. A esta movilización realizada por los cinco años de la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar, se unieron simpatizantes de la organización COMUNA, Frente Popular Revolucionario (FPR) y Frente Amplio de Lucha Popular (FALP). Unos 300 manifestantes colocaron unas vallas en la avenida Juárez, frente a Casa Oficial, para representar los barrotes de las celdas donde están sus compañeros. Pidieron al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que instale una mesa de diálogo para que resuelvan sus peticiones. Aseguraron que ellos ya presentaron oficios con el gobierno para que se instale la mesa de trabajo y hasta la fecha no se ha dado el diálogo.
https://oaxaca.quadratin.com.mx/Protesta-Seccion-22-frente-a-Casa-Oficial-en-Oaxaca/
Mónica Gordillo/AM Querétaro
Los vecinos también manifestaron que la construcción del supermercado originará otras problemáticas, como tráfico vehicular y acumulación de basura
Ante el intenso escurrimiento de agua que se registra durante la época de lluvias, vecinos de Milenio III piden al municipio de Querétaro que no permita la construcción de un supermercado por parte de la empresa Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios S.A de C.V, en el predio conocido por la fracción segunda del Casco de Carretas, donde se encuentra un vaso regulador de agua.
Después de que el alcalde, Marcos Aguilar Vega, asegurara que el municipio exigió a la empresa que construya un vaso regulador de agua, los vecinos enfatizaron que debe garantizarse que su capacidad no sea menor al existente.
“Querétaro tiene una historia de inundaciones y obviamente si la llegan a construir sería bajo su responsabilidad por si se llegara a inundar. Si va a haber una construcción de otro vaso debe soportar la cantidad de agua que llueva. Somos una colonia que está en alto y vemos como cae el agua, es intensa en época de lluvias; incluso, en época de lluvias es imposible subir, porque es como una cascada”, dijo Itzel, quien radica en la colonia desde hace cinco años.
El pasado 8 de marzo, en Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro resolvió como ‘inatendible’ la acción popular interpuesta por el Comité de Vecinos Milenio III, asociación civil, en el que solicitaba la revocación del cambio de uso de suelo de dicho predio.
“Pedimos que no lo hagan, yo creo que nadie está de acuerdo. No es un área para que se haga un Walmart. Aunque se justifique su construcción, no es un área donde se deba de hacer”, dijo el señor Rodrigo, vecino de Milenio III.
Los vecinos también manifestaron que la construcción del supermercado originará otras problemáticas para Milenio III, como tráfico vehicular y acumulación de basura.
“Yo creo que a parte no se requiere, porque va a ocasionar mucho más trafico del que ya hay, no es necesario. También lo importante es que cumplan con lo que les va a exigir el municipio”, señaló Brianda, quien vive en Milenio III desde hace 10 años.
amqueretaro.com/queretaro/2016/03/14/se-oponen-a-llegada-de-supermercado
Esmeralda Trueba/AM Querétaro
Conciliación y arbitraje declara validez de huelga en la UAQ
Varios sindicatos a nivel nacional han expresado su apoyo al STEUAQ/
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró legalmente existente la huelga que estalló el STEUAQ el pasado 4 de marzo en la UAQ
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró legalmente existente la huelga que estalló el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro el pasado 4 de marzo (STEUAQ), así lo dio a conocer el Secretario del Trabajo en el Estado, José Luis Aguilera Rico.
Cabe recordar que el área jurídica de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) interpuso ante esta instancia un recurso de solicitud de inexistencia de huelga, mismo que este día se resolvió a favor del sindicato.
Al respecto, el titular de esta dependencia, informó, que las partes (UAQ/STEUAQ) ya fueron oficialmente notificadas de dicha resolución.
“Ya hay una resolución por parte de la Junta de Conciliación donde se valoró una de las pruebas de impugnación que metieron por parte de la patronal y que todo estaba bien. Me avisaron por la mañana que esto había avanzado para que no fuera necesario declarar la inexistencia de la huelga”, afirmó.
Por el momento no pudo ahondar en los detalles de dicha resolución, ya que dijo, fue competencia directa de la Junta Local.
En otro orden de ideas y con relación a las negociaciones que se han venido desarrollando, el funcionario estatal indicó, que desde el viernes, no se ha tenido una respuesta por parte de la autoridad universitaria para someter a valoración una nueva propuesta.
“Estamos a la espera que la universidad presente una nueva postura de estos tres puntos. No ha habido respuesta, yo estuve en guardia sábado y domingo para cualquiera de las dos partes; una de las partes que fue el sindicato me dijo que no había respuesta y yo tampoco la tuve como autoridad laboral”, afirmó.
Uno de estos puntos que violenta directamente a la Ley Federal del Trabajo, aseguró, es el correspondiente a las cuotas sindicales ordinarias que no han sido entregadas al sindicato.
Indicó también que ya tienen conocimiento de la presencia de Sindicatos de Trabajadores a nivel nacional que han mostrado su apoyo a la líder sindical.
A pregunta expresa sobre si esta situación empeora el ambiente de conciliación, Aguilera Rico indicó:
“Ojalá que no, que simplemente venga un apoyo como ellos lo han manifestado; las últimas impresiones que tenemos es eso, apoyo a un sindicato, apoyo a lo que vienen tratando de violaciones al contrato colectivo”, aseveró.
Finalmente dijo que se mantendrán en la postura de que el diálogo se puede restablecer para que los alumnos regresen a clase y que la universidad siga funcionando.
amqueretaro.com/queretaro/2016/03/14/conciliacion-y-arbitraje-declara-validez-de-huelga-en-la-uaq
Mónica Gordillo/AM Querétaro
Integrantes de Amnistía Internacional y de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer marcharon por las principales calles del Centro Histórico de la capital con la finalidad hacer un llamado a las autoridades estatales para que resuelvan los casos de 28 feminicidios que aseguran se cometieron en la entidad durante el 2015 y lo que va del 2016.
Al congregarse y partir de Plaza de Armas, exigieron que se active la alerta de género en el estado y se castigue a los culpables de los feminicidios.
Fernando Guzmán, integrante de Amnistía Internacional, subrayó que también es necesario que en las políticas públicas del estado se elaboren y ejecuten con perspectiva de género. Indicó que con las marchas pretenden hacer visible la problemática que existe en el estado y sensibilizar a la ciudadanía.
“En este caso estamos tomando la iniciativa a partir de que surgen los 28 feminicidios que ha habido en el estado de Querétaro (…), no han querido activar la alerta de género para iniciar los protocolos correspondientes para poder reducir el impacto de este fenómeno social, esa es una de nuestras exigencias”, dijo.
La coordinadora del Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, Alejandra Martínez, aseguró que hasta el momento la autoridad sólo ha reconocido dos casos de feminicidio en 2015; sin embargo, aseguró que los otros 23 también reúnen las características para ser tipificados como dicho delito.
Señaló que aunque el gobierno estatal no le compete la activación de la alerta de género, enfatizó que si juega un papel importante en la presentación de datos y evidencias para demostrar que se han cometido feminicidios.
“Traemos los datos, caso por caso para que no digan que nos los inventamos. Cuando observamos los casos, Justamente vemos que cumplen con uno, sino con más de los requisitos que conlleva el tipo penal de feminicidio”, dijo.
amqueretaro.com/queretaro/2016/03/14/exigen-que-se-resuelvan-casos-de-feminicidios
Este domingo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha dado a conocer que instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar versión pública de los partes militares sobre los hechos acontecidos en Ostula, Michoacán, el 19 de julio de 2015.
Esto, refiere el comunicado emitido por el Instituto, debido a que un particular solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, los partes informativos que rindieron los comandantes a cargo de los soldados que participaron en los hechos, incluyendo el que rindió el comandante de la 21 zona militar.
Ante esta petición, la Sedena excusó -por conducto de la Procuraduría General de Justicia Militar- que “los partes rendidos por el comandante a cargo de los soldados que participaron en los hechos y de su superior jerárquico se encontraban reservados por 12 años, en razón de que estaban inmersos, en copia certificada, en una averiguación previa” . Además que la 21 zona militar “no contaba con información” dado que los hechos se desarrollaron en la jurisdicción de la 43 zona militar, ubicada en Apatzingán, Michoacán..
El solicitante, sin embargo, interpuso frente a esta negativa un recurso de revisión ante el INAI argumentando que la Sedena debió hacer la búsqueda en la zona militar donde sucedieron los hechos.
Con el fin de contar con mayores elementos para resolver el caso, la ponencia de la comisionada ponente, Areli Cano Guadiana, celebró una audiencia, en la que se solicitó acceso a la información clasificada; sin embargo, los servidores públicos de la dependencia no presentaron los documentos, al considerar que se afectaría el curso de la indagatoria.
Fue por instrucción del Pleno del Instituto que posteriormente, se llevó a cabo una nueva audiencia, en la que se requirió al personal de la Sedena presentara los originales de los partes informativos que se encontraban fuera de la indagatoria, generados por la 43 zona militar.
Sin embargo, el Estado Mayor de la Defensa Nacional , informó que ‘no contaba con los mismos, ya que fueron proporcionados al agente del Ministerio Público’. Fue entonces que el Instituto formuló a la dependencia un nuevo requerimiento de información, a fin de que precisará si en la averiguación previa se encontraban los originales de los partes informativos en cuestión, así, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó que únicamente se le remitieron copia de los partes informativos, y posterior al plazo establecido para atender el requerimiento, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, aclaró que sí cuenta con los originales de éstos, los cuales se encuentran en el archivo del Cuartel General de la 43 zona militar pero que “estaban reservados” concluyó que la clasificación de los partes informativos integrados a la averiguación previa es procedente y que los expedientes de las indagatorias tienen el carácter de información reservada.
Sin embargo, continúa el Instituto, de acuerdo al último comunicado del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en el Cuartel General de la 43 zona militar, se encuentran los originales de dichos partes, lo cual es relevante porque a éstos no les es aplicable la reserva referida por no formar parte de la indagatoria, a pesar de que guarden identidad en cuanto a su contenido, pues se trata de información emitida por la Sedena en el ejercicio de sus atribuciones, la cual describe las actividades y hechos realizados durante su jornada diaria.
Dado que los partes militares pueden contener datos personales como nombres de víctimas, civiles o presuntos responsables; así como nombres y firmas de militares con funciones operativas, e información que incida en las funciones de seguridad, se concluyó que la dependencia deberá elaborar versiones públicas en las que se proteja dicha información. Así, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Sedena y le instruyó entregar al particular, versión pública de los partes militares que obran en el Cuartel General de la 43 zona militar, relacionados con los hechos acontecidos en Ostula.
Finalmente, y en razón de que la Sedena no permitió a este Instituto el acceso a la información clasificada, atribución que le confiere la Ley de la materia, para determinar la naturaleza de la información, el Pleno del INAI resolvió dar vista al Órgano Interno de Control. La comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, la comisionada María Patricia Kurzcyn Villalobos y el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov votaron en contra de la resolución por considerar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar contenidas en los partes militares deben mantenerse reservadas, ya que su difusión puede causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, la prevención o persecución de los delitos y la impartición de la justicia, concluye el comunicado.
El dirigente del CRIPX, Ramón López, demanda que se reconozca nuevas propiedades a las 3 comunidades desalojadas cuando se creó la Reserva de la Biósfera de Calakmul, y que sean tomadas en cuenta en proyectos turísticos.
Por Ronny Aguilar
XPUJIL, CALAKMUL, Cam. 13 de marzo del 2016.- Comunidades indígenas del municipio de Calakmul, desalojadas cuando se creó la Reserva de la Biósfera, demandaron que se respeten los compromisos de los diversos niveles de gobierno y se les reconozca nuevas propiedades por las que abandonaron, y denunciaron que no se ven aún los proyectos turísticos y en lo poco que hay, no se les toma en cuenta.
Ramón López Díaz, de la comunidad Unión 20 de Junio, municipio de Calakmul, presidente del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX), manifestó que aún están en busca de que el Estado, en todos los niveles, reconozca la posesión de nuevas propiedades, después de que abandonaron sus tierras dentro de la reserva.
Recordó que El Sacrificio, Nuevo San José y La Mancolona fueron las tres comunidades que fueron desalojadas, cuando se dio la declaración de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en 1989, pues las comunidades quedaron dentro del núcleo del área natural protegida.
Acompañado de los comisarios de las comunidades, López Díaz señaló que las autoridades de los tres niveles les indicaron que serían reubicados y se les cedería tierra y brindarían los servicios básicos, compromiso que no se ha cumplido.
“Son casi 200 familias, en San José, 48 familias, sobrando solo cuatro que lograron títulos de propiedad; en La Mancolona, 42 familias, mientras que en El Sacrificio, hay 99 familias sin reconocimiento de propiedad”, detalló.
Explicó que solo una pequeña parte de La Mancolona ha sido atendida, mientras que en San José y El Sacrificio no se ha hecho absolutamente nada, incluso aún no se reconoce a la gente que vive en las comunidades como derechosos de la parte agraria y es importante que se les reconozca.
“Para las comunidades, no hay programas que impulsen el campo, por ejemplo, los compañeros de El Sacrificio y San José no pueden participar en ningún programa de campo, porque para eso necesitas un documento que te acredita como dueño de la tierra y pues los compañeros no tienen, por eso pedimos a los gobiernos que tomen en cuenta este problema”, insistió.
Dijo que para ellos, no se ve la diferencia entre el antes y el después de Calakmul, como Patrimonio Mixto de la Humanidad.
“Necesitamos que se nos tome en cuenta lo que decimos, nosotros somos comunidades indígenas, hay quien habla chol, tzotzil y tzeltal, entonces el gobierno ve que somos campesinos y no nos toma en cuenta”, puntualizó.
Es un robo, proyecto de campamento turístico en La Mancolona
Asimismo, mencionó están al tanto que hay, según lo informado por el ex gobernador Fernando Ortega Bernés, 250 millones de pesos para invertir en Calakmul sobre la cuestión turística, y hasta ahorita no ven dónde está ese recurso.
“En Calakmul, que veamos, no hay un recurso que podamos decir que es de inversión turística, el año pasado llegó la Secretaria de Turismo por el proyecto La Raíz del Futuro, en Mancolona, yo como presidente del proyecto, les pedí que así como pensamos el proyecto, se debería de hacer, sin cambios, era un campamento, me atendió la licenciada Vania y buscó quien lo hiciera y no se nos tomó en cuenta, nunca supimos cuánto costó, dicen bajo el agua que un millón 806 mil pesos, pero sin documentos, lo cual pedimos que se investigue, porque es un robo, no nos tomaron en cuenta”, reveló.
“Quedó muy bonito el campamento turístico, pero de nada ayudó, porque no se nos incluyó, estábamos esperando a que lo terminen, pero que según, ya está recibida esa obra, yo le pido que quien esté, que intervenga en este caso”, insistió.
Finalmente, el líder indígena aseguró que La Mancolona no se va a dividir, que permanecerán como una sola comunidad y lo que solicitan es que se dé un espacio para todos, además de los hermanos chiapanecos que desde hace unos años, habitan esta tierra de nuestros ancestros.
paginabierta.mx/sitio/cripx-exige-respeto-a-compromisos-en-reserva-de-calakmul/
Paco Dorado
Ecatepec, Estado de México, 13 de marzo de 2016.- Este domingo organizaciones civiles se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec para la instalación de 600 cruces rosas, realizadas por los mismos colectivos, en protesta por los más de 600 feminicidios ocurridos en menos de cuatro años en la demarcación.
El colectivo Tepito Arte Acá realizó la intervención escénica “Vientos de Muerte”, que aborda la violencia estructural hacia las mujeres en una sociedad machista y llena de estereotipos desgastados. También se presentó el grupo musical Resistencia México con su música de lucha social, hubo performance, teatro, música, un monologo y proclamas políticas al grito de “Ni una más!”.
Entre las organizaciones convocantes estuvieron Mestizas de los Vientos, Grupo Santa Clara, Hogar del Niño del Ostor, Juventud Unida, Movimiento Alternativa Solidaria, Colectivo de Mujeres Tierra Blanca, entre otros.
Se aprovechó para dar información a las y los asistentes sobre la Alerta de Violencia de Género, que a casi 8 meses de haber sido decretada en 11 de los 125 municipios del Estado de México, las autoridades no han establecido políticas públicas para frenar los índices de violencia feminicida en la entidad; en lo que va del 2016 suman 50 mujeres asesinadas violentamente en el Estado de acuerdo a las organizaciones convocantes; Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl encabezan la lista de los municipios con mayor registro de feminicidios y desaparición de mujeres.
Ecatepec se ha llenado de cruces rosas en memoria de cada mujer cobardemente asesinada por la violencia machista. Una cruz rosa por cada madre ahorcada, por cada hermana apuñalada, por cada amiga terriblemente asesinada con mano feminicida, con arma de fuego, con puñal. Una cruz rosa por cada compañera quemada viva y abandonada en la carretera, por cada hija no escuchada por una sociedad apática a los gritos de auxilio, mientras el Estado omiso y ausente continúa negando, maquillando cifras, pretendiendo no ver que debido a su inacción e impunidad, las cruces rosas les han inundado las calles.
http://www.somoselmedio.org/content/ecatepec-se-inunda-de-cruces-rosas
13/03/16. Los viejos sabios
Subversiones
29/11/13. San Lorenzo Azqueltán: Historias de desprecio y despojo
Proceso
Por Carlos Mireles
Territorio y tradición renovada en San Lorenzo de Azqueltán
La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán está situada en la sierra norte de Jalisco, ahí las y los comuneros han defendido sus tierras desde hace décadas, llevando a cabo un proceso para evitar más invasiones tanto de personas pertenecientes al ejido, que lleva el mismo nombre, como de pequeños propietarios. Reclaman que se les reconozcan más de 38 mil hectáreas como parte de su territorio. Han emprendido un proceso interno de recuperación de sus tradiciones, al reconocerse como pueblo de ascendencia tepehuana. En dicha comunidad desde hace algunas décadas, también habitan indígenas wixaritari. Oficialmente, se encuentra en el municipio de Villa Guerrero y comparte linderos con las comunidades wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán. Desde el 2013, han sido integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), del que también han sido sede, lo que ha llevado a que su organización apunte hacia el horizonte de la autonomía. El pasado domingo 21 de febrero, convocaron a una reunión, estando presentes distintos medios de comunicación, dieron a conocer la situación de las tierras, así como el área que comprenden los territorios comunales. Una cosa es clara, ya no permitirán más invasiones de tierras.
Territorio de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán y colindancias. Elaboración: Comuneros de Azqueltán
El camino hacia San Lorenzo de Azqueltán
Descendemos por una vereda sinuosa en esta mañana en que el calor ya abraza, una curva tras otra curva sobre una carretera a medio terminar nos guían hacia el fondo del Cañón de Bolaños; es temporada de secas, faltan meses para que vengan las lluvias, por eso las laderas albergan arbustos secos, ramajes con atuendos de espinas, biznagas a ras de suelo y otros habitantes que acá les llaman pochotes, un árbol reseco, sin hojas pero con unas flores blancas que hacen contraste con el paisaje rojizo. Sobre estos cerros forrados de matorrales resalta un risco, el más espigado de todo alrededor, que entre más cerca el pueblo más alto parece. En el horizonte sobrevuela un quelele (ave endémica de la región) que anuncia la llegada al «lugar de hormigas», la comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán.
Primera parada: el almuerzo. Acomodados en el traspatio de una casa que mira hacia el río, doña Lupe quien esperaba nuestra llegada más temprano, tenía preparados chilaquiles, frijoles, café y panes recién hechos, acompañados de aguacate, queso y guajes. Sabía lo que nosotros intuíamos, éste día pintaba para largo. Subimos nuevamente a las camionetas, la cita es en lo alto de un cerro, ahí comienzan a llegar más comuneros. El humo antecede a la palabra, y en pequeños grupos se va forjando macuche, el tabaco local cobijado con hoja de maíz, también usado ceremonialmente. Mientras el humo se disipa, nos acomodamos en rueda bajo la sombra de un árbol, ahí los comuneros explican que han convocado el día de hoy para anunciar la defensa de sus tierras y el respeto de los márgenes con el ejido que mantiene el conflicto agrario en su contra. Así que ya no permitirán más invasiones de pequeños propietarios y ejidatarios en su territorio.
Cuentan los viejos sabios la historia reciente de la restitución de tierras que comenzó así: la señora Josefa Sánchez, una cacique de la región, tuvo un lío con el comunero Santos Aguilar; porque Santos estaba sembrando caña en la playa del río, donde hoy se ha verificado que son los límites de las tierras comunales. La señora, con cierto poder e influencias en la región, alegó que esas tierras le pertenecían, el pleito fue escalando, alimentado por la arrogancia hacia los indígenas que caracteriza a mucho mestizo en el norte de Jalisco. Cuentan que Josefa dijo: «¿Qué me van a hacer a mí? ¡Indios nalgas cenizas!». Llegó a tal punto la situación que acusaron a Santos de amenazas y de andar armado, por lo que llegó un pelotón de soldados buscándolo a él y a las armas que según poseía. No encontraron las armas, lo único que se halló fueron las ganas de los comuneros para tener bien delimitada y reconocida la tierra que habitan. Con el tiempo y con el fin del reconocimiento de los terrenos surgió una mesa directiva, llamada Procultura y Mejoramiento.
Fotografía: Carlos Mireles y David Flores Magón
Una reforma agraria en función de caciques
Los estudios marcan que esta comunidad de ascendencia tepehuana lleva al menos 700 años viviendo en estos territorios, por ello, hoy se encuentra en desarrollo un juicio en el Tribunal Unitario Agrario No.16 en la ciudad de Guadalajara; el título virreinal emitido por la corona española –que se otorgó el 23 de abril del año 1777– fue validado en diciembre de 1954 por la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta dependencia puso en marcha los estudios técnicos para emitir un mandamiento gubernamental que se realizaría posteriormente. Sin embargo, el gobierno federal no concluyó el trámite por una demora en el proceso de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, lo que hasta la fecha ha provocado que no se reconozcan oficialmente todas las hectáreas de tierra comunal.
La dependencia agraria en vez de respetar las tierras y finiquitar la titulación de bienes comunales, creó un ejido de 1,095 hectáreas con el mismo nombre para otorgarlo a terratenientes privados en su mayoría ganaderos. Esto dio pie para que los ejidatarios fueran expandiendo sus tierras a través de artimañas; rentando, vendiendo e hipotecando hectáreas tanto de la comunidad de Azqueltán, como de los pueblos wixaritari vecinos de San Sebastián y Santa Catarina, en los predios llamados Peñitas y Cerro del Sombrero, todo bajo la permisividad de las autoridades. Actualmente, a San Lorenzo de Azqueltán sólo se le reconocen 9 mil hectáreas que fueron entregadas de manera provisional. Los comuneros han hecho una ardua faena para tener ubicado el polígono que delimita las tierras por las que se reclama la titulación, teniendo la certeza de que todo el territorio no se traspone con el área del ejido, ni con las propiedades de Villa Guerrero, tampoco con San Sebastián y Santa Catarina; lo único dentro de su territorio son las invasiones mencionadas.
Fotografía: Carlos Mireles y David Flores Magón
El cerro de las ofrendas
Después de algunas horas de caminata nos detenemos, una voz irrumpe, rompe el murmullo del agua sobre las piedras y de los arbustos que conversan con la voz del viento. Don José de 76 años, gran hombre a los ojos de cualquier citadino promedio, camina como cualquier joven entre los cerros, cada paso suyo abre vereda en la ladera rocosa. Delante de nosotros, el río Bolaños nacido en las montañas a decenas de kilómetros, alimenta la vida en los alrededores. Don José busca en su cartera, de entre varios papeles saca uno con orgullo, es una vieja credencial con su nombre otorgada por la Confederación Indígena de México. Cuenta que se la dieron hace muchos años en la capital del país. Casi siempre carga con ella pues dice: «pudiera servir para algo…». Si todo coincide, la Confederación vendría a ser una de las intentonas del gobierno para tener maniatados a los pueblos indígenas, como lo había logrado con otros sectores campesinos y de trabajadores. Allá por los 70, la cosa le salió mal, la vena no dócil de los pueblos indígenas hizo que fracasara la organización impulsada desde lo estatal. Justamente, los pueblos no doblegados al corporativismo priísta, fueron el ala rebelde que se encontró ahí. Con el paso de los años, emergería de manera independiente el CNI (del que ahora es partícipe Azqueltán), gracias al tesón de pueblos rebeldes que no quitaron el dedo del renglón.
En la historia reciente de la comunidad hubo un momento decisivo, lleno de mucho alboroto. Corría el año 2013, en el contexto del relanzamiento del CNI. La tensión inició cuando algunos ejidatarios obtuvieron financiamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para realizar proyectos de conservación de suelos. Para esta labor, irónicamente fueron tomando centenares de piedras del Cerro Colotlán, un cerro enigmático, lleno de cuevas, punto neurálgico del arraigo al territorio de San Lorenzo de Azqueltán. Esas piedras que estaban tomando para utilizarlas como simple material, eran piedras ceremoniales, habían servido como acomodo para ofrendas, y poseen historia cada una de ellas. El que las tomaran como un simple insumo provocó la movilización, hasta el punto de detener los proyectos. No solamente se pararon los trabajos, el defender estas piedras y el cerro propició un andar hacia la recuperación de prácticas ceremoniales de antaño, de ofrendas y agradecimientos a la Madre Tierra. Tanto la historia tepehuana como la fuerte tradición wixarika se han alimentado mutuamente en este pacto de renovación con las raíces y con los lugares donde antiguamente se veneraba la vida.
Los viejos sabios, los que ayer fueron hijos y hoy son abuelos, recuerdan que cuando pequeños, sus mayores tenían conversaciones en las que intercambiaban palabras que no entendían y que desgraciadamente ya no iban a aprender. Era la lengua del antiguo tepecano, una de las tres lenguas de los tepehuanos, todavía viva hace un par de generaciones. Ahora, es una lengua sin hablantes, Lino de la Rosa, fallecido en 1980, fue su último portavoz.
Entre tepehuanos y wixaritari
En noviembre del 2015, San Lorenzo de Azqueltán fue reconocido oficialmente como pueblo originario por la Comisión Estatal Indígena. En el registro de la dependencia, se registró al pueblo tepehuano que vive a un lado de Villa Guerrero, y que además, ahora convive con indígenas wixaritari en el mismo terreno comunal, hoy declarado territorio autónomo. Lo que ahora se va plasmando por la vía jurídica ha sido un empeño común para construir desde abajo la justicia; viene a ser el fruto de un incansable esfuerzo por mantenerse y reconstituirse como comunidad indígena. Es palpable que en este pueblo combinan estrategias, si hay que trabajar lo legal-jurídico lo hacen, pero también saben que lo importante es el tejido comunitario, el grosor de las relaciones de tú a tú, de nosotros a nosotros, la trama que sustenta y da vida al pueblo.
Esta reivindicación del pueblo tepehuano en Jalisco, nos deja aprendizaje. Se puede ir a contracorriente del despojo, aún cuando en la superficie muchas prácticas y tradiciones se hayan ido desvaneciendo con el paso de los años, porque la tradición, como «el costumbre» de los wixaritari, se puede alimentar con la defensa del territorio. El reencuentro con otra forma de vida, diferente a la que marca la lógica capitalista, no es exactamente una vuelta al pasado, es el arraigo a la tierra ancestral, el reencuentro con las tradiciones, algunas veces por oído y recuerdo, otras veces a tientas o de manera intuitiva. Todo esto, el día de hoy son los frutos de una comunidad que fortalece la tradición renovada situada en el presente. Y las y los viejos sabios que han caminado ya décadas en esta lucha por la tierra, hacen de Azqueltán, además de indígena y autónomo, un árbol recio y espeso dónde guarecerse de la tormenta.
Córdoba, Ver.- El movimiento de jubilados y pensionados llevará su queja contra el gobierno de Veracruz ante el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervengan ante la reiterada violación a sus derechos, pues además, es un “buen momento político” para obligar a hacerse presentes a nivel nacional e internacional.
Jesús Arenzano, presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados en la zona centro, expuso que se planea un viaje a la Ciudad de México el próximo 5 de abril, como parte de la lucha para lograr que el pago puntual de la pensión sea de observancia obligatoria, condicional como si fuera un mandato judicial, que eso es lo que se está buscando.
Autobuses del norte, centro y sur de Veracruz saldrán en caravana para llegar hasta la Ciudad de México, esta actividad la realizarán, después de que ya presentaron tan sólo de la zona centro 190 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el retraso en el pago de sus pensiones.
En reunión con docentes en retiro, la mañana de este viernes, los jubilados aseguraron que hoy Javier Duarte debe hasta “los zapatos que trae puestos”, además, de que en los medios de comunicación lo están poniendo como “merece, como es”, lo han puesto como lazo de cochino.
Jesús Arenzano dijo, la intención de manifestarse en la Ciudad de México es para presionar a los legisladores federales y aprueben el juicio político no sólo contra Duarte de Ochoa, sino contra el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, y el de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, por ordenar la golpiza a los pensionados en Xalapa, aquel 23 de diciembre del año pasado.
“Compañeros hasta donde se tenga que ir en la defensa de nuestro patrimonio iremos, eso lo debemos de tener claro, si las instancias aquí no nos resuelven pues nos vamos con a las internacionales y en eso estamos. No sólo es la UV ni el IPE, son muchos sectores a los que el Gobierno estatal les debe”, apuntó.
Aunque “un diputado priista” aseguró que no va a permitir que aprueben la solicitad de juicio político y lo haya defendido, el sector de los jubilados respaldará la solicitud.
“Porque ahora resulta que ya hasta el aspirante a la candidatura del PRI para la gubernatura es crítico del gobierno y por eso es incómodo del gobierno, Héctor Yunes, cuando como senador le aprobaron todo a Duarte, pero ya ahorita dice que es crítico y que resulta incómodo. No se dejen engañar”, manifestó.
Durante el encuentro, los pensionados también lamentaron que las políticas del Gobierno federal no han favorecido en nada, hoy el fondo general de pensiones, que antes lo tenía el IMSS y pasó al SAR se calculó en más de 2 billones de pesos, el responsable de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) declaró este mes que se tuvieron pérdidas de más de 15 mil millones de pesos.
“Son noticias que ponen los pelos de punta, son pérdidas que cargan a los trabajadores, porque les dicen que tenían 30 mil pesos en el fondo de ahorro, y de pronto llega el estado de cuenta del siguiente mes y dice que tiene 23 mil, dice por qué perdí, ah porque los fondos están autorizados para que la mitad de fondos se inviertan en la compra de acciones en la bolsa de valores y las acciones pueden ganar o perder”, dijo.
Por lo que criticó que en el país haya quienes se está haciendo más ricos de lo que son con el dinero del fondo de pensiones, mientras que la Consar ya anunció que se deben de aplicar las recomendaciones de la OCD, que implica el que se bajen las pensiones por lo menos por mitad.
“Viene ese cambio en la ley del Seguro Social, ya está anunciado, junto con ese viene el cambio en la ley del ISSSTE para homologar, entonces van a quitar ya lo del décimo transitorio, esa es la tirada, será una golpe tremendo”, añadió. Con información de AVC.
http://plumaslibres.com.mx/2016/03/12/pensionados-jubilados-llevaran-queja-duarte-la-onu-cidh/
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 12 de marzo del 2016.- La líder indígena e integrante de la resistencia civil contra la Comisión Federal de Electricidad, en Candelaria, Sara López González, exigió que se consulte a las comunidades, de manera informada, libre, independiente y de manera previa, la siembra desmedida de palma de aceite o palma africana, porque generará mayor contaminación a la tierra y sobre todo al río Candelaria.
Ante el anuncio de que se sembrarán 102 mil hectáreas más de la oleaginosa, además de la construcción y operación de 15 plantas procesadoras, dado a conocer el día de ayer por el espurio e ilegitimo Alejandro Moreno Cárdenas, López González dijo que a los pueblos nadie les ha preguntado sobre este proyecto.
“Yo quisiera saber si de verdad han consultado a las comunidades o a los pueblos para llevar a cabo esto, se necesita que se haga una consulta bien informada sobre las consecuencias de la palma africana”, expresó.
“En Candelaria, hay comunidades que han sembrado palma africana y las aguas están siendo dañadas, los ríos, nuestros manantiales se están secando por este cultivo, estas consecuencias, las empresas y el gobierno no se las hace saber a las comunidades”, puntualizó.
La ex presa política por integrar la resistencia civil de comunidades de Candelaria, manifestó que ellos como organización, difundirán la información de las afectaciones que genera la palma al medio ambiente, y las repercusiones que ocasiona que se propague este tipo de agroindustria.
“Yo creo que tenemos que hacer algo, no podemos permitir que se no implementen estos monocultivos, nosotros como organización trataremos de hacer llegar a las comunidades una buena información sobre la palma africana, sobre todo que va a contaminar nuestros ríos, que es un río sano y libre de contaminación, la devastación nos va a llevar a sufrir más fuerte el cambio climático y que va a perjudicar al campesino, que no está pudiendo sembrar su maíz y sus cultivos”, indicó.
Reafirmo la necesidad de que se haga una consulta previa a las comunidades, que son las que viven la problemática de cerca.
“Necesitamos que se haga una consulta, pero no por parte de las empresas, porque ellos tienen sus intereses neoliberales, tenemos que tener una consulta independiente o internacional”, concluyó.
paginabierta.mx/sitio/exigen-consulta-independiente-antes-de-siembra-masiva-de-palma/
Marcos Vizcarra, Sinaloa.
Grupos de familiares de desaparecidos de Sinaloa acusaron incumplimiento sobre investigaciones, búsquedas y entrega de resultados que prometió PGR en julio de 2015.
Óscar Loza Ochoa, enlace de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa y representante de los grupos de familiares, dijo que el incumplimiento se basa principalmente en la ausencia del acompañamiento de cada uno de los más de 200 que atrajo la Fiscalía.
“En primer lugar porque iban a tener en tiempo y forma, en un mes dijeron, los dictámenes de las muestras de ADN que se han llevado, debe de tener PGR aproximadamente 11 (muestras), pero no nos han llegado los resultados y no creo… ojalá y nos den una sorpresa hoy”, dijo.
“Ellos (PGR) se iban a incorporar a las búsquedas, quedaron en que se iban a incorporar, la otra es que las reuniones se iban a hacer conjuntas con la Procuraduría local, son varias cositas que están pendientes”, manifestó.
Loza Ochoa encabezó ayer una reunión con las líderes de los grupos Voces Unidas por la Vida, las Rastreadoras de El Fuerte y el Grupo de Madres con Hijos Desaparecidos de la década de 1970, que solicitaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y PGR la atracción de los casos.
La solicitud se hizo con el acuse de que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa tenía un proceso lento en cada uno de los expedientes por falta de investigaciones, búsquedas y la falta de un laboratorio forense para muestras de ADN.
Sin embargo, ninguno de los acuerdos que se hicieron con los grupos de familiares han sido resueltos por PGR, salvo la toma de muestras y la asesoría legal, indicó Loza Ochoa.
“Seguramente se requiere más presión con esto, a pesar de los acuerdos que ha habido, incluso a nivel nacional al interior del propio Gobierno, en la Conago han llegado a los acuerdos de que hay que empujar sobre todo el asunto de las búsquedas, pero no se está cumpliendo”, expresó.
“Sobre todo aquí estaría hablando con la autoridad federal, la local nos ha estado acompañando, incluso acabamos de acordar que la próxima semana iríamos a tres lugares a búsquedas”, dijo.
ENCUENTRO
Loza Ochoa encabezó ayer una reunión con las líderes de los grupos Voces Unidas por la Vida, las Rastreadoras de El Fuerte y el Grupo de Madres con Hijos Desaparecidos de la década de 1970, que solicitaron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y PGR la atracción de los casos.
http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/view/acusan-a-pgr-de-incumplimiento-1014649
Edgar Rosas/Revolución Tres Punto Cero
El fenómeno de la desaparición de niñas y mujeres en Tlaxcala, que está relacionado con las redes de trata que imperan en la entidad, ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Esta problemática se ha incrementado por la omisión de las autoridades, que no investigan, y en muchos casos están involucradas.
Así lo manifestó Emilio Muños, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, organización de Tlaxcala que ha dado seguimiento al tema y denunciado los altos índices de desapariciones y el crecimiento del fenómeno de la trata en la entidad.
El defensor consideró que en el estado se ha desarrollado una política de simulación, en donde las autoridades reconocen que existe un problema severo, pero que en la práctica no han emprendido acciones eficaces para resolver el fenómeno.
Recordó que estudios realizados por académicos y organizaciones internacionales han ubicado a Tlaxcala como “la capital de la trata”. Además que en los últimos años las redes dedicadas al comercio de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se han fortalecido, cubriendo más municipios de la entidad.
“La trata de mujeres, según investigaciones de académicos, se ha desarrollado desde los años cincuenta en la entidad. Durante todo este periodo, las autoridades no han hecho nada, de tal forma que la omisión del gobierno ha permitido la expansión de operaciones de las redes de trata a nivel nacional e internacional.
“Si ustedes revisan las páginas de EEUU, algunos de los tratantes más buscados son de Tlaxcala. Tan sólo el actual gobierno de Tlaxcala tiene 185 denuncias por trata, y la mayoría de ellas no se han investigado, en lugar de abrir averiguación previa sólo se han establecido actas circunstanciadas”, expuso.
