Santa María Ostula, Mpio., de Aquila, Mich. A 06 de agosto de 2015.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡COMUNICADO URGENTE!!!!!!!!!!!!
A LA OPINION PÚBLICA:
La Comunidad Indígena de Santa María Ostula, hace saber a la ciudadanía del estado de Michoacán de Ocampo, pueblo de México, Organizaciones y medios de comunicación, que informan de manera veraz, oportuna y con criterio de responsabilidad.
Aclaramos a la ciudadanía en general, que con nuestra manifestación pacífica, no estamos en contra de nuestras hermanas comunidades de Coire y Pómaro. No existe ninguna rivalidad y prueba de ello es que incluso contamos con el acompañamiento de personas provenientes de las comunidades antes mencionadas; y por consiguiente ante cualquier problema que tuvieran ambas comunidades estaremos solidarizándonos para encontrar una solución a los problemas que aquejan a la región y del resto del estado; que amenazan la autonomía y dignidad de los pueblos originarios.
Denunciamos la complicidad de los gobiernos federal y estatal, así como de los altos mandos castrenses, con la delincuencia organizada, para: atacar y agredir a la población de las comunidades de la región; promover la desinformación; pretender crear grupos de choque dentro nuestras comunidades ancestralmente hermanas.
Exigimos a los diferentes órdenes de Gobiernos: Estatal, Federal y los diferentes medios de informativos:
1.-ALTO A LA DESINFORMACIÓN Y LA CREACIÓN DE GRUPOS DE CHOQUE EN EL PUEBLO NAHUA.
2.-LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMANDANTE CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA Y EL RETIRO DE LOS FALSOS CARGOS QUE EXISTEN EN SU CONTRA.
3.-EL CASTIGO DE LOS MANDOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES MILITARES Y POLICIACAS QUE ASESINARON AL NIÑO EDILBERTO REYES GARCÍA, HIRIERON Y GOLPEARON A DIVERSOS COMUNEROS Y DESTRUYERON LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA.
4.-LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA Y LA DEVOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: CUATRO RADIOS DE COMUNICACIÓN, EL SELLO E IDENTIFICACIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, UNA PISTOLA CON REGISTRO Y CUATRO JUEGOS DE LLAVES.
5.-PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMUNEROS DESAPARECIDOS Y EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DEL ASESINATO DE COMUNEROS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE OSTULA A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
6.-EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AQUILA, COAHUAYANA, CHINICUILA Y COALCOMÁN.
A T E N T A M E N T E
COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA
“NOSOTROS LUCHAMOS POR LA VIDA Y LA PAZ, NO LUCHAMOS POR EL PODER Y MENOS POR LA MUERTE”
Miembros de cuatro asociaciones de comunicólogos en Durango hicieron un reclamo conjunto para demandar un alto a la violencia e impunidad en contra de periodistas en México.
Tras el asesinato del periodista Rubén Espinosa (originario de Veracruz) y cuatro mujeres más en el Distrito Federal, hecho que provocó indignación en todo el país, los presidentes de asociaciones locales convocaron a una rueda de prensa para unirse al reclamo que a nivel nacional se escucha de no más impunidad.
La presidenta de Periodistas y Profesionales de la Comunicación A.C. (Peproc) Verónica Terrones, exigió a las autoridades garantizar la libertad de expresión y seguridad de los periodistas.
Refirió que ya van 80 periodistas asesinados en la última década y 17 desaparecidos, “ni un minuto de silencio más, tenemos que alzar la voz. Quedarnos callados no nos ha servido de absolutamente nada”, indicó.
El presidente de la Asociación de Comunicadores del Noroeste (Acon), David Mendívil, lamentó el asesinato de Rubén Espinosa y dijo que puso de nuevo de manifiesto que el principal enemigo de la libertad de expresión es la impunidad.
“Es increíble que estemos en el top cinco de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, en un país donde en teoría no existe una guerra, que estemos en las mismas circunstancias de Afganistán o Irak”, citó.
La presidenta del capítulo Durango de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), Lorena Portillo, consideró preocupante que la vida de un colega se haya perdido tras haber manifestado acoso y persecución, “es la exigencia por parte del gremio a las autoridades para garantizar la seguridad para realizar nuestro trabajo”.
Y añadió que se debe propiciar confianza en los mecanismos implementados para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas.
El presidente del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación (Colec), José Ignacio Mendívil, manifestó que, de acuerdo a las leyes vigentes, la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe protegerse. “No queremos que Durango sea parte de las estadísticas”, sentenció.
La PGR fija plazo para investigación complementaria del caso Calera
Alfredo Méndez
Viernes 7 de agosto de 2015
La Procuraduría General de la República (PGR) fijó un plazo de tres meses para realizar una investigación complementaria previa a una audiencia intermedia y al juicio oral que enfrentarán un coronel del 97 batallón de infantería del Ejército Mexicano y tres subalternos, vinculados con la desaparición de siete jornaleros en Calera, Zacatecas.
Durante ese lapso no habrá diligencias en el juzgado federal especializado en sistema penal acusatorio con sede en esa entidad que procesa a los militares.
Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) informaron que el juzgado ya avaló ese periodo en el cual el Ministerio Público Federal realizará peritajes, ampliará testimoniales y recabará nuevas pruebas para fortalecer las imputaciones contra los militares.
A diferencia del procedimiento penal tradicional, en el que las pruebas que se integran durante la averiguación previa son desahogadas en el curso del juicio, en el sistema penal acusatorio existen tres etapas (una de investigación, otra intermedia o de valoración de las pruebas y la que corresponde al juicio oral) previas al dictado de una sentencia. En la etapa judicial la PGR está obligada a aportar pruebas diferentes a las recabadas en la averiguación previa, conocida ahora como carpeta de investigación.
De acuerdo con las fuentes consultadas, de los cuatro militares procesados el de mayor rango es el coronel Martín Pérez Reséndiz, comandante del 97 batallón de infantería.
Antes de ser enviado a Zacatecas, el coronel –con 35 años de servicio en el Ejército– estaba en la Región Militar próxima al estado de Michoacán.
Pérez Reséndiz y tres subalternos están involucrados en la desaparición y muerte de siete jornaleros en el municipio de Calera, el pasado 7 de julio.
Entre los jornaleros había dos mujeres que con sus compañeros fueron sacadas de una casa, torturadas y ejecutadas con el tiro de gracia. El 16 de julio pasado, agentes de la procuraduría de Zacatecas encontraron los cuerpos de los jornaleros en dos fincas del municipio de Jerez.
La averiguación previa que se abrió contra el coronel y los tres militares por homicidio y desaparición forzada fue integrada por la PGR con apoyo de las procuradurías Militar y de Justicia de Zacatecas.
Los acusados fueron internados en una prisión castrense ubicada en Jalisco.
Luego de que vecinos bloquearan el acceso a la Minera Nonoalco, en Xochicoatlán, debido a que directivos de dicha empresa dieron de baja a ocho trabajadores de la plantilla laboral, se realizó una mesa de diálogo entre ambas partes.
Entre los compromisos pactados destaca que la minera perteneciente a la compañía Autlán restablecería inmediatamente a los mineros que fueron dados de baja hace algunas semanas.
Por su parte, los vecinos quejosos permitieron el tránsito en el camino que conduce a las montañas donde se extrae manganeso.
Asimismo, se estableció una próxima reunión de trabajo para el 19 de agosto, en la que los pobladores de Nonoalco solicitarán servicios médicos, así como becas para los estudiantes de este sector poblacional.
Otro de los aspectos a tratar en dicha mesa de diálogo es la posible reincorporación de otros seis mineros que causaron baja por razones desconocidas meses atrás.
De igual forma, los habitantes de Nonoalco advirtieron que esperan que los directivos de minera Autlán cumplan con los acuerdos establecidos en el documento, y refirieron que anteriormente la minera contrataba únicamente personal proveniente de la comunidad.
Familiares de los normalistas de Ayotizanapa, Guerrero, marcharon por las calles de Guanajuato invitando a la gente a que se sume al movimiento para exigir a las autoridades federales que revelen la verdad sobre la desaparición y que los estudiantes regresen.
Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valencia uno de los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre, adelantó que acudirán a las embajadas para solicitar el apoyo internacional.
Además del apoyo de organizaciones internacionales, ahora los familiares solicitaron el respaldo de los diplomáticos de los diferentes países que se sumen al movimiento y se pronuncien por el esclarecimiento y el regreso de los normalistas.
Adelantó que será el 26 de agosto, a 11 meses de la desaparición de los jóvenes, que llegarán a todas las embajadas en busca del apoyo.
El respaldo que buscan de la comunidad internacional también es para que el Estado Mexicano acepte todas las recomendaciones que está por enviar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Será este mismo mes cuando se entregue el informe.
Además anunció que para el 26 de septiembre, cuando se cumpla un año de la desaparición, se prevé una mega manifestación en la Ciudad de México.
“El objetivo es reunir esfuerzos, unificar la lucha a nivel nacional”, señaló luego de invitar a los ciudadanos a que se unan al movimiento.
“De esa manera vamos a seguir hasta encontrar la verdad, que todo lo que se plantea se aplique por parte del gobierno”.
Dijo que uno de los pendientes que tiene la Procuraduría General de la República es acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entreviste a los militares que estaban en Ayotzinapa el pasado mes de septiembre, cuando ocurrió la desaparición.
Fueron alrededor de 300 personas, entre familiares y ciudadanos, los que marcharon la tarde de este viernes por las calles de la capital de Guanajuato.
Aguascalientes, Ags.- De manera pacífica, reporteros de Aguascalientes se sumaron la mañana de este jueves a la indignación nacional por los asesinatos y agresiones a periodistas.
Ello en el marco del Seminario Nacional para Autoridades Municipales Electas, donde antes de iniciar el evento subieron al estrado en que se sentarían autoridades federales, estatales y municipales, espacio en que tomaron una fotografía en la cual todos mostraban una hoja con la leyenda “Ni uno +, ni una -“, donde también se observaba el rostro del foto-periodista veracruzano Rubén Espinoza, quien apenas hace unos día fue encontrado asesinado junto con otras cuatro mujeres en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, luego de haber hecho pública su huida de Veracruz por temor a que algo le sucediera, asegurando haber recibido amenazas del gobierno de aquella entidad.
De esta manera, los reporteros aguascalentenses se suman a las manifestaciones que a nivel nacional e incluso internacional se han hecho en exigencia de que paren los homicidios en contra del gremio periodístico.
Asimismo y como parte de la misma protesta, los manifestantes mostraron las mismas hojas durante el ingreso de las autoridades de los tres niveles de gobierno al lugar del evento.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la guardia comunitaria de Santa María Ostula, Michoacán, no será liberado después de que el Ayuntamiento de Aquila se desistiera de la denuncia por robo calificado que había interpuesto en su contra, debido a que el delito es considerado como grave, informó en un comunicado la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE).
La PGJE señaló que “el desistimiento que pudiera existir por el denunciante no incide en la posibilidad de que el inculpado pueda obtener su libertad, ya que en todo caso sería un elemento a considerar para efectos de reparación de daño si la sentencia es condenatoria”.
Sumado a esto, la Fiscalía local dijo que al líder comunitario no sólo se le acusa del robo de 60 rollos de alambre, “sino por otros bienes descritos en la denuncia penal que en su momento se presentó ante la agencia del Ministerio Público”.
Apenas ayer, Ignacio Mendoza Jiménez, abogado defensor de Verdía, dio a conocer que su cliente debería abandonar el penal “David Franco Rodríguez” en los próximos días, una vez que un el juzgado que lleva el caso reciba y analice el documento firmado por la Sindicatura de Aquila.
Aunque había ironizado que mientras el gobierno de Salvador Jara Guerrero decidiera continuar las acciones en contra de su cliente podrían acusarlo hasta por atropellar a un perro.
La PGJE agregó que en lo que refiere al delito del homicidio de cuatro personas, del que también se le acusa a Verdía Zepeda, aseguró que aún continúan las investigaciones para conocer las “circunstancias en que fueron privados de la vida los agraviados y de esta manera proteger el derecho a la justicia que asiste a las víctimas; este hecho no quedará impune”
En el documento se agrega que elementos de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), acudieron al penal para recabar declaración ministerial de Cemeí Verdía, sobre la destrucción de urnas y boletas electorales, el pasado 8 de junio.
Caso sobre el que Cemeí se habría reservado su derecho a declarar, según informó la Procuraduría local.
Fue frente a la puerta principal del palacio de gobierno del estado de Tlaxcala que se reunieron periodistas, fotógrafos y editores de medios convencionales y electrónicos locales, con cámara en mano y veladoras arribaron de uno en uno.
No importó de que empresa, ni de qué organización, el sentimiento de rechazo por el asesinato del foto periodista Rubén Espinosa Becerril unió al gremio periodista del estado de Tlaxcala, quienes se apostaron frente al despacho del Gobernador Mariano González Zarur.
Colocaron sus cámaras en el piso formando una cruz y la rodearon de veladoras encendidas en señal de luto por el asesinato de los 5 jóvenes en la colonia Narvarte, entre los que destacaba Nadia Vera y Rubén Espinosa, una pareja de activistas destacados en el estado de Veracruz además de la profesión de fotoperiodista que ejercía el ultimo, para la Agencia Proceso.
Se sumaron algunos ciudadanos, más un silencio que trajo tristeza, coraje e impotencia fue el momento en el que miembros del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. colocaron cinco cruces con los nombres de cada una de las víctimas de tan dantesco crimen.
Se recargaron frente a las puerta de palacio que inmediatamente cerraron los policías siguiendo la orden del gobierno y dando una clara señal de indiferencia, acostumbrada reacción del ejecutivo local ante las manifestaciones en Tlaxcala.
Exigieron libertad de expresión y seguridad para el ejercicio periodístico, además recriminaron al Gobernador Mariano González Zarur las acciones legales emprendidas contra periodistas por publicar críticas y opiniones sobre su gobierno, por lo que acusaron un intento de censura desde el poder legislativo.
Pedro Valtierra, director de Cuarto Oscuro llamó vía telefónica a los periodistas para brindar respaldo de dicha Agencia Periodística al reclamo de los tlaxcaltecas y extendió la solicitud de justicia para los ciudadanos y atención a problemas que hacen daño a la sociedad como la trata de personas.
En tanto los comunicólogos del estado, refrendaron su compromiso con la información y montaron guardia y guardaron un minuto de silencio en honor al compañero asesinado.
En el último año en México han sido asesinados tres periodistas 80 en los últimos 10 años… en Tlaxcala existen antecedentes de agresiones a comunicólogos y denuncias por difamación a funcionarios del gabinete Ejecutivo y una Senadora de la República sin duda una palabra retrograda para estos tiempos.
Los periodistas tlaxcaltecas se congregaron en el Congreso y frente al Palacio de Gobierno
Tlaxcala, Tlax; a 6 de agosto 2015 Jorge Lezama
En el Congreso de Tlaxcala y frente al palacio de gobierno, periodistas de diversos medios de comunicación estatales y nacionales se reunieron para protestar en contra del crimen del periodista Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de la agencia Cuartoscuro y Proceso.
A través de una invitación de la Confederación de Periodistas, Reporteros, Editores Impresos y Digitales COPEREID del estado de Tlaxcala se reunieron periodistas para
para exigir justicia y respeto a la labor periodística en México.
Se colocaron veladoras, cámaras fotográficas y cruces frente a la puerta de palacio de gobierno. Se mostró la foto del periodista asesinado, se pronunciaron protestas pidiendo justicia y libertad para ejercer la función de informador.
Algunos compañeros tomaron el micrófono para expresaron sus condolencias a la familia de Rubén Espinosa. Se habló de los riesgos que representa ser periodista en México, de los periodistas muertos sin que se haya hecho justicia. Se pidió esclarecer este crimen y garantías para ejercer la profesión.
Participaron también organizaciones civiles, directores de medios de información , camarógrafos, fotógrafos y ciudadanos.
Con un minuto de silencio los allí presentes reconocieron la labor valiente del fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, quien realizando su labor de informar se convierte en precedente histórico ya que que es un desplazado interno que fue ultimado en la Ciudad de México, después de salir del estado de Veracruz por haber recibido amenazas en su contra y denunciar haber sido perseguido por personas no identificadas.
Uno de los emprendedores de la manifestación pública de repudio a la acciones violentas en contra de los comunicadores y la libertad de prensa, mismo que inició el acto luctuoso en pleno centro de la capital tlaxcalteca quien acuso:
“Ya estamos hartos de tanta agresión, de tantos gobiernos represores, afortunadamente en Tlaxcala no hemos tenido algún percance de esa magnitud”
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– A poco más de cuatro meses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiera al Estado de México investigar el feminicidio de Mariana Lima Buendía, abogada asesinada en Chimalhuacán en 2010, las autoridades mexiquenses han sido lentas en el proceso por lo que el Máximo Tribunal ha tenido que estar al pendiente, informó Irinia Buendía Cortés, la madre de la víctima.
Hace unos días SinEmbargo publicó la denuncia de la señora. “Las autoridades no están cumpliendo, siguen cometiendo las misma negligencia, la misma impunidad”, dijo Buendía, durante un foro de violencia contra mujeres realizado en el municipio de Chalco, donde aseguró que acudiría al máximo tribunal del país para que hiciera un exhorto a la administración que encabeza Eruviel Ávila Villegas.
Esta semana este medio volvió a tener contacto con Irinea para saber los avances del caso e informó que en efecto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sí está trabajado pero de forma lenta y regañadientes, puesto que la SCJN ha estado sobre las autoridades mexiquenses.
“Fuimos a la Suprema Corte y nos dijeron que están sobre de ellos y le están pidiendo a la Procuraduría que se agilicen las cosas porque van muy lento”, comentó Buendía Cortés.
Irinea agregó que por fin le presentaron al grupo de expertos que reinvestigará el caso de su hija. Sin embargo, antes que ella se acercara y buscara respuestas, el Edomex no le había notificado cosa alguna.
“Ya vimos al grupo que va a llevar el caso de mi hija, no sabemos cuál es su perfil, pero estamos al pendiente para que se cumpla lo que la Suprema Corte pidió. Ese día estuvo la Subprocuradora de género, la fiscal, y vamos a ver cómo se va desarrollando. De hecho, estos primeros casos serán un indicador para saber si la Alerta de Género en el Estado de México se está cumpliendo”, explicó Irinea Buendía.
El pasado 25 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió un caso de probable feminicidio y reconoció las irregularidades por parte de autoridades del Estado de México en la investigación del caso de Mariana Lima, quien presuntamente fue asesinada por su ex esposo, quien actualmente es comandante policial en el municipio de Chimalhuacán.
De forma unánime, los ministros otorgaron un amparo a los familiares de la víctima para que se investigue la muerte como un probable feminicidio y no como un suicidio, versión que se emitió en 2010 si que hubiera peritaje, declaraciones de testigos y si que se contara con el contexto de violencia que sufrió la víctima.
Sumado a ello, pasado 28 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aprobó por primera vez en su historia emitir la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México. La medida se aplicará en: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México implica un reconocimiento por parte del Estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común. “Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses”, detallaron.
Esta semana se dio a conocer que el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, omitió información al grupo imultidisciplinario de expertos que realizó el informe para la declaratoria de alerta de género, lo que demoró aún más la decisión de ese organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). Además, el mandatario estatal informó que él hizo la solicitud del mecanismo, pero nunca tuvo facultades legales para ello, denunciaron organizaciones civiles, quienes explicaron que si las autoridades federales aprobaron la medida en 11 municipios mexiquenes fue gracias a una lucha jurídica que duró cinco años que fue promovida por la sociedad.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) detallaron que el informe se realizó con los datos que el Estado de México proporcionó, pero donde se omitió información como: los procesos, el número de sentencias, sanciones a los delincuentes sentenciados, modus operandi, formas de violencia, casos de feminicidio desde 2005. Sumado a ello se mezclaron cifras de delitos dolosos como abortos, suicidios, entre otros.
“[El grupo de expertos] se enfrentó al no registro de datos en el Estado de México, sobre todo a la Procuraduría del Estado de México, para hablar de la situación de violencia familiar, violencia sexual y feminicidio”, declaró María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.
La activista agregó que las autoridades del Edomex omitieron casos de feminicidio en lo que va de la administración de Eruviel Ávila.
“No existen datos. La Procuraduría sólo informó de un caso de feminicidio de 2011 a 2014?, contó María de la Luz Estrada.
En las conclusiones del informe, los expertos informaron que las bases de datos no son alimentadas ni actualizadas en el Estado de México por lo que no “ha permitido a las autoridades de la entidad federativa comprender la dimensión y características del fenómeno de la violencia feminicida que sufren las mujeres en la entidad, invisibilizado su gravedad”.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años.
En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.
LOS CASOS SERÁN LA BASE
Irinea Buendía contó que desde un principió a su hija se le negó el derecho a la justicia, pero ello emprendió una lucha legar en contra de Julio César Hernández Ballinas, entonces esposo de Mariana y policía judicial del Edomex.
Tras cinco años de negativas, el caso logró llegar a la Suprema Corte, donde se ganó el amparo 554/2013. Sin embargo, antes de escuchar la resolución Irinea dijo: “Justicia y justicia, no queremos otra cosa. Confiamos en que los ministros se den cuenta de lo que Julio César Hernández Ballinas hizo; no se necesita ser experto para darse cuenta que a él lo han protegido”.
–¿Quién lo ha protegido? –se le preguntó.
–Los ministerios públicos, tres fiscales, tres subprocuradoras de feminicidio y tres procuradores generales –dijo la señora.
Mariana se casó en 2008 con Hernández Ballinas. De acuerdo con los testimonios disponibles, el agente la golpeó desde el inicio de la relación. El 29 de junio de 2010, el hombre llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que la joven había muerto.
Cuando Irinea llegó ante el cadáver de su hija, la notó golpeada y recién bañada. Hernández Ballinas declaró que la encontró colgada y que, en esa posición intentó reanimarla. Luego la acomodó en la cama y ahí “la besó” y “dio masaje en los pies” para resucitarla.
Hernández fue investigado por sus compañeros de trabajo. Nunca fue suspendido. Al contrario: fue ascendido como comandante de la Policía Judicial.
Pachuca, Hgo. Marco Antonio Moreno Gaitán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), denunció que la minera Autlán, localizada en la sierra de Hidalgo, provoca además de contaminación, daños a bosques de la región, ante la mirada indiferente de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La contaminación es generada por líquidos con manganeso que son vertidos al río Nonoalco, y para revertir los daños, advirtió Moreno Gaitán, se requerirán al menos 100 años y una inversión millonaria.
De acuerdo con Moreno Gaitán, para la extracción y tratamiento del manganeso se hace uso de maquinaria pesada y se provocan explosiones que de manera paulatina han modificado el entorno ecológico del lugar afectando flora y fauna, además de provocar pérdida y daño a los árboles.
Según el activista, hay estudios que señalan que por lo menos se han devastado unas 200 hectáreas de bosques. “La pérdida no sólo es de árboles, también implica ya la contaminación de los ríos y lagos, donde han desaparecido los peces”.
Advirtió que “para tratar de revertir los daños se requerirían al menos 100 años, y para recuperar el bosque una inversión millonaria, pero se ve difícil porque hay mucho desinterés por parte de las autoridades ambientales, tanto estatales como federales”.
El activista destacó que para obtener las mediciones de los daños se requiere desplazar al lugar una unidad de monitoreo, y por razones desconocidas, ésto no ha sido efectuado por las autoridades. Por ello, “nadie puede conocer qué tipo de elementos químicos se han emitido a la atmósfera”.
Denunció también la “permisibilidad” con que opera Minera Autlán para perpetrar toda clase de “crímenes ecológicos” en la región. Puso de relieve que no se procede contra la empresa, porque ésta amenaza con cerrar la planta y dejar sin empleo a los vecinos del lugar.
“Es sólo una argucia: la gente no sabe cuántos cientos de millones de dólares ganan los propietarios de la minera al mes, con muy poca inversión; es difícil que decidan irse y dejar toda esa minita de oro que representa la explotación del manganeso”, subrayó.
Por su parte, los habitantes de la región, que hace cuatro días tomaron las instalaciones de la mina, advirtieron que cerrarán también la circulación de la carretera federal México-Tampico, para obligar a los representantes de la compañía a resarcir los daños a los recursos naturales de la región, así como a sus viviendas.
“Estamos evaluando cerrar la carretera con apoyo de otras cuatro comunidades que han sido afectadas por la contaminación del río Nonoalco y la atmosférica”, dijo Nazario Calva Marañón, subdelegado de la localidad.
En el transcurso de este día, dijo, los vecinos sostendrán una asamblea general en el patio de la empresa para evaluar propuestas e intensificar las acciones de protesta, entre ellas el cierre de la vía.
“A nosotros no nos gusta hacer este tipo de cosas, pero el problema es que desde hace mucho tiempo hemos buscado la forma de dialogar con la gente de la empresa para llegar a un arreglo y nunca ha habido disposición por parte de ellos”, dijo.
Tras subrayar que la comunidad no desea que la minera se cierre y que no se oponen al desarrollo de la entidad, puntualizó que es necesario que las autoridades ecológicas se presenten en las instalaciones de la minera, para que dictaminen los daños que ha provocado la colocación de sacos de una tonelada de manganeso y el agua usada para limpiar el metal en el río que cruza la localidad.
Los afectados denuncian también daños estructurales a las viviendas de la localidad. Es el caso de Eva Castillo Ibarra quien vive a unos metros de la entrada de la minera. Relató que su vivienda tiene grietas a causa de la apertura de un pozo de agua por parte de los trabajadores de la empresa.
“A causa de las vibraciones de las máquinas y de los movimientos de tierra que se produjeron, cuando se abrió el pozo de donde extrajeron agua, mi casa sufrió daños severos en la estructura; aunque he enviado muchos oficios a la empresa para que me paguen, no me han hecho caso”, destacó.
La devastación del manglar en Malecón Tajamar está casi consumada. A 19 días de que expire el permiso de la Manifestación de Impacto Ambiental, MIA, en la zona, los predios están rellenados a un 80 por ciento y se espera que las construcciones de edificios de hasta 14 niveles inicie hasta finales de año, ya con el principal obstáculo resuelto: el relleno del manglar para establecer cimientos.
Sin embargo, no todo va viento en popa en lo que es el penúltimo gran proyecto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, puesto que se han detectado dos situaciones demasiado cuestionables.
La primera, es que a raíz de las revisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en la zona, se detectó que los desarrolladores de los ocho proyectos turístico-residenciales hasta el momento no han presentado ni proporcionado permisos federales como el Estudio Técnico Justificativo y los Programas de Rescate de individuos bajo algún estatus de protección de acuerdo a la Norma Ecológica 059, así como el Programa de Prevención y Mitigación de impactos, entre otros.
Este no es un dato menor. El Estudio Técnico Justificativo es el que permite evaluar y cuantificar dentro de los proyectos, la afectación de especies forestales, volúmenes de madera extraídos, superficies afectadas en los ecosistemas de selva baja caducifolia y de manglar, así como los impactos ambientales ocasionados.
Por ello, esta situación significa que en su primera inspección a la construcción del Malecón Tajamar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encontró con que el responsable del proyecto no cuenta con todas las autorizaciones de la obra.
En caso de no presentar estos permisos, los desarrolladores no sólo podrían hacerse acreedores a una multa económica sino también a la clausura parcial de los proyectos en cuestión.
Lo anterior se debe a que la selva baja y el manglar son de suma importancia ecológica debido a que constituyen una barrera natural para la protección de suelos, agua, flora y fauna contra fenómenos meteorológicos como son los huracanes que cada temporada afectan la Península de Yucatán.
Secretaría de Desarrollo Urbano municipal se deslinda del problema
Después de que los medios dieran a conocer que la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano habría establecido cambios de uso de suelo en la zona de Malecón Tajamar, la reacción gubernamental no se hizo esperar.
La dependencia municipal no sólo negó los cambios de uso de suelo, sino que señaló lo siguiente: El cambio de uso suelo de forestal a urbano para algún proyecto es competencia exclusiva del ámbito federal, es decir, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Indicó asimismo que el documento de cambio de uso de suelo que está en revisión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el caso de Malecón Tajamar, y que según no fue exhibido en su momento por los propietarios, se refiere al cambio de forestal a urbano, trámite que sólo se hace ante la Semarnat y en el cual el ayuntamiento no tiene injerencia alguna.
Sobre este tema, destaca que el polígono conocido como “Malecón Tajamar”, con extensión de poco más de 70 hectáreas, cuenta con un antecedente urbano desde el primer Plan Maestro de Cancún y aparece también como polígono para desarrollo en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Cancún 1993, así como figura en el mismo instrumento actualizado en el 2005.
Ya en el 2006 se detalla su zonificación y usos de suelo en el Programa Parcial de Malecón Cancún, publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Quintana Roo el 7 de septiembre de 2006; por consiguiente, en el actual PDU 2014-2030 se incluyen exactamente iguales las características respetando lo establecido en el Programa Parcial Malecón Cancún de 2006, por lo que este gobierno municipal no hizo cambio alguno respecto a estos predios.
Oaxaca, (apro).- El apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como el “padre Uvi”, encabezó anoche una velada en memoria de los periodistas asesinados en el país, acto al que asistió, entre otros, el pintor Francisco Toledo.
En el exconvento de Santo Domingo, el padre Uvi hizo un llamado “a poner un alto a los asesinatos, alto a los agravios, alto a las amenazas y ¡que viva la libertad de expresión!”.
Frente a un féretro rodeado de flores y veladoras, así como de una lona donde reclaman justicia, y de otra con los rostros del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, el religioso condenó “a los gobiernos tiránicos que pretenden sepultar la libertad de “expresión”.
“Una sociedad que no defiende la libertad de expresión, que no valora a sus periodistas, es una sociedad que está condenada a que la pisoteen. Y no puede haber democracia sin respeto al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión”, reforzó.
Ataviado en una sotana blanca, el padre Uvi dijo: “Hoy quiero orar en esta velada de apoyo a los compañeros caídos, quiero orar para pedirle a Dios que ponga un freno, un alto a los asesinatos, a todos los gobiernos tiránicos, poderes fácticos que aplastan la libertad de expresión”.
“Quiero orar por todos ustedes para que el trabajo que realicen siga siendo conocer la verdad en esta sociedad tan agraviada”.
Francisco Toledo, con una imagen de Rubén y una vela blanca entre sus manos, también se solidarizó con el gremio periodístico y las cuatro mujeres que fueron asesinadas el 31 de julio en la Ciudad de México.
Cientos de académicos, artistas, defensores de derechos humanos y periodistas de distintas agrupaciones atestiguaron el acto a la luz de veladoras y un rayo láser que proyectó frases que sintetizaban la rabia por la agresión y muerte de comunicadores.
En una de las secuencias expuestas en los muros del templo, bajo una imagen del gobernador Javier Duarte, se advertía: “Veracruz, 62% del total de periodistas asesinados”, “El 31 de julio de 2015 torturaron y ejecutaron a cinco personas en el Distrito Federal”, “Rubén Espinosa, fotoperiodista amenazado”, “Nadia Vera, de #YoSoy132 Xalapa, amenazada”, “Crimen de estado”, “Duarte asesino”, “2015, cuatro periodistas asesinados: Veracruz 2, Oaxaca, 2” y “88 periodistas asesinados en 15 años”.
En la improvisada tribuna pública el tataranieto de Francisco Zarco, Fernando Gálvez de Aguinaga, resaltó que todas las víctimas de esta violencia ya se cuentan por decenas de miles, lo que refleja que “el país requiere de un cambio profundo, cambio de rumbo porque no es posible que el derecho mínimo a la vida no sea garantizado por el Estado y sus instituciones”.
Luego vino un pase de lista por parte de Jazmín Gómez, de pagina3.mx, quien recordó a los periodistas recientemente masacrados.
“Exigimos justicia para Rubén Espinosa de Veracruz”, “¡Justicia!” fue la respuesta; “Justicia para Filadelfo Sánchez Sarmiento, de Oaxaca”, “¡Justicia!”, y “Justicia para Edgar Hernández, de Oaxaca” “¡Justicia!…
Finalmente se hizo hincapié en que las autoridades “no sólo fallan a los periodistas, le están fallando a un país en donde reina la impunidad”.
Ecatepec, Edomex.- Reporteros de la zona metropolitana lanzaron un exhorto a las autoridades federales y de las diversas entidades del país a trabajar en el esclarecimiento de los más de 88 crímenes que se ha cometido en contra de periodistas en México del año 2000 a la fecha, y que hasta el momento no han sido aclarados.
Durante la velada de protesta efectuada en la explanada municipal de Ecatepec, Saul López, fotográfo de Cuarto Oscuro recordó a su compañero, Rubén Espinosa Becerril, quien fue asesinado el fin de semana pasado, junto con cuatro mujeres en la colonia Narvarte del DF.
Mencionó que hace un mes y medio, Rubén llegó a exiliarse a la ciudad de México, por el hostigamiento del que fue víctima en Veracruz, por la cobertura que hacía de movimientos de protesta.
Saúl López lamentó que el sueño de Rubén, quien le había dicho que se sentía seguro de estar en la capital del país, hubiera terminado tan pronto.
En su momento, Emilio Fernández, reportero de El Universal, pidió a nombre del gremio periodístico del Estado de México, que los crímenes cometidos en contra de periodistas por ejercer su libertad de expresión, no queden sin resolverse y que se llegue hasta el fondo en las investigaciones.
Alrededor de un centenar de informadores portaron cruces blancas, veladoras, flores y la fotografía de Rubén y caminaron alrededor de la explanada en silencio para expresar su repudio a los asesinatos cometidos del año 2000 a la fecha.
Una comitiva de pescadores encabezados por la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe denunciaron que hay altos índices de contaminantes tóxicos en las aguas del Mar Bermejo.
“A nosotros no echan la culpa de que estamos acabando con el agua del Alto Golfo de California pero realmente presumimos que son las empresas y pudieran ser otros factores los que actualmente contaminan la zona” advirtió Sunshine Rodríguez Peña, líder del sector pesquero del puerto mexicalense.
Las declaraciones de los trabajadores del mar fueron respaldadas por los estudios de dos empresas ambientales: Asesoría Integral Ambiental y del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.
En uno de los análisis se realizaron siete muestras comprobadas en un laboratorio de Ciencias Ambientales de Guaymas, Sonora el 9 de abril del año en curso, que arrojaron como resultado alta concentración de Mercurio en 3 de las muestras, mientras que en las restantes “exceden la concentración recomendada para evitar efectos crónicos en vida acuática”.
En el segundo estudio, los resultados en las muestras de agua y sedimento revelan que hay una mayor presencia de Hierro, seguida de Plomo, Cobre, Cadmio, Zinc y Mercurio.
Sobre las evaluaciones, el presidente de una de las dos cooperativas de San Felipe declaró que ambas tuvieron un costo de más de 100 mil pesos, los cuales fueron absorbidos por los pescadores, por lo que solicitaron al gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid que asuma su responsabilidad y encabece los trabajos de estudio y análisis del agua del Már de Cortes.
De igual forma solicitó a las autoridades estatales así como al organismo internacional Greenpeace que muestren a los habitantes del puerto y a la opinión pública los estudios que tienen sobre el mar del Alto Golfo de California y de la mina que está ubicada a pocos kilómetros del mar.
Sunshine Rodríguez manifestó que la mortandad de peces y aves que se registró a inicios de año no sólo tuvo que ver el fenómeno natural denominado “Mare Roja”, ya que consideraron que “lo que está alimentando a toda esta contaminación pudiera ser la mina de oro y otros empresas que se ubican en la zona”.
