Colima, México. Avanzada (22 de junio de 2014).- La disidencia magisterial en Colima avanza de manera sigilosa pero rápidamente en las más de 800 escuelas de educación básica distribuidas en el territorio estatal.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación ni los líderes de la sección 6 y 39 del SNTE han fijado un posicionamiento claro ante las demandas de los profesores, la mayoría de ellas tienen que ver con las irregularidades en los pagos que está cometiendo la secretaría de Educación.
Las marchas, los desplegados en los periódicos denunciando pagos incompletos, desaparición de recursos etiquetados para el programa de Carrera Magisterial, y la poca respuesta del magisterio para las actividades a las que convoca la Secretaría de Educación o el SNTE evidencian la molestia de la base magisterial.
El sábado, en una marcha que congregó a más de 500 maestros en Colima, el profesor Julián Contreras de la Rosa señaló que los profesores están luchando por defender sus derechos laborales.
Pero además, también por exigirle a la Secretaría de Educación que cumpla con su papel de garantizar una educación de calidad y ofrezca el equipo, la capacitación y las herramientas para que ésta se cumpla.
Luego, explicó que el examen de permanencia no garantiza la calidad educativa, y lo único que pretende es atemorizar a la base docente, por ello en los próximos días diseñarán una estrategia para invitar a los maestros colimenses para que no se presenten a la evaluación.
“Se trata de que nadie se presente al examen, esa es la idea: nadie presentarnos y hacer el boicot estatal adherido al boicot nacional que se estará llevando a cabo en otros estados”.
Los maestros señalaron que los tambores de guerra empiezan a sonar en Colima y nuevamente hicieron un llamado al dirigente de la sección 6 del SNTE, Javier Pinto, para que encabece las protestas.
“Es una falta de respeto lo que dijo el secretario de Educación a nivel nacional, en el sentido de que sería una ofensa para el presidente no hacer la evaluación, ¿y la ofensa para el pueblo de México por pretender engañarlos y decirles que de la evaluación docente dependerá que mejore o no la educación en este país?, eso no le importa, prefiere seguir en la simulación y someter al magisterio, para que éstos, temerosos de no perder su trabajo, se vuelvan un ente corporativo del gobierno”, dijo una de las manifestantes.
Por lo pronto, los maestros colimenses anunciaron una nueva marcha para este miércoles 24 de junio.
Ciudad Victoria, Tamps. Quince familias se manifestaron en silencio en la plaza principal de esta ciudad, exigen a las autoridades el regreso de sus hijos, los cuales fueron víctimas de desapariciones forzadas en los últimos cuatro años. No tenemos motivos para celebrar el día del padre sin nuestros hijos, rezaban las mantas y pancartas.
Encabezados por Guillermo Gutiérrez Riestra los padres y madres de familias instalaron un altar con imágenes de sus hijos desaparecidos, veladoras, pancartas y mantas, en uno de los pasillos exteriores del Centro Cultural Tamaulipas.
Sin gritos ni caminatas, los dolientes permanecieron junto a uno de los pilares del referido recinto cultural. Exigimos al gobierno que los busque y nosotros seguiremos reclamando su regreso.
Los padres no lloran hora luchan, vivos se los llevaron vivos los queremos. No tenemos nada que celebrar hoy y siempre buscaremos a nuestros hijos, rezaban las consignas que exhibieron en mantas y pancartas.
Señalaron que las autoridades les han manifestado que no hay pistas de sus hijos y que es necesario esperar el resultado de las investigaciones.
Algunos de los manifestantes aseguraron que sus hijos desaparecieron hace cuatro, tres, dos y un año, ninguna autoridad les ha dado respuesta a sus demandas.
Los pozos de fracking fueron descubiertos por activistas.
Papantla, Ver.- Se han detectado 172 pozos petroleros explorados bajo la técnica de la fracturación hidráulica en Papantla, desconociéndose cuáles son las afectaciones ambientales y a la salud en la región, porque Pemex ha tratado de ocultar la información, denunció Francisco Cravioto Lagos, investigador del Centro de Análisis e Investigación (Fundar)
“Desde Tecolutla, hasta el municipio de Camerino Z, en la sierra norte de puebla, hay 500 pozos que se van a explorar bajo está técnica que ha sido prohibida en otros países porque es altamente contaminante”, dijo.
Lamentó que hay un grave problema de información, pues aunque desde 2003, la paraestatal ha empleado la técnica de la fracturación hidráulica para explorar gas y petróleo, no ha dado a conocer información pública y precisa sobre el daño ambiental.
Hace poco más de un mes, a través de solicitudes de información, organizaciones ambientales lograron obtener la confirmación de parte de Pemex, de que en el país hay 900 pozos donde se está usando está técnica aunque no da más detalles.
“Pemex tenía que haber informado a la población y las comunidades donde invade el territorio sobre la exploración de estos pozos, la población no está informada en que se está dando en su territorio ni las afectaciones para impedirlo”, dijo.
En entrevista durante el Encuentro Regional Norte-Golfo por la Defensa del Agua y el Territorio frente a Proyectos de muerte, dijo que el primer paso de la resistencia es informar a las comunidades sobre qué es la técnica del fracking y sus afectaciones, que incluyen daños ambientales y a la salud, por los químicos que se usan para extraer hidrocarburos.
“Esta es información que no debería se responsabilidad de las organizaciones civiles, es una responsabilidad del gobierno que tiene que informar, sobre todo porque se trata de comunidades indígenas y así lo mandata la mandata la constitución”, dijo.
Afirmó que la iniciativa de crear un gran frente de defensa y territorio en al menos cinco estados del país, tiene como finalidad informar a la sociedad civil y crear redes de defensa del territorio para impedir los proyectos que están previstos como parte de la Reforma Energética.
Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) denunciaron atraso en sus pagos salariales, interinatos y prestaciones.
De acuerdo con el director de la Unidad UPN 161 Morelia, Pedro Suárez González, el adeudo por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a personal de base e interinatos suman alrededor de 900 mil pesos.
Refirió que incluso se registran prestaciones que no les han hecho efectivas, “se trata de prestaciones ya creadas logradas a través de luchas realizadas desde la creación de la universidad hasta ahorita, y estas han sido afectadas a partir del proceso de descentralización, pues la Secretaría de Educación no reconoce las prestaciones como tales, paga exclusivamente lo que ellos creen que nos corresponde”.
La negativa de varios centenares de maestros a que se realizara la Evaluación de Promoción, programada para este fin de semana, causó roces entre manifestantes y autoridades, que confirmaron la detención y posterior liberación de 16 quejosos.
El Siglo de Durango documentó incidencias en cuando menos cuatro planteles, en los que se montaron cadenas humanas y se colocaron candados a los accesos para impedir el examen, al que estaban convocados 758 trabajadores.
En todos los casos se montaron operativos de la Policía Estatal Acreditable con la intención de reabrir las sedes para que los inscritos realizaran la prueba; las personas detenidas fueron quienes trataron de impedir la acción.
Ante ello, los manifestantes denunciaron uso excesivo de fuerza, al tiempo que afirmaron que no se trata de un rechazo a ser evaluados, pero piden que se haga en condiciones justas.
“Queremos que se realice una evaluación formal, pues primero suspendieron y luego nos dijeron que siempre no y no tuvimos tiempo de estudiar los 20 documentos en los que se basa en examen”, comentó al respecto la maestra Karina Andrade.
El secretario de Educación, Héctor Vela Valenzuela, por su parte, confirmó la liberación de los 16 maestros y la apertura, aunque en algunos casos tardía, de todos los centros de evaluación.
CHOCAN EN LAS CIFRAS
El propio secretario de Educación, a través de un comunicado, afirmó más tarde que realizaron la prueba 533 de los 758 convocados para ayer sábado; sin embargo los maestros, en una movilización vespertina, negaron que se haya logrado tal nivel de participación y que este no superó el 10 por ciento.
Por la mañana, en entrevista para un medio electrónico, el subsecretario de Educación, Elpidio Rivas, sostuvo que los operativos policiacos fueron recomendados a nivel nacional para garantizar la seguridad en el proceso de evaluación. En el caso de la capital, se registraron algunos roces entre agentes y manifestantes, aunque sin consecuencias físicas mayores.
Docentes de La Laguna que intentaron boicotear la evaluación docente, fueron desalojados por policías estatales apoyados, en algunos casos, por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 35, por lo que la aplicación sí se llevó a cabo.
Mientras que en estados como Michoacán y Oaxaca, la multitud de maestras y maestros que rechazan la evaluación de la Reforma Educativa, logró suspenderla, en La Laguna apenas se unieron pequeños grupos de 10 a 15 personas a la entrada de las sedes de aplicación de la evaluación para cargos de promoción, para bloquear los accesos e intentar suspenderla.
A las 8:30 de la mañana los docentes se apostaron en los accesos de las sedes de la evaluación ubicados en: Escuela Normal de Torreón, Preparatoria Venustiano Carranza, Tecnológico de La Laguna y el Tecnológico de Torreón.
Media hora más tarde llegaron a las instalaciones los evaluadores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en compañía de policías estatales y docentes miembros de la Sección 35 del SNTE, a quienes identificaron como “grupo de shok” del sindicato, para provocar a los disidentes. En el caso de la PVC, en medio de forcejeo, agresiones y amenazas, los docentes fueron desalojados. Dos maestros presentaron lesiones leves.
La sede de la Normal de Torreón, también registró conatos de bronca, sin que pasaran a mayores. En ambas sedes, según docentes, los uniformados trataron de detener a dos maestros, sin embargo, al demostrarles que no había elementos, decidieron soltarlos no sin antes amenazarlos. “Ya los tenemos identificados y en donde los veamos, los vamos a detener”, dijo uno de los policías a docentes que se encontraban en PVC.
“Las fuerzas represivas estaban organizadas para reprimir y quitarnos de los centros que ya teníamos tomados y lo lograron porque somos contingentes pequeños, pero aún así se cumplió el objetivo, al menos en la Normal Torreón se hizo una especie de paralización”, dijo uno de los maestros que no quiso revelar su nombre.
Agregó que al menos en La Laguna, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, cumplió su amenaza, “él dijo: Truene, llueve o relampaguee, la evaluación se llevará a cabo y sí, por medio de la represión cumplió”.
Sin embargo, agregó: “Nosotros también vamos a continuar hasta sus últimas consecuencias, porque como dijo José María Morelos y Pavón: La muerte es nada cuando por la Patria se muere”.
Tranquilidad en Gómez
En Gómez Palacio la aplicación del examen se llevó a cabo sin incidentes y en un clima de tranquilidad. El subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango, Miguel García Mesta informó que para la evaluación se establecieron dos sedes, en la Universidad Politécnica de Gómez Palacio y la Universidad Tecnológica de La Laguna, de Lerdo. En cada una se aplicó el examen de promoción magisterial a 59 y 125 docentes, respectivamente.
La Subsecretaría de Educación, que abarca los 12 municipios de La Laguna de Durango aseguró que no se presentaron incidentes, a diferencia de Torreón donde se practicó la detención de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes intentaron boicotear la evaluación. (Ma. Elena Holguín)
El 30 por ciento de los maestros convocados a presentar el examen para Asesores Técnicos Pedagógicos no lo presentó.
De acuerdo con el reporte oficial la Evaluación de Promoción organizada por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación de la SEP, de los 758 maestros convocados, 533 presentaron la prueba.
Por su parte, maestros que participaron en las movilizaciones que se realizaron ayer contra la evaluación, aseguraron que ni el 10 por ciento de los registrados lo presentó.
Los docentes se presentaron desde temprana hora en los planteles en los que se aplica el examen de Asesoría Técnica Pedagógica, en algunos casos con la finalidad de impedir y en otros con la intensión de persuadir a los postulantes a declinar.
En las instalaciones de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial (CBTIS) 89, 130 y 110 , la situación se tornó tensa, a tal grados que en las dos primeras fueron detenidas 16 personas.
Al mediodía, Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación del Estado (SEED), informó que a esa hora, ya estaban libres todos, no obstante, los compañeros acusaron que hubo uso excesivo de fuerza por parte de los policías en contra de los detenidos.
El argumento para llevar a cabo la detención fue el impedimento para ingresar a las instalaciones públicas, por lo que después de la acción policiaca, las escuelas fueron abiertas para que se llevara a cabo el examen.
Y es que en las instalaciones de los CBTIS, colocaron cadenas y candados para evitar el acceso a los docentes que querían presentar la prueba.
En estos lugares hubo empujones y forcejeo con agentes de las policías Estatal y Municipal, instancias que en pocos minutos recibieron refuerzos con los que lograron replegar y controlar a los maestros.
Los maestros, quienes se identifican con secciones del Sindicato y la Coordinadora, arguyen que no se trata de un rechazo a ser evaluados, pero piden que se haga en condiciones justas.
En el Colegio de Bachilleres La Forestal y en otros planteles, los maestros inconformes estuvieron invitando de forma pacífica a quienes llegaban a presentar la prueba, a no hacerlo y sumarse a su exigencia. Muchos se sumaron a dicha causa, aunque otros tantos decidieron hacer el examen.
EXIGENCIA
“Queremos que se realice una evaluación formal, pues primero suspendieron y luego nos dijeron que siempre no y no tuvimos tiempo de estudiar los 20 documentos en los que se basa en examen”, comentó la maestra Karina Andrade.
“Nuestra intención es convencer a la mayor cantidad posible de maestros a sumarse a nuestra protesta y no presentar un examen que se da en un marco de informalidad por parte de la SEP”, dijo el profesor Eliodoro Alvarado.
Otro grupo de maestras lamentó las condiciones en las que actualmente reciben la enseñanza los estudiantes del sector público, no sólo de Durango, sino de todo el país, puesto que se ha generado un clima de tensión, en el marco de la Reforma Educativa.
“Dicen que ganamos 13 mil pesos, cuando apenas llegamos a los tres mil 300 y en lugar de fortalecernos con cursos y mejorar la infraestructura educativa, quieren deshacerse de nosotros con evaluaciones amañadas”, advirtieron.
La presencia de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) y la Policía Estatal Acreditable, se mantuvo durante toda la mañana en los planteles en los que se aplicó el examen, sobre todo el los tres CBTIS.
20 de junio 2015.- Son 914 desapariciones las que la Fiscalía General de Jalisco no ha reportado al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), pues en la última actualización de este registro, realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo aparecen 2 mil 148 desapariciones en el estado siendo que la Fiscalía General, a través de su unidad de transparencia, reporta (en el mismo periodo de tiempo) 3 mil 062 desapariciones.
Si se toman en cuenta sólo los actuales datos del RNPED resulta que Jalisco dejó de ser el segundo estado con más desaparecidos del país para ocupar ahora el cuarto sitio, delante de nuestro estado están Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León. Hasta diciembre del 2014, Jalisco registraba en el RNPED: 2 mil 113 desaparecidos, en la última actualización del sistema, en abril del 2015, el número de desapariciones aumentó a 2 mil 148 casos.
En ese mismo periodo de tiempo, pero tomando como referencia sólo el número de indagatorias que posee la Fiscalía General de Jalisco se tenían, hasta diciembre del 2015 en el estado dos mil 677 personas desaparecidas; es decir, 564 casos más de lo que se había reportado al RNPED. Sin embargo, la irregularidad siguió porque en los primeros cuatro meses del año, hasta el 30 de abril, la Fiscalía reportó 385 nuevas desapariciones, lo cual incrementó el número de desaparecidos a 3 mil 062.
Al cruzar ambas bases de datos, que tendrían que ser convergentes, sale a relucir la manera en que la Fiscalía General controla el registro de personas desaparecidas, pues esta instancia no reporta, por tanto oculta, al Gobierno Federal: 914 desapariciones.
Esta necesidad de ocultar la realidad podría continuar pues las desapariciones en Jalisco no cesan; al contrario, siguen en aumento pues tan sólo en el mes de mayo se presentaron 203 indagatorias por desaparición de personas, de las cuales se desprendió la desaparición de 214 personas (108 mujeres y 106 hombres).
De éstas la Fiscalía dijo localizar en vida 118 personas (70 mujeres y 48 hombres) y cinco sin vida (4 hombres y una mujer) ; sin embargo, siguen sin regresar a casa 91 personas. Esto hace que, hasta el 31 de mayo, tengamos a 476 desaparecidos (tres desapariciones al día en lo que va del año). En total, Jalisco hoy tiene 3 mil 153 desaparecidos, de éstos sólo 2 mil 048 aparecen en el Registro Nacional hasta su último corte de abril.
El mes pasado, familiares, amigos y madres de desaparecidos se dieron cita en la glorieta de los niños héroes en la ciudad de Guadalajara para exigir a las autoridades hagan algo, por esclarecer el paradero de sus desaparecidos. Foto Arturo Campos Cedillo.
Conforme al RNPED, Tamaulipas es el estado con más desaparecidos con 5 mil 289, le siguen el Estado de México, 2 mil 196, y Nuevo León, 2 mil 154. Jalisco, tomando los datos que la Fiscalía General no reporta al registro nacional, Jalisco seguiría siendo el segundo estado con más desaparecidos en el país. Sin embargo, la Fiscalía ha “desaparecido” del sistema a mil desaparecidos. ¿Cuáles son las razones para no reportarlos al RNPED? ¿Qué esconde?
El RNPED divide su base de datos en dos rubros: 1) las desapariciones del fuero federal que son las que han sido tomadas por la Procuraduría General de la República (PGR), la cual atrae los casos que podrían vincularse con la delincuencia organizada; 2) las desapariciones de fuero común que son aquellas que están a cargo de las autoridades locales.
En el caso de Jalisco, éstas son de competencia de la Fiscalía General y, de manera particular, de la Agencia de Ministerio Público 12/C, la cual en fechas recientes dejó de ser una agencia de personas desaparecidas para ser una agencia de personas no localizadas.
El rubro del fuero común del RNPED, Jalisco reporta dos mil 148 desapariciones, mientras que el fuero federal sólo 11. En total, el RNPED contabiliza para el estado dos mil 159 desaparecidos. En los datos de la Fiscalía General, del 2006 hasta el 31 de mayo, existen 3 mil 153 personas que no han logrado regresar a casa. No cuadran ambos registros.
En el estado quien tendría que ser el garante del registro de desaparecidos es la Fiscal de Derechos Humanos, Lizeth Hernández; sin embargo, con la reciente creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas serán sus comisionados quienes tengan que cumplir con esta tarea, tal y como lo marca la Ley Estatal de Atención a Víctimas. ¿Los dejarán asumir el control del registro de desaparecidos y el de las víctimas de la violencia del estado?
Un claro ejemplo de la opacidad en “el registro” de desapariciones
Daniela Isabel Magaña Castellanos, de 17 años, desapareció el 12 de septiembre del 2014 en el municipio de Zapotiltic, ubicado en la región sur del estado. Daniela es estudiante de la preparatoria regional que la Universidad de Guadalajara tiene en aquel municipio. Ese día, ella salió de su casa para ir a un gimnasio; sin embargo, al salir de éste sólo se le vio caminar por la calle mientras hablaba por su celular. Al menos esto lo que se ve en la videograbación de vigilancia que la Fiscalía General mostró a su familia.
Su familia insiste que en el video aparece un hombre que conduce a Daniela en línea recta por la calle. La Fiscalía no ve lo mismo, pues insiste en ella desapareció a causa de conflictos familiares. Su padre, Martín Magaña, ha dicho que esto es una mentira, pues no había ningún problema.
Los padres de Daniela han hecho de todo por buscarla, incluso, la propia Universidad de Guadalajara a través de su rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, y del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), José Alberto Galarza, los trajeron de un lado a otro y hasta les consiguieron una reunión con el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, en la Rectoría General de la UdeG.
Sin embargo, esto de poco les ha servido, pues el Fiscal insiste en que Daniela huyó, ya que además dice tener una llamada telefónica entre ella y su novio, donde se deduce que Daniela podría estar en Sonora. La familia no cree en esta versión, pues piensan que ella posiblemente desapareció por un asunto de trata. Esto, no obstante, no parece ser una línea de investigación que siga la Fiscalía.
La desaparición de Daniela y el revuelo mediático que causó no fue lo suficientemente importante como para que la Fiscalía General reportara su desaparición al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desparecidas (RNPED), pues en la revisión manual que se puede hacer de las desapariciones, tanto en el fuero federal como en el fuero común, no existe ninguna desaparición de mujer registrada para el municipio de Zapotiltic. En el registro, incluso, no hay ninguna desaparición del 2014, año en que desapareció Daniela. En el RNPED, sólo aparecen registradas las desapariciones de seis hombres.
¿Por qué la desaparición de Daniela no fue reportada al RNPED, si su familia cuenta con u número de averiguación previa otorgado por la Fiscalía General? ¿Será que el aparente “problema familiar” le da a Daniela el estatus de “no localizada” y no el de desaparecida?
El mes pasado, familiares, amigos y madres de desaparecidos se dieron cita en la glorieta de los niños héroes en la ciudad de Guadalajara para exigir a las autoridades hagan algo, por esclarecer el paradero de sus desaparecidos. Foto Arturo Campos Cedillo.
Son desaparecidos, no son “no localizados”
Parte de la estrategia que ha seguido la Fiscalía General para no trasparentar el registro estatal de desaparecidos es mantener fuera del discurso y las acciones legales, el término desaparecido. Para ellos, es mejor llamarlos “no localizados”, así lo hacen cuanto dan declaraciones, cuando responden a las solicitudes de acceso a la información y ahora que sin consulta y justificación cambiaron el nombre de la Agencia del Ministerio Público 12/C, la cual pasó a ser un área de desaparecidos a una de “personas no localizadas”.
Este cambio violenta el Artículo 93 de la Ley General de Víctimas que establece que las áreas de atención deben contemplar los términos de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas. El cambio, como lo aprecian los integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), tiene que ser explicado y justificado legalmente, pues para ellos sus hijos/familiares no están no localizados: ESTÁN DESAPARECIDOS.
En ese sentido, FUNDEJ cada semana recibe a más y familias de desaparecidos que acuden a este colectivo luego de escuchar del personal de la Fiscalía General que sus familiares simplemente están “no localizados” y que, bajo esa premisa, “ya regresarán a casa”. Lo cual desde la experiencia de FUNDEJ no es así.
En su actuar las autoridades buscan convencer a las familias de esto y ante cualquier denuncia de desaparición, antes de investigar, lo que hacen los ministerios públicos es anteponer las hipótesis de que jóvenes, como Daniela, no están desaparecidos sólo están “no localizados”, ya sea porque: “tienen problemas familiares”, “se van con el novio” o porque “andan de fiesta”, así que bajo estos supuestos minimizan SU DESAPARICIÓN y, por tanto, no realizan acciones de búsqueda inmediata o de registro, esto porque al darles el calificativo de “persona no localizada” no sólo invisibilizar las desapariciones sino también la responsabilidad del Estado alrededor de ellas.
¿Será éste el motivo por el cual la Fiscalía no ha reportado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la desaparición de 914 personas? ¿Qué es lo que buscan ocultar al desaparecer a los desaparecidos? ¿Qué se busca encubrir?
Xalapa, Ver. Con la reforma energética se prevén desastres ambientales en el estado de Veracruz, por lo que organizaciones civiles realizarán un encuentro este fin de semana, en Papantla.
Guillermo Rodríguez Curiel, líder de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (Lavida) indicó que colectivos en defensa del territorio, el agua, la naturaleza y la vida, están convocando al Encuentro Golfo-Norte, este 20 y 21 de junio.
En el encuentro participarán comunidades del Totonacapan y las Huastecas hidalguense, veracruzana y potosina.
CORASON, contra reformas de EPN:
“Este encuentro marca la creación de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), un frente de la sociedad organizada que busca proteger a la población, tierras, ríos, ecosistemas, culturas, en resumen, al territorio de esta región que contempla cinco estados de la república mexicana”.
“Y es que Enrique Peña Nieto ha abierto la puerta a un tobogán de destrucción”, expresó Rodríguez Curiel. Ante ello es necesario hacer frente común.
Ahora no tan sólo Petróleos Mexicanos (Pemex) realizará explotación masiva de hidrocarburos en Veracruz, sino muchas oras empresas nacionales y extranjeras, deploró.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, y que es propiedad de Grupo México, son seguras por lo que descarta una clausura de las instalaciones, a pesar de las quejas de integrantes del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea sobre un posible nuevo derrame de tóxicos al Río Sonora.
“Nosotros cuando ocurrió la emergencia –en agosto pasado, cuando la mina derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río– realizamos varias visitas, no sólo a Buenavista del Cobre donde abrimos cuatro procedimientos administrativos, para verificar en todas las instalaciones, no sólo en los patios de lixiviados –líquido que resulta de la acumulación de basura en los verteros–. A partir de estas visitas abrimos varios procedimientos, porque sí encontramos algunas irregularidades, pero ninguna lo suficientemente grave como para realizar una clausura adicional a la que se había hecho”, dijo Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa en entrevista con SinEmbargo.
El funcionario contestó así, a la pregunta expresa sobre las denuncias que el Sindicato Minero de Cananea ha realizado desde que ocurrió el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto del año pasado.
“Implantamos una clausura parcial, solamente en el área de lixiviados, por las irregularidades que había. Estas irregularidades han venido siendo subsanadas en los tiempos que se establecieron a la empresa. Todavía quedan algunas irregularidades menores que deben componerse. Estamos en proceso de vigilar que se cumplan. En este momento no existen irregularidades graves para que las instalaciones sean clausuradas”, aseguró.
Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero de Cananea, Sonora, advirtió en septiembre del año pasado, un mes después del derrame, que hay un represo –que tiene la finalidad de embalsar el agua– de la mina que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años, el cual puede colapsar y contaminar de forma irreversible el Río Sonora, en cualquier momento.
El líder sindical expuso que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.
“Ese represo colapsará en cualquier momento porque no se le ha dado mantenimiento. Si eso sucede, el daño será brutal, no se comparará con el que ya se le hizo al río, sino que será el fin de los pueblos donde viven 25 mil sonorenses”, dijo.
El represo, de acuerdo con Navarrete, mide 15 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, y la cantidad de desechos contenidos ahí, es incalculable.
Navarrete Aguirre recordó que fue el Sindicato Minero quien avisó a las autoridades federales y estatales en 2008 que el represo que derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de Sulfato de Cobre Acidulado en el Río Bacanuchi y Sonora colapsaría.
“Nosotros tenemos en nuestro pliego petitorio cuando arrancamos la huelga, que los represos de la mina no tenían mantenimiento y que había peligro de un desastre ecológico como el que ya ocurrió”, dijo.
El minero afirmó que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico del año pasado, como aseguró la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, que ya sabía de los problemas del represo y no le dio mantenimiento.
Al interior de la mina hay 11 represos más que constituyen una amenaza latente para el Río Sonora, advirtió.
LA MINA ES SEGURA: PROFEPA
Pero Rodríguez Abitia aseguró que Buenavista del Cobre es segura para el río y que la Profepa cuenta con personal permanente en las instalaciones de la mina que monitorea diariamente las salidas hacia el Río San Pedro y Bacanuchi.
La dependencia revisa que se cumplan con los parámetros que establece la Ley en el agua, explicó.
El Subprocurador de Inspección Industrial indicó que antes del derrame de agosto, la Profepa abrió procedimientos administrativos en contra de Buenavista del Cobre, no por una emergencia, sino por emisiones de partículas a la ciudad de Cananea.
“Lo que ocurrió fue una mala decisión de la empresa, porque empezaron a utilizar una instalación que no estaba terminada, que por no estar terminada no estaba vigilada por parte nuestra. Se supone que no estaba operando, la empresa quiso empezar a operar, aunque no estaba lista y sobrevino el accidente”, detalló.
LAS TAREAS PENDIENTES
La mina Buenavista del Cobre tenía nueve denuncias antes del derrame en el Río Sonora. Foto: Cuartoscuro.
El funcionario de Profepa explicó que la remediación del Río Sonora concluirá entre seis y ocho semanas, aproximadamente.
De acuerdo con el Plan de Remediación del Río Sonora, Grupo México deberá limpiar el río en cinco fases: la primera abarca desde el lugar donde se origino la emergencia, en el represo de Tinajas, hasta el kilómetro 30, el tramo seco de Tinajas, explicó.
“El segundo va del arroyo Tinajas donde confluye con el Río Bacanuchi del kilómetro 30 al 14. La tercera del 140 al 180; la cuarta del 180 a 224 y la última del 224 hasta la presa El Molinito”, detalló.
Rodríguez Abitia dijo que Grupo México construyó un sitio temporal para el confinamiento de los suelos contaminados que se retirarían del cauce.
Hasta el momento fueron removidos mil 300 metros cúbicos de suelo contaminado en 14 polígonos identificados como “impactados en la zona uno”, aseguró.
“Esta actividad ya terminó y nosotros estuvimos verificando que esto ocurriera. Actualmente la empresa ya está trabajando con la Semarnat [Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales] y está atendiendo las zonas dos, tres y cuatro. Nosotros estamos pendientes a estos trabajos para ver que vayan cumpliendo con todo lo que la Semarnat ordenó. Ya no llevará demasiado tiempo, tendrá que resolverse ya en unas semanas, entre seis y ocho semanas, todo dependerá de la velocidad con que la empresa siga trabajando”, indicó.
Al concluir con la remediación, la Profepa verificará a través de un muestreo final si se cumplió con los límites de contaminantes.
“El río queda absolutamente limpio y regresará a las condiciones originales en las que se encontraba antes de la emergencia. Independientemente de eso, se establece dentro de las medidas que se ordenaron por Profepa, Conagua [Comisión Nacional del Agua] y Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios], la obligación de hacer un monitoreo durante varios años para asegurarnos que la calidad del agua y de los suelos se encuentren como estaban antes de que ocurriera la emergencia”, afirmó.
En caso de que en el río se encontraran contaminantes que rebasan los límites establecidos, la Profepa investigará lo sucedido, advirtió.
AGUA DE LA PRESA EL MOLINITO ES SEGURA
Luz Mercedes Acosta, habitante de la zona, quien fue afectada al lavarse la cara con agua del Río Sonora sin saber que estaba contaminada con ácidos y metales pesados. Foto: Cuartoscuro
Desde el pasado 10 de junio se inicio con el desfogue del agua de la presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito”, a pesar de que permaneció cerrada durante meses, debido a que se encuentra con más del 50 por ciento del límite de su capacidad.