De acuerdo con Emilio Muños, la trata se ha desarrollado de manera más fuerte al sur de la entidad. Señaló que el fortalecimiento de las redes ha sido tal, que en la actualidad se observa en 35 municipios, es decir, poco más de la mitad del total de ayuntamientos que posee esta demarcación.
“Es preocupante la inacción gubernamental frente al fenómeno; esta omisión ha generado que de 2008 a la fecha el problema de la trata se haya extendido a 12 municipios. Es decir, en 2008 se documentaban 23 municipios, y para 2014 un estudio de nuestro Centro hablaba de 35 municipios con redes de trata.
“El municipio de San Pablo del Monte es uno de los que tiene los mayores índices de trata, es uno de donde operan redes internacionales y este contexto vuelve altamente vulnerable a las mujeres y niñas”, apuntó.
El defensor habló sobre el caso de Karla Romero Tezmol, una niña de 11 años de edad desaparecida en San Pablo del Monte el pasado 13 de enero de 2016. Destacó que, a pesar del discurso oficial, el caso no es aislado, y en los últimos meses, en esa región, se han presentado casos de desaparición que podrían estar relacionados con la trata.
En este sentido, añadió que el caso de esta menor de origen indígena refleja el actuar de las autoridades ante los casos de desaparición, en donde no se investiga el fenómeno aun cuando hay indicios de un posible vínculo con explotación sexual.
“El caso de Karla no es el único caso de desaparición, hay otras mujeres desaparecidas; alguna otra vecina de ella desapareció a principios de año. Estas situaciones son sumamente graves y hay una acción sistemática del gobierno de simulación en el sentido de decir que reconoce los problemas, pero en la práctica no está permitiendo el acceso a la protección, y a la justicia.”
El integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés destacó que las redes de trata que operan en Tlaxcala tienen presencia en por lo menos 15 estados de la República, además de Estados Unidos, en donde Nueva York es uno de los focos rojos.
Reiteró que las autoridades han desplegado una “política de simulación”, pues a pesar de haber programas y marcos legales, el fenómeno persiste. Además, lamentó que no exista un registro puntual de las víctimas.
“El problema fundamental con esto que hemos llamado la política de simulación de los gobiernos, tiene que ver fundamentalmente con tener en el discurso público en donde se reconoce el problema, con aprobar leyes, programas, pero en la práctica no ejecutarlos.
“Actualmente este gobierno tiene 185 denuncias; de ellas el 69.2% las dejaron como actas circunstanciadas, por lo que no hay procesos de investigación; de estas 185, sólo se alcanzaron 12 sentencias en todo el periodo de gobierno que está por concluir en diciembre.
“Esta es una realidad bastante preocupante. Hemos visto que las familias cada vez denuncian menos por esta inacción, por lo que se supondría que la cifra de víctimas es mucho mayor”, apuntó.
Expuso que ante este panorama el nivel de impunidad es alto. Señaló que las pocas detenciones que se han logrado en contra de tratantes son por operativos impulsados por Estados Unidos.
“Lo que está pasando en la práctica es que no se están operando las leyes. Hay una inacción gubernamental, por esos la importancia de que haya una comparecencia pública de la procuradora.”
Asimismo, el defensor señaló que la complicidad de autoridades ha quedado evidenciado. Dijo que por lo menos funcionarios del nivel municipal han sido señalados, y en otros casos detenidos, por ser parte de redes de trata.
“Sí hay vinculaciones y esto ha sido público, porque han detenido a personal que era policía municipal y se había dedicado a la trata por muchos años. Al Coordinador de Ecología de San Pablo del Monte, hace algunos años fue detenido por vinculación con trata. A nivel municipal si es bastante claro; en otros niveles bastaría investigar si hay esa condición.”
Por otro lado, de acuerdo con la abogada Karla Michel Salas, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), tienen conocimiento del panorama que impera en Tlaxcala.
Dijo que la CNDH ha identificado las cuatro rutas de trata existentes en Tlaxcala, además que la Fevimtra ha rescatado a mujeres y niñas de redes de trata, que en un inicio fueron reportadas como desaparecidas.
“La CNDH y Fevimtra, en sus informes 2014, son muy claros en las operaciones que han realizado en Tlaxcala y particularmente en los municipios de Tenancingo y San Pablo del Monte. Ahí, por ejemplo, la CNDH reporta a 22 mujeres desaparecidas, que presuntamente podrían estar siendo víctimas de redes de trata; además reporta cuatro rutas: Tlaxcala-Puebla; Veracruz-Tlaxcala-Puebla; Guanajuato-Tlaxcala-Puebla; DF-Puebla-Tlaxcala-Arizona-New York.
“La Fevimtra en 2015 realizó sólo tres operativos en San Pablo del Monte, de niñas que habían sido desaparecidas y ubicadas en SLP, donde estaba siendo explotadas. En Tlaxcala no hay averiguaciones previas por trata. No se atienden de primer momento las denuncias de desaparición, que en un futuro se convierte en trata. Entonces hay una situación de impunidad y estas redes tienen todas las facilidades para fortalecerse e ir expandiéndose.”
SAN PEDRO, COAH.-
EL AYUNTAMIENTO HA TENIDO QUE APOYAR AL SISTEMA DE AGUA
Planean privatizar el servicio de agua potable en San Pedro debido a la situación económica insostenible en la que se encuentra el organismo.
El día de ayer en la sesión de Cabildo se expuso la posibilidad de abrir una licitación a una empresa para ceder totalmente la operación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), debido a que también hay números rojos en las finanzas municipales, por lo tanto la presidencia ya no puede seguir inyectándole recursos al sistema.
El alcalde Juan Francisco González González, dijo que cada día el Simas cae en “un barril sin fondo” y lo más grave es que está “arrastrando” al propio Ayuntamiento, pues estos dos primeros años de administración han tenido que otorgar 10.5 millones de pesos para el pago de electricidad, más unos 12 millones de pesos para la rehabilitación de las seis norias en el sistema de rebombeo que abastece la red, en las ampliaciones de red de agua potable y las reparaciones de drenaje y atarjeas.
También ha tenido que solventar la compra de un camión Vactor, una pipa y en un principio se le asignaba un recurso mensual para completar el pago de nómina, entre otros gastos de operatividad. Se le apoyó económicamente para negociar la deuda por incumplimiento de pago con el Seguro Social y con Hacienda por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Pese a que el organismo aumentó aproximadamente en un 40 por ciento el cobro del servicio de un total de 24 mil usuarios, que en dinero representa poco más de 2 millones de pesos, pero resulta insuficiente para cumplir con todos los compromisos que se tienen.
Derivado de la falta de liquidez del organismo, González González reconoció las deficiencias que hay en el servicio, pues en los ejidos de la parte baja hay escasez del líquido y están descompuestas dos norias que alimentan la red.
Ante este panorama, insistió el munícipe que se explora la posibilidad de privatizar el servicio. El Municipio en sociedad tendría un porcentaje menor en los dividendos que se generen al ceder la operatividad del servicio a un particular, pero se garantizaría la sustentabilidad del Simas y un buen servicio, ya que por no asumir el costo político que pudiera representar esta decisión, las anteriores administraciones han dejado crecer los vicios en la administración del sistema, provocando que se hunda en perjuicio de la ciudadanía.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1205388.proyectan-privatizar-el-servicio-del-agua.html
David Valdéz/Quadratin
Los sujetos que custodian el tren presuntamente amenazaron a los centroamericanos y los despojaron de sus pertenencias al ‘solicitar rescate’ por un menor que viajaba en los vagones
TEQUISQUIAPAN, Qro., 12 de marzo 2016.- Dos migrantes centroamericanos lesionados por arma de fuego fue el resultado que arrojaron las agresiones que realizó el personal de vigilancia de la empresa Ferromex: además de que los despojaron de su dinero y pertenencias personales, reportaron policías que acudieron a apoyar en el lugar. A decir de los migrantes, a lo largo de varios vagones viajaban al menos siete centroamericanos, y antes de llegar a la estación Bernal de Tequisquiapan, los vigilantes sin mediar palabra accionaron sus armas largas en su contra. Del tiroteo dos migrantes resultaron lesionados, entre ellos un menor de edad. Explicaron a policías que tras escuchar las detonaciones corrieron en diferentes direcciones, pero sobre el mismo tren. Señalaron que en la persecusión duró aproximadamente media hora hasta que lograron reunirlos a todos, solicitando los vigilantes un rescate por el menor de edad, por lo que todos fueron despojados sus pertenencias y dinero en efectivo. Durante varios minutos los vigilantes del tren indicaban a los extranjeros de que “no eran nadie y que los podían desaparecer y matarlos en el monte, y que lo que dijeran no iba a ser tomado en cuenta por las autoridades puesto que no eran mexicanos”. Para fortuna de los salvadoreños la casa del migrante se encontraba a unos metros de estos hechos por lo que fueron auxiliados por el personal de lugar. Narraron que a la casa del migrante llegó la camioneta de los vigilantes contratados por Ferromex, quienes se burlaron de estas personas y del lugar de resguardo. Los lesionados fueron trasladados a la clínica municipal de Tequisquiapan para su atención médica inmediata.
queretaro.quadratin.com.mx/Balean-migrantes-Tequisquiapan-culpan-guardias-Ferromex/
Por: MARTÍN CATALÁN LERMA
marzo 11, 2016
Otros 70 profesores no realizaron la prueba y no fueron separados del cargo: Montoya
? Continuarán con toma de la Seduzac hasta que haya una mesa de diálogo con el gobernador
La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) entregó notificaciones de cese a 24 de los 26 maestros que no aplicaron ninguna de las etapas de la Evaluación del Desempeño. Quedan dos pendientes, aparentemente de la escuela ubicada en la colonia Villas de Guadalupe, de ese mismo municipio, misma que ha sido tomada por los padres de familia en su defensa.
Víctor Hugo Montoya Gómez, dirigente de la disidencia magisterial, manifestó que hay 70 maestros que no se evaluaron y a quienes no se les separó de su cargo posiblemente porque “tienen relación con alguien”.
Un caso que genera esa sospecha, indicó, es el de la maestra de Villa Hidalgo que tuvo licencia médica por gravidez justo en los meses cuando se realizó el proceso de evaluación y sin embargo las autoridades no la justificaron y por el contrario la cesaron.
Recordó que en primer momento, la secretaría informó que había 97 maestros con riesgo de cese, pero luego la cantidad se redujo paulatinamente hasta 26 debido a que muchos tenían licencia en el momento de la evaluación y otros más estaban en proceso de promoción a otros cargos.
El caso de la maestra Cecilia Betancourt, que tenía licencia médica por gravidez, “desenmascara la corruptela con que se ha manejado y se sigue manejando la Secretaría de Educación”.
Montoya Gómez señaló entonces que ese caso “rompe con el discurso de la autoridad”, y aunque no se conoce la lista de los 97 maestros que se informaron en principio, se desconoce quiénes son y por cuáles circunstancias fueron justificados, pero es posible que hayan sido “maestros que tienen relación con alguien”.
Confirmó que 24 maestros ya recibieron la notificación de cese, muchos de ellos de Fresnillo, motivo por el cual continuarán con la toma de instalaciones de la Seduzac hasta que haya una mesa de diálogo seria no con autoridades educativas, sino con el gobernador Miguel Alonso Reyes.
Aunado a ello “estamos construyendo algo interesante ya no sólo como magisterio, sino con organizaciones sociales” para movilizarse por la defensa de los maestros que fueron cesados.
Reiteró que en próximos días se llevarán a cabo reuniones con organizaciones sociales y padres de familia, y a partir de ello se definirá la ruta de acción y movilización de los maestros. Mientras tanto, Montoya Gómez dijo que hay “una tensa calma” porque prácticamente se ha complementado el procedimiento de cese contra los 26 docentes.
Organización Editorial Mexicana
Villahermosa, Tab.- Centenares de maestros adheridos al SITET y a la CNTE marchan en protesta por el despido de 64 mentores que no presentaron el examen de desempeño como lo marca la Reforma Educativa.
Los docentes caminaron por las principales calles y avenidas de la capital tabasqueña, haciendo una escala en la Secretaría de Educación de Tabasco, en donde demandaron dialogar con el titular de la dependencia, Víctor Manuel López Cruz.
Ante la negativa de las autoridades educativas de entablar un diálogo con los manifestantes, decidieron seguir su marcha hasta Plaza de Armas, plantándose frente a las puertas del Palacio de Gobierno.
Redacción Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de La 72, hogar-refugio para personas migrantes en Tenosique, Tabasco, denunciaron la reactivación de operativos migratorios por parte del Estado mexicano al que acusan de continuar con su “política desalmada de persecución, detención y deportación masiva”.
En un comunicado, denunciaron la reactivación de operativos migratorios, en propiedades privadas como “La Calera” y zonas aisladas y selváticas “que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes que viajan a bordo del tren” y que impiden su labor de defensa, monitoreo y documentación de posibles violaciones a derechos humanos.
Además reprocharon la participación de elementos de la Policía Municipal en acciones de control y revisión migratorios, lo que representa –afirmaron– “una clara violación a los derechos humanos de las personas en tránsito” y de la propia Ley de Migración, Capítulo II, Artículo 8, y del Reglamento de la Ley de Migración, Capítulo V, Artículo 70, que explícitamente indica:
“En dichas acciones (de control y revisión), la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto (…) la Policía Federal sólo actuará a solicitud expresa del Instituto, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria”.
Los integrantes de La 72, señalaron que durante las últimas semanas recibieron testimonios de la reactivación de operativos migratorios en el tren en las cercanías de Tenosique, que consideraban una práctica ya abandonada en la zona.
Sin embargo, acusaron, el pasado martes 8, documentaron el operativo en el que un grupo de entre 25 y 30 personas que tomaron el tren a las 3:00 pm en las cercanías de la estación de Tenosique fueron detenidas.
Un equipo del hogar-refugio se desplazó hasta Boca del Cerro a escasos diez kilómetros de la cabecera municipal, para monitorear y documentar el tránsito de las personas migrantes, pues sospechaban que el Instituto Nacional de Migración (INM) planeaba un operativo.
Sus sospechas se confirmaron media hora después cuando vieron pasar el tren sin ninguna persona a bordo.
De regreso a Tenosique, relataron en su comunicado, constataron cómo dos volantas del INM salían de una propiedad privada conocida como “La Calera” después de realizar el operativo de aseguramiento.
Vieron cómo la patrulla 001 de la Policía Municipal, integrada por al menos seis agentes armados, cerraba la comitiva del operativo.
Los activistas tomaron fotos para registrar la detención y al percatarse de ello las volantas del INM aceleraron el paso rumbo a Emiliano Zapata. El equipo tomó testimonios fotográficos de la presencia policial en “La Calera”.
Tras la detención, de regreso a Tenosique, presentaron una queja formal –expediente 217/2016– ante la Visitaduría Regional en Tenosique de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco por las presuntas violaciones expuestas.
También contactaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que localizara a las personas detenidas durante el operativo y pudiera recabar sus testimonios.
El miércoles 9 personal de la CNDH les confirmó la presencia de elementos la seguridad pública durante el operativo, después de entrevistar a tres migrantes detenidos durante el mismo y recluidos en la Estación Migratoria de Tenosique.
Además, los integrantes de La 72 relataron que el martes 8, alrededor de las 7:30 pm llegaron a sus instalaciones tres migrantes que no pudieron tomar el tren horas antes
“Nos confesaron que en las inmediaciones de las vías del tren, en las proximidades del Hotel California y la Estación Migratoria, habían sido perseguidos durante casi dos horas por agente migratorios; su estado de agotamiento y suciedad eran prueba irrefutable de una nueva deshumanizada persecución”, denunciaron.
Ante la situación, La 72 hizo un llamado “urgente” a las autoridades correspondientes para que “cesen este tipo de acciones e investiguen el actuar irregular de los agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Municipal de Tenosique”.
SinEmbargo
Familiares de mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, exigieron al gobierno de César Duarte que “haga su trabajo” y frene las desapariciones y feminicidios.
José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, cuyo paradero se desconoce desde 2009, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar labores de prevención en las zonas donde han sido secuestradas las jovencitas.
Señaló que desde hace 20 años que se conocieron a las primeras víctimas de feminicidios, las autoridades siguen sin actuar en contra de los responsables.
La agrupación Madres, Padres y Familiares con Hijas Desaparecidas y Asesinadas y el colectivo Iniciativa Feminista Hijos de su Maquilera Madre solicitaron al gobierno de César Duarte que profundicen las investigaciones para conocer los homicidios que ocurren en la frontera.
“Somos niñas, mujeres, trabajadoras; no mercancía” fue la consigna de los manifestantes, quienes colocaron una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas de feminicidios, con motivo del día Internacional de la Mujer.
Castillo se quejó de que ninguno de los 10 puntos ha sido cumplido, entre ellos colocar cámaras de vigilancia en dicho sector, donde desaparecen la mayoría de las adolescentes con la complacencia o incapacidad de las autoridades policiacas.
Ciudad Juárez fue conocida como una ciudad altamente peligrosa para las mujeres a finales de la década de los noventa y principios del nuevo siglo, por los feminicidios.
Alejandra Peña
CDMX, 11 de Marzo, 2016.- San Francisco Xochicuaulta logró después de 10 años de lucha, la suspensión del decreto expropiatorio de su territorio y con ello la cancelación de la obra carretera Toluca- Naucalpan, la cual los despojaría de su territorio y acabaría con sus recursos naturales.
A través de un comunicado, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT) difundió que el pasado 11 y 18 de Febrero del 2016, “el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan”.
El proyecto carretero Toluca- Naucalpan comenzó desde el 2007, pretendiendo ser desde un inicio un proyecto que atravesaría el Gran Bosque Otomí- Mexica, afectando extensas hectáreas de bosque y despojando de sus tierras a comunidades otomíes como; San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Atarasquillo, Ayotuxco, entre otras; las cuales son integrantes de los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan del Estado de México.
La construcción de esta carretera fue impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y la empresa a cargo de esta construcción es, Autopistas de Vanguardia (Autovan), filial de la Constructora Teya, ambas pertenecientes al Grupo Higa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
En Julio del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decretos expropiatorios, también impulsados por el ahora presidente Peña Nieto, uno estos decretos, incluyó parte del territorio de San Francisco Xochicuatla municipio de Lerma, con 37.9386 hectáreas de agostadero de uso común.
Por ello, las comunidades otomíes afectadas realizaron diversas acciones jurídicas como, denuncias penales, amparos y quejas a las comisiones de derechos humanos; puesto que esta construcción, viola los derechos humanos y constitucionales de estas comunidades, como el artículo 1 y 2. Y la violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989.
Los dos amparos en los que se logró la suspensión del decretó expropiatorio son: el del 4 de diciembre del 2015, y el del 11 y 18 de Febrero del 2016; impulsado por el consejo Supremo Indígena, un Delegado municipal, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
Estas suspensiones otorgadas por el Poder Judicial de la Federación tienen como fin: “proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo” afirman los integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.
Sin embargo, a pesar de las suspensiones las comunidades otomíes continuarán su lucha hasta que el proyecto carretero pare definitivamente y se respete lo ya acordado en el amparo. Por lo cual, exigen de manera inmediata que la obra pare, así como también, que se retire la maquinaria y trabajadores de la empresa Autovan de las tierras de Xochicuautla
Por último, manifiestan que ante estas suspensiones temen posibles represalias en contra de las y los defensores del Bosque Otomí, puesto que anteriormente ya se han enfrentado a intimidaciones y agresiones por resistirse a la construcción, por ello hacen un llamado a la sociedad civil a estar alerta ante cualquier agresión en su contra.
Esmeralda Trueba/AM Querétaro
Luego de que la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaria del Trabajo convocara este viernes a las dos de la tarde a una audiencia pública; la autoridad universitaria (UAQ) no se presentó a la reunión, por lo que la audiencia se desarrolló solo con la parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUAQ). Dicha audiencia quedó abierta en miras de que nuevamente se puedan sentar las partes a negociar.
Ahí la dirigente sindical, Laura Leyva Saavedra, solo externó su solicitud de que estas audiencias se realicen de forma pública, dijo, con el fin de dar transparencia al proceso.
En lo que se refiere a las negociaciones, informó, que la autoridad universitaria anexó algunos puntos a su propuesta, por lo que subrayó que esto corresponde solo al sindicato, ya que es quien está emplazando.
“Informamos que nosotros estamos en el mismo punto en donde la asamblea habíamos acordado y que la autoridad universitaria anexó mucho más peticiones cuando quien convoca es el sindicato, no la autoridad universitaria, quien está emplazando a huelga es el sindicato, no la universidad; la universidad no está para dar puntos a tratar sino el sindicato”, afirmó.
Con esta suma de puntos, dijo, se viola nuevamente el contrato colectivo, ya que son aspectos referentes a uniformes, contrataciones y festejo de aniversario. Puntos que aseveró, nunca estuvieron a discusión.
SECRETARIA DEL TRABAJO
Al respecto, el Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, dio a conocer, que a las dos partes (UAQ/STEUAQ) se les notificó en tiempo y forma, y solo indicó, recibió una llamada donde se le notificó -sin argumento mayor- que no asistiría la autoridad universitaria.
Ante ello, hizo un llamado a la Universidad Autónoma a que se siente a una conciliación, para que se pueda seguir desarrollando la conciliación de forma pública.
Asimismo, informó que en el tema de estallamiento de huelga fueron 14 puntos y que mediante las conciliaciones se redujeron a 13 puntos; de los cuales ya se han superado 10 a lo largo de esta semana, por lo que únicamente se encuentran tres puntos sobre la mesa, que afirmó, son violatorios, uno a la Ley Federal del Trabajo por parte del patrón y dos más con relación a la violación del contrato colectivo de trabajo.
“La Universidad está proponiendo en el término legal –como lo dicen ellos- es el punto número cinco, donde se viola el contrato colectivo de trabajo, de la temporalidad de un trabajador; otro punto es violaciones a la Ley Federal del Trabajo en el tema de las cuotas sindicales que tienen por derecho en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo; y en el punto doce, una cuestión de retención de las contrataciones de suplentes y eventuales que lo marca el contrato colectivo”, indicó.
Ante dicho escenario, el Secretario del Trabajo, afirmó que por primera vez, se está ante una violación a Ley Federal y contrato colectivo demasiado “grave”.
“No buscamos en el Gobierno del Estado una desestabilización laboral en el tema de la Universidad, porque no la tenemos en empresas ,no está este tema en otros sindicatos; Querétaro se ha distinguido con una paz laboral en otros terrenos y creo que estamos por primera vez, ante una primera violación a Ley Federal y contrato colectivo demasiado grave”, afirmó.
Finalmente señaló, que depende tanto del sindicato como del patrón que esta huelga no se mantenga como una de las más largas de la historia de Querétaro.
Desinformémonos
Prometeo Lucero
“El uniforme da presencia, se impone”, cuenta Rosario González, una de las mujeres de la brigada de vigilancia Ocelotl. Vestida de negro, con gorra y botas, acompaña a los vigilantes a patrullar los cerros de Milpa Alta. Sus compañeros visten además un pantalón camuflado y gorra; algunos portan radio. Todos calzan las botas limpias, dentro del pantalón.
La presencia impecable es algo importante para Rosario, tanto como la actitud y el respeto. “Debes de saber cuándo actuar, cómo actuar”, dice.PL_19_Milpa Alta
Las guardias, provenientes de los 12 pueblos, realizan rondines hacia distintos puntos del monte. Van sin armas. Su presencia es, de alguna manera, disuasiva. Sin embargo, cuenta Rosario, el riesgo es fuerte. “Tú no sabes si [cazadores o talamontes] te van a tirar”.
Juan Flores Díaz es jefe de frente de la brigada Tecuani; además coordina a otros cuatro grupos. Estos se distribuyen por toda la zona de bosque y del territorio comunal de Milpa Alta. Cuenta que, en un principio, les hacían frente verbal a los talamontes, pero no era fructífero porque a veces éstos les respondían con amenazas armadas.
Recuerda un caso. Gracias a los patrullajes de los grupos de vigilancia, cuatro talamontes fueron detenidos por las autoridades; los encontraron con una camioneta de 3 toneladas y media, sacando troncos de más de dos metros para la fabricación de polines. Los talamontes, para defenderse, mostraron un supuesto permiso firmado por la antigua representación comunal que les permitía llevar leña doméstica y ramaje de copa.
“No creas que la familia de los talamontes está muy contenta”. Para Juan hay un inminente peligro de represalias. “Acá [en el pueblo] podemos decir las palabras que sea, pero allá arriba [en el monte] los trancazos son de a de veras”. “Con los cazadores no se juega”, enfatiza.
Del diálogo directo, las guardias tuvieron que cambiar de estrategia. Ahora, cuando detectan a distancia a los talamontes o cazadores, llaman a la coordinación, y ésta, a su vez, pide apoyo a la policía capitalina o la Policía Federal, quienes sí pueden llevar a cabo las detenciones.
La presencia de Rosario en las guardias obedece a que también hay mujeres entre los talamontes. Como hombres, los guardias prefieren no tener problemas por confrontarse con mujeres.
La guardia vigila los cerros. Los cuida de los talamontes pero también de los ciudadanos que optan por tirar cascajo. Resguarda, asimismo, las asambleas y la sede de la Representación Comunal, ubicada en el centro de Villa Milpa Alta.
Milpa Alta se encuentra al sureste del Distrito Federal, a 30 kilómetros del centro de la ciudad. Diez kilómetros más adelante, cuenta con un amplio territorio de bosque colindante con el Estado de México y Morelos. La altura de los volcanes que la rodean puede rebasar los 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar; a esa altura crecen los oyameles. El paisaje se cierra en neblina y es difícil ver el cielo entre lo tupido de las ramas. La delegación cuenta con once pueblos y una villa.
En las faldas de los volcanes, la población, censada en poco más de 130 mil habitantes, vive de la cosecha de nopal, la principal actividad económica. Aún dentro de la mancha urbana, hay un arraigo social distinto al de la ciudad: muy fuerte y con poca aceptación de lo externo.
Sacar a los talamontes
La historia reciente de las guardias forestales data de principios de febrero de 2010 cuando una tormenta arrasó con más de 20 mil árboles.
Al principio parecía que la madera derribada favorecería a los comuneros de Milpa Alta: la Comisión de Recursos Naturales del DF otorgó un permiso para el aprovechamiento local de la madera. Sin embargo, tanta leña trajo consigo la ambición por más madera, ya no sólo por la caída, sino por la viva.
Considerado suelo de conservación, el bosque no puede ser explotado para extraer madera; pero la caída de árboles tras la tormenta, atrajo a talamontes profesionales, quienes llevaron a Milpa Alta otros problemas: armas e intimidación.
Esto lo facilitaron representantes auxiliares quienes otorgaron permisos para la explotación comercial. De representantes pasaron a madereros “a la michoacana, con sombrero, con narcocorridos, con armas”, cuenta José Pastrana.
Durante 2011, la confrontación verbal e intimidación armada fue constante. Los comuneros pensaron en opciones para hacer frente. Uno de ellas era armarse e ir a buscar a los talamontes. No había miedo, pero consideraron que podrían ser confundidos con un grupo guerrillero y, entonces, optaron por exigir al gobierno capitalino que interviniera para cumplir la Ley Ambiental. Tampoco querían recurrir a la violencia, pues sabían que el talamontes podía ser su vecino o familiar.
En 2013 llegaron al hartazgo por la inacción. Camiones subían y bajaban de los cerros con troncos cortados. Amenazaron con armarse y subir a los cerros por cuenta propia. El Gobierno del Distrito Federal decidió actuar antes que permitir la conformación de un grupo armado en la ciudad.
Un operativo policiaco desmanteló 15 aserraderos, de una veintena identificada por los comuneros, con maquinaria profesional. No hubo enfrentamientos ni detenidos: los talamontes ya habían huido.
La movilización social dio otros frutos. Comenzaron de nuevo las asambleas (deterioradas durante casi una década tras confrontaciones entre comuneros organizados de izquierda y priistas) y dos nuevos procesos: la actualización del censo de comuneros (el último, data del siglo pasado) y la renovación de la representación comunal.
Conservación a futuro
Puntual, a las seis de la mañana, la camioneta de Jesús Torres recoge a los brigadistas que harán trabajo de mantenimiento en el bosque. En la batea del vehículo, bajo una espesa neblina, se acomodan para soportar el ajetreo de subida en terracería. Algunos duermen un poco, agrupados entre sí.
Organizados en brigadas llamadas Área Comunitaria de Conservación Ecológica (ACCE o las acces, como las pronuncian), se despliegan una vez que han llegado al punto. De inmediato comienza la faena del día: retirar las ramas y troncos enfermos o muertos; luego, enterrarlos en una fosa.
Este trabajo tiene una finalidad futura: evitar que esta madera seca o podrida se convierta en combustible durante la temporada de calor, cuando los incendios se incrementan.
Son cuatro grupos de ACCE, cada uno con un jefe de frente al mando. Los cuatro se organizan para llevar a cabo, por etapas, limpieza de brechas, poda, chaponeo (corte con machete de maleza y hierbas que puedan servir de combustible) y brechas cortafuegos.
El brigadista Jorge Castañeda Rivera ha descubierto, a través de excreciones, que aún existen coyotes, venado cola blanca y especies endémicas como el conejo zacatuche y el gorrión serrano. También murciélagos, ranas y víbora de cascabel. Su brigada, que recorre constantemente los bosques, hace monitoreo de especies de flora y fauna, y difunde en escuelas y plazas públicas los resultados.
“Mucha gente de la comunidad de Villa Milpa Alta desconoce que tenemos un bosque. Gracias a esta información, hemos podido difundir lo que la gente desconocía. Mucha gente piensa que el bosque se termina en la carretera federal; no es así”.
Un largo historial de defensa
Detrás de la organización de defensa del bosque hay un historial. A inicios del siglo pasado, los volcanes de Milpa Alta fueron escenario de combates entre los revolucionarios zapatistas y el Ejército federal. Aún se preserva, como historia, un museo del cuartel de Emiliano Zapata.
En la década de 1970, narra Estalisnao García Olivos, comunero de Villa Milpa Alta, los comuneros se organizaron para evitar la construcción de un complejo académico de 600 hectáreas dentro del territorio: el Centro Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional.
En la misma década, lucharon por indemnizaciones como consecuencia de la construcción de la carretera Xochimilco–Oaxtepec. Lograron pagos desde 15 hasta 45 pesos por metro cuadrado. Cabe destacar que, en la misma época, por la expropiación de chinampas en Iztapalapa, el gobierno pagó un peso por metro cuadrado y hasta menos en otras expropiaciones.
En 1979 se enfrentaron contra una concesión a 99 años para surtir de madera a la empresa papelera Loreto y Peña Pobre, otorgada por el entonces presidente José López Portillo.
A nivel nacional, Milpa Alta participó en 1974 en la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Por esas fechas se creó el Consejo Supremo Náhuatl, figura pensada como una forma de mantener la lealtad de los pueblos indígenas hacia la política gubernamental de Luis Echeverría.
Sin embargo, abunda Estalisnao, el malestar social vivido por los pueblos politizó al Consejo y éste se pronunció en su tercer y último congreso a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional nicaragüense, y exigió que el gobierno reconociera la existencia de presos políticos. El gobierno optó por desaparecer al Consejo.
Los comuneros de Milpa Alta se conectaron con otras organizaciones indígenas del país. Allí se celebró la primera reunión nacional de organizaciones campesinas independientes. Allí también, junto con las organizaciones más combativas de la época, nació la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, “la combativa, no la actual que es un apéndice del Partido del Trabajo”.
En 1980 se movilizaron cerca de 100 mil campesinos en el Zócalo capitalino. Por esas fechas comienza, a lo interno, la lucha por la titularidad de la representación comunal.
Pero este proceso local no fue sencillo. Tuvieron que enfrentarse contra un sistema de cacicazgos ligados a la papelera Loreto y Peña Pobre. La batalla política llevó al secuestro de funcionarios, y la elección del 26 de julio acabó en una escaramuza de gasolina y fuego.
A inicios de este milenio, con Vicente Fox en la presidencia, conocieron el Plan Puebla-Panamá, con miras a la construcción y manejo de vías de transporte privadas. Entonces supieron del plan para construir el Arco Sur, mismo que lograron detener a través de movilizaciones.
Hoy el reto político es lograr la actualización del censo comunal. El último, con décadas de rezago, sólo conoce a comuneros que hoy son ancianos o que ya han fallecido; además, carece de datos actuales de las nuevas generaciones. “Las autoridades impiden que se designe a los futuros herederos del territorio”.
desinformemonos.org.mx/guardia-forestal-defensa-del-pulmon-de-la-ciudad-de-mexico/
Jueves, 10 de marzo de 2016
ABIGAIL SALINAS | NTRZACATECAS.COM
Zacatecas.- Las primarias Rafael Coronel, en la colonia Las Quintas, y la Francisco E. García de Villas de Guadalupe, permanecen en paro indefinido, en solidaridad a los maestros cesados por no presentar su evaluación al desempeño docente.
Los padres de familia explicaron que darán todo su apoyo a los profesores y las manifestaciones continuarán hasta que sean reubicados.
Aseveraron que la exigencia es que los profesores que fueron cesados sean reubicados en sus funciones, debido a que el trabajo que desempeñaban era adecuado y los alumnos estaban acostumbrados a su ritmo de trabajo.
Los inconformes refirieron que los maestros han mostrado su interés en el avance académico de sus estudiantes, por lo que les parece injusto que por no querer someterse al proceso de evaluación, hayan sido separados de sus cargos.
Destacaron que no quieren que profesores interinos lleguen al plantel y ocupen el lugar de los docentes, por lo que no lo permitirán hasta que se reintegren los 5 maestros que fueron despedidos del plantel; 2 en el turno matutino y 3 del vespertino.
Informaron que el paro inició en los planteles desde el martes pasado, cuando los maestros fueron notificados y sacados del plantel de una forma “incorrecta”, ya que aseguraron que no recibieron un trato digno.
Agregaron que los padres están organizados para que los planteles permanezcan cerrados, por lo que están haciendo guardias de tres horas cada grupo para que nadie ingrese.
Expusieron que personal de la Seduzac ha acudido a dialogar con los inconformes, sin embargo, no se ha propiciado un diálogo formal en el que se atiendan las exigencias; “sólo nos quieren sacar la verdad con mentiras, pero no lo permitiremos”.
Reiteraron que la exigencia es clara: “queremos que los maestros que fueron despedidos regresen y vuelvan a ocupar su lugar”, por lo que no hay una fecha específica en la que se prevé que las tomas concluyan.
http://ntrzacatecas.com/2016/03/10/toman-primarias-en-apoyo-a-profesores-despedidos/
Por: MARTÍN CATALÁN LERMA
marzo 10, 2016
Explica docente que no pudo presentarse en ninguna de las etapas debido a su embarazo
? Solicita revisión al caso y se le reinstale en su centro laboral; es atendida por autoridades
Cecilia Betancourt Escalante ha sido maestra de educación primaria durante 10 años. Entre septiembre y noviembre de 2015 tuvo incapacidad por embarazo y por tal motivo no pudo aplicar la Evaluación del Desempeño en ninguna de sus cuatro etapas, pero a pesar de la documentación que la justifica, ha sido despedida junto con otros 25 maestros zacatecanos.
En efecto, expone, el año pasado se le convocó a evaluación, pero se le extendió una licencia de gravidez entre el primero de septiembre y el 29 de noviembre, justo en el periodo en que se desarrollaron todas las etapas del proceso de evaluación.
“Yo no me niego a la evaluación, simplemente no pude presentarme. Yo quisiera que mi caso se analizara por el lado humano y laboral, que yo no he fallado en mi trabajo y sólo me tocó la de malas de embarazarme y aliviarme en el periodo que se vino el proceso de evaluación. Eso no es un delito”.
Cuando se le notificó que estaba en riesgo de cese y que le solicitaban una justificación en un plazo de diez días, la maestra acudió a la Coordinación Jurídica de la Seduzac y les mostró la documentación expedida por el ISSSTE, sin embargo, este lunes recibió otra notificación en la que se informan su separación del servicio.
El primero de diciembre, día en que se reincorporó a su labor en la escuela Manuel M. Ponce, de Villa Hidalgo, Betancourt Escalante recibió una llamada telefónica mediante la cual le informaban que el examen se había reprogramado al día siguiente.
“La incapacidad cubrió todas las etapas de la evaluación, como cubrir evidencias que fue en octubre y el examen en noviembre. ¿Con qué elementos iba a presentar el examen si acababa de regresar? Lo único que pido es que se analice mi caso y se me reintegre a mi centro de trabajo que es Cuestionó que la Coordinación Jurídica de la Seduzac no haya revisado y analizado su situación y que simplemente le notificaran de ser cesada, pues justo en el momento de su licencia fue en que se realizaron todas las etapas de la evaluación.
La secretaría sólo argumentó que la evaluación fue reprogramada y ella no asistió, pero reiteró que no había forma de presentarla porque tampoco pudo aplicar el resto de los procesos. Es decir, era imposible que en un día entregara las evidencias profesionales y menos si en su reingreso se le asignó un grupo nuevo.