Con la exigencia de que se reabra la investigación, se rediseñe la búsqueda y el gobierno federal acate las recomendaciones de expertos internacionales, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon hoy por las calles de San Salvador Atenco, donde dirigentes y militantes del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT) los recibieron y les refrendaron su apoyo para que se esclarezca y se haga justicia en este caso.
“No nos vamos a cansar, aquí estamos y vamos a seguir”, dijeron varios progenitores de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos durante un mitin celebrado frente a la alcaldía de San Salvador Atenco, donde estuvieron acompañados por Ignacio del Valle Medina, líder del FPDF y representantes de los magisterios del Estado de México y Michoacán.
Desde las 11:00 horas, el contingente partió del domicilio del dirigente atenquense y se enfiló al palacio municipal, de donde posteriormente se hizo una marcha por las calles de los poblados de San Francisco Acuexcomac, Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapa.
Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres de los normalistas y quien participó en la marcha, que forma parte de la Caravana que realiza este movimiento por diversos puntos del país, comentó que es difícil que el gobierno federal cumpla con los 10 puntos expuestos por los afectados, y que en estos momentos la exigencia es que se reabra la investigación.
“Se debe consolidar la investigación, que presenta una serie de irregularidades y lagunas, y pese a que hay 110 detenidos y 180 tomos, este caudal no resulta suficiente para ofrecer verdad ni justicia a los padres”, dijo el abogado.
Agregó que es preciso abrir líneas adicionales pues quedaron pendientes una serie de peritajes “y aunque la autoridad dice que el caso no se ha cerrado, en los hechos sí, con el corte de Jesús Murillo, ex procurador”.
“Las diligencias deben reabrirse porque la línea del basurero de Cocula, por ejemplo, donde supuestamente fueron incinerados, está agotada, no ofrece nada más”.
Rosales Sierra mencionó que sumado a ello, se tiene que rediseñar la búsqueda de los estudiantes “porque quedó a la mitad; hay muchos lugares todavía por buscar, los padres los tienen anotados, pero la Gendarmería se ha venido ocupando de sofocar movimientos sociales nada más”.
Por último, dijo las autoridades deben acatar las recomendaciones que emitan los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y de los peritos argentinos, siendo otras de las exigencias de los padres para poder avanzar en el asunto.
Por su lado, Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, sostuvo que el gobierno deberá de abrir los cuarteles para ver que sus hijos no estén privados de su libertar en estos espacios, y dijo que como padres esperan encontrar con vida a sus hijos.
La comitiva de los padres de los normalistas desaparecidos llegó por segunda vez a este municipio, para exponer que continuarán la lucha para lograr encontrar a sus hijos vivos, además de que se recorre el país en dos grupos para dar a conocer su situación. www.hoyestado.com/2015/08/marchan-padres-de-los-43-normalistas-en-atenco/
Miércoles 5 de agosto de 2015, p. 27
La Secretaría de Energía (Sener) informó que la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, otorgó su consentimiento para la construcción y operación del proyecto de generación de energía eólica, que tendrá un costo estimado de 14 mil 454 millones de pesos, una capacidad total de 396 megavatios y una producción estimada de mil 310 GWh.
Energía Eólica del Sur, a cargo del megaproyecto, es una empresa que se creó en 2013, sobre lo que fue Mareña Renovables. Se trata de una coinversión australiana y japonesa.
En 2011 obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del parque eólico La Venta, también en Oaxaca, para abastecer de energía, mediante 33 acuerdos, a Femsa y a la Cervecería Cuauhtémoc.
La Sener señaló que con la aprobación de la comunidad, obtenida el pasado 30 de julio, concluye el proceso de consulta previa, libre e informada, que durante ocho meses realizó junto con los gobiernos estatal y municipal, así como con más de 10 dependencias de los tres órdenes de gobierno integrantes del comité técnico asesor.
La dependencia insistió en que el proyecto cuenta con el consentimiento libre e informado de la comunidad indígena zapoteca de El Espinal, otorgado también luego de una consulta, por lo cual la construcción del nuevo proyecto se iniciará en breve.
El proyecto
El parque consiste en 132 aerogeneradores para lograr una capacidad total de 396 megavatios y una producción estimada en mil 310 GWh.
Tendrá un costo estimado de 14 mil 454 millones de pesos, lo cual representa una de las inversiones de la industria eólica en el estado más importantes en los últimos años.
Los procedimientos de consulta previa a las dos comunidades indígenas, que podían ser afectadas en sus derechos e intereses colectivos, fueron realizados por la Sener de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 119 de la la Ley de la Industria Eléctrica, aseguró la dependencia.
Detalló que en la última fase de la consulta participaron más de mil 300 representantes de la comunidad indígena, quienes manifestaron su acuerdo con los beneficios asociados al proyecto y otorgaron su consentimiento libre e informado.
Entre los supuestos beneficios destaca la puesta en marcha de una estrategia de sustentabilidad energética en apoyo de la comunidad que promueva el uso de energías limpias y la eficiencia energética, mediante proyectos de corto, mediano y largo plazos.
De igual forma, compromisos y obligaciones adquiridos por la empresa, como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de todas las medidas de mitigación que salvaguarden el medio ambiente y los recursos naturales; la creación de un fideicomiso que destinará recursos para la reducción de la factura eléctrica doméstica de los usuarios de la tarifa 1C, habitantes del municipio de Juchitán de Zaragoza.
El gobierno federal destinará fondos para un proyecto de eficiencia energética en los servicios municipales y para la adquisición de un aerogenerador con tecnología mexicana operado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que destine la energía generada al consumo de los usuarios residenciales de la tarifa 1C del municipio, mientras el gobierno estatal adquirirá un segundo aerogenerador, con el propósito de determinar las bases de un parque eólico municipal que pudiera crecer en el largo plazo en beneficio de la comunidad indígena
Matilde Pérez U.
Las asambleas Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiidtt) sostuvieron que la asamblea en que se aprobó el proyecto de Eólica del Sur fue una farsa y viola el amparo que interpusieron en abril del año pasado contra el megaproyecto.
Carlos Sánchez Martínez, vocero de la APPJ, comentó que la consulta fue manipulada por las autoridades estatales y las secretarías de Energía (Sener) y de Gobernación, así como por líderes de la COCEI.
A la asamblea llegaron integrantes de los sindicatos que agredieron en la ciudad de Oaxaca al pintor Francisco Toledo. Antes de la reunión varios ejidatarios que se oponen al proyecto fueron amenazados vía telefónica y en la asamblea un grupo de sicarios los fue señalando. Sostenemos que los resultados de la consulta no son reales, abundó.
Ayer, la Sener informó que Eólica del Sur podrá iniciar la construcción de 132 aerogeneradores, que conforman el parque de generación, pues obtuvo la autorización de comunidades zapotecas de Juchitán de Zaragoza y El Espinar. Los 396 megavatios que se producirán en el megaparque serán enviados a Femsa y Heineken.
Sánchez Martínez comentó que la APPJ y la Apiidtt comenzarán una consulta popular indígena en las comunidades zapotecas de Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, La Venta, La ventosa, El Espinal y en el pueblo ikjoot Santa María del Mar. La comunidad agraria de Juchitán tiene 8 mil hectáreas que defenderá de las eólicas.
El 24 de abril del año pasado los opositores al megaproyecto presentaron una demanda de amparo ante el juzgado séptimo de Salina Cruz por violaciones a los derechos humanos y al proceso de consulta pública, porque no se respetó el artículo segundo de la Constitución ni el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El amparo fue otorgado.
Sánchez Martínez comentó que el arribo de las empresas eólicas ha representado el aumento de las violaciones a los derechos humanos, agresiones y amenazas en contra de los luchadores sociales y de los ejidatarios que exigen respeto a sus derechos.
En el país hay 31 parques eólicos, de los cuales 21 se localizan en el Istmo de Tehuantepec, con mil 186 aerogeneradores de 78 metros de altura cada uno, ubicados en Juchitán, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, Ixtaltepec y El Espinal.
Tepic.- En solidaridad con la familia, amigos y compañeros del fotorreportero de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa y las cuatro mujeres asesinadas en la Ciudad de México el fin de semana pasado, periodistas de diversos de medios de comunicación, activistas y sociedad en general de la capital nayarita, marcharon sobre la Avenida México hasta Palacio de Gobierno, para exigir justicia ante este fatal suceso.
Miriam Navarro, corresponsal de La Jornada en Nayarit afirmó: “Es un sentimiento de impotencia, de coraje, quizá la mayoría no conocimos a Nadia, ni a Rubén, ni a Yesenia, ni a nadie de ellas que fallecieron allá en la Ciudad de México, que fueron de esta manera torturados, pero somos solidarios por lo que somos del gremio y porque somos mujeres, y porque no de presentarse ningún crimen de este tipo más, no nos pueden seguir silenciando a base de muerte”.
Esta marcha que expresa la molestia e inconformidad de los profesionales de la comunicación, se une a los diversas expresiones que se han realizado en el país; los periodistas nayaritas exigen justicia para Rubén y piden a las autoridades se proteja el derecho de la libre expresión en México.
Hugo Cervantes, reportero y fotógrafo de Nayarit en Línea, sentenció: “El mensaje más que nada es levantar la voz, es decir que también en Nayarit estamos indignados por lo que está sucediendo a nivel nacional, sabemos que México es uno de los países donde más asesinatos a periodistas hay o desapariciones a periodistas, y creemos que es necesario salir, Nayarit está muy apagado y el que no suceda en estos momentos en el estado, no quiere decir que no vaya a suceder, si se da en Tlaxcala, en Veracruz, en Distrito Federal , no significa que no pueda suceder aquí”.
La manifestación culminó en la Plaza Bicentenario donde se guardó un minuto de silencio y se colocó una manta acompañada de equipos de los medios de comunicación presente, en una forma de protesta ante la muerte de Rubén Espinosa y las cuatro mujeres en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
(05 de agosto, 2015).- La mayoría del Congreso aprobó la ley Borge que prevé la creación de una instancia que aplicará medidas para atender a comunicadores y activistas “en riesgo” y “en situación de vulnerabilidad”, pero la mayoría de comunicadores y periodistas la desaprueban. La consideran un proyecto para afianzar el control del Borge a los medios.
No obstante, el proyecto sufrió modificaciones en comisiones unidas, por lo que quedaron fuera elementos como la regulación al “acceso a las fuentes de información”, en la que se establecía que el ingreso a actos públicos sería a “periodistas debidamente acreditados”.
Originalmente la iniciativa se aprobaría el 20 de julio, dentro de un periodo extraordinario, sin embargo, ante la indiferencia de periodistas locales a los “foros de consulta” el asunto se pospuso.
Para dar seguimiento a su aplicación se creará un sistema estatal para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, que estará encabezado por el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el procurador general de Justicia del estado, Gaspar Armando García Torres, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez.
Según la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha han ocurrido en Quintana Roo 42 agresiones contra periodistas, sólo por debajo del Distrito Federal, con 85.
El proyecto fue modificado en comisiones unidas: se eliminó la norma relativa al “acceso a fuentes de información”, que estipulaba que sólo podrían entrar a los actos públicos “periodistas debidamente acreditados”.
Ante el rechazo de los comunicadores, las iniciativas enviadas por Borge Angulo y por el diputado panista Sergio Bolio Rosado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, fueron fusionadas.
Por medio del sistema quintanarroense para proteger defensores de derechos humanos y periodistas, el estado deberá “garantizar los derechos a la vida, a la integridad física, sicológica, moral y económica, a la libertad y la seguridad cuando estén en riesgo con motivo de su actividad, así como de sus familiares o personas vinculadas”.
Un avance es la creación de un fondo para protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y la imposición de “pena de prisión y destitución e inhabilitación (…) contra autoridad o funcionario que, abusando de su cargo suspenda, clausure o censure algún medio escrito o impreso o impida su circulación o difusión, o recoja ediciones de libros o periódicos, evitando su publicación”.
La nueva norma, aprobada por 21 votos a favor y uno en contra, consta de nueve títulos, 64 artículos ordinarios y cinco transitorios. Entre otros puntos, estipula el derecho al secreto profesional para reservar fuentes de información.
Intereses inmobiliarios siguen avanzando sobre parques, zonas boscosas y áreas protegidas, y es cada vez más común que los vecinos se organicen para impedir la pérdida de estos espacios que hacen mejor la vida
Tal parece que en el Área Metropolitana de Guadalajara no hay bosque, parque, sitio natural que las inmobiliarias no le hayan echado ojo para urbanizarlo. Y es que a pesar de ser una ciudad con altos índices de contaminación y que carece de áreas verdes, las empresas en alianza con autoridades han ido privatizando estos espacios comunes.
Al punto de que el Parlamento de Colonias ha denunciado que en la ciudad de Guadalajara existe un “cártel inmobiliario”, integrado por autoridades, consultores y especuladores, que controlan y modifican a su antojo los planes parciales de desarrollo precisamente para urbanizar donde no se debería permitir y que lo que se hace es legalizar el despojo de fincas con valor patrimonial, bosques, zonas agrícolas, parques, cerros, arroyos y otros bienes comunes.
Ante este panorama, vecinos de distintos barrios y colonias se han organizado para la defensa de estos lugares.
Y es que la tendencia de reducir las áreas verdes atenta directamente contra la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, pues de por sí 62.1% de la población vive en zonas donde la vegetación es inferior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. En la cuantificación del Instituto de Información Territorial, se consideraron parques, jardines y espacios que el satélite detecta con vegetación, como son árboles en banquetas y camellones, jardines privados y áreas abiertas cercanas a las zonas urbanas. En el caso de Tonalá hay colonias que aparecen como zonas críticas donde hay entre cero y dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante. El Cerro de la Reina es considerado como el único espacio de recreación de dicho municipio y en éste el gobierno de Jalisco proyecta construir el Centro Cultural y Artesanal Yolkan. Para los vecinos, sólo se trata de un intento de privatización del cerro.
Zapopan es otro de los municipios con varios conflictos por despojo, pues hacia el norte está creciendo el área metropolitana y es ahí precisamente donde está el Bosque El Nixticuil, alrededor del cual se han urbanizado 258 hectáreas en los últimos 10 años, lo que incluye áreas de bosque de encino, de pino, de galería, tropical caducifolio, huertos, zonas agrícolas y pastizales.
Además hay proyectos inmobiliarios en otras 442.1 hectáreas, de las cuales más de 141 hectáreas tienen bosques que serían talados, según un balance que realizó el Comité en defensa del bosque El Nixticuil en su décimo aniversario.
En el Bosque La Primavera también hay invasiones irregulares que avanzan por la zona del Cerro del Colli, que es en el oriente del área natural protegida y en el municipio de Zapopan. Por el lado de Tlajomulco, en colindancia con los fraccionamientos El Palomar, Club de Golf Santa Anita, Los Gavilanes y San José del Tajo, la inmobiliaria GVA planea construir el fraccionamiento Santa Anita Hills, que aunque se ubicaría a 2.5 kilómetros del polígono protegido, aún no cuenta con autorización de cambio de uso de suelo federal, aunque tampoco ha comenzado a urbanizarse.
Esta misma empresa está relacionada con empresarios que también participan en el mega fraccionamiento Mirasierra (que comercialmente se vende como Sendas y Altavista), el de mayores dimensiones que se construye junto al Bosque El Nixticuil.
Ante el reinicio de Santa Anita Hills, la organización Salvemos el Bosque de La Primavera ha protestado para tratar de impedir la pérdida de 60 hectáreas forestales.
Colomitos lejanos
En Zapopan hay dos conflictos por pérdida de áreas públicas: en un parque de la colonia Arcos de Guadalupe, la empresa VYD construye un complejo inmobiliario y una plaza; mientras que en la tercera sección de Colomos, 13 de 18 terrenos fracciones detentan acciones privatizadoras (Milenio/21 de julio de 2015).
Esto lo ha denunciado desde hace años la asociación civil Ciudadanos por Colomos, que trata de revertir el proceso privatizador en estos terrenos estatales que en 1983, el gobierno de Jalisco cedió en comodato al ayuntamiento zapopano para preservar las condiciones ambientales del área. Sin embargo, en los predios públicos hay estacionamientos, negocios deportivos y ambulantes, e invasiones simuladas.
En el ayuntamiento de Guadalajara, el Colectivo Civilidad Para Transformar ha estado exigiendo que se reabra el parque de la barranca de Huentitán, pues hace más de 15 años cerró sus puertas para remodelación y mantenimiento y desde entonces no se ha vuelto a abrir.
Asimismo, el Colectivo Ecologista de Jalisco y la Organización Internacional Igualdad Animal con su representación en méxicocuestionó desde 2014 que el Parque Alcalde se concesionara para construir un acuario y un estacionamiento privados, para albergar al menos a 150 vehículos. Y es que el parque ahora se ha quedado con una fracción mínima para el uso público de los visitantes, pues sólo queda una parte de los juegos para niños y el lago artificial. Por la zona donde se encuentra el Parque Alcalde no hay espacios alternos para la recreación.
En la ciudad de Guadalajara cada vez es más palpable el aumento de la temperatura, incluso en pleno temporal de lluvias, y que cada vez hay menos áreas verdes lo que afecta la calidad de vida de las personas. Sin embargo, los colectivos y vecinos que defienden los bienes comunes, se han topado con que cada vez es más común que las autoridades de los tres niveles de gobierno emitan permisos irregulares o que sencillamente cambien leyes o reglamentos para permitir la urbanización de todos estos lugares.
El Nixticuil, en Zapopan
En la última década se han registrado 20 proyectos inmobiliarios que se edificaron o están por edificarse en alrededor de 800 hectáreas cercanas al Bosque El Nixticuil, según el Comité Guardabosque.
Es uno de los últimos bosques nativos que quedan al norte de la ZMG. Comprende casi dos mil ha de los cerros del Nixticuil y la Sierra de San Esteban.
El Cerro de la Reina, en Tonalá
Aquí se proyecta el Centro Cultural de las Artesanías Yolkan, que requiere una inversión de unos $400 millones (casi la mitad del presupuesto del municipio en 2015) y la entrega del terreno en comodato al estado; el proyecto incluye teatro, teleférico, hotel y comercios. Los defensores de este espacio advierten la falta de socialización y la poca transparencia.
Los Colomos, en Zapopan
En la tercera sección del Bosque Colomos, 13 de 18 terrenos fracciones detentan acciones privatizadoras. Éstos se ubican por avenida Patria frente al bosque los Colomos y sobre la calle Ávila Camacho. Los vecinos consideran que el ayuntamiento de Zapopan ha permitido que se invadan a través de concesiones.
Parque Arcos de Guadalupe, Zapopan
En los 80 se creó esta colonia que comprendía una manzana como parque. El ayuntamiento de Zapopan dio en comodato la mitad de esta área a la asociación civil Carneros que logró que Corett le escriturara el predio en 2012, y lo vendió a la empresa VYD. Este año se comenzó a urbanizar esta parte del parque y los vecinos han protestado.
Barranca de Huentitán, Guadalajara
En la cima de la Barranca de Huentitán se encuentra el Parque Puerta Barranca que desde hace 15 años se mantiene cerrado porque se lo apoderó el Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Guadalajara. El colectivo Frente Unido por Huentitán ha exigido que este parque vuelva a ser público.
El Parque Alcalde, Guadalajara
El ayuntamiento concesionó 10 mil metros cuadrados del Parque Alcalde a la empresa Michín para un acuario, previo derribo de 50 árboles. Organizaciones como el Colectivo Ecologista de Jalisco y la representación en México de Igualdad Animal consideran que se trata de una privatización de facto y que no se consultó con la ciudadanía.
La esposa del alcalde preso por ser parte del Cartel de los Caballeros Templarios, es quien acusa a Verdía de robo
México, D. F, 5 de agosto 2015.- En un boletín informativo, firmado el 4 de agosto, miembros de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, dan a conocer la situación carcelaria de Cemeí Verdía Zepeda, primer Comandante de la Policía Comunitaria de la entidad y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuaya y Chinicuila.
El líder comunitario detenido el pasado 19 de junio fue acusado de violar la Ley Federal de Armas y Explosivos y posteriormente se le imputó el cargo de homicidio, del cual la Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia lo absolvió por falta de pruebas. Sin embargo, se le acusa de otro delito: robo calificado en agravio, por lo que no podrá enfrentar el proceso de libertad y esto implica que continuará preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la capital michoacana.
La misma juez, quien lo absuelve y después dicta auto deformar prisión, se declaró incompetente para dictaminar si los cargos de robo son procedentes, por lo que “el proceso fue turnado al Juzgado de Distrito en Lázaro Cárdenas, donde un juez tiene 72 horas para dictar la auto delibertad o formal prisión a Cemí Verdía”.
Se señala a la esposa del alcalde depuesto del municipio de Aquila, Juan Hernández Ramírez, de ser quien acusa a Verdia Zepeda de robar rollos de alambre propiedad del Ayuntamiento.
Cabe señalar que Hernández Ramírez “se encuentra preso desde el pasado 27 de julio por ser uno de los autores intelectuales del atentado contra Cemeí Verdía del 25 de mayo y por ser parte del Cartel de los Caballeros Templarios”.
Tras la detención de Cemí Verdía pobladores de las comunidades de Aquila se manifestaron para exigir su libertad, donde fue asesinado Idilberto Reyes García de 12 años por elementos del ejército; mientras que Neymi Natalli Pineda Reyes de 6 años, Horacio Balladares de 32 años, Melesio Cristiano de 60 años y Antonio Alejo Ramos de 17 años, fueron heridos de bala.
Cuernavaca, Mor.—Camarógrafos, fotógrafos, corresponsales nacionales y reporteros de Morelos, se manifestaron la mañana de este miércoles, en repudio al gobernador Graco Ramírez, quien acusó a los reporteros de la entidad de no aplaudir sus logros, por no estar en la nómina del gobierno estatal.
Con pancartas en las manos y al grito de ¡Prensa Libre No Aplaude!, los representantes de los medios de comunicación se manifestaron primero e las puertas de la llamada “Casa Morelos” sede del Poder Ejecutivo Local y después en la Cámara de Diputados para dejar en evidencia.
A nombre del gremio y frente a la sede del Ejecutivo Estatal, Jesús Dorantes, recordó los asesinatos con violencia de los colegas de Veracruz, Ruben Espinosa y del Tabasco, Adrian Martinez Lopez, vinculados en cada caso, con el ejercicio de su profesión.
“Morelos levanta la voz y ¡exigir ni uno más! Nosotros de Morelos, nosotros le decimos, gobernador nosotros no aplaudimos como focas, no lo hacemos cuando vemos al Presidente Peña Nieto como lo hace usted, somos prensa libre y la prensa libre no aplaude sus errores y todo lo que está afectando a nuestro estado, si al gobernador no quiere que se sepa, que empiece a gobernar bien, porque la prensa aes libre”.
Exigió también respeto a los medios en Morelos, donde se han cerrado algunos medios de comunicación y se ha despedido al personal gracias a las críticas en contra del gobierno del perredista. “En Morelos se ha reprimido a los compañeros, no existe la libertad de expresión… exigimos que el Gobernador nos respete”, aseveró.
Los comunicadores se trasladaron también al Congreso Local, para exponer a los integrantes de la Comisión Permanente su postura de rechazo en contra de los mensajes del mandatario estatal en Morelos.
Fue este martes, cuando, sin dar nombres ni apellidos, el mandatario estatal se lanzó contra los representantes de los medios de comunicación en general.
En un tuit, el mandatario arremetió en contra de los medios morelenses: “Las plumas a modo solo basta que estén en la nómina para que aplaudan como focas. Cuando no hay nomina fabrican todos los días calumnias”.
Una hora más tarde, Graco Ramírez emitió un segundo mensaje con el que intentó suavizar el comentario anterior: “Aquí en Morelos se respeta la libertad de expresión No se persigue a ningún periodista No se utiliza dinero público para comprar halagos”, refiere.
El día de hoy, padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la noche negra de Iguala, arribaron a Huamantla, lugar de origen de uno de los jóvenes normalistas. Los acompañaron en el evento, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, normalistas, telefonistas de la sección 96 y trabajadores en resistencia de la fábrica de calzado Sandak.
Este evento es uno de los muchos agendados como parte de la “Caravana 43 Ayotzinapa”, que constará de dos brigadas que recorrerán todo el país. La carava sur continuará su recorrido por Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, Distrito Federal y llegará a Guerrero. La caravana norte pasará por Durango, Jalisco, Chihuahua, Torreón y Michoacán. Planean encontrarse el 14 de agosto en Acapulco, Guerrero para realizar una megamarcha.
Los padres de los normalistas continúan exigiendo la presentación con vida de sus hijos y han emitido diversos comunicados en los que advierten que de no responder a sus exigencias, el gobierno deberá responder a nuevas medidas, que no han sido hechas públicas. “Verdad y justicia” es el lema que han adoptado para referirse a sus principales objetivos, con la realización de estas caravanas buscan la conformación de un frente nacional de las organizaciones sociales del país que exija la presentación con vida de los normalistas.
La Confederación de Periodistas convocó a todos los integrantes del gremio en la entidad para llevar a cabo un acto de protesta por el asesinato del fotoperiodista Ruben Espinosa este 5 de agosto frente Palacio de Gobierno de Tlaxcala a las 18:30 hrs.
Asimismo, la organización de periodistas, pidió a reporteros, acompañar su presencia con un par de veladoras en señal de luto y se prevé que se manifiesten en contra de los actos de censura y represión hacia la prensa en el estado de Veracruz, además de demandar mayores garantías de libre expresión y respeto al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur.
Por su lado, el gobierno estatal ha mantenido hermetismo y no se ha pronunciado al respecto del tema.
Vecinos de la comunidad de Nonoalco, municipio de Xochicoatlán, paralizaron las actividades de la minera Autlán, perteneciente al Grupo Ferro-Minero (GFM) SA de CV, en protesta por la contaminación del río Nonoalco, daños a la salud de sus habitantes y por 15 despidos injustificados en el año.
Relataron que desde hace 50 años esa empresa explota manganeso, lo que ha causado estragos ambientales, entre ellos la contaminación del río, con la anuencia de autoridades federales y estatales.
Calcularon que alrededor de 80 de los 150 trabajadores de la minera son de esta localidad.
Nazario Calva Marañon, subdelegado de la comunidad, aseguró que desde hace cinco años, de manera irresponsable, Autlán ha vertido a un río que abastece a la comunidad líquido contaminado con manganeso proveniente de un tanque asentador para tratamiento de agua.
Explicó que el tanque es para filtrar el manganeso y llevar el agua contaminada por una tubería hasta una fosa. No obstante, el ducto tiene fisuras y se han formado encharcamientos de agua contaminada que termina en el cauce.
De todo el dinero que la empresa obtiene por la extracción de manganeso, nunca ha aportado un centavo para obras o para tratar de reparar los daños ecológicos, dijeron los vecinos, y agregaron que los trabajadores no tienen seguridad social; además, los 15 despedidos no recibieron la liquidación de ley.
Gaudencio Villegas Aguilar, quien trabajó en la mina la mayor parte de su vida, sufrió un accidente en la empacadora de manganeso y tuvo lesiones en la cabeza. Según su esposa, nunca se recuperó y quedó mal de sus facultades mentales. La empresa pagó los tratamientos médicos un tiempo y luego lo despidió sin indemnización.
El hijo de Gaudencio, Gustavo Villegas, de 33 años de edad, sufrió hace unos meses fractura de tres costillas y clavícula cuando destapaba las mangueras del tanque de asentamiento, y no ha recibido indemnización, agregó su madre.
Comentaron además que la contaminación ha provocado entre los habitantes enfermedades de garganta y pulmones e irritación de ojos, a causa del humo blanco con olor a azufre que emana de chimeneas casi toda la noche.
El humo nos provoca tos y hace que amanezcamos con los ojos irritados. Los fuertes ruidos, como de máquinas de fábrica, no nos dejan dormir dijo José López, otro de los afectados.
Relataron que han exigido a los representantes de la minera resarcir los daños, pero no han recibido respuesta, detalló Nazario Calva.
Para obtener la autorización de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), que permitiese el desarrollo del proyecto “Malecón Tajamar”, en Cancún, el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), presentó información falsa, al omitir la existencia de
manglares en la zona a desarrollar, de acuerdo con el análisis jurídico del caso, hecho por el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)
La agrupación interpuso un amparo el 31 de julio pasado, en contra de la autorización condicionada que la
Semarnat emitió el 28 de julio del 2005, a favor del Fonatur.
Cemda ubicó que dicho permiso ambiental presenta vicios de origen que dieron pie a la expedición de
permisos posteriores, igualmente ilegales, en detrimento de los manglares y de la fauna ahí existente,
contraviniendo además la Constitución Mexicana que reconoce como derecho humano, el crecer y gozar de
un medioambiente sano.
“En la solicitud de amparo estamos diciendo que la autorización de impacto ambiental debe invalidarse
porque Fonatur presentó información falsa para obtenerla; omitieron la existencia de manglar en la zona y
por otro lado señalan que de haber manglar, éste carece de valor o no es representativo”, dijo en entrevista,
la coordinadora regional del Cemda, Alejandra Serrano.
La organización sostiene que “resulta extraño y hasta contradictorio” que en la autorización ambiental se
mencione que el predio no presenta características naturales “relevantes o excepcionales”, pese a que se
reconoce que el 64 por ciento (37.61 hectáreas) del total del predio, comprende vegetación hidrófila,
habiendo ahí manglar primario, manglar secundario y manglar de Conocarpus-Rhizophora.
Gobierno de Quintana Roo se opuso al proyecto
La activista subrayó que el propio gobierno de Quintana Roo, a través de su Instituto de Impacto y Riesgo
Ambiental (INIRA), emitió una opinión negativa sobre el proyecto, por la existencia de humedales en los
terrenos.
En 2005, durante el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) a que fue sometido el proyecto
“Malecón Cancún”, hoy “Malecón Tajamar”, el gobierno quintanarroense, entonces al mando de Félix
González Canto, comunicó oficialmente al director de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), Ricardo
Juárez Palacios, su posición respecto al tema, en los siguientes términos:
“Se debería negar la Autorización del proyecto, porque pretende afectar el 65 por ciento de la cobertura
vegetal, constituida principalmente por manglar, especie que se encuentra catalogada con estatus de
protección especial (…)”.
Modificaciones fuera de procedimiento
Después de haber obtenido la mencionada autorización, Fonatur informó a Semarnat que había un error en la
superficie de vegetación que sería desmontada. La cantidad a retirar sería mayor a lo que Semarnat autorizó
originalmente.
“Lo increíble es que la DGIRA, en lugar de decirle al promovente (Fonatur) que no podía hacer cambios,
aceptó. Lo que procedía era presentar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, porque aumentó la
superficie de desmonte y por tanto los impactos debieron evaluarse.
“De esa modificación vinieron otros permisos, como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales;
lógicamente también presentan vicios de origen (…) Lo que procede es declarar la nulidad de dicha
autorización y de las posteriores, además de restaurar el lugar”, explicó Serrano Pavón.
La abogada recordó que el 28 de julio pasado, ciudadanas de Cancún y el propio CEMDA, documentó la
entrada y operación de trascabos y retroexcavadoras que talaron y removieron vegetación hidrófila –entre la
cual había manglar- en “Malecón Tajamar”.
Estas acciones pusieron en “evidente” riesgo al ecosistema y a la fauna presentes en el sitio, sin contar con
que están se escudan en una autorización con vicios de origen.
Debido a ello, explicó que al demostrarse la existencia de un humedal costero, se debe aplicar la Norma
Oficial Mexicana 022, que se refiere a la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.
También el artículo 60 TER, contenido en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) que prohíbe la
remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo
hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.
Tanto el Fonatur, como funcionarios del gobierno municipal de Cancún y del gobierno de Quintana Roo, han
argumentado que dicho marco legal no le es aplicable al proyecto, pues fue autorizado antes de que el
artículo 60 TER entrara en vigor (2007), lo mismo que la reclasificación de la Norma Oficial Mexicana 059
(2011) que aumenta la protección del mangle.
“(…) es fundamental recordar que, al haberse demostrado que sí existe manglar en la zona, no se afectaría la
garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 constitucional, pues en el momento de otorgarse la
Autorización existieron violaciones a la ley”, afirmó el CEMDA.
Oaxaca.- El parque de Energía Eólica del Sur consiste en 132 aerogeneradores para una capacidad total de 396 megavatios y una producción estimada en mil 310 GWh.
La Secretaría de Energía (Sener) dio a conocer que el pasado 30 de julio de 2015, la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, otorgó su consentimiento para la construcción y operación del proyecto de generación de energía eólica de la empresa Energía Eólica del Sur.
La dependencia detalló que con este acto concluye el procedimiento de consulta previa, libre e informada que durante más de 8 meses fue desarrollado en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, autoridades responsables y más de 10 dependencias de los tres órdenes de gobierno, como parte del Comité Técnico Asesor.
Asimismo el proyecto cuenta con el consentimiento libre e informado de la comunidad indígena zapoteca de El Espinal, otorgado también en el marco de un procedimiento de consulta previa, por lo que iniciará su proceso de construcción a la brevedad.
El parque eólico de Energía Eólica del Sur consiste en 132 aerogeneradores para una capacidad total de 396 MW y una producción estimada en mil 310 GWh; tendrá un costo estimado de 14 mil 454 millones de pesos, que representa una de las inversiones de la industria eólica en el estado de Oaxaca más importantes en los últimos años.
Los procedimientos de consulta previa a las dos comunidades indígenas, que podían ser afectadas en sus derechos e intereses colectivos, fueron realizados por la Secretaría de Energía de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 119 de la la Ley de la Industria Eléctrica.
En el caso de la consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, ésta se inició el 20 de octubre de 2014. A lo largo de 8 meses de trabajo se desarrollaron más de 30 Asambleas y Talleres en el marco de las siguientes fases: acuerdos previos, informativa, deliberativa y consultiva.
En esta última se desarrolló una Asamblea en la que participaron más de mil 300 representantes de la comunidad indígena, quienes manifestaron su acuerdo con los beneficios asociados al proyecto y otorgaron su consentimiento libre e informado. Entre ellos destacan la implementación de una estrategia de sustentabilidad energética en apoyo a la comunidad que promueva el uso de energías limpias y la eficiencia energética, mediante proyectos de corto, mediano y largo plazo.
Destacan también los compromisos y obligaciones adquiridos por la empresa, como son el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el cumplimiento de todas las medidas de mitigación que salvaguarden el medio ambiente y los recursos naturales, así como la creación de un fideicomiso que destinará recursos para la reducción de la factura eléctrica doméstica de los usuarios de la tarifa 1C, habitantes del municipio Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.
Asimismo, la Sener informó que el gobierno de la República destinará recursos para un proyecto de eficiencia energética en los servicios municipales, y para la adquisición de un aerogenerador con tecnología mexicana, operado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que destine la energía generada al consumo de los usuarios residenciales de la tarifa 1C del municipio.
Además, el gobierno estatal adquirirá un segundo aerogenerador, a fin de establecer las bases de un Parque Eólico Municipal, que pudiera crecer en el largo plazo en beneficio de la comunidad indígena.
“Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero que ningún trabajador de los medios se vea afectado”, advirtió el gobernador.
“Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, todos sabemos quienes tienen vínculos y quienes están metidos con el hampa”, dijo el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a periodistas locales con quienes se reunió en la ciudad de Poza Rica el martes y les solicitó que “no se metan en ese tema”.
“Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación”, advirtió Duarte quien anticipó que “vienen tiempos difíciles”, pero sólo afectarán a los reporteros que “tienen una vinculación con grupos criminales”.
“No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”, dijo el titular del ejecutivo estatal bajo cuya gestión han sido asesinados 12 periodistas y quien describió a los criminales como “gente que no tiene corazón, no tiene alma, son como animales”, en la misma reunión con la prensa regional.