Las autoridades de la Conagua informaron que se realizará el desfogue de la presa hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, ubicada a 22 kilómetros río abajo, en el corazón de Hermosillo.
Serán vertidos 42.2 millones de metros cúbicos en Hermosillo, para preparar a “El Molinito” para las próximas lluvias. Las autoridades afirman que el nivel de los contaminantes está dentro de lo permitido por las normas y que se aseguraron de ello, tomando cuatro muestreos.
Arturo Rodríguez Abitia aseguró que el agua de la presa “El Molinito” es segura y que el tramo de río que corre hacia la ciudad de Hermosillo, no está contaminado, porque el agua que se contaminó “como consecuencia del derrame nunca llegó a ese sitio”.
“La presa El Molinito no es un problema de remediación de suelos, el problema es que el agua contaminada pudo haber llegado a la presa el molinito, pero de acuerdo con los últimos análisis que realizó la Conagua y la Cofepris en El Molinito, la contaminación del agua superficial no existe”, dijo.
El día que inició el desfogue, la Cofepris informó que el agua de la presa no representa una amenaza para la población.
“ Los resultados de los muestreos arrojan que el agua se encuentra dentro de los límites máximos permitidos en materia de metales y propiedades físico-químicas, por lo que la Cofepris descarta riesgos sanitarios por el desfogue”, dice un comunicado emitido por la dependencia.
El 5 de marzo de este año, la Cofepris indicó que hasta esa fecha se revisó la salud de 10 mil 875 habitantes del Río Sonora, de los cuales 270 de ellas presentaron algún tipo de afectación en su salud sin que ameritara hospitalización o haya provocado muertes.
“Cabe mencionar que durante la fase aguda de atención de agosto a septiembre de 2014, se registraron 37 afectados y a partir de octubre de 2014, se inició la búsqueda intencionada de pacientes encontrándose a la fecha 233 casos más cuya afectación ocurrió, en la mayoría de ellos, durante las primeras tres semanas posteriores al derrame, ya que se trata de gente que no acudió a algún centro de atención médica”, reportó la Cofepris.
El organismo reconoció que 85 por ciento de las personas afectadas, es decir 212, reportaron afectaciones dermatológicas, en el aparato digestivo y oftalmológico.
“Los síntomas han sido comezón en la piel, resequedad, lagrimeo y conjuntivitis”, indicó.
Hasta esa fecha, la Cofepris analizó más de 250 muestras de agua que demostraron que al calidad era “apta para uso y consumo humano”, informó.
Pero en la región hay personas que viven a 25 kilómetros de Hermosillo y a 50 metros de la presa “El Molinito” que presentan erupciones y manchas negras en la piel, las cuales, de acuerdo con especialistas, son provocados por arsénico en la sangre.
De acuerdo con un estudio, publicado en la página electrónica oficial del fideicomiso creado para el saneamieto del Río Sonora, en septiembre Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis redactó el informe de resultados del muestreo y análisis del agua, sedimentos y biota de los ríos Bacanuchi y Sonora. En el documento se informa que la contaminación llegó hasta la presa “El Molinito” y que sería esta, el lugar en el que se concentrarían todos los contaminantes con el paso de los meses.
“Se puede estimar una masa de 74.8 toneladas de metales aportados al ecosistema por este derrame, principalmente fierro y aluminio [83 por ciento] seguidos de manganeso y zinc [8 por ciento]. Esta masa de metales, se repartió en los sedimentos de los ríos Bacanuchi y Sonora y en la presa “El Molinito”, se lee.
Más adelante, en las conclusiones, el informe concluye que: “La mayoría de los metales aportados por este evento se sedimentarán en la presa ‘El Molinito’ junto con los azolves del Río Sonora. El contenido de metales solubles en las aguas de los dos ríos es congruente con la geología superficial de la zona. Está compuesta principalmente por metales provenientes de los silicoaluminatos férricos [compuestos de silicio y aluminio] que son arrastrados por las aguas de lluvia, ya que esto ríos no proceden de fuentes subterráneas en su origen”.
El vocero del Sindicato Minero y miembro del Frente Unido Todos contra Grupo México, pidió la semana pasada las pruebas de Cofepris y Conagua y adelantó que ellos, realizan muestreos del río por su cuenta.
“Que nos demuestren con los resultados de sus muestreos. Nosotros también estamos realizando estudios que daremos a conocer. Es lamentable que una autoridad se siga prestando a proteger los intereses de Grupo México”, expuso.
Las muestras que ellos realizan son tomadas con recursos propios y de organizaciones civiles del extranjero, de las cuales omitió nombres. Los resultados serán presentados en breve, aseguró.
“Son organizaciones que nos han estado ayudando, ambientalistas. Una vez que se demuestre eso, el Gobierno mexicano deberá obligar a Germán Larrea –el dueño de la empresa– a que le responda por los daños a todos los afectados”, planteó.
Decenas de maestros se mantuvieron por cerca de una hora en la entrada de la Preparatoria Venustiano Carranza de Torreón, exhortando a los docentes que acudían a presentar su examen de promoción de la SEP, rechazar la prueba, ya que consideran forma parte de la evaluación del Gobierno Federal para despedirlos.
Fueron desalojados por los policías de Torreón alrrededor de las 9:00 de la mañana y las pruebas continuaron.
También acudieron a otras instituciones que son sede de la evaluación como la Normal de Torreón, el Tecnológico de La Laguna y el Tecnológico de Lerdo.
A todos esos lugares llegaron agentes policíacos para garantizar siguieran las pruebas, de acuerdo con Rogelio Meraz, integrante del Movimiento Magisterial de Coahuila.
“Estamos defendiendo nuestro trabajo, el pan de nuestra familia y para ello tomaremos las determinaciones necesarias. Pretenden correr al 60 por ciento de los docentes en todo el país”.
La empresa canadiense Great Panther Silver derramó mil 200 galones de residuos tóxicos en el río de Cata y en las inmediaciones del yacimiento El Rosario, en Guanajuato, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La empresa canadiense, que extrae oro y plata en el municipio de Guanajuato, es responsable del derrame de 840 galones de jales en piletas de contención y otros 360 galones en el río de Cata y sobre uno de los caminos que conduce a la mina.
Los lodos o jales mineros son sustancias tóxicas generadas después de la extracción de minerales y metales como plomo, zinc, cobre, plata y oro y “pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población”, señala la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003.
Un tubo de ocho pulgadas se reventó, en el área de flotación de la planta de beneficio de la mina El Rosario, generando la fuga de los jales mineros, detalló la Profepa.
“Personal de la delegación federal en el estado se trasladó al lugar del incidente para realizar una visita de inspección en materia de residuos peligrosos, contaminación de suelo y agua, por el derrame”, divulgó la dependencia en un comunicado.
Agregó que con arena y tierra fueron recuperados los lodos derramados en una carretera y se tomaron muestras del agua del río de Cata para “verificar su probable contaminación”, abrir un procedimiento administrativo contra la empresa canadiense y pedir la reparación del daño “a través de un programa autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, concluye el comunicado.
Por separado, en Tepeji del Río, Hidalgo, el edil Fernando Pérez acusó a Petróleos Mexicanos (Pemex) de incumplir con el pago de 2 millones de pesos que en 2012 gastó el gobierno municipal para apoyar a los técnicos de la paraestatal a controlar una fuga de gas de uno de los ductos que pasa por las colonias Noxtongo y Tlaxinacalpan.
Agregó que hace tres años el gobierno municipal exigió el pago pero los representantes de Pemex sólo aportaron 200 mil pesos.
Redacción Informador
CIUDAD DE MÉXICO (19/JUN/2015).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó y lamentó el asesinato en México del periodista Ismael Díaz López, e instó a las autoridades a realizar una investigación urgente y exhaustiva para esclarecer si los móviles del crimen están relacionados con la actividad periodística.
En un comunicado, el organismo recuerda que Díaz López fue asesinado este jueves en su domicilio en el municipio de Teapa, en Villahermosa, Tabasco.
“Temprano en la mañana, sujetos desconocidos irrumpieron en su vivienda y atacaron al periodista con un cuchillo causándole heridas en el pecho. El periodista, reportero de los diarios ‘Tabasco Hoy’ y ‘El Criollo’, falleció cuando era trasladado a un centro de asistencia”, recupera.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario “La República” de Perú, condenó el asesinato e instó a las autoridades “a investigar de forma exhaustiva para determinar si los móviles del crimen están relacionados con el oficio, y sancionar a los responsables”.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco escribió en su cuenta de Twitter que la línea de investigación más fuerte sobre el móvil del crimen es “la vinculada a un conflicto intrafamiliar, ya que existen antecedentes legales para tal sustento”.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario “Búsqueda” de Uruguay, agregó que “este nuevo crimen enluta la actividad periodística en México y aunque todavía no se tenga certeza sobre los móviles, es importante que haya transparencia y agilidad en las investigaciones para que el caso, como muchos, no quede en la impunidad”.
CD. DE MÉXICO, Distrito Federal.– Las ventajas competitivas que ofrecen la geografía y la certidumbre social de Tamaulipas son un factor atractivo para los inversionistas en energía eólica, aprovechando la apertura impulsada en la Temporada Abierta que emitió la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la que abre la puerta a la inversión privada. En ese sentido, Zuma Energía se interesa para aterrizar en el territorio tamaulipeco para un nuevo desarrollo en el norte de la Entidad.
“Acabamos de tener una reunión de trabajo con los directivos de Zuma Energía, es muy claro su interés y confianza para invertir en Tamaulipas en el sector energético. Para nosotros fue muy importante este acercamiento que sostuvimos aquí en la Ciudad de México, porque es una de las empresas líderes en este rubro; desde luego que detallamos sobre las condiciones de la geografía tamaulipeca, su potencial eólico y las bondades que en este momento solo nuestro Estado ofrece para este tipo de proyectos”, puntualizó José María Leal Gutiérrez, titular de la Agencia Estatal de Energía.
Zuma Energía es una empresa mexicana de energía que desarrolla, construye y opera proyectos de generación por viento, solar y termal en el país. La empresa se estableció en 2014 por Actis, un importante inversionista mundial de capital enfocado en los mercados emergentes, para ello cuenta con un fondo superior a los seis mil millones de dólares. Zuma con sede en la Ciudad de México, desarrolla, construye y operará una cartera de 500 MW de plantas de energía.
“Con el apoyo de la agenda de Reformas recientes en la energía sector, México tiene fundamentos convincentes para invertir en la generación de energía, incluidos los recursos naturales superiores, cuenta con un marco regulatorio en evolución y con una profunda capacidad de financiación de proyectos. Sobre la base de nuestro vasto conocimiento del sector energético de América Latina estamos mirando hacia adelante de la construcción de un México como uno de los principales proveedores de energía competitiva”, estableció a través de un comunicado Michael Till, Co-Director de Energía de Actis.
Leal Gutiérrez estableció que en las próximas semanas continuarán los trabajos en Tamaulipas para que Zuma Energía haga su arribo en el norte de la Entidad para arrancar otro de los parques eólicos que se tienen prospectado para este año. Em esta ocasión se reunió con Adrian Jatzew, Director Ejecutivo de Zuma Energía; Fabricio Brodaziak, Ejecutivo de Zuma Energía; entre otros directivos. Con este desarrollo, a la fecha, se suma a las centrales que ya iniciaron construcción en Llera de Casas, Ciudad Victoria y Güémez.
El discurso de la economía verde y de la energía limpia ya no convence a las comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; las mentiras, engaños, violencias por parte de las empresas como Mareña Renovables, Unión Fenosa, Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), entre otras, que producen y producirán energía, hicieron que la comunidad de Unión de Hidalgo dijera “no más” a estos proyectos que quieren despojar los territorios a base de la imposición de los parque eólicos, informó Oscar Marín Gómez, representante de bienes comunales.
Demex, filial de la trasnacional española Renovalia Energy, llegó con sus proyectos de generación de energía limpia a Unión de Hidalgo; en el 2012 inauguró junto con la empresa Bimbo un parque eólico, que con una inversión total de 200 millones de dólares, instaló 45 aerogeneradores que producen 333 GigaWatts por hora, con una vigencia de 18 años. Actualmente desarrolla el proyecto Parque Eólico Piedra Larga Fase I y II, con una capacidad de generación de 218 MegaWats.
Desde la llegada en el 2004 de la empresa a la comunidad, nunca se llevó a cabo una consulta. “En la parte norte del Istmo hay varios parque eólicos donde nunca hubo una consulta. En Juchitán actualmente están realizando una, pero está totalmente amañada; no ha sido ni previa, libre e informada; la consulta no es una garantía del respeto a las decisiones del pueblo”, refirió el representante de bienes comunales, quien añadió que en el pueblo también se habló de una consulta después de que ya hay un parque instalado, hay uno en proceso y al parecer dos o tres más vienen en camino.
Todos estos parques forman parte del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, que abarca los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. La característica geográfica de esta franja estrecha, atada al Océano Pacífico y al Golfo de México, y la constante velocidad del viento entre 20 y 30 metros por segundo, argumentan la construcción de 28 parques eólicos.
Entre el 2004 y el 2006, representantes de DEMEX llegaron a los domicilios de varios habitantes, que con falsas promesas y engaños, y español cuando en la comunidad la lengua materna es el zapoteco, consiguieron que varias personas les rentaran sus tierras para la instalación de los aerogeneradores con la posibilidad de seguirlas utilizando para el cultivo, detalló Oscar Marín.
El representante de bienes comunales resaltó que las tierras en Unión de Hidalgo son de uso comunal, por resolución presidencial en 1964, pero la empresa negoció con algunos habitantes que desconocían que esas tierras no eran de propiedad privada. “Debemos esperar entre una y dos semanas para conocer el dictamen de un juez, para saber si efectivamente la empresa se encuentra dentro de los límites de las tierras ejidales, y si es así quedarán las licitaciones anuladas.
Con el paso de los años la comunidad se dio cuenta de las intenciones de la empresa, y en el 2011 crearon el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Piedra Larga, ante esto la empresa ha intimidado de manera constante a los opositores. Ese mismo año la policía detuvo sin ninguna orden de aprehensión a cinco de los comuneros.
La empresa ha obstruido los caminos que van a las tierras de cultivo. “Demex ya se quiere meter hasta el pueblo, no respeta nada, está contaminando nuestra tierra y matando los animales”, detalló Marín Gómez, quien agregó que los aerogeneradores instalados apenas hace unos meses, ya vierten aceite en los campos, afectando sus cultivos. Las aspas de las torres han matado a cientos de pájaros y cada vez hay menos animales.
Otra de las afectaciones que ha traído la instalación de los aerogeneradores es el ruido que producen, aunque la empresa arguyó que las torres cumplen con todos los estándares internacionales, algunas turbinas fueron instaladas a 200 y 300 metros de algunas viviendas. A pesar del discurso de Demex, que argumentó que debido a la alta tecnología utilizada en la fabricación de los aerogeneradores, estos no emiten ruido alguno y no expulsan ninguna sustancia, una investigación hecha por un ingeniero del pueblo registró que a 100 metros del aerogenerador el nivel de ruido es de 95.7 decibeles, similar al producido por los aplausos en un gran auditorio, la diferencia es que es un ruido constante.
La resistencia se construye con organización
La comunidad, desde el comité de resistencia, emprendió diversas acciones para rescatar su vida agraria, una de ellas es la asamblea de comuneros que se celebra cada mes, donde se abordan temas como las afectaciones de las eólicas y el despojo de la tierra, debido a esto, informó Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quien los acompaña en el proceso de defensa, la comunidad ha sido objeto de amenazas y actos violentos por parte de Demex.
En el 2013, los comuneros, acompañados por ProDESC, interpusieron una demanda contra DEMEX ante el Tribunal Agrario del Distrito Veintidós, para que se declare la nulidad de los contratos.
Para Oscar Marín, la empresa hace lo que quiere sin importar lo que piense la comunidad, hace más de un año y medio invitaron al gerente de Demex, para que observara las afectaciones de sus proyectos, pero nunca se ha aparecido por el pueblo. No obstante, el representante de bienes comunales manifestó que no se dejarán. “Nosotros nos organizamos y sabemos que sí lo podemos hacer sin necesidad de que intervenga ningún político o funcionario y vamos a sacar a esas empresas de nuestro territorio”.
No fue una huelga planeada sino una protesta improvisada: un grupo de trabajadores de la línea de ensamblaje en la fábrica de automóviles de Mazda de Salamanca, Guanajuato, simplemente se alejaron de sus puestos una mañana de primavera.
En adición a las largas y extenuantes horas, dijeron, aguantaron continuas burlas de un subgerente que supuestamente también acosó sexualmente a una empleada. Se negaron a trabajar hasta que pudieran ventilar sus quejas con los superiores.
“Nos presentamos, pero decidimos no trabajar”, dijo Eder Capetillo, un trabajador de 29 años que participó en la huelga de un día en marzo. “Estábamos pidiendo respeto”.
En el paisaje económico de México, todo lo que se ve son automóviles. En un País consumido por noticias bestiales -violencia relacionada con drogas, corrupción política, secuestros-, la industria automotriz es una hermosa princesa.
Los estados están compitiendo para aprovechar la inversión que se está haciendo: aproximadamente cada mes una nueva compañía automotriz anuncia planes de expansión por miles de millones de dólares. En abril, Ford dijo que gastaría 2 mil 500 millones de dólares para construir motores y transmisiones, mientras Toyota planea asignar mil millones de dólares en una nueva fábrica para construir Corollas. México es ahora el productor de automóviles número siete de todo el mundo, sobrepasando a Brasil y ascendiendo rápidamente.
“Esta es la industria más fuerte que tenemos ahora”, dijo Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, donde ha habido más de 7 mil millones de dólares en inversión en la industria automotriz sólo en los pasados tres años. En 2014, una larga porción de los nuevos trabajos en el estado tuvieron que ver con hacer automóviles. Los programas universitarios producen cientos de ingenieros y enseñan japonés. Se están planeando más de 20 nuevos hoteles. “Es un círculo virtuoso: cuando las compañías ganan, nuestra gente gana”.
En el entusiasmo por el auge automotriz de México -3.2 millones de carros fueron producidos aquí el año pasado en 18 fábricas-, la cuestión de las condiciones laborales frecuentemente es pasada por alto. Analistas de la industria y expertos dicen que la mayor parte de esos trabajos dan empleo por encima del promedio para los mexicanos, ofreciendo seguros, tiempo extra y otros beneficios en ‘lo último’ de las fábricas.
Pero la disputa laboral en la planta de Mazda sirve como recordatorio de los retos que pueden surgir detrás de las puertas de estas mega fábricas. En un ambiente en que los empleos relacionados con automóviles están en demanda, los trabajadores dicen tener pocos recursos en conflictos con la gerencia. Pocas semanas después de que Capetillo y sus colegas se quejaron, fueron despedidos o forzados a renunciar -17 trabajadores de una planta que emplea aproximadamente a 5 mil personas. En los meses posteriores, dicen, han estado perdiendo batallas contra representantes insensibles del sindicato y un gobierno estatal apático.
“No te tratan con humanidad. Era explotación en general”, dijo Ricardo Gutiérrez, de 32 años de edad, quien pasó dos años en la planta antes de perder su empleo. “Pero no había nada que pudiéramos hacer”.
Luego del despido hubo una breve explosión de publicidad, con algunos de ellos criticando públicamente a Mazda. Pero cuando las conferencias de prensa se terminaron y las publicaciones de Facebook en páginas con nombres furiosos como “La Esclavitud Moderna de Mazda” comenzaron a diluirse, se encontraron a sí mismos sin opciones. Ellos creían que su protesta era legal y que no interrumpía la producción del día. Los oficiales de Mazda, dijeron, les aseguraron que no tomarían represalias por manifestar sus preocupaciones. La oficina del fiscal estatal dijo que investigaría, pero nada sucedió. Márquez dijo que el problema debía ser resuelto por Mazda, pero que la compañía “tendrá que ser mucho más cuidadosa” en el futuro con las procupaciones de los empleados.
“Lo que les pasó es totalmente ilegal”, dijo Adrián Guerrero Caracheo, líder regional de la Unión Nacional de Trabajadores, quien tomó el caso de los empleados de Mazda. “Arrojaron a 20 personas a la calle cuando solamente estaban pidiendo un trabajo digno”.
La compañía disiente. Negarse a trabajar ese día en marzo representó un “serio incumplimiento de las políticas generales de la compañía” y “puso en riesgo toda la operación de nuestra compañía”, dijo un portavoz de Mazda en una declaración. “Nuestras condiciones laborales cumplen totalmente la ley”.
La Constitución Mexicana permite huelgas laborales en ciertas circunstancias, y la táctica ha sido usada por otros sindicatos, incluyendo a los trabajadores automotrices. Profesores de escuelas públicas en el estado de Oaxaca estuvieron en huelga y no daban clases en protesta contra el gobierno federal por las nuevas reglas para evaluar a los maestros. Y las protestas del sindicato incluso involucraron cortar el suministro de gasolina en las estaciones de servicio una semana antes de las elecciones de medio término.
Pero varios trabajadores de la planta de Mazda dijeron que el representante de su sindicato no abogó en su favor y que el gobierno local no se opondría a tan importante industria. Caracheo dijo que ha entablado pláticas para formar un nuevo sindicato que sirva a la industria automotriz en auge.
En general, expertos en la industria dicen que las condiciones laborales de las fábricas de automóviles tienden a ser mejores que las de otras industrias. Esos trabajos sirven como modelo del tipo de empleo formal, de alta tecnología y que paga impuestos, que México quiere cultivar. Pero parte de las razones por las que México es tan atractivo para los manufactureros es el bajo costo de la mano de obra. El Centro para Investigación Automotriz, un laboratorio de ideas basado en Michigan, encontró que entre salarios y beneficios las compañías de automóviles pagan un promedio de 8 dólares por hora a los trabajadores mexicanos, mientras que en los Estados Unidos esa figura sería de 4 a 7 veces mayor.
“El problema para nosotros está en los salarios”, dijo Alex Covarrubias Valdenebro, profesor de la Universidad de Sonora que ha estudiado los niveles de pago de la industria.
Los estados mexicanos, en su competencia por atraer inversión en automóviles, hace los tratos aún más dulces. Los gobiernos locales ha dado terrenos, exenciones de impuestos e infraestructura a las compañías. En la planta de Mazda de Guanajuato, el gobierno estatal accedió a pagar la mitad de los salarios de los empleados por seis meses.
En la planta de Mazda, distintas quejas sobre el subgerente se fusionaron para provocar que los trabajadores se retiraran.
“Él decía: ‘Eres estúpido. No tienes valor. No sé por qué tienes este trabajo’”, dijo Capetillo. “Era muy incómodo trabajar ahí”.
“Él era un déspota”, dijo José Luis Rodríguez Rojas, un empleado de 23 años de edad que trabajaba con bolsas de aire.
Para un trabajo de doce horas diarias, a menudo incluyendo fines de semana, esa paga de mil 150 pesos semanales -de los cuales 46 pesos desaparecían en cuotas al sindicato… Algunos decidieron que no valía la pena.
Otros, además de los 17 que fueron forzados a irse, también se han marchado. Maira Guadalupe Corona, de 23 años de edad, renunció a su trabajo estando embarazada porque no pensó que pudiera cuidar de un bebé mientras laborara en la planta. Vio que otras mujeres embarazadas trabajaban en la línea de ensamblaje en condiciones físicamente demandantes. Las mujeres con niños se quejaban de que la compañía no les daba suficiente tiempo para lactancia.
“Éramos esclavos de Mazda”, dijo su amiga Miriam Vázquez, de 24 años de edad, quien también dejó la planta recientemente.
Aunque los trabajadores involucrados en el paro laboral de marzo dijeron que se les dijo al principio que no habría repercusiones, aproximadamente tres semanas después la compañía exigió sus renuncias.
“Me amenazaron. Me dijeron que si no firmaba, nadie iba a darme trabajo, porque ellos le dirían a todas las compañías de automóviles cosas malas sobre mí”, dijo Rodríguez. “Desde entonces he estado buscando trabajo. Pero no puedo encontrar nada”.
Capetillo dijo que él tampoco quería renunciar. Pero eventualmente aceptó un despido. Luego de un par de meses de desempleo, recientemente obtuvo trabajo con uno de los contratistas de Mazda que hace control de calidad de autopartes dentro de la misma planta. El usó su experiencia para trabajar para una compañía independiente. Estuvo una semana en el empleo y lo disfrutó.
Pero la semana pasada, cuando llegó a la planta, los guardias de seguridad lo detuvieron. No podía entrar ni regresar; su nombre estaba en una lista. En el mundo de Mazda, ya no era bienvenido.
El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma dio a conocer un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acerca de los posibles riesgos que existen en la construcción de la segunda etapa del tramo “Ramal Camelinas”.
Mediante un estudio detallado otorgado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) mandado a hacer por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) se puntualizan los posibles riesgos que conlleva erigir el proyecto, entre los que se destaca la inestabilidad del suelo en el área debido a las fallas geológicas presentes en la zona en donde se pretenden construir 2 túneles, 1 viaducto y realizar dos cortes en el suelo.
El estudio de la UNAM señala que los diseños realizados para el proyecto no contienen los elementos suficientes para llevar a cabo la obra. Anuncian que de realizarse sin tomar en cuenta las consideraciones que brinda el estudio, la obra podría derrumbarse.
Moctezuma Madrigal, vocero del movimiento en defensa de la loma, destacó que el estudio ya se los hizo llegar a las autoridades estatales y municipales para que se enteren de los riegos que conlleva y recalcó “se hará responsable a los sujetos que otorgaron las licitaciones de la obra, en caso de alguna tragedia”. Finalizó su participación con el aforismo “No al ramal Camelinas, sí a la vida”.
Cabe añadir que también se ha hecho un llamado a la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo para que emita una segunda opinión al respecto, ya que como organismo académico podría sumarse al debate en el que están en juego el presupuesto de la federación, del estado y del municipio, así como los riegos de derrumbe.
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Comisarios municipales de Chilapa se presentaron a la Fiscalía General del estado (FGE), para declarar sobre el caso de la irrupción del grupo delictivo “Los Ardillos” en la cabecera y reiteraron que las personas retenidas por los civiles armados fueron entregados a la Policía Federal (PF) división Gendarmería y policía estatal.
Al respecto, informaron que durante los seis días que mantuvieron sitiada la ciudad de Chilapa estuvieron “coordinados” con los federales y estatales, quienes estuvieron al tanto de los retenes y las detenciones que realizó el grupo armado, indicaron ante autoridades ministeriales.
El representante de los bienes comunales de los poblados de San Pedro y Xiloxuchicán, José Apolonio Villanueva Jiménez se deslindó del grupo delictivo “Los Ardillos”, que dirige la familia del presidente del Congreso estatal, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.
En su declaración ministerial, Villanueva Jiménez afirmó que “no conocía” a la banda de “Los Ardillos” y que el problema de inseguridad se vive en la cabecera donde opera la pandilla de “Los Rojos”, liderada por Zenén Nava Sánchez “El Chaparro”.
Este día arribaron al menos 21 comisarios y representantes de bienes comunales y ejidales que encabezaron la toma de Chilapa del sábado 9 al jueves 14, donde instalaron retenes, desarmaron a policías municipales y retuvieron a varias personas con la complacencia del Ejército y las policías federal y estatal.
Consultado afuera de la FGE, José Apolonio Villanueva, representante de los comisarios, dijo que además de deslindarse de “Los Ardillos” y la desaparición de al menos una treintena de personas, denunciaron que “Los Rojos” habrían desatado previamente una ola de violencia en las comunidades.
Dijo que también tienen decenas de personas desaparecidas situación que provocó la suspensión del servicio de transporte público, así como la ausencia de docentes médicos en la zona rural del municipio.
Por ello, denunciaron que el alcalde priista, Francisco García González protege al líder de “Los Rojos” y exigieron el restablecimiento de la seguridad en las comunidades.
En su reciente edición, en circulación, el semanario Proceso publica un reportaje en el que, con base en testimonios, informa cómo “Los Ardillos” se apoderaron de la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, y desaparecieron a una treintena de personas.
Redacción SinEmbargo
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– Ismael Díaz López, reportero de los diarios El Criollo y Tabasco HOY, fue asesinado el día de hoy en el municipio de Teapa, informó la Fiscalía General del Estado.
“La FGE Tabasco informa que se encuentra realizando investigación sobre el homicio del periodista, Ismael Díaz López, en el municipio de Teapa, quien fue últimado, este día, con una arma blanca, siendo la línea de investigación mas fuerte la vinculada a un conflicto intrafamiliar, ya que existen antecedentes legales para tal sustento”, escribió la dependencia en su cuenta de Twitter.
Al respecto, Artículo 19 pidió a las autoridades del estado que gobierno Arturo Núñez Jiménez agotar todas las líneas de investigación en el homicidio y no descartar su labor periodística
“Artículo 19 exige a la Fiscalía General del Estado de Tabasco agote todas las líneas de investigación en el homicidio y no descarte su labor periodística. Asimismo, exige a la FEADLE de la Procuraduría General de la República atraiga e investigue el caso”, exigió la organización internacional .
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 85 periodistas en posible relación son su labor informativa. Durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto se han registrado trece asesinatos, cuatro en 2015.
Tabasco HOY informó que Diaz López fue asesinado el día de ayer en el interior de su domicilio ubicado en la calle 18 de marzo de la colonia Revolución del municipio de Teapa.
De acuerdo con el medio, los hechos ocurrieron a las 7 de la mañana, cuando el periodista fue atacado. Se informó que tras la agresión logró salir a la banqueta con una herida en el pecho. Sin embargo, falleció al ser trasladado a la capital de la entidad.
“Cabe mencionar que el reportero gráfico Ismael Diaz López tenía problemas personales con su ex mujer Juana Pérez Ordoñez, quien hace dias lo había amenazado que no se acercara a sus hijas gemelas quienes cumplirán en este mes 15 años de edad”, reportó Tabasco HOY.