Betancourt Escalante solicitó entonces que se revise su caso y se le reinstale en su centro laboral, porque durante 10 años “nunca he tenido una falla en mi trabajo y los padres de familia lo avalan. Es injusto que me corran no por mi trabajo sino por haber faltado a la evaluación cuando yo no estaba en la condición de ser evaluada”.
Poza Rica, Ver.- Durante la mega marcha realizada en defensa de la Universidad Veracruzana (UV), un grupo de ciudadanos manifestó su rechazo a la aplicación de la técnica de Fracturacion Hidráulica (Fracking en Inglés) y exigieron justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“No al Fracking, ni aquí, ni allá, ni hoy ni nunca” fue la consigna que el grupo de ciudadanos mostró durante el recorrido de la mega marcha de la UV en Poza Rica.
Los ciudadanos que protestaron en contra de esta técnica en la industria petrolera son simpatizantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking que ha venido realizando movilizaciones, sobre todo en áreas petroleras como Poza Rica en donde se aprobó recientemente realizar la perforación de pozos con Fracturacion hidráulica.
Algunos participantes de la marcha, directores de Facultades, manifestaron su rechazo a la protesta contra el Fracking considerando que fue inoportuno aprovechar e movimiento en defensa de la UV para realizar esta crítica, considerando que se podría politizar su movimiento.
Este grupo de ciudadanos lanzaron críticas contra el Gobierno y reclamaron por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero; “Nos arrebataron el aliento pero nuestros gritos siguen aturdiendo”, destacaron con otra pancarta.
También portaron una bandera negra con el escudo mexicano que intentaron colocar en el asta de la explanada cívica del Palacio Municipal de Poza Rica, sin embargo personal de la UV les impidió realizarlo para no afectar la imagen del movimiento de protesta de la institución.
Cabe recordar que recientemente la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) otorgó a Petróleos Mexicanos (Pemex) los primeros trabajos de perforación exploratoria a través de la técnica conocida como fracking que iniciarán en este mes de marzo, se realizarán en tres yacimientos: Semillal Uno, Maxochitl Uno y Kaneni Uno (estos dos en Poza Rica) , mismos que implican una inversión de más de 533 millones de pesos.
El pozo Maxochitl Uno, localizado en el área Poza Rica, cuenta con reservas de 19 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, tiene una probabilidad de éxito de 65 por ciento y un costo de 177 millones de pesos.
Kaneni Uno, cuenta con un recurso estimado de 22 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y su probabilidad de éxito es de 69 por ciento y la inversión será de 184 millones de pesos.
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Noé Zavaleta
XALAPA, Ver. (apro).- Ni las bajas temperaturas ni la llovizna inhibieron a los más de 30 mil universitarios, académicos, investigadores, exalumnos y familiares de trabajadores de la Universidad Veracruzana para salir a las calles de Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y Tuxpan a exigir al gobierno del priista Javier Duarte el cumplimiento de sus demandas.
Las exigencias se concentraron en el respeto a la autonomía universitaria reflejado en un 5% anual de la ley de ingresos, el pronto pago de dos mil millones de pesos para infraestructura y programas académicos atorados desde principios del sexenio, así como un alto a la asfixia financiera.
Este jueves, la concentración masiva ocurrió en Xalapa, donde cerca de 17 mil manifestantes salieron hacia el centro histórico de la capital del estado al coro del “Cielito lindo” y al ritmo de jaranas con mariachi y música de viento, además de las consignas que fustigaban el gobierno de Duarte de Ochoa.
“¡Duarte ratero, regresa el dinero!”, “¡UV, te quiero, por eso te defiendo!”, “¡Todos somos UV!” y hasta la clásica expresión futbolera de “¡Eeeeh putoooo!”.
La reunión ocurrió en el circuito Lomas del Estadio, que agrupa la Rectoría, las facultades de Derecho, Ingenierías, Contaduría, Administración y Biología, entre otras. En otras zonas también hubo manifestaciones de estudiantes de Humanidades, Economía, Psicología y Antropología.
En la protesta, cada facultad colocó cordones de seguridad y coordinadores de grupo para evitar infiltraciones de grupos anarquistas o desestabilizadores, presuntamente pagados por el gobierno para romper el carácter pacífico de la concentración.
“Nos tienen que pagar”, dice rectora
Por primera vez en lo que va del movimiento, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, dejó de enviar desplegados a los medios de comunicación locales y de escribir tuits indirectos con el gobernador Javier Duarte y salió a encabezar la marcha para exigir el reclamo de la autonomía universitaria.
En la Plaza Lerdo –rebautizada como Regina Martínez, el nombre de la corresponsal de Proceso asesinada en 2012– la funcionaria se colocó en dirección a la oficina donde despacha Duarte de Ochoa y dijo:
“Nos deben… y nos tienen que pagar. Reconozco que la autonomía financiera puede ser un camino para no depender del juicio o la discrecionalidad de un funcionario en turno, pero ésta debe responder a nuestra magnitud, sin recargos ni compromisos ajenos”.
Del lado del inmueble gubernamental, las oficinas del palacio de Gobierno permanecieron cerradas. A discreción, unas diez “orejas” o espías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Subsecretaría de Gobierno pasaban vía celular un puntual reporte del avance de la mega concentración.
En cada contingente universitario, los alumnos pusieron el folklor a la marcha. Unos lo hicieron con una piñata de un cerdo rosa “zangoloteado” frente al Palacio de Gobierno. Otros, con cánticos de futbol. El grupo Tlenhuicani –de la UV- llevó jaranas y arpas. Los maestros de Educación Física dirigían las consignas contra el gobierno con silbatos y unos más solo acudieron en señal de solidaridad.
Como un hecho inédito, familias enteras se asomaron a los balcones y terrazas de sus viviendas para mostrar su solidaridad con la comunidad universitaria. Automovilistas y taxistas que en otras ocasiones fustigan el congestionamiento vehicular a causa de las marchas, esta vez hicieron sonar sus claxons en señal de aprobación.
Antes de concluir el evento, la rectora de la Universidad Veracruzana (UV) también lanzó un reproche al gobierno de Duarte y a su aparato de seguridad y procuración de justicia por la ola de inseguridad que vive la entidad y el alto grado de impunidad, afectando el principalmente a jóvenes de territorio jarocho.
“Nos deben una juventud sin miedo, nos deben a los desaparecidos. Nos deben la paz de los violentados y la de sus familias. Nos deben recursos que son sus obligaciones. Nos deben los derechos de nuestros jubilados. Nos deben las libertades y las capacidades críticas generadas por el conocimiento. Nos deben la certeza de nuestros trabajos y los sueños de nuestros jóvenes”.
Una hora antes en el gimnasio universitario “Miguel Ángel Ríos”, la rectora Sara Ladrón aseguró que ya entró en contacto con autoridades federales para hacer patente el reclamo de los recursos que tiene como pasivos severos el gobierno priista.
En la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, la concentración universitaria se hizo en el zócalo porteño a ritmo de salsa, pues la orquesta Moscovita, cuyo origen radica en la Universidad Veracruzana, creó “La UV no se toca” como una especie de himno para reclamar a Duarte de Ochoa los recursos pendientes.
En Coatzacoalcos, Córdoba y demás campus, unos 10 mil estudiantes, maestros y exuniversitarios salieron a las calles a reprochar al gobierno estatal la falta de liquidez financiera que hoy tiene sumida a la educación superior en una severa crisis.
http://www.proceso.com.mx/433079/marchan-30-mil-deuda-duarte-la-universidad-veracruzana
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Carlos Ángel Arrieta Llanas
En menos de cuatro años, más de 7 mil 060 mujeres se encuentran desaparecidas o extraviadas. Así lo destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que recién publicó sobre la “Situación de los Derechos Humanos en México”.
El informe analiza la grave crisis atraviesa el país azteca con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad.
Según información allegada a la CIDH, los casos de desaparición y desaparición forzada de mujeres y niñas suceden en diversas áreas del país, lo que ha generado alarma entre la sociedad civil, como puede observarse con solicitudes de declaración de alerta de género en diferentes entidades federativas.
De acuerdo a la información publicada en el citado informe y actualizada al 30 de abril de 2015, respecto a desapariciones del fuero común, se registraron 7.060 mujeres desaparecidas o extraviadas desde el 2011.
De estas mujeres, 1.170 desaparecieron en Tamaulipas, 1.007 en el Estado de México, 579 en Baja California, 549 en Nuevo León, 412 en Coahuila, 367 en Guanajuato, 333 en Puebla, 323 en Jalisco, 281 en Distrito Federal, 224 en Chihuahua, 218 en Michoacán, 206 en Sinaloa, 173 en Sonora, 154 en Guerrero, 148 en Hidalgo, 143 en Veracruz, 124 en Aguascalientes, 111 en Tabasco, 100 en Oaxaca, 99 en Querétaro, 72 en Quintana Roo, 54 en Campeche, 42 en Durango, 42 en Zacatecas, 40 en Morelos, 24 en Yucatán, 21 en Colima, 19 en Chiapas, 12 en San Luis Potosí, 7 en Tlaxcala y 2 en Baja California Sur.
Eso en cuanto al fuero común se refiere, pero también, por otra parte, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que contiene información ingresada hasta el 30 de junio de 2015 sobre casos clasificados como del fuero federal, es decir aquellas averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la Republica a partir de enero de 2014, el número total de mujeres registradas como desaparecidas o extraviadas sería de 125.
De esas 125, aparecen 33 registradas como desaparecidas en Guerrero, 17 en Veracruz, 16 en Estado de México, 15 en Tamaulipas, 14 en el Distrito Federal, 4 en Chihuahua, 3 en Morelos, 3 en Hidalgo, 3 en Tlaxcala, 2 en Coahuila, 2 en Nuevo León, 1 en Sinaloa, 1 en San Luis Potosí, 1 en Michoacán, 1 en Baja California, 1 en Guanajuato, 1 en Puebla, 1 en Tabasco, y 6 en el extranjero.
En este contexto, el documento revela que existe un problema serio en el registro de mujeres y niñas desaparecidas así como en la investigación, justicia y prevención de desapariciones de mujeres.
La CIDH expresó aquí su profunda preocupación sobre la falta de avances en las investigaciones sobre las desapariciones de mujeres, así como sobre la profunda brecha entre la normativa y las políticas públicas adoptadas y la realidad que viven las mujeres en México cotidianamente.
HISTORIA VIEJA
La insistencia en atender esta problemática no es nueva: en agosto de 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) recomendó al estado mexicano desarrollar un registro oficial sistemático de desapariciones forzadas; examinar los códigos penales para tipificar la desaparición forzosa como delito; simplificar los procedimientos existentes para la activación del Protocolo ALBA y la Alerta AMBER México, para de esa forma iniciar sin retraso la búsqueda de mujeres y jóvenes desaparecidas.
Tres años después, en marzo de 2015, México presentó ante el Comité de la CEDAW un informe en el que expuso los avances que se habrían realizado para cumplir con las recomendaciones, la explicación fue mínima y fue más evidente la falta de información pública disponible sobre mujeres víctimas de desaparición forzada.
Ante ello, el organismo destaca el Estado tiene un deber de “debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días”.
Lo anterior, implica la realización exhaustiva de actividades de búsqueda, la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales mediante medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde podrían encontrarse privadas de la libertad.
Además, el cumplimiento de esta obligación conlleva también que los oficiales a cargo de la recepción de denuncias de personas desaparecidas deben tener la capacidad y la sensibilidad para comprender el fenómeno de violencia contra las mujeres, así como la voluntad de actuar inmediatamente.
http://old.nvinoticias.com/oaxaca/roja/332027-mujeres-desaparecidas-mexico-van-99-oaxaca
Ivette Lira
San Juan Atzingo, Estado de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Árboles muertos, despojos de troncos, aserrín, hojas secas: áreas verdes en el Estado de México, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han sido convertidas por talamontes, en lúgubres caminos de tierra, en un cementerio de arbustos.
La familia Zamora Baldomero, en su intento por detener este ecocidio desde 1988, ha visto cómo callan a sus integrantes: apenas el 20 de noviembre pasado, Ildefonso, cabeza del hogar, fue encarcelado acusado de robo y allanamiento de morada, y Aldo, uno de sus hijos, fue asesinado el 15 de mayo de 2007, sin que hasta ahora se haya hecho justicia.
Desde el año 2004, las amenazas de muerte comenzaron a llegar a los Zamora, durante una manifestación en contra de los taladores ilegales, Ildefonso fue advertido por primera vez: “tienes tus días contados, si no le bajas te vamos a dar donde más te duela”.
Y así fue. Hoy Ildefonso llora la muerte de Aldo en una celda compartida con 14 reos más, donde pasa los días y las noches lejos de su familia, cobijado por los achaques que la diabetes le ha desencadenado.
Modesta Gómez Procopio, esposa del defensor, evidencia desde su cálida cocina, hecha con trozos de madera, que tanto Felipe Calderón Hinojosa, como Enrique Peña Nieto, le prometieron a Ildefonso –hasta entonces libre– justicia por el asesinato de su hijo. El primero mientras fungía como Presidente de México, y el segundo, cuando se encontraba a cargo del Edomex.
“Por lo visto sí quedó impune porque no ha pasado nada bueno, al contrario, lo que le están haciendo [las autoridades] a mi esposo no se vale y los asesinos de mi hijo siguen libres. En lugar de atacar a personas inocentes, mejor que ataquen a quienes deveras la deben. Mi esposo le pedía a Calderón que nos echara la mano en cuestión de que cayeran los asesinos, él prometió que los asesinos de nuestro hijo estarían tras las rejas y no ha cumplido”, dijo en entrevista para SinEmbargo desde San Juan Atzingo, Ocuilan.
Y agregó: “Peña Nieto decía que estaba en la mejor disposición, que él iba a hacer todo lo posible para lograr lo que nosotros queríamos, justicia para Aldo, pero tampoco ha hecho nada”.
A pesar de que Misael identificó a los atacantes, sólo han sido detenidos dos de ellos, sin que hasta la fecha se les haya dictado sentencia. Sin embargo, los autores materiales de este asesinato, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, continúan en libertad pese a que están plenamente identificados y existen órdenes de aprehensión en su contra desde el 24 de mayo de 2007, de acuerdo con Greenpeace México.
En el mismo sentido, Teresa Baldomero Aguilar, madre de Ildefonso, narró a este medio: “a mi hijo lo empezaron a mal ver mucho, él paró la tala, empezó a reforestar los bosques, el monte ya se veía bonito, pero ahora otra vez ya todo está bien acabado”.
“Él no debe nada, lo acusan de robar una casa, pero mi hijo no está acostumbrado a esas cosas. Somos muy pobres, pero somos honrados, nada de que nos andamos metiendo en alguna casa. Lo que queremos es que salga, que lo dejen libre, él está pagando injustamente, sin deber nada ¿por qué está detenido desde el 20 de noviembre? No hallan como acabar con mi hijo”, aseguró.
Con lágrimas rodando en sus mejillas, marcadas por el paso de los años, la mujer que dio a luz a Ildefonso en 1961, cuestionó a las autoridades mexicanas: “no se conforman con que mataron a mi nieto hace 8 años, ¿qué han hecho ellos [las autoridades], qué justicia nos han hecho? Nada. Están detenidos los cómplices, ¿y los meros hechores? Se fueron y andan paseando ¿y mi hijo? Yo quiero que lo dejen libre porque la verdad no debe nada, él no tiene porque estar allá encerrado”.
“Para nosotros no hay justicia, no hay nada. Los responsables de buscar a los asesinos de mi nieto, son ellos, la autoridad. ¿Nosotros cómo vamos a saber dónde están? Quieren terminar con mi hijo, pero primeramente dios, le pedimos a dios que mi hijo salga. A los que deveras la deben, a esos nunca los persiguen, andan libres, andan sueltos y a nosotros ¿por qué nos hacen esto?”, lamentó sumida en un llanto incontenible.
Don Ildefonso fue detenido arbitrariamente el 20 de noviembre de 2015 sin una orden de aprehensión por una acusación fabricada por el Ministerio Público de Tenancingo, además, ninguna autoridad le notificó que había una averiguación en su contra desde 2012. Resulta imposible que Ildefonso haya cometido el supuesto robo del que se le acusa pues “él se encontraba en otro lugar el día en que se señalan los hechos, existen testimonios y pruebas que lo acreditan”, han reiterado en diversas ocasiones, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de Greenpeace México.
Al visitar El Jaral, uno de los territorios reforestados por Ildefonso y más de 70 personas en el año 2005, Miguel Ángel Soto, vocero de Greenpeace lanzó una pregunta a los gobernantes:
“¿Por qué a la persona que lideró todo este esfuerzo para recuperar zonas como estas la meten a la cárcel, en lugar de estarla apoyando?, él se atrevió a hacer el trabajo que ni los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se atreven muchas veces a hacer, y ahora está detenido. Por eso la exigencia del Centro Prodh, de Greenpeace, de la familia y los vecinos de que él salga cuanto antes, que se le dejen de estar fabricando cargos, se le deje de estar persiguiendo a través de los aparatos del Estado, en este caso el Ministerio Público de Tenancingo”.
Soto, de pie, con el frío de la mañana y un rayo de sol rozando su cara, recordó que hace 11 años, junto con los comuneros, la organización trazó un “SOS” gigante para alertar sobre la terrible situación de los bosques, en aquel entonces la zona estaba devastada y gracias al trabajo de los pobladores y los activistas, hoy se respira aire limpio y el color verde se aprecia en cada rincón.
No obstante, Misael Zamora, hijo del activista tlahuica, denunció que aún existe tala en otros bosques del territorio gobernado por Eruviel Ávila y los talamontes llegan de poblados cercanos como Santa Lucía, Santa Martha y San José. “Sigue siendo algo preocupante, esto no ha cesado, esto no ha parado”, reveló a este medio.
Lo anterior, a pesar de que el asesinato de Aldo había traído hasta el año 2011, la detención de la tala ilegal en un 90 por ciento, según palabras del joven de 25 años.
Con la llegada de Leobardo Neri Jacinto, presidente de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, –aseguró–, se promovió la tala “en lugar de seguir cuidando los bosques, de seguir vigilando las labores de cuidados, involucró en su equipo a gente que se dedica a esta actividad y les brindó toda la protección”.
Además del homicidio de su hermano y el encarcelamiento de su padre, Misael también ha sido puesto como objeto de intimidación para que la familia desista de defender a los bosques de su comunidad, primero al resultar herido durante la emboscada donde falleció Aldo, y recientemente, al ser detenido por policías estatales, militares, miembros de Profepa y Probosque, acusado de tala ilícita, no obstante por presión de pobladores, el joven fue liberado horas después.
“Un oficial de la policía estatal, de nombre Juan Carlos Lara, me dijo: ‘me tardé, pero te tenía que encontrar’”, narró. Familiares, amigos y vecinos de Misael intentaron dialogar con las autoridades, pero la respuesta de los federales fue a balazos “dispararon en contra de la gente y por fortuna tenemos cartuchos percutidos de esa ocasión”, acusó.
Al ver a los colonos, el policía que se encontraba a cargo de aquel grupo de autoridades, llamó a Misael para advertirle: “sácate a chingar a tu madre antes de que los matemos a todos”, por lo que, inmediatamente, el joven y todas las personas que llegaron para auxiliarlo, se fueron del lugar. Misael decidió no denunciar los hechos.
Sin embargo, Gabriela Carreón Lee, abogada del Área de Defensa Integral del Centro Prodh, informó que a inicios de febrero de este año se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a raíz de la detención ilegal que sufrió Misael.
Sobre la detención de Ildefonso, la especialista puntualizó: “se da lo que en muchos casos, el MP está coludido y está fabricando un delito en contra de don Ildefonso. Finalmente es otro acto más de criminalización en contra de un defensor de los bosques, algo que lamentablemente no es nuevo en México”.
Hoy a Ildefonso lo esperan doña Teresa, su madre; la señora Modesta, su esposa; sus hijos, Xóchitl, Misael, Esther y Rosario; y sus nietos Jonathan, Alexis, Aron, Gabino, Perla y Nicolás. Lo esperan como a él le gusta: con frijoles y café de olla; tlacoyos de haba y chicharrón, además de abrazos que han guardado durante estos meses de encierro.
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La Jornada
Desinformémonos
Prometeo Lucero
“El uniforme da presencia, se impone”, cuenta Rosario González, una de las mujeres de la brigada de vigilancia Ocelotl. Vestida de negro, con gorra y botas, acompaña a los vigilantes a patrullar los cerros de Milpa Alta. Sus compañeros visten además un pantalón camuflado y gorra; algunos portan radio. Todos calzan las botas limpias, dentro del pantalón.
La presencia impecable es algo importante para Rosario, tanto como la actitud y el respeto. “Debes de saber cuándo actuar, cómo actuar”, dice.
Las guardias, provenientes de los 12 pueblos, realizan rondines hacia distintos puntos del monte. Van sin armas. Su presencia es, de alguna manera, disuasiva. Sin embargo, cuenta Rosario, el riesgo es fuerte. “Tú no sabes si [cazadores o talamontes] te van a tirar”.
Juan Flores Díaz es jefe de frente de la brigada Tecuani; además coordina a otros cuatro grupos. Estos se distribuyen por toda la zona de bosque y del territorio comunal de Milpa Alta. Cuenta que, en un principio, les hacían frente verbal a los talamontes, pero no era fructífero porque a veces éstos les respondían con amenazas armadas.
Recuerda un caso. Gracias a los patrullajes de los grupos de vigilancia, cuatro talamontes fueron detenidos por las autoridades; los encontraron con una camioneta de 3 toneladas y media, sacando troncos de más de dos metros para la fabricación de polines. Los talamontes, para defenderse, mostraron un supuesto permiso firmado por la antigua representación comunal que les permitía llevar leña doméstica y ramaje de copa.
“No creas que la familia de los talamontes está muy contenta”. Para Juan hay un inminente peligro de represalias. “Acá [en el pueblo] podemos decir las palabras que sea, pero allá arriba [en el monte] los trancazos son de a de veras”. “Con los cazadores no se juega”, enfatiza.
Del diálogo directo, las guardias tuvieron que cambiar de estrategia. Ahora, cuando detectan a distancia a los talamontes o cazadores, llaman a la coordinación, y ésta, a su vez, pide apoyo a la policía capitalina o la Policía Federal, quienes sí pueden llevar a cabo las detenciones.
La presencia de Rosario en las guardias obedece a que también hay mujeres entre los talamontes. Como hombres, los guardias prefieren no tener problemas por confrontarse con mujeres.
La guardia vigila los cerros. Los cuida de los talamontes pero también de los ciudadanos que optan por tirar cascajo. Resguarda, asimismo, las asambleas y la sede de la Representación Comunal, ubicada en el centro de Villa Milpa Alta.
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Milpa Alta se encuentra al sureste del Distrito Federal, a 30 kilómetros del centro de la ciudad. Diez kilómetros más adelante, cuenta con un amplio territorio de bosque colindante con el Estado de México y Morelos. La altura de los volcanes que la rodean puede rebasar los 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar; a esa altura crecen los oyameles. El paisaje se cierra en neblina y es difícil ver el cielo entre lo tupido de las ramas. La delegación cuenta con once pueblos y una villa.
En las faldas de los volcanes, la población, censada en poco más de 130 mil habitantes, vive de la cosecha de nopal, la principal actividad económica. Aún dentro de la mancha urbana, hay un arraigo social distinto al de la ciudad: muy fuerte y con poca aceptación de lo externo.
Sacar a los talamontes.
La historia reciente de las guardias forestales data de principios de febrero de 2010 cuando una tormenta arrasó con más de 20 mil árboles.
Al principio parecía que la madera derribada favorecería a los comuneros de Milpa Alta: la Comisión de Recursos Naturales del DF otorgó un permiso para el aprovechamiento local de la madera. Sin embargo, tanta leña trajo consigo la ambición por más madera, ya no sólo por la caída, sino por la viva.
Considerado suelo de conservación, el bosque no puede ser explotado para extraer madera; pero la caída de árboles tras la tormenta, atrajo a talamontes profesionales, quienes llevaron a Milpa Alta otros problemas: armas e intimidación.
Esto lo facilitaron representantes auxiliares quienes otorgaron permisos para la explotación comercial. De representantes pasaron a madereros “a la michoacana, con sombrero, con narcocorridos, con armas”, cuenta José Pastrana.
Durante 2011, la confrontación verbal e intimidación armada fue constante. Los comuneros pensaron en opciones para hacer frente. Uno de ellas era armarse e ir a buscar a los talamontes. No había miedo, pero consideraron que podrían ser confundidos con un grupo guerrillero y, entonces, optaron por exigir al gobierno capitalino que interviniera para cumplir la Ley Ambiental. Tampoco querían recurrir a la violencia, pues sabían que el talamontes podía ser su vecino o familiar.
En 2013 llegaron al hartazgo por la inacción. Camiones subían y bajaban de los cerros con troncos cortados. Amenazaron con armarse y subir a los cerros por cuenta propia. El Gobierno del Distrito Federal decidió actuar antes que permitir la conformación de un grupo armado en la ciudad.
Un operativo policiaco desmanteló 15 aserraderos, de una veintena identificada por los comuneros, con maquinaria profesional. No hubo enfrentamientos ni detenidos: los talamontes ya habían huido.
La movilización social dio otros frutos. Comenzaron de nuevo las asambleas (deterioradas durante casi una década tras confrontaciones entre comuneros organizados de izquierda y priistas) y dos nuevos procesos: la actualización del censo de comuneros (el último, data del siglo pasado) y la renovación de la representación comunal.
Conservación a futuro
Puntual, a las seis de la mañana, la camioneta de Jesús Torres recoge a los brigadistas que harán trabajo de mantenimiento en el bosque. En la batea del vehículo, bajo una espesa neblina, se acomodan para soportar el ajetreo de subida en terracería. Algunos duermen un poco, agrupados entre sí.
Organizados en brigadas llamadas Área Comunitaria de Conservación Ecológica (ACCE o las acces, como las pronuncian), se despliegan una vez que han llegado al punto. De inmediato comienza la faena del día: retirar las ramas y troncos enfermos o muertos; luego, enterrarlos en una fosa.
Este trabajo tiene una finalidad futura: evitar que esta madera seca o podrida se convierta en combustible durante la temporada de calor, cuando los incendios se incrementan.
Son cuatro grupos de ACCE, cada uno con un jefe de frente al mando. Los cuatro se organizan para llevar a cabo, por etapas, limpieza de brechas, poda, chaponeo (corte con machete de maleza y hierbas que puedan servir de combustible) y brechas cortafuegos.
El brigadista Jorge Castañeda Rivera ha descubierto, a través de excreciones, que aún existen coyotes, venado cola blanca y especies endémicas como el conejo zacatuche y el gorrión serrano. También murciélagos, ranas y víbora de cascabel. Su brigada, que recorre constantemente los bosques, hace monitoreo de especies de flora y fauna, y difunde en escuelas y plazas públicas los resultados.
“Mucha gente de la comunidad de Villa Milpa Alta desconoce que tenemos un bosque. Gracias a esta información, hemos podido difundir lo que la gente desconocía. Mucha gente piensa que el bosque se termina en la carretera federal; no es así”.
Un largo historial de defensa
Detrás de la organización de defensa del bosque hay un historial. A inicios del siglo pasado, los volcanes de Milpa Alta fueron escenario de combates entre los revolucionarios zapatistas y el Ejército federal. Aún se preserva, como historia, un museo del cuartel de Emiliano Zapata.
En la década de 1970, narra Estalisnao García Olivos, comunero de Villa Milpa Alta, los comuneros se organizaron para evitar la construcción de un complejo académico de 600 hectáreas dentro del territorio: el Centro Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional.
En la misma década, lucharon por indemnizaciones como consecuencia de la construcción de la carretera Xochimilco–Oaxtepec. Lograron pagos desde 15 hasta 45 pesos por metro cuadrado. Cabe destacar que, en la misma época, por la expropiación de chinampas en Iztapalapa, el gobierno pagó un peso por metro cuadrado y hasta menos en otras expropiaciones.
En 1979 se enfrentaron contra una concesión a 99 años para surtir de madera a la empresa papelera Loreto y Peña Pobre, otorgada por el entonces presidente José López Portillo.
A nivel nacional, Milpa Alta participó en 1974 en la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Por esas fechas se creó el Consejo Supremo Náhuatl, figura pensada como una forma de mantener la lealtad de los pueblos indígenas hacia la política gubernamental de Luis Echeverría.
Sin embargo, abunda Estalisnao, el malestar social vivido por los pueblos politizó al Consejo y éste se pronunció en su tercer y último congreso a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional nicaragüense, y exigió que el gobierno reconociera la existencia de presos políticos. El gobierno optó por desaparecer al Consejo.
Los comuneros de Milpa Alta se conectaron con otras organizaciones indígenas del país. Allí se celebró la primera reunión nacional de organizaciones campesinas independientes. Allí también, junto con las organizaciones más combativas de la época, nació la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, “la combativa, no la actual que es un apéndice del Partido del Trabajo”.
En 1980 se movilizaron cerca de 100 mil campesinos en el Zócalo capitalino. Por esas fechas comienza, a lo interno, la lucha por la titularidad de la representación comunal.
Pero este proceso local no fue sencillo. Tuvieron que enfrentarse contra un sistema de cacicazgos ligados a la papelera Loreto y Peña Pobre. La batalla política llevó al secuestro de funcionarios, y la elección del 26 de julio acabó en una escaramuza de gasolina y fuego.
A inicios de este milenio, con Vicente Fox en la presidencia, conocieron el Plan Puebla-Panamá, con miras a la construcción y manejo de vías de transporte privadas. Entonces supieron del plan para construir el Arco Sur, mismo que lograron detener a través de movilizaciones.
Hoy el reto político es lograr la actualización del censo comunal. El último, con décadas de rezago, sólo conoce a comuneros que hoy son ancianos o que ya han fallecido; además, carece de datos actuales de las nuevas generaciones. “Las autoridades impiden que se designe a los futuros herederos del territorio”.
desinformemonos.org.mx/guardia-forestal-defensa-del-pulmon-de-la-ciudad-de-mexico/
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que ha clausurado nueve proyectos turísticos en el Área Natural Protegida Parque Nacional Tulum, en Quintana Roo.
En un comunicado, la dependencia señaló que, atendiendo la problemática de invasiones y obras irregulares en el citado lugar, personal de la Profepa llevó a cabo las visitas de inspección, donde constató remoción de vegetación de selva baja, matorral y duna costera, con afectación a flora y fauna silvestre.
“Los proyectos inspeccionados fueron: Kitchen Table Grill/Bar; Aline Claire More Blanc; Las Palmas; Ecovillas Alux; Camping Revolucion & Restaurante Pancho Villa; Bar Adelita; así como otros 3 proyectos sin denominación, los cuales no contaban con las autorizaciones correspondientes para su edificación”, mencionó.
Asimismo, dice Profepa, en la presente administración se han instaurado 69 procedimientos administrativos en materia de recursos naturales.
Y ha presentado nueve denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la negativa por parte de los inspeccionados de no respetar las clausuras, “teniendo como resultado, del 9 al 11 de febrero del presente año, que la PGR haya realizado diversas diligencias ministeriales, de las cuales se dio el aseguramiento del inmueble denominado “Casa Villa Alquimia”.
Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dijo haber recibido en la presente administración siete denuncias por las supuestas invasiones y obras irregulares dentro de la ANP de Tulum: una por afectación forestal, cinco por afectaciones en materia de impacto ambiental; una que no fue admitida porque señalaba a más de un proyecto y no proporcionaban la información detallada de cada uno de los proyectos mencionados.
http://www.expresionlibre.org/main/cancun-y-q-roo/se-han-clausurado-nueve-proyectos-en-tulum-profepa
09/03/16. Otro bloqueo por falta de maestros
Heraldo de Tabasco
18/02/16. Cierran calle por segunda vez a falta de maestros en Tenosique
Tabasco Hoy
12/02/16. Por falta de maestros padres toman escuela
Diario Avance
09/02/16. Segundo día de protestas en escuelas por falta de maestros
Tabasco Hoy
Raquel May Olán
Villahermosa, Tabasco.- Por espacio de tres horas, padres de familia de la Escuela Primaria “Sabino Ulin Lamoyi”, localizada en el fraccionamiento Revolución; bloquearon la carretera Villahermosa-Teapa a la altura del kilómetro 18+500, en protesta de la falta de tres maestros que la Secretaría de Educación en Tabasco (Setab) les quitó desde hace dos semanas, dejando sin clases a unos 150 alumnos de tres grupos.
Acusaron que la dependencia estatal pretende que solo dos maestros atiendan a 300 alumnos distribuidos en seis grupos, lo cual significa que actualmente la escuela cuenta con un docente por cada 150 alumnos.
Añadieron que no se han atendido las gestiones de personal, aun cuando en más de tres ocasiones los padres de familia tocaron las puertas de la Setab. Lo anterior los obligó a tomar las vías del bloqueo, expuso el señor Miguel Hernández, padre de familia.
“Nos presentamos en Secretaria de Educación, motivo de que nos quitaron los maestros de Revolución, quieres que dos maestros atiendan seis grupos de 53 gente cada grupo, y eso no puede ser”, indicó.
Los tutores aseguraron que ya están cansados de que constantemente les cambien los maestros, pues las autoridades de educación únicamente los envían en modalidad de contratos temporales. Lo anterior -dijeron- repercute en que los educandos se queden sin clases, retrasando el avance de los programas de estudios.
El señor Hernández expresó que lo único que quieren es educación de calidad para sus hijos, pues es imposible que un docente atienda a más de 100 alumnos por día.
“¿Qué va a pasar con la educación?, ¿A qué hora se van a preparar los maestros?, ¿A qué hora van a calificar?, no les estamos pidiendo que nos regalen nada, únicamente que nos manden maestros para nuestros hijos”, enlistó.
Desde las 8:00 horas los tutores obstaculizaron el tramo carretero, provocando un intenso congestionamiento vehicular en esta importante vía de comunicación, que conduce al municipio de Teapa y por donde mayormente transitan camiones de carga pesada.
La obstaculización de la vialidad causó inconformidad entre los choferes de transporte público de Playas del Rosario, quienes intentaron amedrentar a los manifestantes amenazándolos con machetes; sin embargo, el conflicto fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se encontraban en el lugar.
Tras el arribo de las autoridades educativas, se instaló una mesa de negociaciones en donde se acordó que a partir de este día dos maestros serían enviados al centro escolar, y uno más la semana entrante.
Una vez firmada la minuta, los inconformes liberaron el paso a eso de las 11:15 de la mañana, permitiendo el arroyo de vehículos.
La Secretaría de Educación admitió la suspensión de clases en 45 escuelas
Miles de maestros, estudiantes y padres de familia marcharon desde el lugar donde se juntan el bulevar Domingo Arrieta y la vialidad Dolores del Río a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado (SEED) para oponerse al despido de los maestros que no atendieron a la convocatoria de la evaluación de desempeño.
Héctor Vela Valenzuela, titular de la SEED, admitió la suspensión de clases en 45 escuelas, a causa de esta movilización promovida por la disidencia magisterial.
Líderes del movimiento aseguraron que lograron convocar a cerca de 20 mil personas a esta protesta, aunque algunos testigos calcularon la presencia de seis mil.
Israel Gaucín Salazar, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección 12, aseguró que son 436 los maestros que serían despedidos por no participar en la evaluación, y no los 214 que se han anunciado.
Por su parte, Ramiro Ramírez, uno de los líderes del Magisterio Unidos de Durango, manifestó que llegarán hasta las últimas consecuencias para defender a cada uno de los maestros a los que les llegó el aviso de despido.
Fue alrededor de las 11:00 horas cuando el contingente de manifestantes llegó a las instalaciones de la SEED, en donde se apostaron en los cuatro carriles de circulación del exterior y el patio central, para luego proceder a sacar a todo el personal de las oficinas.
Al llegar a la SEED, se les informó que el Secretario de Educación no estaba, lo que causó la molestia de los maestros y demás personas que acudieron a apoyar la movilización.
Más tarde, el maestro Ramíro Ramírez mencionó que la salida de Héctor Vela, de la SEED, es una de las exigencias que los maestros tienen, con el argumento de que no ha tenido disposición al diálogo.
DESALOJO
Con el paso de las horas, los maestros desalojaron al personal administrativo hasta dejar al Secretario de Educación y sus colaboradores más cercanos encerrados en su oficina durante un par de horas.
Incluso, a través de redes sociales, se pudo observar cómo los maestros rompieron las ventanas del baño de la oficina de Héctor Vela, así como golpearon y patearon puertas exigiendo que Vela Valenzuela los recibiera.
Incluso, algunos maestros retuvieron a un camarógrafo de televisión exigiéndole que borrara las imágenes de los daños, situación que no ocurrió debido a la intervención de los líderes del movimiento.
AVISOS
Por su parte, José Parra Alvarado, maestro del CBTA 171, uno de los maestros que ya recibió aviso de despido, el cual según aseguró, está lleno de inconsistencias.
En él se indica que se decidió dar por terminados los efectos del nombramiento de su plaza, otorgada en abril de 2015, aunque el maestro tiene 26 años de servicio en el centro de estudios.
Indicó que la CNTE ya promueve su defensa, y de entrada se le recomendó no firmar de recibido dicho documento, para que no dé elementos que puedan ser utilizados en su contra.