El gobernador de Veracruz también sugirió a los representantes de los medios que “como dicen en la iglesia” hagan un examen “de constricción”, pues cada quien sabe “en qué pasos anda” y dijo que si algún reportero siente que tiene algún riesgo puede buscar a las autoridades para ser protegido.
“Pórtense bien, háganlo por ustedes pero también por mí, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí”, sentenció.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Varios no tienen ni cinco años como reporteros y ya han visto caer asesinado a más de un compañero. Ejercen su trabajo periodístico en medio del horror y la incertidumbre de Veracruz, el estado más peligroso para esta profesión en México.
El acoso contra la prensa es diario, denuncian. Sobre todo a través de las fotografías que les toman personas que, temen, trabajan para el Secretario de Seguridad Pública del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita.
“La situación es crítica. No hay condiciones para hacer tu trabajo: está la censura que ejercen los propios medios, las fotos que nos toman cuando cubrimos marchas, el registro que dice tener el secretario de Seguridad Pública”, comentó un reportero de 27 años, residente de la ciudad de Xalapa y cuyo nombre se omite por seguridad.
Como él, unos 15 jóvenes periodistas de la capital de Veracruz llegaron el domingo a esta ciudad para acudir al funeral de su amigo y colega, el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, colaborador de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro, quien fue encontrado asesinado el pasado viernes junto a cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte.
“Todo esto nos deja aún más vulnerables, porque si esto le pasó a él quiere decir que nos puede pasar lo mismo a quienes nos manifestamos o exigimos justicia por los compañeros. Estamos en la total indefensión”, agregó el mismo periodista, amigo cercano de Espinosa, entrevistado en el panteón Dolores de esta ciudad.
Rubén Espinosa fue descrito como un ejemplo profesional y de compañerismo para varios. No sólo fue quien viajó ex profeso a Distrito Federal, en 2013, para tratar de hacer algo por sus colegas y denunciar la situación de violencia e impunidad que impera en Veracruz. Allá fue además una especie de conciencia, quien les recordaba la necesidad de mantenerse íntegros, de los riesgos de dejarse cooptar por “el chayo” con que el Gobierno del estado trata de comprar a toda la prensa. Era, también, quien organizaba los cursos de seguridad para que nadie se convirtiera en el siguiente periodista de Veracruz en ser asesinado.
“Y ahora él es el número 14”, comentó otro reportero de Xalapa.
Decenas acompañaron ayer a la familia Espinosa Becerril al cementerio ubicado al oeste de la Ciudad de México. Eran las 2:30 de la tarde cuando llegó la carroza con el féretro de madera que despidieron sus padres, hermanos, cuñados, sobrinos, su novia y amigos. Estaban, también, decenas de fotógrafos, varios de ellos capitalinos integrantes del colectivo FotorreporteroMx, que se formó en esta ciudad cuando el hoy asesinado vino en 2013 y les contó el terror que se vive en Veracruz. A varios les escurrían lágrimas detrás de los lentes fotográficos mientras hacían su trabajo de registrar el sepelio para sus medios. Decenas de cámaras quedaron por segundos sobre la tierra, junto a la tumba cubierta de flores, en señal de protesta.
“Fue un gran hombre, un gran hermano, un gran tío y una gran pareja. Llegó a la línea siendo un guerrero. Para la familia es un orgullo. Todo lo que él hizo, lo aprendió solo”, dijo casi al final Alma Espinosa Becerril, parada junto a su madre y frente al sepulcro, desde donde también pidió que no se solicitaran entrevistas. Por eso había expresado lo que Rubén fue para la familia y, también por eso, invitó a quien quisiera a dar un mensaje en memoria de su hermano.
“Dejamos el cuerpo de Rubén, pero su alma, sus ideas y su corazón están renaciendo apenas”, dijo Alejandro Meléndez, fotógrafo capitalino, de El Financiero, y uno de los últimos que estuvo en contacto con Espinosa. “Tú eras ojos para todas y todos. Hoy seremos tu voz para exigir justicia”, escribió una joven en una cartulina que sostuvo en alto.
REPRESIÓN A ESTUDIANTES, MOMENTO CRÍTICO
A ningún colega de Espinosa entrevistado por este medio le caben dudas de que el Gobierno de Veracruz está detrás del crimen perpetrado el viernes en un departamento ubicado en el cuarto piso de Luz Saviñón 1909. Varios de los que llegaron a las honras fúnebres conocieron también a Nadia Vera, la antropóloga chiapaneca de 32 años que, como el periodista, había sido también abiertamente crítica de Javier Duarte y parte de movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana que ha protestado por la represión.
Y fue precisamente la cobertura de este movimiento, consideraron ayer periodistas de Xalapa, el detonante de la persecución que concluyó con el asesinato de ambos. “Todo se vincula a esta cuestión de los ocho estudiantes agredidos (el 5 de junio). De ahí se vinieron las amenazas directas, todo se magnifica y se da todo esto”, dijo uno de los reporteros.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó anoche en un comunicado que había localizado, en la delegación Coyoacán, un vehículo Ford Mustang 2006, color rojo y cuyo tarjetón se encontró en el interior del departamento donde ocurrió el crimen. La propietaria, agregó el texto, sería la mujer de 29 años “presuntamente de nacionalidad colombiana” y sobre quien el gobierno capitalino solicitó información al Instituto Nacional de Migración.
Los nombres de las mujeres víctimas siguen sin ser difundidos de manera oficial. Sólo la identidad de Nadia Vera fue confirmada ayer por amigos que ya estaban en contacto con la familia de la antropóloga, que ya habría recibido sus restos en Chiapas. Otros nombres que han difundido diversos medios son el de Yesenia Quiroz Alfaro, maquillista de 19 años y originaria de Mexicali, Baja California; Alejandra sería el nombre de la mujer procedente de Estado de México y, al parecer, empleada doméstica; mientras que, de la víctima de origen colombiano, se han reportado los nombres de Nicole o Simone.
Rubén Espinosa estaba en ese departamento –que todo indica compartían al menos tres de las otras víctimas– porque, el jueves por la noche, habían improvisado una pequeña reunión. Desde ahí se comunicó con algunos amigos y, también, con su editor en Cuartoscuro, Moisés Pablo Nava, con quien acordó un encuentro para hoy martes 4 de agosto en el que concretarían su ingreso de planta a la agencia.
A las 14:13 horas envió un último mensaje avisando que se disponía a salir “a la calle”. Una cantidad no determinada de personas armadas, sin embargo, ingresó después al departamento y sometió a las mujeres y al fotorreportero, golpeándolos severamente, dejando señales de tortura y, a cada uno, un disparo de pistola calibre 9 milímetros en la cabeza.
En el comunicado de ayer, la Procuraduría capitalina agregó que la cámara de vigilancia ubicada a la entrada al edificio –una de al menos nueve ubicadas en esa cuadra- “estaba averiada”, por lo que no habían obtenido información relacionada con los hechos.
“Es lo mismo en todos lados. Están encubriendo todo, y de la forma más cínica”, agregó otro fotógrafo veracruzano y amigo de Espinosa cuando se le preguntó si creía en la versión del gobierno del Distrito Federal.
-¿Por qué seguir siendo reportero? –se le preguntó a otro.
“Yo tengo coraje, miedo. Pero, dentro de mis objetivos, en ningún momento ha pasado por mi mente abandonar la lucha. Como bien decía Rubén: trabajar con la frente en alto, porque nosotros ejercemos nuestro trabajo de manera honesta –respondió. Él siempre nos incentivaba, a que no nos dejáramos comprar por la autoridad, a prepararnos”.
poco más de diez meses de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, nuevamente llegará a Tlaxcala la caravana de padres de familia de los “43 que faltan” para marchar y exigir al gobierno federal el paradero de los jóvenes, manifestaciones que se realizarán en la ciudad de Tlaxcala y Huamantla, esperando que la ciudadanía participe en estas movilizaciones.
Mario César González oriundo de Huamantla y padre de César Manuel González único tlaxcalteca de los 43 desaparecidos convocó a los tlaxcaltecas a unirse a las marchas que se llevaran a cabo en Huamantla y Tlaxcala para exigir al gobierno dé con el paradero de quienes fueron desaparecidos y son buscados por sus familias a 10 meses y 9 días de aquel histórico y lamentable día para el país.
En la ciudad de Huamantla la convocatoria para el mitin es a las 10:00 horas en el zócalo, mientras que en la capital del estado se espera que arriben a las 13:30 horas al lugar conocido como “el trébol” y de ahí partir con rumbo al centro de Tlaxcala, movilizaciones a las que igualmente convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Ante estas manifestaciones se espera que nuevamente se cierren algunas calles del centro de la capital del estado, por lo que podría haber congestionamiento en las arterias aledañas al primer cuadro de la capital tlaxcalteca.
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
Como es del conocimiento público, Cemeí Verdía Zepeda-Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila-fue detenido injustamente el pasado 19 de julio. Posterior a su detención, fuerzas federales y estatales perpetraron una cobarde agresión contra la comunidad índigena se Santa María Ostula; asesinando a un niño e hiriendo a varias personas más.
En los días posteriores el compañero Cemeí fue absuelto del supuesto delito por el que se le detuvo, sin embargo, fue acusado de otros delitos más y trasladado de un penal federal en Nayarit al penal estatal de Mil Cumbres en Morelia, donde se encuentra detenido hasta este momento.
El día de hoy Cemeí Verdía fue absuelto del delito de homicidio por el Juez Cuarto al considerar, este último, que no existió delito qué perseguir ya que Argel Mejía Valdovinos, Rigoberto Mejía Valdovinos, Ramiro Álvarez Medina y una persona no identificada fueron abatidos al intentarlos capturar, después de que éstos perpetraron una emboscada en contra de Cemeí Verdía y otros miembros de la Policía Comunitaria de Ostula el pasado 25 de mayo. Debemos recordar que dichos sicarios asesinaron en el mismo hecho a dos policías comunitarios de Ostula y Aquila.
Por otro lado, el mismo Juez se declaró incompetente para resolver respecto al delito de robo calificado, del que también se le acusa a Cemeí Verdía. Por tal razón, el proceso fue turnado al Juzgado de Distrito en Lázaro Cárdenas, donde un juez tiene 72 hrs para dictar la auto de libertad o formal prisión a Cemeí Verdía.
Es necesario puntualizar que el falso delito de robo calificado en agravio del Ayuntamiento de Aquila se debe a una denuncia interpuesta por el alcalde de Aquila, Juan Hernández, quien se encuentra preso desde el 27 de julio por ser él uno de los autores intelectuales del atentado contra Cemeí Verdía del 25 de mayo y por ser parte del Cartel de los Caballeros Templarios.
Juan Hernández, junto con los jefes templarios Federico González (alias Lico) y Mario Álvarez (alias el Chacal), entre los años 2012 y 2013 saqueó de los bosques vírgenes de Ostula madera de la especie Sangualica, conocida como Dalbergia granadillo (especie que cuenta con protección especial por las normas mexicanas). Dicha madera era exportada con la complicidad de los tres niveles de Gobierno a China a través de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
Ante esta situación exigimos:
1) Que Cemeí Verdía no sea trasladado por el gobierno del estado de Michocán a Lázaro Cárdenas, lugar donde siguen operando los Caballeros Templarios y donde pretenden atentar nuevamente en contra de su vida.
2) La libertad inmediata de Cemeí Verdía.
3) Que el Ejército Mexicano reconozca su responsabilidad en el asesinato del niño Hidilberto Reyes García y de los hechos ocurridos el pasado 19 de julio en la encargatura de Ixtapilla, Santa María Ostula.
4) Que el Ejército Mexicano colabore con la investigación derivada de los hechos ocurridos el pasado 19 de julio: enviando a las instancias correspondientes las armas de cargo de sus elementos que participaron en dicho operativo para realizar los peritajes de balística; turne a las instancias correspondientes los informes relativos a su actuar en dichos hechos donde se precisen sus órdenes y quiénes iban en el convoy.
5) Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria, así como a los comandantes y miembros de las policías comunitarias y grupos de autodefensa de Aquila, Chinicuila y Coahuayana.
Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Hidilberto Reyes García, y de las agresiones a la comunidad de Ostula.
Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula
4 de agosto de 2015 [ Lecturas: 60 ]
Armando Guzmán
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El fotógrafo Adrián Martínez López fue hallado muerto la mañana de este martes en la orillas del río del Ejido Nabor Cornelio del municipio de Jalpa de Méndez, a unos 35 kilómetros de esta capital.
El cuerpo presentaba huellas de tortura; además, la boca y los ojos se encontraban cubiertos con cinta gris y las manos estaban atadas en la espalda. A un costado del cadáver sus victimarios dejaron una cuerda con la que al parecer fue ahorcado.
La policía local reportó que Martínez López era fotógrafo profesional y tenía un estudio de fotografía “Glamour” en la calle 27 de febrero de Jalpa de Méndez, de donde se presume fue sacado ayer lunes por la noche para luego asesinarlo.
El vehículo de la víctima, un Chevrolet Chevy negro, placas WPT-85-41 de Tabasco, fue localizado frente a su foto estudio, el cual utilizaba para trasladarse hasta el poblado Nicolás Bravo de Jalpa de Méndez, donde radicaba.
Familiares identificaron el cadáver del joven fotógrafo de 35 años.
A poco más de diez meses de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, nuevamente llegará a Tlaxcala la caravana de padres de familia de los “43 que faltan” para marchar y exigir al gobierno federal el paradero de los jóvenes, manifestaciones que se realizarán en la ciudad de Tlaxcala y Huamantla, esperando que la ciudadanía participe en estas movilizaciones.
Mario César González oriundo de Huamantla y padre de César Manuel González único tlaxcalteca de los 43 desaparecidos convocó a los tlaxcaltecas a unirse a las marchas que se llevaran a cabo en Huamantla y Tlaxcala para exigir al gobierno dé con el paradero de quienes fueron desaparecidos y son buscados por sus familias a 10 meses y 9 días de aquel histórico y lamentable día para el país.
En la ciudad de Huamantla la convocatoria para el mitin es a las 10:00 horas en el zócalo, mientras que en la capital del estado se espera que arriben a las 13:30 horas al lugar conocido como “el trébol” y de ahí partir con rumbo al centro de Tlaxcala, movilizaciones a las que igualmente convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Ante estas manifestaciones se espera que nuevamente se cierren algunas calles del centro de la capital del estado, por lo que podría haber congestionamiento en las arterias aledañas al primer cuadro de la capital tlaxcalteca.
Periodistas de Sonora se manifestaron afuera de la delegación de la PGR en la entidad, en apoyo a las protestas de colegas nacionales para exigir que se acelere la investigación sobre la muerte del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril.
Rafael Cano, presidente del Foro Nacional de Periodistas, pidió a la autoridad competente que se investigue la relación de su muerte con el trabajo periodístico que realizaba.
“Los periodistas de Sonora nos estamos sumando sin adjetivos, sin grupos y sin cuestiones ideológicas, sumando a la exigencia nacional para que esto se esclarezca a la brevedad posible”, la muerte de Rubén Espinosa representa una agresión al gremio, resaltó.
Por la falta del cumplimiento por parte de Pemex para resarcir los daños, pescadores se manifestaron.
La contaminación por desechos de tuberías de 8 plataformas, la ruptura de 400 redes por barcos, así como la prohibición a pescadores de ejercer el oficio por trabajos de Pemex que realiza en las aguas marítimas, ha generado que la actividad pesquera de más de 800 persmisionarios de Sánchez Magallanes (Cárdensa) se vea afectada.
De acuerdo a Enrique Cosmópulos López quien se desempeña como presidente de la “Unión Milenio 2000”, la falta de cumplimento por parte de Pemex para resarcir los daños, generó que ayer se manifestaran de manera pacífica en el Palacio de Gobierno. Toda vez que sus familias están padeciendo la falta de recursos económicos por las afectaciones en sus áreas de trabajo.
“Los daños son notorios, además nos quieren restringir el área donde están las tuberías y eso no lo vamos a permitir. Ni que pongan señalamientos ni que restringa el área. Que Pemex saque toda su chatarra porque si no lo hacen nos van acabar el mar donde nosotros comemos”, expresó.
Entre los puntos más sobresalientes que exigen se puntualiza: la limpieza de las áreas del mar donde quedaron los desechos, pago de daños por afectaciones, y que no les restrinjan el área de pesca en un tramo de 8 a 12 millas mar adentro.
800 Permisionarios afectados
Lo que piden
-Limpieza del mar por los desechos de tuberías viejas
-Pago de daños por contaminación a la zona, así como por las redes rotas
-No restricción a la pesca de 8 a 12 millas mar adentro
Vecinos de Milenio III, se han organizado para impedir la construcción de un supermercado sobre el bordo Cuesta China. Al respecto, la ambientalista, América Vizcaíno, manifestó que este problema se ha derivado por el cambio de uso de suelo, en el que el municipio ha permitido que se expropien zonas no aptas para la construcción, motivo por el cual se pone en riesgo las condiciones la zona.
Afirmó que vecinos de Milenio III se han acercado a la ambientalista con el fin de realizar una investigación, en los que resultó que en el cambio de uso de suelo no se cumplieron todos los requisitos técnicos legales: estudio hidrológico dictaminado por autoridad; estudio hidrológico de la cuenca, evaluado y autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y análisis de riesgo.
De igual manera, denunció que no se consideró el Plan de Riesgos y Vulnerabilidad Urbana, el cual dictamina Protección Civil, así como el plan pluvial. En este sentido, manifestó que de acuerdo con la materia legal al respecto no se puede urbanizar un bordo de esta naturaleza.
Ante esta situación, resaltó la importancia de este bordo, puesto que es este el que recoge el escurrimiento que llega a la ciudad, por lo que denunció que de consolidarse el proyecto de construcción se estaría afectado la ciudad en el futuro inmediato.
De acuerdo con declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Agua (CEA), el cual se deslinda argumentando que no es un tema de su competencia, ya que la regulación de los vasos reguladores y las autorizaciones para ello, son de la jurisdicción de la Comisión Nacional de Agua y la autorización del uso de suelo del propio municipio de Querétaro.
Para finalizar, la ambientalista declaró que hasta antes de la autorización del cambio de uso de suelo en esa zona, se les advirtió a los regidores sobre el riesgo de construir ahí.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– En una (aún presunta) falta a legislación en materia ambiental, un manglar, hogar de múltiples especies de flora y fauna catalogadas bajo protección por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está siendo devastado en Cancún, Quintana Roo. Esto, tras el comienzo de la primera etapa de construcción del megaproyecto inmobiliario “Malecón Tajamar”.
Se trata de un desarrollo inmobiliario promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que contempla alrededor de 30 proyectos de construcción en los que se incluyen torres residenciales, un centro comercial, un proyecto médico, un templo católico y edificios para oficinas.
“Malecón Tajamar” obtuvo permisos federales para cambio de uso de suelo de 58.76 hectáreas en el año 2005, después de haber sido sometido a un Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) por parte de la Semarnat, y antes de que, en 2007, se incluyera a la Ley General de Vida Silvestre el artículo 60 TER mediante el que “queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia”.
De acuerdo con medios locales, hasta el momento sólo ocho del total de los 30 proyectos contemplados han presentado sus informes preliminares ante la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno municipal.
Pero, hasta la semana pasada, ninguno de los proyectos presentados para el desarrollo habían sido comenzados, por lo que Juan Carlos González Hernández, titular de Fonatur, instó hace algunos meses a los dueños de terrenos en el malecón a poner en marcha sus proyectos de forma pronta puesto que el plazo de sus Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) –mediante los cuales la Semarnat evalúa la sustentabilidad y factibilidad de un proyecto– expirarían pronto; y también en razón de que los mismos no podrían ser renovados por el artículo 60 TER.
Ante la urgencia, los trabajos de remoción de superficies de manglar comenzaron la semana pasada a toda prisa sin respetar legislación ambiental que contempla la protección de especies de fauna y flora mediante el rescate y reubicación de la misma. La maquinaria pesada comenzó a remover, entre otras especies de flora, mangle blanco, rojo, palma de chit (dos en peligro de extinción y todas bajo protección especial). Dicha acción obligó a las diversas especies de fauna, entre las que se encuentran reptiles y anfibios como ranas, cocodrilos, iguanas; aves marinas (incluidas especies migratorias); y algunos mamíferos, a huir del lugar.
Un testimonio recabado por el medio local Cancuníssimo indica que “Lo que hicieron fue venir, echar las máquinas, sacar la tierra, echarla sobre los animales vivos, matándolos, dañando las anidaciones y, a los cocodrilos, los enterraron vivos […] Hemos visto a muchas aves que están buscando sus nidos o sus polluelos; también están naciendo cocodrilos, hay fotos y videos de cocodrilos pequeños”.
Ante los hechos, un grupo de mujeres comenzó a intentar impedir la actividad de las máquinas el día jueves; desde entonces, se les han sumado sociedad civil y organizaciones para solicitar la revocación de las autorizaciones del megaproyecto pues, independientemente de que sus permisos estén en regla ante la Semarnat, su realización ha implicado un ecocidio.
“Aquí el conflicto principal no es si tiene permiso o no tiene permiso, por que sí lo tienen, pero el permiso está condicionado: el manglar debió haber sido transplantado; la fauna tuvo que ser reubicada, y eso no se hizo. Eso es causal de nulidad de la autorización del proyecto”, explica a SinEmbargo Gerardo Solís Barreto, vicepresidente de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos A.C. cuya asociación participa en las protestas contra el ecocidio.
Él mismo, indica que el viernes pasado “se presentó una denuncia ante el municipio en la que se solicitó la intervención del Presidente municipal, del Secretario del Ayuntamiento y de la Dirección de Ecología, la de Desarrollo Urbano de Cancún, para frenar el desastre ecológico; pero hasta el momento no se ha recibido respuesta”. Solís Barreto también comenta que se han interpuesto denuncias ante la Profepa y la Procuraduría General de Justicia del estado.
“Esto es preocupante, porque es un asunto urgente. No es posible que nosotros estemos haciendo el trabajo que debieron hacer las autoridades”, concluye.
Para pronunciarse, este grupo de civiles ha realizado diversas manifestaciones públicas y realizan organizan guardias en la zona. También se ha valido de internet mediante un par de peticiones colgadas a la plataforma change.org (Petición 1, Petición 2) y en las redes sociales con la página Salvemos Manglar Tajamar.
“Sí: Hay peces aún en el agua. Sí: sólo los cubren con tierra y listo ¿Hay más especies muertas bajo la tierra y las máquinas” se puede leer en una de sus publicaciones.
Por su parte, la Profepa indicó mediante un comunicado publicado el día de ayer que, en atención a una denuncia popular, “realizó los días 29 y 30 del pasado mes de julio, una inspección en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo a obras en el Malecón de Tajamar [de] 4 lotes en dicho proyecto situado en terrenos forestales.
“Durante la inspección […] el responsable del proyecto denominado Malecón Cancún [hoy Malecón Tajamar] no exhibió las autorizaciones correspondientes de ley […] en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo”.
La dependencia también informó que hasta el día de ayer no habían sido “proporcionados documentos tales como el Estudio Técnico Justificativo y los Programas de Rescate de individuos bajo algún estatus de protección de acuerdo a la Norma ecológica 059, así como el Programa de Prevención y Mitigación de impactos, entre otros”.
Finalmente, señaló que del 4 al 7 de agosto se continuará con trabajos de campo para inspeccionar el resto de lotes afectados por el cambio de uso de suelo y que, derivado de éstas acciones, “se impondrán, de ser el caso, medidas correctivas de urgente aplicación tendientes a la restauración de los ecosistemas”.
¿Por qué importa tanto un manglar?
Los manglares son sistemas costeros de gran importancia biológica y ecológica puesto que brindan una gran variedad de servicios ambientales.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) “son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por lo que sostienen gran parte de la producción pesquera, son utilizados como combustible (leña), poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, etcétera”.
México es el quinto país con mayor extención de manglares en el mundo. De acuerdo con un informe de Greenpeace titulado “La destrucción de México, La realidad ambiental del país y el cambio climático”, para el año 2009 México ya había perdido un 65 por ciento de sus manglares y éstos están desapareciendo a una tasa promedio de 2.5 por ciento anual, lo que equivale a poco más de 4.43 hectáreas cada día o a seis campos de futbol diarios.
La Profepa señala que “las actividades humanas constituyen la principal amenaza para los manglares [y que entre estas encontramos] la destrucción del hábitat, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos, la falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como del desarrollo agrícola, ganadero y acuícola, que han desplazado y reducido extensiones considerables de manglares”.
Juchitán, Oaxaca.- Las dos fracciones que integran la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) mostraron su rechazo a la aprobación de la instalación del parque eólico de la empresa ‘Eólica del Sur’, que se llevó a cabo en la Consulta Indígena, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La fracción que coordinan Mariano López e Isabel Jiménez, informaron que continuarán con la lucha contra el despojo del territorio zapoteca, por lo que preparan un juicio ante organismos internacionales, contra lo que llamaron la farsa de la Consulta Indígena.
“Siempre lo denunciamos. La consulta fue una farsa. Ya estaba acordada entre los líderes de la COCEI y el gobierno la instalación. Todo fue un circo para argumentar que se cumplió con el Convenio 169, que se consultó al pueblo, pero se consultó a la gente de los grupos que tienen intereses, no al pueblo”, argumentó Mariano López.
Por su parte, la otra fracción que comandan Raymundo Regalado Jiménez y Carlos Sánchez, acordaron realizar con otras organizaciones, como la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio, una consulta popular, comunitaria e indígena por el consentimiento, respecto a los parques eólicos en la comunidad, apegados a las leyes del Estado mexicano y del propio estado de Oaxaca, así como a los Derechos Humanos y al Convenio 169, a nivel internacional.
La APPJ, fue la única y más fuerte oposición al proyecto eólico en Juchitán.
Los grupos de la COCEI, desde un principio, mantuvieron reuniones paralelas con los gobiernos estatal y federal, para condicionar la instalación del parque eólico en más de 5 mil hectáreas de tierras.
EL APUNTE:
El pasado jueves por la noche concluyó la Consulta Indígena con el veredicto de que se instalarán 136 aerogeneradores en 2 polígonos entre Juchitán y Espinal.
CD. VICTORIA, TAM. (La Silla Rota).- Una vez más maestros se reunieron frente al Palacio de Gobierno para demandar la anulación de la reforma educativa. En el movimiento que se opone a la aplicación de la evaluación educativa surgió la división entre los profesores por posturas respecto a la estrategia de lucha.
Una comisión del Comité Lucha del Movimiento Magisterial acudió a la secretaría General de Gobierno en espera de respuesta a su demanda de que se replantee la evaluación de los maestros y que los resultados no se apliquen en contra de los maestros.
Luis Enrique Hernández, representante de los maestros de la zona norte, hizo hincapié en que no existe oposición a la evaluación de los maestros, pero si están en desacuerdo al procedimiento que se pretende emplear y sobre todo se exigen garantías de que los resultados de las evaluaciones no se usarán en perjuicio de los maestros.
En tanto otro grupo de maestros se manifiestan a favor de la anulación total de la reforma educativa, de la aplicación de los exámenes de evaluación y demás, a la vez que se pronuncian a favor de acciones más radicales.
Así este grupo se opone a el inicio del ciclo escolar programado para el próximo día 24 sí previamente el Congreso del Estado no se reúne para dar derogar la Ley Estatal de Educación, así como otras medidas de presión más drásticas.
Miguel Ángel Tovar Tapia, quien encabeza el Comité Estatal, sostuvo que la Ley Estatal de Educación respecto a la reforma educativa presenta una serie de omisiones las cuales se deben corregir.
Hizo hincapié en que los maestros no recurrirán acciones violentas para conseguir se atienda su demanda y sí en cambio harán uso de todos los recursos para conseguir se corrijan las irregularidades en la reforma educativa que les afectan.
En ese sentido, apuntó que los maestros aguardan a que la Comisión Permanente del Congreso del Estado convoque a periodo extraordinario de sesiones a efecto de que se introduzcan modificaciones a la Ley de Educación y se corrija aquello que les puede afectar.
Tovar Tapia, sostuvo que hay ya infiltrados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y este debe ser un movimiento exclusivamente de los maestros tamaulipecos sin ninguna otra desviación de intereses.
En tanto que los maestros disidentes sostuvieron que el Gobierno y el Congreso del Estado no tienen intención alguna de atender sus demandas y únicamente dan alargadas ante las exigencias, por lo cual es necesario adoptar otras acciones.
Por otra parte, un grupo de maestros procedentes del municipio de Matamoros se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno, para protestar contra la reforma educativa.
Advirtieron que el próximo miércoles, acudirán de nueva cuenta al Congreso del Estado, para urgir a la Comisión Permanente del Congreso convoque al periodo extraordinario de sesiones sobre el tema de la reforma educativa.
El 2 de agosto se cumplen 2 años del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, miembro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, (MAPDER), y del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, de Amatlán de los Reyes, Veracruz, perpetrado por los sicarios relacionados con la empresa El Naranjal, quien impulsa el Megaproyecto Hidroeléctrico el Naranjal.
Dos años han transcurrido de injusticia, pues aunque están presos los autores materiales, no se ha esclarecido quiénes son los autores intelectuales y las razones del porqué se asesino a un defensor del agua en el marco de un Encuentro Nacional de Defensores de los Ríos. ¿Casualidad?, no lo creemos. Consideramos este crimen como un acto represivo, como un mensaje de intimidación de aquellos que se dicen poderosos y que actúan en contubernio: empresarios, clase política, sicarios y todos aquellos que utilizan su fuerza para la destrucción de la vida.
Quienes creemos en la esperanza, la justicia y a favor de la vida, exigimos justicia para Noé Vazquéz, que los autores intelectuales sean juzgados y que se dicte sentencia de culpabilidad a Jonathan Contreras, Armando Tlaxcala y Luis Enrique de la Cruz, y no sólo una medida cautelar de prisión preventiva de dos años que vence en estos días.
El asesinato de Noé, fue tan solo el inicio de una escalada de represión y hostigamiento que ha pretendido sembrar el miedo e inmovilización entre los veracruzanos que resisten contra la apertura de megaproyectos. Sin embargo el poder de la razón y la fuerza de la unidad de los pueblos ha logrado detenerlos, muestra de ello han sido las luchas contra la imposición de la Mina Caballo Blanco en los municipios de Actopan y Alto Lucero, El Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa en la cuenca de la Antigua, La hidroeléctrica el Naranjal, etc. Sin embargo la lucha por la vida, el agua y la tierra en Veracruz sigue siendo amenazada, ejemplo de ello son los casos de hostigamiento a los activistas:
· Julián Ramírez, miembro de LAVIDA y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, a quien desde el año pasado se le ha levantado una campaña de desprestigio en los medios estatales, por haber denunciado públicamente la relación entre el gobierno estatal y el crimen organizado. A lo largo de este año ha sido hostigado y vigilado permanente.
· Aurora Martínez defensora del río Bobos-Nuatla contra la presa en Jalacingo, quien ha sido hostigada por miembros de la empresa.
· Los defensores del ejido Emiliano Zapata en Papatlan Veracruz, quien están defendiendo su territorio contra el Fracking
· Miembros de la colectividad por la defensa del río La Antigua, quienes enfrentan procesos judiciales por defender su río contra la empresa Oderbrecht. Tan solo en este año fueron encarcelados miembros del Comisariado Ejidal que defendían la tierra así como los compañeros del PULCAR, específicamente nos preocupa la situación de los compañeros Gabriela Maciel y José Luis Hernández Beltrán.
· Las amenazas y hostigamientos que han recibido algunos miembros de Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como las presiones que han recibido por parte de los visitadores de los visitadores agrarios para que vendan sus tierras, etc.
Ante un clima de ingobernabilidad, inseguridad, grupos armados, violencia, represión, y con presencia de diversos cuerpos policiacos y militares que existen en Veracruz, nos preocupa la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los casos y personas mencionadas, así como del estado en que se encuentran los periodistas, y miembros del movimiento por los desaparecidos en el estado. Tan solo de 2010 al 2014, 13 periodistas han sido asesinados y 4 desaparecidos, mientras que de 2010 a 2013 se registraron 635 desapariciones. Vale recordar que en las vísperas de la jornada electoral fueron golpeados brutalmente jóvenes que se encontraban en una fiesta. En este contexto al Gobierno de Javier Duarte le ha faltado voluntad política para la resolución no violenta de los conflictos sociales, es por ello que es urgente colocar los ojos en Veracruz, pues no queremos una muerte ni un desaparecido más. Además en este momento se han desatado prácticas de penetración rupturista; omisión de la fiscalía en investigar amenazas y señalamientos a compañeros ambientalistas veracruzanos a quienes se les pretende criminalizar y perseguir por negarse a bajar las banderas de la oposición a los proyectos de muerte, exigimos el cese de esta campaña diseñada por las empresas beneficiarias de las concesiones mineras, hídricas, eólicas, petroleras, etc., y graciosamente aplicada por sectores del gobierno en abierto contubernio con estos intereses de saqueo y devastación.
Las acciones de defensa y protección de activistas son seguidas por diversos movimientos nacionales e internacionales, nos sumamos a la encíclica papal y hoy mas como nunca nos sentimos respaldados por el Papa Francisco y celebramos que diversos sectores de la iglesia Católica y de otras suscriban este llamamiento.
Noé Vazquéz vive y declaramos el 2 de agosto día de activista socio-ambiental y exigimos al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el cese a la violencia y el alto al hostigamiento de los activistas socioambientales. Exigimos la voluntad y capacidad para resolver de forma pacifica los conflictos socio-ambientales generados por la política extractiva.
Hoy el movimiento socio-ambiental nacional y Latinoamericano se siente respaldados por el Papa Francisco quien hace un llamado a la vida y a la justicia. Afortunadamente el Papa Francisco, con audacia y autoridad, también nos convoca a defender la naturaleza. Nos agrada que nos considere, a los actores sociales de la resistencia socioambiental, poetas en defensa de todas las formas de vida. Nos sumamos a la exigencia del Papa a los gobiernos nacionales: que velen por la integridad física de los movimientos populares que defienden a la madre tierra.
En este día también exigimos la libertad de los presos políticos que están defendiendo sus territorios, como Marco Antonio Suastegui, y Nestora Salgado, así como presos políticos en el estado de Puebla. Alto a la criminalización que vive la organización Bios Iguana y los activistas de Zaculpan Colima.
¡¡A nuestros muertos no los enterramos, los sembramos para que florezca la esperanza!!
Xalapa, Veracruz a 3 de agosto de 2015
Atentamente
LAVIDA
Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Acusan que tuberías de Pemex y barcos exploradores les han roto sus redes de pesca
Pescadores de Villa Coronel Sánchez Magallanes del municipio de Cárdenas, Tabasco, protestaron debido a que tuberías de Petróleos Mexicanos (Pemex) y barcos exploradores les han roto sus redes de pesca.
La manifestación se efectuó a las afueras del Palacio de Gobierno de Tabasco, donde exigieron a la administración estatal que intervenga para que Pemex responda por los daños causados y pague las redes rotas.
El dirigente de la Unión de Permisionarios Pesqueros Milenio 2000, Enrique Cosmopulos López, manifestó
que 800 pescadores de Sánchez Magallanes se han visto afectados debido a que estructuras de Pemex
dejadas abajo del lecho marino luego del desmantelamiento de ocho plataformas han roto alrededor de mil
redes de pesca.
“Desde hace cuatro años nos están destruyendo las redes de pesca y no quieren pagarlas”, dijo Cosmopulos
López.
Indicó que esas redes, algunas de las cuales son de mil metros de largo y llegan a valer hasta 100 mil pesos,
se utilizan para la pesca de robalo, peto, medregal y otros.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Fuerza Real, José Alfredo
González Domínguez, dijo que los barcos “arrastran” las redes y “las hacen pedazos”.