Ciudad de Jo’, Yucatán, a 18 de junio de 2015. Una representación de madres y padres de los 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ausentes desde el 26 de septiembre de 2014 (43 por desaparición forzada y 3 por ejecución extrajudicial), y el estudiante normalista Omar García, sobreviviente del ataque ocurrido hace nueve meses, recorren en caravana el sureste mexicano para encontrarse con el rostro y la palabra de los pueblos y organizaciones del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el oído atento y respetuoso de la sociedad mexicana en su conjunto.
La caravana de los familiares de los 46 estudiantes de Ayotzinapa ausentes sostendrá diversos encuentros con organizaciones, pueblos y sociedad civil de Quintana Roo, Yucatán y Campeche entre el 19 y el 25 de junio; entre ellos, los días 21 y 22, recorrerá el estado de Yucatán emitiendo un mensaje público el día 22.
Toluca, Edomex, 18 de jun.- Indígenas de las comunidades originarias de Xochicuautla y Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, Estado de México, denunciaron que nuevamente fueron enviados cientos de granaderos de la policía estatal para asegurar los trabajos de construcción de la autopista Aeropuerto de Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Los indígenas de la región, llevan ocho años luchando contra el proyecto carretero, el cual lo consideran una amenaza para su cultura y supervivencia, pues además de dañar severamente cientos de hectáreas de bosque, destruye también los accesos a los puntos más sagrados de la cultura Ñhato (Otomí del Alto Lerma).
A través de un comunicado denunciaron que la comunidad de San Francisco Xochicuautla, “ha sido sitiada por trabajadores de la empresa Autovan S.A de C.V custodiados de Policías Estatales, entre ellos personal del Gobierno del Estado y Policía Ministerial, Xochicuautla se encuentra inconforme y responsabiliza de los actos de hostigamiento al Presidente de Bienes Comunales Ángel Valdez ya que en ningún momento la comunidad otorgo permiso para que dicha empresa pudiera realizar los trabajos en nuestro territorio”.
Los inconformes también denunciaron al diputado electo Erick Sevilla, de estar respaldando el saqueo y la destrucción de los recursos naturales.
Decenas de organizaciones sociales respaldan las denuncias de las comunidades indígenas de Lerma, no obstante hasta la fecha el proyecto de autopista continúa en desarrollo, a pesar de las denuncias públicas existentes donde se señala que la empresa no cuenta con las autorizaciones debidas para el trazo carretero.
Noticias de Chihuahua.-
En el marco del Primer Informe de Actividades del Clúster Minero, celebrado esta noche en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo Directivo, Jaime Cruz Russek, informó que existen 16 grandes proyectos mineros presentes, los cuales se encuentran certificados bajo el distintivo Industria Limpia, cinco por el distintivo Empresa Segura y 2 más han sido acreedoras del distintivo Casco de Plata.
A través de un video de actividades 2015, se explicó que detrás de las certificaciones y distintivos se nota un gran esfuerzo y compromiso por parte de los asociados en el desarrollo sustentable que es de interés por la seguridad de sus colaboradores.
“En esta materia asumimos el liderazgo, a tal grado que con esfuerzo y entrega, en el país 33 empresas mineras lograron obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable y de las cuales 9 tienen actividad en el estado de Chihuahua”, dijo Cruz Russek.
Por ello -dijo- el ejercicio de la Minería se ha comprendido la importancia de la responsabilidad social empresarial, y son numerosos los esfuerzos que se hacen en Chihuahua tanto en zonas serranas o rurales como en las áreas urbanas por propiciar un mejor nivel de vida.
Finalmente, afirmó que se tiene el compromiso para, en conjunto con el Centro Chihuahuense de la Competitividad, trabajar para aumentar cada vez más la capacidad de la proveeduría del estado, beneficiando tanto a la industria como a la comunidad en general.
“Si quieren tenerme aquí pueden hacerlo, pero no van a poder evitar que siga denunciando”, advierte desde la cárcel de Chilpancingo. A pesar del encierro, las amenazas y las torturas que ha sufrido injustificadamente, se mantiene de pie porque su causa es justa: una sociedad en armonía. El sistema de reeducación de la CRAC es mejor que el penitenciario del Estado, compara
Con una sonrisa franca el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina Gonzalez recibe a sus visitas en el penal de Chilpancingo, tras ocho meses de encierro en dos prisiones federales fuera de Guerrero y después de 21 días en huelga de hambre, que canceló hace poco menos de dos semanas.?Reveló que en la cárcel federal de Miauatlán, en Oaxaca, a donde lo llevaron luego de su detención en noviembre de 2013, lo acusaron de motín y con ese argumento lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde albergan a los prisioneros más peligrosos del país.?“Ahí sí hay comida y televisión”, le dijo entusiasmado otro detenido cuando supo cuál era su destino, pues en Oaxaca, a través de su esposa Ausencia Honorato, Gonzalo promovió una queja ante el organismos de derechos humanos por maltrato y mala alimentación.?Mantuvo su peso en los seis meses de detención en Oaxaca, comiendo un bolillo en las mañanas, cuatro tortillas en la tarde y ejercitándose a diario. Subió de peso en la prisión de Almoloya de Juárez, donde lo primero que recibió fue una taza de café y le permitieron repetir una pieza de pan.?Indicó que llegó a pesar 72 kilos, que implica una complexión robusta para un hombre de 1.60 metros de estatura, no engordó porque continuó ejercitándose al mismo ritmo de los más jóvenes. Durante la huelga de hambre que mantuvo del 15 de mayo al 4 de junio en solidaridad con la líder de la Policía Comunitaria en Olinalá que estuvo en ayuno por su libertad, Nestora Salgado García, bajó ocho kilos.?A sus 50 años de edad, Molina Gonzalez consideró que tenía fuerzas para seguir tal vez 20 días más si se le proporcionaran sueros.
Distinto a sus familiares, él no imaginó que esa protesta significaría el fin de su vida, aún con el dolor de cabeza constante y los mareos que le nublaban la vista. Los últimos siete días de huelga de alimentos estuvo en la enfermería, bajo supervisión médica.?Informó que cuando estaba en la enfermería le llevaban filetes y pollo asado y le decían, “pícale un poquito”, y que esa no era comida que dieran en el penal. Pero sus captores sabían que estaba en la mira de una cámara de vigilancia y por eso lo incitaban. Se negó porque después de tres días ya no sentía hambre, y el vacío en el estómago lo cubría con sueros y agua.?El luchador social se declaró en huelga de hambre en solidaridad con la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que diez días antes dejó de probar alimentos por su libertad y la de los presos de la CRAC, a casi dos años de reclusión en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, en Nayarit.?Molina González reveló que el gobierno del estado reactivó una solicitud de traslado que promovió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cuando lo llevaron a Oaxaca, para regresarlo a Guerrero.
De las agresivas condiciones de la cárcel de Tepic a los cuidados de su esposa en Chilpancingo
En la conversación con Gonzalo Molina ayer en la prisión, dos abogados señalaron que las condiciones de reclusión en el penal de Tepic, Nayarit, son más agresivas que en el Altiplano.?Como ejemplo informaron que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz regresó a una prisión a Guerrero con unos 30 kilos de peso menos, porque durante días le negaron alimentos y agua potable.?Asimismo, Nestora Salgado denunció aislamiento, tratos crueles y degradantes en la prisión femenil de Tepic.?Gonzalo Molina recordó que todos los días firmaba una boleta donde decía los motivos por los que no probó alimentos, para deslindar al penal de responsabilidades sobre su integridad.?Su pelo con pocas canas es de un negro intenso, pero está casi rapado, se le ve recuperado. Ayer cumplió una semana en la prisión de Chilpancingo, en donde está separado de la población penitenciaria, recibió los cuidados de su esposa, Ausencia Honorato, quien solicitó un permiso especial para acompañarlo estos días.?Dijo que tiene confianza de alcanzar su libertad, pero si no fuera el caso, afirmó que cada día que pasa en prisión es evidencia de la corrupción, la negligencia y las injusticias del sistema judicial ante el mundo, “si quieren tenerme aquí pueden hacerlo, pero no van a poder evitar que siga denunciando”.
Dijo que a pesar del encierro, las amenazas y las torturas que ha sufrido injustificadamente, se mantiene de pie porque sabe con certeza que su causa es justa, y tiene un objetivo claro: “tener una sociedad más justa, que viva en armonía, en paz y tranquilidad, para que nuestros hijos y nuestros nietos no pasen lo que nosotros vivimos”.
Respeto a la vida, a la alimentación, la salud y la educación, demanda
En la entrevista el promotor de la CRAC que sobrevivía en Tixtla en el oficio de pepenador, demandó el respeto a la vida, a la alimentación, a la salud y la educación, pero aclaró que no se refiere al educación oficial, que el gobierno pretende mejorar con una reformas estructurales que fomentan el individualismo y el egoísmo para fortalece al sistema capitalista.?En medio de una ola de delitos y de impunidad en 2013, Gonzalo Molina promovió la conformación de la Policía Comunitaria de El Fortín, en Tixtla, donde vivía antes de ser encarcelado, apoyó la integración de decenas de comunidades de municipios de la región Centro y Montaña, entre estos Olinalá y Huamuxtitlán, de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, perteneciente a la CRAC.?Pronto los dirigentes más visibles de esta corriente ciudadana fueron perseguidos y encarcelados: Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera.
Al comienzo tuvieron una relación cordial con los gobiernos municipales y el estatal que encabezaba Ángel Aguirre Rivero, luego fue ríspida porque denunciaron la relación del crimen organizado y las autoridades, lo siguieron haciendo en su detención y traslado a penales federales fuera de la entidad.
“¿De qué nos van a perdonar?”, dice de la Ley de Amnistía
Aunque accedió a que se utilicen todos los mecanismos que sean necesarios para buscar la libertad de los luchadores sociales, Gonzalo Molina consideró que la Ley de Amnistía que impulsa el gobernador Rogelio Ortega Martínez, en sí misma representa una contradicción.?Mencionó que el gobierno del estado por un lado los reconoce como autoridades legítimas de los pueblos, amparados en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, pero encarcela y luego amnistía a los inculpados que son inocentes.?“No cometí delito, ellos deben pedir perdón por el error, y deben enmendar ese error dejándonos en libertad, sólo por las violaciones al debido proceso”, denunció.?Mencionó que las tres vías que se han propuesto para la libertad de los detenidos de la CRAC son viables para conseguir su libertad: la ley de amnistía si la aprueba el Congreso local, que se agoten los recursos legales en los juzgados con el visto bueno de los magistrados, o el desistimiento de las demandas penales a través del fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, que se negó a revisar esta posibilidad.?Aclaró que si siguen retrasando sus procesos van a hacer públicos los expedientes de la CRAC sobre las personas que fueron sometidas a reeducación, y luego los acusaron de secuestro y privación ilegal de la libertad.
También dijo que podrían pedir que se apliquen responsabilidades contra los servidores públicos del Ministerio Público y de los juzgados que los mantienen en prisión, porque violaron una institución reconocida en leyes locales, en la constitución y que está respaldada en convenios internacionales: la CRAC. “No pedimos reconocimiento, ese ya lo tenemos, pedimos respeto”.?Añadió que en esta embestida contra los luchadores no solo los dañaron a ellos, también a sus familias porque quisieron desprestigiarlos con denuncias de secuestro y terrorismo. Gonzalo tiene en contra nueve causas penales y dos demandas aún están como averiguaciones previas, en el MP de Tixtla.?Tras esta experiencia, ratificó que el sistema de reeducación de la CRAC es mejor que el de readaptación social del derecho positivo, es decir, el del gobierno del estado y del federal.?“Conviví con cabecillas de cárteles y me respetaron por mi forma de actuar y de pensar… (porque) no estamos yendo a sus casas, sólo pedimos que respeten el territorio comunitario, si ellos están ahí por la mala educación o porque buscan la felicidad a través de las cosas materiales, podemos entenderlo”, expuso.?A la distancia aceptó que la Policía Comunitaria también debe mejorar, “nos hacen falta cosas a nosotros en las casas de justicia”, aunque no tiene derecho a voto en la asamblea regional, sólo a voz, dijo que cuando tenga oportunidad se presentará para decir su opinión.?De las divisiones de la CRAC donde hay claros y distintos liderazgos, incluso en Tixtla, dijo que “el alma y el espíritu de la CRAC es el servicio, la solidaridad, aquí no hay pago.
El gobierno va a querer darles dinero para pagar salarios, para destruir un proyecto de vida, pero si quieren un salario que se vayan a la Policía Municipal, la Estatal, la Federal o al Ejército”.?Agregó que el servicio del policía comunitario radica “en la satisfacción de haber hecho algo por su comunidad, por cambiar la situación de inseguridad que estamos viviendo”.?Por ejemplo, señaló que durante la lucha contra la delincuencia recogieron testimonios de adolescentes violadas que se quedaron en el anonimato.?También señaló que los policías comunitarios corren riesgos y tienen que asumirlos de frente a la sociedad, pues es el pueblo el que debe de defender a su Policía Comunitaria.?Un día después de llegar al penal de Chilpancingo, confirmó que recibió la visita breve de la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda, quien le dijo que estaba el proceso la ley de amnistía. Le dijo que aceptaba el procedimiento, pero que no dejaran de lado las demás posibilidades legales para alcanzar la libertad de los luchadores sociales.?De buen ánimo, declaró que “es ganancia haber caído en la cárcel, estar vivo, volver a ver a la familia, ahora entiendo aquella frase bíblica de que hay que morir para vivir, porque cuando sales de una situación difícil puedes disfrutar otra vez, es maravilloso, eso es vivir”.?“Al encerrarme, es cierto, pensé que iba a ser desesperación y angustia, pensaba, ¿a quiénes más habrán detenido?”, cuando recibió información de que su esposa estaba libre, pudo estar tranquilo.?“Sabía que podía ocurrir (la represión), pero también sabía que cumplí como esposo, como padre”, una sicóloga de derechos humanos le explicó que estando libre se ocupaba de todo menos de él, en prisión comenzó ocuparse por primera vez de sí mismo, por esa razón tuvo paz pese a las agresiones, penurias, restricciones y aislamiento. Pese a la tortura.?El hombre de vida sencilla -se gana el sustento recogiendo basura en Tixtla-, que ahora tiene una hernia producto de su reclusión, aseguró que sigue “firme por el amor a la familia y al pueblo, eso es lo que lo mantiene a uno”.
El derrumbe de una piedra en una mina en la población de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, causó la muerte de un trabajador la tarde del lunes.
La Procuraduría de Justicia informó que el accidente ocurrió cerca de las 17:40 horas de ayer, cuando Rodolfo Cejuda Sesma, de 30 años, fue golpeado por una roca y trasladado de inmediato hacia el Centro de Salud del municipio de San Javier, donde llegó ya sin signos vitales.
“Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba trabajando en la mina antes citada, donde sobrevino un derrumbe cayéndole una piedra encima, la cual le provocó lesiones que le causaron la muerte”, informó la Procuraduría estatal.
Dentro del Proyecto San Antonio, la minera Red Tiger Mining maneja en la zona de Soyopa varias minas, la principal de ellas es La Luz del Cobre, aunque tiene otras de molibdeno y de oro.
COLIMA, Col. (apro).- Al menos ocho personas resultaron lesionadas luego de que miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), que habían tomado la sede de la Junta Municipal de esa comunidad, fueron desalojados violentamente por seguidores de Carlos Guzmán Teodoro, expresidente del comisariado de bienes comunales de Zacualpan.
El choque ocurrió alrededor de las 19 horas de hoy, cuando los partidarios del exdirectivo, encabezados por el presidente de la Junta Municipal, Enrique Carpio Rincón, llegaron al lugar empuñando piedras y palos para tratar de disolver una protesta del CIDTZ, informó vía telefónica José Martín Peña Guzmán, integrante de esta organización.
Una de las lesionadas, Juana Teodoro Peña, fue trasladada al Hospital Regional Universitario para ser atendida de una herida en la cabeza provocada por una piedra que, de acuerdo con Martín Peña, le arrojó la señora Aurelia Torres Carpio.
También sufrieron lesiones Isidra Domínguez Quirino, Julia Laureano Aranda, Martha Laureano Aranda y Sofía Tomás Domínguez, por parte del CIDTZ, mientras que por el grupo antagónico resultaron lesionados Vicente Evangelista Teodoro y Gregoria Lorenzo Guzmán, quienes iban al frente del grupo que desalojó a los manifestantes, añadió José Martín Peña.
Posteriormente, al lugar del conflicto llegaron cinco patrullas y una tanqueta de la Policía Estatal, así como cuatro vehículos con agentes de la Policía de Comala, quienes tomaron las instalaciones de la Junta Municipal.
El incidente violento ocurrió dos horas después de la salida de tres funcionarios de la Segob, pertenecientes al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, quienes se entrevistaron en un domicilio particular de Zacualpan con miembros del CIDTZ y representantes de organizaciones sociales para evaluar la situación de riesgo que viven los activistas ante el conflicto derivado del intento de establecer, hace casi dos años, un proyecto de explotación de una mina de oro en la región.
Entre las organizaciones sociales que participaron en el encuentro están el Colectivo de Abogados, representado por Claudia Gómez Godoy, y el grupo ambientalista Bios Iguana, coordinado por Esperanza Salazar Zenil. Esta última, junto con varios de sus compañeros que se han visto obligados a salir del estado, ha recibido amenazas de muerte por su asesoría al CIDTZ en la lucha contra el proyecto minero.
El propósito de la reunión fue precisamente recabar información para definir las medidas de protección que implementará el gobierno federal para los activistas sociales del CIDTZ, Bios Iguana y Colectivo de Abogados, y luego de ello se acordó un próximo encuentro en la Ciudad de México el próximo 29 de junio.
De acuerdo con Martín Peña, mientras se realizaba el encuentro, integrantes del grupo de Carlos Guzmán vocearon por las calles consignas beligerantes contra los recién llegados, especialmente hacia Esperanza Salazar, por lo que los representantes de la Segob pidieron el auxilio de la Policía Federal, que envió una patrulla con un elemento.
Alrededor de las 16 horas en que los visitantes pretendieron dejar la comunidad se toparon en la salida con un bloqueo de la carretera, encabezado por el presidente la Junta Municipal, Enrique Carpio, e integrantes del grupo contrario al CIDTZ, quienes exigían a los servidores públicos de la Segob y a los activistas que se identificaran y entregaran información sobre las actividades que habían realizado en el pueblo.
De acuerdo con Esperanza Salazar, quien viajaba junto con los funcionarios en la patrulla federal, en el lugar había unidades de la Policía Estatal y de la PGJE, quienes hicieron suya la exigencia del grupo encabezado por Enrique Carpio y condicionaban la entrega de lo que pedían para dejarlos pasar.
Después de que el elemento de la PF realizó algunas llamadas, los agentes estatales recibieron la orden de liberar el paso a la comitiva y, a empujones, hicieron a un lado a las personas que bloqueaban la carretera.
José Martín Peña informó que, alrededor de las cinco de la tarde, integrantes del CIDTZ molestos por el bloqueo del grupo contrario, decidieron tomar pacíficamente las instalaciones de la Junta Municipal, que se encontraban abandonadas, con la demanda de la destitución de Enrique Carpio Rincón, quien momentos antes había participado en un bloqueo de la carretera para tratar de impedir la salida del pueblo de los activistas de organizaciones sociales y los representantes de la Segob.
El desalojo se produjo dos horas después, y esta noche prevalecía un ambiente tenso en la comunidad, con habitantes de un grupo y de otro replegados entre el jardín y la sede de la Junta Municipal, mientras decenas de policías permanecían expectantes.
Los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Superior de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre pasado visitarán Yucatán el 21 y 22 de junio próximos, como parte de una caravana que recorre el sureste del país.
El domingo 21 la caravana estará en la parroquia San José Obrero, ubicada en la calle 75 número 600 entre 92 y 94 de la colonia Sambulá de Mérida, en donde tendrán una misa y posteriormente un Diálogo por Ayotzinapa con los asistentes al templo. El objetivo de celebración eucarística es pedir por la aparición con vida de los 43 desaparecidos, la recuperación del normalista en estado de coma y por el descanso de los tres estudiantes fallecidos.
El padre Raúl Lugo, titular de San José Obrero, comentó que la visita es trascendente para que los familiares den a conocer una versión de los hechos distinta a la otorgada por los medios de comunicación y la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado 26 de septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior de Ayotzinapa desaparecieron en el municipio de Iguala, Guerrero. La versión oficial del Gobierno Federal, presentada en enero, asegura que los jóvenes fueron asesinados y calcinados por miembros del crimen organizado.
Diversas organizaciones han expresado su inconformidad ante la versión de la PGR, y las nuevas investigaciones realizadas en los últimos meses ofrecen datos contradictorios con la oficial.
Es importante que la sociedad comience a preguntarse sobre los sucesos que ocurrieron en Guerrero, señaló el padre Lugo.
Mencionó que, con la presentación de su versión, los padres desean evitar que se repitan los acontecimientos, los cuales han sido un parteaguas en la política reciente a nivel nacional.
Resaltó la importancia de dar a conocer en todos los rincones del país y a un número cada vez mayor de gente lo que sucede en México.
Además de la misa y el diálogo, los familiares estarán en Canicab, Acancéh a las 11:30, para participar en un encuentro y diálogo comunitario. El lunes 22 realizarán un mensaje en el Restaurante Amaro, en la calle 59 con 60 y 62 del centro de Mérida, a las 11:30 horas; también tendrán un encuentro en la Escuela Campesina U Yits Ka’an, ubicada en el kilómetro dos de la carretera Maní-Dzan, a las 17:00 horas.
El acceso a los eventos será gratuito.
La caravana es organizada por el Congreso Nacional Indígena, que acompañará en el recorrido por el sureste de México, incluyendo Campeche y Quintana Roo, junto con los familiares de los estudiantes desaparecidos.
México, D.F., 16 junio de 2015.- En conferencia de prensa, estudiantes agredidos por un comando armado el pasado 5 de junio en Xalapa, Veracruz, pidieron protección y ayuda a organizaciones sociales e institucionales en el Distrito Federal (DF), pues denunciarón que las instituciones veracruzanas no les han brindado garantías de seguridad para ellos y sus familias.
Ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana, fueron agredidos por personas que portaban chaleco de policía e iban encapuchadas. Los sujetos entraron a una casa particular —al rededor de la una de la madrugada— donde los jóvenes se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de ellos, comenzaron a golpearlos con bates, palos, machetes y armas largas; recibieron multiples agreciones en todo el cuerpo, causando fracturas en cráneo, manos y perdida de dientes, algunos fueron hospitalizados de urgencias. Elementos de la policía que acudiaron al lugar de los hechos no brindaron auxilio a los heridos, tomaron fotografías y se retiraron después de hablar con personas que llegaron en un carro.
“Estos acontecimientos se dan en un clima donde los periodistas, activistas sociales y estudiantes están siendo acosados y asesinados en el estado de Veracruz”, señaló Julián Ramírez de la Asociación Defensora de los Derechos Humanos Decide, quien dijo que las agresiones se dieron antes de unas elecciones electorales que estuvieron fuertemente militarizadas y que durante la contienda se reprimió a la población. Informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró una “lista negra” —que fue dada a conocer días antes de las elecciones—, donde aparece alrededor de 25 nombres de funcionarios públicos, consejeros electorales, estudiantes, defensores de derechos humanos, entre otros, todos acusados de planear el boicot de los comicios. Pero, dijo, que dentro de esta lista no se encuentra el nombre de ninguno de los jóvenes agredidos, sin embargo son acusados de ser los actores intelectuales de los ataques a las oficinas del INE.
Por su parte, Iganacio Córdoba, estudiante agredido, mencionó que uno de los hombres no iba encapuchado y pudieron darse cuenta que éste traía corte militar, pero debido a los golpes que recibían no distinguieron bien su rostro. Comentó que hasta el momento el gobierno de Veracruz no se ha deslindado del ataque y tampoco funcionarios del INE. El estudiante relató que tanto él como sus compañeros apoyan las luchas sociales por medio del artes y se han pronunciado en contra de los mega proyectos que son impulsados en Veracruz, por lo que se cree que este sea uno de los motivos por el cual sean considerados “gente incomoda para el Estado”.
La activista de la organización Decide, Giovanna Mazzote, denunció que en la Universidad Veracruzana se han colocado cámaras para vigilar las actividades de los estudiantes. Agregó que “el ataque hacia los jóvenes fue diseñado para dejarlos como están, fue una agresión totalmente planeada y con toda la intención de sembrar terror, pues los golpes no fueron dirigidos para matar, sino para meter miedo a la población que no esté de acuerdo con el gobierno de Veracruz”. Hizo un llamado a las autoridades de la universidad para que brinden apoyo a las víctimas y sus familias, pues Ignacio Córdoba reveló que a la fecha ninguna institución estatal les ha ayudado en este proceso de recuperación y denuncias, y que la Comisión de Derechos Humanos del Estado no ha abierto un expediente de investigación sobre el caso.
Otro de los agredidos, Josué Bello, puntualizó que los ataque sufridos hacia su persona fue un claro ejemplo de cómo los grupos paramilitares están operando para desmovilizar a los estudiantes organizando en la universidad, pues como lo señaló Giovanna Mazzote, dentro del campus, en la Casa de Humanidades —donde llegan grupos sociales y estudiantes de todas las facultades—, se realizan asambleas y se planea las movilizaciones de protesta.
Para finalizar, Araceli Olivo, de Centro de Derechos Humanos José Miguel Agustin Pro Juárez (Centro prodh), y Alberto Solis, director de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), enfatizaron su respaldo hacia los estudiantes agredidos e hicieron un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, pues ambos defensores de derechos humanos señalaron que Verecruz es uno de los estados con mayores indicies de violencia y en donde hay más riesgo para la libertad de expresión. Por tal motivo, piden que se aclaren los hechos y que este caso no quede impune, pues sólo así se comenzará a detener los abusos policiacos y del crimen organizado que existen en la entidad.
(16 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTO).- Eran aproximadamente las 9 de la mañana del domingo pasado cuando un grupo de adolescentes, del poblado de Acachuane, en Tamazula, Durango, se dirigían a cortar caña, poco después se escucharon tres helicópteros sobrevolando la zona, así fue como llegaron a nuestra comunidad gente de la Marina.
Emboscaron a los muchachos sin motivo, abrieron fuego contra ellos, quienes no llevaban ningún tipo de arma, más que sólo machetes, porque iban a cortar tallos gruesos de caña, sin embargo no les importó que eran menores de edad indefensos. O los querían matar o inculpar, los adolescentes estaban asustados y pidieron que pararan, no eran delincuentes… no les hicieron caso, siguieron disparando sin cesar.
Los marinos dispararon a todo lo que se moviera, carros, casas y testigos, algunos dispararon desde el helicóptero y otros desde tierra, los muchachos corrieron a resguardarse, quienes quedaron vivos fueron detenidos e inculpados de haber sido detenidos por el uso de armamento de alto poder y abrir fuego en contra de los elementos de las fuerzas armadas.
Pero los muchachos ni siquiera conocen esas armas, menos sabrían usarlas, sin embargo, los marinos los obligaron de forma violeta a que las tocaran, para dejar ahí marcadas sus huellas y poder conseguir una acusación en contra de ellos.
Al más chico de los muchachos, el de trece años, lo hicieron agarrar una pistola y como él se negó en un primer momento, le pegaron en la espalda; al otro chico de 17 años lo hicieron sostener un rifle para que lo disparara y como no lo hizo lo ultrajaron.
Nuestros hijos tenían marcas de golpes, se las enseñamos a las autoridades, pero no nos hicieron caso, y eso que a simple vista se le nota lastimados; en medio de las balas y sin dejar de atacarnos hubo varios fallecidos, en su mayoría jóvenes.
Ahí también cayó herido un menor de edad de nombre José Roberto, quien no tenía ninguna relación con los muchachos, sino que iba a entrar a su casa corriendo para esconderse, pero lo lograron ubicar y así fue como le dispararon y resultó severamente herido. Narra para Revolución TRESPUNTOCERO María, madre de uno de los menores detenidos.
Un familiar de uno de los adolescentes declaró a Revolución TRESPUNTOCERO, a reserva de decir su nombre por cuestiones de seguridad, que “al escuchar los disparos quisimos ir a ver qué pasaba, porque había sido bastante cercano a donde estábamos, pero esperamos a que se calmara la situación, yo no sabía que los muchachos habían salido, pero cuando quisimos llegar hasta la zona, nos interceptó la Marina, y nos amenazaron con sus armas, para inmediatamente corrernos, porque nos dijeron que el paso estaba prohibido”.
Además relata: “no dejaron ni un sólo lugar sin un disparo, los marinos llegaron como en cacería de brujas, para ver a quién se llevaban preso y hacerlo pasar como delincuente, ya que ellos acostumbran a hacerlo, siempre van contra los jóvenes o adolescentes, porque los creen indefensos, cuando quisimos subir y nos taparon el paso, habían como más de 20 carros de la Marina, habían helicópteros sobrevolando la zona, como vivimos cerca nos asustamos, le pedimos a los policías municipales que nos ayudaran, pero nos dijeron que no podían porque a ellos también podían dispararles, porque la ley ahí es la Marina, aún por encima del ejército y el presidente municipal, fuimos con los militares, pidiendo hicieran algo para que nos dejaran pasar, nada más para saber si nuestras familias, estaban bien, pero no quisieron, porque no podían hacer guerra entre ellos”.
Entre lagrimas el testigo comenta: “nosotros no entendemos cómo pueden ser tan malos con nosotros, hace meses salió en la televisión que habían agarrado a delincuentes, cuando era gente humilde del pueblo, pero rápido todo el país odió a los que se supone eran delincuentes y le aplaudieron a quienes deberían haber metido a la cárcel por mentir y culpar inocentes, porque así le hacen, las comunidades de la sierra servimos para que Marina, ejército y policía federal se vengan a surtir de dizque delincuentes y narcos, así ellos quedan bien, nosotros jodidos, y los verdaderos criminales siguen sus negocios”.
