Mayela Sánchez
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– Hace exactamente un año, la publicación de un boletín informativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre un supuesto enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes fue la hebra que, al deshilvanarse, condujo a la historia de una ejecución extrajudicial sumaria en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de la distancia impuesta por el tiempo y de las informaciones que en ese lapso se han ido conociendo, en el primer aniversario de ese hecho aún persisten dudas sobre qué ocurrió, quiénes son responsables y hasta qué nivel de mando alcanzó la decisión de encubrir el asesinato de 22 personas –21 varones y una mujer– sosteniendo que los militares habían actuado en legítima defensa.
Si bien la noticia de una posible ejecución extrajudicial no fue inédita –dado el contexto de violencia e inseguridad que desde el sexenio pasado persiste en el país–, el asesinato de 22 personas en una bodega localizada en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya, representó más que sólo el hecho concreto de una grave violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, a decir de Guadalupe Correa-Cabrera, doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Texas.
En su análisis, lo ocurrido en Tlatlaya evidenció carencias en el sistema de justicia, en la transparencia, en la gobernabilidad, así como una falta de rendición de cuentas por parte de las diferentes instancias de seguridad en el país.
“Creo que Tlatlaya fue abrirnos los ojos a lo que estuvo sucediendo y a la falta de responsabilidad por parte del gobierno para querer esclarecer este tipo de abusos a derechos humanos; a la protección de las fuerzas federales y diferentes instancias de seguridad, y a la violación de derechos humanos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
“Todo este tipo de prácticas reflejan las limitaciones del sistema de impartición de justicia y las limitaciones en cuanto a gobernabilidad, la inseguridad, la falta de un mecanismo del Gobierno federal y los gobiernos locales y estatales para dar una atención adecuada en estos casos de violaciones graves a derechos humanos, independientemente de que estemos hablando alegadamente de crimen organizado […]. Un Estado democrático, un Estado de Derecho debe considerar los procesos y se les debe investigar a todas las personas que están presentes en un operativo”, abundó la también jefa del Departamento de Gobierno en la Universidad de Texas.
El director en México de la organización Amnistía Internacional (AI), Perseo Quiroz Rendón consideró a su vez que el caso de Tlatlaya exhibió que la política de seguridad vigente, que ha recurrido a la militarización de la seguridad pública, es deficiente y no tiene contrapesos, lo que ha propiciado violaciones a derechos humanos.
“Refleja muchas de las carencias que se ven en México respecto a las políticas de derechos humanos y sobre todo los efectos de una política de seguridad de mano dura que no tiene controles o contrapesos democráticos”, expresó. “Llevamos desde el 2006-2007, con una política de mano dura y no vemos que la situación en términos de seguridad cambie. Más bien lo que hemos visto ha sido que el tema de inseguridad y la crisis de violencia y de Estado de Derecho ha ido cambiando de lugares, pero no ha disminuido en términos prácticos”.
Quiroz agregó que, contrario a lo que pudo pensarse tras la masacre en Tlatlaya, de que hechos como ese dejarían de ser la regla, se ha mantenido como “patrón” ante la la inacción de las autoridades, que siguen negando la ocurrencia de los hechos y la violación de los derechos humanos de las víctimas. Un problema adicional, consideró, es que la problemática que este hecho representa no forma parte de la agenda pública.
LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
Tras el asesinato de 22 personas por parte de militares en una bodega en el municipio de Tlatlaya, la Sedena dio la versión de que se había tratado de muertes producto de un enfrentamiento. Casi de inmediato, el Gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas salió a respaldar esa versión y aseguró que la actuación de los militares había sido en legítima defensa.
En un primer momento, una semana después del supuesto enfrentamiento, la agencia estadunidense Associated Press publicó que en el lugar de los hechos no había señales de un enfrentamiento. Luego, el 17 de septiembre, el periodista Pablo Ferri publicó un reportaje en la revista Esquire Latinoamérica en la que refutó por completo la versión oficial al presentar a una testigo de los hechos, quien aseguraba que 21 de los 22 asesinados se habían rendido antes de que los soldados los mataran sin haberlos interrogado. La testigo, que fue identificada como “Julia”, dijo además que el ataque había dejado a dos jóvenes heridos; a una de ellos, de 15 años, los militares la habían rematado cuando se encontraba en el piso.