Consideró que la Reforma Educativa ya tambalea, pues no será posible que despidan a tantos docentes que no solamente cuentan con el respaldo de las organizaciones magisteriales, sino también con el de los padres de familia.
Sobre el tema, Vela Valenzuela consideró como incongruente que los maestros se manifiesten en contra de una ley, mientras que la Secretaría tiene el deber de hacerla cumplir.
Aseguró que todavía no se ha “corrido” a nadie y están a la espera de que los docentes que no participaron en la evaluación presenten una buena justificación y así poder ayudarlos.
Mencionó que se siente totalmente orgulloso respecto a la manera en la que ha procedido como funcionario de Educación.
Por otro lado, anunció que el 15 por ciento de los maestros evaluados resultó insuficiente, pero ya se busca la forma de atender dicha debilidad.
En la protesta estuvieron también estudiantes de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, así como otras organizaciones.
www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/648917.maestros-protestan-y-encierran-a-vela.html
Padres de familia de la Escuela Primaria Bruno Martínez, decidieron cerrar el plantel, para respaldar a los maestros que serán dados de baja del sistema educativo por no evaluarse.
Alonso Hernández, vocal de la Sociedad de Padres de Familia, expuso que en la escuela hay una maestra con más de 20 años de servicio, que será dada de baja por no participar en la evaluación de desempeño.
“Es una maestra que ha formado a varias generaciones en esta tradicional institución, cuenta con el apoyo de los padres de familia debido a la calidad de su trabajo y aún así están a punto de despedirla sin ningún derecho a reclamar sus prestaciones”, expuso.
Rodolfo García, también de la Mesa Directiva de Padres, manifestó que esperan que las autoridades reconsideren la forma en la que están procediendo en contra de los maestros.
“Primero deberían evaluarse los políticos y luego proceder con los demás sectores, porque es injusto que teniendo nosotros buenos maestros, los quieran quitar mediante un método dudoso”, dijo.
En el plantel permanecieron algunos papás y mamás, que colocaron algunas pancartas al exterior, mientras mantenían las puertas cerradas de esta escuela ubicada en la esquina de Norman Fuentes y Pino Suárez, en Zona Centro.
Respaldo
Defienden a una maestra con más de 20 años de servicio, que será dada de baja por no participar en la evaluación de desempeño.
Postura
Padres de familia de la Primaria Bruno Martínez, piden que primero evalúen a los políticos y después a los demás sectores.
www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/648920.papas-tambien-cierran-escuelas.html
Miércoles, 9 de marzo de 2016
ABIGAIL SALINAS | NTRZACATECAS.COM
Zacatecas.- El secretario de Educación de Zacatecas (Seduzac), Ubaldo Ávila Ávila, declaró que no hay vuelta atrás en el despido de profesores, debido a que es lo que marca la ley.
Explicó que pese a que se les hizo la recomendación a los profesores de que cumplieran con una parte de la evaluación, no lo hicieron, por lo que ahora enfrentan las repercusiones.
Aseguró que los despidos se dieron dentro de los 10 días que otorgó la ley al área jurídica de la Seduzac, para validar las justificaciones que presentaron los maestros por su ausencia en la evaluación al desempeño docente.
El secretario lamentó que la situación afecte a padres de familia, alumnos y demás maestros que se desenvuelven en el contexto de quienes fueron cesados, y explicó que una vez que se les separó de su cargo, corresponde a cada profesor iniciar una ruta jurídica en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) o federal.
Agregó que este martes concluyó el proceso de separación de los 26 maestros que no presentaron la evaluación, que culminó su última aplicación de reprogramación en enero.
Ávila Ávila destacó que en Zacatecas ninguna autoridad tiene la capacidad de violentar la ley federal, por ello el asunto se dificulta.
“No es un tema de negociación, donde los maestros tuvieron tiempos para solventar y añadir a su expediente los argumentos para su defensa, pero por asuntos que no se dieron en términos de legalidad, hoy estamos en una ruta más crítica y compleja”, enfatizó.
Afirmó que el departamento hace lo propio, al notificar de su cese a los maestros, porque de no hacerlo, también estaría asumiendo algún tipo de responsabilidad, por lo que se procuró que el procedimiento concluyera a la brevedad.
Refirió que varios de los maestros notificados han iniciado sus trámites legales; “nunca quise llegar a este tipo de escenarios, nunca existe desde la Secretaría la visión de despedir a los maestros, pero fueron decisiones personales que tomaron de no atender el proceso evaluación”.
Recordó que la ley del Servicio Profesional Docente (SPD) estipula que la separación de los cargos de los maestros se harán sin ningún tipo de responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir, no recibirán liquidación o bonificación por el tiempo laborado; “fue una decisión del poder legislativo federal y todas las autoridades estatales estamos obligados a aplicarla”.
Por otra parte, miembros del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas (MDMZ) mantienen un plantón y una toma indefinida de las instalaciones de la Seduzac, como resistencia pacífica ante los despidos que se han dado.
Los profesores que permanecen en la toma indefinida del edificio, reiteraron que la resistencia continuará; además, se prepararán para la convocatoria que a nivel nacional hará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del paro educativo, como parte de las protestas.
http://ntrzacatecas.com/2016/03/09/despido-de-docentes-conforme-a-la-ley-seduzac/
*** Rubén y Carlos Moreira provocaron la quiebra de los hospitales de la sección.-
*** Rubén Delgadillo, cómplice del gobernador y su hermano en el saqueo.-
Saltillo, Coah.- Trabajadores de la Clínica de la 38 del SNTE paralizaron hoy sus actividades como medida de protesta para exigir a su dirigente Rubén Delgadillo que exija la devolución del dinero que pertenece a los maestros de esta sección y que se niega a entregar el gobierno de Coahuila.
Suman más de 400 los empleados de la clínica que permanecen en paro indefinido debido a que no cuentan con material médico, insumos ni medicinas para brindar la atención requerida a los agremiados a esta sección, entre los que se cuentan trabajadores de las universidades Autónoma de Coahuila y Autónoma Agraria Antonio Narro.
El movimiento inició a las 8 de la mañana de hoy. Maestros, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo el grupo que integra la planta laboral de la clínica demandaron la devolución de más de 700 millones de pesos que el gobernador Rubén Moreira y su hermano Carlos Moreira desviaron para su beneficio personal, con la complicidad del dirigente magisterial, generando la quiebra de este importante centro de salud que brindaba atención de calidad y medicamentos de patente a sus derechohabientes.
Ante el movimiento, el doctor Martín Arellano, dijo que aún se siguen realizando consultas y laborando en el área de cirugías y de urgencias, aunque se podría suspender de un momento a otro la atención en los consultorios y solo mantener laborando las áreas críticas del nosocomio.
POR FLAVIA MORALES
XALAPA, Ver. (apro-cimacnoticias-AVCNoticias).- El asesinato de Pilar es uno de los mil 214 casos de feminicidio que siguen impunes en el estado de Veracruz.
Alejandro, su entonces pareja, confesó haberla asesinado, violentado y abandonado en un sembradío. Contó a las autoridades ministeriales que había bebido y que cuando Pilar se negó a sostener un encuentro sexual, él la tomó del cuello, la tiró y la asfixió para después golpearla con una piedra y violarla.
Alejandro, de 16 años, fue consignado en septiembre de 2012 ante la autoridad, pero dos meses después se desdijo de su declaración; el juez consideró que no hubo elementos suficientes y lo liberó sin tomar en cuenta las pruebas periciales.
Su caso ha quedado impune al igual que muchos otros en los que a pesar de que el agresor es una persona cercana y conocida, la autoridad ministerial no castiga al homicida.
Danza de cifras
Las cifras de feminicidio en Veracruz, tipo penal aprobado en 2011, no son precisas, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha reconocido mil 214 casos en los últimos 15 años, pero grupos civiles revelan que la cifra real puede ser el doble.
Las estadísticas de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana (UV) señalan que al menos 100 mujeres son asesinadas cada año.
Además del creciente aumento del feminicidio en la entidad, la preocupación de las activistas es la impunidad. La propia FGE advierte que de 2000 a 2010 se cometieron 728 homicidios dolosos contra mujeres, de los que en 601 casos “no hay responsables”.
Según el diagnóstico del Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Veracruz, muchos de los casos tienen dilación en la investigación y otros están en reserva o archivados.
Otro dato es que de 2012 a 2015 se iniciaron 161 procesos por feminicidio, de los que 88 están en trámite y 73 están “determinados”, sin embargo, el Poder Judicial estatal sólo reportó siete sentencias condenatorias en un año.
El mismo estudio expone testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, según los cuales había casos (en los municipios de Coscomatepec y Nanchital) en los que el agresor confesó pero fue liberado, y además vivía en la misma localidad.
En el municipio de Maltrata, en el caso del asesinato de una mujer a manos de su esposo, los familiares reportaron nulos avances en la investigación. “Además el agente del Ministerio Público (MP) pidió a la familia que buscara a otras autoridades, para solicitar antecedentes de violencia del agresor, y cuando acudieron al DIF municipal, les pidieron cuota para ser atendidos”, señala el diagnóstico.
Protocolos deficientes
A unos meses de la solicitud de AVG para Veracruz, firmada por 12 grupos civiles, la violencia va en aumento. De enero a febrero de este año se contabilizan 28 asesinatos de mujeres, de los que 24 encuadran en el tipo penal de feminicidio.
Adriana Fuentes, abogada de Equifonía, criticó que el Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el MP para delitos de violencia de género, publicado en 2012, tiene “serias deficiencias”, debido a la falta de profesionalización de peritos y agentes ministeriales.
Aunque el protocolo señala que todas las muertes de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, aunque luego se descarte el tipo penal, el mal cuidado de la cadena de custodia y la falta de capacitación de peritos traen como consecuencia que los asesinatos no sean tipificados como tal.
“Muchas veces no hay una buena cadena de custodia, se sigue pensando que la prueba de testimonio es la que arrojará datos, cuando debe ser la prueba científica la que dé luz sobre el asesinato”, observó Fuentes.
La ley establece que el periodo de investigación debe ser de 180 días, sin embargo, si no se asegura la escena ni se hacen las valoraciones de estudio social, “si esas primeras líneas no se hacen, estás dejando que haya fuga de información, que el agresor huya y el delito no tenga castigo”, alertó la abogada.
Mensaje de impunidad
Alejandra Jiménez, de la Red Unidos por los Derechos Humanos, consideró que la impunidad en los casos envía un grave mensaje a la sociedad que permite la violencia hacia las mujeres.
“De nada sirve tener uno de los marcos más avanzados legalmente si éste no se ejerce ni se llevan a cabo las leyes que protegen a las mujeres, y lamentablemente somos el estado con mayor rezago de justicia”, explicó.
Jiménez apuntó que apenas 20% de los casos de feminicidio tienen un culpable o están consignados, lo que evidencia un esquema de impunidad grave.
Estela Casados, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), alertó que 2016 ha sido un año de “mucha violencia contra las mujeres”. Como ejemplo señaló que en enero de 2014 hubo ocho casos de feminicidio, y para enero de 2016 suman 15.
“Podemos tener una serie de declaraciones que apunten por el derecho de las mujeres y a garantizar sus vidas, pero no lo estamos viendo en los hechos; por ellos exigimos que se haga el trabajo”, advirtió.
Casados agregó que las veracruzanas están arropadas legal y constitucionalmente con varias leyes de protección, pero las autoridades “les quitan la cobija”.
http://www.proceso.com.mx/432963/en-la-impunidad-mil-214-feminicidios-en-veracruz
MARLENE LUNA
Debido a la falta de trabajo, jóvenes y hombre quienes viven en la comunidad del Pardillo Tercero salen a buscar el sustento a otras localidades.
Trabajan en la siembra de cebolla y ajo cada tercer día, por lo menos, y reciben como pago de 150 a 200 pesos, cantidad con lo que tratan de mantener a sus familias.
La mayoría de estos jóvenes no tienen trabajo y comentaron que salen desde las 3 horas del día para ahorrar tiempo y poder terminar las labores que van a emprender pues es necesario tener para comer.
Detallaron que los trabajos que realizan son temporales y que el patrón no les proporciona Seguro Social ni comisiones, mucho menos los derechos establecidos en la Ley del Trabajo.
“El trabajo no es diario y se nos paga por unas cuantas horas; vienen por nosotros cuando ocupan quién les haga trabajos en las parcelas”, comentó un habitante de la comunidad en cuestión.
Además, según comentarios de varios jornaleros, los primeros meses del año son los más difíciles porque no hay trabajo en ningún otro lugar de la región, por ello aceptan cualquier tipo de labor que le dé para comer.
Habitantes de las comunidades de Palmira, Hidalgo de Ojuelos de Santa Ana, El mezquite y otros lugares circunvecinos están bajo las mismas condiciones, por lo que entre ellos mismos se invitan a trabajar en otras actividades, como lo es desyerbar, por ejemplo.
http://ntrzacatecas.com/2016/03/09/jornaleros-buscan-comida-para-subsistir/
Cecilia Conde/AM Querétaro
Marcos Aguilar Vega, aseguró que la resolución se debió a que si se cumplía con las condiciones que pide la ley para otorgar ese cambio de uso de suelo
El ayuntamiento de Querétaro resolvió como ‘inatendible’ la acción popular interpuesta por el Comité de Vecinos Milenio III, Asociación Civil en el que solicitaba la revocación del cambio de uso de suelo del predio conocido por la fracción segunda del Casco de Carretas en la delegación Cayetano Rubio. En entrevista, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aseguró que la resolución se debió a que si se cumplía con las condiciones que pide la ley para otorgar ese cambio de uso de suelo.
“Entonces es una determinación técnica soportada, obviamente se está buscando que esto tenga el consenso de todos”, afirmó el alcalde.
En la resolución que emitió el ayuntamiento de Querétaro se determinó que: “Los hechos de acción popular interpuesta, rebasan la capacidad de ejercicio del prominente y por tal razón son inatendibles”. Esta acción popular fue impulsada el 11 de noviembre de 2015 ante el ayuntamiento de Querétaro.
El alcalde, informó que derivado de las reuniones que sostuvieron con los representantes de la empresa Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios S.A de C.V y vecinos de la zona; se determinó que la empresa que instalará un supermercado en ese predio deberá construir un vaso de agua regulador en el que se ampliará la capacidad para contener el agua en esa zona, esto lo deberán hacer antes de que inicie cualquier otra construcción. Será el próximo lunes cuando se vuelva a sostener una reunión en la que se determinará la capacidad del vaso regulador.
“Están buscando que se amplíe la capacidad del vaso de agua regulador que estaría construyendo esta empresa para darle vialidad a toda la precipitación pluvial y esto implicaría ir a un porcentaje en igualdad de condiciones al que hoy se tiene”, subrayó.
Recalcó que ese vaso de agua regulador deberá atender especificaciones de autoridades estatales y federales. Igualmente señaló que la autoridad municipal vigilará que se cumpla con esa construcción para que se le otorgue una licencia de funcionamiento.
Además en la misma sesión de Cabildo, se aprobó que la empresa Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios S.A de C.V pueda construir sobre las fracciones 1, 2 y 3 en ese predio conocido como el casco de carretas en la delegación Cayetano Rubio.
Construirán 100 kilómetros de ciclovía este año
Igualmente, en esa sesión ordinaria se aprobó el Programa Anual de Obra 2016 para el municipio, el cual contempla la inversión de mil 313 millones de pesos de recursos públicos. En ese documentos se considera construir 100 kilómetros de ciclovía este año, construcción de los centros culturales de Artes y Oficios y de cultura para la paz, la construcción de 67 arcotechos y obras para parques y jardines.
Renuevan oficiales del Registro Civil
Así mismo; el alcalde de Querétaro, refirió que los antiguos oficiales habían perdido la confianza y uno de los ahora exoficiales se negó a realizar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Recalcó que además no cumplieron con los estándares de calidad que solicita la administración municipal.
Roberto Nava Briones
Cientos de granaderos mantienen sitiada la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) debido a la manifestación que protagonizan docentes que fueron despedidos por no aprobar la recién evaluación educativa. El hecho ha provocado incertidumbre entre los empleados ya que no se descarta un enfrentamiento. Ni el frío ni la lluvia frenó la movilización de docentes –algunos de ellos miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE)- programada para este día luego de que fueron despedidos hace unos días. En consecuencia, cientos de uniformados fueron movilizados desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, lo cual ha generado incertidumbre entre los empleados de la dependencia estatal. Mientras, las actividades de la dependencia estatal están semiparalizadas debido a que los accesos a la misma son condicionados por los uniformados.
Jorge Heras, Mexicali, B.C.
El megaproyecto industrial, habitacional y comercial que tiene contemplado construir la compañía sinaloense Viz Resource Management en la zona agreste al sur de Mexicali causará contaminación y afectará a la flora y fauna que habita o transita en el lugar, advirtió Juana Aguilar González, presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena El Mayor Cucapá.
La representante de uno de los tres grupos de la etnia más representativa de Mexicali aseveró que nunca han estado de acuerdo con la edificación del megaproyecto, aunque reconoció que las 14 mil hectáreas de construcción están fuera de territorio cucapá, ya que pertenecen al ejido Heriberto Jara.
“En ningún momento estuvimos de acuerdo con que hagan algo en esa zona, pero no podemos impedir nada porque no son nuestros terrenos, pero aún así le manifestamos a Semarnat nuestra oposición al proyecto”, expresó.
El 16 de febrero pasado, la comunidad indígena El Mayor Cucapá entregó un documento a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para dar su posicionamiento sobre la construcción del EcozoneMX y solicitar que se les notifique de manera directa los avances del procedimiento de validación.
“La comunidad manifiesta su más enérgica inconformidad en contra del Proyecto Integral Ecozonemx en virtud de que con dicho proyecto se afectarían la flora y fauna de las tierras de los indígenas cucapá, deteriorándose por consecuencia las tradiciones y modo de vida de los cucapá”, señala el documento.
Juana Aguilar aseveró que una de las especies que resultarían más afectadas es el borrego cimarrón, pues consideró que el proyecto impactaría negativamente en un área de reproducción y tránsito de estos animales.
También mencionó que especies como lobos, gato montés y cuevas de murciélagos presentarían daños.
Sobre la flora, indicó que es una zona de plantas como palo fierro y gobernadora.
Una de las preocupaciones de la comunidad indígena, resaltó, es la construcción de un complejo industrial, especialmente la operación de una estación de manejo de recursos peligrosos.
Por último, una de las líderes de la etnia cucapá solicitó a la empresa, autoridades ambientales y a medios de comunicación que dejen de hacer alusión a la sierra Cucapá como parte de su proyecto, porque la construcción de lo que se pretende hacer solo se ubica en una parte de las faldas de la sierra.
http://jornadabc.mx/tijuana/09-03-2016/cucapas-insisten-en-danos-que-causaria-ecozonemx
Por Elizabeth Salander
Este sábado 5 de marzo, marcharon por las calles del centro de Guadalajara cientos de mujeres trabajadoras de la maquila, de las fábricas, de las aulas, del hogar y de la calle, por el rechazo al trabajo jerárquico, al acoso, la violencia y el feminicidio.
La iniciativa lleva 2 años en curso: salir a las calles para levantar la voz contra la violencia de género y especialmente contra las mujeres. La marcha conmemorativa del Día de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, ha sido reivindicada como una estrategia para para exigir seguridad y alto a los feminicidios, ya que hay una violencia sistemática que se ha reforzado desde 2012, cuando se registraron 154 feminicidios en el estado, desde entonces las cifras no son menores de 130 asesinatos de compañeras cada año. De acuerdo con los datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en 2015, perdieron la vida de manera violenta 150 mujeres en todo el estado, 62 asesinatos ocurrieron del 20 de agosto de 2015 al 3 de febrero de 2016.
Bajo este clima, las colectivas como Calle sin acoso, Cuerpos parlantes, Dedesser, Cladem Femibici y Batukada Feminista, han denunciado las desapariciones, el acoso, la violencia en las calles, la casa y lugares de trabajo y los asesinatos de compañeras, por lo que, han exigido la activación de la Alerta de Género en el estado de Jalisco. No obstante, quienes han llevado la negociación a nivel gubernamental han sido «expertos» e instituciones en lo que se denominó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), dependiente del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CAPAEVIM).
La Alerta de Violencia Contra las Mujeres para Jalisco fue emitida el 8 de febrero de 2016, para los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. El paquete de medidas de seguridad consta de 15 acciones concretas, con un presupuesto etiquetado por 25.6 millones de pesos. Entre las acciones de urgente aplicación está la implementación del Protocolo Alba que consiste en crear una unidad de reacción y búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, fortalecer la vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo y la generación de un área especializada en el teléfono 066.
Luego de un mes de la emisión de la Alerta, las reacciones y situación de las mujeres ha sido adversa, pues «con esta alerta al parecer nos quieren dar un mensaje de que nos van a cuidar y de que somos el corazón de los hogares, pero no somos el corazón de nadie, ni pertenecemos a los hogares, somos personas y somos mujeres que nos organizamos, por eso el hashtag es #YoVoy8DeMarzo #NosotrasPorNosotras, nos explicó Citlali en entrevista para SubVersiones Gdl. Los mensajes del gobierno estatal mantienen un lenguaje en el que se sigue tratando a las mujeres como «nuestras» mujeres y «las vamos a cuidar», que denota el paternalismo y machismo mexicano.
Por estás razones, la marcha de este 5 de marzo no fue sólo una conmemoración, sino una reformulación del mensaje estatal, bajo las consignas «¡Va a caer, va a caer, el machismo va a caer!» «¡No necesitamos un estado paternalista!» «¡No necesitamos que nos cuiden, nos tutelen, nos sigan viendo como víctimas!». Reclamos que se suman al enfado y desesperación nacional por el genocidio y desaparición de nuestra gente, así que se sumaron a la marcha familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidas gritando «¡Justicia para Betzabé!» «¡Justicia para Imelda!» «¡Justicia para Gaby!» «¡No son muertas, son asesinadas!» «¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!».
Esta marcha, acompañada con tambores reciclados, cazuelas, mantas, carteles, disfraces, mariposas y un color morado que sobresalía en los atuendos femeninos, fue recibida con ojos y oídos atentos, los turistas y peatones que transitaban por la avenida Juárez se detuvieron con asombro para escuchar las consignas, leer las pancartas y mirar la rabia de nuestras compañeras. Al llegar al Parque Revolución, el contingente realizó un pequeño mitin en el que se expusieron datos sobre las víctimas de feminicidio, sobre la Alerta de Violencia contra las Mujeres y el Protocolo Alba, así como una mención sobre el asesinato de Berta Cáceres defensora del territorio y la vida en las comunidades indígenas de Honduras.
Las palabras finales, emotivas y llenas de coraje, nos recuerdan que la recuperación de nuestras corporalidades, nuestras mentes y nuestras afectividades son un trabajo colectivo en el que organizadas podemos seguir luchando. Nosotras por nosotras, con el apoyo y la solidaridad para lxs familiares de las víctimas y desaparecidxs se refrenda un compromiso por mantenernos juntas, porque no estamos solas y ¡vivas nos queremos!
Edgar Cazares
Manzanillo.- En la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, uno de los principales argumentos para la instalación de la planta regasificadora en el puerto de Manzanillo fue que esto permitiría que la Termoeléctrica migrara de combustóleo a gas natural y así se eliminaría la contaminación en el puerto, pero esto ya quedó en el pasado y en letra muerta.
Y es que los altos precios del gas natural licuado han obligado a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de usar el gas natural y vuelva al contaminante combustóleo.
En entrevista con AFmedios el secretario de Fomento Económico de Gobierno del Estado, Carlos Domínguez Ahedo, explicó que la compra y traslado de gas hacia dicho complejo ha planteado muchas dificultades entre ellas su costo excesivo.
Informó que el precio del gas en el pacífico mexicano ronda los 20 dólares por Unidades Térmicas Británicas (BTU por sus siglas en inglés); esta puede ser traída por buque aunque su precio es un tanto inaccesible según las autoridades; otra forma es acceder al suministro es recurriendo al mercado en el norte del país, donde el precio del gas ronda los 4 dólares pero la inexistencia de un gasoducto hace imposible aspirar a dicha opción.
Mientras tanto la mancha contaminante que sale de la termoeléctrica ubicada en la comunidad de Campos ha vuelto a ser una postal permanente del puerto colimense, debido a que dicho complejo volvió al combustóleo en lugar de gas natural, cuyo manejo había reflejado en años recientes una reducción drástica de las emisiones contaminantes.
Dominguez Ahedo señaló que la corrección de este asunto corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por lo que buscará un acercamiento con la paraestatal para analizar opciones, buscando no sólo resolver el aspecto energético sino de evitar el impacto ecológico que esta dificultad ha provocado aparentemente sobre la zona.
Dijo que que un punto de avance es que la planta ya tiene el mecanismo –a través de un mecanismo de repotencialización- para disminuir los índices de emisiones contaminantes, para lo cual en su momento la federación destinó fuertes inversiones.
En agosto del 2013, las autoridades federales inauguraron la primera etapa de la repotencialización de la termoeléctrica de Manzanillo lo que suponía que este complejo dejara de usar combustóleo para operar y por ende reducir las emisiones contaminantes.
En ese mismo proyecto se contempló la habilitación de seis hornos, de los cuales tres usarán gas natural para la generación de energía, mediante ciclo combinado, obra que implicó una inversión de 982 millones de dólares.
Morelia, Mich., a 08 de marzo de 2016.- El nuevo secretario General de la Sección XVIII del SNTE-CNTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado, dio a conocer el plan de acción emergente que la CNTE ha acordado “en defensa de los 114 compañeros cesados en el país”.
De acuerdo con la CNTE, son 114 maestros los que han sido cesados por no presentarse a ninguna de las etapas de la evaluación magisterial nacional y no 3 mil 360 como dio a conocer la SEP.
De acuerdo con la Coordinadora, los datos presentados por las dirigencias de las diferentes secciones de la CNTE en la pasada Asamblea Nacional Representativa relatan otra realidad. “Estuvimos reunidos los integrantes de las 22 secciones de la CNTE en el país el pasado sábado, 5 de marzo, y se dieron los números reales, sólo son cuatro estados afectados, los compañeros de Tlaxcala con 70 casos, Tabasco con 39, Campeche con 4 y en la Comarca Lagunera sólo se registra un cesado, lo que da un total de 114 casos, cifra muy diferente a la dada a conocer por las autoridades”, informó Víctor Manuel Zavala.
El dirigente de la CNTE en Michoacán señaló que hay otros 300 maestros que han sido notificados para que justifiquen su falta a la evaluación, a quienes se les dieron 10 días para aclarar la situación.
“Es un trato inhumano el que le están dando a los compañeros que no fueron a evaluarse o que no fueron aprobados, pues el cese lo están dejando sin liquidación”, dijo Zavala Hurtado.
Por esto, la CNTE organizó un “plan de acción emergente para defender a los compañeros que se encuentran en dicha situación”
Las acciones iniciarán el miércoles 9 de marzo con la visita a los medios de comunicación por la mañana y marchas masivas en las 22 regiones del estado por la tarde; el jueves habrá una marcha estatal masiva que partirá de Casa de Gobierno en punto de las 10:00 horas rumbo a Palacio de Gobierno; y el viernes los integrantes de la Coordinadora participarán en una marcha nacional con el resto de la secciones de país, misma que partirá del Auditorio Nacional a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.
Sobre la postura a la segunda oportunidad que la autoridad está dando a Michoacán para evaluarse, Zavala Hurtado señaló que al no reconocer la Reforma Educativa tampoco se reconoce la evaluación, en ninguna de sus facetas, por lo que se revisará la forma en la que el magisterio manifestará su rechazo a la misma. “No permitiremos que nos quiten el trabajo, están planteando notificarlos en marzo y evaluarlos en abril, pero no pasará”, aseveró el dirigente estatal de la CNTE.
08/03/15. Se manifiestan vecinos exigiendo servicios básicos y contra cobros excesivos
AM Querétaro
Esmeralda Trueba/AM Querétaro
Ante estas necesidades de servicios básicos, los vecinos solicitaron que ya se inauguren estas obras, además de que se respeten los descuentos que ya se habían pactado con las autoridades anteriores
Habitantes de las colonias Fuentes de San Pablo y Colinas de San Pablo del municipio de Querétaro, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, solicitando respuesta a sus necesidades de servicios básicos; ya que demandaron que desde hace dos años que se terminó la obra de drenaje, no les han dado el servicio; así lo informó, Agustín Suárez, presidente de la asociación de colonos.
Y es que señaló, para el caso del suministro de agua, les están cobrando 26 mil pesos por cada contrato doméstico.
“Estamos esperando una respuesta para la solución del servicio del agua y el drenaje, no nos han dado respuesta; ya van dos años que se terminó la obra, ya no hay nada pendiente por hacer, e inclusive en la CEA ya tiene los expedientes de la mayoría de los vecinos para hacer su contratación, pero para nosotros se nos hace excesivo el cobro que nos están haciendo de 26 mil pesos. Hay familias de bajos recursos que no pueden hacer ese pago”, aseveró.
Ante estas necesidades de servicios básicos, los vecinos solicitaron que ya se inauguren estas obras, además de que se respeten los descuentos que ya se habían pactado con las autoridades anteriores.
“No estamos negados a pagar. Anteriormente habíamos pactado un descuento con la administración anterior que era el programas ‘Soluciones’ de un 50 por ciento y ahora ya no están respetando ese acuerdo del descuento”, informó el presidente de colonos.
Actualmente ambas colonias cuentan con cuatro hidrantes para abastecer de este servicio a 300 familias de una colonia y 500 de otra, por ello la importancia de inaugurar estas obras para el abastecimiento de los servicios, ya que aseguraron; esto ha detenido el desarrollo de urbanización de ambas colonias.
Así mismo, el señor Agustín Suarez, informó, que ya hubo un acercamiento con las autoridades de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), mismas que desconocían el caso y se comprometieron a reunirse con los vecinos, pero a la fecha no lo han hecho. Para el caso de las autoridades del municipio, al momento siguen sin dar una respuesta a los documentos que se les han presentado.
amqueretaro.com/queretaro/2016/03/08/se-manifiestan-para-pedir-servicios
Redacción
Revolución Tres Punto Cero
Dentro del marco del día internacional de la mujer, en el estado de Morelos se han cometido 37 feminicidios, dijo Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
El 10 de agosto de 2015 se emitió el Decreto de Alerta de Violencia de Género para ocho municipios. Para solicitar el decreto, esa asociación civil documentó 530 feminicidios de 2000 a 2013, pero desde este último año a la fecha, en lo que va del sexenio de Graco Ramírez, se han comedido 121 asesinatos de mujeres.
191 feminicidios se han contabilizado en los tres primeros años del gobierno de Graco Ramírez, los “niveles más altos de violencia” contra las mujeres en la historia del estado, “si se comparan con las 495 agresiones de ese tipo documentadas en los dos sexenios anteriores”, señala un estudio de laCIDHM.
“Cuando solicitamos la Alerta el documento de Investigación habla de 530 casos, estos documentados del 2000 al 2013, pero después de ahí la cifra en lugar de disminuir ha ido creciendo en algunos puntos, en algunos municipios”, explicó.
“En otros incluso el número (de feminicidios), que no se presentaba, también está empezando a presentarse, más allá de los ocho municipios (de la alerta), por supuesto, y creemos que tiene que ver con la falta de atención en materia de procuración de justicia, en materia de campañas de prevención, de información”.
Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos este incremento en los casos de feminicidio se debe a que el Gobierno de Graco Ramírez no ha cumplido con las acciones inherentes a la emisión de la alerta.
“En el último informe que presentamos a partir de los seis meses en la investigación puntualmente les decimos lo que recomienda la alerta, lo que recomienda como medidas de emergencia y lo que han hecho y lo que no han hecho”, afirmó.
“En lo que han hecho en realidad han sido programas a futuro y lo que no han hecho es una aplicación de emergencia”.
revoluciontrespuntocero.com/pese-a-alerta-de-genero-morelos-suma-530-feminicidios-de-2000-a-2013/
Dirce Navarrete
En el marco de la conmemoración combativa del día internacional de las mujeres, este 5 de marzo del 2016, diversas organizaciones realizaron una jornada de actividades para seguir denunciando la violencia feminicida que se vive en la entidad más peligrosa para ser mujer en nuestro país: el Estado de México.
Estamos generando este movimiento dentro de la periferia urbana. Salimos a gritar, a marchar y prestar nuestro rostro indignado a las mujeres que la violencia machista les ha desdibujado, a las que su cuerpo les han mutilado, a quienes han embolsado y arrojado al bordo, a quienes las han baleado a plena luz del día y que se les ha aniquilado, ahí junto a un Estado omiso y una sociedad indolente en su silencio. Por eso salimos hoy a las calles para recuperar nuestra dignidad.
A la una de la tarde, el metro Ciudad Azteca fue el punto de reunión de muchas mujeres que con ruidos de silbatos, consignas y canciones feministas —y a pesar del inmediato cerco policial— emprendieron la acción ¡Silba, grita y organiza! en Ecatepec, municipio en el que, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2012 y 2015 se han registrado 183 feminicidios y 400 mujeres han sido desaparecidas; lo cual representa el 25% a nivel estatal.
La actividad se realizó desde la estación Ciudad Azteca hasta Pantitlán, abordando las líneas B y 5 del metro. Ante la mirada desconcertante de mujeres y hombres que transitaban por éstas, las colectivas feministas compartieron silbatos para la autodefensa, datos, información y cantos con un mensaje contundente:
No vamos a esperar una vez más a que vengan a «salvarnos» aquellas instituciones que son las mismas que reproducen y legitiman la violencia machista, ¡lo vamos a hacer nosotras! Llamamos a la organización y a la autodefensa. Apostamos e invitamos al «si te defiendes nos defiendes a todas», asumiendo que esto sólo será eficaz cuando luchemos por la vida a nivel colectivo. Nuestra principal estrategia es encontrarnos, aprender a reconocer en las otras posibles aliadas. Si la violencia es sistemática, nuestra organización también debe serlo.
Los bailes no se hicieron esperar, la alegría parecía desbordar y las complicidades feministas que se empezaron a formar cantaron cada vez más fuerte y con menos miedo. Con tonos típicos de los pregones vagoneros, las participantes buscaron cuestionar aquellos mitos que justifican la violencia y culpabilizan a las mujeres de la violencia que viven: «Que no le digan, que no le cuenten que sólo somo 43, somos muchas más las asesinadas y desaparecidas todos los días», «que no le digan que no le cuenten que los cuatro asesinatos a la semana de mujeres en el Estado de México son casos aislados», «que no le digan, que no le cuenten que los piropos son algo que debemos admirar». Y sobre todo, buscaron dejar en claro que entre mujeres se pueden organizar para defenderse entre todas, en manada.
Señora ama de casa, mujer trabajadora, joven, niña: el día de hoy le venimos manejando el silbato para la autodefensa colectiva. Porque estamos hartas de tanta violencia. Porque estamos cansadas de que nos digan que no pasa nada. Porque ya no vamos a seguir soportando la violencia contra nosotras. Esta vez, ¡nos vamos a defender! Si te agrede ¡silba ya! Si te persigue ¡silba ya! Si te acosa ¡silba ya! Si escuchas el silbido, todas respondemos. Y nos organizamos, así nos defendemos.
El contingente crecía, la rabia se esparcía. Cerca de las 3 de la tarde, el contingente llegó al palacio municipal de Nezahualcóyotl, otro de los municipios donde la Alerta de Género solamente ha tenido un uso político para acallar a las organizaciones internacionales y nacionales que colocaban al Estado de México en el centro de la discusión, pero donde el fenómeno de estas formas de violencia hacia las mujeres continúa.
En este lugar se realizó un performance cuyo objetivo fue abordar los feminicidios que ocurren en el seno familiar, donde parejas y ex-parejas hombres asesinan a las mujeres por «celos» o por «infidelidades» y continuamente se encubren estos feminicidios con el nombre de «crímenes pasionales». Con esta actividad se dio inicio a la caminata por las principales avenidas del municipio, tomando aquellas calles consideradas de mayor peligro para las mujeres de este lugar. Las consignas interpelaban a las y los vecinos, quienes por las ventanas observaban acciones que casi nunca se ven allí. Las mujeres empapelaron, pintaron y dibujaron siluetas en la calle, en las bardas, en los postes; todo anunciaba la llegada de una fuerza feminista que con rabia pero con alegría gritaba: ¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!
Estamos furiosas contra una sociedad que nos ha educado ser para otros antes de ser para nosotras mismas, una sociedad indolente y cómplice con su silencio; estamos rabiosas contra una sociedad que no nos ha enseñado a defendernos cuando nos están agrediendo; estamos indignadas porque esa misma sociedad nos ha inculcado la idea de que si nos golpean, violan o asesinan, siempre será nuestra culpa. Reconocemos que somos las únicas capaces de terminar con este ciclo de violencia hacia nosotras. Ante un Estado criminal y omiso, nuestra rabia, nuestra alegría y la organización es la esperanza.
La conmoción empezó a aumentar cuando el sendero se volvía cada vez más desolado: se acercaban al canal de aguas negras llamado el Bordo de Xochiaca. En la frontera entre Neza y Chimalhuacán, Irinea Buendía —activista que ha logrado llevar a la Suprema Corte de Justicia el caso de su hija, quien fue asesinada por un policía judicial del Estado de México— mujer guerrera que representa esperanza y lucha, recibió con emoción al contingente que había llenado por aproximadamente dos horas de ruido feminista esa zona inundada de un silencio criminal y cómplice, tanto del gobierno como de la sociedad en general.