Y puntualiza que “desde Calderón y ahora con Peña Nieto, Marina, ejército y policía están vaciando y despoblando a nuestras comunidades, somos sus fábricas de delincuentes, vienen, atacan, detienen y directito a exhibirnos en la maldita televisión que los solapa, pero antes golpean, torturan para que se mienta al tenerse que autonombrar delincuente, pero claro allá afuera Enrique Peña dice que se deben respetar los derechos humanos, el asesino hablando de prevenir asesinatos, burla total”.
Sobre el tema, la visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), Nuria Alejandra González Elizalde, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que “desde el 14 de junio la CEDH recibió la solicitud para que tuviésemos la intervención correspondiente a los hechos ocurridos cerca del municipio de Tamazula, Durango, se precisó que durante el suceso hubo un menor lesionado, quien fue trasladado a Culiacán para ser internado en el Hospital Pediátrico, en cuanto tuvimos conocimiento que arribó a la ciudad, junto a sus familiares, localizamos a la madre para entrevistarla y recibir la queja correspondiente, en dicho testimonio se señaló la agresión por parte de elementos de la Marina en contra del menor”.
Al mismo tiempo comenta: “teniendo los elementos correspondientes, entablamos comunicación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que el programa de atención de víctimas del delito tuviese conocimiento del hecho y brinde en su caso la atención correspondiente al menor y su familia”.
José Roberto, el niño que fue alcanzado por las balas, pudo ser rescatado por su madre, quien narra para Revolución TRESPUNTOCERO que “fue gracias a que llegué a tiempo, subí a mi hijo a una moto y lo llevé a Tamazula, pedí ayuda y atendieron ahí a mi hijo, fue que sigue vivo, sino hubiera fallecido ahí tirado desangrándose. La Marina no ayudó, los médicos lo trasladaron, debido a su gravedad, en una avioneta y ya en Sinaloa lo esperaban varios médicos que rápidamente se movilizaron para mantenerlo vivo, que es lo más importante, meterse con el gobierno y las fuerzas armadas es arriesgarse a que nuevamente nos ataquen, si lo hacen sin que la debamos, haciendo algo con mucha más razón”.
Según la explicación, para Revolución TRESPUNTOCERO, del director del Hospital Pediátrico de Culiacán, Sinaloa, el menor resultó herido con tres impactos de bala, pero para las dos de la tarde del lunes, se encontraba fuera de peligro, y sería durante el transcurso de la tarde, que procederían a quitarle los tubos que le ayudaron con la respiración, aún con esto, precisó, las lesiones deben ser vigiladas “muy de cerca”, ya que la cadera resultó lesionada, además de los músculos de sus manos, esperando que pronto recupere el conocimiento.
En tanto, después de la irrupción de la Marina, los elementos de dicho órgano, detuvieron a cuatro de los menores, a quienes presentaron este lunes ante el Tutelar para Menores en Culiacán, sin embargo hasta la noche de ayer, los familiares desconocían cuáles eran los cargos que se les imputaba a los adolescentes, por su parte la Secretaría de la Marina ha evadido el tema y no existe versión oficial acerca de los sucesos.
“El lunes recibimos a un grupo de personas, en su mayoría vecinos de las comunidades de Tamazula y otras zonas aledañas de Durango, ellos nos precisaron de una manera más amplia lo que pasó el domingo, apuntando que resultaron muchachos detenidos, todos menores de edad, además informaron que dos personas perdieron la vida, al saber esto, de forma inmediata lo hicimos del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sea quien intervenga de forma correspondiente, sobre todo por tratarse de una queja que involucra a autoridades de carácter federal”, precisa González Elizalde.
Y explica que hasta el momento, además de la queja de la madre y de quienes se presentaron en las oficinas, “seguiremos recabando testimonios de los agraviados, en primer lugar de los adolescentes que se encuentran a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes”.
Hasta las cinco de la tarde de este lunes, la visitadora de la CEDH de Sinaloa aún no tenía acceso a información que diera a conocer cuál era el motivo de la detención de los adolescentes, y solamente infería que se les pudo haber inculpado de la participación de alguna conducta delictuosa, asegurando que en ese momento era la principal diligencia que estaba llevando a cabo, conocer el delito por el cual se les mantenía en detención a los menores”.
Los menores son Manuel N de 15 años, José Luis N de 17, Yasir N de 13 y Juan Carlos N de 13 años. En medio de los disparos, se sabe que también un hombre y otro menor de edad murieron, sin que se conozca la identidad de ambos hasta ahora.
En 2011, la CEDH tuvo una primera intervención en el municipio de Tamazula, cuyo propósito fue la investigación de una presunta violación de los derechos fundamentales de sus habitantes; según la queja enviada por parte de los habitantes.
En dicha ocasión, la denuncia fue en contra del Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales (GAFE), en donde se incluyó testimonios que daban cuenta de agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas castrenses.El resultado de la queja quedó en averiguación y las fuerzas armadas siguieron acosando a los pobladores, según sus declaraciones.
Michoacán.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentra entrampada en un mar de mentiras e ilegalidades en alrededor del proyecto Segunda Etapa del Lbramento Sur, tramo Ramal Camelinas al dar a conocer públicamente que TRADECO Infraestructura, la compañía que construirá el riesgoso Túnel 1 del proyecto, está siendo investigada nacional e internacionalmente, informó hoy Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL).
En días pasados Martín Valenzuela Delfín, subdirector de Obras en la SCT Michoacán, admitió que existen señalamientos de corrupción tanto en México como otros países contra la TRADECO Infraestructura: “Sí existe un detalle con la empresa TRADECO que resultó posterior a la adjudicación de este contrato” (que fue a fines de 2012), y continuó: “La empresa no tenía esos problemas (…), inclusive a partir de eso yo sé que ha tenido posibilidades de tener nuevos contratos en la Secretaría y no se los han dado (…), ahorita nosotros tenemos el problema con TRADECO que no le podemos pagar”.
El funcionario afirmó que “pudiera darse el caso, si la empresa no logra resolver sus problemas y nosotros no podemos pagarle, lógicamente eso nos causa un problema y en ese sentido se tendrían que tomar decisiones”. “¿Cómo puede la SCT ser tan irresponsable de mantener en Morelia a TRADECO si admite que no se le puede pagar un solo peso?, ¿quién le está pagando a TRADECO desde diciembre pasado, si la SCT no lo hecho?, ¿es TRADECO, quién de buena voluntad está financiando el Ramal Camelinas o es un empresario local?”, cuestionó Moctezuma Madrigal por lo que exigió a la SCT responder estas inquietudes.
El Estudio realizado por la UNAM para el Ramal Camelinas, afirma sobre el caso del Túnel I que: “En la parte central del túnel se atravesará de forma esviajada la falla Altozano o Túnel I, en una longitud aproximada de 80 m, la falla no fue detectada en los estudios realizados en el proyecto… Por esta razón, la descripción y ubicación de las distintas Condiciones Geotécnicas que se muestra en el diseño del túnel son incorrectas”.
A través del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) hemos obtenido información y datos que para la construcción de los Túnel 1 y 2 se utilizarán miles de explosivos, lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores y las 14 mil personas que habitan en las faldas de la Loma de Santa María, agregó el vocero del MCDL. “Este riesgo se incrementa al ser TRADECO la compañía constructora del Túnel 1, cuestionado por la UNAM; además la empresa se encuentra investigada y no le pueden pagar un peso hasta que se resuelva esa investigación”, mencionó Moctezuma Madrigal. “Una vez más, la SCT mantiene su compromiso con los riesgos y la devastación ambiental”, finalizó el vocero del MCDL.
Salva la Loma no se opone al desarrollo o a la construcción de nuevas vialidades que conecten a la Loma de Santa María; con lo que no está de acuerdo es que en aras de un costoso proyecto, que solo responde al interés de unos cuantos, se afecten cientos de hectáreas naturales que representan el pulmón y la fuente de recursos acuíferos de miles de morelianos.
Para más información, ponemos a disposición la carta abierta que dirigió el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) al Presidente de México, Enrique Peña Nieto para solicitar detener el proyecto “Segunda Etapa del Libramiento Sur Tramo Ramal Camelinas”: https://youtu.be/FqvOqixnNPs
Profesores y profesoras de la Sección 22 adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon este martes en la capital Oaxaqueña y la Ciudad de México, como parte de sus acciones de protesta en contra de la reforma educativa.
En Oaxaca el contingente magisterial exige a su vez la liberación de los 25 detenidos el pasado 7 de junio, durante la jornada de movilizaciones que tenían como objetivo el boicot al proceso electoral. Los profesores y profesoras señalan detenciones arbitrarias ya que no se les aprendió en flagrancia ni se tienen pruebas que vinculen directamente a los detenidos con los hechos, por lo que exigieron su inmediata liberación.
En la ciudad de México las y los agremiados a la Coordinadora, marcharon por paseo de la reforma hacia el hemiciclo a Juárez, seguidos de cerca por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) sin que se registraran incidentes.
Terminadas las manifestaciones, los maestros y maestras se desplazarán a sus comunidades para reanudar con sus actividades académicas a partir de este miércoles 17, ya que según informó el secretario general de la Sección 22, Rubén Nuñez Ginez, es un compromiso que se tiene con los estudiantes, padres de familia y autoridades de las diferentes comunidades para concluir en tiempo y forma con el ciclo escolar.
Sin embargo se anunció una asamblea nacional extraordinaria en la que se valorará el plan de acción para continuar con las demandas de la CNTE, al tiempo que se aseguró la persistencia de los plantones en el zócalo de Oaxaca y monumento a la Revolución en la ciudad de México, con una plantilla representativa.
Pagos Retenidos.
Previo a la realización de las movilizaciones, los profesores y profesoras de la Sección 22 recibieron el pago correspondiente a la primera quincena del mes de junio, la cual había sido retenida por el gobierno federal, condicionada hasta reanudar las clases, por lo que con el compromiso de reincorporarse a las aulas este miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP), liberó los pagos correspondientes en los cuales no se realizó descuento alguno por los días en que permanecieron en paro.
El mes pasado CartoCrítica publicó mapas y datoscon base en información oficial sobre la existencia y ubicación de los pozos perforados mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking) en el país. Sin embargo en días pasados, en respuesta a la información publicada por este blog, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SEMA), en voz de su titular Eglantina Canales, emitió una declaración pública al periódico el Siglo de Torreón en donde de manera un tanto ambigua negó la existencia de fracking en Coahuila. La secretaria Eglantina Canales se pronunció de esta manera:
“Nosotros tenemos dos contactos muy fuertes, uno con la Secretaría de Economía y otro con Pemex (…) los pozos que se hicieron son pozos de exploración y son verticales, hay una serie de pozos de los cuales siete están activos, pero lo que producimos es gas natural, pero tienen muchos años trabajando y no se hicieron con esta técnica“
En estas declaraciones, la Secretaría de Medio Ambiente estatal no presentó un solo dato oficial que respaldara su dicho. Pero ante la confusión que esta declaración haya podido generar, CartoCrítica presenta aún más datos de fuentes oficiales que confirman la presencia de pozos perforados mediante fracking en el estado de Coahuila.
Es importante aclarar que la técnica de fracturación hidráulica puede ser utilizada tanto en pozos verticales como en pozos horizontales, e incluso se utiliza en yacimientos del tipo “convencional” y no solo en los “no convencionales”. Sin embargo, en todos los casos se trata de fracturación hidráulica con altísimos impactos ambientales y a la salud, aunque el volumen de agua utilizada para la fractura pueda variar así como algunos de los componentes químicos.
Dicho lo anterior, el total de los pozos perforados mediante fractura hidráulica en el estado de Coahuila son sobre yacimientos no convencionales de lutitas, según se puede conocer en el documento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos titulado Seguimiento a la exploración y extracción de aceite y gas en lutitasde abril de 2015. Este documento habla de siete campos de yacimientos no convencionales ubicados en Coahuila que han sido explorados con pozos de fracking, estos son: Chucla, Emergente, Gamma, Habano, Montañés, Nómada y Percutor.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 2015. Seguimiento a la exploración y extracción de aceite y gas en lutitas. Disponible públicamente aquí.
Si bien el documento de la CNH solo menciona a un pozo de cada campo, en realidad existen muchos más. De esto dan cuenta diversas solicitudes de información, por ejemplo la solicitud de información pública con número de folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y Producción, en la que se solicitó a Pemex que detallara el nombre de cada uno de los pozos del país que ha empleado técnicas de fracturación hidráulica, como respuesta arrojó que existen 17 pozos en el campo Gamma, y otros 30 más en el campo Habano.
Fuente: Solicitud de información pública con número de folio 1857500000714 realizada a Pemex Exploración y Producción. Disponible públicamente aquí..
Los múltiples pozos existentes en cada campo se pueden comprobar desde el terreno, como se muestra en estas fotos:
O bien desde una imagen de satélite, como la de Google Maps (al momento de escribir esta nota corresponde a una imagen de satélite del 4 de abril de 2013), aquí se ven las áreas correspondientes a tres pozos en la región del campo Habano, en Coahuila:
Sin embargo, mientras uno más pregunta, más pozos con fracking aparecen en el país. En otra solicitud de información, también realizada a Pemex Exploración y Producción con folio 1857500102714, en la que se preguntó específicamente sobre los pozos en los que se ha utilizado la técnica de fractura hidráulica o fracking particularmente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, así como el año en que fue perforado el pozo y el volumen de agua inyectada como parte del fluido fracturante, resultó que aquí sí se detalla la existencia de 4 pozos en el campo Habano (y no solo uno como en el documento de CNH).
Fuente: Solicitud de información pública con número de folio 1857500102714 realizada a Pemex Exploración y Producción. Disponible públicamente aquí..
De tal suerte, que al autor de este blog solo le queda corregir para decir que de acuerdo con la información oficial disponible, no solo hay 47 pozos con fracking en Coahuila, sino que 30 del campo Habano, 17 del campo Gamma, y otros 9 campos más con al menos un pozo cada uno. Dando un total de al menos 56 pozos con fracking en Coahuila.
Campos de hidrocarburos explorados mediante fracking en Coahuila
Es preciso resaltar que la discrepancia en los datos que arroja esta investigación, habla de la total opacidad que rige en México en torno a los hidrocarburos. La población potencialmente afectada no sólo no está siendo informada, sino que incluso la información oficial en manos de la Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex está reservada o es de difícil acceso. Quien sí conoce la información son las empresas, quien no la conoce son los dueños de la tierra.
De esta manera los derechos de los pobladores no son respetados, puesto que en la medida en que no se informa ni se consulta a las comunidades previamente a estos proyectos se violenta el derecho a la consulta pública, previa, libre e informada, plasmado en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Finalmente, si la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila desea conocer más sobre los pozos y yacimientos no convencionales que existen en Coahuila, puede desde luego acceder al Informe Anual de Pemex 2013(página 317 del PDF, página 31 del anexo 11), donde encontrará, entre otros, información sobre los pozos de fracking en lutitas Chucla-1, en el municipio de Hidalgo, Coahuila y Gamma-1, en el municipio de Guerrero, Coahuila.
Por: Daliri Oropeza y Aldabi Olvera / Con información de Nora Hinojo, Celso Alvarado y Mayra Terrones
(Cherán K’eri, Michoacán).- Así como Cherán expulsó al crimen organizado y a los partidos políticos hace cuatro años, siete pueblos p’urepecha se atrincheraron durante las elecciones del pasado 7 de junio para impedir la entrada de casillas electorales en sus territorios
Acosados por el narcotráfico y enojados por promesas incumplidas por parte de los gobiernos, estos siete pueblos -algunos con policías comunitarias- buscan el reconocimiento de usos y costumbres que siempre han ejercido.
Desde el 2011 Cherán dejó un precedente legal ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que las comunidades indígenas de Michoacán pudieran nombrar a sus autoridades sin partidos políticos, a través del sistema de usos y costumbres.
En Michoacán, ni el Ejército ni la policía intentaron imponer las urnas en los pueblos, como sí lo hicieron en Oaxaca o Guerrero. En su lugar, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IEM instalaron “casillas especiales”en Nahuatzen, Paracho y Aranza, a donde incluso fueron acarreados habitantes de Cherán, como lo documentó Masde131.
“Cherán nos respalda”
Tres barricadas bloquean la entrada a San Francisco Pichátaro, municipio de Tinganbato. En ellas, cerca de 60 personas, la mayoría hombres, sonríen, platican entre ellos y hacen preguntas a quienes intentan ingresar a la comunidad
Si eres del IEM o del INE, no entras.
“Aquí en la comunidad hemos decidido que no iba a haber elecciones en este 2015”, narra a Másde131 Israel de la Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales.
Desde la noche anterior, la comunidad se organizó para no dejar pasar la papelera electoral. Y así fue. La escuela asignada a las casillas estaba cerrada y la plaza central tenía las actividades de un domingo cualquiera. Las paredes del pueblo, plagadas de pintas, desvían la mirada a la belleza del bosque que los rodea.
“Queremos trabajar de una manera autónoma, donde la gente decida en qué gastarse el dinero; [y] cuándo. Esa es nuestra lucha de hoy”, explica Jesús Salvador González, jefe de la Tenencia de Pichátaro.
El ambiente en las barricadas era festivo, quienes ahí se encontraban recibían comida y bebida de manos de la población restante, algunos hablaban sobre lo que implicaba el bloqueo y boicotear las elecciones o de temas cotidianos, otros escuchaban por la radio el partido de México vs. Brasil.
“El Partido que no estáde acuerdo con la comunidad es del PRD [ese partido que ganó la gubernatura que ahora está a cargo de Silvano Aureoles]” recalca Israel de la Cruz.
“Exigimos al gobierno del Estado y la Federación que respeten nuestra autonomía como comunidades indígenas y que ese recurso que nos toca llegue directamente a nuestra comunidad”, dice Jesús Salvador González.
En Pichátaro saben que apenas dieron el primer paso de un proceso que desconocen como comunidad, pero que, dicen, enfrentarán como tal.
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Foto: Daliri Oropeza
Salvador está seguro que hay otro camino: “Creemos que la forma de resolver muchos de esos problemas es a través de nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, autoadministración”.
Históricamente las comunidades se rigen por usos y costumbres, idea que refuerza Salvador, las autoridades se eligen en la plaza central, del mismo modo que hace Cherán, y más allá de los colores, se fijan en las personas.
“Tenemos el respaldo de los compañeros de Cherán”recalca Salvador, “es una figura que queremos rescatar, ellos hicieron lo propio con la diferencia de que son municipio y nosotros tenencia”.
Asegura que, para ellos, Cherán es un ejemplo a seguir; sin embargo, Pichátaro lo haráa su manera.
Este domingo 14, Pichátaro se reunió con más de veinte comunidades como Uricho, Jarácuaro, Arantepácua, Comachuén y Capácuaro para continuar con su proceso autonómico. Llevan más de un año haciéndolo y el próximo miércoles 17 de junio tendrán una reunión con el IEM para dar continuidad a la exigencia que acordaron las comunidades: Autogestión.
“No nos interesa quién vaya a quedar”
Cherato, Cheratillo, Orúscato y 18 de marzo, pertenecientes al municipio de Los Reyes, tampoco permitieron la entrada de casillas.
En entrevista telefónica, Héctor, comunero de Cherato, cuenta que las cuatro comunidades hicieron una asamblea general para tomar esta decisión.
Ya desde enero del 2013 se unieron para detener los embates del crimen organizado. Después de levantar barricadas, sus familias comenzaron a sufrir amenazas de muerte. En ese entonces, Rosa María Molina, comisionada por parte del ex gobernador Jesús Reina, quien hoy está en la cárcel, intentó disuadirlos para que desmontaran las barricadas.
El comunero contó que en diciembre del 2012 le exigieron a José Antonio Valencia, gobernador municipal del Partido Acción Nacional (PAN), para que acudiera a denunciar que el crimen organizado les cobraba dos mil pesos al año por hectárea.
No lo hizo.
Cuando lograron formar su policía comunitaria, el comisionado Alfredo Castillo prometió una telesecundaria y una clínica. Sólo dio la clave de la escuela, los maestros, pero hasta la fecha no se han construido las aulas.
“Ese es el reclamo, que realmente el actuar que nos prometen, y no hacen nada por la seguridad”, reitera Héctor.
“Nos reservamos el derecho de votar como ciudadanos y como comuneros nuestra inconformidad es general”, denuncia, “no sabemos quién vaya a quedar, pero no nos interesa”.
Actualmente, estos pueblos tienen un concejo comunal y una de sus principales exigencias es que los recursos federales bajen directamente a ellos, no al municipio.
La presencia de propaganda de partidos políticos, principalmente del PRD, y el ruido por la plaza y la jornada electoral en la cabecera municipal de Paracho, contrastaba con el silencio en la comunidad Urapicho.
Las oficinas de la tenencia, la iglesia, y las escuelas del pueblo se encontraban cerradas. Pocas personas recorrían el montañoso lugar. Ninguna autoridad tradicional abrió las puertas de su casa. Una ex autoridad dijo que estaban teniendo problemas con su territorio, y que sí habían detenido la entrada de casillas.
Nada más.
La Jornada de Oriente reportó por la noche que habitantes de este pueblo habían sustraído una casilla especial de Paracho.
Además, no se llevaron a cabo elecciones en San Felipe de Los Herreros, municipio de Charapan, donde la jefatura local está tomada desde hace tres semanas porque las autoridades no cumplieron con la construcción de 50 viviendas.
Asambleas frente al acarreo
La fila en la casilla especial de Nahuatzen no era más larga que lo que medía la calle.
Sin embargo, las camionetas llenas (entre 10 y 15 personas por viaje) llegan poco a poco a la casilla. Luego se bajan, los anotan en una lista, se forman, votan, rectifican en la lista el nombre, y les dan algo a cambio: Una “ayuda económica”, láminas o fertilizante.
Al menos 20 carros se dedicaron a mover personas de Cherán a las tres comunidades vecinas de Paracho, Aranza y Nahuatzen con viajes continuos a lo largo de la jornada electoral.
“Yo tengo derecho de llevar a la gente a donde yo quiera” dijo un líder de partido a Másde131, y argumentó que ellos están haciendo su parte, lo que “les corresponde”.
Este líder dijo: “No sé si ustedes sepan, jóvenes, pero existe una coalición de partidos, de todos, PRI, PAN, PRD, PT, estamos aquí todos, nos estamos apoyando todos”.
Todos los partidos unidos se dedicaron a acarrear personas. Presumen la cantidad de gente que está formada para votar, la señalan, argumentan que son muchos. Pero la fila nunca rebasó la orilla de la calle, en su punto, tal vez 80 personas.
“No estamos de acuerdo con ese gobierno (usos y costumbres de Cherán)”agregó el líder partidista.
Se quejó del sistema de usos y costumbres, y de que en las asambleas no escuchan a todos. “Sólo están amigos y cercanos de los Keris (mayores) que van de salida” mencionó.
La mayoría de las personas formadas para votar se sienten incómodas frente a la lente, como si no quisieran que supieran que están ahí. Una persona reparte credenciales de elector frente a la casilla especial, mientras la gente se anota en las listas después de emitir su voto.
“No es nuevo. Siempre han dado recursos. Es más claro que el proceso de partidos políticos es una farsa porque no se decide en las casillas, sino en otro lado”, dijo en entrevista para Más de 131, Salvador Campanur de la Comisión de Enlace de Cherán.
En Cherán K’eri fue distinto. Los barrios primero, segundo y tercero realizaron asambleas para nombrar a los integrantes de los concejos operativos que, junto al Concejo de Mayores, forman parte de la estructura de gobierno tradicional.
Las personas escogidas en fogatas de cada una de las calles pasaban al frente para decir si aceptaban el cargo de la comunidad y escuchaban comentarios.
“Voy a servir a mi comunidad, vengo de una familia campesina y no desconozco las labores y el reto para el que quede elegido, gracias”, dijo un hombre en el Barrio primero ante cerca de 500 personas.
Las personas propuestas para estos concejos se colocaron sobre una silla al frente de cada asamblea. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos se formaron en filas detrás de cada silla para expresar su simpatía y elección sin necesidad de campañas políticas o urnas.
Mientras alguien contaba a las personas de cada fila, se esperaba el resultado. Entre risas y abrazos, se felicitaba a la persona elegida.
El moderador de la mesa en el Barrio segundo dijo que se daría el nombramiento de quienes serían propuestos para dos nuevos concejos, el de mujeres y el de jóvenes. Las y los comuneros se formaron detrás de quienes consideraban que podía cumplir con el cargo.
Una mujer del barrio primero dijo: “Este es un espacio muy importante para tomar conciencia a quienes vamos a proponer como representante de buena comunales, saben que la comunidad es riquísima en todos los aspectos, desafortunadamente nos dejamos llevar, seguimos a la borregada debe la tomar conciencia, realmente la comunidad ha sido saqueada por muchos años”.
“Yo creo que es que aquínos conocemos. A quénos dedicamos, como hemos salido adelante”, concluyó.
Este domingo 14 de junio, Cherán volvióa realizar asambleas, esta vez de los barrios segundo, tercero y cuarto, en las que nombraron a casi todos sus concejos, aunque quedaron pendientes los de Bienes Comunales y de Honor y Justicia.
Dentro de quince días las y los cheranenses volverán a reunirse para seguir deliberando sobre quiénes serán elegidos para tener una encomienda desde su comunidad para los próximos tres años.
Tres notas como epílogo
Durante esta semana, la región ha sufrido de inestabilidad, especialmente por los problemas limítrofes en las comunidades de Nahuatzen y Sevina, quienes primero tuvieron un enfrentamiento y ahora se encuentran en una mesa de negociación.
Se agudiza la resistencia de los alumnos de la Normal de Cherán, quienes se oponen a la Reforma Curricular del 2006, que impondría clases de inglés y menos horas de servicio social. El Secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda López, los acusa de que sus intereses van más alláde lo educativo y les cuestiona: “me parece ilógico que una persona sensata no necesite el inglés”.
El futuro gobernador perredista, Silvano Aureoles dijo en el debate a la gubernatura por el estado que, para los pueblos indígenas de Michoacán, se promovería el “desarrollo”mediante la “educación, cuidado de su patrimonio ambiental, servicios de salud y acceso a la justicia”, pero nunca se refirió a su autonomía.
Con las primeras lluvias fuertes que se presentaron en días pasados, comenzó el escurrimiento de lixiviados del tiradero privado ubicado en la zona de Picachos, en Zapopan, hacia las comunidades que se encuentran alrededor del río Milpillas, por lo que los pobladores de esta zona comenzaron a notar el cambio de la tonalidad del agua y algunas afectaciones a los peces y al ganado, indicó José Casillas, habitante de la comunidad de Ixcatán e integrante de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales.
“Los peces son los primeros que se mueren, con una sola corriente, con una sola vez que escurran agua de las lluvias sobre los basureros y que luego van a dar hasta el río, los primero que la llevan son los peces y los demás habitantes del río y también se afecta a los que siguen regando siembra en estos días, porque ahorita que las lluvias no son tan constantes se riegan las huertas con el agua del río y también se dañan los árboles frutales”, dijo.
Agregó que otros que también se afectan son los animales silvestres y el ganado, el que no puede beber del agua, la que notoriamente cambia de color a un tono café obscuro, “como el de la coca”, que es muy evidente pues comúnmente el agua es zarca, pues los manantiales que lo alimentan tienen esta tonalidad.
El primer poblado que comienza a presentar estas afectaciones es Milpillas, en donde hasta la fecha existe un balneario natural al que aún acude una cantidad importante de personas a sumergirse al agua.
Lo que de acuerdo a los habitantes de esta zona ocurre es que tanto en el tiradero privado, que pertenece a la empresa Hasar´s, es que las celdas están tan llenas de lixiviados que cuando se presentan las primeras lluvias éstas no pueden retener el líquido, pues no han sido atendidas de forma adecuada. Lo mismo pasa con el tiradero de Copalitas, que también se encuentra en la zona, pero como ha estado cerrado desde hace varios años, pues ya estaba rebasado en su capacidad, actualmente no se tiene un control adecuado sobre éste.
Casillas indicó además que una práctica común de la empresa propietaria del tiradero es que durante la madrugada abren algunas compuertas para que los lixiviados escurran por la ladera, llegando a la corriente de los dos ríos que, a su vez, alimentan el río Santiago, conocido por los niveles tan elevados de contaminación.
El habitante de Ixcatán recordó que aunque esta situación ha sido denunciada a las autoridades de todos los niveles de gobierno sin que hasta la fecha ninguna tome el tema de forma seria, pues aunque en Hasar´s se han presentado incidentes graves, como un incendio que duró más de 36 horas ocurrido hace aproximadamente un mes, hasta el momento nadie clausuró el espacio ni realizó ninguna inspección.
También recordó que desde la Asamblea Regional de Afectados Ambientales se le han hecho varias peticiones a la autoridad, sobre todo algunas de sentido común como la colocación de letreros en los que se advierta a la gente que el agua puede estar contaminada, sin embargo y aunque se tuvo el compromiso del gobierno municipal y el estatal, estas acciones no se han realizado.
Zacatecas.- Darcy Víctor Tétreault, docente-investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que “el agua limpia de Calera se entrega de manera generosa a Grupo Modelo, mientras que los habitantes de la zona metropolitana tienen que satisfacer sus necesidades básicas con fuentes de agua que tienen sustancias tóxicas”.
Explicó que, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las muestras tomadas del acuífero Calera las concentraciones de flúor, arsénico y otros metales pesados están dentro de la Norma Oficial Mexicana de 1994, por lo que el fluido de esa zona es el de mejor calidad en el estado.
Sin embargo, las concesiones de los pozos donde se ubica esa agua están en manos de la cervecera Grupo Modelo, propiedad de la empresa belga AB InBev.
El especialista resaltó que el agua de ese municipio es óptima para la producción de cerveza, ya que “sólo requiere un leve proceso de desinfección con ozono, en lugar del costoso procedimiento de suavización con cal y electrodiálisis que se aplica en las fábricas de la empresa en otras partes de la República”.
Aseguró que en un informe proporcionado por Conagua vía Infomex, con el folio 1610100224514, Grupo Modelo tiene concesiones para extraer 11.6 millones de metros cúbicos (m3) al año de fluido del acuífero Calera, esta cifra es 1.5 veces mayor que el volumen extraído para abastecer la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe.