Desde entonces, periodistas y ciudadanos han buscado indagar más sobre el caso y han solicitado información a través del sistema de transparencia gubernamental. La escasa información que se ha conseguido ha fluido a cuentagotas, enfrentándose a la resistencia de las autoridades involucradas, a veces respaldadas por las instancias encargadas de la transparencia.
A mediados de julio, el comité de información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) reservó toda la información sobre actuaciones, dictámenes y documentos que integran la carpeta de investigación de los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio por un periodo de nueve años, clasificándola como confidencial y reservada.
Luego, el 9 de diciembre la Procuraduría General de la República (PGR) catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación que realiza por la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó que en octubre había solicitado esa información, pero en respuesta, la PGR contestó que se habían realizado 11 dictámenes en la investigación pero que no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que era información reservada por tratarse de una investigación en curso. La PGR reservó esos dictámenes por 12 años, el máximo periodo estipulado en la ley.
Considerando lo anterior, la organización civil interpuso el 5 de diciembre un recurso de revisión en donde solicitó que se hiciera pública la investigación por el caso Tlatlaya “por tratarse de una violación grave de derechos humanos o incluso pudiera configurar como un crimen de lesa humanidad”.
La Procuraduría contestó entonces que la averiguación previa iniciada sobre los hechos fue “por la probable comisión del delito de homicidio” y que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido la recomendación 51/2014, “la misma no es con motivo de violaciones graves a derechos humanos”, pues en el portal de internet de la CNDH no aparecía en su sección de “Recomendaciones por violaciones graves” sino simplemente en la sección de “Recomendaciones”.
En febrero pasado, los reporteros de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales de la “Primera Emisión” de Noticias MVS denunciaron cómo la PGR había falseado información y desacatado una resolución del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy convertido en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Los periodistas Daniel Lizárraga y Sebastián Barragán refirieron que desde el 6 de octubre de 2014 solicitaron a la PGR acceso a los peritajes, a través de una solicitud de información pública. La PGR negó el acceso argumentando que los documentos estaban reservados por tener datos personales y formar parte de una averiguación previa en curso.
Sin embargo, el medio interpuso un recurso de revisión argumentando que no se podía reservar un expediente que involucraba violaciones graves a los derechos humanos. Pese a que el 14 de enero el entonces Ifai ordenó a la PGR entregar versiones públicas de los peritajes, la Procuraduría notificó que no los entregaría porque habían sido entregados al juez de la causa desde octubre de 2014 y no tenía copia.
Durante todo el tiempo en que se dirimió el asunto ante el Ifai, la PGR nunca señaló que no contaba con dicho documento, resaltaron los periodistas. De acuerdo con el comisionado del Ifai Francisco Javier Acuñas Llamas, quien llevó el caso, la PGR cometía con ese argumento violaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, al no conservar una copia de la averiguación previa; a la Ley de Archivos, que obliga a conservar documentos por el doble de tiempo que se clasifican como confidenciales; y a la Ley Federal de Transparencia, al reservar información que en realidad no estaba en sus archivos.
A finales de 2014 e inicios de este año, el equipo de reporteros tuvo acceso al expediente que creó la CNDH para investigar el caso Tlatlaya, el cual sirvió de base para la recomendación que hizo al Gobierno del Estado de México, la Sedena y la PGR.
Con esos archivos, la Unidad de Investigaciones Especiales documentó cómo la Sedena bloqueó a la CNDH el acceso a documentos del Tribunal Militar; que hubo presencia de dos generales en la bodega donde ocurrió el tiroteo en Tlatlaya, así como la participación de marinos y un batallón del Ejército que no se habían revelado hasta ese momento.
Sin embargo, el expediente no incluía los peritajes realizados por la PGR, los cuales se negaba a entregar.
Apenas el pasado 24 de junio, el Inai rechazó la apertura de la averiguación previa que sobre el caso realizó la Procuraduría Militar. Sin embargo, redujo de 12 a 2 años el plazo de reserva de dicho documento. El proyecto, del comisionado Francisco Javier Acuña, planteó que por tratarse de delito de “índole de indisciplina militar” no le era aplicable la causal de apertura por haber existido una violación grave de los derechos humanos.
Pero un día después, el Inai ordenó a la Sedena entregar versiones públicas de los partes militares sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya en 30 de junio de 2014.