Además de los integrantes de la Unión de Permisionarios Pesqueros Milenio 2000, en la protesta
participaron miembros de ocho agrupaciones integradas en la Federación de Sociedades Cooperativas
Pesqueras y Acuícolas de Villa Sánchez Magallanes.
Los pescadores también protestaron contra la contaminación petrolera y las intenciones de Pemex de reducir
las áreas de pesca.
Los inconformes dijeron que había programada una reunión con funcionarios de Pemex en las instalaciones
de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Ambiente (Sernapam) del gobierno de Tabasco, para
el 15 y 16 de julio pasados, pero no llegaron los representantes de la Empresa productiva del Estado.
En esa reunión se buscaría alcanzar acuerdos, pero no se llevó a cabo.
Escrito por Heidi de León Gutiérrez
Colima México. Avanzada (3 de agosto de 2015).- Periodistas colimenses se unieron a las protestas que a nivel nacional e internacional se han hecho por asesinato del foto periodista Rubén Espinosa, y cuatro mujeres, ocurrido en la colonia Narvarte en el Distrito Federal.
Los periodistas colimenses protestaron afuera del Congreso de Colima y exigieron al gobierno federal frenar los crímenes contra los miembros de los medios de comunicación.
Además, pidieron a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tener como el móvil del homicidio la actividad del foto periodista que huyó de Veracruz, por el hostigamiento y las amenazas que recibía por su labor informativa.
Desde el año 2000 a la fecha, 150 personas ligadas al periodismo fueron privadas de la vida y los casos permanecen impunes, pues no hay castigo para los responsables.
Los periodistas colimenses, integrantes de diversos medios de comunicación, portaron pancartas en las que se leía: “Fue el Estado”; “No se mata la verdad matando periodistas”; “¿Hasta cuándo pararán las agresiones?”.
El reportero Juan Ramón Negrete, integrante de la Fapermex, indicó que dicha protesta también era para alzar la voz por los 24 compañeros que se encuentran desaparecidos de manera forzada, del año 2000 a la fecha.
En la protesta participaron periodistas de diversos medios de comunicación locales y corresponsales.
Diez horas de trabajo diarias, sin días de descanso, laboran menores de edad y adolescentes en el corte de chile en Guanajuato. Ganan unos 20 pesos por costal –que pesan unos 30 kilos– y, en promedio, cortan más de 150 kilos por jornada.
El informe Jornaleros agrícolas migrantes y comerciantes ambulantes, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola de Guanajuato, documenta las condiciones de los niños jornaleros que cada año emigran, a veces solos, otras con sus padres, a ocho municipios de ese estado, el cual registra anualmente el arribo de cerca de 3 mil campesinos indígenas na savi, mixtecos provenientes de la montaña de Guerrero.
De estos jornaleros, entre 30 y 40 por ciento son menores de edad que cortan chile y tomatillo.
En estos campos otro grupo de menores de seis años queda al resguardo de sus hermanos aún más pequeños; pasan las jornadas dentro de los surcos o al margen de los terrenos de cultivo, en “hules o telas al pleno rayo del sol”, acompañando a sus padres. Eso ha generado graves cuadros de deshidratación entre los menores.
La pobreza endémica que arrastran desde sus comunidades de origen, más las condiciones precarias en que sufren en los campos agrícolas, hacen que los menores padezcan desnutrición crónica, parasitosis, dermatosis, conjuntivitis y recurrentes enfermedades en vías respiratorias.
Los campos donde laboran carecen de infraestructura para los menores, como estancias infantiles o guarderías. No hay para ellos agua para hidratarse ni sanitarios, al grado de que en el informe se documenta el fallecimiento de cinco menores entre 2012 y 2014. Muertes que pudieran ser evitadas con condiciones básicas de salud.
Además hay niños que laboran de comerciantes informales o ayudan a sus padres en esa tarea en cruceros, calles y plazas públicas. Así, en un proyecto de escuela intercultural Nenemi (caminar, en náhuatl), al que asisten indígenas migrantes purépechas, mixtecos, nahuas, ñañus y mazahuas, que viven en León, el Centro de Desarrollo Indígena Loyola indagó que 29.4 por ciento de la población de esta escuela que cursa prescolar y primaria trabaja en comercio ambulante.
Así, por la mañana asisten a la escuela Nenemi, regresan a casa y de ahí salen a trabajar acompañados de algún familiar o solos.
El análisis señala que la respuesta del Estado sobre la migración jornalera ha sido atender la situación de manera fraccionaria e intermitente, ya que, si bien hay programas de atención para estos grupos, ha habido disminución de los presupuestos, además de una visión asistencial, sin perspectiva de los derechos de las personas.
“Actualmente se ha asignado al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) una tarea de articulación de distintas acciones gubernamentales; sin embargo, en Guanajuato no opera. Ningún niño ha recibido beca o estímulos para no laborar en los campos.”
En tanto, el programa educativo que se ofrece en las comunidades rurales donde pernoctan los niños tiene una “efectividad muy pobre” y después de extenuantes jornadas laborales los niños no se encuentran en condiciones óptimas para recibir el servicio educativo; y los educadores no están formados en una perspectiva intercultural ni hablan la lengua na savi. Mientras, la niñez indígena urbana tiene nula atención de las autoridades y sólo hay visitas del DIF cuando se denuncia explotación infantil, añade este centro.
Concluye que ningún programa ha generado las condiciones para sacar o apoyar a los niños de los campos agrícolas de Guanajuato y éstos siguen viviendo en condiciones de hacinamiento, en bodegas donde se instalan hasta 50 familias en condiciones insalubres.
Tanto reporteros gráficos, así como escritos exigieron además un alto definitivo a las agresiones y asesinatos contra periodistas
Por Carlos Arrieta
Corresponsal
Michoacán.- De espaldas hacia la clase política en los eventos convocados para este lunes y con pancartas, fue la manera en la que levantaron la voz los periodistas de Michoacán, en repudio, condena y exigencia de justicia, luego de la muerte del periodista de Veracruz, Rubén Espinosa.
De acuerdo a la convocatoria, ¡NI UNO MÀS!, dirigida a reporteros, camarógrafos, fotógrafos, editores, columnistas y sociedad civil, este martes se realizará una marcha vestidos de negro, con pancartas y claveles, a fin de hacer una ofrenda pública en memoria de nuestros colegas que ya no están. La salida será del Jardín de Villalongín a las 9:30 rumbo a la plaza Melchor Ocampo.
Lo anterior es parte de las acciones de protesta por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinoza, que se han venido realizando a nivel nacional y en diferentes estados de la República.
“No más asesinatos de periodistas”, se lee en la cartulina que se expuso en un evento del CMIC
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Reporteros de Michoacán se suman a las protestas por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quien fue encontrado muerto el pasado viernes junto con otras cuatro personas en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México.
Durante un evento en la delegación Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), una reportera se colocó de pie con una cartulina en las manos que dice: “No más asesinatos de periodistas”.
Se espera que en varios eventos, los comunicadores se manifiesten, para exigir a las autoridades un alto a las agresiones y homicidios de los reporteros.
A nivel nacional, desde el pasado domingo hay movilizaciones del gremio periodístico y social.
De acuerdo organizaciones civiles, en los últimos 15 años han sido asesinados 88 periodistas en México, mientras que del 2011 a la fecha van 15 periodistas ultimados en Veracruz.
Nada frenó el desarrollo y los negocios de OHL en el Estado de México. Ni las denuncias por despojo contra ejidatarios y propietarios de predios en la construcción del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, ni las denuncias por abuso y colusión en el cobro de las tarifas de peaje, denunciadas por la empresa Infrabaer.
Fue hasta mayo de este mayo que comenzaron a filtrarse a través de Youtube una serie de audios entre altos directivos de OHL que presumen sus relaciones con autoridades del Estado de México y con el gobierno federal, especialmente con el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y recientemente con los directores de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien trabajó como consejero de OHL hasta septiembre de 2012, y con el director de l Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa.
También se han divulgado audios donde los directivos de OHL, Pablo Wallentin, ex director de Relaciones Públicas, y Gerardo Fernández, director jurídico de la empresa, acuerdan el pago de sobornos a magistrados para arreglar “lo de Tultepec”, en referencia a unos amparos de propietarios de un predio expropiado de manera irregular por el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto en la construcción del Circuito Exterior Mexiquense (ver Proceso, No. 2013).
Los audios más recientes, difundidos el 28 de julio, exhiben directamente al presidente del Consejo de Administración de OHL México, José Andrés de Oteyza, y a los directivos de Pemex y CFE.
De Oteyza, ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el gobierno lopezportillista y amigo personal de Arturo Montiel, presume con su primo Alvaro haber recibido 40 millones de pesos de bono de OHL (2.2 millones de euros) por su desempeño en 2014 y afirma que es el “primero de cuatro”. Es decir, recibiría alrededor de 160 millones de pesos ( de 8 a 9 millones de dólares) que supera con mucho los 24.8 millones de pesos pagados en 2014 a la alta dirección de OHL México y los 440 mil dólares que OHL afirma repartir entre los consejeros independientes y el presidente del Consejo de Administración.
Hasta la fecha, OHL no ha comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores ni a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el multimillonario bono recibido por De Oteyza. Fuentes de ambas instituciones presumen que, si cobró tal cantidad, también sería evasión de impuestos.
“Los 40 millones de pesos lo he cobrado independientemente del sueldo, es el bono nada más…¡Que se chinguen!”, se escucha presumir a De Oteyza.
Las otras grabaciones, presuntamente de mayo de este año, insinúan que De Oteyza se reunió con Enrique Ochoa, director de la CFE, y con Emilio Lozoya, director de Pemex. Al primero lo invitó al hotel MayaKobá, construido por OHL en Playa del Carmen, Quintana Roo, con el objetivo de deslumbrarlo y obtener favores a cambio.
Oteyza le refiere a Pablo Wallentin, ex director de Relaciones Públicas de OHL, que viajará a la Rivera Maya para “una cosa de muchísimo dinero”. Presume que invitará a Ochoa al MayaKobá.
“Sí, y éste es el camino precioso con Ochoa… que abre todas las puertas también”, presume Wallentin.
“Sí, para todo. Se va a volver encantado”, afirma De Oteyza.
El interés de OHL en la CFE no es casual. El 31 de marzo la CFE otorgó un contrato de 477 millones de dólares a OHL Industrial y la empresa Sener Ingeniería para la construcción de Empalme I, planta de hidrógeno de 770 MW en Sonora, que tardará 30 meses en su ejecución y que contará con dos turbinas tipo H de tecnología Siemens.
En este proyecto, OHL Industrial y Sener Ingeniería realizarán labores de ingeniería, suministro de todos los equipos y materiales, las partes de repuesto, así como la construcción, pruebas y puesta en servicio de la central, según la información de la CFE.
OHL quiso participar en otras licitaciones de la CFE, incluyendo la construcción de una central eléctrica por 387 millones de pesos que se le adjudicó a la empresa Cobra, filial de la también compañía española ACS.
Con Pemex también ha hecho negocios OHL y pretende ir por más. Pemex Refinación le otorgó en julio de 2013 a Ecolaire-OHL un contrato para la construcción de una planta de hidrógeno y la terminación del gasoducto Cadereyta. También participarán las empresas KT Kineticst Technology y la mexicana Construcciones Industriales Tapia (ver Proceso 1960).
“Es una Campaña Difamatoria”
Los directivos de OHL han confiado a la Bolsa Mexicana de Valores que continuarán los audios “grabados ilegalmente”, pero que todo se trata de “una campaña difamatoria”. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, responsable de supervisar a las empresas que cotizan en el mercado bursátil, anunció desde el 14 de mayo una investigación a OHL México y cuyos resultados no se conocen aún.
En su reporte de resultados del segundo trimestre ante la Bolsa Mexicana de Valores, OHL afirma que las acusaciones de la empresa Infraiber en relación con el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario son “falsas” y “forman parte de una campaña difamatoria”.
Afirmó que las primeras grabaciones que se conocieron, en mayo de 2015, “fueron obtenidas ilegalmente, editadas y alteradas para cambiar su sentido” y que también forman parte de “la campaña de difamación”.
OHL dice que investigó “los supuestos pagos de naturaleza irregular a magistrados” mexicanos –divulgado en la segunda serie de audios difundidos en junio- y que el despacho de abogados Ritch, Mueller, Heather y Nicolau “no encontró evidencia o indicio alguno de conductas contrarias a la ley, ni pagos en dinero o en especie, ya sea directa o indirectamente, a ningún juez, magistrado o funcionario público alguno, relacionado con los juicios analizados”.
Sobre la difusión de las terceras grabaciones, el pasado 8 de julio, OHL afirmó que “ningún directivo ha autorizado pago alguno al licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes”, quien supuestamente le habría entregado información privilegiada a la compañía.
OHL repitió la misma versión sobre los audios del 28 de julio pasado. “Continúa la campaña de hostigamiento”, afirmó la empresa, mientras que la CFE afirmó que “son falsas las inferencias sobre el director general de la CFE que se han hecho a partir de supuestos audios difundidos que involucran a directivos de la empresa”.
En OHL sólo hay una certeza: continuará la difusión de los audios. Mientras, sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores han perdido más de 14 pesos en cuatro meses, al bajar de 40 a 26 pesos, una caída de más del 32 por ciento.
Mientras los directivos de OHL esperan la difusión de nuevas grabaciones, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hacen como si no escucharan nada ni tuvieran presiones por los presuntos actos de corrupción revelados.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Acérrimo crítico de la violencia hacia sus colegas, Rubén Espinosa Becerril nació en 1983 en la Ciudad de México. Era fotógrafo y periodista autodidacta que laboraba en la Agencia AVC Noticias, y como corresponsal de la revista Proceso y Cuartoscuro en Veracruz.
Hace ocho años se mudó a Xalapa, Veracruz, donde llegó a trabajar a El Golfo Info y en 2009 fue contratado como fotógrafo de Javier Duarte cuando era candidato a gobernador. Posteriormente trabajó como fotógrafo de quien fuera la alcaldesa de Xalapa, la también priista Elizabeth Morales.
Dejó de laborar en el sector público por sus posturas críticas contra la violencia hacia los periodistas en el estado. Como fotógrafo de agencia le tocaba cubrir la actualidad diaria. Y como corresponsal de Proceso y Cuartoscuro se especializó en movimientos sociales. Estaba totalmente involucrado en el movimiento que denunciaba los crímenes contra periodistas en el estado.
En el aniversario de la Revolución, en noviembre de 2012, mientras cubría las protestas estudiantiles contra el gobernador Javier Duarte por el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, se le impidió tomar fotos de cómo la policía golpeaba a unos estudiantes. En ese momento una persona de ayudantía del Gobierno del Estado le sujetó y le dijo: “Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina”.
Desde los primeros asesinatos a compañeros, Rubén participó activamente en las movilizaciones y protestas de periodistas para exigir justicia por sus compañeros y parar las agresiones.
El 14 de septiembre de 2013, mientras documentaba el violento desalojo a un plantón de maestros y alumnos de la Universidad Veracruzana instalado en la Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa, él y otros reporteros fueron agredidos por las fuerzas de seguridad del estado que les decomisaron sus equipos de trabajo y les hicieron borrar sus fotos. Por esos hechos presentó una denuncia contra la fuerza pública y comenzó a ser hostigado.
En octubre, viajó al DF a pedir ayuda para él y para el gremio de organizaciones internacionales y colegas fotógrafos. Tras haber escuchado su testimonio, el colectivo FotorreporterosMx realizó una protesta en la que participaron decenas de fotógrafos con ojos vendados afuera de la casa de la representación de Veracruz en la Ciudad de México exigiendo garantías de trabajo para los fotógrafos locales.
Se había convertido en un fotógrafo incómodo para el gobierno. De su autoría fue la foto del gobernador Javier Duarte aparecida en la portada de la edición 1946 (del 15 de febrero de 2014) que molestó al gobernador. En Veracruz se registró una compra masiva de ejemplares por parte del gobierno.
hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=365057
En los últimos tiempos no le dejaban entrar siquiera a los eventos institucionales. Sin embargo, siguió movilizándose contra la impunidad y todavía participó en el cambio simbólico de nombre de Plaza Lerdo a Regina Martínez. Él fue uno de los reporteros que encabezó este año la colocación de la placa con el nombre de la periodista asesinada.
En junio pasado, en vísperas de las elecciones, documentó la agresión sufrida por ocho estudiantes que fueron fuertemente golpeados por encapuchados que presuntamente trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública. Desde entonces comenzó a notar que personas armadas lo seguían y lo fotografiaban.
El 9 de junio de este año decidió abandonar Veracruz e instalarse en el DF porque ya no aguantaba más la presión. Estaba aterrorizado, presentaba síntomas de estrés postraumático. Comenzó a denunciar cómo la prensa crítica es silenciada y que era víctima de amenazas que provenían de parte del gobierno de Veracruz.
www.sinembargo.mx/01-07-2015/1398019
rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=2003
Por desconfianza hacia las autoridades, y especialmente a la PGR, decidió no presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR. En una entrevista otorgada a Periodistas de a Pie en Rompeviento TV, dijo que estaba “en pláticas” con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pero se desconoce qué respuesta le dieron.
Rubén fue asesinado en la Narvarte, una colonia de clase media de la Ciudad de México, junto a otras cuatro jóvenes.
Con Rubén son 13 los periodistas asesinados y tres los desaparecidos en Veracruz desde el gobierno de Javier Duarte. Lo asesinaron en las narices de las organizaciones donde denunció las amenazas de las que era víctima y lo más grave, de la sede de las instancias gubernamentales que deberían de haberlo protegido.
Con este crimen el DF dejó de ser un refugio para periodistas desplazados.
OAXACA, OAXACA (02/AGO/2015).- Maestros de la Sección 22 del CNTE, padres de familia y alumnos de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, realizaron una marchan en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Luego de recorrer las calles de la capital oaxaqueña, los familiares llegaron al plantón que mantiene la Coordinadora en el Zócalo.
Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, advirtió que el próximo 26 de septiembre realizarán una marcha masiva en el Distrito Federal para exigir la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto, si es que no les dan resultados antes de que se cumpla un año de la desaparición de los jóvenes estudiantes.
“Vamos a unir fuerzas para hacer justicia, por todos los desaparecidos. Debemos crear una lucha unitaria, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, enfatizó.
Explicó que una caravana salió de Chiapas y recorrerá Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Distrito Federal y Guerrero.
La otra partió de Chihuahua y pasará por Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Con la realización de una encuesta de cinco preguntas, relacionadas con las enfermedades padecidas en los últimos años y la frecuencia, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) pretende reemplazar un estudio epidemiológico que derechos humanos recomendó realizar a habitantes de la Cuenca del Río Santiago desde hace seis años.
Los ambientalistas insisten en que los fallecimientos de habitantes de El Salto y Juanacatlán están relacionados con la contaminación del Río Santiago, y reclaman que la SSJ se resista a realizar el estudio epidemiológico sugerido en una macro recomendación de 2009.
“Le dieron la vuelta al tema, están haciendo una encuesta y no un estudio epidemiológico, porque no quieren enfrentar el problema. Nuestra comunidad sigue aportando enfermos, y a la lista de muertos, ya son 43 fallecidos en este año. En mayo, durante la reunión reportamos 32, son 11 más en un poco más de un mes, se han agudizado por la contaminación”, enfatizó Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto.
En 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sugirió a Salud practicar estudios epidemiológicos y psicológicos a quienes habitan en los márgenes del Santiago y llevar un control estadístico de las enfermedades que padecen, a fin de tener elementos cuantitativos actualizados, que permitan a los servicios de salubridad actuar con oportunidad.
A seis años de la macro recomendación, la dependencia estatal ha omitido realizar el estudio; lo ha reemplazado con la aplicación de una encuesta de cinco preguntas, relacionadas con las enfermedades padecidas en los últimos años y la frecuencia, levantada de marzo a mayo.
Muñoz Delgadillo contó que en la reunión del 25 de mayo pasado, para tratar el tema, el representante de la SSJ precisó que las preguntas aplicadas a 780 habitantes de El Salto y Juanacatlán fueron: ¿Cuántas veces se enferma?, ¿de qué se enferma?, ¿algún familiar tiene problemas crónico-degenerativos?, ¿algún familiar presenta enfermedades en estómago, vías respiratorias o piel?
Ante la insistencia de los ambientalistas para que efectuaran el estudio epidemiológico, y el rechazo a la encuesta, el funcionario de la SSJ los retó a realizar ellos el estudio y presentar pruebas que refuercen sus señalamientos, en torno a que las 43 muertes registradas en lo va del año están relacionadas con la contaminación del afluente.
Según el activista, la mayoría de muertes se presentó en mujeres o menores de 16 años, quienes presentaron cuadros clínicos relacionados con la contaminación del Río Santiago, que derivaron en paro cardiorrespiratorio, cáncer de mama o cervicouterino, leucemia, infarto al miocardio e insuficiencia renal.
Estas causas de muerte, además de diabetes mellitus e insuficiencia cardiaca, fueron señaladas por la CEDHJ en la macro recomendación de 2009, tras hacer un análisis de las copias certificadas de actas de defunción de pobladores de esas dos localidades, por los últimos 30 años.
Ese reporte advierte un incremento del 179 por ciento en muertes por cáncer, del 317 por ciento por insuficiencia renal y del mil 100 por ciento por infarto al miocardio entre la población de El Salto y Juanacatlán.
Además, según el análisis del organismo, padecen con frecuencia irritación de ojos y piel, dolor de estómago, cabeza y garganta, asma y tos y enfermedades como cáncer, anginas, insuficiencia renal, diabetes e hipertensión.
“No se hace seguimiento a los enfermos, no se sabe cuántas veces ha ido al médico, no se tiene un historial para detectar cómo está evolucionando la enfermedad y en cuánto tiempo se está presentando la enfermedad”.
“Una encuesta no va a arrojar nada científico, nosotros insistimos en el estudio epidemiológico, tal cual lo dice la macro recomendación”, reiteró el activista.
No obstante, de acuerdo con Muñoz Delgadillo, la omisión de Salud es respaldada por el titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien en días pasados declaró que la macro recomendación registraba avances importantes en su cumplimiento y que, inclusive, ya había un acuerdo firmado entre organismos ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la SSJ.
Esta postura del presidente del derechos humanos, junto con la simulación en el cumplimiento de los acuerdos, orilló al Comité Ciudadano a interponer una nueva queja ante la CEDHJ, pues en lo que va del año tan solo han realizado dos mesas de trabajo (12 de marzo y 25 de mayo), a las cuales la Comisión Estatal del Agua no se presentó.
“Se ha quedado (la macro recomendación) en el simple discurso, y por eso tomamos la decisión de interponer una nueva queja, porque el presidente de la Comisión (de Derechos Humanos) dijo que en el tema ‘todo iba bien’, porque la Semadet había firmado acuerdos con 10 organizaciones ambientalistas de la zona para darle seguimiento a la macro recomendación”.
“Estamos en desacuerdo, porque no se ha firmado ningún documento y porque se está avalando algo que es mentira; su postura ha sido laxa, porque no defiende ni su propia recomendación”, argumentó.
En la reunión de mayo, el Comité Ciudadano insistió en dos puntos de la macro recomendación: la realización del estudio epidemiológico y la declaración de la Cuenca del Río Santiago como zona sanitaria de emergencia. Las autoridades tampoco respondieron sobre este último pedido.
El 11 de agosto, el Comité Ciudadano contempla realizar un recorrido por la Cuenca del Río Santiago y visitar a los enfermos; invitarán a autoridades municipales salientes y entrantes, a diputados, a presidentes de partidos y a los titulares de la Semadet, Salud y CEA.
De acuerdo con la CEDHJ, la recomendación lleva un 32 por ciento de cumplimiento.
43 muertes del 2015 son atribuidas a los efectos de la contaminación del Río Santiago.
Macro recomendación
En enero del 2009, la CEDHJ emitió 172 recomendaciones en torno a la contaminación del Río Santiago, a 14 municipios, el gobierno del estado y las secretarías de Medio Ambiente, Agua y Salud. Destacan las siguientes:
Se realicen estudios que permitan identificar a la población que ya presenta signos de posibles afecciones a su salud, asi? como a los grupos de mayor riesgo. Y, se practiquen estudios ambientales, epidemiológicos y psicológicos a los vecinos de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.
Se suministre la atención cli?nica, psicológica y los medicamentos necesarios para atender cada caso que se haya identificado o que se presente en el futuro, de posibles víctimas de ca?ncer, enfermedades dérmicas, respiratorias, gastrointestinales y otras que pudieran ser producto o consecuencia de la contaminación del agua, suelo o aire que circunda al río Santiago.
Se disen?en, ejecuten y evalu?en campañas de prevención y detección de enfermedades cuyo origen pudiera encontrarse relacionado con la contaminación del río Santiago.
Se construyan y pongan en operación las plantas necesarias para tratar el li?quido que fluye hacia la cuenca del río Santiago.
Evaluar los riesgos a la salud y al ambiente ocasionados por la operación de empresas y particulares, y en el te?rmino de seis meses se realice un inventario de las industrias establecidas en la cuenca El Ahogado y el alto Santiago.
Disen?e, ejecute y ponga en operación un sistema de prevención y control de pandemias.
Se dimensione, precise y reconozca la responsabilidad por la contaminación del río Santiago, ocasionada por la indebida actuación de los tres niveles de gobierno.
2 de agosto de 2015.- El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, ocurrido en la Ciudad de México, levantó la indignación entre sus compañeros de profesión en Guadalajara, donde exigieron respuestas, y que se detengan los ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno de Veracruz.
Medio centenar de personas se dieron cita al mediodía, en el Parque Revolución, con imágenes del fotoperiodista asesinado, haciendo un acto simbólico en el que fotoperiodistas de Jalisco colocaron sus cámaras en el suelo, juntas, en una especie de altar, como señal de tristeza, protesta e indignación.
Varios de los presentes portaban mensajes señalando la presión que ejerce el Gobierno de Veracruz contra la libertad de expresión, encabezado por el priísta Javier Duarte, de quien se sospecha que podría estar vinculado a este asesinato, ya que Rubén Espinosa aseguraba días atrás que estaba siendo presionado por esa administración estatal, por lo que debió huir de Veracruz el 9 de junio, para refugiarse en la Ciudad de México, tratando de evitar ser asesinado.
“…en Xalapa, compañeros de Rubén Espinosa, quienes trabajan en medios como Proceso, AVC Noticias, Plumas Libres, Expediente Mx, La Jornada Veracruz, Sala Negra, entre otros, responsabilizan al gobierno de Javier Duarte y a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz de cualquier agresión a su integridad física”, señala parte de la postura que los fotoperiodistas tapatíos dieron a conocer hoy.
“En Guadalajara nos sumamos a la exigencia de compañeros y compañeras de varios estados, haciendo publica la denuncia y rechazando este tipo de acciones-agresiones que violentan nuestra labor como Fotoperiodistas, exigiendo tanto al gobierno Federal como al Estatal salvaguardad la integridad no solo del gremio sino de toda la población en general”.
Tiro de gracia
Una de las otras 4 víctimas del asesinato, ocurrido en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, era Nadia Vera, luchadora social del estado de Veracruz.
Este domingo, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, brinda una rueda de prensa en la que informó que todas las personas que se encontraron muertas tenían un tiro en la cabeza y golpes en el cuerpo.
La PGR no ha solicitado la atracción del caso, informo Ríos Garza.
Entre 2011 y 2015 han sido asesinados 15 periodistas. Una empleada de un periódico también. Al menos dos desaparecidos siguen. Ejercer el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo.
Los nombres de los 15 periodistas asesinados en Veracruz en los últimos cuatro años, de 2011 a 2015.
Noel López Olguín, 45 años de edad. Trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan. Desapareció el 8 de marzo de 2011. Su cuerpo fue encontrado el 1 de junio de ese año. Se culpó a un supuesto sicario de su asesinato. A la fecha no se ha resuelto el caso.
Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela. 55 años de edad. Periodista de Notiver.
Misael López Solana, de 21 años, fotógrafo de Notiver e hijo de López Velasco. Asesinados por un comando armado el 20 de junio de 2011 en su casa. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato. A la fecha no se ha resuelto el caso.
Yolanda Ordaz de la Cruz, 48 años de edad. Reportera de Notiver. Desaparecida el 24 de julio de 2011. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado dos días después. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato. A la fecha no se ha resuelto el caso.
Regina Martínez Pérez, 48 años de edad. Corresponsal de Proceso. Estrangulada en su casa el 28 de abril de 2012. Las autoridades locales concluyeron que fue víctima de un robo y/o un crimen pasional. El gobierno local nunca investigó si su muerte estuvo relacionada con su trabajo.
Guillermo Luna Varela, 21 años, fotógrafo para Notiver; Gabriel Huge Córdova, fotógrafo para Notiver, de 37 años de edad; Esteban Rodríguez Rodríguez, reportero del periódico AZ, de 30 años de edad y Ana Irasema Becerra Jiménez, de 33 años de edad, empleada administrativa de El Dictamen. Sus cuerpos fueron encontrados el 3 de mayo de 2012, el Día mundial de la libertad de prensa, en bolsas de basura. Las autoridades culparon a supuestos narcotraficantes de los cuatro homicidios y cerraron el caso. Los detenidos fueron presentados con las credenciales de los asesinados. A la fecha se desconoce el motivo de su muerte.
Víctor Manuel Báez Chino, 46 años de edad. Reportero del sitio reporterospoliciacos.com. Desapareció el 13 de junio de 2012, su cuerpo, mutilado, fue recuperado un día después. Al igual que en los demás casos, el gobierno culpó al crimen organizado de su homicidio. A la fecha se desconoce el motivo de su muerte.
Miguel Morales Estrada, 35 años de edad, desaparecido el 25 de julio de 2012. Fotógrafo del Diario de Poza Rica. El caso sigue abierto.
Sergio Landa Rosales, periodista del Diario de Cardel. Secuestrado el 26 de noviembre de 2012, desaparecido desde entonces. El caso sigue abierto.
Gregorio Jiménez de la Cruz, 43 años de edad, reportero del diario Notisur. Desapareció el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado seis días después. El gobernador dijo que fue asesinado por “problemas personales”; sus familiares acusan que fue por publicar un reportaje.
Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono. Asesinado en su casa en Cosolapa, Oaxaca, en la frontera con Veracruz. El caso sigue abierto.
Moisés Sánchez Cerezo, 49 años de edad, director de La Unión. Secuestrado el 2 de enero de 2015. Su cuerpo apareció el 24 de enero, decapitado. El gobernador lo describió como “un taxista”. Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín, fue acusado de ser el autor intelectual de su homicidio.
Armando Saldaña Morales, 53 años de edad, periodista de la estación La Ke Buena. Asesinado el 4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz. La investigación sigue abierta.
Juan Mendoza Delgado, 46 años de edad, director del portal Escribiendo la verdad. Reportado como desaparecido el 1 de junio de 2015. Su cuerpo, atropellado, fue hallado al día siguiente. La investigación sigue abierta.
Rubén Espinosa, 31 años de edad, corresponsal de Proceso y Cuartoscuro en Veracruz. Asesinado el 31 de julio de 2015. Se había ido del estado semanas antes tras denunciar amenazas.
Todos ellos muertos durante el sexenio de Javier Duarte, quien el 30 de junio de 2015, dirigiéndose a periodistas en un discurso, dijo lo siguiente: “Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos (sic). Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos… todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa… ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles”.
MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- Periodistas de Nuevo León protestaron esta tarde por el asesinato del fotógrafo de Proceso, Rubén Espinosa, quien fue encontrado muerto el sábado en el Distrito Federal.
Una ofrenda floral luctuosa con la leyenda: “Periodistas: ni un muerto más”, fue colocada al pie del Monumento de la Libertad de Expresión, en la zona de la Macroplaza, por la Asociación de Periodistas de Nuevo León José Alvarado Santos.
Unos 15 comunicadores de medios locales, nacionales e internacionales, colocaron sus cámaras, grabadoras y libretas al pie de la corona de flores, en señal de duelo por Espinosa Becerril, quien fue encontrado asesinado junto con cuatro personas en un departamento de la capital del país.
En semanas anteriores, el fotoperiodista tuvo que dejar Veracruz, por amenazas y se refugió en el Distrito Federal, donde siguió trabajando hasta su muerte.
A nombre de los comunicadores presentes, el reportero Ángel Ramos Trujillo, originario de Veracruz pero avecindado en Monterrey, mencionó el talento de Espinosa, quien destacó por su trabajo como periodista, pero también por su activismo por la libertad de expresión.
Recordó que el fotógrafo trabajó en Xalapa junto a la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, quien fue también privada de la vida el 28 de abril del 2012.
“La percepción de todos los compañeros allá en Veracruz es que Rubén era una de las personas más visibles del movimiento que buscaba justicia no sólo para Regina, sino para la más de una decena de compañeros asesinados en Veracruz y eso le trajo muchos problemas, y ese fue uno de los motivos por los que fue perseguido y por lo que tuvo que abandonar Xalapa”, dijo.
Hace 11 años, el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, tiró la casa por la ventana para festejar el bautizo de sus dos hijos gemelos, Sofía y Adrián, con la joven francesa Maude Versini, su segunda esposa.
Al convivio en El Santuario de Valle de Bravo, acudieron funcionarios, familiares, jerarcas religiosos y empresarios cercanos del entorno montielista. Tres millones de pesos se destinaron del erario público mexiquense para celebrar a los gemelos y las relaciones públicas de Arturo Montiel.
Entre los presentes, estuvo un espigado empresario español a quienes pocos conocían en ese momento. Se trataba de Juan Miguel Villar Mir, marqués y accionista mayoritario de la empresa Obrascon Huarte Laín (OHL) que apenas unos meses antes, en febrero de 2003, ganó la licitación para construir, diseñar, financiar y operar el Circuito Exterior Mexiquense.
Esta obra de infraestructura carretera se convirtió en la más grande en la entidad (110 kilómetros en operación), la más importante para el grupo español (24, 921 millones de pesos en sus tres etapas), que le representan el 50.1 por ciento de sus ingresos en México, y la más cara e irregular por las modificaciones constantes al título de concesión.
En aquel bautizo se selló la cercanía entre Montiel y Villar Mir, recuerdan algunos de los asistentes a aquel evento en Valle de Bravo. Estuvo presente también el entonces joven coordinador de los diputados locales del PRI, Enrique Peña Nieto, futuro sucesor de Montiel en la gubernatura, y el empresario de origen tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo HIGA.
“OHL y Grupo HIGA algún día se encontrarán en sus escándalos. Son afluentes del mismo río”, comentó a Proceso un funcionario del Estado de México que conoció el inicio de esta relación entre constructoras y poder político local.
Montiel le otorgó también en 2005 a OHL la licitación para ampliar, mejorar y desarrollar el Aeropuerto Internacional de Toluca, hasta el 2055. OHL tiene el 49 por ciento del control de Administradora Mexiquense del Aeropuerto de Toluca, mientras el gobierno del Estado de México posee el 25 por ciento y la Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de la SCT, tiene el 26 por ciento.
La bonanza con Peña
Los beneficios que obtuvo OHL del gobierno motielista continuaron con Peña Nieto al frente del Palacio de Gobierno de Toluca y con Eruviel Ávila, sucesor peñista, quien fue apoyado en la contienda interna del PRI en 2011 por el propio Arturo Montiel.
De hecho, el Circuito Exterior Mexiquense se ha construido en tres etapas: la primera, hasta el 2005, contó con 52 kilómetros, en el gobierno de Montiel; la segunda y tercera, en 2010 y 2011, completó el tramo de 110 kilómetros en operación, durante la administración peñista.
En el gobierno de Eruviel Avila se realizó la quinta modificación del contrato del Circuito Exterior Mexiquense que extendió hasta 2051 y le permitió a la empresa cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje, entre 2013-2021, de manera irregular.