Víctor Tetreault recordó que desde 1960 se advertía de los peligros de sobreexplotar las reservas acuíferas, por lo que en ese año fue decretada una veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de corrientes del subsuelo en la zona de la entidad que comprende la cuenca media del río Aguanaval, la de Calera, entre otras.
En dicho decreto se notificó de la extracción excesiva de aguas subterráneas, tanto para usos domésticos y servicios públicos como para fines agrícolas, “con lo que se pusieron en peligro las reservas acuíferas del subsuelo y los aprovechamientos existentes”.
El académico reprochó que, no obstante, el volumen de las concesiones otorgadas por la Conagua para extraer agua de Calera haya crecido constantemente hasta la fecha.
“En 1992, las concesiones sumaron 125 m3 por año, que hoy en día equivalen a 164 m3 por año, lo que quiere decir que Conagua ha violado la veda al agregar 39 m3 por año al déficit”, detalló el académico.
Esto es preocupante, destacó, porque “casi 70 por ciento del agua que se consume actualmente en la zona metropolitana proviene de los acuíferos Benito Juárez y Guadalupe-Bañuelos, sin tratamiento de potabilización más allá de agregar cloro”, mientras que tan sólo 30 por ciento proviene del acuífero Calera.
Para finalizar, Víctor Tetreault aseveró que con ello se viola la Ley de Aguas Nacionales, que en el artículo 14 establece que “el uso doméstico y el uso público urbano del agua tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso”.
Juchitán, Oaxaca.- Unos mil 500 trabajadores de la Subsección número 2 en el Istmo de Tehuantepec y agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) Sección 35, están por cumplir mes y medio de paro de labores en los hospitales y unidades de salud de los 48 municipios que comprende su jurisdicción en la región del Istmo de Tehuantepec.
Este paro de labores es respaldado por integrantes de 17 delegaciones sindicales en donde únicamente las áreas de urgencias y hospitalización se encuentran prestando el servicio a derechohabientes, debido a la falta de cumplimiento de acuerdos de parte de los Servicios de salud de Oaxaca (SSO).
En las regiones de la Costa, Tuxtepec y la Mixteca también se encuentran en la misma situación del paro de labores debido a la falta de atención de las autoridades estatales ante el gran desabasto de medicamentos e insumos.
Un ejemplo de la falta de insumos y medicamentos es la situación que padece el Hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, el cual ha llegado al colapso ante la falta de pago de más de un millón de pesos del apoyo mensual que corresponde al Seguro Popular y porque no ha cumplido de enero a mayo 2015, informó el delegado sindical Juan Moreno Orozco.
Asimismo, el desabasto de agujas, vendas, guantes, cubrebocas y gasas, fue el hecho que obligó desde el pasado 4 de mayo a que los trabajadores sindicalizados de la subsección 02 de la Sección 35 adscrita al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud establecieran un paro de labores en los siete hospitales y todas las unidades médicas de salud en la región del Istmo de Tehuantepec.
Carga excesiva
En el Hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” laboran 400 trabajadores, de los cuales 50 son por contrato y el resto se ha turnado para trabajar y brindar el servicio de urgencias y hospitalización únicamente.
El hospital civil de Juchitán fue fundado el 16 de octubre de 1991 y actualmente es catalogado el segundo nosocomio con mayor productividad del estado de Oaxaca a pesar de que su capacidad se ha duplicado al 200 por ciento cuando sólo cuenta con 60 camas para atender unas 500 consultas diarias en una jornada laboral normal, en la que atiende a pacientes de los 42 municipios, además de los municipios limítrofes con el estado de Veracruz y Chiapas.
Este edificio de salud atiende a pacientes en el área de consulta externa y urgencias, cuenta con nueve especialidades entre ginecología, pediatría, cirugía general, oftalmología hasta nutriología, además de brindar servicio en el área de Rayos X, laboratorio, puesto de sangrado, mastografía y cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).
Los trabajadores en el Istmo de Tehuantepec aseguran que a pesar de la reciente renuncia del Secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, la situación sigue igual y ha empeorado aún más y acusaron a Rogelio Hernández Cázares, delegado del programa Seguro Popular en Oaxaca, de la situación crítica que vive este programa federal en la entidad.
Según relatan los trabajadores de este hospital de Juchitán, desde el 2011 no les cumplen en sus demandas, en cuanto a una rehabilitación y ampliación de esta unidad de salud, las camas se encuentran en pésimo estado, equipos como el de mastografía no funcionan además del desabasto de reveladores de placas, bolsas para extracción de sangre y reactivos de laboratorio no existen desde hace mucho tiempo.
El delegado sindical del Hospital General, Juan Orozco Moreno, manifestó que el recorte presupuestal a la salud avalado por el gobierno federal les “pegó” muy fuerte a las unidades médicas, debido a que anteriormente recibían el 20 por ciento de las atenciones brindadas del Seguro Popular; sin embargo, se calcula que esta institución federal adeuda un millón de pesos.
“Nosotros como médicos y también las enfermeras -por ética profesional- no podemos permitir el cierre del hospital. A pesar del paro de labores, nosotros estamos dando el servicio humanamente, pero le decimos a todo paciente que no hay medicamentos y tampoco insumos, por lo que ellos tienen que adquirirlo de forma personal, es algo realmente triste que lleguemos a estas circunstancias, porque lamentablemente los más pobres y necesitados son los que padecen esta irresponsabilidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)”, indicó.
Relató que medicamentos como ceftriaxona, ketorolaco y paracetamol no existen en la farmacia, por lo que el paciente tiene que invertir alrededor de mil pesos en la compra de lo básico para la hospitalización, aunado ahora a los alimentos que consumirá el enfermo de acuerdo con el padecimiento que sufre.
Las embarazadas, tampoco se salvan
El delegado sindical informó que diariamente ingresan al Hospital General de Juchitán aproximadamente once mujeres embarazadas para quienes sí hay medicamentos y no se les cobra nada, pues el Seguro Popular cubre los gastos.
Lupita Marín Morales, recién aliviada en este nosocomio, expresó que únicamente adquirió dos soluciones (sueros) y ketorolaco para el dolor, el resto de los medicamentos el hospital se lo dio.
“El trato que me dieron fue bueno; mi esposo y mis familiares aproximadamente llevan gastando 500 pesos, porque si fuera con un hospital particular la cesárea me costaba entre 14 y 20 mil pesos, las enfermeras y médicos nos dicen que están en paro de labores, solo son atención a urgencias”, indicó.
Por su parte, Antonio y Ana Soledad, originarios de El Huamúchil, agencia municipal de San Dionisio del Mar, invirtieron un aproximado de mil 500 pesos, ella se alivió en parto normal pero su bebé nació antes y se encuentra en la incubadora esperando que le den de alta.
Los trabajadores sindicalizados del Hospital General se han rotado en turnos para poder cubrir las atenciones de la unidad de salud, las enfermeras acuden solo el 40 por ciento, porque el resto se encuentra en asambleas permanentes al igual los médicos cumplen con las cirugías urgentes mientras que el personal administrativo también asiste para la atención en el área de urgencias.
“Es triste lo que estamos viviendo en este nosocomio y en el resto del estado de Oaxaca, es una irresponsabilidad de las autoridades de salud y también hacemos énfasis al recorte presupuestal avalado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, todo ha venido a acabar con la salud pública, sin recurso económico no podemos dar un servicio de calidad, humanamente estamos cumpliendo, por ética profesional no podemos cerrar el hospital pero no hay nada como ayudar a nuestra gente”, sostuvo.
La lucha sindical
Rodolfo Martínez Altamirano, secretario general de la Subsección 02 Istmo, informó vía telefónica desde la Ciudad de México que se encuentran en pláticas con delegados federales sobre la situación que viven los Hospitales de la región del Istmo y del Estado de Oaxaca.
“Hace dos días nos reunimos los dirigentes sindicales de las 17 delegaciones en el Istmo, y concretamos que la SSO ha respondido de manera lenta y a cuentagotas con las demandas, pero no es suficiente, porque nosotros exigimos el cien por ciento de nuestro pliego petitorio, entre ellos el equipamiento del Centro de Salud Urbano ubicado en el puerto de Salina Cruz, el cual está en un 75 por ciento”, concluyó.
Oaxaca, Oax. (pagina3.mx).- Una comisión de cuatro personas, familiares de normalistas desaparecidos de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotiznapa recorrerán 6 estados de la República para pedir la solidaridad y continuar la exigencia por la aparición con vida de los 43 estudiantes.
El recorrido inició ayer domingo en Oaxaca y continuará por los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz y se contempla pasar por 15 comunidades, mismas en donde deudas pendientes de los gobernantes en cuanto a atención a conflictos.
Cristina Bautista Salvador, mamá de Benjamín Ascencio Bautista, dijo que su recorrido es para informar que continúan su lucha para que las autoridades hablen con la verdad respecto a lo ocurrido con sus hijos, a 9 meses de la desaparición.
“No sabemos nada de ellos y en la escuela normal rural Isidro Burgos el gobierno nos impide que sigamos con el cilantro y pidiendo la aparición de nuestros muchachos…si no quiere mas manifestaciones que nos regrese a nuestros hijos”, dijo.
Bertha Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez, destacó que recorrerán 15 lugares de los 6 estados para que el país entero sepa que familiares de normalistas desaparecidos siguen en lucha “que no nos rendimos a pesar de tanta represión del gobierno y a pesar de tantos militares en Tixtla, no somos delincuentes, somos madres de familias buscando a nuestros hijos pero este gobierno nos vino a tocar, a matar a nuestros tres muchachos”, dijo.
Omar García, estudiante de Ayotzinapa a 9 meses de la desaparición el gobierno no da respuestas claras de las investigaciones donde además da declaraciones plagadas de irregularidades.
Acusó que el Ejército está involucrado en la desaparición, así lo señalan testigos pero aún así siguen insisten en hacer creer que los estudiantes fueron quemados en un basurero.
Detalló que sus exigencias se basan en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “continuación de las investigaciones, apertura de nuevas líneas de investigación, y que se tipifique el delito como desaparición forzada para dar garantías de no repetición”.
Finalmente dijo que el 26 de junio realizarán un plantón de 43 hora en Bellas Artes, en la Ciudad de México donde habrá también un evento cultural, político, cultural en el mismo sentido.
Carmen Pizano, Guanajuato, Gto. En contra de la reforma educativa aprobada en Guanajuato desde hace dos años, maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon por el centro de Guanajuato capital.
Alrededor de 150 profesores caminaron desde Los Pastitos hasta plantarse frente a Palacio de Gobierno para exigir la abrogación de la nueva Ley de Educación, que argumentan, violenta los derechos ya adquiridos por el magisterio.
Entre los argumentos para estar en contra de dicha reforma, es que ahora los padres de familia tendrán que hacerse cargo del mantenimiento y conservación de los edificios escolares.
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Además, con la reforma se contempla despidos masivos de maestros a través de la evaluación.
En el marco del Día del Maestro, los profesores de la CNTE en Guanajuato exigían a las autoridades locales que se dé marcha atrás a la reforma educativa.
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Frente a Palacio de Gobierno los manifestantes expresaban su rechazo por lo que llamaron “la degradación en el servicio”, la destrucción de las plazas de base, derechos sociales, contratismo, trabajo eventual, descuentos indebidos, entre otros.
La manifestación obligó a la Policía Vial de Guanajuato que cerrara uno de los sentidos que va de Paseo de la Presa a Palacio de Gobierno, por los maestros que se plantaron frente a palacio de gobierno.
OAXACA, OAX., 15 de junio.- Mohamed Otaqui Toledo, vocero de la Sección 22 del SNTE, adheridos a la CNTE, aseguró que el gobierno federal retuvo el pago de la primera quincena de junio a los más de 81 mil maestros de Oaxaca hasta que vuelvan a las aulas, el próximo miércoles 17 de junio.
Según lo publicó la agencia Quadratín, Otaqui Toledo señaló que les habían informado de la retención de pagos, pero a partir del compromiso de concluir el ciclo escolar y reanudar labores, se liberarán.
Mencionó que en la asamblea plenaria, prevista para este martes, revisarán cuál es la situación al respecto y determinar qué acciones van a seguir para establecer la mesa de negociación.
Expuso que la primera acción considerada como acuerdo de asamblea es la suspensión de la evaluación programada para los días 20 y 21 de junio en Oaxaca.
Esperamos que a partir del 17 de junio se liberen los pagos, es el compromiso, aunque eso no nos garantiza nada, nosotros vamos a volver a clases, es el compromiso con los padres de familia y vamos a seguir en la exigencia de que se atiendan los puntos pendientes en nuestro pliego”.
El vocero de la Sección 22 del SNTE consideró que el gobierno federal debe conservar la estabilidad laboral y cubrir el compromiso de liberar los pagos el próximo miércoles.
Vamos a seguir en la ruta de movilización – negociación – movilización, hoy en el DF hubo una concentración en el INE y también vamos a emprender el boicot contra la evaluación”, expuso.
También continuarán con el plantón representativo en el Zócalo de Oaxaca y en el Distrito Federal hasta que haya una nueva fecha para la mesa de negociación.
Mohamed Otaqui expuso que la Sección 22 se reserva movilizarse de manera masiva si se incumple el acuerdo “estamos en esa ruta y vamos a revisar lo que acontece en los próximos días para deliberar en la asamblea”.
En el norte sinaloense, el fenómeno del desplazamiento siempre se ha explicado a través de la sombra deforme del narcotráfico; pero Sibajahui, una comunidad de indígenas mayos, ve que su despojo se debe a otro motivo: el progreso marcado desde el Gobierno federal con la Reforma Energética que ahí se materializó con una de sus obras estelares, el gasoducto El Encino-Topolobampo.
Ahí en Sibajahui ya se instaló el miedo. Pero no es al tradicional paso de células de traficantes rumbo al disputado Triángulo Dorado, situado algunos kilómetros arriba. Es a que vaya a suceder lo mismo que en Mazatlán, alrededor de la presa Picachos, donde 810 familias fueron despojadas y hoy ninguna estadística conoce dónde están. O que pase lo que en Choix, donde la Minera Paradox Global Resource intentó explotar la tierra fértil de hierro y sacó a otras 800 familias –también indígenas- de la comunidad de Potrero de Cancio. En el primer caso, el líder de los despojados, Atilano Román Tirado, murió de un balazo en la cara. En el segundo, el líder de los despojados, Ramón Corrales Vega, murió de varios tiros de rifle, que le dieron en el corazón.
A tres pesos el metro cuadrado, los indígenas mayos le rentaron el ejido a la Compañía Transportadora de Gas del Noroeste, propiedad de la empresa canadiense TransCanada Pipelines LTD. Pero en realidad, este abaratamiento de su tierra no es su problema. Con la llegada del Gasoducto, se descubrió que el ejido no era suyo, sino de Humberto Vargas Landeros, hermano del Secretario de Gobierno, Gerardo Octavio, quien lo compró casi en secreto. Y quiere que dos mil familias de mayos se vayan de Sibajahui para negociar él solo con la empresa transportadora de gas. Por eso los demandó. A ellos, que han estado ahí cientos de años. Y por eso el miedo.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Heliodoro Gaxiola repite: “¡Nos van a sacar!” “¡Nos van a sacar!” “¡Ya nos sacaron!”. Mire, ni el viento de huracán, ni la locura del río, ni los gavilleros lo habían hecho. Pero tuvo que llegar el gasoducto. Ese sí nos sacó a la desgracia porque resultó que Sibajahui no es de nosotros”. Cincuenta y ocho años, ejidatario, piscador de sorgo y ajonjolí, suelta esas palabras porque teme que una de las obras estelares de la Reforma Energética, el gasoducto El Encino-Topolobampo, termine por vaciar de gente a Sibajahui, su ejido; ahí donde vive la comunidad originaria de los Mayos y están enterrados sus abuelos y los padres de sus abuelos.
Sibajahui es una mancha de tierra en la cordillera de la Sierra Madre Occidental, atravesada por el Río Fuerte. Un rincón del planeta donde han habitado por siglos grupos de mayos, zoques y tehuecos, y que si la Organización Mundial de la Salud se propusiera un estudio lo declararía pandémico. Más de 5 mil muertos entre 2000 y 2015 en ese sitio desde donde puede verse bien el cerro de El Dedo, llamado así por la gigantesca piedra que tiene encajada con forma de pulgar. Cientos de miles de casquillos de bala regados sobre la carretera o en la ribera del río que al menor viento se revuelve. Y es extraño, pero en Sibajahui, la muerte no preocupa. Lo que pega es perder la tierra y tener que alistar las cosas para salir en estampida.
La explicación de los especialistas sobre el fenómeno del desplazamiento en Sinaloa jamás ha dejado fuera a la violencia porque como bacteria intentó en los últimos diez años infectar y dañar a través de los grupos de narcotraficantes y la impunidad del Gobierno del Estado. Sibajahui está justo en el camino hacia ese triángulo donde Sinaloa se une en sus vértices con Durango y Chihuahua, el territorio bajo la disputa de las células surgidas del desmembrado Cártel de los Beltrán Leyva y las células del desmembrado Cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
“¿Pero quién iba a pensar que la maldición sería otra, oiga? ¿Quién iba a pensar que la inversión lo sacara a uno? ¿Quién se imagina eso si el gas no va a pasar de contrabando? ¿Será posible eso? Ya de plano –repite Heliodoro. Está hablando del Gasoducto El Encino-Topolobampo, cuyo tubo están enterrándose en su ejido.
El gasoducto El Encino-Topolobampo implica excavar en unos 530 kilómetros por profundos barrancos y enormes montañas, desde Sinaloa hasta Chihuahua. Se trata de uno de los cinco que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en las primeras acciones permitidas por la nueva normativa que implicó la Reforma Energética, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, y que permite capital extranjero en yacimientos pétreos. Los otros son Ojinaga-El Encino; Sásabe-Guaymas, Guaymas-El Oro, El Oro-Mazatlán y Ramal-Tula.
La licitación de El Encino-Topolobampo la ganó la Compañía Transportadora de Gas del Noroeste S de RL de CV, propiedad de la empresa canadiense TransCanada Pipelines LTD. Para que la empresa iniciara los trabajos, los indígenas mayos le rentaron la tierra a tres pesos el metro cuadrado. Pero pronto, la directiva del Ejido se dio cuenta que los comuneros no podrían cobrar esa cantidad: la tierra ya no era suya. En 2011, Sibajahui había sido vendido completo por la directiva ejidal a Humberto Vargas Landeros, hermano del Secretario de Gobierno del Estado, Gerardo. Pero los sibajahuis no lo sabían.
Humberto Vargas Landeros quien sostiene que esa tierra es de su propiedad interpuso una demanda en contra de los mayos de Sibajahui. Quiere el dinero que pagó la empresa transportadora de gas y que los de ahí, dejen la tierra donde están enterrados sus abuelos y sus tatarabuelos y muchos ancestros que se encuentran en el tiempo en cuanto uno empieza a platicar en las noches de calor de Sibajahui (SinEmbargo tiene copias de los documentos).
Y por eso el miedo. Ahí se tiene miedo a que vaya a suceder lo mismo que en la tierra que rodeaba a la presa Picachos, entre los municipios de Mazatlán y Concordia, donde 810 familias fueron despojadas. O que pase lo que en Choix, donde la Minera Paradox Global Resource intentó explotar la tierra fértil de hierro y sacó a otras 800 familias –también indígenas– de la comunidad de Potrero de Cancio. En el primer caso, el líder de los despojados, Atilano Román, murió de un balazo en la cara. En el segundo, el líder de los despojados, Ramón Corrales Vega, murió de un disparo de rifle que le dio en el corazón.
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Por violencia, en los últimos doce años, 25 mil personas se desplazaron en Sinaloa de sus tierras, según la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado. Es una cantidad que supera al desplazamiento forzado en Honduras y en El Congo, de acuerdo con datos del Observatorio Interno del Consejo Noruego para Refugiados, compilados hasta finales de 2013.
Son estadísticas surgidas en el registro del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Son hombres, mujeres y niños aterrorizados por el sonido de bala o el paso loco de camioneta. No es para menos. Muchos traen en la memoria cómo mataron a familias enteras en las rancherías, en los poblados lejanos de la carretera. Vieron para no olvidar cómo el río traía cuerpos podridos. Otros perdieron a hermanos, amigos; padres o madres.
Pero el comisionado de Enlace con Instituciones de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), Óscar Loza Ochoa, estima en entrevista que en esos números faltan los otros, los despojados de la tierra.
“Por más que tengan cara de problemas agrícolas, el desplazamiento por conflictos en ejidos también es violencia. Los grupos económicos arriban a la región, el dinero se mueve, todos ganan, pero los ejidatarios indígenas que muchas veces no saben qué es lo que ocurre porque todo se contrapone con su cosmovisión, son los perdedores”, expone.
A los desplazados por narcotráfico, la misma comisión los ha ubicado en casas abandonadas o de parientes. Ahí están, respirando el aire ajeno; pero visibles. En cambio, a los desplazados de los megaproyectos no se les vuelve a ubicar. Se dispersan en la nada. No hay estudio que los haya localizado.
Abel Meza Sandoval, defensor de derechos humanos en esa región, ha investigado qué es el miedo en Sinaloa. Y dice que si bien las acciones vinculadas con el narcotráfico no pueden negarse como factor de un serio temor social, otros problemas se desgranan. “Los indígenas dueños de ejido son quienes más lo han incubado porque creen que los megaproyectos no son sinónimo de empleo ni de prosperidad; sino de despojo”.
Por lo pronto, el gasoducto en Sinaloa no ha activado los indicadores económicos. Según el cálculo del economista e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Leobardo Diez Martínez, el proyecto empezará a detonar la economía en unos cinco años más; es decir a mediados del próximo sexenio del gobierno estatal. Este experto en la región describe un estancamiento debido a la dependencia de las actividades primarias; es decir, la agricultura y la pesca.
Ese panorama lo refrenda Heliodoro, un sibajahui: “En nuestro Ejido nosotros levantamos sorgo y ajonjolí, o pescamos. A veces sí hay necesidad. Pero a veces uno siente que está en una tierra suya donde a veces todo va muy bien y a veces, todo va muy mal. Pero está uno en la tierra suya”.
Los habitantes –todos indígenas– de Sibajahui, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, le escribieron una carta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que invalide los contratos de usufructo de su ejido a favor de Vargas Landeros. Heliodoro explica que debido a las elecciones no ha respondido; pero está seguro que en cuanto lleguen a sus manos, esas letras van a cambiar el destino. “Se lucha hasta que ya se muere la esperanza, pues”, sostiene.
En la carta, le dijeron al Primer Mandatario:
“… Arbitrariamente (se) tomó la decisión de ceder los derechos al Sr. Mario Humberto Vargas Landeros, (quien es hermano del actual Secretario de Gobierno del Estado de Sinaloa, el Señor Gerardo Vargas Landeros) quien en complicidad con la mesa directiva del Ejido Sibajahui que en ese momento estaba en funciones (2006) alteraron el contrato de usufructo en donde comprometieron a toda superficie del ejido Sibajahui incluida la zona urbana …”.
Le dicen también:
“Es justo decirle a usted que nuestro ejido Sibajahui está conformado en su mayoría por gente de origen indígena, noble y pobre”.
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La última hora de Atilano Román Tirado fue transmitida por radio. Como todos los sábados, conducía “Aquí es mi tierra”, un programa semanal emitido en la cadena ABC de Mazatlán. Sones con banda, el clima, la historia de Sinaloa, asuntos agrarios y el desplazamiento del ejido que rodeaba la presa Picachos eran los temas de Atilano. Pero esa plática suya fue interrumpida frente al micrófono. Los tres que sobrevivieron en la cabina gritaron: “Lo mataron”. Y eso fue lo último que escucharon los oyentes del programa; además de un balazo.
Luego, los sobrevivientes del atentado, revelaron que el balazo se lo dieron en la cara tres encapuchados que entraron a la estación de radio, después de violar todos los controles.
Atilano Román era el líder del movimiento de desplazados por la construcción de la presa Picachos, emprendida en 2006 por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada y cuyo cordón cortó el siguiente Primer Mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, en 2012. Sus últimos años los pasó en la lucha para que les cubrieran las liquidaciones a 800 familias por 594.4 hectáreas de las que fueron desalojadas, entre los municipios de Mazatlán y Concordia.
La bitácora de hechos del fenómeno del desplazamiento por tierra, en Sinaloa, arroja otra última hora, la de Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado ejidal del Cajón de Cancio, en el municipio de Choix. Fue asesinado con rifles automáticos en 2013 en un rancho de la comunidad de Huiyachapa. Se oponía a la pretensión del Gobierno del estado de entregar la veta de hierro a la minera Paradox Global Resources (hoy suspendidas sus labores).
No sólo fue la muerte. También la cárcel fue parada de quienes se opusieron a dejar sus tierras para que esa mina pudiera operar. 17 ejidatarios permanecieron en la prisión del ejido de Felipe Ángeles durante un año. Ya viven en libertad.
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En mayo de 2014, llegó al puerto de Topolobampo la tubería con la que se completaría el material requeridos para construir el gasoducto. En el mismo mes, cerca de Sibajahui aterrizaron cuatro helicópteros. Venían ahí el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el Gobernador Mario López Valdez; el coordinador de Proyectos Estratégicos, Francisco Labastida Gómez de la Torre; y su padre, Francisco Labastida Ochoa. Durante unos minutos caminaron sobre la tierra suelta. Firmaron sobre los tubos como símbolo del arranque de la construcción. No visitaron ningún ejido aledaño. Antes, ninguno había negado que este gasoducto detonaría el progreso de Sinaloa con el impulso a la economía.
Sinaloa de los desplazados no es Sinaloa del progreso.
Domingo 14 de junio de 2015
Sobre la masacre en Caborca, Sonora, la información es confusa y aún no se sabe con certeza el número de víctimas de homicidio y sobrevivientes.
Existe gran preocupación porque los medios señalan que había mujeres y niños entre las víctimas. Las ONGs llaman a la CEAV para que garantice derechos de las víctimas.
Se solicitaron medidas cautelares para que la CNDH requiera a las autoridades que garanticen la integridad y seguridad de las víctimas, vigile el proceso de investigación así como la identificación y entrega de los restos. A la fecha, la CNDH no ha dado respuesta a las solicitudes presentadas.
México D.F., 6 de Junio de 2015.- A través de medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes hemos tenido noticia de una posible masacre cometida en el municipio de Caborca, estado de Sonora, el día miércoles 3 de junio de 2015. Según la información hasta ahora publicada, fallecieron varias personas- sin estar determinado aún el número- entre los cuales se encuentran personas migrantes mexicanas y extranjeras y hay algunos sobrevivientes.
Preocupa sobre todo que, entre las víctimas, se encuentran mujeres y niños, por lo que las organizaciones de la sociedad civil solicitaron el 5 de Junio de 2015 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la atención inmediata del caso y la emisión de medidas cautelares.
Las medidas solicitas a la CNDH incluyen: la investigación de los hechos; la determinación de la identidad y nacionalidad de las víctimas; que la CNDH entre de manera inmediata en contacto con los sobrevivientes; que se garantice la integridad y seguridad de las personas sobrevivientes; que se respeten íntegramente sus derechos como víctimas, en particular el derecho a no ser deportados y a aplicar para una visa humanitaria si ese es su deseo; que solicite a las autoridades del Estado de Sonora medidas cautelares para que la investigación forense sea acorde a los más altos estándares internacionales; que la CNDH solicite a la PGR atraer el caso y que se garanticen los estándares de investigación efectiva; que la CNDH envíe personal en las diligencias para vigilar el proceso a fin de que no se cometan violaciones al debido proceso.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que por las características hasta ahora conocidas, el caso debe ser atraído por la PGR. Han solicitado la intervención de CNDH para que los restos de migrantes mexicanos y extranjeros sean trasladados a la PGR para su identificación forense por parte de la Comisión Forense establecida mediante convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que los restos tengan que ser repatriados a su lugar de origen, se solicitó que se haga en coordinación con la Comisión Forense y bajo el protocolo establecido para la notificación y entrega de restos correspondiente. Lo anterior para evitar que se cometan violaciones a derechos humanos ya documentadas en anteriores masacres de personas migrantes.
Las organizaciones de la sociedad civil reiteramos nuestra profunda indignación frente a los hechos ocurridos en Caborca, los cuales muestran la ausencia de políticas de prevención del Estado Mexicano frente a uno de los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad en la región: las personas migrantes. Este hecho se suma a otras masacres en contra de personas migrantes ya documentadas como la de los 72 personas masacradas en 2010 y de los 193 restos encontrados en 2011 en San Fernando Tamaulipas así como la de los 49 torsos humanos encontrados en Cadereyta, Nuevo León.
Como organizaciones de la sociedad civil exigimos políticas efectivas de protección frente a los crímenes cometidos contra la población migrante, la protección de las víctimas, la investigación y sanción de los hechos así como la inmediata constitución personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que garantice que se respeten los derechos de las víctimas establecidos en la Ley General de Víctimas. En el mismo sentido, recordamos que el Instituto Nacional de Migración (INAMI) debería otorgar estancia migratoria por razones humanitarias a todas las víctimas extranjeras conforme al artículo 52 de la Ley de Migración y que bajo ninguna circunstancia debería privarles de la libertad en una estación migratoria. Si están presentes niñas y niños no acompañados el mismo INAMI debería darles documento migratorio conforme al artículo 74 de la Ley de Migración, protección consular y atención del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para determinación superior.
Exigimos una respuesta rápida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas en conformidad con sus obligaciones frente a estos hechos.
Firman
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia A.C.