Se trata de los partes militares que dieron el comandante a cargo de los soldados que participaron en el operativo, el del superior jerárquico a cargo de esos militares y el del comandante de la 22 Zona Militar a su superior jerárquico.
En un primer momento, refirió la institución, la Sedena había respondido que no existían tales partes militares y recomendó al solicitante a consultar los boletines de prensa emitidos por la propia Secretaría sobre el tema.
Pero en una respuesta ampliada, la Sedena reconoció la existencia de los partes militares mas señaló que estaban clasificados como reservados , por formar parte de una causa penal en curso. Sin embargo, el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai, que reconoció que la difusión de los documentos no causaba un perjuicio serio a la impartición de justicia por lo que no eran susceptible de clasificarse como información reservada. En consecuencia, le ordenó a la Sedena entregar la información solicitada.
También a unos días de cumplirse un año de la masacre, el periodista Gustavo Castillo, reportero del diario La Jornada, afirmó que existían inconsistencias entre los peritajes realizados por peritos del Estado de México y los de la PGR, según había constatado a partir de los peritajes de la PGR y de la PGJEM, entregados a partir de una solicitud de información, según refirió.
El reportero descubrió, entre otras cosas, que 11 de las 22 personas asesinadas en Tlatlaya fueron prácticamente fusiladas y cinco más murieron realizando “maniobras instintivas de defensa”. Además, las armas de tres víctimas estaban descargadas.
En opinión del director de Amnistía Internacional en México, esta resistencia de las autoridades civiles y militares podría explicarse por la falsa percepción que existe en éstas respecto a que criticar a las instituciones significa debilitarlas.
“A veces pareciera ser que nuestras autoridades se convierten más en guardianes del statu quo, que en guardianes del bien público. La transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de casos no perjudica, sino todo lo contrario. Es sólo que no se ha entendido en su totalidad”, consideró.
Pero para Correa-Cabrera, tal resistencia también podría explicarse por un “contubernio” entre las diferentes instituciones públicas.
“Se puede pensar en un contubernio de las diferentes instituciones públicas con el aval de la cabeza del Estado mexicano y eso es muy preocupante: el que una instancia no quiera abrir sus archivos, abrir sus investigaciones […]. Podría hacernos pensar que hay un contubernio que viene de las esferas más altas del Estado mexicano para no debilitar su imagen, para protegerse ellos mismos, sin un compromiso con la impartición de justicia, sin un compromiso con el Estado de Derecho”, expresó.
La académica estimó que las autoridades estarían apostando a dejar pasar el tiempo y que el tema se olvide para no tener que pagar los costos personales e institucionales del caso Tlatlaya.
“Se está apostando al olvido, se está apostando a que las cosas bajen de nivel, a que se deje de publicitar, a que los medido se olviden y entonces no se pague estos costos […]. No se está teniendo la responsabilidad, las investigaciones y las personas que se pudo procesar por Tlatlaya. Hay huecos, hay preguntas de lo que ocurrió hace un año, y sigue sin haber respuestas”, expuso.
IMPUNIDAD PERSISTENTE
En abril pasado, el Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados para Coadyuvar con las Autoridades Competentes en la Investigación de los Hechos Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, presentó un informe en el que hizo varios señalamientos que revelaban varios huecos de información sobre lo ocurrido en Tlatlaya.
Dichos vacíos informativos persisten a la fecha.
Por ejemplo, a la PGR le pidió dar a conocer públicamente si había iniciado denuncias, investigaciones penales, procedimientos o recursos administrativos por la afectación a derechos humanos derivada de la tardanza de 11 semanas en comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas.
También consideró que era necesario que el gobierno mexiquense aclarara por qué la Procuraduría estatal no investigó la alteración de elementos y el desplazamiento de cadáveres de su posición original, así como por qué sus peritos llegaron casi seis horas después de ocurridos los hechos.
Asimismo le pidió aclarar por qué aseguraba que sus peritajes habían sido “apresurados” si había tenido 85 días para integrar la averiguación previa, hasta que la PGR atrajo el caso el 23 de septiembre de 2014.
A la procuraduría estatal, los legisladores le requirieron conocer si había turnado a la PGR la investigación contra Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos –dos de las tres mujeres que fueron encontradas en la bodega y que supuestamente habían sido secuestradas– como un medio de intimidación, para evitar que se revelara la verdad, o porque no tenía conocimiento de los actos ilegales de sus agentes, peritos y ministerios públicos.