OHL concretó en la primera mitad de 2015 el 25 por ciento del capital social del Circuito Exterior Mexiquense a IFM Global Infrastructure Fund, mediante la cual obtuvo 9 mil millones de pesos que le permitirán “participar en nuevos proyectos de infraestructura que se pueden presentar y al mismo tiempo nos da liquidez necesaria”, según su informe del segundo trimestre ante la Bolsa Mexicana de Valores.
En poco más de una década, OHL consolidó y acrecentó sus negocios en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Puebla y en todo el país. Peña Nieto le otorgó la concesión del Viaducto Bicentenario, de 2008 al 2038, que corre desde el ex Toreo de Cuatro Caminos hasta el kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro. La inversión fue de 10 mil 071 millones de pesos.
Las irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario fueron el origen de los primeros audios filtrados a través de Youtube, en mayo de este año. El caso originó un emplazamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 1 de julio, para que la Secretaría de la Función Pública dé a conocer su informe sobre auditorías e investigaciones realizadas en torno a la construcción y operación del Viaducto.
El gobierno de Marcelo Ebrard, en el Distrito Federal, le concesionó en junio de 2010 y hasta 2043 la construcción de la Autopista Urbana Norte que conecta al ex Toreo de Cuatro Caminos con el distribuidor de San Antonio, por 9,522 millones de pesos; y la Supervía Poetas, que conecta el sur con el poniente del DF. OHL tiene el 50 por ciento de esta obra cuya inversión total fue de 2,607 millones de pesos.
La verdadera bonanza se ha dado en esta administración federal. En los primeros dos años del gobierno federal, Peña Nieto y su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, le otorgaron al menos 7 contratos importantes a OHL, entre ellos, los siguientes: el 64 por ciento de la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco, en marzo de 2014, por un monto de 9,500 millones de pesos; el tramo 1 del Tren Interurbano México-Toluca, de más de 10 mil millones de pesos con una filial de Grupo Hermes, de Carlos Hank Rohn; el segundo piso de la Autopista México-Puebla, con una inversión de 10 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones aportó el gobierno federal y la otra mitad será aportada en 51 por ciento por OHL y 49 por ciento por PINFRA, de David Peñaloza; en octubre de 2014 la SCT le otorgó el fallo favorable a OHL y a la francesa Alstom para la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, por un monto de 7 mil 418 millones de pesos.
Con una marcha, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se sumaron ayer a la movilización nacional del sector salud en contra de la prevista reforma al sistema.
Poco después de las 5:00 de la tarde, el contingente de decenas de personas partió de la glorieta del Quijote por avenida Adolfo López Mateos, para después transitar por la calle Josefa Ortiz de Domínguez y Francisco I Madero hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad.
En su recorrido por las calles del centro, demandaron la no privatización del Seguro social, el derecho a la salud y la defensa de los derechos de los agremiados.
“¡Seguro Social patrimonio nacional!, ¡El IMSS no se vende, el IMSS se defiende!, ¡Hipertenso, diabético, te quitan tu medicamento!, ¡Pueblo despierta, el hambre está en tu puerta!, ¡No más reformas!, ¡Fuera Peña y sus reformas!, ¡La reforma de salud nos perjudica a todos!”, gritaban a su paso, además de llevar pancartas de repudio a la propuesta de un sistema único que se plantea a nivel central y que consideran será en perjuicio de los derechos no sólo de los sindicalizados del Seguro Social, sino de todos los derechohabientes de esta institución.
Al arribar a la exedra, los manifestantes dieron una última vuelta a la Plaza de Armas, para posteriormente hacer un pronunciamiento hacia autoridades y sociedad.
En entrevista para Página 24, Margarita Sánchez, enfermera jubilada del IMSS, expuso que, pese a la declaración de las autoridades e incluso líderes sindicales, creen en la amenaza que representa una reforma planteada desde la base de generar un sistema único de salubridad.
“Está manifestación la estamos haciendo los trabajadores del Seguro Social porque estamos en contra de la reforma de salud que está encaminando el presidente Peña Nieto, esta reforma nos han dicho y nos han mentido a todo el pueblo y a los trabajadores de que no se va a llevar a cabo pero ya se está llevando a cabo paulatinamente”, manifestó.
La sindicalizada aseveró que cada vez son más los servicios que se subrogan al sector privado, situación que se aprecia por parte de los trabajadores como un paso hacia la privatización; “antes lo que subrogaba era servicios como de rayos X, ciertos estudios que tenían que hacerse en otros hospitales porque no contábamos (con ellos), pero recientemente se han hecho muchas más subrogaciones”.
Además, añadió, “ahorita, por ejemplo, se van a quitar los medicamentos a los diabéticos, a los hipertensos, a los pacientes con problemas de riñón; entonces estamos luchando para que eso no suceda, porque nosotros, comprometidos como trabajadores del seguro social, no queremos que haya muertes, no queremos que se muera la gente en las calles por una decisión del señor Peña Nieto”.
Mencionó que incluso “en algunos estados ya no se está dando insulina a los diabéticos, mientras que el director general del IMSS, el señor (José Antonio González) Anaya dice que esto es mentira, que no se va a privatizar, que no se va a llevar a cabo, sin embargo, se está llevando a cabo paulatinamente”.
Finalmente, pidió que no exista represión sindical pues comentó que “ya hay muchos compañeros a nivel nacional castigados y rescindidos precisamente por las manifestaciones, porque ellos no están a favor de esto”. Aclaró que los trabajadores están manifestando su inconformidad como cualquier ciudadano, y “no formando un grupo antagónico al sindicato”.
“Simplemente estamos defendiendo la seguridad social que es un derecho constitucional que está marcado en el articulo 4 de la Constitución; le hacemos un llamado al doctor (Juan José) Zertuche, que como líder sindical no suceda esto, porque somos compañeros que nos estamos manifestando en defensa de la seguridad social que afecta a todos los mexicanos”, indicó.
Ciudad de México. (SinEmbargo).– El fotógrafo mexicano, Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de Cuartoscuro y de la revista Proceso fue encontrado hoy asesinado junto con otras cuatro personas en al colonia Narvarte, en la capital del país, confirmó un familiar a la organización internacional Articulo 19.
El cadáver de Espinosa fue identificado esta tarde en las instalaciones del Servicio Médico Forense por una de sus hermanas. Tenía un golpe en la cara, además de dos impactos de bala.
El fotoperiodista estaba en condiciones de exilio en la Ciudad de México, porque se sentía bajo amenaza en el estado de Veracruz. En una reciente entrevista con SinEmbargo, acusó directamente al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de haber convertido esa entidad en un camposanto.
La organización Artículo 19 informó esta tarde que el fotoperiodista estaba desaparecido desde hacía 24 horas, por lo que se dio formal aviso a las autoridades para que pusieran en marcha los protocolos de localización.
De acuerdo con la organización, ni familiares ni amigos conocían el paradero del fotoperiodista, la única información que tenían es que se dirigía a su casa cuando desapareció.
Desde hace un mes Rubén Espinosa Becerril vivía en el Distrito Federal, en un autoexilio de Veracruz, obligado por las amenazas de las que fue víctima. El joven salió huyendo el 9 de junio pasado, luego de protagonizar varios episodios de acoso.
El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años radicaba en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que ya fueron ejecutados durante la administración del Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
DUARTE Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El pasado 1 de julio, en entrevista con SinEmbargo, Rubén platicó sobre el estado que guardan la prensa y de la libertad de expresión en Veracruz; el modus operandi del gobierno de Duarte de Ochoa para mantener sometidos a los medios de comunicación y la vida que deben llevar los reporteros y fotógrafos que no quieren recibir dinero a cambio de su silencio.
La anarquía es tal, dijo, que todos la están pasando mal menos la corrupción, en un Veracruz que la muerte escogió para vivir en brazos de un gobierno admirador del ex dictador español Francisco Franco.
En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la administración priista carga con la siguiente lápida: 12 asesinatos de reporteros (la mayoría de estos casos están sin resolver), tres reporteros desaparecidos en la entidad, una decena de exiliados por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.
En diversas entrevistas, Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) ha asegurado que las garantías para el gremio cada vez se ven más vulneradas y el libre ejercicio de la profesión se vuelve más frágil, peor aún, apunta, el grado de corrupción y de no investigación de los Ministerios Públicos y de los cuerpos policíacos es cada vez más evidente.
De acuerdo con la organización Artículo 19, en 2014 Veracruz se ubicó, con 41 casos, entre las cinco entidades federativas con el mayor número de agresiones a periodistas. En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 12 reporteros han sido asesinados (la mayoría de estos casos están irresueltos), tres reporteros están desaparecidos en la entidad, una decena exiliados por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– Periodistas y amigos de Rubén Espinosa Becerril se congregaron en la Plaza Lerdo, Xalapa, Veracruz, para exigir justicia por el homicidio del fotoperiodista ocurrido la noche de este viernes en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
Los manifestantes colocaron veladoras y pancartas en las que se podía leer “Peña Nieto renuncia”, “Rubén Espinosa, justicia para los periodistas asesinados”.
A su vez, la organización internacional Articulo 19, dijo que este asesinato marca un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México.
“Es la primera vez que un periodista desplazado internamente es asesinado en el Distrito Federal. La violencia que había sufrido Espinosa era conocida públicamente, por lo que el homicidio del fotoreportero se produjo sin que las autoridades encargadas de proteger periodistas en este país movieran un solo dedo a favor de Espinosa”, señaló la organización.
La organización hizo un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que desde sus facultades hagan todo lo posible para brindar justicia y pidió a la PGR atraer el caso y disponer de todos los recursos del Estado mexicano para dar con los responsables del delito.
Hizo pública su preocupación porque la Ciudad de México “deje de ser el refugio seguro el cual albergaba a decenas de periodistas desplazados”. Mientras que Veracruz se vuelve a poner de manifiesto la negligencia de las autoridades locales para brindar protección a los periodistas. Y recuerda que la entidad sigue siendo el lugar más peligroso para la libertad de expresión en toda América Latina.
Agregó que es inconcebible que en nuestro país hayan sido asesinados 88 periodistas y “las autoridades se atrevan a decir que están haciendo todo lo que pueden para proteger periodistas. Cuando la realidad es que la violencia contra la prensa crece -así lo dicen los números- y con ella la impunidad en todos y cada uno de los casos”.
El fotoperiodista estaba en condiciones de exilio en la Ciudad de México, porque se sentía bajo amenaza en el estado de Veracruz. En una reciente entrevista con SinEmbargo, acusó directamente al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de haber convertido esa entidad en un camposanto.
Artículo 19 informó esta tarde que el fotoperiodista estaba desaparecido desde hacía 24 horas, por lo que se dio formal aviso a las autoridades para que pusieran en marcha los protocolos de localización.
De acuerdo con la organización, ni familiares ni amigos conocían el paradero del fotoperiodista, la única información que tenían es que se dirigía a su casa cuando desapareció.
Este sábado por la tarde, sus restos fueron identificados por sus familiares, entre los cinco cuerpos de las personas que fueron torturadas y asesinadas en la colonia Narvarte.
A su vez, la agencia fotográfica Cuartoscuro, en la cual trabajaba el Espinosa Becerril, lamentó lo sucedido a través de su cuenta de Twitter.
“No sólo lamentamos profundamente la muerte de nuestro colega y amigo Rubén Espinosa Becerril, compañero indispensable para la labor periodística de Cuartoscuro. Exigimos a las autoridades que su asesinato no sea uno más de los casos no resueltos de periodistas muertos en el país. Pedimos que el dolor de sus familiares y amigos sea sanado con justicia”, comunicó la agencia posteriormente.
Poco más de 50 personas se manifestaron ayer por la supuesta privatización de los servicios del Seguro Social, que se rumora a través de las redes sociales.
Alrededor de las 4 de la tarde la marcha arrancó del Arco de la Calzada a la Presidencia Municipal, entre consignas como “No a la privatización” y “Queremos nuestro servicio completo”, a pesar de que autoridades del IMSS han negado que la privatización vaya a ocurrir.
“Todos tenemos derecho a la salud y no se vale que nos lo quieran quitar, porque hay muchos de nosotros que no tenemos para solventar un gasto de ese tipo que quieren que las enfermedades nos maten”, dijeron María Gómez y César Suárez, participantes en la marcha.
Aseguraron que a través de las redes sociales se enteraron de que “les quieren quitar ayuda” y decidieron actuar antes de que esto pase.
María, una de las organizadoras de la marcha, dijo que gracias a que se corre la voz por medio de las redes sociales la gente se ha enterado de lo que pasa en el IMSS, y agregó que en unos días más harán otra convocatoria, hasta que les den una respuesta a todos los ciudadanos.
“No nos podemos quedar cruzados de manos, tenemos que hacer que el gobierno nos haga caso para proteger nuestra salud y la de toda nuestra familia”, dijo.
Maribel Peña, otra de las manifestantes, aseguró que lleva más de seis meses tratando de afiliarse al Seguro Social y no ha podio hacerlo “porque no hay presupuesto para el medicamento”.
“Nada más me traen vuelta y vuelta y no me resuelven nada, y ahora que me entere de esto pues ya sé por qué no quieren: porque no quieren cargar con los costos de mi medicamento”, aseguró.
María de Jesus Salazar comentó que la manifestación es a nivel nacional, para proteger la salud de todos los ciudadanos.
“Ya que el sindicato está negando toda la ayuda que se nos brinda no nos queda otra más que alzar la voz, porque no solo perjudican a una persona sino a todos nosotros”, dijo.
Aseguró que los trabajadores están enterados del abandono a la salud a causa de que no hay medicamento.
“Toda privatización afecta a la mayoría del pueblo, al que menos tiene es al que más le quitan porque ya ni derecho a la salud tenemos”, dijo.
Trabajará como siempre: delegado
Los derechohabientes pueden estar seguros de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se privatizará y seguirá brindando sus servicios como lo ha hecho durante toda su historia, aseguró el delegado en Guanajuato Sergio Santibáñez Vázquez.
“Quiero dar el mensaje de que tengan la tranquilidad de que el instituto seguirá trabajando como siempre”, dijo.
Ayer en diversas ciudades del país hubo manifestaciones contra las presuntas políticas privatizadoras del Gobierno Federal.
En ellas marcharon trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS, e integrantes de organizaciones civiles.
El delegado informó que en un día típico de las delegaciones del IMSS en Guanajuato se brindan más de 19 mil consultas y cerca de 280 intervenciones quirúrgicas, colocación de prótesis y trasplantes. Además surten más de 45 mil recetas y hacen más de 10 mil operaciones en las áreas de afiliación y cobranza.
“Es decir, el IMSS tiene un compromiso con Guanajuato y lo recalca día con día haciendo que los servicios sean de la mejor calidad posible”, dijo.
CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- En rastreos efectuados este viernes y sábado en el arroyo del Navajo en el Valle de Juárez, las autoridades localizaron 11 restos óseos, un pantalón de mezclilla y cuatro zapatos de mujer, de diferentes estilos, al buscar más restos del cuerpo de la joven Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009.
En los reconocimientos participaron más de cien personas entre peritos y agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, de la Fiscalía General del Estado, los padres de Esmeralda Castillo y la activista Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida el 14 de febrero 2001 y localizada muerta tiempo después.
El rastreo fue solicitado por los padres de Esmeralda, José Luis Castillo y Martha Rincón, debido a que en enero pasado la Fiscalía Zona Norte les informó que su hija había sido encontrada en el Valle de Juárez y les entregaron un hueso de un tobillo solamente.
Ellos no han querido aceptar el resto óseo porque desconfían de la Fiscalía, “se lo han ganado a pulso”, dice José Luis Castillo, padre de Esmeralda, “por eso pedimos el rastreo, para ver si encontramos más partes que puedan ser de mi hija”.
“Hoy (sábado) encontramos un resto nada más, lo encontró mi esposa y pues gracias a Dios que tenemos fe en Dios que nos ha sostenido para aguantar esto. Es impactante ir a buscar huesos de nuestras hijas, pero quieren entregarme un huesito que dicen que es de Esmeralda y no nos da la certeza de que sea ella, es un tobillo, mi hija puede estar viviendo sin un pie, pudieron haberle cortado su pierna, queremos evidencias, porque mientras no lo hagan, nuestra hija para nosotros está viva”, indicó Castillo.
Explicó que realizan esta búsqueda con fe y confianza en Dios, porque acudir a la sierra del Valle de Juárez a rastrear restos de niñas y jóvenes desaparecidas es “impresionante; salimos desde las 4 de la mañana de la casa”.
José Luis Castillo afirmó que cerca de donde localizaron el hueso que presuntamente es de Esmeralda -según les dijo uno de los peritos-, encontraron por lo menos cuatro restos más, a una distancia de 150 metros aproximadamente.
La demanda del matrimonio es que los peritos y demás personal especializada analicen rápido los huesos y les digan si alguno o algunos corresponden a su hija.
“Hasta ahora no tenemos algo más pesadito, una evidencia científica más, para tener la certeza de que sí sea”, señaló el padre de Esmeralda.
Norma Andrade dijo que el rastreo es necesario para solidarizarse con las familias que están pasando por lo que ella vivió y principalmente para ejercer presión para que las autoridades trabajen, para que localicen a las jóvenes y que hagan justicia para las que ya fueron encontradas muertas.
Los Castillo Rincón fueron apoyados por abogados y por la activista Teresa Ulloa, para gestionar el rastreo ante la PGR.
“Además de los restos encontramos un pantalón de mujer, ya todo destruido; cuatro zapatos diferentes. Es la sensación de impotencia, de coraje, de tristeza”, expresó Andrade.
Luego de la experiencia del rastreo y de otros que han efectuado anteriormente, la activista opinó que deben llevar militares a realizar la búsqueda: “son los que realmente están preparados para ese tipo de terrenos, es un terreno muy difícil para acceder y no estamos preparados. Para empezar, ellos (agentes y peritos) no llevaban varillas, normalmente siempre habíamos llevado varillas, hoy algunos improvisaron con troncos para usarlos como varilla e ir buscando. Creo que aún falta, los soldados sí lo deben saber porque nosotros peinamos zonas planas, de arena, cerca del río, atrás de arenales, eso las mamás ya lo habíamos hecho”.
Los padres de Esmeralda se han dedicado a buscar a su hija y últimamente han emprendido campañas de prevención en escuelas, centros comunitarios y otros espacios, con el fin de concientizar a las jóvenes y familias sobre el cuidado que deben tener para evitar más desapariciones.
Asimismo, han cubierto bardas de diferentes colonias de Ciudad Juárez con los rostros de las jóvenes desaparecidas y/o asesinadas en esa frontera, mientras que los Castillo Rincón sobreviven con la venta de hamburguesas durante los fines de semana.
Miembros del Movimiento Nacional contra la Reforma al Sector Salud, Capitulo Comarca Lagunera, constituido por trabajadores del sector salud (IMSS, ISSSTE y SSA), realizaron una marcha la tarde de hoy por calles de Torreón con el fin de mostrara su rechazo a dichas reformas.
El contingente estuvo encabezado por trabajadores activos, jubilados y pensionados, de las diferentes clínicas y hospitales, ejerciendo su derecho a la libre manifestación, y en defensa del derecho a la Salud de todos los mexicanos, plasmado en el artículo cuarto de la Constitución,
La partió en punto de las 17:00 horas de la Plaza de Armas ubicada en Morelos y Cepeda, tomó la avenida Juárez hacia el oriente hasta la calle Ramón Corona y llegó a la Plaza Mayor en donde se realizó un mitín donde participaron varios oradores quienes emitieron su sentir respecto a las reformas al Sector Salud, la Universalización de la Salud, y las evidencias existentes en relación con la privatización acelerada en el sector salud que pretende imponer el Gobierno Federal.
La movilización fue apoyada por diversas organizaciones civiles, entre ellas, el Movimiento Magisterial y Popular de la Laguna-CNTE, MORENA, Laguneros por la Paz, El Movimiento Magisterial de Coahuila, Magisterio Unido de la Región Lagunera, entre otras.
La marcha y el mitín tuvo como fin el informar al pueblo en general, de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, rumbo a la privatización acelerada del Sector Salud, con la complacencia y complicidad de las dirigencias sindicales a nivel nacional, estatal y local, la posición de las autoridades de las Instituciones de Salud, de negar los hechos evidentes, al tiempo que se avanza en la privatización de la Salud.
Trabajadores del sector salud se movilizaron esta tarde en la Ciudad de México y al menos 13 ciudades del país en contra de la iniciativa del Sistema Universal de Salud que promueve el Presidente Enrique Peña Nieto, el cual acusaron, es un intento de privatización del Sector.
Esta noche, la Secretaría de Salud (SSA), así como los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sostuvieron “con toda claridad” que no se privatizarán los servicios que se prestan en estas instituciones.
“Por el contrario el compromiso es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud en beneficio de todos los mexicanos”, aseguró en un comunicado la SSA .
Desde las 11:00 horas de este viernes, trabajadores activos, jubilados y pensionados, así como integrantes de otras organizaciones que se han sumado, se apostaron frente a las oficinas centrales del IMSS ubicadas en Paseo de la Reforma.
Alrededor de las 18:00 horas, la manifestación en este punto abarcó los dos carriles de Reforma.
En la ciudad de Veracruz y Xalapa médicos, enfermeras, demás trabajadores de la salud y ciudadanos se manifestaron en las calles en contra de la creación de un sistema de salud universal.
En Xalapa la marcha concluyó en frente del Palacio de Gobierno del estado donde los manifestantes lanzaron arengas en contra de las reformas al IMSS y del ISSSTE.
Mientras que en Morelia, capital michoacana, manifestantes se congregaron frente a la sede del Congreso local, donde exigieron a los legisladores no permitir la privatización del sector salud.
A su vez, personal del IMSS marchó sobre la Avenida Vallarta, rumbo a Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, lo que provocó el cierre de algunas vialidades.
En la capital de San Luis Potosí, los manifestantes realizaron un plantón frente al la sede local del IMSS, donde exigieron mejoras en hospitales, suministro de medicamentos y también se manifestaron en contra de las reformas en este sector.
En Nuevo León, Monterrey, jubilados, pensionados y derechohabientes del IMSS se manifestaron a las afueras del Hospital de Zona Número 6, por la iniciativa de ley. A la marcha se le unió la Asamblea Juarense de Enfermería, quien se mantienen en contra de la reforma.
En Cuernavaca, Morelos, contingentes recorrieron la Av. Plan de Ayala en dirección a las oficinas del IMSS locales.
La manifestación de derechohabientes y trabajadores públicos de la salud en Querétaro, Querétaro, se unió a otra en contra de la alza la transporte, en ella participaron cerca de mil personas.
En el Parque San Francisco de Campeche, Campeche, lo que estaba programado como manifestación se convirtió en un mitin, ante la poca asistencia de inconformes, supuestamente producto de amenazas a los potenciales participantes.
Esta misma tarde se realizó otra manifestación frente Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Cerca de 20 personas se reunieron en la delegación del IMSS de Zacatecas ya que temen que el Gobierno les quite su empleo y privatice los servicios del instituto con la promovida reforma de salud, además de quitar medicamentos del cuadro básico. A esta manifestación se le unió el Movimiento magisterial de Zacatecas, quienes colocaron mantas.
En Reynosa, Tamaulipas, derechohabientes y trabajadores del IMSS protestaron en la explanada de Hospital de zona número 15, donde se manifestaron en contra de que los servicios del sector salud públicos sean asignados a privados.
Mientras que en Torreón, Coahuila, trabajadores de este sector y apoyados con maestros marcharon y realizaron en a la Plaza Mayor, donde dijeron que poco a poco se ha ido desmantelando el sistema y ha sido entregado a particulares.
LA EXIGENCIA
La llamada “Jornada de lucha por la salud y la seguridad social”, exige que el salario de los trabajadores ya no sea depositado en Afores sino en un régimen solidario que no sea privado, el aumento en el presupuesto del IMSS, transparencia en las cuentas del instituto como en el sindicado, así como destitución del secretario General del SNTSS, Manuel Vallejo Barragán, a quien acusan de un comité de desmantelamiento del Contrato Colectivo de trabajo.
Los trabajadores recalcaron que el hecho de que las protestas sean también en contra del sindicato, no significa que estén en contra de su contrato colectivo, sino de líderes a quienes consideran “vendidos al PRI”, como Manuel Vallejo.
Rafael Soto Cruz, enfermero trascendido del Hospital del Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dijo que “estamos aquí manifestándonos en contra del nuevo intento que tiene el Gobierno federal por pasar la reforma al Artículo 4º Constitucional y llevar adelante la universalización de la salud en el siguiente periodo legislativo que empieza en septiembre próximo”.
Comentó que el “Sindicato Charro”, encabezado por el secretario Manuel Vallejo Barragán no se ha preocupado por las verdaderas demandas de los trabajadores y pensionados del Instituto y agregó el titular de ese organismo “está cobijado por una diputación plurinominal por el PRI” , por lo que temen que las condiciones de los trabajadores continúen “igual o peor que ahora”, comentó.
Expresó que el paquete que se propone con la universalización de la salud no es suficiente ya que “nos está ofreciendo un paquete muy pobre que no cubre las verdaderas necesidades de los derechohabientes”.
Soto Cruz acusó también que a los trabajadores les subrogan recursos para atender a los pacientes como “ambulancias, recursos de laboratorios, hemodiálisis”, además de haber enfrentado despidos injustificados.
Dijo que su intención era realizar un mitin frente al IMSS, posteriormente dirigirse a la Secretaría de Salud, para exigir a la titular Mercedes Juan, una respuesta clara ante la propuesta de universalización y agregó que “después nos iremos de manera individual al Monumento a la Revolución donde nos reuniremos con otros contingentes.
Los voceros denunciaron algunas acciones ilegales en las que ha caído el Instituto, como robo de pensiones, trabajadores fantasma que están incluidos en la nómina, contrataciones a familiares de algunos directivos, y compra de medicamentos baratos y de baja calidad para atender enfermedades como diabetes.
En conferencia de prensa el día de ayer, trabajadores informaron que la mega movilización rechaza la iniciativa de reforma al sistema de salud promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto. Además exhortaron a diferentes dependencias del Gobierno para hacer caso a sus denuncias:
“Exhortamos también a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a la Procuraduría General de la República (PGR), y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a que realicen las funciones para las cuales fueron creadas y defiendan al trabajador, ya que en los últimos años han hecho caso omiso de las acciones que las y los trabajadores hemos hecho denunciando las graves irregularidades en las que incurren los funcionarios de la cúpula del IMSS y un puñado de seudo líderes que han secuestrado al sindicato”, exigieron los trabajadores.
Bajo el hashtag #EnDefensaDelIMSS en redes sociales los trabajadores llamaron a marchas en varios estados de la república en diferentes horarios del día. Chihuahua, San Luís Potosí, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Baja California, Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Monterrey, Veracruz, Chiapas, Puebla, Quinta Roo y en la Ciudad de México son algunas de las entidades que participarán durante la jornada. En total se espera que sean estos 14 estados y 18 ciudades las tengan movilizaciones el día de hoy.
Aguascalientes, Ags.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suspendió la mina Santa Francisca localizada en Asientos, luego del derrumbe que el pasado 26 de julio, con un saldo de un trabajador muerto y dos heridos de gravedad -ambos originarios de Zacatecas-, por no contar con las medidas mínimas de seguridad, tales como salidas de emergencia.
Al respecto, el delegado de la STPS en Aguascalientes, Gregorio Macías Moreno, informó que la obra se reanudará hasta que el grupo Frisco subsane las observaciones realizadas por la Secretaría, Protección Civil y el Ministerio Público, quienes también se encuentran investigando el caso con el objeto de deslindar responsabilidades.
“Fueron derrumbes por tanta lluvia de una nueva zona que se encontraba en excavación. Los mineros fueron contratados de Zacatecas para ir apuntalando y encementando el área que estaba perforándose. La humedad provocó que la obra se viniera abajo. Nosotros dimos la indicación de que se pararan los trabajos indefinidamente hasta que no se acaten las recomendaciones”, detalló el funcionario federal.
“Al parecer la situación que se presentó fue por que en lugar de empezar a trabajar del principio hacia adentro, quisieron hacerlo del fondo hacia atrás, donde estaba muy húmedo”.
Aclaró que las primeras versiones apuntaban a que el incidente había causado la muerte de dos mineros, sin embargo se sabe que en realidad hubo solamente una defunción y dos heridos quienes fueron trasladados a recibir atención médica y actualmente se reportan estables.
Únicamente se suspendió en forma provisional el lugar en que se registró el derrumbe, así como un diámetro de cien metros, sin embargo el resto de la mina seguirá operando. Sin embargo, no se descarta que a nivel central se imponga una clausura definitiva hasta que demuestren contar con todos los elementos de seguridad, detalló Macías Moreno.
Agregó que Frisco tendrá que responder por la tragedia una vez concluidas las investigaciones, sin embargo será la empresa subcontratada para realizar estos trabajos la que absorberá los gastos médicos y funerarios de las víctimas.
Concluyó que la Secretaría intensificará la revisión en el resto de las minas del estado pues este derrumbe activó focos rojos. Comentó que por lo pronto, todas se encuentran en regla.
“Acabábamos de tener inspecciones justo en esta mina y pasaron todo, estaba perfectamente bien hechos las normativas que nosotros requerimos”, sostuvo.
Maestros de la región Tula-Tepeji rechazan totalmente la evaluación del gobierno, ya que aseguran que esto más que beneficiarles les afecta en todos los sentidos.
Encabezados por una comisión de profesores de Michoacán, los maestros de la región Tula-Tepeji, realizaron el pasado martes por la mañana un mitin informativo en el centro de Tlaxcoapan donde puntualizaron que la evaluación es punitiva ya que está amañada en cuanto a la selección de quienes deben presentarla, pues en muchos de los casos los toman a manera para después informarles que al no pasarlo se encuentran despedidos, considerando los maestros que es algo injustificado. Dijeron que lo terrible de todo es que creen que en la selección para los exámenes no del todo proviene del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sino del Sindicato que no desaprovecha la oportunidad para hacer despidos.
Ante estas anomalías y la reforma constitucional en materia educativa, los maestros aseguraron que continuaran en la oposición e invitaron a los casi 100 maestros presentes a que cierren filas y que se divulgue que nunca existió tal contrato colectivo, pues solo fue un acto de buena fe.
Asimismo agregaron que las marchas como protesta continuaran y se realizaran los fines de semana para no afectar al alumnado, pues ante todo respetaran el compromiso que tienen en las aulas, otro de los recursos al cual recurrirán es pedir el apoyo en el Congreso local para que haga la petición al Congreso federal de parar todo.
Así también se invitó a que todos aquellos que se dicen maestros coloquen en sus domicilios una leyenda que diga “no a la reforma educativa”, que se perifoneé y que ante todo, se mantengan unidos, ya que solo de esta forma podrán obtener un beneficio común.
Es de mencionar que con anterioridad el gobierno federal ha hecho de manifiesto que la evaluación educativa no es punitiva, porque no habrá sanción alguna, más que el retiro de grupo, de maestros que no tengan resultados favorables en tres oportunidades.
La Jornada Zacatecas
Raquel Ollaquindia
31-07-2015
Los elevados niveles de pobreza que tiene el municipio de Mazapil contrastan con la riqueza que guarda su subsuelo y la cual ha sido extraída por las grandes empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras.
Este territorio alberga, entre otras, la mina a cielo abierto más grande de México; un tajo que se encuentra a tan sólo 14 kilómetros de la cabecera municipal, donde este miércoles tuvo lugar el trágico accidente que se cobró la vida de al menos 27 personas. Se trata de Peñasquito, operada por la compañía canadiense Gold Corp, y considerada también la mina de oro más grande del país.
Esta explotación ha sido foco de descontento social. Los habitantes de varias comunidades, como Cedros y Cerro Gordo, han llegado incluso a bloquear los caminos que conducen a las instalaciones para denunciar el incumplimiento de acuerdos a los que se habían llegado empresarios y ejidatarios para trabajar esas tierras.
La lucha por la preservación de las tierras en este espacio no es privativa entre las comunidades mencionadas y la canadiense Peñasquito. Otro de los conflictos más añejos del municipio es el que se vive en el pueblo de Salaverna.
Ahí, Roberto de la Rosa Dávila encabeza como delegado de la comunidad un movimiento en contra del desalojo forzado de sus viviendas por parte de la mina Tayahua, operada por Grupo Frisco que pertenece al multimillonario mexicano Carlos Slim.
Junto con una veintena de familias, lleva años haciendo frente a la compañía extractiva que opera una mina subterránea que está prácticamente debajo de sus hogares. Rechazaron trasladarse a una colonia residencial construida por la empresa a unos 5 kilómetros de Salaverna.
Los afectados saben que por las continuas explosiones sus casas se han debilitado tanto que corren riesgo al quedarse, por lo que ya no se oponen a una reubicación.
Lo que piden, tal y como ha expresado De la Rosa Dávila en reiteradas ocasiones, es que el cambio les convenga y, para ello, debe realizarse a un espacio similar al que ahora poseen para que puedan continuar viviendo de las actividades agropecuarias. Estas características, como han reconocido quienes sí aceptaron la propuesta de la empresa, no las tienen las casas ofrecidas por la empresa.
Mazapil, tierra minera por excelencia, encabeza el desarrollo de una industria que tiene a su disposición legalmente 40 por ciento del total del territorio zacatecano, es decir, según datos oficiales de la Secretaría de Economía (SE), casi la mitad del estado está concesionada a empresas extractivas que ya están explotando sus minas o se encuentran en las fases de prospección o exploración.
En el mes de abril, que es la fecha del último reporte del Inegi sobre la industria minerometalúrgica Zacatecas encabezó la producción nacional de oro, plata, plomo y zinc, mientras que se ubicó en segunda posición en la extracción de cobre.
Cuatro militares del 97 Batallón de Infantería de la onceava zona militar de Guadalupe, Zacatecas están siendo investigados por desaparición forzada y homicidio calificado contra siete personas por una ejecución ocurrida el pasado 7 de julio en el municipio de Calera del estado.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal existen pruebas sobre su posible responsabilidad por la desaparición de los civiles y su juicio es independiente al que se le pueda hacer por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar.
Un juez de distrito especializado fue el encargado de dictar auto de vinculación a proceso a Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, elementos de la onceava zona militar de Guadalupe, Zacatecas.
Las versiones de familiares indican que los siete civiles fueron sacados de forma violenta durante un operativo en su casa el pasado martes 7 de julio en Calera, Zacatecas y sus restos fueron encontrados el 18 del mismo mes.
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, activos, jubilados, pensionados y maestros disidentes de la CNTE e integrantes del Frente Magisterial marcharon unidos en contra de una posible reforma constitucional, que implique la privatización de los servicios que otorga el IMSS.
“Es un hecho la privatización, ya está en todo el país, pero con diferente nombre le llaman subrogación o también le llaman Asociación Política Privada….Visiten cualquier clínica y hospital faltan medicamentos, faltan médicos, faltan enfermeras que la gente tenga un rechazo para un institución que debemos querer mucho y respetar.”ALBERTO REYES / MAESTRO UDG Y DOCTOR IMSS
“La exigencia de que no privaticen nada de lo que ya tenemos logrado los mexicanos esto es en general no estoy hablando de ninguna corporación ni nada.”TRABAJADOR IMSS
“Hoy los maestros hemos entendido que tenemos que dar la lucha juntos con el pueblo en contra de las reformas estructurales.”JUAN CARLOS INTEGRANTE FRENTE MAGISTERIAL DE JALISCO
Los inconformes caminaron de la Glorieta Minerva a Plaza Liberación sobre Avenida Vallarta, gritando consignas en contra del Gobierno Federal.