SMR, Scalabrinianas: misión para Migrantes y Refugiados
La 72 Hogar-Refugio para las Personas Migrantes
Instituto para las Mujeres en la Migración
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en México
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Fundar centro de Análisis e Investigación
Insyde, Instituto para la Seguridad y la Democracia
Fonamih, Foro Nacional para las Migraciones en Honduras
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la república mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA): American Civil Liberties Union (ACLU) San Diego and Imperial Counties; Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Albergue Manos Extendidas para los Necesitados, AC; Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Asociación Mexicana pro Naciones Unidas, AC; Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, AC; Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Caridad Sin Fronteras, AC; Catholic Relief Services (CRS); Casa Refugiados, AC; Centro Bonó; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante Casa Nicolás; CEMAC, AC; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Centro de Atención al Migrante (EXODUS); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI); Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo); Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM); Centro de Apoyo Marista Al Migrante; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes AC (COAMI); Colectivo Por Una Migración Sin Fronteras; Colectivo Transnacional Codetzio; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Colectivo Vía Clandestina; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC (CODEHUTAB); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso; CONVIHIVE, AC; Comité Las Dignas; Derechos Humanos Integrales en Acción, AC (DHIA); Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre); El Diamante de Fuego, AC; El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Es por los Niños, AC; Espacio Migrante, AC; Estancia del Migrante González y Martínez, AC (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM; Federación Zacatecana, AC (FEDZAC); Foro Migraciones (FM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo); Fundación Isidro Fabela, AC; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC (FJEDD); Fundación Cambia la Historia; Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Global Workers Justice Alliance (GWJA), Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM); Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP); Identidad Migrante Derechos Humanos; Help for Progress, Immigrant Initiative; Inclusión y Equidad, AC; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC; Iniciativa Frontera Norte de México; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC (Incide Social); Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC (INEDIM); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto Jose Pablo Rovalo Azcué; Instituto Madre Assunta; Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE); Instituto Salvadoreño del Migrante; Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Irapuato Vive, AC; Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Jornaleros Safe; Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Mexicanos y Americanos Todos Trabajando, AC (MATT); Migración y Desarrollo, AC; Migrantes LBGT; Migrantólogos; Nosotras Somos tu Voz; Organización Binacional Aztlán; Por la Superación de la Mujer, AC; Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Por un Chihuahua Libre y Sin temor; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, AC (PRECADEM); Red de Mujeres del Bajío, AC y su centro CEREMUBA; Red Jesuita con Migrantes de ALC; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF); Red de Desarrollo Sustentable; Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicargüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM); Ririki Intervención Social, SC; Servicio Jesuita Migrante (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Una mano amiga en la lucha contra el SIDA, AC; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Universidad de Guadalajara (UdeG); Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana (PRAMI-UIA, Cd. México); Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana, Puebla (PRAMI-UIA, Puebla); Un Mundo una Nación; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM); y, Washington Office on Latin America (WOLA)
El Molino de Camou, Sonora, 14 de junio (SinEmbargo).– Hace 10 meses, Nadia Gómez Moraga, de 32 años, presumía una piel blanca y lozana. Ahora, la mayor parte de su cuerpo, excepto el rostro, está repleto de manchas negras, producto de una erupción cutánea que inició un mes después del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Nadia vive a sólo 25 kilómetros de la capital de Sonora: Hermosillo y a 50 metros del cauce por donde corre el agua contaminada de la presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito”, una de las principales proveedoras de agua para la ciudad.
La presa tiene meses cerrada, desde que ocurrió el derrame, el 6 de agosto de 2014, debido a que estudios realizados por expertos informaron a Grupo México, que sería ahí, en “El Molinito”, en donde desembocarían todos los contaminantes tóxicos derramados cuando llegaran las lluvias.
Nadia, su esposo, sus tres hijos y cientos de habitantes de los ejidos aledaños, siguieron bebiendo y utilizando el agua de los pozos que se surten del afluente que corre desde hace tres meses, por la filtración del líquido retenido en la presa.
Así, Nadia, habitante del ejido El Molino de Camou, utiliza el agua de un pozo ubicado a 50 metros del río: “En septiembre me sentí enferma. Mucha alergia, mucha comezón en el cuerpo. Nunca me había pasado esto, fue de repente. Me llené de ronchas negras, como una viruela; luego se me quitaron y me quedaron estas manchas”, explica.
La joven mujer dejó de trabajar debido a la comezón que la invadió. No podía siquiera caminar. La erupción le cubrió hasta la piel del empeine de los pies. Cuando estaba a punto de llegarle al rostro buscó ayuda médica.
Acudió al Hospital General de Hermosillo, pero no le realizaron análisis de sangre. Entonces acudió a una clínica pública en el municipio de Ures, donde una doctora le hizo algunos exámenes. Le aseguró que no tenía metales pesados en el organismo y que sus llagas y manchas, eran producto por exceso de ácido úrico y colesterol.
“Pero yo nunca vi los exámenes. A mucha gente de ahí de ‘El Molino’, se le está cayendo el pelo. A mí nomás me da rasquera, pero no se me ha caído. Hay varios enfermos, no soy la única”, dice.
Nadia no cuenta con recursos suficientes para comprar agua purificada, así que ella y el resto de su familia beben agua del pozo. Sus hijos tuvieron comezón, pero ella les untó una pomada. La misma que utiliza para calmar sus síntomas.
Las manchas de los brazos y piernas ya no le causan grandes malestares. Pero las del torso, parecen finos “alguates” [espinas del nopal] lacerándola.
LA POLÉMICA POR LA PRESA
Afectaciones en la piel sufridas por algunos habitantes de la zona cercana a la presa contaminada. Fotos: Olivia Paredes, especial para SinEmbargo
La presa “El Molinito” permaneció cerrada durante meses, sin embargo, debido a que se encuentra con más del 50 por ciento del límite de su capacidad, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que a partir del 10 de junio, iniciaría el desfogue de la presa hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, ubicada a 22 kilómetros río abajo, en el corazón de Hermosillo.
Serán vertidos 42.2 millones de metros cúbicos en Hermosillo, para preparar a “El Molinito” para las próximas lluvias. Las autoridades afirman que el nivel de los contaminantes está dentro de lo permitido por las normas y que se aseguraron de ello, tomando cuatro muestreos.
Doctores, académicos y activistas, no piensan lo mismo.
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La filtración del agua de la presa “El Molinito” que corre por el cauce del río Sonora, hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, tiene un color oscuro y en algunas partes, pequeñas burbujas dispersas. Es el ejido El Molino de Camou, ubicado sólo a unos cuantos kilómetros de Hermosillo, y en las piedras y lodo hay manchas azuladas, violetas y grisáceas que brillan con la luz del sol veraniego de Sonora.
Se escucha el sonido del correr del agua turbia y se hunden los pies en un lodo negro, pantanoso. Ese lugar está contaminado dicen los expertos. De ese lugar bebió agua Nidia y también todos los fines de semana, a cambio de un cobro de 80 pesos, pasan el día varias familias hermosillenses. Ahí se lavan la cara, mojan los pies, bañan a los niños y bebés.
Esa misma agua será desfogada en la presa de donde se surten los pozos de agua potable que abastecen al centro y al sur de Hermosillo.
“Las manchas negras de Nadia, se deben a contaminación por arsénico. Desde que ocurrió el derrame a la fecha, se han contabilizado 500 personas enfermas en los siete municipios afectados”, dice Reina Castro Longoria, profesor-Investigador de la Universidad de Sonora (Unison) y doctora en Ecología.
Castro Longoria indicó que Nadia requiere atención médica inmediata. Ella y el resto de los enfermos de los municipios afectados.
“Lo que más me preocupa, es que esa gente no está teniendo atención médica. Nadie se está haciendo cargo de ellos, de sus gastos. Nadie está informando a la población qué riesgos hay”, indica.
La presa “El Molinito” está contaminada por arsénico, fierro, aluminio, cobre, cadmio, plomo y otros metales.
La doctora Reina Castro explica que de acuerdo con el último monitoreo público de la Conagua, que data de noviembre del año pasado, la presa que será desfogada superaba los niveles aceptados por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad de tratamientos a que debe someterse el agua para su potablización”.
Leopoldo Santos, investigador de El Colegio de Sonora, recuerda que cuando ocurrió el derrame, un grupo de médicos expertos recomendó a Grupo México tomar medidas extremas para proteger a la población afectada.
“Especialistas le proponían a Grupo México que alejara a las personas entre cinco y 10 kilómetros del río; que quemaran los utensilios que usaban; que quemaran la ropa y se les diera ropa nueva. Le recomendaron que iniciara un muestreo de la sangre de todas estas personas afectadas, porque no son siete municipios, son nueve, incluyendo Hermosillo”, dice.
La empresa de Germán Larrea Mota Velasco, uno de los hombres más ricos del país, se comprometió a construir una Clínica de Especialidades Epidemiológicas, sin embargo no cumplió.
Se limitó a entregar los apoyos económicos del Fideicomiso Río Sonora, a repartir tinacos y agua embotellada, sólo durante la contingencia. Hace meses que esa contingencia se detuvo y el cauce del río nunca fue remediado.
De acuerdo con un estudio, publicado en la página electrónica oficial del fideicomiso en septiembre, Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis redactó el informe de resultados del muestreo y análisis del agua, sedimentos y biota de los ríos Bacanuchi y Sonora, hasta septiembre de 2014. En el documento se informa que la contaminación llegó hasta la presa “El Molinito” y que sería esta, el lugar en el que se concentrarían todos los contaminantes con el paso de los meses.
“Se puede estimar una masa de 74.8 toneladas de metales aportados al ecosistema por este derrame, principalmente fierro y aluminio [83 por ciento ]seguidos de manganeso y zinc [8 por ciento]. Esta masa de metales, se repartió en los sedimentos de los ríos Bacanuchi y Sonora y en la presa El Molinito”, se lee.
Más adelante, en las conclusiones, el informe concluye que: “La mayoría de los metales aportados por este evento se sedimentarán en la presa “El Molinito” junto con los azolves del Río Sonora. El contenido de metales solubles en las aguas de los dos ríos es congruente con la geología superficial de la zona. Está compuesta principalmente por metales provenientes de los silicoaluminatos férricos [compuestos de silicio y alumninio] que son arrastrados por las aguas de lluvia, ya que esto ríos no proceden de fuentes subterráneas en su origen”.
Para Leopoldo Santos, las autoridades federales, estatales y municipales, poco se han interesado en mostrar estudios para informar a la población de Hermosillo el nivel de contaminación.
“Las autoridades no nos dicen en qué grado está la contaminación y cuáles son las medidas que van adoptar. Desde hace rato se viene pensando en plantas que tengan capacidad para retener los metales y de alguna manera limpiar el agua. El río puede remediarse, volverse a sanear, pero esto lleva un gasto: que lo asuma Grupo México, que fue quien contaminó. Hay personas enfermas ya y están totalmente abandonadas”, explica.
ALERTA A DESTIEMPO
El investigador aseguró que las personas que viven a la orilla del río, enfermaron porque la compañía tardó seis días en lanzar la alerta del derrame.
Miles de personas siguieron con su vida normal y tuvieron contacto con el agua contaminada. A 10 meses del derrame, la población, aunque tienen alguna noción de que el río está contaminado, sigue bebiendo de los pozos que se alimentan del afluente, por falta de recursos económicos para comparar agua embotelladas.
En el ejido El Molino de Camou, donde vive Nadia y en donde SinEmbargo entrevistó a varias personas enfermas, la población es de escasos recursos.
Se trata de personas que viven de la siembra de alfalfa, trigo y la pesca en la presa “El Molinito”, la cual a pesar de que estaba clausurada, se siguió utilizando.
“La gente sigue pescando. Sacarán unos 80 a 100 kilos diarios y ese pescado van y lo venden a Hermosillo. Es muy raro oiga, porque de aquí de ‘El Molinito’ llevaban agua a Hermosillo, se la compraban a los ejidatarios para abastecer a la gente de allá. Este año no se compró, es una de las pruebas de que está contaminada”, expone Rigoberto Cruz Mada poblador del ejido El Molino de Camou.
Rigoberto expresó que la población de El Molino de Camou, que está asentada a unos metros del cauce del río, es la más afectada. Pero otros ejidos también están expuestos como El Fructuoso, Jacinto López, La Mesa del Seri y El Realito.
Aunque la presa será desfogada hacia la presa Abelardo L. Rodríguez en estos días, el agua contaminada de “El Molinito”, tiene meses filtrándose hacia ese lugar.
“La presa está llena y por el mismo peso, cada vez se filtra más agua.Toda esa agua va a dar para allá”, explica.
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El fondo del río en una parte, más cercano a la cortina de la presa El Molinito, está negro.Foto Olivia Paredes, especial para SinEmbargo
La noticia del desfogue alarmó a los médicos y a los activistas. Reina Castro afirmó que la contaminación que hasta hace unos días, sólo se filtraba, ahora llegará con fuerza a la ciudad de Hermosillo.
Uno de los argumentos que expusieron las autoridades estatales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es que la presa Abelardo L. Rodríguez, opera a una capacidad inferior al uno por ciento (0.4 por ciento). Hermosillo desde años, padece sed y sequía. Hay tandeos y las población en realidad padece la falta de suministro del líquido.
Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea, explicó que “El Molinito” siempre operó al 25 por ciento de su capacidad. Al mantenerla clausurada, las aguas de la lluvia del año pasado saturaron el embalse.
“Todos los campos que hay a la orilla del río, se abastecen de los pozos de por aquí. Incluso los pozos están recuperados, porque el agua de El Molinito. El agua se ve así, porque son los asentamientos de sulfatos de los residuos tóxicos de la mina. Se asientan en el fondo, hay metales pasados en el fondo y otros arriba, como el arsénico, que se quedan en la superficie”, detalla.
Navarrete comenta que ninguno de los tres niveles de gobierno, se preocupa por la catástrofe ecológica y humana que se vive en la región.
Las vacas siguen bebiendo agua contaminada, los pobladores sembrando y consumiéndola para todas las tareas cotidianas.
“Hay un cerco mediático, no hay información a la ciudadanía. El gobierno intimida con meter a la cárcel a quien protesta. Es un potencial riesgo para la población de Hermosillo que consuma esta agua”, alerta.
Ahí en El Molino de Camou, hay otras personas enfermas además de Nadia.
Ana Gloria Martínez Vázquez de 58 años es una de ellas. La mujer tiene unas manchas cafés en la cara y erupciones en las piernas.
Sentada en el portal de su vivienda, una casa ubicada a unos cuantos metros del río, cuenta que su esposo y a su pequeña nieta, también enfermaron.
La niña padeció unas llagas en las piernas.
“Todo el día tenemos comezón y ronchas. Yo sí se lo atribuyo al agua, aquí nos bañamos, usamos el agua para hacer comida. A veces cuando puedo compro un galón de agua para beber, para el café, pero no puedo evitar que la niña tome agua de la llave”, dice.
La pequeña juega en la patio con un perro y un gato, mientras se derrama el agua de la manguera que riega las plantas de Gloria.
María Jesús Ramírez, es otra habitante del ejido. Ella padece erupciones en la piel desde hace cinco meses.
“Me empezaron a salir muchas ronchas. Luego se fueron haciendo más grandes y por todo el cuerpo. Tengo en el estómago, porque cuando estoy lavando, ya ve que uno se remoja el estómago con el lavadero. Me da una comezón tremenda, me pongo crema, y se me calma, pero no sé, dice que es alergia. A mi nadie me ha hecho análisis. Conozco unas gentes que sí, que han venido de Ures”, narra.
En Hermosillo, a unos 25 kilómetros de El Molino de Camou, Nadia pidió permiso en su trabajo para salir unos momentos a contar su historia.
“Yo quisiera mi piel. Me siento muy deprimida, yo quisiera mi piel como estaba. Que si es el agua, me ayuden a pagar un médico, porque yo no puedo, apenas nos alcanza para comer lo que ganamos mi esposo y yo”, dice.
Nadia pide atención médica. Está llorosa. Las manchas en su piel, se convirtieron en su peor pesadilla.
Querétaro (Rasainforma.com).- La Secretaría de Salud del estado de Querétaro informó que una posible intoxicación crónica por arsénico ocasionó que 120 personas fueran hospitalizadas en el municipio Pinal de Amoles, Querétaro.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que implementó acciones de vigilancia epidemiológica y protección contra riesgos sanitarios en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en la comunidad de Llano de San Francisco, Pinal de Amoles, que se abastece de agua para consumo humano por medio de un sistema independiente que proviene del manantial El Cedral.
Asimismo, escribe que el Centro de Salud de San Gaspar atendió a personas provenientes de dicha localidad, que cuenta con una población de 172 habitantes, por cuadros de infección respiratoria aguda, debilidad, agotamiento, pérdida de fuerza en las manos, comezón generalizada y descamación palmo-plantar. Se notificó un probable brote e iniciaron trabajos de investigación.
Hasta el momento se identificó a 120 personas con lesiones cutáneas y se estableció el diagnóstico de sospecha de intoxicación crónica por arsénico, que no representa un riesgo para su vida, según la dependencia.
Ocho personas fueron trasladadas al Hospital General de Jalpan para recibir consulta a través de telemedicina con el servicio de dermatología, así como toma de muestras de uñas, pelo, sangre y orina. Algunos fueron revisados por el servicio de medicina integrada y medicina interna, según marca el comunicado.
Se distribuyeron 125 frascos de ácido fólico, el cual favorece la eliminación del arsénico; se desparasitaron con albendazol a 172 habitantes y además con kinfamida a 146; se impartieron 157 pláticas con temas de higiene y prevención; y se distribuyeron 514 folletos con medidas de prevención.
También se solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para monitorear la fuente de abastecimiento, que es un sistema independiente no operado por este organismo y que se conoce como manantial el Cedral.
Tras conocerse el resultado de estos análisis y como acción inmediata, se verificó la suspensión inmediata del abastecimiento de agua de dicho sistema independiente proveniente del manantial.
En coordinación con de la CEA, se instalaron dos depósitos de agua de 10 mil litros cada uno, mismos que se están abasteciendo de forma regular y permanente con de agua potable, a través de pipas de la propia Comisión.
Maestros de la CNTE hacen protesta frente a Televisa Chapultepec
13/06/15
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se congregan en estos momentos frente a Televisa Chapultepec para exigir que sus demandas sean difundidas por la televisora y protestar contra la reforma educativa y la evaluación de docentes.
Afuera de las instalaciones, policías de tránsito y elementos de la policía antimotines resguardan las instalaciones de los maestros que salieron del Monumento de la Revolución en operación hormiga y se fueron reuniendo fuera de las instalaciones de la televisora, ubicada sobre Avenida Chapultepec.
Esto como parte del plan de acción que aprobará la Asamblea nacional Representativa en las primeras horas de este sábado, con la que planean mantener su jornada de lucha y realizar varias protestas a fin de evitar los procesos de evaluación, tanto para ingreso, promoción y permanencia para el servicio docente.
Por otro lado, la explanada central del Monumento de la Revolución se va despejando ya que varios contingentes van a regresar a sus estados, principalmente de Oaxaca y Michoacán, como parte de un plan para seguir en pie de lucha y mejorar la organización desde sus bases magisteriales, por lo que se espera que en las próximas horas sean levantadas más casas de campañas.
Por lo pronto la CNTE ya dio el aviso de que mañana harán una marcha en el Distrito Federal y en Oaxaca.
El gobernador Rubén Moreira indicó que acudirá a la mina accidentada en Cuatro Ciénegas para implementar medidas, ayudar a la población e investigar las condiciones en que operan el resto de los pozos en esta área.
Asimismo el gobierno del estado dijo que atenderá de manera integral las comunidades dedicadas a la extracción de mineral para que conserven su trabajo y no sean explotados laboralmente.
Será la Escuela de Minería de la Universidad Autónoma de Coahuila quien asesorará a los ejidatarios en la explotación de las minas.
Hasta el momento no se ha identificado al dueño de la mina donde ocurrió el accidente. Entre las primeras acciones anunciadas será identificar a las compañías mineras de la zona y el grado de riesgo de operación.
Ayer el gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó una reunión de trabajo en Lucio Blanco.
“Necesitamos mejorar las condiciones ahí. Porque necesitamos que no vuelva a suceder lo que pasó, pero también necesitamos que las condiciones en las que se extrae la barita sirva de beneficio a la comunidad de Lucio Blanco” , dijo Moreira en entrevista.
Por Amaranta Marentes Orozco
12 junio, 2015
Fotografías por Amaranta Marentes
El 5 de junio de 2015, a seis años del incendio en la guardería ABC en el que fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos (en Hermosillo, Sonora) y a 8 meses de Ayotzinapa, madres de los estudiantes desaparecidos en Iguala se reunieron con padres de la guardería en el plantón X los 43, en el contexto de la conferencia de prensa en donde se externó la solidaridad de las luchas. Aquí compartimos una breve memoria gráfica.
La sociedad muestra su apoyo a las familias de la Guardería ABC en su búsqueda nacional e internacional de justicia
A 6 años del incendio, no hay verdad y justicia
Acción en línea suma más de 8 mil personas en apoyo a las familias
El caso se encuentra ante la Comisión Interamericana
Ciudad de México, 02 de junio de 2015. A 6 años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en que fallecieron 25 niñas y 24 niños debido a que el Estado mexicano no hizo cumplir los requisitos mínimos de seguridad para una estancia infantil, las familias de las víctimas no se cansan en su lucha por la verdad y la justicia y la sociedad mexicana no olvida la tragedia.
En una acción en línea coordinada por la plataforma de activismo Avaaz.org, en menos de 6 días ya firmaron casi 20 mil personas uniendo sus voces al llamado por justicia a 6 años de esta tragedia.
La exigencia de familias y ciudadanos no se limita al esclarecimiento y sanción de las graves violaciones cometidas en contra de las 49 víctimas de la Guardería ABC, sino que busca poner fin a situaciones de riesgo para niños y niñas en las miles de estancias infantiles del país. Lo anterior es urgente a la luz de tragedias recientes como el fallecimiento de niños y niñas en 2014 y 2015 en estancias infantiles en Coahuila, Sonora, Querétaro y Chiapas.
Recordamos que gracias a la lucha incansable de los padres y madres de la Guardería ABC, el 24 de octubre de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como la Ley 5 de Junio.
El objetivo de la Ley es garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los niños, incluyendo el derecho a un entorno seguro y a la protección de su integridad física. Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la Ley 5 de Junio, ésta no se cumple plenamente y diversos estados ni siquiera han promulgado o armonizado sus leyes estatales para incorporar estos estándares de cuidado infantil.
En relación a las investigaciones federales abiertas en relación a la Guardería ABC, en una reunión sostenida ayer entre representantes de las familias, el Centro Prodh y el Lic. Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo la Procuraduría General de la República (PGR), dicha Subprocuraduría se comprometió a presentar un plan de investigación a las familias en Sonora, detallando las diligencias por practicarse en las averiguaciones iniciadas tanto en 2009 como en 2013 (en el caso de esta última, dirigidas a indagar la posibilidad de que servidores públicos del Estado de Sonora provocaron el incendio con el fin de destruir documentos oficiales).
En relación al proceso penal 126/2009 y sus acumulados, en curso en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Hermosillo, Sonora, el mismo ya consta de 168 tomos.
En resumen, a 6 años de la tragedia, sigue transcurriendo el tiempo y acumulándose diligencias, peritajes y documentos, sin que lo anterior haya significado el acceso a la verdad y la justicia para las familias de la Guardería ABC. Tampoco las autoridades federales o estatales han podido proporcionar alguna fecha para cuando esperan contar con toda la información necesaria para hacer justicia.
En este contexto y ante la falta de avances significativos en México, en octubre de 2014 un grupo de padres y madres de niños fallecidos en la Guardería ABC viajaron a Washington DC y presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que se encuentra pendiente de estudio para su admisión.
Por otro lado, además de la acción en línea, la sociedad civil ha expresado su apoyo en este sexto aniversario mediante la difusión de dos videos, uno producido por la organización New Media Advocacy Project vimeo.com/129309784 y otro en el que artistas mexicanos recrean testimonios de las víctimas www.youtube.com/watch?v=fkPcLf-kKfc.
Adicionalmente, este mismo martes en el Museo de la Memoria y Tolerancia se presentará el libro de Lourdes Encinas “49 razones para no olvidar”. El jueves 4 se realizará una vigilia frente a la Guardería ABC en Hermosillo y el viernes se han convocado a marchas simultáneas en el Distrito Federal y en Hermosillo, Sonora.
A 6 años de los hechos, exigimos justicia: que nunca más ocurra otra tragedia en las estancias infantiles del país.
Si desean sumarse al llamado ABC Nunca Más, pueden firmar la acción en línea en secure.avaaz.org/es/juntosporjusticiaabc/
Atentamente:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Familias de la Guardería ABC
New Media Advocacy Project
Contingente MX
En medio de consignas exigiendo la libertad de los presos políticos y denunciando la represión, se llevó a cabo la marcha por el 44 aniversario de la masacre estudiantil ocurrida el 10 de junio de 1971.
Con la presencia de organizaciones políticas, sociales,defensoras de derechos humanos y estudiantiles, la marcha transcurrió con la presencia del cuerpo de policía de tránsito del Distrito Federal y con un despliegue anunciado de 2500 elementos del cuerpo de granaderos, que vino de la mano con el gran operativo implementado por el GDF para la gran jornada de movilización protagonizada por las secciones XVIII y XXII.
Entre las consignas centrales de la movilización se encontraba la exigencia de libertad inmediata de todos los presos políticos del país, con Nestora Salgado como uno de los ejemplos emblemáticos de cómo el régimen persigue y castiga la lucha social.
Se exigió también el cese a los ataques a la educación pública en México y se denunció una política de recorte al presupuestos educativo, expresada en la negativa del gobierno para ampliar la matrícula en las universidades.
En esta ocasión, la exigencia de juicio y castigo a los responsables de la masacre del jueves de corpus adquirió un carácter distinto, con la presencia de algunos de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado el pasado 26 de septiembre.
En el mitin al final de la marcha, organizaciones como la Coordinadora 1o de diciembre denunciaron la derechización del Gobierno de la Ciudad de México y del conjunto del régimen, con el ataque sufrido por estudiantes de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de junio.
El hijo y abogado de Rubén Sarabia “Simitrio” se pronunció por la libertad de Jaqueline Santana, Bryan Reyes, Nestora Salgado y Mireles. Denunció al gobierno de Rafael Moreno Valle y señaló que tan sólo en Puebla hay más de cien presos políticos.
El Movimiento de los Trabajadores Socialistas denunció la jornada represiva del 7 de junio e hizo un llamado a la unidad de las luchas para derribar a este régimen asesino por medio de la movilización independiente, en las calles y con un plan de lucha unificado. Se sumó a la exigencia de libertad de los detenidos durante las elecciones intermedias.
Destacó la participación de un nutrido contingente estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, quienes denunciaron la negativa de las autoridades para la realización del Congreso Nacional Politécnico, que fue uno de los principales acuerdos por los que los estudiantes accedieron a finalizar el paro que sacudió al IPN a finales del año pasado.
La intervención de la sección XVIII fue de gran importancia en el marco de la gran movilización que realizó la CNTE por la mañana en contra de la imposición de la evaluación docente.
En medio de un ambiente nacional de descontento generalizado y de pérdida de legitimidad de las instituciones, las consignas se actualizan y se llenan de contenido en las calles.
URES, 11 de Junio.- Dolores agudos de estómago, llagas en la piel, sarpullido y caída del pelo, son algunos de los males que el derrame tóxico de Grupo México genera en niños del Río Sonora que estuvieron expuestos al agua contaminada con metales pesados; sus padres hartos de la indolencia del consorcio minero y las autoridades tomaron la alcaldía de Ures.
Adrián Molina Córdova, de apenas ocho años de edad, nadó en el río en el mes de agosto de 2014, pocos días después del derrame, también se ha estado bañando e ingiriendo agua de los pozos, ahora tiene su rostro, las dos orejas y el cuero cabelludo, lleno de ulceras infectadas y costras por tanto rascarse.
Hace mes y medio que comenzó con sarpullido, le daba mucho ardor y comenzó a salirle pus, a mí me dice que le duele mucho y no resiste la comezón, lo llevé a la clínica que abrió la mina para atender a los afectados pero ahí me dicen que nomás es una infección en la piel, le dieron una pomada, además que yo tuve que comprar el medicamento sin importar que él se enfermó por el agua contaminada por la mina de Cananea”, declaró Guadalupe Córdova Mendoza, mamá de Adrián.
Ella es madre soltera, desde hace mes y medio que comenzaron los problemas de salud, así que no ha recibido ningún apoyo del Fideicomiso Río Sonora que está suspendido desde marzo con el pretexto de la veda electoral, a pesar que el Instituto Nacional Electoral recalcó que no había ningún problema para que continuaran los pagos de remediación del daño a los afectados, porque el recursos proviene de una empresa privada y no del erario público.
Otro caso es el de Isabela Córdova Hernández, de cuatro años de edad, quien padece alopecia y exámenes de laboratorio han confirmado la presencia de metales pesados en su organismo.
Mis dos hijos enfermaron, a la niña se le están cayendo pedazos de cabello y a mi hijo le salieron llagas en el cuerpo que le dan mucha comezón, a ella le detectaron niveles muy altos de manganeso en su orina, hasta 40.8 microgramos por litro cuando lo normal debe ser menor a 20 mcg/L, la lleve a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica le dieron medicinas y pomadas pero no se curó, así que ahora la estamos tratando en una clínica particular”, indicó Jessica Hernández.
El compromiso del Fideicomiso Río Sonora fue que pasando el proceso electoral se reanudarían los pagos a los damnificados por el derrame tóxico, luego de tres meses sin respuestas claras, con sus hijos enfermando y hartos de esperar, los habitantes de Ures decidieron tomar el Palacio Municipal como medida de presión, pero no han recibido ninguna respuesta o visita de las autoridades, así que advierten que escalarán las protestas con el cierre de carreteras.
Desde hace 10 meses, periódico Excélsior ha documentado el sufrimiento de varios menores de edad afectados por la contaminación de Grupo México, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el derrame tóxico de Buenavista del Cobre generó daños en la salud de al menos 75 niños y 49 ancianos.
Joel López Villagómez, director de Operaciones de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, reconoció el hallazgo de afectaciones por metales pesados provenientes de la mina en el organismo de al menos 270 habitantes de los siete municipios del río.
Tenemos algunos metales que pueden asociarse a Grupo México, el cobre per se por los lixiviados de la mina, aluminio, manganeso, fierro, pero estos están presentes en la mayoría de la gente dentro de la norma, los que tenemos reportados como altos le estamos dando seguimiento, por ejemplo el manganeso lo hemos encontrado alto en algunas señoras y niños pequeños”, confirmó el funcionario federal.