Nos hemos unido todas y todos, hemos unido nuestras voces, unimos nuestros esfuerzos en una resistencia para parar los crímenes que se están cometiendo contra nosotras. No aceptamos, no toleramos que nos sigan matando, desapareciendo, violando y torturando. Todas y todos nos movilizamos para parar la violencia sistemática en contra de nosotras, la mitad de la humanidad. Convocamos a todas y todos a crear una comunidad de apoyo y solidaridad mutua, a crear un ambiente combativo y de esperanza.
Con lágrimas en los ojos, con rabia compartida, pero con un ánimo de sororidad que inundó el desolado lugar, pisando el mismo suelo que pisaron por última vez miles de nuestras hermanas, inició el performance Rostros de Fuego: del Bordo a la esperanza. El corazón se sentía encendido como las antorchas que, simulando la figura de una ave, acompañaban los pasos y las voces de las madres, las hermanas, las hijas, las amigas de víctimas de feminicidios en el Estado de México, quienes una a una compartieron sus historias, dándoles rostro y voz a aquellas mujeres que callaron pero que jamás podrán hacernos olvidar.
Soy Karina. Tan solo tenía 13 años de edad cuando me violaron. Mi agresor me amenazó para que no denunciara y aún así lo hice. Los policías jamás levantaron la acusación y meses después la amenaza se cumplió: abusaron sexualmente de mí nuevamente y fui asesinada en un lote baldío, me dejaron tirada, mi cuerpo presentó golpes, tortura y rocazos en la cabeza. Mi familia sigue buscando justicia.
Desde la voz cortada pero fuerte, cada historia resonó en el eco del Bordo de Xochiaca. Simulando el vuelo de un pájaro, cada una de las mujeres levantó el ánimo, gritó la rabia, cantó la lucha y bailó la vida. Se sumaron las voces, llegaron los abrazos y se prosiguió al cierre de la jornada con el levantamiento de una cruz rosa de más de tres metros para no olvidar que «nos están matando, pero sobre todo, que nos estamos organizando y no pararemos de exigir justicia».
Acá en este bordo, desde la orilla pedimos justicia por las tantas mujeres víctimas de feminicidios, las que han sido arrojadas al bordo, a la orilla, a las profundidades de las injusticias que tienen rostro de mujeres que no importan, sumergidas en el abismo de la impunidad. Desde nosotras, las que ya no queremos la violencia como destino, surgimos desde lo negado, desde las cenizas, surgir desde el fuego y dar rostro a la esperanza.
En este municipio mexiquense lleno de sombras, murmullos, gritos silenciados y miradas arrebatadas o impuestas, acá en este bordo de aguas negras donde han arrojado a tantas mujeres, en este el llamado Bordo de Xochiaca, donde la muerte se respira, se siente, estas mujeres nos reiteraron que la violencia contra las mujeres no es un tema de unas cuantas, sino que nos compete a todas y todos:
Que lo que se esparza no sean las cenizas de nuestros cuerpos, sino la indignación por estos hechos. Que lo que nos caracterice como mujeres no sean los asesinatos contra nosotras, sino la acción conjunta. Porque otros mundos ya son posibles, nosotras apostamos por la vida, la autodefensa colectiva, el acompañamiento y la justicia al grito de: ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!
Organizaciones convocantes: Red Denuncia Feminicidios Estado de México, Las Enredadas, Movimiento Popular Revolucionario, CECOS Neza, Madres de Víctimas de Feminicidio en el Estado de México, Voces de Lilith, Nido de Luciérnagas, Mujeres en el Oriente, Giia Red, Hilanderas.
Paco Dorado
Estado de México, 08 de marzo de 2016.- El pasado y en el marco rumbo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Red Denuncia Feminicidios Estado de México convocó a una movilización para exigir un alto a los femimicidios en el Estado de México.
Fue así que mujeres de diversos colectivas del Estado de México marcharon por las calles pidiendo frenar la violencia hacia las mujeres, viajaron por el sistema de transporte público desde Ecatepec regalando silbatos y haciendo un llamado a la autodefensa feminista y a la organización ciudadana; caminaron por avenidas principales de Nezahualcóyotl convocando a la unidad de la lucha por sus derechos, se manifestaron artísticamente con el performance “Rostros de fuego, del bordo a la esperanza” a las orillas del Bordo de Xochiaca, en Chimalhuacán, con la participación de Norma Andrade e Irinea Buendía, dos de las madres más emblemáticas en la lucha por la justicia y los Derechos Humanos ante los asesinatos impunes de sus hijas.
Así pues, en el Canal de la Compañía visibilizaron, denunciaron y evidenciaron todas las colectivas juntas, la forma en que son tratadas las mujeres, la impunidad y la omisión con que son perpetrados los feminicidios con la complicidad y omisión por parte de las autoridades de la demarcación; con la indiferencia de una sociedad muda y apática.
Después del mediodía, Las Enredadas, colectiva del Municipio de Ecatepec comienza a tender sus redes, se escuchan los silbatos y su propuesta de autodefensa solidaria feminista. “Si te defiendes, nos defiendes a todas”, claman mientras se escuchan sus silbatos en señal del inicio de lucha combativa por su derecho de caminar libres y sin miedo por las calles; del precepto de su autodefensa solidaria, “cada vez que te sientas en peligro has escuchar el silbato, si lo escuchas reacciona, combate, defiende”.
Así van enredando lazos de solidaridad, de información, de concientización con otras mujeres, del metro Ciudad Azteca a Oceanía, de Oceanía a Pantitlán. Llegan al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, ahí, enfrente se encuentran con otras dos colectivas, CECOS de Nezahualcóyotl y Las Voces de Lilith, quienes se hacen escuchar.
Todas juntas caminan por la avenida Chimalhuacán, son cerca de cien mujeres en su mayoría, gritan consignas, “fue un macho patriarcal, no un crimen pasional!”, exigen la aplicación de la Alerta de Violencia de Género, que a más de 7 meses de ser decretada aún no se han aplicado políticas públicas, e incluso los mexiquenses desconocen su contenido, su forma de acción; durante este tiempo, se han consumado más de 73 feminicidios, de acuerdo a la investigación hemerográfica que la Red Denuncia Feminicidios Estado de México ha realizado.
Empieza el ocaso y ya todas juntas, justo a las orillas del Bordo de Xochiaca, en Cimalhuacán, en el canal que ha servido como tiradero de mujeres, después de haber sido violadas y brutalmente asesinadas; piden, exigen justicia por las mujeres víctimas de feminicidio, para quienes la violencia machista “les ha desdibujado el rostro, les ha arrebatado la esperanza, para las que han sido arrojadas a estas aguas podridas de inmundicia, a las profundidades de la injusticia, en un abismo de impunidad y omisión”, como bien lo mencionan en su Pronunciamiento político.
Con la puesta del sol inician una torpe danza, ya estamos dentro del performance “Rostros de fuego, del bordo a la esperanza”, son alrededor de treinta mujeres vestidas con harapos color rojo, naranja y amarillos, los colores del sol; se mueven de un lado a otro, en su rostro se deja ver la desesperación, la desesperanza, el caos, mientras se escuchan murmullos inteligibles, mismos que se pierden con gritos que claman auxilio, “¡me van a matar!”, se escucha.
Es Irinea Buendía quien pide ayuda, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio y que gracias su seguimiento en el proceso legal y las inconsistencias en la investigación, logró llevar a la Suprema Corte el caso, y ahí ordenaron se reabriera y se procesara con la tipificación de feminicidio, pues este se había cerrado porque lo habían juzgado como suicidio, mientras el presunto feminicida aún sigue libre.
Una a una hablan de una mujer a quien le están prestando el rostro, las manos, la voz; una joven, una niña, una madre, una hermana, una hija, todas y cada una de las historias tienen en común la impunidad y el desentendimiento de las autoridades, la indiferencia y el sojuzgamiento de la sociedad en contra de las víctimas, en contra de las mujeres.
Las últimas en exponer su historia son Norma Andrade y Jade, madre e hija respectivamente de Alejandra García, asesinada, violentada sexualmente y abandonado su cuerpo en un lote baldío de Ciudad Juárez. Al escuchar de la voz de Jade, la historia de su mamá, lo menos que uno hace es sollozar esperando que el corazón no se le salga del pecho.
Con la lucha de Norma despertó la conciencia y la solidaridad de lucha por los feminicidios en Ciudad Juárez y a nivel mundial se escuchó el clamor por traer a “Nuestras hijas de regreso a casa”; mientras escuchamos del pronunciamiento de las organizaciones convocadas “No nos cansaremos de buscarlas, no nos cansaremos de exigir justicia, no nos intimidaremos frente amenazas y ataques de cualquier nivel de autoridad”, y con Norma ahí cobra sentido, después de haber sufrido dos atentados contra su vida.
Ahora las alrededor de treinta mujeres han formando un par de aves paralelas al fuego de las antorchas que desde el inicio contemplamos expectantes, mueven los brazos en signo de vuelo, pareciera que en cualquier momento las veremos suspendidas en lo alto, el sol antes de ocultarse les regala esos últimos rayos que aquietan el alma, los colores de sus vestidos parecen brillar, es ese efecto que da el ocaso, o es la rabia e indignación que se ha convertido en esperanza, en fuerza de lucha combativa.
Porque ellas mismas lo han dicho: “¡No olvidamos y no perdonamos! Nuestra principal estrategia es encontrarnos, aprender a reconocer en las otras posibles aliadas. Si la violencia es sistemática, nuestra organización también debe serlo.”
Ha terminado el acto político, han colocado una cruz rosa erguida de 5 metros de largo aquí, a las orillas del canal, en señal de que en Chimalhuacán, en el Estado de México, en todo el país, los feminicidios no se olvidarán, a pesar de ser este uno de los municipios más pobres del Estado de México, con 67,2% de la población viviendo en pobreza de acuerdo a datos oficiales y con un rezago de por lo menos 20 años. Tendremos que empezar recuperando la dignidad y la esperanza que surgen de indignación, de la rabia y el amor mismo.
http://www.somoselmedio.org/article/rostros-de-fuego-del-bordo-la-esperanza
Gisela Martínez
(Valle de Bravo, Estado de México).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó la destrucción de ruinas arqueológicas en Valle de Bravo, municipio del Estado de México, para la construcción de un centro comercial nombrado “Plaza Comercial Patio Valle”.
Este proyecto tendrá una Bodega Aurrerá, cines, área de comida, locales comerciales, estacionamiento y áreas verdes en una superficie de 17,355.32 m2 (17km2, superficie equivalente al municipio mexiquense de Melchor Ocampo), según lo asienta la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del 3 de diciembre de 2013, otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, a través de la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental.
Plano del proyecto “Plaza Comercial Patio Valle”. Mapa elaborado por PODER con información del archivo técnico del INAH.
Las estructuras rescatadas servirán para decorar los jardines del centro comercial, el resto serán enterradas para “su mejor preservación”, señala el INAH en su oficio de liberación del 18 de diciembre de 2015, 401.B(4)77.2015/3062 sobre el predio “Casa de Ídolos”:
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“El grupo de estructuras descubiertas deberán ser restauradas para que sean expuestas a la vista pública dentro de las áreas comunes de la Plaza Comercial Valle de Bravo. Las otras estructuras deberán ser enterradas para su mejor preservación”..
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Quien está a cargo de este proyecto es “Desarrollo de Las Monjas Valle de Bravo, S.A. de C.V.”, empresa constituida el 21 de junio de 2006 según la escritura pública 16056, firmada por el notario publico 99, Lic. Juan José Ruíz Ortega.
Esta empresa es propiedad de Alejandro Joaquín Martí García (o sea Alejandro Martí, sí, el de los deportes Martí) y Alejandro Aboumrad Gabriel –presidente de Grupo Proa, empresa parte de Grupo Carso, quien ha sido consejero de este corporativo por 24 años-[1].
Predio “Casa de Ídolos”. Foto: Erika Lozano @Kururh
Pero también hay otros nombres y empresas involucradas. Entre las contratistas para la construcción están CUMHISA, S.A. de C.V., el Consorcio de Ingenieros y Mexico Retail Properties Fund I, S. de R.L. de C.V. (MRP)[2], esta última constituida en 2003 por Jerónimo Marcos Gerard Rivero –hermano de Ana Paula Gerard y cuñado de Carlos Salinas de Gortari—y John A. Blumberg.
La empresa CUMHISA es filial del fondo de inversión inmobiliario Black Creek Group, desarrolla y opera centros comerciales en el país, al estilo “big-box” de Estados Unidos, en ellos se instalan franquicias de Walmart, Home Depot o Costco, entre otros, como ya ha reportado la Revista Proceso, donde también da cuenta de los vínculos de las filiales de Black Creek Group con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
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Video por @Kururh:
RESPONSABILIDAD DEL INAH
La autorización de la MIA ordena a la empresa suspender los trabajos de desplante y construcción del centro comercial si encuentran material arqueológico o restos óseos en las etapas señaladas, de acorde a lo que ordena el artículo 29 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH):
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“Quien encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de las 24 horas siguientes, para que éste determine lo que corresponda”.
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La misma Ley Federal en su artículo 52 establece sanciones con multas y cárcel de tres a diez años a quien “por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico”.
Pero el INAH actuó tarde: en enero de 2014 entró “maquinaria pesada a destruir la parte superior de las estructuras que guardaban los montículos que resguardaban el cementerio sagrado de tiempos prehispánicos; fue cometido un grave delito federal contra Patrimonio Nacional”, denunciaron vecinos agrupados en el colectivo “Patrimonio Valle de Bravo”. Esto fue corroborado por el propio INAH en el informe técnico de septiembre de 2015: “el Rescate Arqueológico “Casa de Ídolos” se inicia por la afectación que hubo en el predio debido a que la superficie original del terreno había sido alterada por el despalme, lo cual anunciaba la destrucción de patrimonio arqueológico[3]”.
Aunque es algo que el representante legal de Desarrollo de las Monjas, Adalberto Arellano, niega. En entrevista para Méxicoleaks, Arellano señala:
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“No sabíamos que el predio no estaba liberado hasta que el INAH nos hizo ver que el predio no había pasado por el proceso de liberación, se detuvieron los procesos y empezamos el procedimiento”.
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A lo anterior se debe sumar que el proceso para construir el centro comercial ha tenido varias irregularidades. Si bien el 18 de diciembre de 2012, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, a través de la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, autorizó la MIA, lo hizo de manera condicionada, con base en la liberación que el INAH realizó el 22 de mayo de 2011. Sin embargo es un equívoco, pues el dictamen del INAH hace referencia al predio “Las Monjas”, también propiedad de la misma empresa y que para entonces fusionó, pues ambos predios –Casa de Ídolos y Las Monjas- son colindantes[4].
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Foto: @droncita
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¿QUÉ DESTRUYEN? UN LUGAR COMO TEOTIHUACÁN
La historia de este Pueblo Mágico inicia antes del Festival de Avándaro (el Woodstock mexicano); mucho antes de que el gobierno mexicano inundara el valle agrícola con la presa “Valle de Bravo” y dejara al descubierto sólo las laderas montañosas; incluso, la memoria de este lugar se remonta a siglos atrás de la construcción de las haciendas y catedrales coloniales.
Valle (como popularmente se le nombra) estuvo habitado por la cultura matlatzinca, entre el 300 al 650 d.N.E. Fue una cultura relacionada con los teotihuacanos y tarascos. Construyeron un importante centro ceremonial. De acuerdo a los informes técnicos que el INAH ha elaborado en los diversos proyectos de salvamento, el sitio arqueológico contaba con estructuras análogas a las presentadas por las altas culturas mesoamericanas[5].
Ilustración tomada de “Problemática y propuestas de protección para la zona arqueológica La Peña, Valle de Bravo, Callejas y otros, 2014”
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Cuando los matlatzincas abandonaron este centro-urbano, fue reutilizado en el postclásico tardío como un cementerio ritual por peregrinos provenientes del sur del Nevado de Toluca, la importancia fue tal que crearon una cerámica funeraria exclusiva[6].
Las primeras exploraciones tienen registro en 1939 a cargo de la arqueóloga Florencia Müller; no se conservan registros sino de las de 1972 a cargo del arqueólogo Manfred Reinhold, quien abandonó intempestivamente su trabajo por “órdenes superiores”, según un relato que el INAH recoge en el mismo documento.
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LA CONSTANTE OMISIÓN DEL INAH
Para los arqueólogos responsables del rescate, el auge de Valle de Bravo como sitio de descanso provocó que se construyeran residencias y fraccionamientos sobre la zona arqueológica de forma irregular, sin mediar trabajos de exploración profundos. Se trata de una zona poco investigada y conocida de Mesoamérica[7].
En los años 80 se desarrolló un fuerte periodo de saqueos de los que el Custodio residente (persona designada por el INAH para velar en la zona) dio cuenta de manera insistente al Instituto, sin que hubieran otro tipo de acciones de protección o de investigación, salvo la delimitación del sitio que fue efectuada por el arqueólogo Morrison Limon Boyce. Esto da cuenta el informe de Rescate Arqueológico “Casa de Ídolos” Zona Arqueológica La Peña, Valle de Bravo, Estado de México.
Los arqueólogos narran que en este mismo periodo corresponde una serie de liberaciones del INAH que fueron otorgadas de manera irregular (porque no se hacían trabajos previos de rescate) por lo que el lado sureste de La Peña, que también contenía importantes vestigios arqueológicos, se perdió totalmente[8].
Fue hasta 1984 que el INAH declaró un polígono de protección para investigar y proteger al sitio arqueológico, se le nombró “La Peña” por el emblemático risco, pero abarca en total 30 hectáreas con diversos conjuntos arquitectónicos, entre ellos “Las Monjas”, “La Cruz”, “La Palma” y “Casa de Ídolos”, por señalar algunos.
Predios en que fue dividida la poligonal de protección. Mapa elaborado por PODER con información del archivo técnico del INAH.
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Pero esta declaratoria llegó tarde no sólo por los saqueos. En la década de los 40, Valle fue inundado por la construcción de la presa “Valle de Bravo”, de esa inundación se formó el lago artificial representativo del lugar, con ello parte de la zona arqueológica quedó bajo agua al igual que las tierras de cultivo de los pobladores, lo que provocó un conflicto social.
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Foto: @droncita
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En 1986 el Consejo de Bienes Comunales de Valle de Bravo ganó un amparo por el derecho a poseer las tierras del paraje de “La Peña”. Con ello demostraron ser los legítimos propietarios de estos terrenos, dado que los terrenos agrícolas del antiguo valle fueron expropiados y los comuneros tuvieron que ocupar las laderas.
La reforma constitucional al artículo 27, realizada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, permitió que la propiedad comunal pudiera ser vendida. “Amplias zonas comunales pasaron al mercado de la oferta y la demanda. Este es el caso de “La Peña” en Valle de Bravo, donde se encuentran asentamientos prehispánicos”, según documentaron en su informe técnico de 1997 los propios arqueólogos del INAH[9].
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LOS PREDIOS DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA
La declaración del polígono de protección impedía que dentro de esas hectáreas se construyera o se realizará actividades agrícolas para no dañar los vestigios arqueológicos, aunque algunas eran tierras comunales; en la práctica eso no impidió que se construyeran residencias de descanso.
En entrevista para la alianza Méxicoleaks, José Hernández Rivero –arqueólogo responsable de los trabajos de investigación y salvamento en La Peña de 1996 a 2014- señala: “ahí hubo un problema con la que fue mi jefa en los años 80 porque dio permisos para hacer un desarrollo campestre donde nosotros le llamamos el lado sur de la peña el que da hacia el lago. Se llama Sylvia Gutiérrez y Vera y eso le costó el empleo por eso fue despedida de la institución. Ella era la arqueóloga que hizo el dictamen y dijo que no había problema y liberó toda la parte que conocemos como La Peña rica. La parte sur de la peña se libera sin hacer ni un sólo pozo de sondeo. Así empezaron las construcciones”.
En una nota publicada por “El Sol de Toluca” el 5 de octubre de 2006, da cuenta del malestar de los comuneros: “Nos odian los ricos, y cuando solicitamos permisos para construir nuestras viviendas siempre nos manifestaban que no se podía porque era zona arqueológica, sin embargo, otras familias con buena posición edificaron lujosas residencias y ahora están asentadas posiblemente entre pirámides”. Esto en referencia a que denunciaban que “algunos comuneros fueron expulsados de la mencionada zona por gentes poderosas que en años anteriores ocuparon importantes cargos dentro del gobierno estatal y federal”[10].
La larga negativa del INAH a liberar las tierras comunales para que se pudieran vender o construir, alargó el conflicto social; el Consejo de Bienes Comunales de Valle de Bravo amenazó con hacer efectivo el amparo de 1986 e impedir que los y las arqueólogas continuaran con los trabajos de salvamento, incluido la salida de materiales recuperados, según una carta enviada al director del centro INAH por el Presidente de los Bienes Comunales de La Peña Valle de Bravo, el 12 de julio de 1997[11].
El INAH trató de sortear el conflicto liberando predios de forma anticipada o con restricciones; sin embargo, los arqueólogos dan cuenta en sus diversos informes técnicos que esas restricciones nunca fueron respetadas, tampoco hubo sanción a los infractores[12]”.
Pero no sólo era el tema de las liberaciones lo que tensaba las relaciones entre el Consejo y el INAH, en el referido escrito de 1997 Bienes Comunales exige que “se devuelvan los materiales extraídos por el equipo de Zúñiga Bárcenas; se defina el destino de los materiales obtenidos por distintos equipos, y se defina la situación de los predios que no podrán liberarse”.
Ahí mismo piden que se construya un museo, que dé cuenta de los vestigios, ofrendas y demás materiales recuperados en la zona. Esta demanda será retomada por el entonces candidato a la gobernatura del Estado de México, Enrique Peña Nieto, como promesa de campaña. En 2011, publicará el Plan de Desarrollo. Estado de México 2005-2011, donde parte de los “Compromisos municipales. Pilar II. Seguridad Económica” se encuentra el “Rescate de la zona arqueológica y construcción del museo de sitio en La Peña”.
EPN no cumplió con ese compromiso de campaña, pues en noviembre de 2010 se inauguró un museo arqueológico, ubicado a 2 kilómetros de la zona y no un museo de sitio como era la demanda original y que todavía exigen los vecinos de Valle. Sin mencionar que la zona arqueológica no será rescatada.
Foto: @Kururh
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CASA DE ÍDOLOS, CASA COMERCIAL
El predio donde se ubicará este centro comercial es nombrado “Casa de Ídolos” porque en ese lugar fueron encontradas cabezas de serpiente (expuestas en el museo de arqueología de Valle) y rocas labradas de grandes dimensiones, “las cuales incluso servían de peldaños y bases de macetas de la casa que en lugar se encontraba”, según dan cuenta los arqueólogos encargados del rescate.
Este caso es uno más en esta serie de liberaciones irregulares y omisión que destruyeron el sitio arqueológico de “La Peña”.
A través de los informes técnicos, los diferentes arqueólogos han expresado su molestia por las malas prácticas de almacenamiento, cuidado y trabajos en la zona, y la “falta de presupuesto e interés, prometido por algunas autoridades del INAH[13]”.
Así mismo, en septiembre de 2015 dan cuenta de su descontento ante la orden de “desmantelación de estructuras, como una medida para evitar la destrucción masiva de los elementos arquitectónicos”, firmada por el arqueólogo José Hernández Rivero como responsable institucional del rescate de “Casa de Ídolos”: “Se tuvo que cumplir con dicha acción aunque no se estuviera de acuerdo”[14].
Como señala el arqueólogo Hernández en entrevista:
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“Cualquier centímetro de Valle de Bravo urbanizable es muy cotizado. El problema ahí es que todo lo que se pueda construir va a valer mucho dinero y por eso hay tanta rebatinga por las tierras y por la arqueología”.
Foto: @droncita
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@GISELEANDO
Ésta es una investigación colaborativa de largo aliento realizada por quienes integramos la alianza Méxicoleaks; fue posible gracias a una filtración a la plataforma.
Si tienes información de interés público o documentos que prueben violaciones graves a derechos humanos puedes enviárnosla de forma segura a través de la página: https://mexicoleaks.mx
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NOTAS:
[1] Reporte de Grupo Carso Presentado a la Bolsa de Valores en 2014, pág 83: http://www.carso.com.mx/ES/inversionistas/informacion-financiera/Reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202014.pdf
[2] INAH. Proyecto de Salvamento Arqueológico “Casa De Ídolos”. Zona Arqueológica La Peña Valle De Bravo, México. Segunda Fase De Rescate 2014. Autores: José Hernández Rivero, Tania Hernández Balderas, Viridiana González Nava y Viridiana Hernández Sánchez
[3] INAH. Informe Técnico Parcial, Salvamento Arqueológico “Casa de Ídolos”, Zona Arqueológica La Peña, Valle de Bravo, Estado de México. Autores Héctor Pérez García, Tania Hernández Balderas, Viridiana González Nava y Daniela Macías Herrera. Septiembre de 2015.
[4] Esa misma confusión dan cuenta los arqueólogos José Hernández Rivero y Fernando Baéz Urincho, al momento de realizar el rescate arqueológico de “Casa de Ídolos” en 2014. INAH. Rescate Arqueológico “Casa de Ídolos” Zona Arqueológica La Peña, Valle de Bravo, Estado de México. Arqueólogos José Hernández Rivero y Fernando Báez Urincho, 2014.
[5] INAH. Informe parcial de las actividades efectuadas por el proyecto de salvamento arqueológico La Peña Valle de Bravo, segunda fase (Mayo – Octubre – Diciembre de 1996. Mayo 1997; 184 págs., 110 fotos, 28 dib. Autor: Arqlgo. José Hernández Rivero, David Escobedo Ramírez. Arqlgo. Agustín Ortega Esquinca. P. Admvo. Lázaro Elizalde Castro.
[6] INAH. Rescate Arqueológico “Casa de Ídolos” Zona Arqueológica La Peña, Valle de Bravo, Estado de México. Arqueólogos José Hernández Rivero y Fernando Báez Urincho, 2014.
[7] Ídem.
[8] Ídem.
[9] Cfr. 5
[10] Nota citada en el Informe parcial de las actividades efectuadas por el proyecto de salvamento arqueológico La Peña Valle de Bravo, segunda fase (Mayo – Octubre – Diciembre de 1996. Mayo 1997; 184 págs., 110 fotos, 28 dib. Autor: Arqlgo. José Hernández Rivero, David Escobedo Ramírez. Arqlgo. Agustín Ortega Esquinca. P. Admvo. Lázaro Elizalde Castro.
[11] Carta citada en el Segundo informe parcial de los trabajos de salvamento efectuados por el proyecto La Peña, Valle de Bravo, México, temporada 1997. 21 de Abril al 18 de Julio; 155 págs., 41 dib., 96 fotos orig., 5 croquis. Autor: Arqlgo. José Hernández Rivero Arqlgo. Oscar Basante Gutiérrez Arqlgo. Agustín Ortega Esquinca.
[12] INAH. Segundo informe parcial de los trabajos de salvamento efectuados por el proyecto La Peña, Valle de Bravo, México, temporada 1997. 21 de Abril al 18 de Julio; 155 págs., 41 dib., 96 fotos orig., 5 croquis. Autor: Arqlgo. José Hernández Rivero Arqlgo. Oscar Basante Gutiérrez Arqlgo. Agustín Ortega Esquinca.
[13] INAH. Informe correspondiente al trabajo realizado en la zona arqueológica de la Peña, Mpio de Valle de Bravo, Edo. de México, realizado de Julio a Diciembre del 95;27 págs., 99 fotos orig., 12 dib. Autor: Arqlgo. Alfredo Dumaine López.
[14] INAH. Informe Técnico Parcial, Salvamento Arqueológico “Casa de Ídolos”, Zona Arqueológica La Peña, Valle de Bravo, Estado de México. Autores Héctor Pérez García, Tania Hernández Balderas, Viridiana González Nava y Daniela Macías Herrera. Septiembre de 2015.
Saltillo, Coah.- Hoy, 8 de marzo, día internacional de la mujer, suman en Coahuila un total de 366 mujeres desaparecidas en presuntos hechos delincuenciales ocurridos desde el año 2007 a la fecha.
Con esto aumenta a 1787 el número de personas desaparecidas en el estado, de acuerdo con cifras que obran en poder de Organismos No Gubernamentales que se han dado a la tarea de búsqueda de personas no localizadas, cuya desaparición ha sido denunciada por sus familiares.
Coahuila ocupa el cuarto lugar de personas desaparecidas en el país, esto a causa de delitos federales, crimen organizado y abusos de cuerpos de seguridad.
En gran parte de estos casos estuvieron involucradas autoridades estatales, de los cuales solo una pequeña parte fue catalogada como desaparición forzada, esto de acuerdo a organismos defensores de los derechos humanos.
Tan solo el centro diocesano para los derechos humanos Fray Juan de Larios cuenta con un registro de 52 mujeres desaparecidas. El 90% de los casos fueron denunciados del año 2012 a la fecha. De un total de 58 desaparecidas, 34 son de la capital del estado, 9 de torreón, 5 de Monclova, 3 de Piedras Negras y 3 de Villa Unión.
A la fecha, 221 cuerpos de mujeres fueron encontrados y al no ser identificados, fueron a parar a la fosa común. Las autoridades cuentan con fichas con sus señas particulares y los lugares donde fueron encontradas sin vida y los datos están a disposición de personas que andan en búsqueda de algún pariente.
democratacoahuila.wordpress.com/2016/03/08/triste-dia-de-la-mujer-en-coahuila-hay-366-desaparecidas
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
“Ciudad de México” a 8 de marzo del 2016.
POR LA DEFENSA DEL SUELO DE CONSERVACIÓN, LOS BIENES NATURALES Y LA PROPIEDAD SOCIAL DE MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO Y TLALPAN.
—-Mega proyecto, mega cambio de uso de suelo en todo el sur de la Ciudad.
—-FONATUR esconde información relativa a las reservas territoriales.
—-Pretenden convertir a los pueblos originarios en una marca registrada.
Antecedentes.
El pasado el 25 de julio del 2013 el Gobierno del Distrito Federal solicitó a FONATUR la elaboración del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de Pueblos Originarios de la Ciudad de México en: Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras.
El 17 de junio del 2014 fue firmado un Convenio entre FONATUR, la SEDEREC, y el entonces GDF. Por medio del mismo, FONATUR se comprometió a brindar asistencia técnica en materia de planeación turística en los pueblos originarios de Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan. Derivado de ese instrumento legal, FONATUR suscribió el contrato 110/2014 por el cual solicitó a la empresa Anaya Amor Arquitectos S.A. DE C.V., la elaboración del Programa de Desarrollo Turístico. FONATUR pagó la cantidad de $1,136,800.00 por la elaboración del Programa. De acuerdo al Contrato, el proyecto consiste en la implementación de actividades y servicios turísticos acordes a la situación actual y futura de la misma, así como a los requerimientos del mercado. En el mismo contrato se dice que el Programa debe establecer reservas territoriales que deben ser viables para la actividad turística, infraestructura urbana y de equipamiento, es decir, para el cambio discrecional del uso de suelo, y la venta o expropiación de las tierras ejidales.
El Programa que fue entregado finalmente a la SEDEREC, contiene fichas técnicas de reserva territorial que incluyen la localización, la actividad que se realiza, el uso de suelo, tipo de tenencia de la tierra, nombre de los propietarios así como los costos de la tierra (catastral y comercial).
Por otra parte además de la creación de las reservas territoriales pretende establecer Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable(otro mecanismo para el cambio de uso de suelo) en Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan. Estas zonas serían creadas mediante un decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación.
II. Información relevante contenida en el Programa.
Pretenden convertir a los pueblos originarios en una marca.
El Programa establece la creación de un distintivo para los pueblos originarios, es decir, se trata de que los pueblos de las tres delegaciones cuenten con una marca que los identifique, así como realizar el registro de la misma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
b) En materia de infraestructura urbana.
El programa establece como estrategia de infraestructura la colocación de parquímetros en el primer cuadro de cada delegación (Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan)
c) En materia de programación del desarrollo urbano y ordenamiento ecológico
El Programa propuesto por FONATUR y el Gobierno de la Ciudad en realidad se trata de un mega cambio de uso de suelo en las tres delegaciones. Señala que se debe actualizar el Programa General de Ordenamiento Ecológico y el Programa General de Desarrollo Urbano, que se deben elaborar Planes de Manejo para las Áreas Naturales Protegidas así como para el suelo de conservación, que se deben certificar áreas naturales como “destinos sustentables”, que se debe actualizar la Declaratoria de Área Natural Protegida de los Dinamos, así como modificar los los instrumentos jurídicos del Distrito Federal y delegaciones necesarios para regular los planes y programas de desarrollo.
Por otra parte, en los documentos que nos fueron otorgados se señala que FONATUR realizará las acciones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística. Estos proyectos podrían ser ingresados a la Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Esto aunado a la creación de las de Desarrollo Turístico Sustentable y las Reservas Territoriales trae consigo la urbanización desmedida y acelerada de la zona sur de la “Ciudad”.
c) Creación de un Fideicomiso de Desarrollo Sustentable.
Se busca la integración de un organismo público, privado y social para la administración, gestión y seguimiento de las acciones correspondientes al Programa que administre los recursos y fomente la inversión.
d) Beneficios, solo para el capital privado.
Pese a que el Programa habla de la participación privada para la restauración ecológica, de acuerdo a información contenida en el mismo, la inversión privada aportará 803 millones, 86% será para acciones de desarrollo turístico y solo el 7% será para conservación del medio ambiente.
e) ¿Por qué esto es una ZODE y más que eso?
El propio Programa establece que la creación de las reservas territoriales y las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable encajan dentro del proyecto de las Zonas de Desarrollo Económico y Social impulsadas por Simón Levy a través de la paraestatal PROCDMX. Además, la propia empresa del gobierno promociona en un video en su cuenta de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ZXqbiDgPedk) el Programa para los pueblos, junto con otras ZODEs, como la ZODE Ciudad Salud.
Es más que una ZODE, porque implica la participación conjunta del gobierno federal, de la Ciudad de México y del capital privado para modificar una gran parte del suelo de conservación de la capital.
f) Turismo, para el que pueda pagarlo.
Más del 60% de los proyectos detonadores contenidos en el Programa son para “turismo de alto gasto”.
g) Proyectos detonadores, pretexto para la urbanización.
Los proyectos detonadores que serán realizados mediante una inversión pública y privada son:
Magdalena Contreras: el Corredor Ecoturístico “Los Dinamos”, Parador Turístico (2do. y 3er. Dinamo) y Corredor Ecoturístico “Los Dinamos” Cabañas y Centro de Desarrollo Humano – El Barquito.
Tlalpan: el Parque Ecoturístico y de Aventura “La Cima” y el Parador Turístico “Parres El Guarda”
Xochimilco: “Granja Xochimilco” Parque Turístico – Agrícola Sustentable, Mejoramiento Integral de la Zona de Embarcaderos de Xochimilco y Hotel Boutique “La chinampa”
III. Nuestro posicionamiento.
Consideramos que cualquier modificación al entorno natural, a la propiedad social, al suelo de conservación y al territorio de los pueblos originarios, no puede ser realizado sin consultar y sin obtener el consentimiento de nuestras comunidades.
En este caso el Programa ya violó las normativa aplicable, al haber sido finalizado sin siquiera haber sido sometido a la consideración de los pueblos originarios, por lo que, al violarse el derecho a la consulta previa contenido en diversos tratados internacionales así como en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este proyecto ya es totalmente ilegal. En consecuencia, los pueblos originarios negamos el consentimiento para la realización del mismo.
Si bien es necesario realizar acciones coordinadas a fin de preservar el medio ambiente y los bienes naturales de la zona, así como mejorar la economía local, manifestamos que los proyectos detonadores que se encuentran en el Programa no son más que pretextos para fomentar la urbanización, cambiar discrecionalmente los usos de suelo, favorecer a empresas privadas y desaparecer la propiedad social y comunal. Todo lo anterior únicamente provocaría un colapso ambiental que no solo afectará a los pueblos, sino a todos los habitantes de la Ciudad que sobrevivimos gracias a los bienes naturales de los pueblos, como sus bosques, aguas, etc.
Lamentamos que FONATUR esconda la información relativa a la ubicación y manejo de las reservas territoriales así como de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable que pretende imponer en los pueblos. No existe ninguna causal en la Ley para negar esa información por lo que se interpondrán los recursos correspondientes a fin de contar con la misma.
Aunado a lo anterior, resulta totalmente absurdo que este Programa se pretenda implementar sin siquiera contar con estudios de impacto ambiental o urbano, y que la propia SEDEREC haya manifestado que no es necesario llevar a cabo esos estudios, ya que el proyecto en sí mismo tiende, desde su punto de vista, a la protección del medio ambiente.
Por todo lo anterior, los pueblos originarios no solo de Magdalena Contreras, Xochimilco y Tlalpan, sino de todo la Ciudad de México nos oponemos a este mega proyecto-mega cambio de uso de suelo. Considerar el suelo de conservación y el territorio de los pueblos originarios como “Reserva Territorial” es someterlo a la lógica del mercado, propiciando la rápida urbanización y pérdida de los servicios ambientales necesarios para la sobrevivencia de la capital del país.