“Va caer, va caer, Peña Nieto va caer.”
Durante la marcha los trabajadores también exigieron más presupuesto para evitar el desabasto de medicamentos y la carencia de personal que aseguran se registran en varios hospitales del Seguro Social, y se dijeron en contra de su sindicato.
“Es lo que tenemos es del pueblo no tienen porque quitarnos algo que es de la nación….. Entonces ya es un hecho de que se va hacer, el sindicato no nos está apoyando porque no les conviene también a ellos.” ASISTENTE MÉDICA
“En todo nos han afectado nuestro gobierno federal ha querido implementar nuevos paquetes donde los únicos afectados somos nosotros como trabajadores” ROLANDO HERNÁNDEZ / JUBILADO IMSS
De acuerdo con estimaciones de policías estatales, a la marcha asistieron más de 3 mil 500 personas.
La estrategia jurídica pretende cancelar la evaluación a docentes
Se convocarán a más de 400 maestros en la Glorieta de la Minerva
Profesores realizan la segunda entrega de amparos en contra de la Reforma Educativa en Ciudad Judicial
GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2015).- Profesores pertenecientes al Frente Magisterial de Jalisco y a la Red Izaki realizaron la segunda entrega de amparos en contra de la Reforma Educativa en Ciudad Judicial.
Desde las 10 de la mañana, cerca de 200 maestros provenientes de las regiones de Costa Norte, Costa Sur, Sierra de Amula Altos Norte, Altos Sur Región Valles y Ciénaga presentaron amparos colectivos e individuales, que en conjunto sumarán entre siete y ocho mil recursos legales entregadas a los juzgados federales.Dicha estrategia jurídica pretenden dejar sin efecto las evaluaciones que realizará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a más de siete mil profesores en Jalisco.
El representante legal de los docentes, Héctor Alcalá aseguró que los procesos evaluativos se realizan a destiempo, ya que la ley indica que los exámenes deberán de ser aplicados en el siguiente ciclo escolar.
“Creemos que se adelantó la evaluación y la ley dice otra cosa. Dice que debe empezar la evaluación del desempeño desde septiembre a diciembre y de febrero a mayo”
Los representantes del movimiento magisterial en Jalisco, aseguraron que la incertidumbre persiste entre los maestros; ya que las autoridades, tanto de la Secretaría de Educación como de el Congreso del Estado se han negado a apoyarlos y a brindarles información.
Carlos Ramos González, representante de Red Izaki manifestó que los docentes han sufrido estrés y enfermedades, ante el miedo de perder su trabajo.
“Esta situación es reprobable, los profesores se están enfermando. Es una presión muy fuerte porque nos están pidiendo muchos documentos y además nos van a evaluar con la finalidad de despedirnos”.
Por la tarde, se espera convocar a más de 400 maestros para partir en 10 camiones hacia la Glorieta Minerva. Punto de donde arrancará la marcha contra la privatización a los servicios de salud, en solidaridad a los trabajadores del IMSS y del ISSTE.
Mientras llegaba la hora, algunos docentes participaron en un mitin y otros, tomaron las áreas verdes frente a Ciudad Judicial para dormir y desayunar.
El funcionario estatal, aseveró que ellos únicamente hacen revisiones a las empresas por alguna denuncia que reciban de que los gases o desechos de la empresa estén provocando enfermedades.
Las inspecciones a las empresas se hacen por alguna denuncia, respecto a los gases o desechos que se expulsan del lugar
Los expedientes de las revisiones que ha realizado la Dirección de Fomento y Regulación Sanitaria del estado de Querétaro, a la empresa Agrogen, son reservadas por cuestiones legales, refirió el director de esa dependencia estatal, Alejandro Tenorio Barrientos. Aseveró que solo por órdenes judiciales podrían proporcionar el expediente. Además esa dependencia no ha recibido quejas o denuncias contra esa empresa por daños a la salud de personas.
“No, porque es información reservada de acuerdo a situaciones jurídicas. Entonces, nosotros, respecto a los expedientes de las empresas, no los podemos prestar, salvo por orden judicial. (…) Si el Ministerio Público nos solicita un expediente en específico, sí se lo tenemos que dar porque es una autoridad”, subrayó.
El funcionario estatal, aseveró que ellos únicamente hacen revisiones a las empresas por alguna denuncia que reciban de que los gases o desechos de la empresa estén provocando enfermedades. Por ello están en la disposición de recibir las denuncias para ir a verificar más empresas.
“Si nos presentan una denuncia por ejemplo, lo que hacemos es investigar, lo hacemos mediante dos vías; y la parte epidemiológica tiene que buscar que la afección que están teniendo porque no necesariamente puede ser una empresa; puede ser multifactorial alguna enfermad que llegaran a tener”, recalcó.
El periódico AM de Querétaro ha dado seguimiento a las quejas que presentaron vecinos de los fraccionamientos Sonterra y Viñedos por daños a la salud que ha tenido debido a la instalación de la empresa Agrogen.
Alejandro Tenorio destacó que, si llegan a detectar alguna falta grave como la que la empresa sea la causante de las enfermedades de vecinos de la zona, se procede a la suspensión inmediata, sin embargo, si se detectan faltas no tan graves, se le brinda un periodo para que puedan subsanar.
“Sí pueden presentar una denuncia y nosotros estamos obligados a realizar una denuncia a la empresa. Si ellos se quejan directamente de la empresa, sí necesitaríamos hacer una visita a la empresa para revisar qué es lo que está sucediendo, y en la materia que nosotros nos compete, emitir recomendaciones”, afirmó.
Así mismo, refirió que los estudios ambientales para las industrias que trabajen con sustancias contaminantes, los debe hacer la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la institución que él preside; solo revisa que las industrias cuenten la documentación sobre las revisiones que realiza Semanart.
La Secretaría de Salud revisa algunos aspectos en las empresas e industrias como que el comedor esté en condiciones óptimas, al igual que los servicios sanitarios y estudios de agua, ya que se tiene que verificar qué debe ser para uso humano. En algunas empresas, revisan que el médico con el cuentan tenga su cédula y título profesional. En las industrias revisan la salud de los empleados, esto en cuanto al uso de equipo de protección, que tengan normas de seguridad adecuadas para realizar el trabajo.
“Cuando vamos a las industrias, revisamos que, en los patios de maniobras, no tengan encharcamientos o llantas donde se puede acumular el agua; esto es principalmente para evitar que se puedan crear criaderos de mosquitos”, recalcó.
Cerca de cien personas entre derechohabientes, doctores jubilados y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevaron a cabo el día de hoy una manifestación pacífica, que inició en las inmediaciones del jardín de Tequisquiapan, en contra de las reformas a la ley de salud ya que, sostuvieron, “buscan privatizar los servicios de salud y esto le quitará el servicio de salud a millones de personas”.
Carmen Galarza, una de las derechohabientes rechazó dichas modificaciones en materia de salud “aunque la Secretaría de Salud afirme que no se harán estas adecuaciones pero tampoco las niega por lo que se vuelve un completo riesgo a la integridad de la gente” consideró.
“Fuimos a la Secretaría de Salud y nos comentaron que por el momento no se aplicará ningún cobro a los servicios de salud aunque la razón de que no se apliquen es porque no se ha aprobado por el congreso ya que todavía pertenece a una iniciativa presentada para reformar la ley de Salud, por lo que si se aprueba nos terminaría de matar a los que ya contamos con enfermedades crónicas”, puntualizó.
Durante la manifestación hicieron mención de que el sindicato de los trabajadores del sector salud amedrentó a los trabajadores activos de las instituciones de salud con el único objetivo de impedir que asistieran a la marcha amenazándolos con no dejarlos trabajar.
Por otra parte, Graciela Hernández Rodríguez, otra de las asistentes denunció el poco profesionalismo y ética por parte de las autoridades al querer privatizar los servicios médicos como lo son Intituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE ya que le quitarían al pueblo uno de los derechos básicos con los que cuenta como lo es la atención médica.
“No puede ser que hasta el oxigeno nos quieran cobrar, la mayoría de nosotros trabajo y durante nuestra estancia estuvimos afiliados al IMSS o ISSTE y en todo ese tiempo le pagamos a dichas instituciones para que no se nos cobrará casi nada en los servicios que ocuparamos y ahora como ya se acabaron nuestro dinero, ahora si quieren privatizar todos los servicios y que se mueran los pobres porque a ellos lo único que les importa es tener dinero pues la gente que muera, no es justo que nos hagan esto, lucharemos hasta donde podamos”, finalizó.
La marcha que dio inicio en el jardín de Tequisquiapan terminó en la delegación del IMSS ubicada en la calle Cuauhtémoc.
Cuatro periodistas han sido asesinados en la entidad, sin que haya sentenciados por los hechos; a esto se suman los casos de agresiones y amenazas
Las agresiones a periodistas en el Estado de México son cada vez más frecuentes y provienen de distintos frentes.
Los ataques de funcionarios públicos, policías, organizaciones ligadas a partidos, y la delincuencia han dejado un saldo de cuatro reporteros asesinados, dos de ellos junto con sus hijos, en las últimas dos décadas.
Existen pocos datos oficiales sobre las agresiones a comunicadores. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) tiene registradas durante 2014 nueve quejas por agresiones a periodistas, en lo que va de 2015 hay seis denuncias de violaciones menores en las que están involucrados funcionarios públicos, principalmente.
De acuerdo con el informe Estado de Censura, de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, en el país se documentaron 326 ataques contra periodistas y medios de información en 2014. Del total de las agresiones registradas, 48% son responsabilidad de funcionarios, siendo así los principales atacantes
El primer periodista asesinado en el Estado de México, de acuerdo a testimonios, fue Juvencio Arenas Gálvez, reportero de Cuestión. El 7 de octubre de 1991 fue acuchillado al interior de su auto y cubierto con una copia del periódico para el cual trabajaba en el municipio de los Reyes, La Paz.
La Procuraduría General de Justicia en el Estado de México (PGJEM) no dio a conocer públicamente la indagatoria ni se dieron resultados concluyentes.
En febrero de 2008, los reporteros Bonifacio Cruz Santiago y su hijo, Alfonso Cruz, director y editor del diario local El Real, fueron acribillados cuando se encontraban afuera de las oficinas del entonces síndico de Chimalhuacán, Raymundo Olivares Díaz. Los asesinos confundieron a Bonifacio con el síndico.
De este doble asesinato, la PGJEM no ha dado ningún resultado, a pesar de que ya pasaron siete años de que se inició la investigación.
La muerte más reciente de un comunicador fue la de Ángel Castillo Corona y su hijo de 16 años en julio de 2011. Ambos fueron asesinados por unos supuestos delincuentes que les querían robar el auto mientras circulaban por la carretera México-Santiago Tianguistenco-Chalma.
Pese a los asesinatos y ataques, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (CODHEM) informó en un comunicado en 2012 que “en torno a agresiones a periodistas, el Estado de México no enfrenta los niveles o características que se registran en otras zonas”, según Víctor Delgado Pérez, director de Programas Especiales.
La comisión dijo entonces que el número de quejas del gremio era escaso, y que muchas veces no son contra la obstrucción o violación al derecho de la libertad de expresión, sino por no permitir la distribución de revistas y periódicos.
Un reportero desplazado y de luto
La violencia contra los reporteros llevó a Indalecio Benítez, director de una radio comunitaria en el municipio de Luvianos, a perder un hijo y dejarlo todo para huir de su hogar.
Indalecio Benítez, fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM, regresaba con su familia a su casa, cuando hombres armados que lo esperaban dispararon contra su vehículo, matando a su hijo de 12 años.
La organización Reporteros Sin Fronteras que le buscó un refugio para que no fuera localizado por la organización criminal que trabaja en la zona.
De 2007 a 2014, 33 comunicadores han huido de sus hogares abandonando todo tras recibir amenazas o ser atacados por su labor informativa, según el informe Estado de Censura de Artículo 19.
El mismo informe señala que Indalecio y su familia viven en condiciones precarias, pues apenas subsisten con el apoyo de organizaciones civiles.
La insólita reacción de los cancunenses ante la destrucción de manglares en el llamado Malecón Tajamar es algo que amerita atención especial. No es frecuente que, ante un caso de afectación al medio ambiente, la comunidad se movilice tan rápida, decidida y enérgicamente como en esta ocasión: en sólo 48 horas se reunieron cuatro mil firmas en respaldo de la denuncia ciudadana para lograr que se detuvieran los trabajos, y grupos de mujeres de muy diversos estratos sociales y ocupaciones optaron por lo que podría llamarse acción directa, formando barreras humanas para detener la actividad de las máquinas que barrían la vegetación, sepultaban vivos a los animales que ahí habitan, y rellenaban el humedal.
Y hay que subrayar que esta amplia y casi instantánea respuesta ciudadana ocurrió pese a que la gran mayoría de los medios de comunicación, controlados por el gobierno estatal, intentaron minimizar o tergiversar el asunto, desorientar a la opinión pública, o francamente tendieron un manto de silencio sobre él.
Lo que esto indica, es que los habitantes de Cancún han llegado a un punto de hartazgo ante la sistemática destrucción de sus recursos naturales y el consiguiente deterioro de su calidad de vida. A lo largo de décadas han visto casi impotentes cómo se destruyen la selva, las playas, las dunas costeras y los humedales, con la tolerancia, indiferencia o franca complicidad de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y cómo lo que pudo haber sido una ciudad modelo por sus áreas verdes terminó convertido en una gran plancha de asfalto y concreto. Pero, como decimos, al parecer ya no están dispuestos a permitir que tal cosa siga ocurriendo.
Esta actitud de los cancunenses, preocupados por la protección y conservación del medio ambiente, contrasta sin embargo con la de las autoridades, incluso de aquellas cuya función es precisamente la salvaguarda de los recursos naturales. Así, el secretario de Ecología del gobierno estatal, Carlos Rafael Muñoz Berzunza, declaró desdeñosa y agresivamente, en respuesta a la demanda ciudadana: “El desarrollo no se va a detener… Tajamar ya estaba pensado para desarrollarse. Que se vayan a respirar a Sian Ka’an. Nosotros respiramos en Cancún”.
Es la típica actitud de un funcionario prepotente a quien tiene sin cuidado lo que piensen u opinen los ciudadanos, a los cuales considera una especie de seres inferiores que no merecen, ya no digamos una explicación, sino tan siquiera que se les hable con un mínimo de cortesía, urbanidad y buena educación.
Y esto nos lleva a un muy importante aspecto de la cuestión: la legalidad de la devastación del manglar. Lo que Berzunza, Fonatur y diversos funcionarios aducen, es que los permisos para desmontar y rellenar los terrenos del Malecón Tajamar fueron expedidos en 2005, antes de que se dictaran las normas y leyes de protección al manglar ahora vigentes, y que por tanto éstas no pueden aplicarse retroactivamente. Sin embargo, como se ha descubierto, dichas autorizaciones estaban sujetas a ciertas condicionantes que no se cumplieron. Por lo tanto, han quedado anuladas.
No sólo eso. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Cemda, pudo comprobar que la información entregada a la Semarnat por Fonatur para obtener los permisos era fraudulenta por cuanto omitió señalar que casi dos tercios del terreno estaban cubiertos por diversos tipos de manglar, y que en aquel entonces el mangle se hallaba oficialmente en la categoría de especie sujeta a protección oficial. Esta es otra razón válida para que los permisos sean cancelados.
Y todavía hay más: la indagación de Cemda puso de manifiesto que la Semarnat otorgó los permisos para urbanizar esos terrenos de humedal pese a que el propio gobierno de Quintana Roo, entonces encabezado por el ahora senador Félix González Canto, quien no se caracteriza precisamente por defender los manglares sino todo lo contrario, emitió una opinión contraria y recomendó que el proyecto no se autorizara.
Finalmente, hay un punto que no está muy claro: cómo pudo Fonatur haber vendido esos terrenos que, por ser una zona de humedales al borde de una laguna costera, probablemente estaban considerados como parte de la zona federal marítimo-terrestre.
En suma: hay suficientes anomalías, incumplimientos, irregularidades y omisiones en el caso como para que sean anulados los permisos de desmonte y relleno de esos manglares y se detengan en definitiva los trabajos ya iniciados. Lo hecho, o sea la apertura de avenidas y la construcción del paseo a lo largo de la laguna Nichupté, hecho está. Pero esa infraestructura puede y debe ser aprovechada para que el Malecón Tajamar sirva al esparcimiento y recreación de los cancunenses, con su flora y su fauna originales, como un área verde de las que la ciudad es tan escasa.
CANCÚN, MX.- La devastación del mangle en Malecón Tajamar va contra reloj y tiene razones de muchos dólares. Ocho proyectos han sido ingresados a la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, debido a que el próximo 25 de agosto vence la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental, MIA, que hace diez años promovió y logró el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur.
Los permisos son oficiales y permiten destruir el manglar, ya que fueron tramitados en el año 2005, dos años antes de que entrase en vigor en México la Ley General de Vida Silvestre, la cual considera –desde el 2007– que bajo ninguna circunstancia se puede alterar un manglar, debido al modo sustentable de proyectos.
Ante esto, las empresas desarrolladoras están en contra del tiempo, ya que a punto de concluir el vencimiento de los permisos federales, que datan desde hace 10 años, y requieren forzosamente construir los cimientos de dos torres residenciales, una clínica médica y un centro comercial para mantener la vigencia de construirlos
Los diarios POR ESTO! pudieron averiguar que se trata del relleno de 31 de las 69 hectáreas que existen todavía sin desarrollar directamente, debido a que son proyectos que iniciarían en breve.
En números netos, son ocho proyectos de 30 contemplados en Malecón Tajamar, revelaron fuentes oficiales del Fonatur, que ya presentaron sus informes preliminares a la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del gobierno municipal. Lo anterior se debe a que el próximo 25 de agosto expira parte del trámite hecho por el Fonatur, para construir en esa zona.
Con el fin de vender todos los terrenos, Fonatur logró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, liberase la Manifestación de Impacto Ambiental, MIA, con vigencia de diez años.
Dicha vigencia vence precisamente en agosto de este año. Por esa razón es que se ha comenzado a destruir el manglar para darle paso a los ocho proyectos pendientes, donde, de acuerdo con información oficial de la Asociación Mexicana de Profesionistas e Inmobiliarios, AMPI, destacan dos torres de 14 pisos que serán un conjunto residencial; un centro comercial considerado modelo “de luxe”, así como oficinas comerciales y un proyecto médico, debido a que los usos de suelo son mixtos.
La devastación de Malecón Tajamar
Desde hace siete días, los tractores y maquinaria pesada destruyen los manglares de la zona. Al momento se han registrado siete denuncias ciudadanas en torno a este hecho, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente del estado, Sema.
De hecho, personal de la dependencia estatal fue la única que al momento se ha presentado en la zona de devastación. A cargo del inspector Aziel Guzmán, un grupo de cuatro inspectores levantaron un informe sobre lo que sucede.
“Venimos a raíz de una denuncia ciudadana, levantaremos el informe y daremos el aviso correspondiente a la autoridad pertinente”, indicó el inspector entrevistado en el lugar.
En dicho desarrollo se proyectan 25 proyectos inmobiliarios que tiene como finalidad revivir el centro de la ciudad, ya que se espera la afluencia de 4.4 millones de personas; sin embargo, hasta ahora sólo cuatro proyectos cuentan con los documentos que les permiten construir.
Según los grupos ambientalistas en Cancún, la devastación de Malecón Tajamar transgrede el Artículo 189 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El artículo describe la depredación de plantas de mangle y con la afectación de ello otras especies animales: Además del Sistema Arrecifal Mesoamericano, que es patrimonio de la humanidad. Todo esto viola el Artículo 60TER de la Ley General de Vida Silvestre, además de lo dispuesto por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Enclavado en pleno centro de la ciudad de Cancún en la región comercial de mayor plusvalía, el Malecón Tajamar es considerado la periferia de la Zona Hotelera y bordea un 10 por ciento de la laguna Nichupté, comprende mil 100 metros lineales con concreto estampado y cableado subterráneo de alta densidad; consta de una superficie de 275 hectáreas y conjuga un gran porcentaje de áreas verdes y el carácter mixto para oficinas, vivienda y comercio. Además, cuenta con una rambla de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de ancho para espacios recreativos y culturales.
En el Tajamar se han invertido más de 600 millones de pesos por parte de los gobiernos federal y estatal, sin embargo, el ecocidio, el tráfico de influencias y la corrupción rodean a este proyecto.
Actualmente, el proyecto de Malecón Tajamar Cancún que cuenta con cerca de 69 hectáreas, en este 2015 al reactivarse va a dejar una inversión de 55 millones de dólares que representa apenas el 10% de la inversión total que finalizará en los próximos 10 años.
De acuerdo con información del portal del Fonatur, más de 50 hectáreas ya están urbanizadas, con servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, alumbrado público, la canalización telefónica y jardinería, dejando habilitados los “megalotes”. Para realizar este proyecto, el presupuesto destinado es de 518 millones de pesos y la afluencia esperada es de cerca de 4.4 millones de personas, tres veces más la población de la entidad que es de 1.5 millones de habitantes.
Un dato importante a destacar es que el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU 2014) de Cancún permite la construcción de edificios en un Area Natural Protegida y en una zona de manglares del norte de la ciudad, aparte de que se deja abierta la edificación de micro casas en la periferia.
A pesar de que por mucho tiempo el gobierno estatal se negó a reconocer el problema, hace algunas semanas solicitó a la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, la alerta de género para once municipios, pero insiste en que en los restantes 114 municipios mexiquenses no hay problemas de esa naturaleza. En respuesta, el martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que en los próximos días se darán a conocer las medidas que acompañarán la alerta de género en 11 municipios del Estado de México, para combatir la violencia contra las mujeres.
Aunque altas tasas de violencia de género han sido acreditadas en Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima y Baja California, éstas no han propiciado la emisión de ninguna alerta de género.
La alerta emitida en EdoMex se levantó en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, donde se concentra más del 50 por ciento de la violencia y los delitos cometidos contra mujeres en la entidad.
Aunque el sistema ha emitido cinco informes que acreditan la violencia feminicida en los otros estados señalados, no hay una resolución.
Para emitir la alerta de género, una organización civil debe solicitarla con base en estudios que documenten la violencia contra la mujer en la entidad.
De acreditar la violencia, emitirán un informe con recomendaciones para disminuir el fenómeno, las cuales deben ser acatadas en un plazo de seis meses por el Gobierno estatal. De incumplirlas, se decretará la alerta.
En una solicitud de información por Transparencia, la Secretaría de Gobernación rechazó dar a conocer los informes proporcionados por ambas entidades, bajo el argumento de que, hacerlos públicos, interferiría con el dictamen final.
“Para dar seguimiento a las acciones realizadas por parte del estado de Guanajuato, el grupo de trabajo se ha reunido en seis ocasiones, incluyendo reuniones con el Gobierno del estado. (…) En el caso del estado de Morelos, el grupo se ha reunido en cinco ocasiones”, explicó la dependencia.
Según el informe del sistema nacional, 17 mujeres al día sufren lesiones por violencia en Guanajuato, además de que 308 fueron asesinadas en cuatro años.
El año pasado, el 20 por ciento falleció como consecuencia de la violencia intrafamiliar.
Morelos, por su parte, registró 530 muertes acreditadas como feminicidios entre 2000 y 2013.
Además, el sistema lleva siete meses analizando la violencia feminicida en Nuevo León, luego de una demanda interpuesta por organizaciones de la sociedad civil después de tres años de solicitar la alerta.
Con una ceremonia sagrada, las autoridades del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla iniciaron una marcha desde la Estela de Luz hasta la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal el martes 28 de julio. Ahí los manifestantes exigieron la derogación de un decreto expropiatorio de las tierras ancestrales de las comunidades otomí-ñathó de Xochicuautla en el Estado de México y un alto a la guerra contra la comunidad nahua de Santa María Ostula en Michoacán.
Los manifestantes también exigieron la libertad inmediata de Cemeí Verdía ––Comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y Coordinador de las Auto-Defensas de Aquila, Coahuayana y Chiniquila, Michoacán–– y castigo a los responsables del asesinato en Santa María Ostula de Hidelberto Reyes, de 12 años.
En un operativo realizado por un comando conjunto de más de 1000 elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía Federal arrojaron gases lacrimógenos y abrieron fuego contra la población, asesinando al niño Hidelberto e hiriendo a la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años, y otras 9 personas, el pasado 19 de julio. Estos videos tomados por los pobladores de Ostula y recopilados por la Agencia SubVersiones, contradicen las versiones del gobierno sobre lo que pasó ahí ese día.
Este último ataque contra Ostula es otra represalia más contra un pueblo con el valor de haber recuperado más de mil hectáreas de tierras nahuas en el paraje de Xayakalan el 29 de junio de 2009, y organizado su policía comunitaria para protegerse de la violencia del crimen organizado y/o del Estado.
Durante la marcha en el Distrito Federal, oradores denunciaron la tremenda escalada en el despojo de los pueblos indígenas de México y en los intentos del Estado de someter a los que resisten estos abusos.
El pasado 9 de junio, Enrique Peña Nieto firmó el decreto expropiatorio de casi 40 hectáreas de tierras de uso común en el bosque otomí de Xochicuautla. Según los planes del gobierno e industria privada, sus bosques y aguas serán sacrificados para la construcción del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan a cargo de la empresa Grupo Higa, un proyecto que los comuneros han resistido durante ocho años. Xochicuautla ha vivido la destrucción de árboles, plantas y animales; la introducción de maquinaria pesada; la invasión de escuadrones de policías; y la detención de decenas de comuneros. Cabe señalar que la destrucción del bosque de Xochicuautla también significa el saqueo del agua de los manantiales y ríos subterráneos que se encuentran ahí y que abastecen del líquido vital a toda la región y hasta el Distrito Federal. Esto no va a pasar, dice Xochicuautla, mientras la resitencia sigue.
También participaron en la marcha jóvenes de Huitzizilapan. En sus comunidades cerca de Xochicuautla en el Municipio Lerma, resisten la extensión de la misma autopista Toluca- Naucalpan construido por el Grupo Higa. En su caso luchan para echar abajo un decreto expropiatorio para 6 hectáreas adicionales firmado por Peña Nieto en mayo del 2014. Durante el año pasado miles de granaderos han invadido sus comunidades para imponer asambleas espurias para cambiar el uso del suelo de comunal a privado. Las comunidades se han movilizado con éxito para bloquear estas maniobras cuatro veces y juran que el decreto ejecutivo se va a derrocar.
Un contingente de San Pedro Tlanixco del municipio Tenango del Valle, estado de Mexico, también marchó en el Distrito Federal. Debido a su defensa del agua y bisques de Tlanisco, fueron tachado de “pueblo terrorista” por el gobierno terrorista del estado a principios de la última década. Desde el 2003 los pobladores buscan la libertad de seis presos políticos y dos perseguidos, acusados del homicidio de agente de negocios que murió por accidente en su pueblo. En realidad están castigados por resistir el saqueo de sus manantiales por las voraces empresas florícolas ligadas con el ex gobernador Arturo Montiel. Los presos son Pedro Sánchez Berriozábal , Teófilo Pérez Gonzales, Rómulo Áreas Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, y la señora Dominga González Martínez. Los compañeros perseguidos son Santos Alejandro Álvarez Zetina y Rey Pérez Martínez.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco también marchó en solidaridad con Xochicuautla y Ostula en el Distrito Federa. Ellos también están bajo ataque de nuevo. Después de haber derrotado los planes para construir un aeropuerto internacional en sus tierras en el 2001, el gobierno de Peña Nieto ha renovado y amplificado estos planes que amenazan la existencia de Atenco y otros pueblos alrededor. El FPDT llama a todo el pueblo de México a unirse para construir una resistencia eficaz.
En el transcurso de la marcha se anunció que Cemeí Verdía fue liberado cuando un juez federal no encontró pruebas suficientes de la portación de armas de uso exclusivo del ejército para mantenerlo en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Sin embargo, al salir del penal fue re-aprehendido bajo dos falsas acusaciones de fuero común y trasladado al Penal de Mil Cumbres en Morelia donde está ilegalmente privado de su libertad.
Varios de los grupos presentes en la marcha se habían reunido en un encuentro con los familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa el 19-20 de julio en el Estado de México. Siguen organizándose y planeando más movilizaciones contra el saqueo de sus recursos y la guerra contra los pueblos. El sábado 8 de marzo habrá una rodada y caravana motorizada en defensa del Territorio Otomí #XochicuautlaNoEstaSolo. La salida será del Museo de Antropología en el DF “frente a Tlaloc” a las 8 am.
El secretario de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, señaló que, debido a las denuncias de jornaleros e inspecciones realizadas por la autoridad estatal, han atendido los señalamientos referentes al uso de sustancias tóxicas para fumigar los campos agrícolas del Valle de San Quintín.
“Ese tema (el uso de pesticidas no permitidos) se ha atendido de manera puntual derivado de las denuncias que se han presentado y de las revisiones normales que hace la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud” sostuvo el funcionario.
Comentó que se han hecho observaciones a algunas empresas, en las que, gracias a las revisiones rutinarias de las dos dependencias, detectaron sustancias que están fuera de las normas ambientales.
Incluso, aseveró, que ha llegado el caso en que al no cumplir las observaciones gubernamentales se ha sancionado a las compañías agrícolas, no obstante comentó que la mayoría de las notificaciones se atienden de manera puntual.
La Jornada Baja California, en su edición impresa número 14, informó sobre el uso de bromuro de metilo en los pesticidas que utilizan los ranchos productores de frutas y legumbres del Valle de San Quintín, que según especialistas nacionales e internacionales están relacionados con enfermedades como el cáncer y malformaciones, por ello desde el primero de enero de 2014, nuestro país se declaró libre del bromuro de metilo, de acuerdo con el Protocolo de Montreal.
Sobre las fotografías publicadas en el portal de La Jornada BC, en donde se muestran los tanques con dicha sustancia tóxica, el secretario de Gobierno indicó que tienen conocimiento del uso de esas sustancias en los campos agrícolas del sur de Ensenada.
“Esto que me muestras (las fotos) sí lo han denunciado y a raíz de eso el gobierno ha ido hacer las inspecciones, y habido observaciones directamente (a las empresas), pero no tengo el dato de que haya sanciones por eso”, puntualizó.
Rueda Gómez expresó que se han hecho las inspecciones correspondientes a 70 empresas, las cuales fueron revisadas en cuestiones de salud, higiene así como en sus contratos colectivos y condiciones laborales.
Luego de las supervisores integrales, aseveró, en menos de un año se han aplicado sanciones por un monto de 7 millones de pesos a las empresas que no atendieron las recomendaciones, la mayoría de ellas, precisó, son de la zona norte.
Referente a las afectaciones a la salud que ocasionan los pesticidas ilegales, el encargado de la política interna del Poder Ejecutivo dijo no tener conocimiento de algún problema de salud relacionado con los químicos que son utilizados para fumigar los campos del Valle de San Quintín.
La Jornada Baja California recabó testimonios de campesinos quienes denunciaron el uso de bromuro de metilo y otras sustancias tóxicas, para fumigar los campos; además del usar los químicos prohibidos, también advirtieron que no usan ningún equipo de protección, lo que les ocasiona mareos, problemas con la vista, dolores agudos de cabeza y vómitos.
A pesar de que por mucho tiempo el gobierno estatal se negó a reconocer el problema, hace algunas semanas solicitó a la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, la alerta de género para once municipios, pero insiste en que en los restantes 114 municipios mexiquenses no hay problemas de esa naturaleza. En respuesta, el martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que en los próximos días se darán a conocer las medidas que acompañarán la alerta de género en 11 municipios del Estado de México, para combatir la violencia contra las mujeres.
Aunque altas tasas de violencia de género han sido acreditadas en Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima y Baja California, éstas no han propiciado la emisión de ninguna alerta de género.
La alerta emitida en EdoMex se levantó en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, donde se concentra más del 50 por ciento de la violencia y los delitos cometidos contra mujeres en la entidad.
Aunque el sistema ha emitido cinco informes que acreditan la violencia feminicida en los otros estados señalados, no hay una resolución.
Para emitir la alerta de género, una organización civil debe solicitarla con base en estudios que documenten la violencia contra la mujer en la entidad.
De acreditar la violencia, emitirán un informe con recomendaciones para disminuir el fenómeno, las cuales deben ser acatadas en un plazo de seis meses por el Gobierno estatal. De incumplirlas, se decretará la alerta.
En una solicitud de información por Transparencia, la Secretaría de Gobernación rechazó dar a conocer los informes proporcionados por ambas entidades, bajo el argumento de que, hacerlos públicos, interferiría con el dictamen final.
“Para dar seguimiento a las acciones realizadas por parte del estado de Guanajuato, el grupo de trabajo se ha reunido en seis ocasiones, incluyendo reuniones con el Gobierno del estado. (…) En el caso del estado de Morelos, el grupo se ha reunido en cinco ocasiones”, explicó la dependencia.
Según el informe del sistema nacional, 17 mujeres al día sufren lesiones por violencia en Guanajuato, además de que 308 fueron asesinadas en cuatro años.
El año pasado, el 20 por ciento falleció como consecuencia de la violencia intrafamiliar.
Morelos, por su parte, registró 530 muertes acreditadas como feminicidios entre 2000 y 2013.
Además, el sistema lleva siete meses analizando la violencia feminicida en Nuevo León, luego de una demanda interpuesta por organizaciones de la sociedad civil después de tres años de solicitar la alerta.
El director de Ecología municipal, Horacio Olguín Luna, expuso en entrevista que en caso de que se demuestre que la antena de telefonía que una empresa de celulares colocó en San Marcos, resulte dañina para el medio ambiente y la salud pública, el gobierno local, por medio de las áreas correspondientes podría ordenar la clausura del dispositivo.
Lo anterior, ya que indicó que el área que preside no otorgó ni otorgará ningún permiso para el funcionamiento de la repetidora de señal.
Además de que cabe señalar en varias reuniones con vecinos de San Marcos, inconformes con la instalación del artefacto, (previas al encuentro con el funcionario), por argumentar que causa enfermedades cancerígenas, varias direcciones de la alcaldía han descartado haber autorizado su colocación.
Por lo que se presume que la firma de telefonía, sólo contó con el aval del propietario del terreno donde se colocó la antena para su disposición.
Olguín Luna, reiteró que si el dispositivo es perjudicial, irremediablemente se tendrá que clausurar, pero aclaró que este dictamen lo tendrán que emitir en conjunto tres direcciones de la presidencia municipal (Salud, Ecología y Obras Públicas).
Puntualizó que no hay fecha precisa para que se emita el resolutivo, dado que apenas se mandaron a hacer los estudios para determinar si la antena causa o no daños a la salud pública.
El pasado martes, por lo menos 40 vecinos de San Marcos sostuvieron una reunión en la delegación del desarrollo habitacional, donde reiteraron el rechazo al funcionamiento de la repetidora de señal, por temor a las ondas radiales de microondas que emite el dispositivo.
Un grupo de ciudadanos de Cancún, se manifestó la mañana de hoy en Malecón Tajamar, en donde maquinaria pesada devasta, en tiempo récord, enormes extensiones de manglares en terrenos vendidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a particulares, quienes desarrollarán ahí diversos proyectos turísticos o residenciales.
Las obras se desarrollan apresuradamente desde días atrás, amparadas en una autorización expedida al Fonatur, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en julio del 2005, previo a la inclusión -en 2007- del artículo 60 TER en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que prohíbe el relleno, remoción, tala y cualquier actividad que interrumpa el flujo hidrológico de los manglares mexicanos.
Dicha autorización se dio para el entonces “Malecón Cancun”, hoy “Malecón Tajamar”, de 49 hectáreas, con cambio de uso de suelo para 58.76 hectáreas y vence en 5 meses, por lo que el Fonatur alertó a los 22 propietarios que compraron terrenos en Malecón Tajamar, para que comiencen a construir en sus predios.