La CNTE no acepta ultimátum deSegob; mantiene paro y movilizaciones
Con información de Isaín Mandujano
MÉXICO, D.F. (apro).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resolvió continuar con sus movilizaciones para presionar al gobierno a echar abajo la evaluación nacional docente y la reforma educativa.
Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) les pusiera un ultimátum para regresar a clases como condición para reanudar las negociaciones, la CNTE, a través de Rubén Nuñez, líder de la Sección 22 del magisterio disidente, informó:
“Nuestra táctica de lucha de movilización, negociación movilización no va a cesar. Por el contrario, hoy tenemos un fortalecimiento en la movilización nacional y de manera sincronizada con los estados en donde tenemos presencia.
“La exigencia de la Coordinadora está plasmada en 11 puntos de nuestro pliego petitorio entregado el 1 de mayo y que hasta hoy no ha tenido una respuesta concreta. Por lo tanto, continuamos en nuestra jornada, seguimos manteniendo la exigencia de locución con la subsecretaría de Gobernación”.
La resolución de la CNTE se da tres días después de que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, anunciara la reanudación de la evaluación docente.
Ante dicho anuncio y la negativa a derogar la reforma educativa, los maestros disidentes decidieron continuar el paro nacional, seguir con sus manifestaciones en la capital del país y reforzar el plantón que mantienen en el Monumento a la Revolución.
“La lucha hoy no termina, la Coordinadora fortalecida se regresa nuevamente a las plazas, a las calles, a manifestarse de manera contundente. Con esto dejamos claro que es una lucha popular, y seguramente la coordinadora estará presente en todas las manifestaciones que a partir de este día se estén realizando”, advirtió Rubén Nuñez.
Así lo hicieron este jueves al marchar del Paseo de la Reforma al Ángel de la Independencia y en un intento por mantener el bloqueo en la esquina con avenida Bucareli, fueron replegados por un fuerte operativo de granaderos de la Policía del DF.
Refuerzan acciones en Chiapas
En Chiapas, maestros de la CNTE que iniciaron hace 11 días un paro de labores y protestas en contra del proceso de evaluación “punitiva”, como lo llaman, dieron a conocer hoy el relanzamiento de su movimiento que, dijeron, será replicado en diversos puntos de la entidad.
De entrada, este jueves tomaron media docena de radiodifusoras para dar a conocer la segunda etapa de su movilización.
Entre las estaciones que tomaron está la del gubernamental Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y la que es propiedad del diputado federal del PRI, Simón Valanci Buzali, la más crítica en contra del movimiento magisterial.
Al exigieron la salida de los cuerpos policiacos federales, así como el cese al espionaje, persecución y hostigamiento judicial.
Pedro Gómez Bámaca, uno de los líderes y voceros de la CNTE en Chiapas informó que desde la llegada, la semana pasada, de la Gendarmería y la Policía Federal al estado, se incrementó el hostigamiento policiaco y judicial hacia los líderes del movimiento.
“Queremos pedirle a la sociedad que nos comprenda, somos conscientes que no podemos afectar los intereses de terceros, pero no nos han dejado otra alternativa, tenemos que salir a las calles, tomar carreteras y exigir que no se nos violente nuestros derechos laborales”, dijo Gómez Bámaca.
Tras el engaño del que fueron víctimas por parte de la SEP y la Segob y las declaraciones de que sigue firme el proceso de evaluación como lo marca la reforma educativa, subrayó, los maestros disidentes entrarán a un proceso diferente de acciones de protesta.
Ahora, dijo, las manifestaciones ya no se limitarán a la capital del estado, sino que se replicarán en diversas regiones. En la capital permanecen unos 20 mil de los 43 mil maestros sindicalizados de la Sección VII y a ellos se han unido maestros de la Sección 40 y estudiantes de diversas escuelas normales rurales.
También exigieron la libertad de maestros y campesinos detenidos el domingo pasado en Ocosingo, Chiapas, a quienes se les acusa de diversos delitos como motín, asonada, atentados contra la paz y la seguridad del estado y otros. En total fueron detenidos 11, pero sólo dos continúan presos.
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó hoy que documentó “graves violaciones” a los derechos humanos: tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; privación arbitraria de la libertad y uso excesivo de la Fuerza Pública, cometidas en contra de 11 personas, dos de ellas indígenas tseltales.
En el marco de una marcha convocada por maestros de la región VII de laCNTE, en Ocosingo, el Frayba relató que 200 policías municipales realizaron un operativo y con uso excesivo de fuerza detuvieron a cuatro personas que participaban en la movilización social: tres profesores y un estudiante, así como siete personas no vinculadas a la protesta: dos taxistas, un vendedor ambulante y un repartidor de tortillas entre ellos.
Incluso capturaron a un campesino que pretendía votar por el PVEM, un ayudante de ferretería y un catequista que se encontraba en un puesto de la kermes organizada por la Parroquia de San Jacinto de Polonia.
Las detenciones se dieron en el parque central y en calles aledañas en el centro de Ocosingo. Las personas detenidas recibieron golpes con tubos, toletes, puños, patadas y amenazas de muerte. Durante el mismo operativo los Policías Municipales agredieron a tres mujeres a quienes golpearon y fueron arrastradas por el pavimento.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal en Ocosingo, donde continuó el hostigamiento. Luego fueron trasladados a un lugar desconocido con los ojos cubiertos, los escoltaba un convoy con 80 policías federales.
Cerca de las 14:00 horas los transportaron en helicópteros para presentarles en la Fiscalía de Distrito Selva, que se encuentra en la cabecera municipal de Palenque. Ahí rindieron su declaración el 7 de junio y según denunciaron no fueron asistidos por un abogado, les hicieron firmar hojas en blanco y no les permitieron revisar sus declaraciones diciéndoles “que no había tiempo”.
El 08 de junio fueron puestas en libertad cuatro personas y al día siguiente, el 9 de junio, siete fueron consignados ante el Juez Mixto de Primero Instancia del Distrito Judicial de Playas de Catazajá, bajo la Averiguación Previa número 130/SE-18 M1/2015 y detenidas en el Centro Estatal para la Reinserción de Sentenciados No. 17 (CERSS No.17) por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y colectividad del Estado y por el delito de motín.
Entre el miércoles pasado y este jueves fueron liberados otros cinco y dos continúan presos.
El Frayba condenó el uso excesivo de la fuerza pública, exigió la liberación inmediata de las personas arbitrariamente privadas de la libertad y una investigación “seria e imparcial” de las violaciones a sus derechos humanos.
Asimismo, pidió reparar los daños de manera integral, iniciando las investigaciones urgentes en contra de los servidores públicos responsables.
Maestros advierten que ampliaran el plantón que mantienen en el Monumento a la Revolución
por Perseo Greco
México, DF, 11 de junio.- El día de ayer la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección XVIII de Michoacán, marchó de la Estela de Luz a la Secretaria de Gobernación para manifestar su inconformidad por las reformas educativas y en particular por la aplicación del examen de permanencia que se realizará antes de finalizar este año.
A partir de las 10 horas de este miércoles, profesores de la sección XVIII se reunieron para realizar una movilización en cumplimiento de sus demandas: derogación de la reformas educativas, la cancelación del examen de permanencia o evaluación a los docentes, la aparición con vida de los normalistas de Atoyzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y la liberación de todos sus presos políticos, incluyendo a los detenidos el 7 de junio durante la jornada electoral.
La Secretaria de Educación Pública (SEP) anunció que la evaluación del desempeño en el Ciclo Escolar 2015, se efectuará de septiembre a noviembre de este año, y de febrero a mayo de 2016.
Emilio Chuayffet, secretario de la SEP, mencionó que “suspender no significa cancelar ni eliminar. La suspensión fue por cuestiones técnicas, un día después de las elecciones ya habían sido superadas”.
Con esto la coordinadora ha denunciado el doble argumento de el secretario de la SEP con la aplicación de dicho examen, mencionó ser negociable por cuestiones políticas, como se vio antes de las elecciones al mencionar que el examen único de permanencia se suspendería y horas después del termino electorales, se anunció que el examen permanecía vigente y sólo se recorrería el día de la aplicación.
“Esta mucho en juego con lo declarado por Chuayffet; su Reforma Educativa, que no es mas que una Reforma Laboral, con esta evaluación nos quiere quitar nuestro derecho al trabajo. Con lo ya mencionado nos damos cuenta que el examen de permanencia es negociable por cuestiones políticas. ¿Qué credibilidad tienen todos los que avalan y fomentan estos hechos? Hoy nos dicen sí y mañana nos dicen no; eso sólo nos da muestra de las debilidad política y las presiones de diferentes sectores que dictan o manejan a este país. Nuestro conocimiento y los años de trabajo no se pueden evaluar en un solo examen “, concluyó Juan José Ortega, representante de la sección XVIII en Michoacán.
La CNTE mencionó realizar una serie de movilizaciones a lo largo de diferentes estados por el cumplimiento a sus 11 demandas.
La sección XVIII permaneció sobre Paseo de la Reforma en espera de una segunda columna de trabajadores de la educación, que protestaron en la Cámara de Diputados y se unificaron en la avenida insurgentes esquina con Bucareli, donde esperarían para conocer la información que saldría de la Segob por parte de la comisión negociadora y dirigirse al monumento a la revolución.
El secretario de gobierno, Héctor Serrano, mencionó que fuese cual fuese la postura de la coordinadora, no aceptaría un plantón en el zócalo capitalino o bloqueo en ninguna vía, y se utilizará el uso de la fuerza pública si se requiriera.
“Nosotros hemos reiterado la disposición al diálogo con la CNTE. Mientras no se afecte la movilidad de la ciudad, de ser necesario, las autoridades recurrirán al uso de la fuerza, para mantener el orden. La seguridad de los capitalinos esta sobre las demandas de los maestros”, dijo Héctor Serrano.
El día de hoy jueves 11 de junio, los Maestros realizaron un mitin en el Ángel de la Independencia, exigiendo la reinstalación y negociación con el gobierno federal. Los Profesores avanzaron por Avenida de la República hacia el Monumento a la Revolución y mencionaron que “no caerán en provocaciones”, pues un gran operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y policía de transito los siguió en su marcha.
Rubén Núñez, dirigentes de la sección 22 de Oaxaca, exigió al Gobierno del Distrito Federal la seguridad y el respeto a los contingentes que seguirán llegando para evitar choque con la seguridad publica capitalina. La CNTE advirtió con ampliar el campamento que se encuentra en el Monumento a la Revolución.
Es importante mencionar que un testimonio recogido en el Informe Evaluativo del Proceso de Evaluación de Ingreso y Promoción al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Educación Media Superior en México, elaborado por el Instituto Internacional de Planeación Educativa-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Buenos Aires dice que: “Nos quedará la duda de si con esos instrumentos se puede medir todo lo que se necesita para ser maestro. Puede, tal vez, medirse que conoce enfoques metodológicos, los programas, pero la actitud, el comportamiento moral, la vocación no se puede medir ahí”.
Este 5 de junio de 2015 un grupo de corte paramilitar fuertemente armado atacó con bates y machetes a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, quienes resultaron gravemente heridos y con huesos fracturados. El gobierno veracruzano se ha caracterizado por sus políticas de corte fascista en el acallamiento a la prensa y en las agresiones contra los movimientos sociales y en general contra una población que es presa de secuestros, asesinatos y desapariciones masivas. En este entorno y dos días antes de la elección federal se dio una grave agresión a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana que realizaban una minifiesta de cumpleaños.
Transcripción del testimonio:
Yo les voy a platicar por que los compañeros no recuerdan lo que fue más conciente, y pues afortunadamente la que sufrió un poco menos de daño que las y los demás. Nosotros somos 8 compañeros, 4 hombres y 4 mujeres, que llegamos al domicilio de una de las compañeras, por que íbamos a celebrar el cumpleaños de su novio. Y hasta se nos hizo tarde por que estábamos viendo cosas de trabajo de la escuela y demás. Y llegamos en la nochecita ahí, y estábamos platicando bien, pensando que íbamos a ir a ver unas películas, partimos el pastel, comimos palomitas, teníamos una botella de agua mineral de peñafiel a medias, por que se le olvidó a la compañera comprar, hasta en servilletas comimos el pastel.
Estábamos sentados con un poco de la puerta abierta, por que éramos tantos en un cuartito, que teníamos un poco de calor. La reja estaba cerrada y estaba la puerta un tanto así abierta, cuando vimos que pasó una luz y se escuchó como que se estacionó algo. Una de las compañeras lo que hizo fue empujar la puerta para cerrarla, y cuando la estaba cerrando empezaron a romper el cristal de la puerta. Estaban de frente en la puerta, estábamos en el piso 6 de nosotros y 2 estaban sentados en la cama, habíamos marcado y mandando mensajes con otros compañeros a ver si llegaban un ratito a acompañar.
Rompieron la puerta, rompieron las ventanas, y se fueron sobre los compañeros, dos de las compañeras alcanzaron a aventarse hacia la cama, y las iban golpeando y ellas trataron de meterse a un huequito, yo quise hacer lo y no pude, yo no me pude meter. Ahí me golperon en la cabeza, me dieron una patada y me jaló un tipo. A la hora que me jaló me dió otro golpe, y yo me quedé quieta, yo no me quise mover, y los compañeros gritaban:
-Ya déjenlos, ya, ya déjennos. Y ellos gritaban y decían
– Malditos, pinches estúpidos, pendejos, se van a morir, se van a morir y pinches perras son unas zorras-, y ellas gritaban:
– Ya déjenos.
Nos insultaron, nos dijeron:
– Se los va a llevar la verga, ahora si ya valieron madres.
Yo medio me levanté y me aventé a la puerta, por que era un cuarto muy pequeño y pues daba. Cuando vieron, ellos llevaban palos, llevaban un palo con picos, clavos, no sé, y llevaban un arma. Me estaban golpeando, llevaban machetes, a mi me aventó uno un machetazo y sentí que iba a morir, yo tengo una hija, solo quería salir. Me golpearon y vi que estaban dos tipos y no sé, se imaginaron que les habían aventado algo o qué. Cuando se dieron cuenta que iba a corriendo hasta me empezó a seguir uno, pero otro gritó:
– Déjala, se va a morir, déjala, que se parte su madre.
Y el otro:
– Ya, ya que se largue, maldita perra. –
Y yo pensé que me iban a disparar. Y yo corrí y corrí y me escondí en un huequito, y ahí esperé. No se que tiempo pasó, me levanté y fui corriendo hacia el pasté que fue lo más que ví. Y me acerqué, y estaba una taquería y le dije:
– Por favor, llamen a la Cruz Roja, llamen a las ambulancias, acaban de golpearnos. Estábamos en una casa.
– ¿Pero qué qué pasó?
– Llamen por favor.
– Es que no sabemos qué pasó.
– Chinguen su madre, pinches putos- que les digo.
Y que voy al (inaudible) y le digo:
– Señora por favor, llámele a una ambulancia, por que nos acaban de golpear.
– Es que no tengo teléfono- pues jódete.
Y ya me voy al teléfono que estaba en la esquina, una y otra y otra vez marqué el 066, entró como a la cuarta o quinta llamada, y le dije:
– Por favor mande una ambulancia, por que nos acaban de golpear.
– ¿Quién?
– No sé… Llevaban palos, llevaban machetes, llevaban armas. Eran como 10.
– ¿Y cómo se llaman? ¿Y dónde están?
– Estoy en un (inaudible), pero llamen a las ambulancias a Ruiz Cortínez. Ahi está la Comex tantito abajo en la Ruiz Cortínez ahí van a ver todo está roto, pero por favor mándelas.- Y colgué.
Y saliendo para verlos, y había muchas patrullas, y adentro estaban los dos más golpeados, estaba una de mis compañeras y me gritó:
– ¡Sol, Sol, estás bien! Pensamos que te habían llevado.
Y yo:
– No, perdón, perdón por que me fui.
– No, está bien Sol, por tu niña, está bien.
Toño esta sobre la cama, estaba muy golpeado, Hugo estaba sentado y Nacho estaba junto a la ventana. Estaban todos hinchados, les escurría la sangre, y no llegaban las malditas ambulancias, no llegaban los malditos paramédicos. Pero eso sí, entraron a tomar fotos, y fotos y fotos, y que querían, nuestros, nombres
– ¿Para qué?
– Es que es protocolo.
Llegaron las ambulancias y disque nos iban a atender, y se los querían llevar a todos en una sola ambulancia, sin que nadie los acompañara, y dijimos:
– No, que llegue alguien, que llegue alguien para que los lleve.
– No, ¿cómo?, los vamos a llevar y no va a caber nadie más.
La ambulancia de la Cruz Roja no tenía placas. Uno de los compañeros se asomó y dijo:
– La ambulancia no tiene placas.
– ¿Cómo?
Y nos volteamos y dijimos
– ¿Cómo que no tiene placas?
– Es que nosotros no ocupamos placas.
– Es un vehículo, tiene que tener placas.
No se los quisieron llevar.
– ¿Ah, no quieren que los atendamos? Pues ni modo, nos vamos.
Se fueron todas las ambulancias, nos dejaron ahí solos. Estaban ahí los policías. Y llegaron unas personas, me acuerdo de uno de playera gris y pantalón de mezclilla, que quería tomar fotos.
– No, pues ¿tu quien eres o qué?
– De Derechos Humanos. – Y le grité:
– Pues si eres de Derechos Humanos ¿dónde está tu gafete? Identifícate.
Se fueron.
Llegó Julián, se llevó a los compañeros al hospital, por que nadie nos quiso atender, de los paramédicos. Se fueron 3 compañeros y una compañera y nos quedamos 3 mujeres y el compañero. ¡3 mujeres! Y de repente estaban 2 patrullas nadamás, ¡y se fueron! Y les gritamos:
– No nos dejen.
Por que ellos habían dicho que iban a estar hasta que estuviéramos seguros, y de repente se van. Y les gritamos:
– No nos dejen, no se vayan.
No escucharon nuestras súplicas y se fueron.
No sabíamos qué hacer, se llevaron nuestros teléfonos, se llevaron computadoras. Yo tenía este libro, cuando ellos llegaron. El libro está lleno de sangre, está todo doblado. Ahí fue donde tenía el libro en las manos, estábamos leyendo y luego quise… Y hasta el momento no he podido dejar mi libro, por que es lo que tenía en ese momento. Llevaron todo, rompieron todo.
Nosotros nos fuimos en un taxi al hospital, por que no sabíamos qué hacer. Nadie, nadie más nos ayudó. Y nosotros éramos 8 estudiando y conviviendo en una pequeña fiesta, partiendo un pastel con servilletas, leyendo libros, platicando de películas. ¡No estábamos haciendo nada! ¿Por qué nos atacaron? ¿Por qué? Era un pastel, imagínese, qué nos podemos esperar. ¿Por qué?
Ellas tienen miedo ¿sabe? Mucho miedo de hablar. Ya no confían en nada, en nadie. Yo no he podido dormir. Yo vine, si, sí vine. Y a todos lados voltéo a ver si no me siguen, a todos lados.
Yo le dije a mi mamá:
– Vete con mi hija, no las quiero cerca, yo no quiero que les pase nada, y otros hicieron lo mismo, tienen miedo, tienen miedo, ¿qué clase de seguridad?
Por: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA / SALTILLO
La secretaria del Trabajo en Coahuila, Norma González Córdova, en cuanto a la mina en Cuatro Ciéngas se refiere, indicó que la situacion del ejido es muy compleja porque tiene muchas minas alrededor, ella acudió el miércoles al lugar , donde los ejidatario trabajan la candelilla principalmente.
“Ellos trabajan la candelilla, y aveces no hay y llega gente de fuera a explotar una mina que esta clausurada, y contrata cuatro o cinco ejidatarios para que saquen ahí varita y desgraciadamente sin las condiciones de seguridad para poder sacar el material, y ocurrió esta desgracia donde perdieron la vida dos personas”, manifestó.
Añadió que esta practicamente se realiza desde hace muchos años y ahora sale a la luz por el accidente, “nunca había pasado nada, pero lo que vamos hacer es una intervención profunda en el ejido, esas minas estaban clausuradas y la Secretaría de Economía tendrá que ver como las tapa para que ya no se usen”.
Sostuvo que ella platicó con los mismos ejidatarios, y el comisariado ejidal le comentó que son cinco gentes y después de este accidente ya no se van a meter a ninguna mina, por lo que por parte de la dependencia a su cargo los capacitaran para que en el caso de que quieran trabajar en la mina, sepan como, con que medidas de seguridad, entre otros.
“Ahí se va hacer una intervención de otro tipo para que ellos puedan producir candelilla, sotol, tienen animales, ganado, tenemos que apoyarlos para que puedan vivir de la producción agricola y ganadera, y no tengan la necesidad de meterse a minas que estan clausuradas”, manifestó.
Reveló que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya investiga quien los contrató, “ellos no saben los apellidos, les preguntas pero no saben, solo saben su nombre, pero será la PGJE quien los encontrará y se aplicara cualquier tipo de responsabilidades penal que exista, ellos actuarán y harán lo que tenga que hacer, nosotros de lo que nos vamos a encargar es que estos jóvenes sepan cuales son los riesgos de meterse a una mina ilegal y capacitarlos para que en caso de que se lleguen abrir, las operen con seguridad, tengan seguro social y les paguen bien.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la mina “La Pelota” de Cuatro Ciénegas, donde perdieron la vida dos personas, se encuentra abandonada y no opera desde hace cerca de cinco años.
De acuerdo a lo que se informó, las personas accidentadas trabajaban presuntamente de manera irregular en el lugar, en la extracción de residuos minerales en la mina, tales como fluorita, carita y estroncio de manera clandestina.
A solicitud del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea) de la Profepa, la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales, confirmó que en el deceso de ambas personas no está involucrada ninguna sustancia química.
El pasado seis de junio, el Centro Nacional de Comunicaciones (Cenacom) de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer a la Profepa que dos personas estaban atrapadas en la mina “La Pelota”.
Por lo anterior, el siete de junio el Cenacom notificó el fallecimiento de las dos personas, quienes tenían 17 y 35 años respectivamente.
Pemex encontró cuatro nuevos campos petroleros en el Litoral de Tabasco y cerca del complejo Cantarell, que en conjunto producirán aproximadamente 200 mil barriles diarios más de crudo.
La producción empezará dentro de 16 meses aproximadamente y se espera alcanzar una plataforma de producción estable veinte meses después.
En conferencia de prensa desde Guadalajara donde participó en un foro petrolero, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, informó que el tamaño de los yacimientos encontrados, representa el mayor éxito exploratorio de la empresa en los últimos cinco años, después de los yacimientos Tsimin-Xux y Ayatsil.
Los nombres de los campos son Batsil-1, Xikin-1, Cheek-1 y Esah-1.
La producción incremental de petróleo representará casi una adición de 10 por ciento a la extracción actual total del país.
Además del crudo, los cuatro nuevos campos producirán unos 170 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalentes a casi 3 por ciento de la explotación nacional del hidrocarburo.
El director de Pemex detalló que los estudios de caracterización estiman la existencia de reservas totales en estos yacimientos por hasta 350 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Los hallazgos se derivan de los recientes trabajos exploratorios de Pemex, añadió, en los cuales se aplicó tecnología de vanguardia con una mejor definición sísmica.
Del total de la producción esperada, la Sonda de Campeche puede producir 100 mil barriles diarios de crudo y alrededor de 80 millones de pies cúbicos diarios de gas que se podrán incorporar a la producción a corto plazo por ubicarse cercanos a infraestructura de otros campos, y contribuir a revertir la tendencia declinante en la zona.
Los descubrimientos en el Litoral de Tabasco aportarán una producción adicional del orden de 100 mil barriles diarios de petróleo ligero y 90 millones de pies cúbicos de gas al día.
Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, agregó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tiene identificados que los campos 8 al 13 que se licitarán en la Primera Convocatoria están prácticamente contiguos a este descubrimiento.
“Es una noticia muy halagadora para la industria nacional”, destacó.
En la misma conferencia, Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH coincidió en que no sólo se elevará el interés por la primera licitación de 14 campos, sino también el de la segunda licitación de la Ronda Uno.
“Están en la cercanía de los 14 campos de la primera licitación y también de los nueve de la segunda licitación por lo que sin duda esto aumenta la probabilidad de éxito de estos proyectos”, dijo.
Por tener dudas sobre la seguridad en Tamaulipas, la empresa Actis dejó pasar la oportunidad de invertir en un proyecto eólico en el Estado.
Esto, de acuerdo con Michael Harringon, director de energía de la firma financiera.
El lugar propuesto para la construcción del parque eólico estaba aislado y fue de difícil acceso, abundó.
Antes de aprobar un proyecto, la firma evalúa si puede ser blanco de ataques directos de la delincuencia organizada, lo cual define si el proyecto avanza o no.
‘‘Si no podemos realmente acomodarnos a un plan que va a ser exitoso mitigando ese riesgo, no vamos a invertir. Punto. No hay conversación y no vamos a hacerlo si pensamos que es un riesgo que no podemos controlar’’, dijo el especialista.
Recalcó que no aceptaría que las personas trabajaran en áreas donde los directivos no quieren entrar.
No obstante, Harrington destacó que el producto por comercializar no es fácil hurtarlo y comercializarlo; no obstante, la empresa reconoce la amenaza de que les puedan robar cobre, herramientas y hasta vehículos.
La empresa está por cerrar un contrato con otra compañía para construir un parque eólico igualmente en Tamaulipas, pero en una localidad diferente a la del proyecto que rechazaron.
Este parque, de entre 150 y 250 megawatts de capacidad, podrá cerrar el acuerdo financiero en 2015. Este proyecto se sumará a otro de 50 megawatts que tiene la empresa eléctrica de Actis, Zuma, en Oaxaca de 50 megawatts.
El siguiente estudio cartográfico fue presentado en el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, para el cual los zapatistas del EZLN pidieron llevar semillas que fueran capaces de provocar la reflexión y la crítica; «una semilla para que otras semillas escuchen que hay que crecer y lo hagan según su modo, según su calendario y su geografía». ¿Pueden los mapas contribuir a sembrar nuevas semillas, a generar conciencia? Para nosotros, la respuesta es evidentemente positiva.
En esta versión electrónica corregida y aumentada, el estudio de los efectos de la urbanización neoliberal sobre el Valle de México se divide en dos partes. La primera trata sobre el proceso de urbanización salvaje en los municipios conurbados del Estado de México, mientras que en la segunda entrega se abordará el tema de la reconquista del Centro Histórico. En ambos casos, veremos que el capital requiere materializarse en infraestructura, vivienda, patrimonio, industria, plantaciones o lo que sea con tal de multiplicarse. Aunque sabemos que el interés del dinero destruye lo que encuentra a su paso, veremos que también aprovecha el trabajo humano de siglos y se desenvuelve sobre antiguas estructuras territoriales que nunca logra desarticular por completo.
¿Mancha urbana?
Desde los años ochenta, la Ciudad de México entró al imaginario colectivo como la más poblada y caótica del obre. Muchos de los mapas que circulan desde entonces presentan la expansión de la «mancha urbana» como un fenómeno descontrolado, semejante a una mancha de aceite o un contagio cancerígeno que parte del Centro Histórico y avanza sin ningún sentido hacia la periferia.
Esta imagen producida por Urbanization Project, de la Universidad de Nueva York, apunta hacia una contradicción preocupante: aunque la población urbana se empieza a estabilizar, la ciudad no reduce su ritmo de crecimiento. Sin embargo, esta simplificación del proceso de urbanización –cuyo objetivo es promover el desarrollo de «ciudades compactas»– induce graves errores de interpretación, empezando por la eliminación de los factores territoriales que han guiado la expansión urbana, tales como el desecamiento del Lago de Texcoco, la preexistencia de rutas comerciales antiguas y la supervivencia de los pueblos prehispánicos, a costa de los cuales se está ganando terreno para la urbe.
La huella de los pueblos del Anáhuac
El territorio es la huella de los pueblos, es la historia hecha geografía. El Anáhuac, que significa «lo situado entre las aguas», hunde sus raíces en más de tres mil años de actividad humana. Aunque los Aztecas no fueron los primeros en habitar esta cuenca, vale la pena revisar brevemente las grandes intervenciones que realizaron sobre el medio natural.
Desde el siglo XIV un acueducto traía el vital líquido desde Chapultepec. Tal vez por eso el cerro del chapulín, así como el de Tepeyac, aún son considerados lugares sagrados: por que dan agua y vida a una urbe que en ese entonces ya contaba con más de 200 mil habitantes. Más tarde, con la construcción del dique de Nezahualcóyotl, los Tenochcas y los Texcocanos lograron contener las aguas saladas en lo profundo del Lago de Texcoco y así desarrollar la agricultura en el islote de Tenochtitlán, aunque era en Xochimilco donde se producían mayores cantidades de maíz y amaranto. A la fecha, los pueblos del sur manejan uno de los sistemas agrícolas más sofisticados: las chinampas.
El Anáhuac a inicios del siglo XVI
La capital mexicana se ubica en una cuenca endorréica, es decir que los flujos de agua, al no tener salida al mar, se acumulan en la zona más baja de la cuenca, formando en este caso el Lago de Texcoco. Para contener en éste las aguas salinas y proteger las áreas de cultivo, los Aztecas –con el apoyo de Nezahualcoyotl, soberano de Texcoco– construyeron un dique o albardón entre el Tepeyac e Iztapalapa. La mayoría de los pueblos prehispánicos (altepe’) que bordeaban al lago se mantienen como cabeceras municipales. Nota: se resalta la actual Zona Metropolitana del Valle de México, no la cuenca.
A fin de controlar el territorio o huey altepetl azteca, el proyecto colonial iniciado a partir de 1521 absorbió la estructura política establecida por el linaje de Moctezuma. Así, según Charles Gibson, los pueblos que dominaron la región durante el periodo prehispánico –tales como Tenango, Tlalmanalco, Chimalhuacán, Acolman, Tizayuca, Zumpango, Tecámac, Tlanepantla o Azcapotzalco– se mantuvieron como cabeceras municipales durante el periodo colonial, y muchos de ellos lo siguen siendo hasta la fecha. Es importante reconocer esta continuidad histórica puesto que, como vemos en el mapa siguiente, la urbanización no se realiza al azar sino que avanza sobre antiguos centros de población y poder.