El Programa pretende desaparecer la propiedad social, busca que ejidatarios y productores vendan su tierra para luego convertirse en trabajadores de los proyectos para el turismo de “alto gasto”.
Frente a ello, los pueblos manifestamos que defenderemos la propiedad social y comunitaria, que no permitiremos los cambios de uso de suelo en nuestro territorio, ni la entrega de las tierras al gobierno federal y de la Ciudad de México.
La viabilidad y existencia de la Ciudad depende de los pueblos. Promover la urbanización en estas zonas generaría un colapso hídrico y ambiental inimaginable.
En los próximos días se realizarán acciones de protesta, movilización y enlace con los diversos pueblos. Además se interpondrán las acciones legales correspondientes a fin de defender los territorios de los pueblos
Hacemos un llamado a la comunidad científica a sumarse a la defensa del territorio, mediante la generación de escritos o participación en foros a fin de mostrar los peligros de proyectos de este tipo.
Hacemos un llamado a las organizaciones de los pueblos a la unidad frente a los intentos de despojo político (a través de la Asamblea Constituyente, que excluyó a los pueblos) y territorial (a través de este tipo de mega proyectos). Por ello, nos sumamos a los acuerdos surgidos en el Foro de Defensa Territorial realizado en Milpa Alta el sábado pasado y manifestamos que los pueblos llevarán a cabo un proceso constituyente, a fin de defender sus derechos. Pondremos todo de nuestra parte, para defender lo que es de todxs.
Comisión de Enlace de los Pueblos Magdalena Contreras, Xochimilco, Tlalpan
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.
Ejidatarios y comuneros de Magdalena Contreras
https://cpbocx.wordpress.com/2016/03/08/comunicado-contra-proyecto-ecoturistico/
Redacción Más por más Gdl.-
La discusión por la altura de la presa El Zapotillo casi siempre desvía la atención de lo que se disputa en el Río Verde: una batalla por el agua entre empresarios y autoridades de León con gobernantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara así como empresarios y productores de Jalisco que pelean por el recurso. Una guerra soterrada que no ofrece alternativas al proponer la misma política de despojo y desaparición de pueblos, cuencas hidrológicas, ecosistemas y formas de vida.
Y aunque la discusión ya estaba en marcha. Los diputados del partido Movimiento Ciudadano entraron a la rebatinga presentando un acuerdo legislativo que busca un nuevo convenio de distribución de las aguas del Río Verde, lo cual se ha interpretado como una trampa para que se legalice la construcción de la cortina de la Presa El Zapotillo a 105 metros, ya que se invalidaría el acuerdo de 2005 que mantiene el freno para que la presa no supere los 80 metros de altura.
El legislador Ismael del Toro negó lo anterior argumentando que la aprobación de un nuevo convenio “deberá considerar los volúmenes reales del río [los caudales son menores a los concesionados] y el aval del Observatorio Ciudadano para que no afecte a los pueblos de Jalisco”.
Sin embargo, para el Colectivo de Abogados sigue siendo un volado, pues el acuerdo legislativo dice en el quinto punto: “Como podemos darnos cuenta, el Convenio de 2007 ha sido invalidado y dado que a ninguna autoridad le interesa cumplir el Convenio de 2005 que establecía la cortina en 80 metros y que además contemplaba a la Presa de Arcediano como fuente de abastecimiento de agua para los cuatro municipios más importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se hace necesario que el Ejecutivo del Estado, a la brevedad, inicie las gestiones ante las autoridades federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para suscribir previa autorización de esta soberanía, un Convenio de distribución de agua en el que su base se sustente en garantizar el agua de Jalisco para los Jaliscienses”.
Un nuevo convenio implica la participación del gobierno de Guanajuato, el sector empresarial de León, el gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua, que definitivamente no aceptarán reducir el agua concesionada para León con la intención de dotarle a Guadalajara; algo que nunca ha sucedido desde el primer decreto en 1995, que fijó los volúmenes para Guanajuato y León.
Casi por lógica el cabildeo sería que aseguren agua para Jalisco si se autoriza en el Congreso del Estado la construcción de la cortina a 105 metros. Con esto se dejaría sin efecto la controversia constitucional 93/2012 y la presa podría construirse como estaba prevista. Esto implica inundar a Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Aún cuando desde Movimiento Ciudadano se asegura que un nuevo acuerdo no representa ningún riesgo para Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ha trascendido que destrabar el camino legal para continuar la presa beneficiaría políticamente tanto a priístas como emecistas. ¿Se aprobaría la medida sin el apoyo en el Congreso de MC? Sólo se necesita concretar la propuesta de autorizar la cortina a 105 metros, entonces los diputados de Movimiento Ciudadano podrían votar en contra y los priístas, panistas, del Verde y del Panal votarían en bloque, con lo que se lograría mayoría para aprobarla.
En este escenario no se puede olvidar que Movimiento Ciudadano gobierna municipios metropolitanos con problemas de abasto de agua (principalmente Tlajomulco y las periferias de Zapopan y Tlaquepaque) y cualquier arreglo para resolver el problema les beneficiaría de cara a las próximas elecciones.
Asegurar agua para la ciudad de Guadalajara no sólo es un tema que podrían utilizar electoralmente, sino que también aseguraría a las inmobiliarias el abasto de agua para seguir expandiendo la ciudad.
Guadalupe Espinoza, del Colectivo de Abogados, señala que el convenio de 2005 sólo plantea la distribución de agua y si se quisiera defender el agua de Jalisco, lo que se tiene que tumbar son los decretos de 1995 y 1997 (ver recuadro)”.
El pueblo de Temacapulín lucha primordialmente para que no inunden el pueblo, pero también han planteado durante la última década que las presas no son la solución, sino más bien que la ciudad le apueste a lo que llaman “política integral de gestión del agua”, que implica captar el agua de lluvia, arreglar fugas de las redes hidráulicas, sanear y reusar el agua, delimitar el crecimiento de las ciudades con base en el agua disponible, disminuir el consumo por habitante, etcétera. Se trata de ya no ver al agua como un “recurso a nuestra disposición o para las ganancias económicas, sino como un elemento necesario para la vida digna”.
Lo que el problema nos recuerda es que la visión de Movimiento Ciudadano para resolverlo sigue caminando por las mismas políticas hídricas que estresan cuencas y desplazan poblaciones.
Hoy hay más actores disputando el agua y por lo tanto apoyando la construcción de la presa El Zapotillo que desaparecería poblados jaliscienses. Pero ahí sigue Temaca, que ha logrado detener la construcción de la presa desde el 3 de julio de 2014.
La sentencia de la Corte
En octubre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emite una sentencia derivada de la Controversia Constitucional presentada por el Congreso del Estado de Jalisco, que dice: “Es claro que la celebración del convenio de 16 de octubre de 2007, al establecer que su vigencia sería de 30 años, excedía el plazo para el cual fue electo del gobernador que lo suscribió, por lo que su celebración debió haber sido autorizada en forma previa o posterior por el Congreso del Estado de Jalisco”. Por lo tanto, la SCJN declaró “la invalidez del Convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, suscrito el día 16 de octubre de 2007, para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria.” Lo que la corte plantea no es detener la construcción de la presa El Zapotillo, sino que ésta se realice con base en el acuerdo de 2005. Además, como el Observatorio Ciudadano del Agua no dio su aval para el proyecto El Zapotillo, por lo que el Gobierno de Jalisco pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que dictamine la viabilidad de la presa, a través de un contrato millonario. Esto pareciera que busca legitimar el embalse desde las oficinas de Naciones Unidas, ya que en lo local ha sido rechazado.
Los decretos
1995
Decreto que declara la reserva de las aguas nacionales superficiales de la cuenca del Río Verde que establece:
Volumen para guanajuato: 119 millones 837 mil metros cúbicos.
Volumen para jalisco: 384 millones 739 mil metros cúbicos.
1997
Nuevo decreto que restablece los volúmenes máximos, con un ajuste a la baja que afecta a Jalisco. Se reconoce que el volumen de agua de la cuenca disminuyó.
Volumen para guanajuato: 119 millones 837 mil
Volumen para jalisco: 372 millones 139 mil metros cúbicos.
2005
Convenio para la construcción de la presa el Zapotillo, donde se restablecen los caudales reservados para la región de Los Altos y la ciudad de León, fijando la altura de la cortina en 80 metros
El zapotillo y el acueducto serían para León, Guanajuato, y localidades de Los Altos de jalisco.
La presa de arcediano daría agua al área conurbada de Guadalajara.
Guanajuato: 119 millones de metros cúbicos.
Jalisco: 56 millones 764 mil metros cúbicos para Los Altos. 315 millones de metros cúbicos de arcediano.
2007
El ejecutivo federal y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco suscribieron el convenio de coordinación para llevar la presa a 105 metros, ya que la presa de Arcediano se había cancelado.
En la cláusula primera se establece “a través de la elevación de la cortina de la presa, regular las aguas para la zona conurbada de Guadalajara.”
En la cláusula cuarta se establece “la Conagua y los estados acuerdan su aceptación a incrementar la altura de la cortina de la presa del Zapotillo de 80 a 105 metros en caso de ser factible, técnica y socialmente.
En el convenio de 2007 se establece que de la presa el zapotillo abastecerá a la zona conurbada de Guadalajara 104 millones de m3 y prevalecen los 56 millones de metros cúbicos para los altos de Jalisco.
Según el análisis de Ismael del Toro, si dicho acuerdo se aplicara, Jalisco tendría derecho de solicitar los 211 millones de m3 para completar los 372 millones de m3 a los que tiene derecho. Sin embargo, Conagua no establecía infraestructura hidráulica para que Jalisco aprovechara los 211 millones de m3 restantes. “¿Cómo iba Jalisco a aprovechar dicho volumen al que tiene derecho de acuerdo al convenio de 1997?”, cuestiona.
http://cronicadesociales.org/2016/03/07/la-codicia-por-el-rio-verde/
Noticias de Chihuahua.-
Integrantes de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara denunciaron que el megaproyecto turístico perteneciente al Fideicomiso Barrancas del Cobre pretende detonar más obras turísticas que generarán más despojos de tierras a los tarahumaras, sin que la autoridad intervenga en esto.
Hace cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia con la cual obligaba al Gobierno Mexicano a constituir el Consejo Consultivo para realizar una consulta a indígenas de la región en torno al fideicomiso mencionado y hasta el momento no se ha dado cumplimiento a este orden.
El proyecto turístico generó que el gobierno estatal entregara a particulares mil 500 hectáreas de la comunidad de Mogótavo.
Ignacio Lagunes Cerda, asesor jurídico de la comunidad, recordó al medio nacional Sin Embargo que desde el 2011 los rarámuris interpusieron un juicio de amparo ante el Tribunal Agrario por amenazas de agresión, reubicación y despojos de tierras.
El juicio de amparo aún está por resolverse y a los tarahumaras se les ha negado el derecho de constituirse en ejidos y reconocérseles la propiedad ancestral, debido a que las tierras que siembran y habitan son oficialmente de otras personas.
Lo que se demanda es que se declare nula la declaratoria de bienes nacionales a las tierras de los indígenas y la adjudicación de esos bienes a favor de los particulares.
En 2008, un grupo de inversionistas reclutados por el área de turismo y economía del estado compraron terrenos de la comunidad de Mogótavo sin el conocimiento de sus verdaderos propietarios.
Un documental dirigido por Randall Gingrich señala que los indígenas fueron amenazados por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía para iniciar el despojo de tierras y conformar la zona turística de Barrancas del Cobre.
Gingrich señala que 26 años atrás, el gobierno del estado rechazó la solicitud de reconocer a Mogótavo como terreno ejidal, dejando a la comunidad sin título de su propio territorio.
Hasta 1984, las tierras de los indígenas fueron registradas como territorio nacional, posteriormente se vendieron 500 hectáres de Mogótavo a Ivonne Sandoval, dueña del hotel Divisadero.
Sandoval pagó 100 pesos por cada hectárea de un terreno que no le pertenecía.
En 1999, gobierno del estado vende a Odile Sandoval, hermana de Ivonne, otra parte del terreno. Ellas son hijas de Efraín Sandoval, un cacique ligado con la corrupción política de Chihuahua, mismo que en los años ochenta amenazó a líderes indígenas, disparó y quemó casas de sus vecinos.
Los miembros de la comunidad presentaron una denuncia ante el Tribunal Agrario, demandando al Fideicomiso Barrancas del Cobre, a Gobierno del Estado, Gobierno Federal y a las hermanas Sandoval. Todos estos actores desconocieron que la comunidad existiera.
En 2006, la comunidad solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) realizar inspecciones en el lugar.
Investigadores y guías tarahumaras recorrieron los terrenos localizando 22 asentamientos humanos, de estos 22 algunos eran prehispánicos que databan de alrededor de 600 a 800 años de antiguedad, dandóles la prueba de que estos eran sus terrenos.
Ivonne vendió 147 hectáreas de Mogotavo por 146 millones de dólares al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para el manejo del fideicomiso Barrancas del Cobre. El gobierno ha invertido casi 200 millones de dólares en el desarrollo turístico. En el 2010, el fideicomiso inicia la construcción de un parque recreativo en el territorio, sin consultar a los tarahumaras.
Aquí puede ver el documental completo: https://vimeo.com/122289234
http://entrelineas.com.mx/local/alertan-tarahumaras-de-mas-despojos-por-proyecto-turistico-de-fideicomiso/
Leticia Vázquez
Por estar violando sus derechos humanos al no recibir su pensión puntualmente, los integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por lo menos 500 quejas en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el titular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrin, y el director del IPE, Octavio Gil García.
A esta medida se han sumado pensionados de todo el estado, y se agrega a las que interpusieron el pasado 23 de diciembre cuando fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la manifestación que realizaron para exigir el pago puntual de las pensiones.
Una vez entregado el primer paquete de quejas, realizarán la misma acción ante la CNDH, ante la Corte Interamericana y con el alto comisionado de la ONU, informó Adriana Chávez Tejeda, presidenta del Copipev, pues considera una violación a sus garantías individuales después de atrasarles de manera reiterada el pago de pensiones. Reveló que actualmente la autoridad estatal sí les está pagando su quincena debido a que se encuentran en un proceso electoral, pero una vez que pasen los comicios volverán a retrasar los pagos. Manifestó que buscarán el acercamiento con los candidatos a diputados locales para que se comprometan con el Copipev y desempolven una iniciativa que presentaron ante el congreso local para modificar la Ley del IPE, misma que presentaron en julio del año pasado.
Los pensionados y jubilados se manifestaron en la plaza Lerdo de esta capital y luego se dirigieron a las instalaciones de la CEDH para interponer las quejas.
Proceso
Ezequiel Flores
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado 35 feminicidios y 655 violaciones durante los últimos dos años en la entidad.
La cifra de asesinatos contra mujeres, clasificados por las autoridades como feminicidios, ocurre en un contexto de extrema violencia, donde se reportaron 3 mil 530 homicidios dolosos en el mismo periodo, es decir, entre 2014 y 2015, indica un reporte oficial de la dependencia estatal al que tuvo acceso.
No obstante, la estadística oficial no aporta información sobre el género de las víctimas, situación que impide determinar cuántas mujeres y hombres han sido asesinados en este lapso, pues sólo indica las disposiciones legales para calificar un crimen como feminicidio.
Al respecto, el informe de la FGE refiere que los casos de feminicidios se contabilizan dentro de la estadística de homicidio doloso de acuerdo con la clasificación requerida por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la tipificación de este delito es a criterio de la fiscalía especializada para la investigación de asesinatos contra mujeres y personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género.
En este sentido, el reporte oficial señala que en 2014 se registraron mil 514 homicidios dolosos, entre ellos 24 feminicidios y 350 violaciones.
Mientras que en 2015, la cifra oficial fue de 2 mil 16 homicidios dolosos, de los cuales 11 se tipificaron como feminicidios y 305 violaciones sexuales.
Al respecto, en la edición de este día del periódico local El Sur se difundió una nota donde se afirma que el año pasado se documentaron 162 asesinatos de mujeres, en donde 119 de los crímenes se cometieron con arma de fuego.
El resto de las víctimas fueron lapidadas, asfixiadas, degolladas, desmembradas o asesinadas a golpes. Por las condiciones en que se encontraron, sin pantaletas o semidesnudas, en al menos seis casos se presume que fueron violadas, y a dos las incineraron en sus vehículos, indica el recuento basado en notas periodísticas.
De los 162 asesinatos de mujeres documentados por el diario local durante el año pasado, 75 se cometieron en Acapulco, 16 en Iguala y 12 en Chilapa.
El resto de asesinatos contra mujeres se registraron en los municipios de Pungarabato, Huitzuco, Tlapa, Tlacoachistlahuaca, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Taxco, Tixtla, Ajuchitlán del Progreso, Zumpango y Ahuacuotzingo, señala la nota.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social, y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas violentas contra las mujeres.
Es decir, se trata de feminicidio cuando el agresor siente odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer, indica el argumento legal.
A pesar del contexto de violencia que se vive en la entidad y la brutalidad de los crímenes registrados contra mujeres en los últimos años, las autoridades se han negado a emitir una alerta de género en Guerrero para tratar de frenar la barbarie que no cesa a la fecha.
http://www.proceso.com.mx/432684/suman-35-feminicidios-655-violaciones-en-dos-anos-fiscalia-guerrero
El Sur
Carlos Navarrete Romero
En 119 casos se utilizó arma de fuego, otras fueron lapidadas, asfixiadas, degolladas, desmembradas o muertas a golpes; seis se presume que fueron violadas. Desde hace cuatro años ninguna perito ha sido llamada para certificar un feminicidio.
Anahí tenía 24 años cuando con una piedra de casi 10 kilos le destrozaron la cabeza. Antes, su cuerpo recibió patadas y puñetazos de cinco hombres que la sacaron de una fiesta para matarla. Todos están libres.
Anahí Ramírez Ambrosio es parte de una estadística negra en Guerrero: al menos 162 mujeres fueron asesinadas en 2015; 119 con arma de fuego, el resto fueron lapidadas, asfixiadas, degolladas, desmembradas o muertas a golpes. Por las condiciones en que se encontraron, sin pantaletas o semidesnudas, en al menos seis casos se presume que fueron violadas; a dos las incineraron en sus vehículos.
La estadística corresponde a los casos publicados en El Sur el año pasado. Esta cifra no bastó a las autoridades estatales para declarar una alerta de género en la entidad.
No fue posible acceder a las cifras oficiales porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no respondió las solicitudes de información que quedaron asentadas con los números de folio 00000416, 000004216 y 000004016. Tampoco el fiscal Xavier Olea Peláez accedió a dar entrevistas al respecto.
De los 162 asesinatos de mujeres, 75, el 46.29 por ciento, se cometieron en Acapulco; 16, el 9.87 por ciento, en Iguala; y 12, el 7.4 por ciento, ocurrieron en Chilapa, y son éstos los municipios con más casos en todo el año; el resto se dieron en Pungarabato, Huitzuco, Tlapa, Tlacoachistlahuaca, Tepecoacuilco, Pungarabato, Chilpancingo, Taxco, Tixtla, Ajuchitlán del Progreso, Zumpango y Ahuacuotzingo.
Pero las autoridades guerrerenses no lo quieren informar, lo que significa una barrera para las organizaciones civiles y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) para solicitar la alerta de género en Guerrero.
Según el reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solamente la Codehum y las organizaciones civiles legalmente constituidas pueden solicitar a la Secretaría General de Gobierno una alerta de género.
Quien la solicite, entre sus requisitos, deberá presentar la narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.
En términos prácticos, deben documentar y demostrar a la Secretaría General de Gobierno que en Guerrero las mujeres están siendo asesinadas y además que se trata de feminicidios.
La maestra en Ciencias de la Comunicación e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Elia Moreno del Moral, explicó que este requisito es la razón por la que no hay solicitudes, pues es casi imposible acceder a esa información.
Comentó que la única institución que cuenta con esos datos es la FGE, pero no los facilita a las organizaciones y en consecuencia, al no cumplirse ese requisito, la solicitud es desechada.
“Cuando tú solicitas la alerta de género las organizaciones civiles tienen que narrar, tienen que documentar y eso a mí me parece un absurdo ¿cómo tú (el gobierno) le dejas ese trabajo a las organizaciones civiles? si a la Comisión estatal de derechos humanos no le han dado esa información ¿tú crees que se la van a dar a las organizaciones civiles?”.
Esta postura es respaldada por el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien recordó que tanto en la administración de Rogelio Ortega Martínez, como en el actual gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores, se ha intentado impulsar la alerta de género.
Ni el anterior fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, ni el actual titular de la FGE, Xavier Olea, proporcionaron la información que requirió la Comisión: ¿cuántos casos de feminicidio son investigados?.
En el caso de Olea Peláez, quien asumió el cargo en diciembre pasado, la respuesta a la Codehum fue simple: no tiene conocimiento de cuántas mujeres fueron asesinadas el año pasado, ni cuántos de estos casos se tratan de feminicidio porque su antecesor no clasificó los expedientes por delitos.
“Fue especialmente complicado en el gobierno de Rogelio Ortega porque no se nos facilitaron las cosas, no tuvimos la información que estuvimos reiteradamente solicitando tanto a la fiscalía como al Poder Judicial y a las propias instituciones de gobierno, eso nos dificultó la petición de alerta de género”, explicó el ombudsman.
El asesinato de Anahí, clasificado como homicidio agravado, no feminicidio
14 de marzo de 2015. 9:30 de la noche.
El cuerpo de Anahí quedó tendido boca arriba en la calle Juan Escutia de la colonia Nopalera, en el municipio de Huitzuco. Junto a ella quedó la piedra que ocuparon sus agresores para asesinarla, también un charco de sangre. No se sabe cuántas veces le golpearon la cabeza, pero fueron suficientes para desfigurarle el rostro y aplastarle por completo el cráneo.
Uno de sus hermanos, de 16 años lo vio todo.
Cinco hombres la sometieron a tortura física minutos antes de que uno de ellos acabara con su vida. La policía logró detener a tres: Marcos Almazo Guzmán, Heriberto Bahena Velázquez y Delfino Giovanni Solano Núñez.
El asesinato de Anahí fue declarado homicidio agravado y no feminicidio, a pesar de que uno de sus agresores tiene tendencias misóginas, y así lo indica un examen psicológico practicado a Marcos Almazo en el Ministerio Público y que estuvo a cargo de la perito en psicología Gabriela Giovanna García Catalán .
“Se observan rasgos de personalidad que muestran un sujeto tendiente a una actitud agresiva socialmente, lo cual le genera dificultad en sus relaciones sociales, lenguaje indecente y arranques de mal humor, observándose imágenes hostiles en su ambiente e inseguridad, repudio hacia la imagen femenina; asimismo se observa preocupación, ansiedad y baja autoestima”, se lee en la conclusión del examen al que el agresor fue sometido, documento al que tuvo acceso El Sur.
La tipificación de feminicidio ha sido tema de debate en Guerrero entre organizaciones feministas y las autoridades. Aún no se ponen de acuerdo para definir las características que debe reunir el asesinato de una mujer para obtener esa clasificación.
Si bien algunos grupos consideran que no es feminicidio el asesinato de una mujer ejecutada a balazos porque eso presume que tenía algún vínculo con la delincuencia organizada, descartando así razones de género, hay otros que defienden la postura de que cualquier homicidio, por las razones que sean, deben considerarse como tal.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social, y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas violentas contra las mujeres.
Es decir, se trata de feminicidio cuando el agresor siente odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Este es el criterio que algunas feministas, como Emma Cerón Díaz, utilizan para plantear que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, pues en algunos casos el homicidio se comete por razones ajenas al género.
Ema Cerón, socióloga, maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista, explicó que existe confusión en el concepto feminicidio. Ella saca de este supuesto a todas las mujeres asesinadas por sus presuntos vínculos con la delincuencia.
“Hay casos a los que no se les puede llamar feminicidio, porque no hay odio, digamos que el punto nodal del feminicidio es odio a la mujer, pero hay casos en los que no hay tal. A veces porque no pagaron, porque están trabajando con el otro grupo (delictivo), porque pusieron el dedo, entonces no es odio, es negocio”.
El Código Penal del Estado de Guerrero tiene un concepto más amplio. Establece siete supuestos que, en caso de cumplirse uno solo, ya se habla de feminicidio.
“Comete delito de feminicidio quien, por razones de género prive de la vida a una mujer.
“Existen razones de género cuando ocurra cualquiera de los supuestos siguientes:
La víctima presente señales de violencia sexual de cualquier tipo;
A la víctima se le hayan ocasionado lesiones o mutilaciones denigrantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, así como actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, cometido en el ámbito familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo en contra de la víctima;
Existan datos o referencias que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de familia, sentimental, afectiva o de confianza;
El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público, con el objeto de denigrarla, debido a su calidad de mujer.
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a la privación de la vida”
Para la feminista y reconocida defensora de mujeres contra la violencia en Guerrero, María Luisa Garfias Marín, es el Código Penal el que debe prevalecer cuando se habla de feminicidios, ya que en éste se rigen las autoridades ministeriales para determinar qué conductas son delictivas y cuáles son las sanciones que deben aplicarse. Según su criterio, basándose en los siete supuestos que plantea el Código Penal, la mayoría los asesinatos de mujeres son feminicidios.
Además criticó la criminalización de la que son objeto cuando son asesinadas a balazos, pues se les relaciona directamente con la delincuencia pese a no existir una investigación.
“Todos señalan que son mujeres asesinadas porque estaban involucradas en el narcotráfico, porque son novias o amantes de los chavos que andan en el narcotráfico, y siempre me pregunto ¿En qué se basan para poderlo decir? No hay una investigación de la Fiscalía, ¿qué no te dice que el que la mata a balazos es su ex esposo o el amante?”.
Aseguró que reconocer los asesinatos de mujeres como feminicidios es aceptar que en Guerrero hay un problema grave de violencia extrema contra ese género y las autoridades emprenderían acciones inmediatas y políticas públicas para evitar que las sigan matando, pero existe resistencia de las instituciones para hacerlo, en consecuencia siguen en estado de vulnerabilidad.
Tres detenidos por el asesinato de Anahí fueron liberados
14 de marzo de 2015. 10:00 de la noche.
Un hombre abraza el cuerpo de Anahí. No deja de mirarla. Casi 30 minutos aferrado a ella como ignorando que está muerta. Llora mientras le habla al oído. “Vámonos Anahí, levántate y vámonos”. Durante 30 minutos esa fue la súplica de su esposo.
11 de febrero de 2016. 12:30 de la tarde.
Sentado en un banco de madera del comedor comunitario de la iglesia de San Gerardo, en Iguala, el padre de Anahí, Roberto Ramírez Tolentino cuenta la pena que carga.
El hombre de 42 años habla entrecortado. Hace pausas constantes para tomar aire, se rasca la cabeza, tose y aprieta la quijada. Repite el ritual cada que el llanto quiere ganarle. Siempre mira a su derecha, donde está la puerta y evita el contacto visual con las personas.
Habla de su hija. Anahí era madre y dejó huérfana a una niña de 7 años. Los problemas económicos en su familia le impidieron acceder a una carrera universitaria. De los seis hijos de Roberto –cuatro mujeres y dos hombres–, ella era la mayor y la única que ayudaba en el sustento del hogar. Además de ser ama de casa, trabajaba en la juguería Mari, frente al mercado municipal.
El 7 de febrero pasado a las 5 de la tarde las tres personas detenidas por el homicidio de su hija fueron liberadas. Los jueces argumentaron que había contradicciones en las versiones de dos testigos que, ocultos tras un árbol la noche del asesinato, vieron el martirio de Anahí.
Los jueces que resolvieron la liberación de los tres detenidos son Rafael Sandoval Ortiz, Hever Fernández Nava y Celso Ubaldo de la Sancha. El abogado que asesora a la familia, quien pidió el anonimato, explicó que los tres jueces coincidieron en que no había argumentos suficientes para dictar el auto de formal prisión en contra de los detenidos.
Explicó que omitieron el examen psicológico de Marcos Almazo Guzmán, los señalamientos directos que hacen los familiares en contra de los inculpados, la declaración de los policías que participaron en la detención y otros elementos que presentó el Ministerio Público para probar la culpabilidad de los detenidos.
A decir del abogado, hay sospechas de que el ex alcalde de Huitzuco, el priista Norberto Figueroa Almazo, quien estaba al frente del Ayuntamiento cuando sucedió el crimen, intervino en la resolución de los jueces por un posible parentesco entre éste y Marcos Almazo. Incluso contó que un trabajador del Ayuntamiento, cercano al ex presidente, asumió la defensa de los inculpados.
El señor Roberto cuenta que todo el proceso legal ha sido cansado, principalmente por los gastos que implica. Recordó que tras el asesinato de su hija pidió 30 mil pesos prestados, 15 mil los utilizó para la sepultura.
La familia de Roberto tiene ahora 7 integrantes, tres de ellos menores de edad y estudiantes. Él, que se desempeña como albañil, es el único sustento económico para todos.
El padre de Anahí tiene miedo. Desde la liberación de los presuntos homicidas de su hija duerme poco. Se la pasa alerta, vigilando. No descarta un ataque contra su familia, y ha pensado en irse de Huitzuco, pero no puede porque el dinero no le alcanza.
La alerta de género
El reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la declaratoria de alerta de género tiene como fin detener y erradicar la violencia contra las mujeres mediante acciones de emergencia que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno en coordinación con los municipios.
Pero esto se conseguirá solamente si alguna organización civil o la Codehum presentan formalmente una solicitud que cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley, lo que significa apenas el primer paso de toda una travesía burocrática que podría tardar hasta 60 días. Dos meses en total para que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determine si hay o no elementos para declarar la alerta.
De conseguirlo, las acciones que las autoridades estatales emprenderían son: el reforzamiento de patrullajes, la instalación y mejoramiento del alumbrado público, instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos, además de incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público.
También estarían obligadas a buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas, y elaborar protocolos de actuación y reacción policial en materia de violencia de género y personas desaparecidas (protocolo Alba).
Además se emprenderían acciones institucionales encaminadas a la prevención, como la integración de un banco de datos sobre casos de violencia contra las mujeres; crear unidades de género en todas las áreas de gobierno; generar campañas permanentes para prevenir la violencia de género; y establecer un programa de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos para servidores públicos.
En materia de justicia, el gobierno deberá garantizar que se investiguen y resuelvan los delitos vinculados a violencia de género, acceso a la justicia y reparación del daño; crear una unidad de contexto para la investigación de feminicidios que permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres, mediante análisis antropológicos y sociológicos; entre otras medidas.
Para las feministas el gobierno del estado no debería esperar una alerta de género para emprender todas esas acciones encaminadas a erradicar y prevenir la violencia de género, pues aseguran que es más un asunto de voluntad política.
Emma Cerón es perito certificada en género y feminicidios del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. El nombramiento lo recibió hace aproximadamente cuatro años. Cuenta que al igual que ella, Josefina Martínez, psicóloga de la Codehum, es perito en la materia. Desde que recibieron el nombramiento y hasta enero de este año ninguna de las dos fue llamada para dar un dictamen. En Guerrero sólo hay tres peritos en feminicidio, la tercera se encuentra en Acapulco.
–¿Cuál debería ser su función? –se le pregunta a Emma Cerón.
–Yo debo definir o dar alguna pericia cuando alguien tenga una duda sobre el asunto del feminicidio (…) se tiene que armar una teorización, me llaman y me hacen preguntas concretas. Al final el juez va a definir si es o no feminicidio.
Dice que aunque nunca la han llamado, siempre está al tanto y se mantiene actualizada en el tema por si es requerida, por fin, en algún caso. Quiere pensar que si no la han buscado es porque en los juzgados no hay dudas de lo que implica un feminicidio y los casos que encajan en esa categoría son tratados como tal.
Pero para María Luisa Garfias el panorama es distinto. El hecho de que ni a Cerón ni a Josefina Martínez las hayan requerido aún, es indicio de que las autoridades no han declarado feminicidio ningún asesinato de mujer y consecuencia tampoco hay justicia.
Aseguran que el gobierno no reconoce que existe un problema grave de feminicidios porque hacerlo es un castigo a su administración, sería aceptar que esta entidad no es segura para las mujeres.
“A los gobiernos les preocupa lo que se está diciendo en sus estados y creen que una alerta de género disminuye turismo, inversión”, cuenta Garfias Marín.
Esta postura coincide con un hecho reciente en Guerrero. El 15 de diciembre pasado, diputados y diputadas del PRI y el PVEM (partidos que llevaron al gobierno a Héctor Astudillo) frenaron un exhorto a la federación por el que el Congreso Local solicitaría la declaratoria de alerta de género en Guerrero, propuesta que impulsó la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y que contó con el respaldo de los legisladores del PRD, PT y Morena.
Si bien un exhorto del Congreso no es la vía para solicitar la alerta, sí es una presión política para intentar reconocer este problema. La propuesta fue presentada a mediados de diciembre, justo cuando comenzaba la temporada vacacional de fin de año. En esas fechas la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, la perredista Yuridia Melchor Sánchez, aseguró que el PRI y el PVEM frenaron el exhorto porque si se aprobaba se enviaría el mensaje de que Guerrero no es un lugar seguro para las mujeres, lo que ahuyentaría el turismo y la inversión en la entidad.
A decir de la investigadora de la UAG, Elia Moreno los gobiernos estatales no deberían ver en la alerta de género un castigo, al contrario, aseguró que es una oportunidad para no ser omisos y emprender acciones encaminadas a que en Guerrero las mujeres no sigan siendo asesinadas.
Guerrero, entre los estados con más asesinatos de mujeres
Según el informe Situación de Derechos Humanos en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México, y entre 2011 y 2013, los estados que presentaron las tasas más altas fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el estado de México.
En enero de este año se registraron 11 casos en la entidad, pero el gobierno no quiere ver que en Guerrero están matando a las mujeres.
http://suracapulco.mx/2/en-guerrero-162-mujeres-fueron-asesinadas-en-2015-pero-el-gobierno-se-niega-a-declarar-alerta-de-genero/
Reversos
Rivelino Rueda
Los “de pies ligeros” llegaron en autobuses destartalados. Los otros, los flamantes carruajes de última edición, con baños, aire acondicionado y cómodos sillones, llegan hasta la calle de Madrid. Éstos no. Éstos lucen llenos de polvo y mantienen un penetrante olor a orines. Éstos que se mantengan lejos, a un costado del Parque Pauster.
Que caminen unos metros. Total, si recorren grandes distancias a pie y precisamente se les conoce por eso, que hagan el esfuerzo. La caravana es colorida y ordenada. No importan las descortesías ni la mañana brumosa en la Ciudad de México, lo que importa es reafirmar el derecho a ser rarámuri y ódami.
Representantes de las comunidades indígenas de Bacajípare, Bosques San Elías Repechique, Coloradas de la Virgen, Choréachi, El Mochomo, Huetosachi, Mala Noche y Mogótavo, agrupados en la “Caravana por la Justicia de la Sierra Madre Tarahumara” llegaron al Senado de la República para refrendar sus demandas a 30 años de haber iniciado la lucha por la defensa de sus tierras.
“En algunas comunidades de las que desde hace más de 30 años han defendido el bosque que hay en su territorio, ahora están sufriendo asesinato de sus compañeros, la persecución, la violencia y el desplazamiento forzado”, comenta Luis Javier Pérez, de la comunidad Repechique, uno de los participantes de la caravana.
***
La lectura del documento. El énfasis en los compromisos incumplidos. La advertencia de continuar enfrentándose a “intereses económicos muy poderosos” que buscan instaurar proyectos en la región que “no son los proyectos de nosotros”.
Un gaseoducto, un aeropuerto, la lucha por el derecho al agua, los “regateos” para construir centros de salud, el “echarse la pelotita” entre autoridades para la edificación de escuelas… La ancestral defensa por la tierra. 65 mil kilómetros cuadrados. 50 mil habitantes.
Luego el traslado al piso 14 de la Torre de Comisiones de la Cámara alta para reunirse con legisladores y autoridades. Unos se lo echan a pie uno a uno de los escalones, faltaba más, otros más se aventuran por dos lentos elevadores con capacidad para ocho personas. El cuero correoso de los huaraches se afianza en la alfombra. El paliacate rojo en la cabeza contrasta con el insípido gris de los sillones. Allá afuera luce en todo su esplendor Paseo de la Reforma. Aquí dentro las palabras claras:
“En la sierra se están agravando otros problemas por la violencia. Hay miedo. Llega gente de fuera y obliga a nuestra gente a sembrar enervantes. No hay quien ponga freno al aumento de homicidios, al aumento de las adicciones. Sólo dicen que no pasa nada, que todo está tranquilo”, remarca el representante de la caravana.
***
Lo de siempre. Termina la reunión sin compromisos concretos, solo promesas, solo la firma de acuerdos que, muchas veces, han sido incumplidos. Hipnotiza, casi como melodía de violín, el idioma rarámuri y ódami. Bajan catorce pisos y atrás dejan palabras e historias cotidianas, sobre la defensa de la tierra, su ancestral tierra…
Uno de los representantes indígenas comenta que se llevó a cabo una consulta sobre el Gasoducto El Encino-Topolobampo a 321 rancherías que se congregan en 21 centros de reunión tradicional de cuatro municipios de la Sierra Tarahumara.