Hasta el momento, son 8 desarrollos los que cuentan -presuntamente- con el total de autorizaciones para desarrollar, de acuerdo con declaraciones del delegado del Fonatur, Juan Carlos Gonzalez.
De acuerdo con el gobierno municipal de Cancún, el 27 de marzo del 2008, se modificó esa autorización, ampliando vialidades y cambio de uso de suelo a 74 hectáreas.
En 2009 y 2014 la vigencia de los permisos ambientales se renovó y extendió hasta el 17 de febrero del 2016, para las etapas de urbanización y lotificación
La Dirección de Ecología de Cancún, expidió los permisos de chapeo y desmonte correspondientes, de acuerdo con las autorizaciones ambientales, según lo informado por el titular de la dependencia municipal, Felipe Villanueva.
Debido a que la autorización federal está por vencer, el desmonte de manglares se inició, desnudando a la zona de vegetación y barriendo prácticamente con la flora y fauna silvestre existente en al menos 5 polígonos, causando un fuerte impacto en los habitantes de las zonas habitacionales aledañas.
Uno de los proyectos que se desarrollará ahí, es de la empresa italiana Bi & Di, que ganó un juicio al Fonatur por fraude; la dependencia le vendió a la compañía en noviembre de 2015, cinco lotes frente a Playa Delfines, dos de ellos con un uso de suelo que no aplicaba de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) vigente entonces.
La empresa italiana planeaba construir torres de 20 pisos, pero el uso de suelo aplicable ahí, no lo permitía. Al ganar el juicio al Fonatur, se condenó a la dependencia a pagar a Bi & Di una millonaria cantidad.
Para solucionar el tema, Fonatur decidió permutar los terrenos originales, por otros en Malecón Tajamar.
Mujeres cancunenses denunciaron lo ocurrido ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que envió a inspectores desde oficinas centrales para atender el llamado ciudadano.
Este jueves, en el marco de la protesta contra la tala de manglares, las ciudadanas entrevistadas narraron que ayer informaron a inspectores de Profepa cómo tractores y maquinaria diversa “barrió” con manglar rojo y blanco, ardillas, iguanas, cocodrilos y otras especies de flora y fauna silvestres.
De acuerdo con las condicionantes establecidas por Semarnat, en la autorización de impacto ambiental, debió realizarse previamente un rescate de vegetación y de fauna para proteger a animales y plantas. Las entrevistadas aseguran que esto no ocurrió.
La bióloga, Beatriz Andrade y el abogado, Gerardo Solis, entrevistados hoy en el lugar de los hechos, indicaron que si existen violaciones a las condicionantes, se debe revocar la autorización ambiental y los permisos que de ella emanen.
“¿No cumpliste, hay evidencias de que no? Se revoca la autorización. Tenemos que hacer esa presión”, dijo Andrade, quien remarcó la importancia de los manglares, que son como “la piel de las costas”.
En ese tenor, añadió que al desaparecer el manglar de la zona, se deja desprotegida la avenida y construcciones de plazas comerciales y edificios habitacionales que están sobre la avenida Bonampack.
Además, se abrirá una ventana más para que los huracanes entren a la ciudad, no sólo por Puerto Cancún -como ocurrió con el huracán Wilma en 2005- sino ahora también por Malecón Tajamar.
Solis Barreto, quien es vicepresidente de la Defensoría internacional de Derechos Humanos, adelantó que pasado el mediodía interpondrán una demanda penal por delitos ambientales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Bibian Solis Baez, Doctora en Biología Marina, es una de las mujeres que se manifestó en contra de la devastación de manglar y recordó que este tipo de humedal es el que protege a las zonas costeras del impacto de los huracanes.
“No habiendo manglar que nos proteja, hay una erosión en la costa y una devastación mayor en caso de huracan”, expresó.
También es el ecosistema que filtra los contaminantes que se dirigen hacia el mar, como una suerte de riñon. Además, equilibra la temperatura del océano, la cual se incrementa cada vez más por el Calentamiento Global.
“Tenemos que pensar como no seguir dándole en la torre a todo el ecosistema. Necesitamos una ciudad viable y no por las ganancias rápidas o de unos cuantos años de algunos, nos van a echar a perder la vida a todos y a nuestros hijos”, subrayó.
Beatriz Andrade resaltó que conforme a un reporte de investigadores, el Manglar del Caribe fue declarado, recientemente, “ecosistema centinela”.
A la comunidad indígena ñätho de San Francisco Xochicuautla
Ante la digna lucha que desde hace ocho años la comunidad ñätho de San Francisco Xochicuautla ha dado en contra del proyecto carretero de cuota Toluca-Naucalpan, que contempla la destrucción de su bosque sagrado para conectar las zonas de lujo de Interlomas al aeropuerto de Toluca, el mal gobierno encabezado por el asesino Enrique Peña Nieto, firmó un decreto de expropiación con el cual pretende arrebatar el territorio comunal de San Francisco Xochicuautla.
A lo largo de estos años hemos visto a qué intereses responden los malos gobiernos, ya que sus fuerzas de seguridad escoltan la maquinaria de Autovan, parte de Grupo Higa, con la que quieren ejecutar la destrucción del bosque ñätho. Con este decreto expropiatorio creen que podrán imponer el despojo y la destrucción. Hoy les decimos que sabemos que el mal gobierno siempre ha pisoteado nuestros derechos como pueblos indígenas, que nos desprecia y que en todos los rincones de México va e impone proyectos de muerte, pero que en San Francisco Xochicuautla no podrá.
La comunidad ha llevado una lucha legal acudiendo a diversos tribunales e instancias del mal gobierno mexicano, pero la mayoría se ha mostrado de manera parcial protegiendo a los poderosos.
Nosotros sabemos que San Francisco Xochicuautla ha defendido y defenderá su territorio, que además ha acompañado a muchos pueblos y comunidades en sus luchas.
Por eso hoy hacemos un llamado a los pueblos de México y el Mundo, a los hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional a estar atentos sobre lo que en el futuro acontezca en la lucha de San Francisco Xochicuautla.
A San Francisco Xochicuautla le decimos que no están solos en este nuestro caminar en la resistencia de los pueblos indígenas.
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de julio de 2015, p. 33
Para contrarrestar la campaña que el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Saúl Vicente Vázquez, y líderes de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (Cocei) realizan en favor de la instalación de un parque de energía por Eólica del Sur, filial de la empresa Mareña Renovables, las asambleas Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), y Radio Comunitaria Totopo, iniciaron una consulta popular a la comunidad indígena binniza.
Rodrigo Peñaloza, de la APPJ, explicó que la consulta popular será para aclarar a la población que los líderes de la Cocei, entre ellos Héctor Sánchez López, Mariano Santana Lopeznelio, al igual que dirigentes de PRI, PRD, PT, autoridades municipales, CTM y Confederación Nacional de la Productividad, mienten al asegurar que a cambio de aceptar el citado parque eólico habrá “obras para el beneficio social”.
Estimó que la consulta a realizarse entre las nueve secciones de Juchitán y colonias populares llevará un año, pero en cada una de ellas se levantará una acta para dejar constancia del rechazo al megaproyecto.
Dijo que en la región ya están instalados 24 parques eólicos que han alterado la vida de las comunidades, pues los “trabajadores de las eólicas son como una fuerza de ocupación. Estamos ante un etnocidio”.
En conferencia de prensa, los integrantes de ambas agrupaciones y de la Radio Comunitaria Totopo denunciaron que la pretensión de los dirigentes políticos y de la Cocei es “vender las tierras comunales a las empresas trasnacionales eólicas” a cambio de supuestos beneficios sociales.
Agregaron que la consulta indígena promovida por el Estado en torno a la instalación del parque número 25 por Eólica del Sur es “una farsa, pues no se apega a los principios de consulta previa, libre e informada que rige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Denunciaron que en la aprobación del proyecto de Eólica del Sur hay un conflicto de interés pues la manifestación de impacto ambiental (MIA) fue realizada por la consultoría Especialistas Ambientales, cuyo socio fundador es Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fernando Córdova, del grupo interdisciplinario que apoya a los grupos en resistencia contra los parques eólicos, sostuvo que la MIA “está plagada de errores” y además no especifica el daño ambiental. La información es parcial en torno a la destrucción de la selva de la región, “pues en realidad se pretenden destruir 463 mil 761 metros cuadrados de selva baja espinosa. Es un ecocidio”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya pagó aproximadamente 240 hectáreas de la autopista Durango Mazatlán a cinco de los ejidos que protestaban por una liquidación justa de sus tierras.
Miguel Alvarado, uno de los ejidatarios que siembre estuvo al frente de este movimiento por la lucha de un pago justo por las tierras donde pasa la autopista señalada, dijo que desde el lunes la SCT realizó el pago, pero la tarde del martes se hicieron los trámites ante notario por lo que legalmente ya se saldó la parte económica.
Maestros de la Sección 30 del SNTE, en Tamaulipas, esta noche realizaron una marcha para protestar contra la reforma educativa y en apoyo a sus compañeros de la CNTE, en Oaxaca.
Cerca de las 20:30 horas, el contingente representativo integrado por más de 30 maestros, sin vigilancia policiaca y en medio de la calle, partió de la Avenida del 17 Carrera Torres con rumbo a Palacio de Gobierno.
Durante la marcha se hicieron acompañar con velas encendidas y una caja de ataúd color negro con la leyenda “Reforma educativa la muerte de la educación pública”.
Juan Vital, uno de los voceros del Comité de Lucha de la Sección 30 del SNTE, en entrevista dijo que la marcha se realiza contra la reforma educativa y en apoyo a la CNTE de Oaxaca.
“Esto es una forma de protesta en contra de la reforma educativa y de alguna manera es por apoyo a la sección 22 de Oaxaca”, indicó, “estamos inconformes y no porque haya vacaciones vamos a detenernos”.
“La demanda es la suspensión del proceso de evaluación y derogar la reforma educativa, no hay un paso atrás, ni se va a negociar, porque es dañina para los maestros”, agregó.
A su vez la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció, al mediodía, que evaluarán a un total de 3,436 maestros de la entidad.
Desde hace cuatro semanas los maestros de la Sección 30 del SNTE, sin el apoyo de su dirigente Rafael Méndez, han realizado varias protestas contra la reforma educativa en Tamaulipas.
En medio de las manifestaciones tomaron el Congreso del Estado, en dos ocasiones, y las instalaciones de la SET.
Además, el lunes de la semana pasada instalaron un plantón en Palacio de Gobierno, para exigir dialogar con el Mandatario Egidio Torre Cantú.
Pese a que fueron atendidos por representantes del Gobernador, los maestros inconformes anunciaron el rompimiento del diálogo con Torre, quien se negó a recibirlos.
CANCÚN, MX.- Periodistas de la entidad impugnaron la iniciativa de ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas porque se trata de un proyecto para afianzar el control del gobernador Roberto Borge Angulo sobre los medios de comunicación.
En un comunicado, precisaron que la iniciativa impulsada por el gobierno estatal restringe los derechos de los periodistas, encubre los abusos del gobierno del estado y omite prácticas que se han utilizado desde el poder público contra comunicadores, como las campañas de desprestigio en redes sociales.
“La iniciativa es sólo un reflejo de la situación en la que actualmente ejercemos el periodismo en Quintana Roo y, por lo mismo, la XIV Legislatura estaría legalizando con su aprobación el control piramidal que el Poder Ejecutivo ejerce en esta entidad sobre los demás poderes, incluido, en nuestro caso, el llamado ‘cuarto poder’”, destacaron.
Originalmente, el proyecto de ley se iba a aprobar el pasado lunes 20 en sesión extraordinaria, pero ante la indiferencia de los periodistas de la entidad se acordó someterlo a una nueva ronda de consultas.
Según los comunicadores, lo que el gobierno estatal pretende con esa iniciativa es establecer como “prerrogativa” y no como derecho humano el ejercicio de la libertad de expresión, además de que, subrayaron, no prevé “los ataques, intimidación, amenazas y campañas de desprestigio” contra periodistas y sus familias, lo cual vulnera los “derechos, garantías y seguridad profesional y personal” de los comunicadores.
“El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la libertad de expresión, por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno”, se lee en el comunicado.
La iniciativa de Borge Angulo, añade, restringe el acceso a actos y edificios públicos, y deja a criterio de las autoridades determinar “quien es periodista”.
“Los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades, pues éstas podrían negarla a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno, restringiendo el derecho a la libertad de información”, apunta el texto.
En otro punto cuestiona la interpretación de la llamada “cláusula de conciencia”, pues no prevé responsabilidad para las empresas cuando éstas alteren y sesguen la información proporcionadas por sus reporteros.(Fuente: Proceso)
Cemeí Verdía Zepeda, comandante general de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, fue liberado y reaprehendido de inmediato el día de ayer, mientras personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaba su comunidad.
Arturo Cano
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de julio de 2015, p. 4
Cemeí Verdía Zepeda, comandante general de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, fue liberado y reaprehendido de inmediato el día de ayer, mientras personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaba su comunidad.
Por la mañana, un juez federal le concedió la libertad por falta de pruebas, luego de que sus abogados demostraron que las armas que portaba –motivo de su detención in fraganti, según la Procuraduría General de la República (PGR)– le fueron proporcionadas por el gobierno de Michoacán.
Al salir del penal, Verdía fue nuevamente detenido y devuelto a la misma cárcel, el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Nayarit, esta vez como resultado de la existencia de una orden de aprehensión por delitos del fuero común.
Nos dicen que es por secuestro y homicidio, refirió vía telefónica uno de los comandantes de la policía comunitaria.
La misma fuente afirmó que en una reunión que sostuvieron en días pasados en la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, comisionado para los Pueblos Indígenas, nos habló de que existían unas viejas órdenes de aprehensión, pero nos aseguró que no serían ejecutadas.
Las autoridades federales acusaron a Verdía de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues al momento de su detención tenía en su posesión dos fusiles, un arma corta y cartuchos. Las armas de fuego, al igual que el vehículo blindado en el que viajaba, le habían sido proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Según las autoridades de la comunidad nahua, Cemeí estaba legalizado e incluso ya cobraba en el gobierno estatal.
Verdía fue detenido en La Placita, población cercana al mar que durante muchos años fue el centro de operaciones del cártel de Los caballeros templarios y su jefe de plaza, Federico Lico Buendía. Ahí lo habían citado funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública para algunos trámites, entre ellos la regularización de su camioneta.
El gobierno de Michoacán proporcionó el vehículo blindado a Verdía luego de que éste sufrió un tercer atentado contra su vida, el pasado 25 de mayo. Por ese hecho están en prisión el alcalde de Aquila, Juan Hernández, así como el ex autodefensa José Antioco Calvillo, quienes, según sus declaraciones, fraguaron el asesinato de Cemeí porque el jefe de los comunitarios era un obstáculo para la explotación de algunas minas en la región.
La detención de Verdía provocó que habitantes de la costa michoacana bloquearan distintos puntos de los caminos de la región. En el poblado Ixtapilla, elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego, con resultado de varios heridos y un niño de 12 años muerto, Hidilberto Reyes García.
Según las autoridades michoacanas, que realizaron una investigación inusualmente rápida, no fue posible determinar el calibre del arma que dio muerte al menor, y los disparos fueron realizados por personas desconocidas.
Entre 2009 y 2013, Ostula sufrió el terror templario a todo lo que dio: 32 comuneros fueron asesinados y seis siguen desaparecidos.
El decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto sobre la comunidad originaria otomí de Xochicuautla, Estado de México, para la construcción de la autopista que pretende comunicar el aeropuerto de Toluca con Naucalpan, es parte de las medidas que se vienen adoptando en varias localidades del país, como parte de los megaproyectos a favor de las trasnacionales y el gran capital nacional.
La misma historia la venimos viendo en las comunidades de Santa María Ostula y Aquila para la construcción de proyectos hoteleros y de alto turismo, o como en Tlaxcala, Puebla y Morelos con la construcción del gasoducto que beneficiará a varias de las empresas que están postulándose en las licitaciones de la llamada reforma energética.
Resistencia de la comunidad
Desde hace años la comunidad viene resistiendo la invasión de tierras, los fraudes implementados por el gobierno con asambleas espurias de supuestos comuneros que “venden” sus tierras, la persecución política y legal de los habitantes.
Aún con todo y recursos legales a favor de la comunidad, la ofensiva del Gobierno Federal y de Eruviel Ávila no cesa, pues incluso varios de sus dirigentes han sido encarcelados o tienen procesos judiciales abiertos, como medidas de presión para que la comunidad decline en su lucha, imputándoseles delitos federales como ataques a las vías de comunicación.
Estas mismas medidas también las vimos con las comunidades de Tláhuac contra la construcción de la línea 12 del metro; contra los pobladores de Ameyalco; así como contra las pueblos originarios del Distrito Federal contra la construcción de la supervía. Y por si esto no es suficiente, esto nos recuerda a Atenco.
La violación sistemática a los Derechos Humanos de la colectividad y a las tradiciones que guarda ésta como comunidad originaria, no es casual, puesto que detrás de la construcción de la autopista está un megaproyecto que contempla en lo futuro, la creación de zonas residenciales exclusivas para las clases altas.
La encomienda de los proyectos estará a cargo de varias empresas que tras de sí, tienen escandalosos historiales de corrupción como OHL.
Empresarios de todo tipo ya se frotan las manos para ver como operarán sus negocios y despojan a la comunidad de Xochicualtla de sus territorios ancestrales. Incluso los Gobiernos Federal y estatal para justificar la ofensiva, ha emitido supuestos certificados de impacto ambiental a favor de las constructoras.
Recientemente los integrantes del MTS tuvimos la oportunidad de conocer de viva voz el proceso de defensa de la comunidad a través de sus dirigentes, quienes vienen denunciando que no solamente se trata de un ataque contra la comunidad, sino que éste también es contra uno de los reservorios de bosque de vital importancia para el Distrito Federal y el Estado de México y que afecta directamente a todo el sistema de aguas del sistema Cutzamala por ser un captor de agua potable, cuyos manantiales son de los más importantes para abastecer de agua a la Ciudad de México y a varios municipios mexiquenses.
Y el ecocidio no se hizo esperar. Tan pronto como fue metida la maquinaria (con ayuda de fuerzas represivas) para arrasar con más de 200 hectáreas de bosque, ya comenzaron a mostrarse los primero estragos del despojo con el deslave de los montes y el escurrimiento de aguas que no pueden ser absorbidas de forma natural por el bosque.
Toda la solidaridad
A pesar de la ofensiva, decenas de intelectuales, organizaciones de derechos Humanos, organizaciones civiles y diversos movimientos hemos salido a respaldar a lucha de Xochicuautla. Si el gobierno no ha podido avanzar más de lo que quisiera, es debido a la incólume determinación de la comunidad de defender sus tierras y aguas de importancia ancestral y que ha sabido preservar por generaciones.
Esta misma determinación debe ser adoptada contra los planes de los gobiernos por miles de trabajadores, campesinos, estudiantes, organizaciones democráticas capitalinas y mexiquenses que nos beneficiamos de esta importante reserva.
Reafirmamos nuestro apoyo a la comunidad Xochicuautla, y convocamos a los sindicatos y a toda aquellas organizaciones y personalidades que se reclaman democráticas a impulsar de manera activa, una gran campaña de solidaridad con la comunidad, a aportar en especie y con recursos económicos esta lucha, para que la voluntad de los pobladores no sea quebrada por dinero ni por hambre ni por la represión.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).— “Escucha bien [Enrique] Peña Nieto, la autopista no va a pasar”, advirtieron pobladores de San Francisco Xochicuautla ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México. Los habitantes han luchado ocho años y estuvieron a punto de ganar, dijeron, pero el pasado 9 de julio el Presidente de México firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común de aquel pueblo otomí con el fin de construir un proyecto carretero, licitado a Grupo Higa.
La advertencia fue también para el Gobernador mexiquense Eruviel Villegas y a los funcionarios de la Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
“No nos vamos a dejar, no vamos a permitir que acaben con todo, no permitiremos más robos. Son nuestras tierras, la naturaleza es nuestro sustento, y también el suyo, ¿no se dan cuenta?”, gritaron el martes durante la “marcha contra el despojo”, realizada en la Ciudad de México.
Mientras la comunidad indígena pensaba que iba ganando en el ámbito jurídico, los tres órdenes de Gobierno implementaron una estrategia para el despojo de tierras, que consistió en convertir aquel territorio que se gobernaba por usos y costumbres en una demarcación agraria, restándole representación al pueblo otomí de esa región, lo que permitió centrar las desiciones políticas en un grupo de comuneros que fueron sobornados con 40 mil pesos para que no denunciaran las afectaciones que atraería la construcción de una autopista, contó José Luis Fernández, representante del Consejo Indígena de San Francisco Xochicuautla.
“Cuando vieron que no podían con nosotros se hicieron de otros modos, entre ellos la ley agraria, la cual ha servido para hacer legal los despojos a los campesinos; pero tampoco lo lograron, y como vieron que llevamos ocho años en la lucha, ahora complementaron sus actos ilegales con un decreto presidencial que hizo Enrique Peña nieto el día 9 de julio. Pero es ilegal en todos sentidos. Él dice que nos consultaron el 22 de junio, pero no fue así, y lo peor es que eso debió ser en 2007?, contó Fernández.
A pesar del decreto, muchas familias se niegan a ser desterradas.
“Ahorita ya demolieron cinco casas, esas familias ya huyeron porque las amenazaron, aunque les pagaron. No sabría decirte cuánto les dieron. Las familias que restan ya dijeron que no se van a mover, y que le hagan como quieran, llevamos luchado de forma pacífica ocho años. Esa carretera no va a pasar por Xochicuautla”, dijo el representante indígena.
En la manifestación de ayer, que tuvo como punto final la Secretaría de Gobernación (Segob), los inconformes reiteraron: “No va a pasar, la autopista no se va a construir, háganle como quieran. No es no”, gritaron una y otra vez.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista Naucalpan-Toluca conectará la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la autopista fue otorgada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido ampliamente favorecido con contratos de obra pública en el Estado de México.
La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.
Desde 2007, en Xochicuautla comenzaron a realizarse asambleas comunitarias con la participación de las autoridades de Bienes Comunales y los Consejos de Participación Ciudadana. Pero luego vino la estrategia de conformar una asamblea de comuneros, que los opositores al proyecto no reconocen.
El 14 de agosto de 2011, los comuneros realizaron una reunión para legalizar la aceptación del proyecto. Dicha asamblea presentó varias irregularidades, como que a ésta sólo acudieron 109 de los 288 comuneros reconocidos por el gobierno, de acuerdo con Fernández Flores. Pero lo principal es que se trató de una asamblea de autoridades no reconocidas por el grueso de la comunidad.
Por esa razón, la comunidad presentó un amparo el 25 de agosto de 2011 ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Toluca para dejar sin efecto el acuerdo de la asamblea de comuneros.
El amparo fue resuelto a favor de la comunidad, lo que significa que la asamblea en la que supuestamente habían avalado la obra quedó anulado. No obstante, señaló Fernández Flores, eso no ha detenido los trabajos por parte de la empresa constructora.
Debido a que la comunidad cuenta con ese amparo, califican los trabajo que actualmente lleva a cabo la empresa como ilegales, porque al haberse anulado la resolución de la asamblea de comuneros, no habría un aval de la comunidad para la obra.
En el decreto expropiatorio emitido el pasado 9 de julio nuevamente se intentó justificar que el proyecto era respaldado por la comunidad al señalar que los días 5,8,9, 10 y 12 de junio se habían realizado asambleas con representantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla “con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena”.
En el decreto se lee: “Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista”. Pero Fernández Flores negó que el grueso de la comunidad hubiera participado en esas asambleas.
Además cuestionó que se intente hacer creer que esas asambleas son válidas como procesos de consulta, toda vez que se realizaron en junio de este año, cuando los trabajos de la obra empezaron desde 2007. Es decir, que no se habría respetado el carácter previo de la consulta.
“Entonces la consulta tendría que haber sido en 2007, no apenas, después de tanta represiones y hostigamientos y violaciones a nuestros derechos humanos”, consideró.
MÁS DESPOJOS EN EL EDOMEX
En abril, organizaciones civiles de distintos municipios del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional, Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular, ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras que se han desarrollado a lo largo de su administración.
Incluso, dijeron, ha usado la fuerza policiaca para desalojos, los cuales tienen un mismomodus operandi: llega un supuesto dueño del terreno con unas escrituras, se pide el desalojo, los habitantes inician un proceso legal, después se opera el desalojo por parte de autoridades municipales y estatales y, finalmente, cientos de familias pierden su patrimonio y son desplazadas.
Bárbara Vargas Bartolo, de Cahuacán Unido por los Derechos Humanos AC, explicó que en ese municipio las empresas Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V., Ingeniería Electrónica Especializada S.A de C.V., los “despojaron” de al menos 800 hectáreas de tierra para construir un desarrollo industrial. La activista agregó que esa zona es estratégica por los mantos acuíferos que abastecen varias regiones habitadas.
“En un principio van a afectar a 17 mil personas, quieren destruir 400 hectáreas de bosque, además de las parcelas de varias personas, tierras de cultivo, que son el sustento de muchas comunidades. […] Hablamos de dos afectaciones principales: quieren acaparar el agua y talar el bosque”, dijo Vargas.
Ciudadanos otomíes de las montañas del Bosque Mexica en San Lorenzo Huitzizilapán, también informaron que se oponen a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, a cargo de “la empresa favorita del Gobierno federal: Grupo Higa”, y denunciaron que fueron obligados a vender por parte de la Procuraduría Agraria, la cual “nos amenazó con expropiarnos”.
“Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo indígena, nuestra cultura y nuestros derechos ante las acciones de las autoridades que han actuado en contubernio, para disfrazar proyectos, dizque en beneficio y el desarrollo de nuestras propias comunidades y en realidad es completamente lo contrario”, informó uno de los representantes otomíes.
Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) informó que siguen firmes en su oposición a la construcción del proyecto llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual, dijo, “dejará muerte” en la biodiversidad y en la cultura.
Desde el anuncio del proyecto, en el cual participan empresas de Carlos Slim como ICA y Constructora Teya, de Grupo Higa, el FPDT, junto con expertos de diferentes áreas han mostrado evidencias sobre los daños que podría provocar a nivel ambiental, cultural, social, entre otros.
La obra, considerada como el gran proyecto del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, tendrá un costo de 169 mil millones de pesos, el diseño estará a cargo de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. En 2009, bajo la administración del entonces Presidente Vicente Fox Quesada y de Enrique Peña Nieto, como Gobernador del Estado de México, se propuso este proyecto. Sin embargo se canceló debido a las fuertes protestas de los pobladores del municipio mexiquense de San Salvador Atenco.
GUÍA DEL DESPOJO
Desde principio de año, la Secretaría de Economía (SE) publicó su “Guía de ocupación superficial. Alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano”. Tras el anuncio, organizaciones y expertos en la materia denunciaron que la dependencia federal promueve el despojo de tierra y la violación de derechos humanos.
El documento desglosa una serie de recomendaciones para que las empresas puedan anticipar, controlar, contener y solucionar conflictos relacionados con comunidades vinculadas a la tierra además de facilitar información sobre cómo arrendar, expropiar y asegurar la superficie y explotarla.
“Lo que está haciendo el Gobierno federal es dar una guía práctica y muy concisa para el despojo, incluso pone como ejemplo de éxito a mineras como Peñoles o Farallon, las sabemos bien, son empresas de afectación ambiental. Con esto no sólo el gobierno está dando facilidades sino les está haciendo el trabajo. No es un Estado preocupado en lo absoluto por el sector indígena, el sector campesino”, dijo Julio César Cervantes, integrante de Central Campesina Cardenista (CCC).
“La Guía de ocupación superficial también es un manual para hacer trampa y engañar a ejidos y comunidades, pues recomienda a las empresas mineras que en las etapas exploración prospectiva y avanzada, e incluso en las primeras etapas de desarrollo, preferir los acuerdos de ocupación temporal, que les permiten tener acceso a las tierras ejidales y comunales con prácticamente muy pocas contraprestaciones, pues todavía no hay un avalúo; la empresa no es propietaria del terreno, pero con la ocupación temporal se puede comportar como tal, pues puede disfrutar y disponer del terreno sin expropiar, tomando en cuenta los costos de las expropiaciones y que no permite disponer del terreno sino hasta que se concluye el procedimiento expropiatorio, lo que puede tardar varios años, en lo que se forman los expedientes de expropiación”, expuso Claudia Gómez Godoy, abogada litigante en materia de derechos humanos e integrante del Colectivo de Abogad@s.
El documento también detalla que para el procedimiento de expropiación, la SE informa que este procedimiento será certificado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.
“El decreto de expropiación será emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal y será publicado en el Diario Oficial de la Federación (Art. 78 del Reglamento)”.
El director de Finanzas de ICA, Gabriel De la Concha, señaló que el proyecto del acueducto Monterrey VI está en ejecución y arrancaría su construcción en agosto.
Ana Valle
La constructora ICA iniciaría la construcción del proyecto del acueducto Monterrey VI en agosto próximo, previó Gabriel De la Concha, director de Finanzas de la empresa.
En conferencia telefónica con analistas, De la Concha señaló que no han tenido comunicación oficial con el gobierno de Nuevo León, pero reiteró que el proyecto está en ejecución y que si no sucede nada, iniciarían la construcción en agosto.
“Los contratos están firmados, el título de concesión y el acuerdo están firmados desde finales del año pasado, ahora estamos por cerrar el proceso financiero, el cual esperamos esté listo en agosto”, dijo.
ICA HARÁ VENTA DE GARAGE CON CÁRCELES Y PROYECTOS DE AGUA
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ICA podría concretar la venta de proyectos de infraestructura social, cárceles y obras de agua antes de que concluya 2015, dijo Gabriel de la Concha.
El ejecutivo aseguró que hacia el tercer trimestre de 2015 podrían cerrar la venta de los proyectos de agua, mientras que las cárceles se concretarían durante el cuarto trimestre.
“Los proyectos de agua están en etapas más avanzadas y creemos que se puede ver el cierre en el tercer trimestre. También habrá otras transacciones relacionadas con proyectos inmobiliarios, que en el agregado nos ayudarán a alcanzar la meta de 5 mil millones de pesos para este año”, comentó.
Con ello, la empresa continuará su plan de monetización de activos por 5 mil millones de pesos, de los cuales ya ha conseguido poco más de 3 mil millones, con la venta de activos al fondo canadiense CDPQ y que son operados por la filial de reciente creación OVD.
“Esperamos transferir otros proyectos carreteros a OVD, en tanto alcancen madurez y en este camino acelerar el proceso de reciclaje de capital, mientras proveemos una interesante oportunidad a inversionistas institucionales”, dijo.
Alonso Quintana, director general de ICA, destacó que el proceso de monetización servirá para pagar deuda en su mayoría, pero también para capital de trabajo de proyectos en curso y para inversiones.
De la Concha agregó que ICA decidió vender su participación de 5 por ciento en la Terminal Especializada de Contenedores de Lázaro Cárdenas tras terminar la construcción.
Si usted no ha recibido el correo de pase a segundo nivel puede ser porque…
… la dirección de correo electrónico con la que se registró para el primer nivel está caduca, o fue borrada, o ha olvidado su contraseña.
… conserva el mismo correo pero no ha recibido el pase porque nos hicimos pelotas y necesitamos de nuevo sus datos… o porque no pasó al siguiente nivel. Si, después de hacer lo que a continuación se detalla, en un plazo de un mes no recibe el correo de pase es porque no aprobó el nivel uno.
En ambos casos la forma de resolverlo es muy sencilla: basta que mande una nueva comunicación a esta dirección casosespeciales@ezln.org.mx, desde un nuevo correo y, en esa comunicación, usted detalle:
.- nombre completo, fecha de nacimiento.
.- lugar de residencia.
.- clave de registro si la recuerda o la tiene.
.- fecha en que tomó el nivel.
.- lugar en el que tomó el nivel (si fue en comunidad, nombre de la comunidad y del caracol al que pertenece la comunidad); (si fue por videoconferencia, nombre del lugar, colonia, ciudad, país, continente en el que tomó la videoconferencia)
.- nombre de su Votán.
Agradecemos al Colectivo Autónomo de Colaboración Social (COACS) el habernos compartido algunas imágenes, audios y video de este recorrido.
El Encuentro de Familiares de los 43 Desaparecidos de Ayotizinapa con los Pueblos Originarios del Estado de México se inició el domingo 19 de julio en el aire fresco de San Pedro Tlanixco, rodeado por cerros verdes. Los incansables estudiantes y padres de familia de La Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa fueron recibidos con copal, palabras solidarias y gritos de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! En caravanas, marchas y actividades realizadas en México y muchas ciudades en Europa, Estados Unidos y América Latina, no dejan de buscar el regreso con vida de los 43 estudiantes desaparecidos por el Estado y justicia por los tres compañeros asesinados y los dos que quedan en cama.
Después de compartir experiencias en Tlanixco, donde resisten el saqueo de sus manantiales en el municipio de Tenango del Valle –y por eso, a partir del 2003 también defienden seis presos políticos y dos perseguidos–, el encuentro siguió en tres comunidades del Municipio Lerma: Las Rajas Huitzizilapan, San Lorenzo Huitzizilapan y San Francisco Xochicuautla, donde resisten la destrucción y el despojo del bosque Otomí–Mexica.
San Pedro Tlanixco
La compañera Yolanda Sánchez leyó un mensaje de bienvenida por parte del Movimiento por la Libertad de Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco, expresando su solidaridad con la lucha por justicia para los alumnos desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa.
Para nosotros es un honor el que ustedes nos visiten, nos sentimos muy contentos y alegres el que ustedes hayan hecho un enorme esfuerzo para estar aquí con nosotros…. Compañeras, compañeros, nosotrxs en esta geografía donde vivimos, la madre tierra nos ha hecho varios regalos, pero uno de los más importantes es el Agua. Nuestros ancestros como guardianes del bosque, nos han encomendado que debemos cuidarlos, y así vivimos felices hasta que llegó el capitalismo, con sus empresas florícolas que empezaron a destruir nuestro pueblo y lo están destruyendo con su injusticia, con su represión, con su ideología, así como en otras comunidades hermanas lo están haciendo, con sus desapariciones, con la explotación de mano de obra barata, con este cochino sistema de gobierno.
Tanto Tlanixco como Ayotzinapa conocen bien las maniobras del estado y los medios comerciales para criminalizar la resistencia. Si a los alumnos de Ayotzinapa, los tachan de vándalos por resistir la desaparición forzada de las escuelas normales rurales, al digno pueblo nahua de Tlanixco lo tacharon de “pueblo terrorista” por organizar un inmenso bloqueo de carretera y participar en mesas de diálogo con las agencias del Estado responsables de velar por sus derechos.
El compañero Rosario Peralta Sánchez contó algunos detalles de la lucha por el agua y la subsecuente represión que ha azotado al pueblo. Después de la muerte accidental de un representante de las empresas florícolas Alejandro Isaac Basso, quien cayó en una barranca en San Pedro Tlanixco el 1 de abril de 2003, el pueblo empezó a vivir un reino de terror. Al siguiente día llegaron 50 agentes judiciales buscando a los voceros principales de la lucha por el agua, entrando en las casas y escuelas, haciendo cateos y golpeando a la gente. El 22 de julio de 2003, más de 1,500 policías y judiciales invadieron la comunidad en 400 carros. Después regresaron en grupos más reducidos por lo menos 50 veces para hacer cateos. Los comuneros que habían sido más visibles en la defensa del agua y el bosque fueron perseguidos con mucha furia y seis fueron eventualmente detenidos, sin cargos plausibles, sin órdenes de aprehensión y con violaciones de todos sus derechos humanos.