El grupo también pidió aclarar por qué la CNDH declaró públicamente que la PGJEM le entregó mil 600 fotografías sin que se encontraran fotos detalladas de los cadáveres.
Además solicitaron al Gobierno del Estado de México conocer qué funcionarios estaban bajo procesos administrativos o penales, y si actuaron bajo instrucción o en acuerdo con autoridades militares o con responsables de alto nivel del propio Gobierno estatal.
En el tema de la reparación de daños, este lunes la CNDH emitió un comunicado que podría dar luz sobre las acciones que la PGR, la Sedena y el gobierno mexiquense han emprendido en la materia.
De acuerdo con el comunicado de la CNDH, a la fecha la PGR se encuentra integrando el desglose de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/161/2014 para investigar la posible responsabilidad de otras personas en los hechos. La CNDH dio por cumplido el punto recomendatorio respecto a las violaciones a derechos humanos de dos víctimas a quienes se les había iniciado un proceso penal. Debido a que la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito ordenó la libertad de las víctimas, se dio por cumplida la recomendación.
En lo que compete al Gobierno mexiquense, la CNDH apuntó que al brindar cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría local y al colaborar con ella para el registro de las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se daban por cumplidos los puntos relativos a la garantía de no repetición. De modo que quedarían pendientes las recomendaciones respecto a la indemnización y la atención médica y psicológica a las víctimas, así como que se determine ministerial y administrativamente quiénes fueron los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
En lo que compete a la Sedena, ésta informó que comenzó un trabajo con la CEAV para la reparación de daño y la atención a las víctimas, mientras que para las medidas de no repetición, ha realizado cursos de capacitación y la observancia de manuales de actuación. Aún tiene pendiente determinar la responsabilidad militar de los servidores públicos involucrados.
El pasado 14 de mayo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inició las acciones de reparación integral de daños a los familiares de los asesinados en el caso Tlatlaya, con base en la recomendación 51/2014 de la CNDH. Según refirió en un comunicado, preveía pagar un monto total de más de 50 millones de pesos a las familias afectadas. Aunque la propia instancia recuerda que la Ley General de Víctimas estipula el derecho a ser reparadas integralmente, lo que comprendía medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, sólo informaba sobe el pago de indemnizaciones mas no de otras acciones para, por ejemplo, garantizar la no repetición de los hechos.
De acuerdo con el comunicado de la CNDH, la CEAV informó que registró a 43 víctimas, 22 directas y 21 indirectas, y una de las familias ya había sido indemnizada.
Correa-Cabrera señaló que si en este caso no se investiga y se hace justicia por las violaciones a derechos humanos en este caso, se enviará una señal de impunidad.
“Eso da para que tanto miembros de los grupos delincuenciales como miembros de las diferentes agencias de procuración de justicia actúen con toda impunidad y sin una responsabilidad del trabajo que tienen que hacer […]. Tanto miembros de los grupos delincuenciales como del Estado mexicano mismo tienen la manga ancha para poder continuar violando derechos humanos y eso es muy peligroso”, destacó.
El grupo especial conformado en la Cámara de Diputados también planteó sus dudas a la Sedena, instancia que se ha mantenido reacia no sólo a transparentar la información del caso, sino incluso fue escéptica respecto a la recomendación de la CNDH.
A la Sedena los legisladores demandaron esclarecer la cadena de mando alrededor de los elementos militares que participaron en los hechos, y si además de los siete elementos procesados penalmente, intervinieron otros elementos militares con posterioridad, ya sea con su presencia física o mediante comunicaciones.
También le pidieron conocer el nombre del oficial que autorizó un patrullaje con ocho elementos si el mínimo es de 12, y fue omiso para cumplir el protocolo de hacer videograbación del operativo.
La coordinadora del grupo especial, Margarita Tapia Fonllem, al presentar el informe lanzó también una serie de preguntas que apuntaban a esclarecer el contexto y las relaciones del 102 Batallón de Infantería, de la 22 Zona Militar en el Estado de México, el involucrado en el caso.
“Esas son preguntas que nos hacemos todos, cualquier ciudadano: ¿Qué estaba haciendo allí el Ejército? ¿Quién los mandó? ¿Tras quien iban, a quién andaban persiguiendo o qué iban a hacer? ¿Quién dio la orden?”.
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