“Esta consulta no fue previa porque la obra ya tenía más del 50 por ciento de avance. Para las comunidades ésta fue la primera consulta en la que participamos y, podemos decir, que tampoco fue adecuada a nuestra cultura y a nuestros tiempos, porque la hicieron muy apurada y no nos dieron tiempo para pensar y platicar bien en las comunidades. Tampoco nos dieron toda la información que pedimos sobre los riesgos que conlleva vivir con un gasoducto”, manifiesta otro representante.
Por allá alguien pide la voz y señala que “las empresas trasnacionales están ofreciendo constricción de escuelas, centros de salud y otros servicios, lo que nos parece ofensivo porque es lo que nos corresponde por derecho a las comunidades, y el gobierno debe garantizarlo independientemente de los proyectos”.
Y otro caso más del despojo: “Un problema que estamos viviendo es que las comunidades de Mogotavo, Huetosachi y Bacajipare presentamos proyectos para la distribución de agua potable, los cuales fueron aprobados y contaban ya con los estudios de factibilidad, pues en el caso de Mogotavo ya tenía un 60 por ciento de avance de obra pero fueron cancelados. La razón que dieron es que los propietarios de los predios se inconformaron. Nos preguntamos: ¿El derecho de propiedad privada está por encima del derecho al agua?”
La mirada vacía y un tufo de hartazgo se dejan ver entre los funcionarios. Las exigencias no forman parte de los protocolos a los que están acostumbrados, sobre todo cuando por allá se escucha que otro de los problemas de la región es que “los niños serranos tienen una educación deficiente, en el caso de que la tengan, porque no hay aulas, no hay maestros comprometidos que duren toda la semana y, además, nos imponen el modelo educativo que no nos ayuda al desarrollo armónico como rarámuri y ódami”.
Los esperan los autobuses con cicatrices de lodo, con olores nauseabundos por los alucinantes trayectos en carretera. Cruzan a toda prisa el Parque Pasteur, que hace esquina con Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Bajo el brazo se llevan un acuerdo de las autoridades. Muchas dudas, muchos kilómetros a cuestas, muchos años de lucha y grandes conquistas que se les han ido arrebatando a los poderosos.
Luis Javier Pérez se detiene. Observa el enorme edificio del Senado. Echa un vistazo a los alrededores y comenta: “Lo principal es que el Estado respete nuestro derecho a decidir qué queremos. Nuestro derecho a pensar diferente. Nuestro derecho a ser como somos, rarámuri y ódami, y a gozar de nuestros derechos”.
Dos hombres que trabajaban en el interior de una mina, en el municipio de Pánuco de Coronado, fueron encontrados sin vida en el interior de un profundo pozo; según el informe de la Fiscalía del Estado los ahora occisos inhalaron monóxido de carbono y se asfixiaron.
EN LA MINA SAN GONZALO
El agente del Ministerio Público se trasladó al poblado San José de Avino, perteneciente al municipio citado, para ingresar a la mina San Gonzalo, donde se reportó el deceso de Gregorio García Alemán, de 38 años y Donaciano Guzmán Vázquez, de 42.
Según los datos proporcionados por el supervisor del lugar al recorrer la mina se percató que los dos hombres estaban tirado en el interior de un pozo de mil metros de profundidad y tras bajar a auxiliarlos se dio cuenta que no tenían signos vitales.
LAS AUTORIDADES CONFIRMARON LA CAUSA
Las autoridades, tras la práctica de la necropsia, confirmaron que el deceso de los mencionados, quienes tenían su domicilio en Cuencamé, fue a causa de asfixia por monóxido de carbono.
www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/648550.murieron-a-mil-metros-bajo-tierra.html
Gabriela Martínez, Jorge Heras, Hamlet Alcántara y Antonio Heras. Tijuana, B.C.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tardó tres semanas desde que padres de familia comenzaron a tomar escuelas de nivel básico en la zona 24, situadas en el Este de Tijuana, para levantar la voz y advertir al gobierno del Estado que de no pagar el salario que adeudan a 480 maestros interinos convocarían a paro de labores.
Desde la segunda semana de febrero, los padres de familia iniciaron movilizaciones para exigir el pago a los profesores interinos que no cobran desde que inició el ciclo escolar, situación que repercutió en sus hijos que suspendieron clases de los maestros afectados. En las manifestaciones han bloqueado la carretera federal Tijuana-Tecate y el Bulevar 2000 que conecta a Tijuana con Playas de Rosarito.
Quebranto de Issstecali sepulta salarios de maestros interinos
El gobierno del estado carece de dinero para pagar el salario de maestros interinos que contrató para el ciclo escolar debido a que ese presupuesto lo utiliza para costear el sueldo de 2 mil 407 profesores retirados de las escuelas que no se han podido jubilar, porque Issstecali tampoco tiene recursos.
Aunque a cada uno de los trabajadores se les descontó de su sueldo durante toda su vida laboral para destinarlo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, la institución de seguridad social dijo no tener la suficiente solvencia económica para pagar la nómina mensual que corresponde a cada maestro jubilado.
El secretario de Educación en Baja California, Mario Herrera Zárate, reconoce que hacerse cargo de esa nómina le ha costado a la hacienda estatal 921 millones de pesos anuales y otros 310 millones al año para el pago de interinatos.
No somos privilegiados ni clase dorada: magisterio
Al cumplir 35 años de servicio, el profesor Francisco Javier Gutiérrez Piceno fue “liberado” como primer paso para su jubilación. En la última etapa como educador fue director de la escuela primaria Carlos Arzaba García, de la colonia Miraflores de Mexicali, y afirma que en ese periodo nunca formó parte de una clase privilegiada o “dorada”.
Lejos de percibir sueldos ostentosos, la mayoría de los maestros en activo con plaza inicial gana 13 mil 250 pesos al mes con todo y prestaciones, pero el salario después de las deducciones queda en 10 mil pesos mensuales, asegura.
Aunque reconoce que “excepcionalmente” algunos trabajadores de la educación pueden alcanzar sueldos por encima de los 40 mil pesos, Javier Gutiérrez, de 60 años, sostiene que lo logran casi al final de su vida laboral.
Rocío es maestra frente a grupo del Sistema Educativo Estatal. Trabaja en un jardín de niños donde atiende a 23 alumnos de primer grado de preescolar y pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Tiene 210 días en su trabajo en jornadas de cinco horas y no ha recibido pago alguno desde agosto de 2015; se dice molesta porque el gobierno gasta dinero en cosas absurdas.
“Es una situación difícil porque tus planes los tienes que posponer; la compra de un carro nuevo para ir a tu trabajo no es esencial, pero sí la alimentación y la gasolina porque es día a día”.
Saturar aulas, solución del SEE a problema magisterial
El gobierno de Francisco Vega pretende “optimizar” recursos económicos destinados a la educación eliminando turnos vespertinos, para lo cual va a compactar grupos del horario matutino y en cada salón de clases habrá hasta 42 estudiantes.
La estrategia consiste en ahorrar en recursos humanos frente a grupo para al final cancelar plazas “optimizadas” de
jubilados.
El documento Reorientación de recursos del Sistema Edu-cativo Estatal contiene las propuestas del secretario de Educación y Bienestar Social, Mario Herrera, quien plantea disminuir el número de grupos, reubicando a los estudiantes, para que en nivel preescolar haya hasta 25 alumnos en un salón de primero y segundo grados, mientras que en tercero se amplíe a 30.
Los grupos deben ser de máximo 25 alumnos, señala especialista
La supuesta optimización de recursos con que las autoridades de Baja California pretenden resolver la calidad de la educación en la entidad muestran más ignorancia que conocimiento en el tema, según declaraciones del catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Rodolfo García.
No distinguen entre el fenómeno escolar, el fenómeno educativo y el áulico, señala ante la importancia que tiene la experiencia en el salón de clases que se vive todos los días entre docentes, las herramientas pedagógicas y los alumnos.
“No pueden optimizar con el fenómeno escolar porque violenta máximos de alumnos”, toda vez que el número óptimo es de 25 estudiantes por grupo y trae problemas el trabajar con un mayor número de educandos.
Por ejemplo, afirma, la educación preescolar es lúdica, todo se hace a través del juego; las educadoras no pueden trabajar con 30 alumnos porque también deben atender a los niños con necesidades educativas especiales, definidos como NEE, que por cierto están integrados a todos los niveles de educación básica.
Entonces, ¿cómo le hacen para atenderlos si hay tres o cuatro alumnos con esa condición?, dice y cuestiona la propuesta del gobierno de Baja California de compactar grupos para tener en un salón a 30 pequeños de Jardín de Niños, 40 de primarias y 42 en secundarias, de acuerdo al documento Reasignación de recursos del Sistema Educativo Estatal, lo cual considera antipedagógico.
http://jornadabc.mx/tijuana/07-03-2016/ni-dorados-ni-privilegiados-maestros-malpagados
No a Monterrey VI
1. Poder tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía, y ejecutarlas con la fuerza pública.
Solo los concesionarios tendrían voz y voto en los Consejos de Cuenca (Art. 55-57). Los presidentes municipales, el Jefe de Gobierno y las corporaciones extranjeras seguirían controlando los sistemas de agua y saneamiento (65 II). La autoridad del agua podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones (263).
2. Privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales.
Se concesionaría megaobras hidráulicas (129, 232) en torno a grandes ciudades: Monterrey VI, Acueducto Independencia, Zapotillo/León, Cutzamala IV, Paso Ancho/Oaxaca, Chapultepec/Acapulco (72 V, 116); pozos ultraprofundos (191), desalinizadores (9 X). Se promoverá la privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento. (80, 81).
3. Sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinas para dar agua a grandes corporaciones.
Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas por la Conagua por 5-30 años, prorrogables, heredables y sujetas a dinámicas de compra-venta; en violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros (88-112). Al rentar sus parcelas los comuneros o ejidatarios cederían sus derechos al agua. (160) Al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar concesión (161). Los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados (65). La Conagua manejaría “bancos de agua” para “proyectos estratégicos”. (113).
4. Definir el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día.
La única obligación de la autoridad sería garantizar 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos. (49).
5. Garantizar la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas ante la presión social.
Las tarifas cobradas a los usuarios finales serían fijadas por convenio con la Conagua como condición para acceso a fondos federales, y tendrán que cubrir la recuperación de las inversiones y costos de los inversionistas. (250, 256, 257, 258) Los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas cobradas a poblaciones vulnerables (240).
6. Asegurar agua para el uso minero y el fracking.
El uso minero no requerirá de concesión (191). La fracturación hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial (“agua para la extracción de cualquier sustancia”). (10, LVI).
7.Seguir ofreciendo impunidad a contaminadores.
“El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad…”. (39).
8. Evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”.
Los prestadores de servicios podrían obtener una certificación en materia de calidad del agua. (35) (193 VI, 211).
9. Desentenderse frente a desastres.
En caso de emergencias hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el “autocuidado y autoprotección”. La población debe tomar medidas para contar con agua, y adoptar previsiones para disminuir daños a su persona, bienes y entorno. (225).
10 Prohibir el estudio de la situación real del agua.
La realización de obras de exploración, estudio, monitoreo y remediación sin contar con el permiso de la Conagua (262 XXVI) será considerada falta grave, con sanción de 1000 a 50,000 días de salario mínimo (269, 270).
Ayúdanos a construir el Buen Gobierno del Agua
1. Corre la voz y manifiéstate—con volantes, tuits, Facebook, videos, foros, en escuelas, lecherías, ferias. ¡No pasará la Ley Korenfeld!
2. Conoce la Propuesta Ciudadana en: www.aguaparatodos.org.mx
3. Júntate con tus vecin@s para formar un Comité del Agua—y haz recorridos para conocer de dónde viene su agua, qué calidad tiene, cómo se almacena y se distribuye. Envía fotos y textos de lo que encuentres por celular al mapa nacional vía “agua.org.mx app”, y consúltalo para conocer tu cuenca y conectarte con más vecin@s.
4. Si tu sistema de agua está en manos de tu comunidad ¡Participa y defiéndelo!
5. Empieza desde ahora a captar agua de lluvia, reciclar, reforestar.
6. Apoya las luchas frente a trasvases, presas, la Minería tóxica, el fracking, la privatización de sistemas municipales o metropolitanos, las megaobras (como aeropuerto Texcoco) en cuencas con estrés hídrico.
7. Buscamos la liberación de l@s pres@s, y honremos a los que han dado sus vidas defendiendo el agua.
PARTICIPA EN ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL AGUA FRENTE A OFICINAS LOCALES Y NACIONALES DE LA CONAGUA EL DOMINGO 22 DE MARZO
¡Agua para la vida, no para el lucro!
noamonterreyvi.com/2015/03/06/lo-que-busca-la-ley-de-aguas-de-korenfeld-en-10-puntos/
Jesús Vergara
La tarde de este sábado (5 de marzo del 2016) un grupo de personas, en su mayoría mujeres, alzaron la voz en contra de los múltiples feminicidios y actos de violencia de género en una de las entidades más afectadas por este terrible problema; nos referimos al Estado de México. Cabe señalar que aún con la alerta de género emitida por SEGOB en once municipios de esta entidad, los asesinatos y desapariciones contra las mujeres no se han reducido. Incluso se ha documentado como es que dicha alerta de género fue retardada por motivos electorales, en una de las tantas acusaciones que ha recibido Lorena Cruz Sánchez titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por abusos laborales, despilfarro de recursos públicos, favoritismo, entrega amañada de contratos y nulo compromiso con la igualdad de género (ver nota en Proceso).
La urgente protesta inició en el municipio de Ecatepec y continúo en diversas rutas del transporte público hasta llegar a Chimalhuacán, en donde realizaron el Performance titulado “Rostros de Fuego, del Bordo a la esperanza”:
Ante el vacío institucional, que no solo permite sino que fomenta la violencia en sus múltiples formas (la de género incluida), la colectiva feminista Enredadas, cuyas integrantes acompañaron en todo momento la protesta, expresaba el sentido de esta actividad de la siguiente forma: “Estamos generando este movimiento dentro de la periferia urbana. Salimos a gritar, a marchar y prestar nuestro rostro indignado a las mujeres que la violencia machista les ha desdibujado, a las que su cuerpo les han mutilado, a quienes han embolsado y arrojado al bordo, a quienes las han baleado a plena luz del día y que se les ha aniquilado, ahí junto a un Estado omiso y una sociedad indolente en su silencio. Por eso salimos hoy a las calles a decirles: ¡Nos vamos a defender!”
Exigencia que aún a pesar del dolor que provoca el indignante fenómeno no deja de ser colorida, amorosa, acompañada con silbatos, bailes y consignas que ante todo catalizan la sororidad para defender la vida y la dignidad de las mujeres. Poco a poco vemos como la organización comunitaria sale a las calles, primero para visibilizar los fenómenos que una sociedad históricamente oprimida por la cultura patriarcal es incapaz de reconocer, y después porque una vez reconociéndolos no queda otro camino que el compromiso que resuelve o la indiferencia cómplice. Es por eso que desde aquí nos unimos a la exigencia de una calle sin acoso y de una sociedad sin violencia de género y junto a ellas decimos: ¡Nos queremos vivas, dignas y felices!
Marcos Vizcarra, Sinaloa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Gobierno de Sinaloa la serie de pendientes que tienen por violaciones graves a derechos humanos: asesinatos e impunidad, feminicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y ataques a periodistas.
En el Informe “Situación de derechos humanos en México”, entregado la semana pasada, la CIDH planteó que la violencia en México ha tenido un auge desde 2009, con el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, que dejó a su paso miles de muertes y desapariciones.
En el caso de Sinaloa, la comisión interamericana señaló que esta guerra ha sido un factor detonante para que esta entidad se encuentre entre los tres estados del País, junto con Guerrero y Chihuahua, con mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
“Causa preocupación entonces las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de los estados con mayor tasa de homicidios, como Guerrero (41.59), Sinaloa (33.33) y Chihuahua (29.36), muy por encima del promedio nacional, de los cuales, la gran mayoría se encuentra en la impunidad”, indica el informe.
La causa que atribuye la CIDH es que en Sinaloa se encuentra uno de los cárteles de la droga más importantes del País.
En el apartado de asesinatos, la CIDH hace una referencia específica sobre feminicidios, colocando a Sinaloa como una entidad con focos rojos por el número de casos.
“De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 1 mil 235 mujeres fueron víctimas de asesinato por ser mujer de enero de 2010 a junio de 2011, registrándose el mayor número en el Estado de México (320), Tamaulipas (169) y Sinaloa (168)”, estableció.
La CIDH señaló que además de asesinatos, Sinaloa es uno de los estados con mayor número de desplazamientos forzados de personas, sin que se tengan condiciones apropiadas para la atención de las personas, por lo que se han emitido medidas cautelares para ello.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el número de personas desplazadas en Sinaloa es de casi 3 mil personas.
El organismo internacional hace referencia también a las desapariciones forzadas de personas, pues Sinaloa suma mil 857 casos, de los cuales, mil 471 corresponden a la administración actual, colocándose como una de las entidades con mayor número en México.
La CIDH recordó los casos de agresiones a medios de comunicación, en específico las cometidas contra el personal de Noroeste, las cuales aún están impunes, lo que propicia que se vuelvan a repetir.
“Tanto la Comisión como la Corte se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza”, señaló.
“Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”, agregó.
Violaciones graves
La CIDH señala los pendientes del Gobierno de Sinaloa en asesinatos, impunidad, feminicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y ataques a periodistas.
“Causa preocupación entonces las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de los estados con mayor tasa de homicidios…”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/view/seala-cidh-a-sinaloa-por-derechos-humanos-1013763
Hoy 6 de marzo que los pescadores de Punta Lobos/Todos Santos junto a sus familias nos convocan defender el territorio sudcaliforniano, de la violencia ejercida en conjunto por el capital inmobiliario y turístico de MIRA Companies y el gobierno mexicano (en sus tres niveles) para imponer el proyecto de Tres Santos, es crucial recordar la represión orquestada el 2 de febrero pasado y junto a ellos, con la memoria a cuesta, salir a la calle paso a paso, codo a codo para defender lo que es nuestro, lo que es de todos.
Crónica de una represión anunciada
Aquel día, el gobernador descaradamente acató las órdenes de los ejecutivos de Tres Santos y reprimió con la fuerza pública a pescadores de Punta Lobos, sus familias y personas solidarias con quienes desde octubre del año pasado habrían montado un campamento a la orilla del camino vecinal que lleva a la playa y a la construcción de la primera fase del proyecto turístico. El plantón fue decido en asamblea por los cooperativistas, con el objetivo de parar la construcción del hotel boutique de Tres Santos y evidenciar las irregularidades sobre la tenencia de la tierra, el despojo de la playa historicamente habitada por ellos, las afectaciones materiales a sus herramientas de trabajos ocasionadas por dicha construcción y por supuesto, la destrucción de más de una hectárea de mangle dulce entre otra flora y fauna de la región, protegida por cierto, por normas ambientales. El oficial al mando del operativo violento del 2 de febrero, justificó su acción frente al representante legal de los cooperativistas, haciendo público un documento firmado por ejecutivos de MIRA Companies donde explícitamente dice que requiere la fuerza del estado para seguir con la obra. El gobernador hizo caso omiso a lo que más de 100 familias que historicamente han vivido de la pesca ribereña en Todos Santos le han venido diciendo desde hace meses. Sin embargo sólo bastó una solicitud de los representantes de Tres Santos, para intentar callar a macanazos a los pescadores de Punta Lobos.
No a todos sorprende la cera en los oídos del gobernador, tampoco la represión contra los pescadores de Punta Lobos y menos aun el servilismo de su actuar frente a los intereses del gran capital. Es importante hacer memoria y recordar que en plena jornada de lucha contra la minería tóxica Mendoza Davis amenazó a la ciudadanía por cerrar carreteras y obligar a la clase política sudcaliforniana a frenar momentáneamente el proyecto Los Cardones. Ya había anunciado el uso de la fuerza pública y el carácter servil de su gobierno a las fuerzas económicas internacionales desde hacía unos meses, cuando su correligionario, Armando Martínez, tomó posesión como presidente municipal de La Paz. Palabras más palabras menos, dijo que si se volvía a bloquear la carretera, ya no podría ayudar a los demandantes; como si el pueblo no tuviera el derecho inalienable a manifestarse como lo crea conveniente, como si se le tuviera que pedir permiso para defender el territorio, el futuro. Ayer sólo bastó con que la empresa inmobiliaria/turística solicitara por escrito desmantelar el campamento que más de 70 pescadores de la cooperativa Punta Lobos montaran desde hace más de tres meses sobre el acceso a la playa, para mandar más de 200 policias entre federales, estatales y municipales de Los Cabos y La Paz, y escoltar con toletes en mano a ejecutivos de MIRA Companies, ingenieros, una arquitecta y una cuadrilla de trabajadores de la construcción hacia el cascaron de hotel.
Valdría añadir que la represión fue preparada con unas semanas de antelación, y en buena medida esta fue mediática. Un par de semanas antes del violento desalojo, la mayoría de los periodista, editorialistas y medios locales –con sus honrosas excepciones–, repitieron hasta el cansancio que los pescadores de Punta Lobos habían firmado el famoso convenio para que la empresa reanudara sus trabajos en la playa. Los pescadores, a través de sus representantes legales, desmintieron ésto, sin embargo, el eco de los poderosos siguió reproduciéndose a lo largo y ancho de la península a través de las redes sociales, las ondas hertizanas, la televisión y la prensa escrita. Ese convenio apócrifo, preparado en lo “oscurito”, a espaldas de la asamblea general de la cooperativa y de la sociedad, fue el pretexto como dijimos, para que el Estado hiciera uso de la fuerza pública contra la población de Todos Santos.
En esa última semana de enero también se acosó a los extranjeros que apoyaban activamente la lucha de los pescadores. La solidaridad ha sido por diversas razones, una de las cuales, y no es la menor, es el tema del agua que afecta no sólo a los pescadores de la cooperativa, sino a la población de Todos Santos en su conjunto, incluida a la reconocida comunidad compuesta por extranjeros. Sin embargo, una lectura sencilla de la amenaza revela la dimensión mediática: por una parte la relevancia en los medios no sólo locales sino incluso internacionales que algunas personalidades como Peter Buck –ex guitarrita de R.E.M.- tienen, y por otra, la limpieza de extranjeros durante la jornada represiva, pues reprimir pescadores puede estar mal, pero está “aceptado” o “normalizado”; pero si en las imágenes y crónicas de la represión aparecen extranjeros, ahí cambia el panorama, por ello, mejor mandar policías a amenazar a sus domicilios y a la prensa vendida a reproducir el caduco mensaje de que “nadie por encima de la ley”, cuando en realidad se trató de evitar a toda costa que aparecieran en el mismo cuadro que las fuerzas policíacas represoras.
Afortunadamente la fortaleza de la resistencia contra la represión policíaca del 2 de febrero mostrada por los pescadores de la cooperativa Punta Lobos y sus familias fue acompañada minuto a minuto por medio de comunicación libres y personas comunes que con sus celulares desde el lugar de los hechos difundieron los acontecimientos a través de las redes sociales con videos, comunicados y entrevistas en el mismo momento en que se estaba ejerciendo la represión.
El 4 de febrero pasado, dos días después del operativo, los cooperativistas se trasladaron a la ciudad de La Paz para buscar el dialogo con las autoridades. El subsecretario de gobierno que había sido categórico la mañana del 2 de febrero al anunciar que el diálogo estaba agotado, junto a la arquitecta Beatriz Ledezma, quien había dirigido el operativo de desalojo, accedieron a la petición de los pescadores de reanudar las mesas de negociación y destrabar así el problema.
Las mesas de negociación se se realizaron a petición de la arquitecta Beatriz Ledesma con total hermetismo. Los pescadores de la cooperativa Punta Lobos insistieron que la base de la discusión girará en torno a sus 8 demandas, que han expuesto en diversos foros y en las mismas redes sociales. Para los representantes de MIRA Companies una de las condiciones para sentarse a la mesa con los pobladores de Todos Santos y los pescadores de Punta Lobos fue el silencio.
En este contexto, artificiosamente silencioso y a unos días de cerrar el dialogo y llegar a acuerdos, la procuraduría de justicia notificó a activistas solidarios, a representantes de los Medios Libres y al abogado de los cooperativistas de la demanda interpuesta por la empresa inmobiliaria, por despojo e invasión.
Es evidente que el diálogo estuvo viciado de inicio y sobre todo, es claro que el gobierno de Baja California Sur está respondiendo a los intereses del gran capital. Éste es el mensaje. El diálogo fue evidentemente roto, y no fueron los pescadores de Punta Lobos quienes ocasionaron la fractura. Ahora es importante que los sudcalifornianos de nacimiento y por adopción, nos solidaricemos con la lucha del pueblo de Todos Santos, que en el fondo es nuestra lucha. Sigamos manifestando nuestra preocupación y denunciemos el servilismo del Estado y su ataque contra quienes luchan y defienden lo que nos queda; pero sobre todo, salgamos a todos a la calle, por el territorio hoy se defiende paso a paso, codo a codo.
Analy S. Nuño,
Los tambores, cazuelas, botes, palos, mariposas, mantas, cartelones, pintura y playeras moradas paralizaron por más de dos horas la calzada Independencia y la avenida Juárez.
Fue la primera marcha feminista del año. La primera marcha de exigencia de justicia y alto al feminicidio después de la activación de la Alerta de Violencia contra las Mujeres. La primera marcha con un mensaje distinto para las autoridades: “¡No necesitamos más machos que nos cuiden, queremos un estado que garantice nuestra seguridad!”.
Ha pasado un mes de que se activó el mecanismo de protección a las mujeres, y el estado parece no entender de lo que se trata:
“La marcha es respuesta a la activación, el mensaje que se ha estado enviando desde la activación es un mensaje de tutela y cuidado, los spot de difusión de la alerta siguen tratando a las mujeres como ‘nuestras’ mujeres y las vamos a cuidar, es un mensaje equivocado. No nos tratan como ciudadanas, sino como un objeto de cuidado. Muestra un estado totalmente paternalista y machista”, señaló Guadalupe Ramos Ponce, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (Cladem).
Los gritos para reformular el mensaje al gobierno del estado retumbaron desde el Parque Morelos hasta el Parque Revolución, una y otra vez: “¡Va a caer, va a caer, el machismo va a caer!” “¡Al machismo hay que ponerle fin!” “¡No es piropo, es acoso!” “¡No necesitamos un estado paternalista!” “¡No necesitamos que nos cuiden, nos tutelen, nos sigan viendo como víctimas!”.
Esta exigencia de un estado que dé certeza a las mujeres se sumó a la exigencia que desde hace mucho tiempo hacen niños, adultos, mujeres, hombres, feministas, activistas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidos:
“¡No son muertas, son asesinadas!” “¡Ni una más, ni una más!” “¡Justicia para Berta!”, “¡Justicia para Betzabe!” “¡Justicia para Imelda!” “¡Justicia para Gaby!” “¡Justicia para todas!”.
A su paso por las avenidas Alcalde y Juárez, la marcha Nosotras por nosotras tuvo el clímax: permaneció por más de 6 minutos detenida en el punto, para gritar consignas en contra del machismo y exigir justicia por todas las víctimas de feminicidio.
Unos metros adelante, en Federalismo y Juárez, el contingente se sentó sobre avenida Federalismo y dejó en claro su consigna: “¡La calle es nuestra y ésta es una muestra!”.
Día de la Mujer
La marcha con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo, se da en medio de la alerta de violencia contra las mujeres que en Jalisco ha costado la vida de 21 mujeres víctimas de feminicidio.
A esto se suma la problemática que se acentúa de desaparición de niñas y adolescentes y que a pesar de la alerta no ha habido la implementación de protocolos para la búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas.
La marcha terminó en el Parque Revolución debido a que no pudo llegar a su destino, el andador Escorza, por estar ocupado el espacio por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En ese punto, además de emitir un pronunciamiento se realizaron actividades como performance.
“Tenemos razones de sobra para salir a luchar por nuestros derechos. En México, las mujeres somos el sector más golpeado por los gobiernos actuales y por el sistema capitalista y patriarcal. La ola de violencia se expresa en el feminicidio y las desapariciones de mujeres”, señalaron las integrantes de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas.
Cancún, Quintana Roo.– Entre 2014 y 2015 desaparecieron más de 269 jóvenes y fueron asesinadas más de 150 mujeres desde 2012 en Quintana Roo, sin embargo el gobierno estatal insiste en clasificar estos delitos como homicidios y no como feminicidio, el cual está tipificado en la entidad desde 2013 y tiene una pena de 25 años de cárcel.
De cara a la conmemoración del 8 de marzo, organizaciones civiles especialistas en el tema reunidas en una mesa de trabajo para hacer el seguimiento de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), denunciaron que al momento no existe ninguna averiguación previa por estos casos de feminicidio, ni alguna persona procesada por ese delito en la entidad.
Observaron que la magnitud de la violencia feminicida, hace más que necesario decretar la AVG, sin embargo a la fecha, el gobierno estatal continúa sin elaborar un protocolo de investigación con perspectiva de género para estos casos.
De acuerdo con datos de El Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo-que solicitó la Alerta de Género junto con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF)- en el estado, las mujeres viven diversas violencias: de pareja, sexual, explotación sexual, trata de personas, especialmente de mujeres.
Tan sólo entre 2012 y 2013 se registraron 80 asesinatos de mujeres en la entidad; cifra que se incrementó a 51 en 2014. En 2015, 14 adolescentes fueron asesinadas en Cancún; otra víctima se registró en Chetumal y una más en Playa del Carmen. En lo que va de este año, una joven más fue asesinada en Tulum; una fue violada y asesinada en Cancún, y otra en Playa del Carmen.
VIOLENCIA SEXUAL
Desde 2010, Quintana Roo lidera el listado de estados de la República Mexicana con más casos de violencia sexual.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2014 a octubre de 2015 se denunciaron oficialmente 903 casos de violación sexual en contra de mujeres en Quintana Roo.
En 2013 la Secretaría de Salud atendió a 3 mil 683 víctimas de violencia sexual. En el mismo periodo los Servicios Especializados para la Atención a Víctimas de Violencia Familiar, reportaron mil 894 casos.
DESAPARICIONES
De acuerdo con la especialista en violencia Mónica Franco Muñoz, de enero de 2014 a agosto de 2015, desaparecieron en la entidad 269 jóvenes.
Reconoció que el incremento de la violencia se ha permitido y nutrido ante la omisión y negligencia de funcionarios y de legisladoras y legisladores que no muestran interés en el tema y todo ello constituye dijo, violencia institucional.
La mesa fue convocada y respaldada por el colectivo “Ni una Menos”, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo, el Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo y el capítulo Cancún de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), el Centro Integral de Atención a la Mujer Cancún (CIAM), entre otras.
Durante su intervención, Franco Muñoz propuso la tipificación de tres nuevos tipos penales, vinculados con el Feminicidio, figuras que no existen aún en el marco legal mexicano, pero que en su opinión, deben contemplarse pues en los hechos, son fenómenos estudiados, recurrentes y graves para la vida e integridad de las mujeres.
Entre las propuestas destaca el Suicidio Feminicida, que ocurre cuando las mujeres se matan como un último recurso ante la violencia vivida en todos sus tipos y modalidades.
El otro tipo penal es la tentativa de feminicidio, que se presenta en casos en que las mujeres ha estado a punto de ser asesinadas, pero salvan la vida porque alguien interviene y logra ayudarlas o “porque se arrastran, porque se defienden, porque su agresor se detiene”.
La especialista ejemplificó con los testimonios de mujeres que han declarado “me quiso estrangular en cuatro ocasiones, pero sobreviví”.
El tercer tipo penal son las lesiones feminicidas, hechas a la víctima como un mensaje del agresor para dejar por sentado su poder y control del cuerpo de las mujeres. Se dañan zonas específicas, principalmente los órganos sexuales.
“Morder el clítoris o los pezones hasta arrancarlos; arrojar ácido en el rostro de las mujeres, son este tipo de lesiones feminicidas que buscan enviar un mensaje. No te hieren cualquier zona del cuerpo…sino sitios muy específicos que son los que te dan identidad como mujer”, explicó.
Un trabajador de la mina “El Gato” falleció el día ayer cerca del municipio de Barroterán, luego de que se descarrilara el carro minero en que trasladaba, cuando se disponía a realizar sus labores al interior de la mina.
Fue alrededor de las 9:30 de la mañana que ocurrieron los hechos en la mina ubicada en la carretera Palaú-El Sauz, a la altura del kilómetro 20 y 2 mil metros al noreste por terracería, casi enfrente de la antigua Hullera Mexicana.
Según se informó, cuatro trabajadores se disponían a trabajar e ingresaron a bordo de dos carros mineros al interior de la mina.
No obstante, el carro en el que se trasladaba el trabajador Néstor Iván García Luna se descarriló, por lo que optó por saltar.
Debido a que la pendiente de lamina por donde circulaba era de 45 grados, perdió el equilibrio, lo que provocó que rodara por el cañón de aproximadamente 50 metros.
El joven se golpeó en la mayor parte del cuerpo y cráneo, lo que provocó su deceso.
Néstor Iván García Luna era originario del ejido de Palaú con residencia en Barroterán.
La mina “El Gato” se encuentra entre Múzquiz y Barroterán en la región Carbonífera de Coahuila, donde se han registrado numerosos accidentes provocando la muerte de decenas de mineros.
www.siglo.mx/coahuila/noticia/89700.fallece-minero-al-descarrilarse-carro-.html
Redacción El Siglo de Torreón
El Colectivo de Mujeres Sinaloenses solicitará al gobierno federal emita la declaratoria de alerta de género en Sinaloa, ante el registro de 21 feminicidios en los dos primeros meses del año, cifra que casi triplica, a los ocho casos que se tuvieron en el mismo periodo en el 2015.
Teresa Guerra Ochoa, titular del organismo, dijo que el próximo martes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentará en forma oficial la solicitud, a fin de que se pongan en práctica medidas de atención y precaución a la emergencia que se vive.
En lo que va de este sexenio, precisó que se tiene un acumulado de 409 homicidios violentos de mujeres, con características y móviles diversos, entre ellos, relacionados a la violencia intrafamiliar que caen en la tipificación de femenicidios.
La luchadora social señaló que no comparte los criterios vertidos por las autoridades estatales, en el sentido que la alerta de género no frena las muertes violentas del sector femenino, por considerar que ninguna acción, lo hace, pero, sí se inhibe y se protege a las mujeres, con el despliegue de diversas acciones y programas.
Por: Silvia Ayala
La Autopista Durango-Mazatlán es una autopista que une a estas dos ciudades atravesando la Sierra Madre Occidental con una longitud de 230 kilómetros.
Pero desde su inauguración en 2013, ha presentado un sinnúmero de problemas, entre ellos un muy mal estado en la cinta asfáltica.
Esta obra fue construida atravesando la sierra madre occidental en terreno 100% escabroso y que dadas las circunstancias es normal que surjan este tipo de problemas.
Exceso de lluvia, derrumbes, baches, desniveles y túneles bloqueados, son algunas de las situaciones que la supercarretera Durango-Mazatlán, ha tenido desde su inauguración en octubre del 201, y a decir de los usuarios de redes sociales, “es una carretera con muchos problemas”.
Las continuas fallas que brotan en esta importante vía de comunicación han sido de preocupación para los usuarios, sobre todo en tiempo de lluvias ya que suelen registrarse derrumbes desde pequeños a importantes como el que se presentó el pasado 7 de septiembre, cuando un alud acompañado de grandes rocas afectó el puente Falso Pánuco en el kilómetro 185 500.
El pasado 31 de marzo de 2014, el director de Puentes y Caminos Federales (Capufe), Benito Neme Sastré, reconoció el descuido de los primeros tramos de supercarretera y anunció una inversión 510 millones de pesos para la rehabilitación de la superficie de rodamiento, sin embargo la situación no ha cambiado.
Aunque cabe resaltar que esta obra fue construida atravesando la sierra madre occidental en terreno 100% escabroso y que dadas las circunstancias es normal que surjan este tipo de problemas, pues se trata de la madre naturaleza.
RECLAMO DE EJIDATARIOS, CONFLICTUAN LA “SUPER”
Uno de los conflictos más graves de la súper carretera se presentó cuando los dueños de los ejidos afectados por el trazo de la obra, protestaron reclamando el pago justo por sus tierras.
Denunciaron que fueron presionados para firmar y aceptar esta obra en convenio de ocupación, y nunca establecieron el costo de pago por la expropiación.
El Movimiento Lucha Agraria Coscomate Durango manifestaron su desacuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (SCT) por la autorización y construcción de la Autopista Durango-Mazatlán, los ejidos afectados con esta supercarretera son la comunidad Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, La Victoria, San Antonio, entre algunos más.
Afortunadamente en los últimos meses se logró un acuerdo con los inconformes llegando a un acuerdo de pago satisfactorio para los ejidatarios.