En los juicios de los compañeros detenidos, el juez de consigna tomó en cuenta todas las pruebas ofrecidas por la prosecución pero ni una sola prueba ofrecida por la defensa. Actualmente tres presos purgan una condena de más de 50 años –Pedro Sánchez Berriozábal , Teófilo Pérez Gonzales y Rómulo Áreas Mireles– por el delito de homicidio. Asimismo Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, y la señora Dominga González Martínez, se encuentran bajo proceso, todos en el mismo penal de «Santiaguito», de Almoloya de Juárez.
Aunque parece increíble, Santos Alejandro Álvarez Zetina y el ex comisariado Rey Pérez Martínez, están perseguidos como los más buscados delincuentes de alta peligrosidad en el Estado de México simplemente por haber levantado la voz en defensa de las aguas, los bosques y la vida en San Pedro Tlanixco.
Cuenta Yolanda Álvarez, la esposa de Lorenzo Sánchez, que la y los presos en Santiaguito están en pequeñas celdas con 12 o 15 personas. Las condiciones son asquerosas y la mala comida se ensucia porque los guardias la meten por una ranura por el suelo. Aunque antes pudieron recibir visitas como la del compañero Alberto Patishtán el noviembre pasado, un nuevo director de la prisión ha dictado que las visitas ahora se limiten a la familia inmediata. Las mujeres que visitan están sujetas a revisiones denigrantes.
En el caso de Lorenzo hay un rayo de esperanza en el terreno jurídico. Ahora se espera el resultado de un amparo y deben resolverlo a su favor, dice Yolanda, porque no tienen pruebas suficientes para que quede allí. Si esto ocurre, él saldrá y es posible que el caso tenga un impacto favorable en los otros también. La corte ha tardado nueve meses en resolver el caso y se espera que no tarde más.
Al tomar la palabra en el encuentro, el compañero Ayax, estudiante de Ayotzinapa agradeció el apoyo y expresó su solidaridad con la lucha por la libertad de la y los presos políticos de Tlanixco y todas las luchas por las tierras, los bosques y el agua.
Que se haga justicia con los presos de Tlanixco. También en Guerrero está la compañera Nestora Salgado, quien estuvo en una huelga de hambre. Nosotros todavía tenemos la esperanza de que nos devuelvan nuestros 43 compañeros. En la normal están 43 butacas vacías. También las de los compañeros asesinados. Aún no nos hacen justicia. Hemos intentado dialogar con el gobierno pero no nos hacen caso. Es lo mismo en el caso de Tlanixco, que lucha por su agua y sus presos políticos, también en el caso de la deforestación en Xochicuatla por donde planean construir la autopista. No me queda más que decirles que resistan, que defiendan su derecho a sus tierras porque son de ustedes, no son del gobierno…Su lucha es nuestra lucha, y como solemos decir, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nosotros no pensamos abandonar la nuestra. Esperamos que ustedes tampoco.
INFORME OSTULA. En ese momento recibimos las primeras alarmantes noticias de la detención de Cemeí Verdía, comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila. Se reportó que «en estos momentos hay soldados retenidos en la comunidad y hay mucha tensión. Lo detuvieron en La Placita, Michoacán, y no ha sido presentado en ningún ministerio público, para que estemos atentos y atentas. También detuvieron a compañeros de los policías comunitarios en Xayakalan y El Duin». Cabe señalar que Ostula es integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) igual que los pueblos originarios participando en el encuentro.
En seguida, escuchamos a la señora Bertha Nava Martínez. La madre del normalista caído Julio César Ramírez Nava destacó que después de casi 10 meses, el gobierno no ha hecho otra cosa que decir mentiras sobre lo que pasó en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. Doña Bertha resaltó algunas de las contradicciones en las declaraciones de las autoridades: «Si dicen que murieron los chiquillos en camino, en las camionetas, pregúntense a ustedes mismos ¿cómo dicen después que les dieron un balazo en la cabeza allá arriba en la pendiente desde donde dicen que les aventaron hacia abajo? ¿Por qué dicen tantas mentiras? Si fuera así ¿por qué no hay pedazos de cuerpos? ¿Por qué no hay pedacitos de las telas de sus playeras? ¿Por qué no hay tenis? ¿Por qué no hay sandalias de los muchachitos?»
Yo no puedo estar sentada en la casa ni en ningún lado. Necesito estar caminando constantemente y estar preguntando, ¿qué pasó? ¿A dónde los tienen? Porque ellos viven. Ellos están vivos. Si no estuviesen vivos el gobierno no nos estaría ofreciendo un millón o millón y medio o dos millones.
El mundo entero está viendo lo que nosotros estamos haciendo y está viendo que nosotros tenemos la verdad. No la verdad del estado, que lo único que quiere hacer es acabar con la escuela. Esa escuela es de lucha. Es una escuela para hacer consciencia a las personas…Ahora estamos luchando para que regresen nuestros hijos, los 43 desaparecidos y miles más. Estamos luchando por justicia para nuestros hijos asesinados, por nuestros hijos cuyas vidas fueron destrozadas, como Aldo Gutiérrez quien queda con una bala en la cabeza, como Edgar quien recibió una bala en la cara. Y estamos luchando por los que tenemos vivos en la escuela también.
Tomás Ramírez Jiménez, el padre de Julio César Ramírez Nava, lanzó un «ya basta» a tantas muertes, tantos secuestros, tanto asesinados y preguntó: «¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que nos pisoteen? Ahora dicen que Guerrero es seguro y Guerrero cumple. ¿Pero en qué? En asesinar. En secuestrar. En desaparecer. En matar y desaparecer a alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Ya basta, compañeros. No queremos más injusticias. No queremos más muertes. Queremos seguir con familias enteras, que haya hijos en sus hogares. No queremos que haya un vacío en la casa, como el que nosotros tenemos porque nos falta un hijo. Y quién sabe en dónde los tienen. ¿Cómo están? No lo sabemos. Pero sí, en cambio, nosotros vamos a seguir en la lucha compañeros. Ésta es nuestra lucha. Estamos defendiendo a nuestros hijos, a los 43 desaparecidos, a los 3 caídos y a los dos que están en cama y en reposo, compañeros. Por eso vamos a seguir luchando. Nuevamente estamos en pie de lucha, compañeros. ¡Vivos se los llevaron. Vivos los queremos!»
Después de otros mensajes solidarios las mujeres de Tlanixco nos invitaron a saborear las deliciosas habas, los exquisitos hongos en salsa verde (muy frescos por cierto, especialidad de la casa) y las tortillas hechas a mano.
Las Rajas y San Lorenzo Huitzizilapan
En Huitzizilapan, la delegación de Ayotzinapa fue recibida con un hermoso altar, una limpia con humo de copal y bendiciones de las abuelas de la comunidad.
“Cada uno de los 43 están vivos porque están en nuestro corazón”, dijo una compañera. “Estamos con ustedes. Huitzizilapan y los pueblos vecinos también están con ustedes. Que se escuchen los aplausos, señores. Muchísimas gracias por su visita”.
Doña Bertha Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava, agradeció el apoyo de Huitzizilapan y habló de lo que ha significado perder a su hijo, quien fue asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014, junto con Daniel Solís Gallardo, y Julio César Mondragón quien fue vilmente torturado y desollado. «Nunca volveremos a abrazar a nuestros hijos», dijo Doña Bertha, y también recuerda el dolor de las madres de Aldo Gutiérrez, quien resultó con muerte cerebral y de Edgar Andrés Vargas, quien sigue en cirugías.
El compañero Ayax de la Escuela Normal de Ayotzinapa destacó la ausencia de los compañeros desaparecidos y asesinados. «Aquel 26 de septiembre quedó muy marcado en las vidas de nosotros, en nuestros corazones, en nuestros mentes, porque nos han quitado a tres compañeros y se llevaron aparte otros 43».
El compañero aclaró que no era cierto que desollaran a Julio César Mondragón y le quitaron sus ojos porque él fue coludido con la delincuencia, como se rumora en la prensa. Al contrario, él era un estudiante honrado, padre de familia que pensaba estudiar cuatro años para ser maestro.
El compañero también desmintió las frecuentes descalificaciones del gobierno y la prensa que tachan de delincuentes a los normalistas por «robar camiones». Por lo contrario, dijo, «cuando nos hace falta un autobús para cumplir con nuestro trabajo educativo o solidario, dialogamos con los choferes». Así que aquel 26 de septiembre los normalistas se habían ido a Chilpancingo para conseguir los autobuses y recursos necesarios para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en el Distrito Federal. Los normalistas de todas las escuelas rurales en México iban a salir juntos desde Ayotzinapa, dijo. Pero al regresar por Iguala, los policías los siguieron y los balearon. Se llevaron a los demás compañeros en sus patrullas. No cabe la menor duda, dijo el compañero: FUE EL ESTADO.
¿Y qué es lo que pasa en Huitzizilapan?
Voceros de la comunidad cuentan que el pueblo otomí-ñatho de Huitzizilapan enfrenta la destrucción y el despojo del bosque Otomí–Mexica en el municipio Lerma, Estado de México por intereses corporativos y del gobierno para aprovechar los manantiales de agua ubicados en el bosque, así como para explotar minas de granito. Los responsables de la devastación son el Grupo Higa y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) con el aval de un espurio decreto expropiatorio emitido por Enrique Peña Nieto en mayo de 2014 sin haber consultado a la comunidad. Grupo Higa busca continuar con la imposición de la autopista en seis hectáreas de bosque ya destruido de Huitzizilapan.
Según los jóvenes de la comunidad, la carretera tiene el doble de «derecho de vía», es decir, en lugar de los 50 metros de acotamiento los que casi siempre se otorgan a las autopistas, ahora se les entregará a los concesionarios 100 metros. En efecto, los derechos del pueblo indígena a su territorio comunal están siendo violados por una empresa privada y el gobierno del estado.
Sin embargo, comuneros y activistas dicen que el decreto presidencial está lleno de inconsistencias y que lo van a echar abajo.
Cuentan que el 6 de julio de 2014 el pueblo fue sitiado por más de mil granaderos. Se pretendía llevar a cabo una espuria asamblea de supuestos comuneros para aprobar el cambio de uso de suelo. Sin embargo, la gente acudió al punto de la reunión, bloqueando la entrada del lugar para que no se llevara a cabo. Los granaderos agredieron a señoras, jóvenes, niños y niñas, pero aún con sus estrategias de intimidación, fueron corridos por el pueblo. Cuatro veces han llegado granaderos para intentar realizar una asamblea ilegal, y cuatro veces la gente de la comunidad ha evitado sus maniobras para cambiar el uso del suelo.
INFORME OSTULA: Llegaron más horrendas noticias sobre Ostula. El lunes supimos que el ejército mexicano abrió fuego contra la gente, asesinando a Hidelberto Reyes García, de 12 años e hiriendo a Neymi Natali Pineda Reyes, de seis, y Melesio Cristiano, de 60, entre otras personas. Un pueblo castigado por atreverse a recuperar sus tierras en Xayakalan y organizar su defensa contra el crimen organizado y el gobierno.
Ignacio del Valle avisó del tipo de desarrollo que las grandes empresas piensan hacer en Atenco y en los pueblos del Estado de México al destruir las tierras. «Pero no queremos clubes de golf. No queremos otra Santa Fe. No nos interesa ser aeromozos», dijo, provocando risas. «Aquí y allá la patria nos llama», dijo. «Los derechos humanos los ganamos en la lucha. Pero no puede ser en una solo región. Hay que unirnos! Hay llanto en nuestros corazones, pero nunca perdón, nunca olvido».
Siguieron las consignas: ¡Peña Nieto delincuente, la cuenta está pendiente! ¡Hermanos de Ayotzinapa, no están solos! ¡Su dolor es nuestro dolor! ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Ayotzi vive! ¡Tlanixco vive! ¡Xochicuautla vive! ¡Huitzi vive!
Mientras cayó una tromba de agua, disfrutamos de fruta fresca y algunos riquísimos guisados mientras Jorge Salinas nos puso a bailar, cantando el Corrido de Gabino Barrera y varios más de su amplio repertorio.
San Francisco Xochicuautla
El Campamento de la Digna Resistencia que se encuentra en la montaña de San Francisco Xochicuautla fue el sitio de la última recepción de la delegación de Ayotzinapa, ahora más grande con la llegada de varios otros normalistas y familiares quienes habían estado visitando a otros lugares.
Los que recibieron a la delegación eran 43+3 niños y niñas, portando fotos hermosamente adornadas con semillas de los 43+3 normalistas.
Agradecimos mucho los sabrosos hongos, habas, arroz, frijoles y otros guisados que nos esperaban esa tarde lluviosa.
El compañero José Luis Fernández de Xochicuautla dio un mensaje de bienvenida especial a los compañeros de Ayotzinapa.
Primero en el estado de Guerrero, nuestros hermanos de Ayotzinapa. En el Estado de México, Tlataya. Xochicuautla. Anoche ayer en Ostula nuevemente más agravantes en el cuál está involucrado el Estado mexicano. Somos nosotros, el pueblo, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, los que tenemos que seguir diciendo basta. Somos los que tenemos que buscar la unidad entre nosotros. Y caminar juntos. Y levantar los brazos y juntar nuestras rabias.
¿Por qué aquí esta reunión? Porque aquí es donde se ha estado iniciando esta resistencia y esta lucha. Y siempre hemos manifestado desde nuestra trinchera, desde nuestras trincheras aquí en el Estado de México con nuestros compañeros de Huitzizilapan, con nuestros compañeros de San Pedro Tlanixco, con todos aquellos compañeros que son como nosotros indígenas, y que hemos dicho con rabia que nuestros compañeros de Ayotzinapa no están solos. Y que hemos dicho que son 43 + 3 más. No exigimos venganza, compañeros, porque ese no es el camino. Estamos gritando y exigiendo justicia. Estamos diciendo al gobierno que nuestros 43 hermanos tienen que aparecer. Y estamos diciendo al gobierno que tiene que haber justicia para aquellos que asesinó.
Tenemos que seguir tomados de la mano como pueblos. Cuando nosotros ya no aparezcamos en medios, y cuando sienten que Xochicuautla ya no es noticia, entonces Xochicuautla y Ayotzinapa y Huitzizilapan y Tlanixco y todas las comunidades indígenas tenemos que tomarnos de la mano y echar adelante nuestra resistencia y nuestros proyectos porque los que nosotros traemos son proyectos de vida. Nos queda clara su forma de criminalizar a nosotros, los que defendemos la vida y estamos en contra de estos proyectos de muerte. Y es por eso que tenemos que juntarnos.
Y es por esto también que así tenemos que estar aquí en Ayotzinapa y en Ostula. Tenemos que estar en Atenco con nuestros compañeros que siguen resistiendo y siguen siendo un ejemplo para nosotros en el Estado de México y en muchos otros lugares. Nosotros hemos tomado decisiones importantes y es de no dejar pasar esos proyectos de muerte como la autopista privada Toluca-Naucalpan y como el aeropuerto que se pretende hacer en territorio de nuestros hermanos de San Salvador Atenco.
Y seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos como nuestros hermanos yaquis, como nuestros hermanos de San Pedro Tlanixco, como muchos jóvenes que están encarcelados por levantar la voz en las marchas ahí en el Distrito Federal.
Las verdades tienen que salir porque tenemos que saber en dónde se encuentran nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa.
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos! Xochicuautla no se vende, se ama y se defende! Atenco vive, la lucha sigue! Ayotzinapa vive, la lucha sigue! Presos políticos Libertad!
Varios compañeros y compañeros recordaron algunos momentos durante los ocho años de resistencia a la Autopista Toluca-Naucalpan bajo construcción por la empresa Autovan, afiliada con el Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa, íntimo amigo de Enrique Peña Nieto. «Han destruido casas, cosechas y cruces», dijo el compañero Eugenio. «Con su maquinaria pesada han quitado magueyes, árboles, hongos, maíz, y animalitos que viven aquí como conejos, armadillos y ardillas».
Pobladores mencionaron el rechazo del proyecto por las asambleas comunitarias, la imposición de falsas asambleas por cientos de granaderos, la llegada de granaderos para acompañar la maquinaria y asegurar la continuación de las obras, el encarcelamiento de 14 compañeros en 2013 por impedir las obras, la detención de otros ocho comuneros en noviembre de 2014, la violación de amparos, el sobrevuelo de helicópteros–el cual, de hecho, ocurrió durante toda la tarde que estuvimos reunidos ahí.
«La destrucción del bosque afecta toda nuestra manera de vivir» dijo una señora. «Pero no solo esto. Es un gran bosque de agua, una fuente de agua para una área tremenda, para los valles de Toluca y México. También un rio subterráneo que se llama el Río San Lorenzo lleva agua potable al Distrito Federal. ¡Imagínense!»
Los comuneros cuentan que el pasado 9 de junio, Enrique Peña Nieto emitió un decreto para expropiar una parte del territorio comunal de Xochicuautla para la construcción de la autopista. Aunque dice en el decreto que se hizo una consulta con la comunidad, como está requerido por ley, esto no es cierto, dice un joven que participa en el campamento. Lo que pasa aquí es un atentado contra el medioambiente. Es un despojo del pueblo, y los culpables deben de estar en la cárcel. Vamos a echar abajo ese decreto.
En el evento que se realizó en el Campamento de la Digna Resistencia, se hicieron declaraciones de solidaridad con la comunidad de Santa María Ostula, bajo ataque por el ejército y la policía federal. Se leyó también un comunicado denunciando el encarcelamiento de Antonio Arce Avendaño, y se anunció un mitin en su apoyo en el Reclusorio Norte el lunes 21 de julio. Afortunadamente el compañero ha salido del reclusorio pero todavía lleva proceso. En el evento también se hicieron muchas declaraciones de apoyo y solidaridad mutua entre Ayotzinapa y los pueblos originarios en lucha por sus bosques y agua.
Epílogo
(Un breve diálogo entre los compañeros José Luis Fernández de Xochicuautla y Omar García de Ayotzinapa)
–Mi nombre es Omar García. Venimos de Ayotzinapa. Queremos ver cómo están ustedes en Xochicuautla, cómo están las cosas aquí, que pasa con el decreto.
–Gracias hermano, buenas tardes. Agradecemos la visita que nos hacen. Pues aquí seguimos caminando. Estamos bien. Tenemos el problema de la maquinaria, pero seguimos firmes.
–¿La gente los está apoyando?
–Sí, el campamento está creciendo.
–Está bien canijo. Acaban de tomar preso el compañero ahí en Ostula del CNI.
–Sí, está bastante difícil. Ahorita vienen de un evento en Huitzizilapan. Efectivamente nosotros quedamos muy consternados por los eventos de ayer. Muestra como el gobierno sigue con el terrorismo del Estado. Hay un niño muy grave, varios heridos, y lo peor es cuando dicen que no fue el ejército aún cuando hubo testigos y los indígenas de Ostula dicen que efectivamente fue el ejército. Una vez más el ejército mexicano contra nosotros.
Reconstrucción detallada de lo ocurrido el pasado 19 de julio en la comunidad indígena de Santa María Ostula
Texto y fotografías por: Heriberto Paredes y Cráter Invertido
Poco más de una semana ha pasado desde que un operativo en la costa michoacana dejara como resultado a un niño de 12 años muerto, Hidilberto Reyes García, y a 10 personas lesionadas: Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años, con rozón de bala en la cabeza; Edith Balbino Vera, con rozón de bala en la espalada; Delfino Antonio Alejo Ramos de 17 años, impacto de bala en el glúteo; Horacio Valladares Manuel de 32 años, impacto de bala en la cadera; José Nicodemos Macías Zambrano, de 21 años, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cara; Melesio Cristino Dirzio, de 60 años, con impacto de bala en la pierna y un testículo; Filiberto Mares Corona, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cabeza; Heriberto Mares Sánchez, de 16 años, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cara; Victoriano Medina Flores, de 28 años, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la boca y Karina Rodríguez Cruz, de 12 años –con síndrome de Angelman– impacto de bomba de gas lacrimógeno en la rodilla.
Sin razón alguna, más de 1000 efectivos del 86 Batallón de Infantería, así como marinos, policía estatal y federal se presentaron en la comunidad de Santa María Ostula y simplemente agredieron a población inerme. Jaime Rodríguez, procurador de Michoacán, ha cambiado en varias ocasiones de versión de los hechos; al principio negó rotundamente que hubiera disparos –pese a que los heridos de bala, el niño muerto por impacto de bala y varios videos grabados en celular lo contradecían–, sin embargo, posteriormente cambió el relato y dijo que el ejército sí había disparado pero al aire y, finalmente, en su última declaración pública, el burócrata afirmó que luego de los peritajes y las averiguaciones, el ejército nos disparó sino que fue un grupo armado «desconocido».
Con dolor y rabia, Emilia García Cabrera, madre del niño asesinado, cuestiona frente a las cámaras al gobierno mexicano: «¿A poco creen que mi hijo cuesta un peso para matarlo de esta forma, nunca van a poder reponerme a mi hijo como estaba? ¿Creen que no me duele, que no siento? También somos seres humanos». Con mucha dignidad, las y los comuneros de Ostula, han denunciado lo ocurrido el pasado 19 de julio, cuando elementos del mando único de Michoacán, ingresaron a la comunidad a detener al líder de la policía comunitaria del municipio, Cemeí Verdía Zepeda y donde agredieron con gas lacrimógeno y armas de fuego (de las cuales se han encontrado cartuchos de calibre .762 y 5.56 mm, de uso exclusivo del ejército).
Resulta evidente la complicidad de la institución de supuesta procuración de justicia con las instancias castrenses para ocultar lo que realmente ocurrió. No obstante, la falta de claridad que ha manifestado, una vez más el Estado, gracias a la colaboración de varios habitantes de Ostula, se ha podido hacer una reconstrucción de los hechos a partir de videos que fueron grabados por celulares y cámaras. Pocos días después de que peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudieran a recopilar pruebas y documentar agresiones, Germán Ramírez, nuevo comandante de la policía comunitaria, encabezó un recorrido con el propósito de dar a conocer los hechos tal y como los vivieron. Con la explicación del comandante, cada punto del recorrido se llenó de datos y la demostración de conocimiento del contexto resultó muy evidente.
Una muestra de la precisión en la información recabada es lo que un comunicado de asamblea, autoridades y comandantes de la comunidad indígena, dado a conocer el pasado 27 de julio, asegura:
Diversos elementos nos llevan a concluir que dentro del comando armado iban infiltrados, con el uniforme respectivo, sicarios del cártel de Los Caballeros Templarios, tal es el caso de Fabián Valencia Vargas, Alán Guerra Falcón, Margarito Preciado, alias La Pirri, Fidelina Falcón Landa y Miguel Landa, alias El Chaparrito, quienes pertenecen al cártel de los llamados Los Viagras (de origen Templario) y fueron identificados dentro del grupo de la Policía Ciudadana. Igualmente desde los radios que los miembros del citado comando robaron a la comunidad se escuchó la voz de Jairo Márquez, alias el Chilanguillo e integrante de Los Templarios, quien azuzaba a la violencia. Ya cuando el comando gubernamental se retiraba de la Ixtapilla se escuchó por las radios y desde algunos altavoces de los vehículos del Ejército Mexicano consignas como: ¡Vivan los Templarios! ¡Somos del cártel templario cabrones! ¡Pinches comuneros ya se les acabó su fiestecita!
Reconstrucción de los hechos
Al comienzo del recorrido, unas 10 camionetas con policías comunitarios se enfilaron a lo largo de la carretera 200 y la caravana se dirigió hacia la población conocida como La Placita, lugar en donde los Caballeros Templarios tenían una base de operaciones y en donde residían buena parte de los integrantes de la estructura criminal incluyendo al jefe de plaza, Federico Gonnzález, alias «Lico». Fue precisamente en este lugar, en donde el comandante Cemeí Verdía fue detenido sin que mediara una orden de aprehensión o algún citatorio específico, por lo que su aseguramiento y traslado resulta totalmente ilegal. Germán Ramírez nos mostró los permisos y las armas que el propio gobierno les había proporcionado luego de su registro como fuerzas rurales y aseguró que Cemeí tenía sus papeles en regla por lo que la petición de la comunidad de dejarlo en libertad inmediata se mantendrá, además de que los cargos que después le fueron imputados, resultan insostenibles.
A menos de 1 kilómetro, en la salida sur de La Placita se encuentra un retén de la marina, mismo que fue solicitado por la comunidad para su protección casi 5 años atrás, y el cual, según explica Ramírez, se convirtió en un punto que protegió al crimen organizado y no a la población. Tras el operativo del 19 de julio, el retén luce casi abandonado y tan sólo unos cuantos marinos cuidan escondidos las instalaciones. Es hasta que nos acercamos a preguntar su versión de los hechos que varios se dejaron ver, y por supuesto su respuesta ante los cuestionamientos resultó inoperante: «No estamos autorizados para decir algo, vaya a la base naval de Lázaro Cárdenas y ahí le darán informes». Ya ni coraje da, sólo risa.
El ambiente en estos dos puntos está cargado de cierta tensión, pese a la presencia y organización de los comunitarios, los Templarios no han abandonado del todo estos lugares y hay una sensación de ser observados. Germán lo sabe pero decide, lo mismo que el resto de los comunitarios, mantenerse firmes y contar ante las cámaras la colusión existente entre esta institución castrense e integrantes del cártel. Y en este tono se realizará el resto del recorrido, con decisión y claridad en el discurso, con la seguridad de que es la verdad lo que lo respalda, a diferencia del gobierno estatal y el federal que en sus escasas declaraciones cambia las «verdades históricas» más de tres veces sin poder sostener una sola. En el video que presentamos en esta publicación se puede seguir este recorrido.
La fuerza de la comunidad
El doble golpe contra la comunidad fue duro aunque, por otro lado, vemos hasta qué punto es que los ha llenado de fuerza y valor no sólo por buscar la libertad de su compañero sino por mantenerse tajantes ante la decisión de salvaguardar la tierra que legítimamente les pertenece. En un primer momento, la detención de Cemeí Verdía, no es sólo la detención de un policía comunitario sin más, es la materizalización de la traición, lo mismo que al doctor Mireles pero con el agravante de que la comunidad de Ostula respalda en su totalidad al comandante Verdía. Él es uno de los sobrevivientes del periodo comprendido entre 2009 y 2013 en donde 32 comuneros fueron asesinados y 6 desaparecidos, él estaba en la lista y los Templarios lo fueron a buscar mientras él jugaba un partido de fútbol en la comunidad conocida como El Faro de Bucerías; salió huyendo y tuvo que abandonar su casa y su familia para salvar su vida, se instaló en Colima y no fue sino hasta casi tres años después, en febrero de 2014, que pudo volver. Regresó pero lo hizo organizado, apoyado por las autodefensas de los municipios colindantes y eso le valió la estima de las y los comuneros.
La segunda vertiente del golpe contra la comunidad es la muerte de Hidelberto Reyes, un niño que fue sorprendido por el fuego que abrió el ejército, recibió un impacto de bala en el vértice del ojo derecho, perdiendo la vida inmediatamente. Su única responsabilidad fue tratar de refugiarse en medio de una balacera unilateral en la que el ejército mexicano atacó a la población inerme. Por supuesto que el dolor de la familia se extiende a toda la comunidad y por ello no se trata de un hecho aislado, algo que fue accidental. Hasta la fecha todas las agresiones que ha sufrido Ostula son premeditadas y tienen una explicación en la necesidad de despojar a los habitantes de sus tierras.
Y a pesar de esto, la comunidad nahua de Santa María Ostula está firme en sus demandas; firme en su organización; firme en a decisión de luchar por la tierra y por la vida. Se sabe que no es una tarea fácil, que los enemigos son muchos y tienen fuerza y poder, pero eso no ha logrado disminuir la voluntad y la dignidad que mujeres y hombres muestran día con día al llevar a cabo las tareas cotidianas y las de la lucha que se ha convertido en su vida. Echar tortilla, asegurar la alimentación de todas las personas que están haciendo guardias en el punto de Xayacalan para que el bloqueo carretero continue; ver que toda la logística de difusión y de información se haga con la mayor de las eficacias, noche con noche, las personas se acercan a la oficina comunal a ver si hay nuevas notas de la prensa para analizar lo que se dice sobre ellos. Siempre hay actividades, más ahora que comunitarios de Cohuayana, Chinicuila y Aquila hacen acto solidario de presencia y acompañamiento.
Aún con la muerte –o tal vez gracias a ella– la vida de la comunidad no puede detenerse, hay que sembrar, recoger algunas cosechas, conseguir leña, pescar, asegurar mecanismos de riego porque las lluvias están escaseando, fenómeno que también se debe a la tala excesiva e ilegal de árboles para su tráfico en el mercado asiático, en particular los que proveían la madera zangualica, una madera ya en peligro de extinción y cuyo vacío ha modificado el ciclo de lluvias en la región. Pero siempre hay un modo para resolver lo necesario y preservar la vida, los rostros de las mujeres no ocultan la tristeza aunque se mantenga una disposición a la sonrisa y a la broma, algo muy característico de la cultura nahua. Los hombres, pese al calor, no dejan de ir de un lado para otro, algunos cumpliendo tareas de seguridad pues son parte de la policía comunitaria, otros se organizan en la comisión de prensa comunitaria para acoger a los que llegan y mantener al tanto a la comunidad sobre las notas e información que va haciéndose pública; mientras los niños y las niñas juegan entre los árboles, construyen historias, le recuerdan a quien pasa por ahí, que son los herederos de aquellos que fueron asesinados y desaparecidos.
AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
AL ALTO COMISIONADO PARA DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
PRIMERO.- Informamos que actualmente el comandante general de la comunidad de Santa María Ostula CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA está consignado ante el Juez Tercero de Distrito y se encuentra detenido en el Penal Federal de Tepic, Nayarit, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército que se investiga en la causa penal número 85/2015, acusación que resulta absolutamente falsa porque el compañero ÚNICAMENTE PORTABA ARMAS QUE LE PROPORCIONÓ LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA LA SEGURIDAD COMUNITARIA.
Igualmente se le pretende acusar de otros delitos absurdos y totalmente falsos como son delincuencia organizada, extorsión, homicidio calificado y tortura, razón por la que exigimos a las instancias de procuración de justicia no ejercer acción penal en contra de nuestro compañero con relación a estas acusaciones o a cualquier otra que se le pretenda hacer. En el caso específico de la acusación por homicidio, se pretende culpar a nuestro compañero del asesinato de los sicarios templarios que lo emboscaron y quisieron asesinar el pasado 25 de mayo de este año, habiendo muerto dichos sicarios en el enfrentamiento que siguió a la emboscada.
SEGUNDO.- El ataque perpetrado el pasado domingo 19 de julio por el comando conjunto de elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva y la Policía Ciudadana dejo los siguientes saldos en contra de la comunidad:
Comuneros asesinados:
HIDELBERTO REYES GARCÍA DE DOCE AÑOS.
Comuneros y comuneras heridos:
Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años; con rozón de bala en la cabeza.
Edith Balbino Vera; con rozón de bala en la espalada.
Delfino Antonio Alejo Ramos de 17 años; impacto de bala en el glúteo.
Horacio Valladares Manuel de 32 años; impacto de bala en la cadera.
José Nicodemos Macías Zambrano, de 21 años; impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cara.
Melesio Cristino Dirzio, de 60 años; con impacto de bala en la pierna y un testículo.
Filiberto Mares Corona, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cabeza.
Heriberto Mares Sánchez, de 16 años, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la cara.
Victoriano Medina Flores, de 28 años, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la boca.
Karina Rodríguez Cruz, de 12 años, con síndrome de Angelman, impacto de bomba de gas lacrimógeno en la rodilla.
TERCERO.- Los gases lacrimógenos fueron arrojados por granaderos de la Policía Federal Preventiva en la carretera federal número 200 a la altura de las encargaturas de El Duín y la Ixtapilla.
El ataque con armas de fuego se hizo desde el grupo de soldados federales pertenecientes al Batallón Número 86, también en la carretera federal número 200, a la altura de la encargatura de la Ixtapilla. Los disparos que se han encontrado fueron de calibre 7.62 mm y 5.56 mm y se hicieron en contra de población civil y casas de dicha población. Los primeros disparos los hizo al aire un hombre con uniforme de la Policía Federal Preventiva que formaba parte del grupo de soldados federales y posteriormente varios hombres de dicho grupo del Ejército Mexicano antes mencionado empezaron a disparar.
Diversos elementos nos llevan a concluir que dentro del comando armado iban infiltrados, con el uniforme respectivo, sicarios del cártel de Los Caballeros Templarios, tal es el caso de Fabián Valencia Vargas, Alán Guerra Falcón, Margarito Preciado, alias La Pirri, Fidelina Falcón Landa y Miguel Landa, alias El Chaparrito, quienes pertenecen al cártel de los llamados Los Viagras (de origen Templario) y fueron identificados dentro del grupo de la Policía Ciudadana. Igualmente desde los radios que los miembros del citado comando robaron a la comunidad se escuchó la voz de Jairo Márquez, alias el Chilanguillo e integrante de Los Templarios, quien azuzaba a la violencia. Ya cuando el comando gubernamental se retiraba de la Ixtapilla se escuchó por las radios y desde algunos altavoces de los vehículos del Ejército Mexicano consignas como: ¡Vivan los Templarios! ¡Somos del cártel templario cabrones! ¡Pinches comuneros ya se les acabó su fiestecita!
Todo lo anterior significa una colusión desde el más alto nivel de las cúpulas militares y policiacas con la mafia de Los Templarios, quienes buscan reacomodarse en la Costa y Tierra Caliente de Michoacán.
Por todo lo anterior reiteramos nuestras exigencias a los gobiernos federal y del estado:
1. La LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMANDANTE CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA Y EL RETIRO DE LOS FALSOS CARGOS QUE EXISTEN EN SU CONTRA.
2. DESMILITARIZACIÓN DE LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EL CASTIGO DE LOS MANDOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES MILITARES Y POLICIACAS QUE ASESINARON AL NIÑO HIDELBERTO REYES GARCÍA, HIRIERON Y GOLPEARON A DIVERSOS COMUNEROS Y DESTRUYERON LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES DE LA COMUNIDAD DE OSTULA Y LA DEVOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: CUATRO RADIOS DE COMUNICACIÓN, EL SELLO E IDENTIFICACIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, UNA PISTOLA CON REGISTRO Y CUATRO JUEGOS DE LLAVES.
3. APREHENSIÓN DE LOS JEFES DEL CARTEL TEMPLARIO EN LA REGIÓN, FEDERICO GONZALEZ MEDINA, ALIAS “LICO”, Y MARIO ALVAREZ LÓPEZ, ALIAS “EL CHACAL”, Y DESARTICULACIÓN VERDADERA DE DICHO CARTEL Y DE SU ESTRUCTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA.
4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA LA LIBERTAD DE LOS INTEGRANTES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AQUILA, COAHUAYANA, CHINICUILA Y COALCOMÁN.
5. PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 6 COMUNEROS DESAPARECIDOS Y EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DEL ASESINATO DE 34 COMUNEROS PERTENECIENTES LA COMUNIDAD DE OSTULA A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de las comunidades de la región.
Apoyos y donativos para la continuación de la lucha de la comunidad indígena de Santa María Ostula:
Cuenta de Banco Número: 641823853
CLABE: 021097064118238530
HSBC
A nombre de José Luis Pineda Ramos, tesorero de la comunidad.
Xayakalan, a 27 de julio de 2015.
LA ASAMBLEA, AUTORIDADES Y COMANDANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
COMANDANTES UNIDOS DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y AUTODEFENSAS DE
AQUILA, COAHUAYANA Y CHINICUILA [ Lecturas: 272 ]