La dependencia federal observó afectaciones de 9 mil 104 metros cuadrados de terreno forestal
Por: César Gaytán Gallegos
Otáez, Dgo.- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), atendió una denuncia ciudadana en la que señalaban supuestos daños al ecosistema en el municipio de Otáez y al acudir a la inspección, se percataron que la mina Sierra Santa S.A. de C.V. ya había contaminado nueve mil 104 metros cuadrados de superficie.
Por tal motivo, la dependencia federal clausuró de manera temporal el proyecto y retuvo diversos camiones de carga y maquinaría.
Los daños que registra el terreno forestal fueron provocados por el derrame de químicos utilizados para la extracción de minerales así como el tránsito de maquinaria pesada, además de perjuicios ocasionados por la constante presencia de trabajadores que para facilitar sus labores podaron pinos y encinos del lugar, informó la delegada de la Profepa, Nora Loera de la Paz.
La empresa que ahora mantiene un proceso legal por parte de la Profepa también construyó una presa en más de seis mil metros cuadrados, ?eso fue lo más grave del total de terreno afectado, basta imaginarse cuantos árboles había en la zona de trabajo minero?, expresó.
En otro tramo de dos mil 404 metros cuadrados se improvisó un camino rural que permitió la transportación de equipo y material sustraído de la región, además se instaló una planta trituradora en una superficie de 230 metros cuadrados.
Conforme avanzaron las indagatorias al interior de la mina, personal de la dependencia federal pidió a los encargados que mostraran los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), documentos que no fueron entregados, ?tienen cinco días para mostrarlos, sino se harán responsables de otra infracción?.
Dichos operativos de la Profepa fueron realizados desde el pasado 21 de febrero, sin embargo hasta ahora se hace pública la información pues los procedimientos legales no permitían la difusión de los hechos.
Retienen a la minera equipo de trabajo
Al suspender labores en la mina, la Profepa retuvo diversos vehículos de carga, un bulldozer así como algunos compresores que se utilizaban en el lugar de extracción mineral, ?todo será entregado cuando se aclare la situación, mientras no?, advirtió Loera de la Paz.
Aparte de las multas que evalúe prudentes el personal federal, la empresa se verá obligada a restaurar la zona afectada, no obstante, las sanciones económicas y sociales se darán dentro de dos meses o más, dijo Nora Loera al referir qué, ?es largo el tiempo por los trámites legales que se hacen?.
Tecámac, es una de las 80 comunidades del estado de México que gestiona su sistema local de aguas. En su caso, desde 1951, cuando inició la construcción del primer pozo, con trabajo voluntario y cooperaciones económicas de los vecinos. Pozo puntapié para el acceso comunitario a toda la infraestructura necesaria para autoabastecerse sin ayuda de ningún nivel de gobierno.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que trabaja en esa entidad, denunció en un comunicado emitido esta semana, la presión existente por parte del Edil de Tecámac, Aron Urbina Bedolla, quien “se encuentra en una campaña de agresiones contra el sistema comunitario de agua, azuzando a su personal y a personas civiles afines a su partido político para que calumnien y denigren a los defensores comunitarios del derecho al agua mediante panfletos, íntas y publicidad pagada en algunos periódicos locales”
Además del desprestigio y la campaña sucia de difamación desde arriba, el Zeferino apunta el peligro de lo que puede venir a continuación: el uso del sistema judicial penal. Que se acuse a los luchadores de algo, pues y se los intente enviar a la cárcel. Un mecanismo “por lo demás preocupante, por lo sistemático, en el estado de México”
Por lo pronto, los de arriba ya han apelado a la violencia. La Asamblea Ciudadana reunida para elegir la integración del Consejo Administrativo del Sistema de Agua Potable de Tecámac fue violentada por un grupo de entre 30 y 40 personas, identificadas con el partido del edil del comienzo, que ingresaron por la fuerza, luego intentaron desvirtuar la discusión que se llevaba a cabo y por último, torcer la elección de los representantes del Consejo de Aguas. Como no lo lograron, uno de ellos llegó a golpear a la secretaria de la Asociación.
El agua no es sólo el problema. El Zeferino sostiene que entre las pretensiones del Edil -“quien detenta el control político del municipio durante los últimos 20 años, ya que ha fungido como presidente municipal de Tecámac durante 4 ocasiones y como diputado local mexiquense en los periodos intermedios desde el año 1997 y ha vuelto por sus fueros este 2016 como Alcalde de Tecámac”- está el profundizar y continuar con el negocio de las micro viviendas. Además también permitir, -de manera ilegal dice el centro-, la construcción de una empresa refresquera en la cabecera municipal de Tecámac que continuará sobreexplotando un acuífero ya declarado en veda desde 1954 y considerado por la CONAGUA como gravemente abatido.
Ulises Villar/Quadratín
QUERÉTARO, Qro., 4 de marzo de 2016.- En punto de las 12:00 horas, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) comenzaron a colocar las banderas de huelga en las instalaciones de la máxima casa de estudios, luego de que se cumpliera el plazo del estallamiento. Cabe recordar que este jueves el sindicato aprobó el estallamiento a huelga con 537 votos a favor, 157 en contra y 30 abstenciones, y a medio día notificó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el estallamiento a huelga. Desde temprana hora, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) comunicó a la comunidad acádemica, administrativa y estudiantil del cierre de las instalaciones tanto en Ciudad Universitaria como en todos los planteles y campus.
La Jornada
En el inicio de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, un centenar de padres de desaparecidas, activistas y otros ciudadanos realizaron una marcha ayer por la mañana en Ciudad Juárez, Chihuahua, para exigir a la Fiscalía Especializada en Atender Violencia contra las Mujeres por Razones de Género que haga bien su trabajo, detenga a los feminicidas y frene las desapariciones de adolescentes.
En el trayecto del monumento a Benito Juárez al puente internacional Paso del Norte, José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, cuyo paradero se desconoce desde 2009, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar labores de prevención en las zonas donde han sido secuestradas las jovencitas.
Recordó que ya pasaron 20 años del hallazgo de las primeras víctimas de feminicidios en el punto conocido como lote Bravo y Ciudad Juárez sigue en la misma situación, con asesinatos de mujeres sin resolver. Reprochó que autoridades federales sigan negándoles audiencia.
La movilización fue organizada por la agrupación Madres, Padres y Familiares con Hijas Desaparecidas y Asesinadas y el colectivo Iniciativa Feminista Hijos de su Maquilera Madre, los cuales pidieron que se profundicen las investigaciones sobre los crímenes que continúan en la localidad fronteriza
Con la consigna somos niñas, mujeres, trabajadoras; no mercancía, los manifestantes arribaron a la cruz de clavos ubicada en el puente internacional, donde colocaron una ofrenda floral.
Los miembros del Comité con Hijas Desaparecidas exigieron al presidente Enrique Peña Nieto cumplir el acuerdo firmado en 2013 por autoridades de los tres niveles de gobierno para solucionar las desapariciones y homicidios de mujeres por tratantes que operan principalmente en el centro de Juárez.
Castillo se quejó de que ninguno de los 10 puntos ha sido cumplido, entre ellos colocar cámaras de vigilancia en dicho sector, donde desaparecen la mayoría de las adolescentes con la complacencia o incapacidad de las autoridades policiacas.
No a Monterrey VI
Daniel Reyes
Monterrey (03-marzo-2016).- El Gobierno estatal revisará mañana opciones para el proyecto Monterrey VI, ya sea el plan para traer agua del Río Pánuco o algún otro que propongan especialistas en el tema.
Jaime Rodríguez dijo que es necesario acelerar la definición de un proyecto que garantice el abasto de agua, para no perder 3 mil 500 millones de pesos ya autorizados por Fonadin para la obra que impulsó la anterior Administración y que fue aplazada por el alto costo que implicaría para el Estado.
“Los recursos están disponibles siempre y cuando hagamos uso de ellos”, expuso el Gobernador.
“Tampoco queremos perder los 3 mil 500 millones de pesos que pondrá Fonadin para el proyecto, ése o el que nosotros propongamos. Los recursos están disponibles para ése o un proyecto que nosotros planteemos, y eso es lo que está revisando el director de Agua y Drenaje”.
Rodríguez dijo que este viernes tendrá una reunión con el Fondo de Agua Metropolitano para ver algunas alternativas distintas a la que implica el acueducto hasta la cuenca del Río Pánuco.
“La solución técnica la están trabajando en Agua y Drenaje y el organismo que preside Eugenio Clariond, y yo tengo una reunión con ellos mañana en donde me van a presentar algunas opciones”, adelantó.
“Me reuní yo la semana anterior con el director de la Comisión Nacional del Agua y le he pedido que nos ayude también a encontrar soluciones”.
http://noamonterreyvi.com/2016/03/04/revisaran-opciones-para-monterrey-vi/
Por Isela Serrano
El “Plan Maestro Las Américas” consiste en un desarrollo inmobiliario ubicado en la última franja de costa de Cancún, en un predio de 420.89 hectáreas donde se edificarían 2 mil 104 habitaciones.
CANCÚN, QR.- Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización de Impacto Ambiental al proyecto “Plan Maestro Las Américas” que pretende construirse en la “Milla de Oro” de Cancún.
De acuerdo con las agrupaciones Defenders of Wildlife, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Voces Unidas de Puerto Morelos y Arrecifes Saludables, dicho proyecto carecer de elementos técnicos para demostrar su viabilidad, además de ubicarse dentro de una importante zona de humedales con ecosistemas de manglar.
El “Plan Maestro Las Américas” consiste en un desarrollo inmobiliario ubicado en la última franja de costa de Cancún, en un predio de 420.89 hectáreas donde se edificarían 2 mil 104 habitaciones.
Si este proyecto se compara con el polémico Malecón Tajamar –actualmente con una suspensión definitiva por orden del Segundo Juzgado de Distrito–, resulta cinco veces mayor en superficie y tendría la mitad de cuartos que los que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) planeaba en el primero.
“El proyecto no especifica las características de las obras complementarias como albercas, asoleaderos, club de playa, vialidades, caminos, restaurantes o spa, lo cual impide evaluar de forma adecuada el proyecto y podría traducirse en una afectación a la integralidad del flujo hidrológico del manglar, su interacción y su relación de interdependencia con la zona marina a nivel subterráneo”, explicaron las ONG’s.
Alejandra Serrano Pavón, directora de la oficina Sureste del CEMDA, destacó que el proyecto se ubica en una zona de manglar y la empresa Desarrollos Turísticos Paso Victoria, “miente respecto de la afectación real que tendrá la vegetación de esta especie y de los verdaderos impactos ambientales”.
El predio se localiza en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 27 del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Benito Juárez, denominada “Milla de Oro”.
Además de encontrarse sobre zona de manglar, en donde se desplantaría vegetación, las obras colindan con vegetación de duna costera y se encuentra dentro de la zona de influencia del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
Las ONG’s destacaron que en la zona habitan especies protegidas por la legislación mexicana como el mangle rojo, negro, blanco y botoncillo; las palmas chit y nacax; las especies de coral cuerno de alce, cuerno de ciervo y coral organillo.
http://lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/piden-no-repetir-tajamar–en-milla-de-oro/18479
Otra vez jubilados y pensionados se manifestaron, sin obstruir el trabajo del personal, en la clínica del ISSSTE en Matamoros, ante el incumplimiento de los compromisos que se hicieron en la delegación estatal para mejorar las condiciones en las que opera el centro médico.
El dirigente de la Unión de Jubilados y Pensionados, Fernando Fernández Reyes explicó que después de la manifestación anterior, acudió a la Ciudad de México para exponer el problema de desabasto en medicamento y falta de personal médico, así como de una ambulancia.
Luego se giró la instrucción a la delegación estatal para que se atendiera la situación, por lo que sostuvieron una reunión con dos personas comisionadas por el delegado Sebastián Zepeda, y el acuerdo al que llegaron fue que se recibirán las recetas médicas y si no se contaba con alguna dosis, se entregaría después; sin embargo, no ocurrió así.
Los pacientes que reciben tratamiento cada cierto período, como los diabéticos o hipertensos que necesitan de dos o más medicamentos, si les falta alguno ya no se repone y administrativamente en la institución aparece como entregado.
Las personas que tienen solvencia económica lo compran, y los que no, se tienen que esperar a la siguiente cita de control para solicitar las dosis, porque si vuelven a pedir otra cita sólo para que se les entregue el medicamento, el doctor puede negarse a entregar otra receta porque se supone que la medicina ya se entregó.
Otro acuerdo al que se llegó es que para evitar los constantes traslados a Torreón y los largos tiempos de espera para surtir las recetas, él (Fernando Fernández) sería el conducto para hacer el trámite, lo que tampoco se cumplió.
El entrevistado cuestionó la falta de voluntad del delegado estatal, Sebastián Zepeda, en solucionar los problemas que se tienen en la clínica, cuando conoce perfectamente que son más de 11 mil derechohabientes de Matamoros y Viesca y porque se debe contar con un mejor servicio.
Al igual que la vez anterior, la directora de la Clínica Médica Familiar de Torreón, Maura Huerta acudió para dialogar con ellos, sin embargo, ella no tiene autoridad para resolver la situación que impera, pues es facultad de la delegación estatal.
www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1202621.jubilados-vuelven-a-manifestarse.html
Andrea Murillo, León, Gto.
Ciudadanos manifestaron ayer con una marcha su rechazo al posible aumento del transporte público.
“Estamos en contra del incremento del transporte, es una medida que daña mucho el ingreso de las personas, sobretodo a los trabajadores que tienen menores ingresos. El Gobierno debe de estar de parte de la sociedad y los empresarios transportistas deben de ajustarse a las necesidades de la gente a la que le están dando el servicio”, dijo Carlos Guzmán Mendoza, vocero del Colectivo 2 de Enero.
Más de 16 asociaciones exigieron mejoramiento de servicio y que baje el precio de transporte público, además, que se continúe con la gratuidad de transporte a los adultos mayores.
La marcha arrancó del Arco de la Calzado al Parque Hidalgo y tomaron el bulevar López Mateos para concluir en Presidencia donde había otro contingente.
Las asociaciones han juntado más de 2 mil firmas de la ciudadanía y las han entregado al Municipio en contra al aumento de tarifa.
Dentro de su lucha han entregado una solicitud de audiencia al presidente municipal, Héctor López Santillana y al director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, este último ha sido el único que ha respondido y quien les dio cita para la próxima semana.
“Ojalá el Presidente se presente, hemos visto que sólo recibe a los japoneses y no al pueblo de León (…) nosotros, los leoneses, somos los principales a quienes debe de recibir”, señaló Felipe Ruiz, integrante de Ciudadanos Hartos.
Agregó que el transporte que tiene el municipio es deficiente y que los 9 pesos que actualmente paga la ciudadanía por el servicio no vale ni 4 pesos.
Una de las mantas que llevaban decía “El transporte digno y eficiente no es un servicio, es un derecho, por lo que no debe ser un negocio millonario para enriquecer a particulares a costa de los que menos tienen”.
am.com.mx/2016/03/06/leon/local/repudian-usuarios-aumento-al-pasaje–267854
En asamblea, más de 5 mil indígenas rechazaron la autorización que el gobierno mexicano hizo para permitir la explotación petrolera mediante la fractura hidráulica o fracking. “Este método es igual o más dañino que el utilizado para la explotación de minerales a cielo abierto”; utilizan sustancias que contaminan tierra, agua y aire, denunciaron
Regeneración, 3 de marzo de 2016. Jonotla, Puebla.- El gobierno mexicano entregará terrenos de 15 municipios de la Sierra Norte de Puebla para la extracción de hidrocarburos a través de las Rondas 2, 3, y 4 de la Reforma Energética que permite la explotación de los yacimientos a través de la fractura hidráulica o fracking se advirtió durante la 12ª Asamblea por la Defensa del Territorio realizada en Jonotla.
Tras dar a conocer que la Comisión Nacional de Energía autorizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) la apertura a través de la fractura hidráulica) de tres pozos para la extracción de aceites ligeros y gas lutita, uno de ellos ubicado en la zona limítrofe de Puebla y Veracruz, se llamó a la defensa pacífica, sin violencia y con el uso de la razón del territorio poblano.
Representantes de la cooperativa Tosepan Titataniske recordaron que el año pasado, la Secretaría de Energía autorizó a Pemex, por medio de la Ronda 0, y a empresas privadas por medio de la Ronda 1, la extracción de petróleo, gas y aceites que se encuentran en terrenos de municipios cercanos del estado de Veracruz como Papantla, Espinal y Coxquihui, así como del municipio de Tenampulco en el estado de Puebla.
Además, indicaron, a través de las rondas 2, 3, y 4, también entregarán a la extracción de hidrocarburos terrenos de Acateno, Atlequizayan, Ayotoxco, Caxhuacan, Cuetzalan, Huehuetla, Hueytamalco, Hueytlalpan, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tuzamapan de Galeana, Yaonahuac y Zoquiapan.
En cuatro de estas demarcaciones, sus autoridades han declarado a sus territorios libres de proyectos de muerte, mientras que en el resto hay diversas expresiones de resistencia social a los mismos.
El fracking se extiende en Veracruz y Puebla
“El problema más grande es que la reforma energética permite hacer la explotación petrolera con el fracking o fractura hidráulica. Este método es igual o más dañino que el utilizado para la explotación de minerales a cielo abierto”, explicaron, por la contaminación del aire, el agua. Porque contribuye al cambio climático, ocasiona problemas severos de salud, provoca sismos y causa ruidos las 24 horas del día.
Aunque se aclaró que el uso del fracking en la región no es cosa nueva, debido a que se sabe que en los municipios de Pantepec, Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza se han abierto 233 pozos con esta técnica, el anuncio hecho la semana pasada a través de algunos medios de comunicación de la apertura de tres pozos, es la primera ocasión en la que el gobierno admite “públicamente” su uso y se da a conocer su “millonario” costo.
Ante las cinco mil personas de 25 municipios que participaron en la reunión, se señaló que los tres pozos, cuya apertura fue autorizada por la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA), tendrán un costo de 533 millones de pesos.
Leer: Sierra Norte por la vida, en defensa del territorio DOCUMENTAL
Las perforaciones se harán en El Semillal 1, ubicado en la sierra de Tamaulipas con un costo de 172 millones de pesos; Maxóchitl 1 ubicado en Veracruz, con un costo de 177 millones de pesos y el pozo Kaneni 1, ubicado en Poza Rica, Veracruz, con un costo de 184 millones de pesos. Es este último el más cercano a comunidades poblanas como Ayotoxco, Venustiano Carranza y Francisco Z. Mena.
La ASEA, se dijo, emitió su autorización garantizando que “no se afectará ningún acuífero cercano a donde se realizarán las perforaciones. Y esto hace suponer que “pronto se seguirá informando de más autorizaciones de este tipo, hasta que se vuelvan noticias cotidianas y nos acostumbremos a estarlas escuchando”.
Esto explica la prisa que “el gobierno y las empresas privadas tienen para iniciar la construcción de presas hidroeléctricas. Obras que se vuelven estratégicas para ellos, porque además de generar energía eléctrica para las minas y para el fracking, también les suministrarán los grandes volúmenes de agua que requieren para esos proyectos”, señalaron.
Tras la información, los asistentes se declararon en alerta y acordaron la defensa del territorio que habitan, además de su aprovechamiento de manera racional.
http://regeneracion.mx/miles-en-puebla-y-veracruz-rechazan-explotacion-petrolera-con-fracking/
El río desapareció en un enorme hueco conectado a mantos freáticos; la población está preocupada pues se acerca la época de siembra
Veracruz, 3 de marzo 2016 (anonopshispano.com).- Impresionante e impactante suceso se registró en el tramo del Río Atoyac que recorre una parte del suroeste del estado de Veracruz, pues el río, vital para la economía de la región, desapareció de la noche a la mañana, dejando perplejos a los habitantes.
El hecho ocurrió en la comunidad de Rancho San Fermín, quienes manifestaron que el río desapareció en el subsuelo el domingo por la noche, cuando escucharon un fuerte estruendo.
Una vecina de nombre Juana Sánchez relató a la agencia EFE que, después de este hecho, a la mañana siguiente notaron que el cauce del río estaba seco, por lo que al ir a revisar hallaron un enorme agujero por el que el río se fue al subsuelo, en inmediaciones de una poza llamada “Anteburro”, a unos tres kilómetros del nacimiento del río, que es un importante recurso acuífero para alrededor de 10 mil personas y algunos ingenios azucareros cercanos, como El Potrero.
Una pequeña laguna que queda en el cauce del río. FOTO: Miguel Ángel Contreras / EFE
Ante el hecho, autoridades de Protección Civil acudieron al sitio, constatando que el hueco, presuntamente encima de mantos freáticos, tiene unas medidas aproximadas de 30 por 20 metros, en medio del lecho del río. “Estas grietas se meten adentro de los terrenos y continúan haciéndose grietas”, dice el reporte citado por la agencia EFE.
El Río Atoyac (no confundir con el río poblano del mismo nombre) nace en el municipio de Amatlán de los Reyes y desemboca en río Cotaxtla, que desemboca en el Océano Atlántico, en el municipio de Boca del Río. Los municipios de Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carillo Puerto, Cotaxtla y Medellín, dependen de sus aguas para las actividades cotidianas. Por la desaparición del cauce del Atoyac, este último río está por debajo de sus niveles normales, algo preocupante pues se acerca la temporada de siembra, y el sistema principal de riego de la región, el Alfredo V. Bonfil, carece de agua.
La región se enfrenta a una enorme incertidumbre, pues aunque quedan algunas pequeñas lagunas, no tardan en secarse. En vista de esto, pobladores de la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac insistieron para que expertos en geología de la UNAM, que ya han realizado mapeos y estudios con anterioridad, acudan a revisar el área, para buscar posibles soluciones.
Los habitantes creen que el problema se debe a la sobreexplotación del río, que además de las necesidades de la población, es usado para los ingenios, el riego y fue objeto de una disputa entre pobladores y la Hidroeléctrica El Naranjal, que pretendía usar el agua del río para la generación industrial de electricidad. Los pobladores afirman que “la naturaleza se llevó lo suyo” y ahora dejó a todos sin agua.
El alcalde, Agustín Mollinedo, cree que el desastre se debe a una falla geológica y apuesta por la salvación del río, “ya que el nacimiento se halla intacto”.
Por su parte, la organización ambientalista Salvemos Nuestros Ríos, Salvemos el Río Atoyac, manifestó en su cuenta de Facebook que tiene motivos para sospechar que la aparición de la grieta se debe al uso del ‘fracking’, que motivó la contaminación del río y que bajo el nombre de ‘Bandera Blanca’, fue autorizado por el gobierno de Veracruz, para lo que se llegó al extremo de desviar el cauce del Río Pánuco, “para enviar agua a Monterrey” y permitir la polémica extracción del gas shale, como habían denunciado con anterioridad.
En lo que todos coinciden, no obstante, es que hay un importante factor humano en este desastre.
(Con información de EFE / Foro Coatza / Agencia La Nigua / Sin Embargo / El Universal / AVC Noticias)
Ulises Villar/Quadratin
QUERÉTARO, Qro., 3 de marzo 2016.- Con 537 votos a favor, 157 en contra y 30 abstenciones, fue aprobado en asamblea el estallamiento a huelga por parte de los trabajadores administrativos agremiados al STEUAQ. El estallamiento está previsto para este viernes al medio día, pero se dejó abierta la posibilidad a una reunión entre autoridades laborales y universitarias para verificar si existe una contra propuesta. De acuerdo con información que han proporcionado las autoridades universitarias así como de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la propuesta es aumento salarial del 3.15 por ciento, una bolsa económica así como la instalación de una comisión mixta para la asignación de plazas de base. El sindicato solicitó que sean reinstalados en sus puestos varios de los integrantes que fueron despedidos hace unas semanas. Por su parte, la dirigente sindical Laura Leyva, exige la intervención inmediata del rector de la UAQ, Gilberto Herrera en el proceso de huelga que se vive en la institución ya que aseguró que el representante legal Oscar Guerra, no generó las condiciones ni dio las propuestas que se requerían para este conflicto, asegurando que todavía antes del medio día de este viernes se puede llevar a cabo una mesa de negociaciones que pueda evitar el estallamiento. Cabe destacar que Leyva dijo que el emplazamiento se derivó de las supuestas violaciones del contrato colectivo y despidos injustificados de empleados.
https://queretaro.quadratin.com.mx/Sindicato-UAQ-vota-irse-huelga/
Redacción El Debate, Sinaloa.
Los Mochis, Sinaloa.- Son 167 casos de personas desaparecidas en la zona norte de Sinaloa, informó Mirna Nereyda Medina Quiñónez, representante del grupo de ‘las rastreadoras de El Fuerte’, que se dedican a buscar a personas desaparecidas y fosas clandestinas en la zona norte.
Esta información se dio a conocer previo a una reunión que sostendrán con representantes federales de la Procuraduría General de la República. El grupo se encuentra reunido en el Salón de Asableas de Mochicahui, El Fuerte.
Los agentes presentarán avances de las investigaciones en los casos de las personas desaparecidas, además, tomarán nota de nuevos casos para incorporarlos a la investigación.
Entre los presentes en la reunión se encuentra la titular de derechos humanos de la zona norte Aracely Sepúlveda.
En el salón de asableas de Mochicahui, El Fuerte se lleva a cabo una reunión del grupo conicido como Las Rastreadoras de El Fuerte, donde tendrán una plática con agentes federales de la PGR.
El grupo de personas se encuentran a la espera de que lleguen los agentes.
Mirna Nereida, representante de las rastraeadoras, 167 casos de desaparecidos en la zona norte del estado, el día de hoy los agentes de la PGR presentarán avances de los casos que les fueron reportados en el mes de junio.
Además de hacer un pase de lista y tomar más datos de personas desaparecidas.
Viridiana Saavedra Ponce
3 de marzo de 2016
Docentes de diversos sectores educativos se manifestaron afuera de la Secretaría de Educación, para mostrar apoyo a cerca de 190 profesores que, a decir de la dependencia estatal, no cumplieron con la evaluación y podrían ser dados de baja.
“No es una cuestión de capricho, ni de necedad de los maestros y padres de familia que estamos luchando contra la reforma (educativa) porque vemos que detrás de ella hay un peligro real de privatización de la educación, hay una pérdida de derechos de los maestros, los de nuevo ingreso tiene contrato por tiempo determinado, sin ninguna prestación”, explicó Florentino Moreno, miembro del Movimiento Magisterial Jalisciense.
Desde la tercer semana de febrero comenzaron a llegar notificaciones a los profesores para que explicaran por qué no se presentaron a la evaluación, indicándoles que su respuesta debía llegar por escrito, por lo que medio centenar de ellos acudieron a entregar las primeras respuestas al Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación.
“Las notificaciones fueron irregulares, no se cumplió con la normativa establecida en los lineamientos del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) que regula la evaluación, no se cumplió con los parámetros establecidos en la Ley Federal del Servicio Profesional Docente y con los acuerdos de la Secretaría de Educación para llevar a cabo las evaluaciones”, agregó.
Se estima que serán cerca de 500 los docentes que estarían en esas condiciones, aunque menos de 200 son los que recibieron notificación con un plazo de 10 días para entregar respuesta por escrito.
Los manifestantes se dijeron confiados en que se cancele el proceso administrativo y se detenga el cese “pero si no es así porque van a hacer todo lo posible por sacar a los compañeros porque son el equipo de lucha en Jalisco quienes están siendo seleccionados y desechan las pruebas entregadas, seguiría un proceso de despido y actuaríamos en demanda laboral por despido injustificado y si no resolvieran en el juicio laboral, vendría el procedimiento de amparo”.
Desinformémonos
Victoria Ríos Infante
El jueves pasado, en Monterrey, nos enteramos del asesinato de una niña de 14 años a manos de un joven de 19, que había mantenido una relación sentimental con la víctima. El joven asesinó, de un tiro en la cabeza, a la jovencita y salió huyendo por la parte trasera de la casa. El joven fue aprendido el día en Laredo, Texas el día de hoy y trasladado al Penal del Topo Chico. Al enterarme e este Suceso experimenté un sin número de corajes y tristezas. Mi indignación ha sido más grande ante la falta de reacciones y pronunciamientos de organizaciones e instituciones ante el suceso y ante la mediocre cobertura de los medios, cuyo análisis se enfocó a desenmarañar la dinámica de “los celos en las relaciones y el enamoramiento ciego de las y los jóvenes.”
En Nuevo León, la violencia de género no es asunto del pasado jueves, no es tema de la nueva administración, ni de la administración pasada o antepasada, es un problema que tiene décadas desarrollándose y que ha encontrado su máxima expresión en la muerte de mujeres y niñas. En el estado, el contexto de la violencia contra la mujer empieza desde el ámbito privado, es decir en su vida personal. La violencia intrafamiliar ha tenido un preocupante crecimiento en los últimos años. Según información de CADHAC, de 2012 a 2015 hubo un incremento de 71% de denuncias en casos de violencia familiar. Esto es 17,062 denuncias en 2015 contra 9,979 en 2012, sin contar todos aquellos actos de violencia que no son denunciados.
El Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW, por sus siglas en inglés- en 2012 externó una serie de preocupaciones, así como una lista de recomendaciones, relacionadas con el tema de la violencia contra las mujeres en el país. Dentro de este documento se menciona la preocupación del Comité por el incremento de feminicidios en algunos estados de la República, entre los que se menciona a Nuevo León. En este documento también se señala que en el estado tenemos un problema de desaparición forzada, que también debe ser analizado con perspectiva de género, y vincula el incremento de la desaparición de niñas y mujeres -forzada y no forzada- con delitos de tráfico y trata de personas.
Según cifras de Arthemisas por la Equidad, en la administración estatal pasada fueron asesinadas 661 mujeres y niñas en Nuevo León. En el portal de la PGJ del estado se tiene registro de solamente dos actos delictivos denunciados desde que se tipificó el feminicidio como delito en Nuevo León, en Mayo del 2013.
El feminicidio es un delito con penas que van de los 40 a los 60 años a quienes priven de la vida a una mujer por razones de género. El Código Penal Federal y el Código Penal para el Estado de Nuevo León establecen que hay razones de género cuando la víctima presenta violencia sexual, o de algún otro tipo; lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar; y, aquí una de las más importantes para el caso al que estamos haciendo referencia: cuando haya o hubiere habido entre la víctima y el agresor una relación sentimental.
Dicho lo anterior, ¿por qué nadie está hablando de feminicidios y del incremento de estos en los últimos años en el estado? ¿por qué no estamos escuchando en los medios, en las redes, en las calles sobre los esfuerzos por encender la Alerta de Género en Nuevo León? Lo que le pasó a Perla no se explica solamente abordando el tema de los celos en las relaciones, esto va mucho más allá de eso.
Vivimos en una sociedad en donde la manifestación de la cultura de la violencia es común, y si agregamos el elemento de género a la lupa con la que analizamos la violencia, peor tantito. La violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres es el resultado de las desigualdades entre ambos géneros y los asesinatos de mujeres constituyen la expresión extrema del poder sobre la mujer, son el “eslabón final de una cadena de abuso y terror en contra de las mujeres” que encuentra su legitimación en percepciones y construcciones sociales que por siglos se han construido y perpetuado en donde la mujer ha sido vista como un ente débil, no racional sino emocional, no productiva sino reproductiva, al servicio del género masculino, al servicio de los hijos e hijas, encadenada a las labores del hogar.
Lo que le pasó a Perla tiene que ver con un problema estructural, con la perpetuación incluso -y más triste aún- entre las nuevas generaciones, del sistema patriarcal de dominación del hombre sobre la mujer. Como bien se mencionó en Naciones Unidas en el 2006, respecto a los asesinatos de mujeres en México, estos constituyen “la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos que sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una desigualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia de género.”
Es decepcionante la reacción de las organizaciones, de las instituciones, pero más de la ciudadanía ante la muerte de esta niña que apenas comenzaba a vivir. No veo periodistas con notas de calidad, no veo padres y madres de familia en las calles manifestando su indignación y aberración ante los hechos ocurridos en el estado, no veo ni siquiera un #hashtag en las redes sociales.
El año pasado, en Guadalajara, un joven asesinó a Gabriela Jacqueline de 18 años, después de que la chica rechazara su propuesta de iniciar una relación de pareja. El asesinato fue con arma de fuego, dos tiros en el rostro. El hecho desató tal indignación entre la comunidad que se llevaron a cabo manifestaciones y campañas en las redes -#GabrielaDijoNO- para señalar y manifestar preocupación e indignación en contra de, no sólo la muerte de Gabriela, si no de los otros 79 feminicidios ocurridos en lo que iba del año hasta la muerte de la joven en julio del 2015. Este mes se activó en Jalisco la Alerta de Género, en respuesta a la situación preocupante de violencia que se vive en el estado.
Ya van dos intentos por encender la Alerta de Género en Nuevo León, el tema no ha avanzado. Pero, lo más importante de todo es que NO necesitamos que nos enciendan una alerta de género para empezar a actuar, para emprender acciones que prevengan estos terribles crímenes. Estas muertes SE PUEDEN EVITAR. Si nos esperamos a pasar todos las trabas político-burocráticas para encender la alerta de género, vamos a seguir restando vidas.
¿Cuántas niñas y mujeres MENOS vamos a contar, Nuevo León?
http://desinformemonos.org.mx/cuantas-ninas-y-mujeres-menos-vamos-a-contar-nuevo-leon/
Somos el medio
Por seguridad no se realizó la marcha y la jornada cultural se desarrollo en el “Okupache”
PERSEO GRECO
El jueves 3 de marzo se convocó a una protesta por la “Construcción y la defensa de los espacios autónomos y autogestivos” dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por las agresiones e intentos de desalojar a los estudiantes del auditorio “Okupache” o Che “Guevara”
Al parecer esta marcha se suspendió por exceso de elementos policíacos en los alrededores del Parque La Bombilla, donde se citó esta concentración que saldría con destino al auditorio “Okupache” (antes Justo Sierra), adoptado por un sector de estudiantes dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparten talleres, proyecciones cinematográficas, realizan trabajo autogestivo, cultura alternativa y venta de algunos alimentos “veganos” a bajo costo.
Los estudiantes congregados decidieron no marchar para evitar “agresiones o choques” con los elementos de seguridad, se dispersaron hasta llegar al “Okupache” donde los esperaban actividades culturales y bandas de música.
“Aquí existen organizaciones diversas; hemos sido bien aceptados. Las mujeres aquí en el “Che” tenemos participación y muchas desarrollan trabajo, cuando la PFP [Policía Federal Preventiva] rompió la huelga de 1999-2000, se detuvo a muchos compañeros, destrozó todo el auditorio, pero la banda unida rompió las cadenas del autoritarismo del Estado y la Rectoria. Okupa fue tomado como espacio autogestivo y de trabajo, en la lucha por la autonomía, rescatando este lugar y hoy no lo quieren volver a quitar. ¿O crees que el acoso de la policía que patrulla o las fotos que nos toman es sólo porque si? ¿Crees que el asesinato de Carlos Sihue, en el 2011, y el de Pavel González, en 2004, son casualidad? Y todas la demás agresiones, incluyendo la de Jorge, acusado de vender droga, si todos dentro de la Universidad sabemos quién la vende y cómo las autoridades lo permiten. Rectoría planea algo, ya lo veras”, comenta Dulce para Somos el medio.
Diferentes colectivos que participan activamente en este espacio denunciaron la detención y “secuestro” de Jorge Esquivel Muñoz, detenido fuera de Ciudad Universitaria (CU), el 24 de febrero pasado al salir de una actividad de este campus universitario.
Jorge Esquivel Muñoz fue interceptado por una camioneta sin placas, de donde descendieron al menos de 10 hombres “armados con apariencia de policías apuntando con sus armas” a los amigos de Jorge que lo acompañaban para que tomara el trasporte público, y no interfirieran en la detención. Sus compañeros reportaron que al preguntar porqué lo detenían no obtuvieron respuesta y horas se informaron que estaba en una agencia de la Procuraduria General de la República (PGR) para luego ser trasladado a un penal federal en Sonora por supuesto delito de narcomenudeo.
“El Yorch, como la banda le dice, es punk, es libertario, rebelde, desobediente, expresando su protesta no sólo en su cuerpo que ha sido escudo de tormentas, ráfagas y torturas del Estado opresor, es nuestro hermano, amigo y compañero que hace trabajo solidario aquí en el ‘OkupaChe’ desde hace tiempo, le fabricaron cargos de narcomenudista, pero eso no es cierto, todos lo conocemos, sabemos que no es cierto lo que dicen de él, mira allí en ese lugar vende sus tacos y su comida vegana que tanto le gusta hacer, que tanto comparte, es terrible cómo el Estado te encarcela o te incrimina para quitarte del camino cuando le estorbas, lo queremos libre y con nosotros”, dice una compañera de Jorge que por seguridad conserva su anonimato.
El colectivo “Nos hacen falta”, de esta máxima casa de estudios, denunció en días recientes la desaparición y asesinato de universitarios al trasladarse a alguna comunidad o visitar a sus familiares fuera de la Ciudad de México, al parecer no estaban vinculados con organizaciones sociales y activismo pero siguen una linea parecida en su desaparición o asesinato; demandó la presentación con vida, verdad de los hechos, reparación de daños, justicia para las víctimas y la no repetición contra ningún estudiante, trabajador académico o investigador, que haya padecido actos violentos.
http://www.somoselmedio.org/article/protestan-estudiantes-en-cu-por-la-libertad-del-“yorch”