Por otra parte, si bien los invasores retomaron mucha de la infraestructura mexica –como las calzadas y el acueducto–, para ellos el medio lacustre representaba una amenaza, no una fuente de vida. En 1607 se cavó el Tajo de Nochistongo, al sur-oeste de Tequixquiac, con el cual se quiso evitar que los escurrimientos de la Marquesa llegaran a Zumpango, desviando las aguas hacia la cuenca vecina del río Tula. Éste fue el primer trasvase realizado en México y podemos decir que los resultados fueron catastróficos: se registraron miles de muertes a causa del trabajo esclavo invertido en la obra y para colmo, veintidós años después la ciudad conoció la peor inundación de su historia. A raíz de esta inundación las autoridades novohispanas mandaron hacer el dique de San Cristóbal, que contenía las aguas a la altura de Ecatepec. Finalmente, a partir de la dictadura porfirista, se pasó de una lógica de contención a una lógica de expulsión por medio del Gran Canal, que filtró al Lago de Texcoco hacia el río Moctezuma. En este mismo sentido se realizó en los años setenta el Túnel Emisor para expulsar las aguas negras hacia el norte.
La urbe se extiende hacia los pueblos a lo largo del siglo XX
Con la reforma constitucional al Artículo 27, el cual garantizaba hasta 1992 la propiedad colectiva de los ejidos y las comunidades, se abrió la posibilidad de lucrar con los territorios de los pueblos originarios. El avance de la mancha urbana no sólo ha implicado la pérdida de tierras de cultivo altamente productivas, sino también el acaparamiento de pozos y sistemas comunitarios de distribución del agua.
Siglo XXI: urbanización salvaje
Así llegamos al siglo XXI. Donde había un gran lago ahora se encuentra –según Mike Davis– la ciudad miseria (slum) más grande del mundo, conformada por las colonias populares de ciudad Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Chimalhuacán y Chalco.(1) Habría que matizar esta afirmación y reconocer el trabajo de los 5 millones de habitantes que poblaron esta zona a lo largo del siglo XX, que construyeron espacios de vida con su propio esfuerzo, sin pedirle nada a los bancos. De hecho, aunque esta tendencia está cambiando, se estima que 70% de las viviendas de nuestra ciudad han sido producidas bajo el control de la propia gente.(2)
Es precisamente esta capacidad de construir su vivienda y de producir ciudad sin necesidad de pasar por los circuitos del mercado financiero, lo que está en juego en la fase neoliberal actual: el capital pretende adueñarse del esfuerzo económico de todos los habitantes, incluso de los más pobres, y de todo lo que implica hacerse de una vivienda, incluyendo el conocimiento práctico de la albañilería popular.
Ahora bien, si nos concentramos en la dinámica poblacional de la primera década de este siglo, vemos dos tendencias aparentemente contradictorias: el crecimiento demográfico de los municipios más alejados de las zonas de trabajo y por otra parte, el repoblamiento de las áreas centrales con habitantes de más altos ingresos.
(1) M. Davis, 2007. Planeta de ciudades miseria, Foca Ediciones
(2) R. Torres, 2006. La producción social de vivienda en México, HIC-AL, en línea
Crecimiento de la población municipal entre 2000 y 2010
En el mapa, los círculos son proporcionales al total de habitantes de cada delegación y municipio de la ZMVM: Iztapalapa y Ecatepec son los más importantes, en cada uno viven cerca de 2 millones de personas. Los tonos amarillos a rojos indican tasas de crecimiento poblacional positivos, mientras que los azules muestran valores negativos. Es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, que dejó de ser una ciudad miseria hace tiempo; se consolidó, y ahora expulsa a sus jóvenes hacia Chimalhuacán o Chicoloapan, donde el precio del suelo es más accesible. Lo mismo ocurre en Tlanepantla y Naucalpan.
En los municipios que aparecen en rojo vivo y en anaranjado –Huehuetoca, Acolman, Nicolás Romero, Texcoco, Chalco, Tecámac y Zumpango– es donde han proliferado los tristemente célebres conjuntos urbanos y las ciudades bicentenario. En tan solo 10 años, estos desarrollos inmobiliarios cubrieron 8% de la superficie municipal de Tultepec, Cuautitlán, Huehuetoca, Chicoloapan y Atizapán. En Zumpango, la superficie absorbida tan solo por Casas GEO equivale a 1 800 campos de fútbol (1 100 hectáreas). El caso más alarmante es el de Tecámac, donde las empresas Sadasi, Urbi y GEO se repartieron 10.7% de la superficie del gigantesco municipio.
El estudio que realizamos a partir de la Gaceta Oficial del Estado de México, revela que entre 1999 y 2011 se construyeron 560 mil casas de este tipo en 256 conjuntos urbanos autorizados por el Congreso local. El territorio conquistado por las inmobiliarias, tan solo en los municipios conurbados, abarcan una superficie total de 96 km2, lo equivalente a la delegación Gustavo A. Madero, y tienen una capacidad para albergar a 2.5 millones de habitantes. Los más afectados por el cambio de uso de suelo son Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, donde el entonces gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, impulsó las llamadas «Ciudades Bicentenario».
Megaproyectos y resistencias
Desde luego, estas nuevas ciudades miseria en donde los habitantes ni siquiera son dueños de sus viviendas hasta que terminen de pagar sus hipotecas, no responden a una demanda del mercado. Por un lado, es cierto que las instituciones crediticias se encargaron de producir cierta demanda, orientando a los derechohabientes del FOVISSSTE y el INFONAVIT hacia estos productos chatarra. Pero por otro lado, la sobreoferta generada revela la naturaleza sicótica del capital financiero. Miles de viviendas están actualmente abandonadas –5 millones en todo el país– y los que cayeron en la trampa se enfrentan a la inseguridad y a la lejanía de las zonas de empleo.
Conjunto Ara parcialmente abandonado amenaza con invadir tierras de uso común de Apaxco. Foto: Jerónimo Díaz
¿Quiénes son los habitantes de estos conjuntos urbanos? Se trata en su mayoría de familias pobres que cuentan con un sólo miembro afiliado al INFONAVIT. En 2004, por ejemplo, se estima que 75% de los derechohabientes del Distrito Federal ejercieron su crédito en el Estado de México. Muchas otras familias abandonaron las colonias populares construidas por sus padres en la periferia del DF en busca de un mejor futuro, atraídas por la promesa de vivir en nuevas colonias autosuficientes dotadas con servicios urbanos modernos. Sin embargo, en vez de introducir escuelas, parques y clínicas como lo indica la ley, las inmobiliarias ocupan hasta el último resquicio con tres o cuatro modelos de casas, todas de pésima calidad.
Tomemos algunos de los ejemplos documentados en la nueva plataforma de geografía colaborativa geocomunes.org. El conjunto ubicado en San Francisco Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, fue autorizado en terrenos que presentan inestabilidad del suelo, lo que provoca hundimientos y agrietamientos en las viviendas. Siendo que éstas se entregan con una garantía no mayor a 6 meses, los habitantes deben solventar la reparación de vicios ocultos, de tuberías de PVC dañadas, de infiltraciones de agua e incluso la repavimentación de calles. El conjunto está rodeado por dos basureros que crecieron a raíz de la clausura del bordo de Xochiaca. Hoy se registran enfermedades respiratorias, gastrointestinales, alergias, infecciones en la piel, entre otros males, y a pesar de que el conjunto cuenta con 18 mil casas y 45 mil habitantes, no existe infraestructura médica básica.
El destino de los pueblos milenarios del Anáhuac es más incierto que nunca. La puesta en marcha del «macro-circuito de agua potable» que pretende incorporar los sistemas locales al sistema Cutzamala, implica la destrucción de instituciones comunitarias y el saqueo de sus pozos. Desde San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco, hasta Coyotepec, los organismos comunitarios de gestión del agua se enfrentan a poderosos intereses que pretenden municipalizar estos organismos para después privatizarlos. El objetivo es obtener mayores ganancias a menor inversión, así cueste la vida de los que resisten: el pasado 20 de abril José Isabel Cervantes Ángeles, defensor del agua de Coyotepec, fue hallado asesinado con huellas de tortura al interior de un pozo.
Mientras tanto, en el Distrito Federal, el estado ha tomado el control sobre los recursos hídricos y se empeña en succionar el frágil subsuelo de Iztapalapa a pesar de las grietas ocasionadas y los reclamos populares.
En suma, para los «desarrolladores» nuestro Anáhuac es un espacio virgen donde pueden crear tantas ciudades dormitorio como basureros a cielo abierto que infiltran sus lixiviados en lo profundo de la tierra. Ahí están los «rellenos sanitarios» de Tepetlaoxtoc y Tecámac, o el basurero nuclear de Temascalapa, por citar algunos casos de contaminación integrados al expediente del Tribunal Permanente de los Pueblos.(3) Ahí están los grupos como Antorcha Campesina que realizan labores de choque y atemorizan a la población para imponer desarrollos privados, como en el Ejido Guadalupe de Cuautitlán Izcalli. Ahí está el Nuevo Aeropuerto que pretende culminar la obra desecadora emprendida por el imperialismo español hace cinco siglos, cuyos efectos se resienten no sólo en Atenco, sino también en Ecatepec y en toda la cuenca.
(3) Dictamen de la Preaudiencia multitemática regional del Oriente del Estado de México, TPP, en línea
El territorio, factor de resistencia
A pesar de todo y contra todo, los pueblos resisten. En San Pablo Tecalco y Tecámac, los comités de agua potable no han dejado de dar batalla desde 2005, cuando el gobierno intentó municipalizar el servicio. Y no sólo se trata de defender el líquido. A la fecha, estos pueblos guardianes del Cerro de Chiconautla, repelen la construcción de 16 500 viviendas por parte de SADASI en un polígono de 274 hectáreas.
De igual modo, con el apoyo de los jóvenes que conforman el movimiento Apaxco Ecológico, los ejidatarios del norte del Estado de México han logrado contener la devastación del Cerro Colorado a manos de Grupo Ara.
En San Francisco Magú, pueblo hñahñü (otomí) ubicado en el municipio de Nicolás Romero, no será fácil echar a andar el proyecto Bosques del Paraíso, que pretende entregar 184 hectáreas de bosque a un fraccionamiento de 1 340 departamentos, 1 097 casas dúplex, 234 edificios triples y 3 319 lotes de 90 m2. Siguiendo el ejemplo de los indígenas de Magú, los habitantes de Cahuacán comienzan a organizarse contra el despojo de cerca de 2 400 hectáreas ejidales, donde los poderosos pretenden construir la autopista Atizapán-Atlacomulco y un complejo llamado El Retiro, que cuenta con club de golf y desarrollos inmobiliarios.
En Xochimilco, se sigue defendiendo al Cerro de Xochitepec frente a los intereses de la empresa Tepepan Country Club que pretende construir 86 residencias y un club deportivo para los ricos sobre el área de conservación ambiental. En todo el DF, proliferan los movimientos contra megaproyectos y ahora, contra las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y Social, ZODES.
¿Qué tienen en común las luchas de San Francisco Xochicuautla contra la Autopista Naucalpan-Toluca, la de los pueblos de Cuajimalpa y la de los habitantes de Xochimilco e Iztapalapa contra la Autopista Urbana Oriente? Todas se enfrentan a megaproyectos carreteros que lejos de servir a las mayorías, ofrecen a los poderosos modernas vías de comunicación que pasan literalmente por encima de la gente. Todas luchan contra un desarrollo arrollador que carece de todo sustento ético y científico, pues según datos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, del 2003 al 2005 se invirtieron 7,800 millones de pesos para ampliar vialidades, pero el promedio de velocidad del auto bajó de 28 a 21 km por hora.(4)
(4) La Autopista Urbana Oriente y sus consecuencias en Xochimilco, UCCS, en línea
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Estos son sólo algunos ejemplos de las luchas que se desenvuelven en el Anáhuac ante un sistema irracional cuyo único horizonte es un desierto de asfalto y muerte. Desde luego, existen miles de resistencias silenciosas, rabias contenidas y otras tantas luchas que no se alcanzan a ver en estos mapas, siempre imperfectos y forzosamente reductores de la realidad compleja. Lo que sí muestran, en cambio, es la importancia de los pueblos originarios en la formación histórica de la Zona Metropolitana del Valle de México y la tendencia actual a generar megaproyectos desde un enfoque megalopolitano en el cual la geografía histórica –es decir el territorio– pierde sentido. Con el Arco Norte y Sur, por ejemplo, vemos que la escala de planeación es ahora continental y que las nuevas autopistas no respetarán la estructura metropolitana heredada del siglo XX.
Romper candados legales, enriquecerse a toda costa y usurpar los bienes comunes parece ser la receta de la clase política del Estado de México. «Un político pobre es un pobre político», decía Carlos Hank González, el ancestro espiritual del actual presidente de México. Su legado: un pobre urbanismo que acaba con su propio tejido social y destruye su base material, sus cerros, sus bosques, sus aguas. Que no quede duda: este es el «desarrollo» que ahora promete Enrique Peña Nieto a los estados del sur de México. Carreteras privadas, áreas naturales arrebatas a los pueblos para entregarlas a la industria del turismo, trenes suburbanos que conectan las zonas de empleo con los trabajadores que el propio sistema envía cada vez más lejos, cerros cubiertos de casas patito en las que el obrero termina invirtiendo hasta su último centavo, montañas de basura y pirámides de escenografía.
Lucía Pérez. El Siglo Coahuila. 9 de junio de 2015
Tras el derrumbe de una mina en Cuatro Ciénegas, el pasado viernes, donde dos mineros fallecieron, el mandatario estatal indicó que ha recorrido el lugar. Se prevé que existan 20 minas irregulares.
Ante esta situación se pedirá que se refuerza la supervisión de las minas. Al mismo tiempo en indicó que es difícil conocer la totalidad de los trabajadores y la forma en que operan, debido a las minas clandestinas.
“En la mina del accidente estaba un niño trabajando. Una desgracia. Pero es mina no estaba registrada y está en medio del desierto. Era imposible que la Secretaría del Trabajo supiera que estaban allá”, dijo.
Moreira pidió que se hiciera una investigación profunda en el sector minero para castigar a los responsables de los abusos cometidos contra los trabajadores.
“Los mineros no estaban trabajando por su propia cuenta. Llegó una persona. Los metió a trabajar para comprarles. Ahí es una tragedia todavía mayor que vale la pena, por eso, hablarlo despacito, reflexionarlo. Ahí hay recursos que los campesinos requieren para sobrevivir, es la zona más pobre del estado. Entonces, nosotros estamos hablando de una Minería responsable”, dijo.
Por último indicó que la próxima semana realizará una visita a Cuatro Ciénegas para implementar acciones que ayuden a favorecer el las condiciones de trabajo de la región.
EN CONTEXTO
Cada año en Coahuila se registra la muerte de al menos 4 mineros por la falta de seguridad en las que operan las minas.
La Secretaría del Trabajo asegura que cuenta con supervisores, a la fecha no se cuenta con un informe sobre la situación que impera en el estado.
CHALCO, Edomex. 9 de junio 2015.- El Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Gregorio Duarte Olivares, dijo que investigará a fondo los hechos del encarcelamiento de dos reporteras del municipio de Ixtapaluca, donde gobierna el Movimiento Nacional Antorchista.
La queja quedó en el expediente CODHEM/CHA/397/2015, luego de que las periodistas Claudia García Fragoso y Teresa Cárdenas Garcia, acudieron a la oficina de esa dependencia a confirmar su denuncia.
“Estamos agregando a la investigación de los hechos que esté dentro del marco legal, así mismo se tiene conocimiento en la CDHEM con sede en Chalco que ya todas las personas están libres, sin embargo lo que nos corresponde a nosotros es cuidar los derechos de toda persona y en este caso de comunicadores”, dijo Gregorio Duarte al referirse a la libertad de 25 personas que fueron detenidas por la policía municipal de Ixtapaluca, por supuestos delitos electorales.
Indicó que se les tomara su declaración de lo sucedido el pasado domingo 7 de junio durante la jornada electoral, así como del motivo de la detención. Informó que se enviarán oficios a la Secretaría de Gobierno del Estado de México y a la dirección de seguridad pública municipal para ver si tienen conocimiento del caso y asi saber que agentes estuvieron involucrados.
Agregó que se pedirá a la Secretaría General de Gobierno mexiquense resguardar la integridad de los reporteros involucrados, ya que siendo periodistas se tendrá que respetar la “Libertad de Expresión”.
Claudia García Fragoso, periodista que fue encarcelada por grupos de Antorcha Campesina y elementos de la policía municipal de Ixtapaluca, señaló que el ataque a los medios de comunicación ya era personal, el cual fue orquestado por la candidata a diputada federal Maricela Serrano Hernández.
“Yo estoy pidiendo justicia para mí y mi compañera, ya que no es justo que nos hayan golpeado brutalmente y que todavía nos hubieran confinado a una mazmorra, quedando en claro que el grupo de antorchistas y sus secuaces le tienen miedo a los medios de comunicación, y no voy a parar hasta que se nos haga justicia”, puntualizó.
La tienda comercial fundada por los hermanos Don Francisco y Armando Martín Borque en la ciudad de Torreón, Coahuila, se unirá a la empresa también mexicana, Gemex, en la construcción de dos parques eólicos en el municipio de Güemez, Tamaulipas.
En cada parque, se invertirán alrededor de 130 millones de dólares, cuyo financiamiento provendrá de la banca privada y de la banca de desarrollo, además de aportaciones de la propia Gemex, se informó a través de un comunicado.
El primero de los proyectos será el parque eólico “La Mesa”, con extensión de 533 hectáreas; por su parte, el parque “Victoria” es de 700 hectáreas. Cada uno tiene una capacidad instalada de 49.5 megawatts conformada por 15 aerogeneradores para producir cerca de 181 gigawatts hora por año.
De acuerdo con la tienda, la energía se utilizará en los siguientes 20 años como parte de un acuerdo para abastecer de energía sustentable a 311 tiendas, reduciendo además, los costos de energía eléctrica.
En promedio, la energía generada por los dos parques en conjunto, equivaldrá al 14 % de la producida por todo Tamaulipas en la actualidad. También representa la producción de electricidad del consumo anual de 51,046 casas.
“Dentro de los objetivos establecidos en nuestra Política de Sustentabilidad lanzada en 2012, la creación de ambos parques eólicos, nos acerca a nuestra meta de lograr que el 100 % de nuestras tiendas se suministren de energía renovable. Una vez que nuestros dos parques estén operando, lograremos abastecer 506 tiendas de energía renovable”, afirmó Rodrigo Benet Córdova, director de planeación estratégica y comunicación de la cadena.
Además, con este proyecto se crearán 500 empleos temporales durante la construcción de los complejos, teniendo como prioridad, la contratación de personas que habiten la zona.
MORELIA, Mich., 8 de junio de 2015.- El secretario de Educación en el estado, Armando Sepúlveda López, advirtió que las acciones de los estudiantes normalistas llevan a Michoacán a peligrosos grados de gobernabilidad, amén de afectar gravemente el desarrollo económico y empresarial de la entidad.
Entrevistado en el marco de un evento gubernamental, el encargado de la política educativa insistió en que las demandas de los normalistas solamente pueden ser atendidas por la federación y dejó en claro el estado incapacitado para modificar los planes de estudio que exigen los normalistas de Cherán.
En ese sentido, el funcionario estatal hizo un llamado a los estudiantes de la Normal Superior Indígena de Cherán para que cesen sus acciones y lamento que las protestas alcancen verdaderos niveles de anarquía.
Informó que hoy por la tarde la Secretaría de Gobierno, Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Educación sostendrán un encuentro con los representantes de la Normal Indígena de Cherán para tratar de llegar a acuerdos y desactivar las acciones de protesta que durante las últimas horas han dejado como resultado la quema de al menos cinco unidades motrices y el secuestro de más de 60 automotores.
Luego de ser detenidas ayer por más de 20 policías municipales, junto con otras tres mujeres del PRD y acusadas de presuntos delitos electorales, las reporteras Claudia García Fragoso y Teresa Cárdenas García, fueron humilladas, golpeadas y encerradas más de 24 horas; además, de recibir insultos como “son unas perras” y “ya valieron ma.”
Luego de que no había pruebas de que ellas estaban cometiendo delitos electorales, ambas mujeres lograron su libertad este medio día, ya que lo único que hicieron fue llegar a donde los policías agredían a tres mujeres.
Claudia García Fragoso, quien también fue vocera del candidato del PRD a la alcaldía de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, dijo que habían acudido a una calle cercana de la comandancia municipal, donde se estaba maltratando a las mujeres.
Sin embargo, cuando tomaban fotografías e intentaron entrevistar a una de las afectadas, los uniformados se le fueron encima para someterlas, quitarles sus equipos y aventarlas a una de las patrullas.
Las metieron a la comandancia de la policía municipal, a donde recibieron gritos como “son unas perras, “ya valieron”, “están en mi casa y hago lo que quiera” cuando dijeron que eran periodistas.
Al identificarse con el comandante con la clave Géminis, este le indicó que ellas “ya sabía porque estaban ahí” y no las dejaron salir a pesar de que se le argumentó que solo cumplían con su trabajo reporteril.
“Solo traíamos nuestras grabadoras y cámaras, pero nos acusaron de estar comprando el voto, cuando solo llegamos a entrevistar a unas señoras que eran agredidas”, insistió Claudia García.
Las dos periodistas responsabilizaron de esta agresión a la líder de Antorcha Campesina de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández, ex alcaldesa de este lugar y quien realmente es la que maneja la administración municipal.
Claudia García Fragoso y Teresa Cárdenas García, presentarán su queja en la Comisión estatal de Derechos Humanos y en la fiscalía especializada contra delitos contra periodistas.
Ambas reporteras obtuvieron su libertad junto con otros 25 vecinos de Ixtapaluca que fueron detenidos en diferentes operativos por la policía municipal de Ixtapaluca, por supuestos delitos electorales.
Por otro lado, cuatro integrantes de la familia Cañas, expresaron que ayer domingo a las nueve de la mañana llegó un grupo encapuchado de la policía municipal y los sacó de su casa en la colonia Hornos de Santa Bárbara.
Ramón Ocaña Zavala explicó que fueron golpeados, hincados e insultados por los uniformados y por un jefe de turno de apellido Malvaez; además, “nos escupieron en la cara”.
Dijo que fueron detenidos por órdenes del antorchista, Carlos Enríquez Santos, candidato del PRI a la presidencia municipal de Ixtapaluca, por no simpatizar con él y apoyarlo en la campaña política.
Pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador Eruviel Ávila Villegas, protección porque fueron amenazados de muerte por la policía municipal y por el antorchista, Carlos Enríquez Santos.
Igual situación vivieron otras 25 personas que también recobraron la libertad este día, al no comprobarles que cometían delitos electorales
Alumnos de la Normal Indígena de Cherán incendiaron un autobús de una línea privada en la autopista Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de Zirahuén, con el argumento de que el gobierno estatal no ha atendido sus demandas de modificar el plan de estudios que elimine la materia de inglés y sea sustituida por la lengua purépecha o de cualquier otra etnia de la entidad.
Los normalistas tienen retenidos en las instalaciones de la normal de Cherán 16 autobuses que han secuestrado desde hace varias semanas y amenazaron con radicalizar acciones de no obtener respuesta a su demanda.
En tanto, el gobierno del estado condenó los hechos porque aprovechando la coyuntura electoral están provocando a la administración estatal para que resuelva sus demandas, mismas que se circunscriben al ámbito educativo.
El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, afirmó que el Ejecutivo estatal ha estado abierto al diálogo con los estudiantes de las normales en la entidad y en todo momento ha prestado atención a sus demandas, prueba de ello, aseveró, es que se tiene programada para la próxima semana una mesa de diálogo con el secretario de Educación del estado, Armando Sepúlveda López.
El encargado de la política interna de Michoacán subrayó que no es posible llegar a acuerdos con quienes elijan el camino de la desestabilización para obtener beneficios particulares o grupales. Dijo que se aplicará la ley para garantizar el estado de derecho, por ello, hizo un llamado a los estudiantes normalistas a no incurrir en conductas delictivas y no interferir en el libre ejercicio del derecho al voto que los michoacanos esperan hacer valer este domingo.
El autobús quedó totalmente calcinado en parte de la autopista Siglo XXI, adonde arribaron lbomberos y elementos de protección civil a retirar los escombros. En tanto, de las 17:30 horas a las 21, decenas de autos estuvieron varados en esta vía que enlaza Lázaro Cárdenas con Morelia.
Oaxaca, Oax. (pagina3.mx).- Elementos del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Gendarmería de la Policía Federal, han detenido a 88 personas que han sustraído, destruido y quemado papelería electoral en Oaxaca.
Las personas detenidas son integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Frente Popular Revolucionario (FPR), quienes realizaban disturbios en los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, el Puerto de Salina Cruz y en la capital.
La detención fue realizada en un despliegue de seguridad en el que participaron elementos de las fuerzas federales, Seguridad pública Estatal y policías municipales durante los recorridos de vigilancia que se llevan a cabo desde las 06:00 horas de este domingo.
En la capital, integrantes del magisterio y el FPR, se conducían a bordo de dos camiones urbanos que secuestraron y forman parte de la brigada que se dedica a robar urnas y papelería para quemarla como parte de su boicot electoral.
Entre los detenidos hay mujeres y adultos mayores. Los detenidos fueron ingresados al Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública en San Bartolo Coyotepec escoltados por al menos una docena de camionetas de las policías Estatal y Federal, así como camiones del Ejército Mexicano.
Tras ser identificados, fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República, ubicada en Santa María Coyotepec.
De acuerdo con el reporte de la Sedena y Gendarmería, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, se aseguraron a 11 personas; 7 en el Puerto de Salina Cruz y 70 en la capital.
OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- Conforme avanza la jornada electoral en la entidad, las acciones magisteriales se incrementan.
En Juchitán fueron quemadas ocho urnas electorales, otras cuatro en Miahuatlán y dos en Chahuites, con lo que suman 32 casillas incineradas como parte del boicot que realiza la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE).
En el distrito de Teotitlán de Flores Magón, los maestros realizan alrededor de 15 bloqueos en las carreteras 135 y 182 para impedir que avancen los cuerpos de seguridad federales, mientras que en Santa Cruz Acatepec establecieron barricadas con árboles y quemaron llantas.
Anoche los maestros, al desalojar el consejo distrital del INE, establecieron una barricada con un camión de la línea Autobuses Unidos al que le prendieron fuego.
Se informó que en Huautla de Jiménez no se permite el ingreso de los federales y al momento no se han instalado las casillas electorales.
Mientras que en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz fueron quemadas cuatro urnas, unas frente al Palacio Municipal y otras en el crucero de esa población de la Sierra Sur.
Mientras que los cuerpos de emergencia reportan que en Nochixtlán, Huajuapan y Tuxtepec, los maestros realizan marchas simultáneas como acordó su asamblea estatal.
Profesores de la sección 22 de la CNTE se enfrentaron con policías federales y elementos del Ejército Mexicano por el control de seis juntas electorales ubicados en otras tantas cabeceras distritales; de las 11 sedes que ocuparon en días recientes, las autoridades han recuperado ocho y los mentores mantienen en su poder tres.
Uno de los enfrentamientos ocurrió en Huajuapan de León, región de la Mixteca, donde utilizaron piedras, palos y gases lacrimógenos. En la trifulca los federales detuvieron a cuatro habitantes que apoyaban a los maestros y éstos tomaron de rehenes a otros tantos policías.
Tras más de 10 horas todos fueron liberados y los docentes retuvieron el control de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). Hubo más de 30 personas lesionadas de ambos bandos. Los uniformados son atendidos en el hospital del Issste de esa localidad.
En Teotitlán de Flores Magón, región de la Cañada, los sindicalistas colocaron barricadas en la carretera para impedir la llegada de elementos de la Gendarmería, quienes realizaron un repliegue a la espera de nuevas órdenes.
En la ciudad de Tlaxiaco, región de la Mixteca, los mentores mantuvieron el control de la junta distrital número seis; a ese lugar arribaron policías federales, quienes fueron rodeados por unos 2 mil maestros, de acuerdo con testigos un funcionario del INE solicitó a los uniformados que se retiraran ya que ese distrito no solicitó su presencia.
Retiro en Miahuatlán
A la Sierra Sur, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, arribaron fuerzas castrenses, pero los maestros colocaron barricadas para impedir su desalojo de la junta distrital 10; en ese sitio se reportó la quema de dichas oficinas, los mentores detuvieron a una empleada del INE, quien fue entregada a paramédicos de la Cruz Roja y a observadores de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca; por la noche los maestros se retiraron hacia el palacio municipal y los militares tomarion control del local.
En Pinotepa Nacional, en la junta distrital 11, los profesores quemaron mobiliario y al llegar los elementos del Ejército Mexicano se retiraron, por lo que las oficinas fueron entregadas a funcionarios del INE.
En Tuxtepec, región de la Cuenca del Papaloapan, los maestros incendiaron las instalaciones de junta distrital número uno y dos vehículos, pero al llegar las fuerzas federales tomaron el control de las oficinas del INE.
En la región de los Valles Centrales, donde se ubica la capital del estado, policías federales y de la Gendarmería arribaron a la terminal de abastecimiento y reparto de Petróleos Mexicanos ubicada en Santa María El Tule, con lo que se inició la distribución del combustible en 50 gasolineras de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, a cada uno de estos establecimientos se le entregó una pipa con 20 mil litros, pero para que se normalice la situación se requerirá de una semana, informaron funcionarios de la empresa.
En Salina Cruz,, los más de 500 maestros que bloqueaban la refinería Antonio Dovalí Jaime también fueron desalojados por soldados y policías.
La noche del viernes, un grupo de personas armadas con machetes y palos, intentó desalojar a unos 400 maestros que habían tomado la gasolinera del municipio de San Pedro Pochutla, con el argumento de que querían adquirir combustible. Los agresores, identificados por los mentores como simpatizantes de Óscar Valencia, candidato priísta a una diputación, golpearon a los profesores y lesionaron a seis. Una maestra herida fue traslada a un hospital de la ciudad de Oaxaca.
Carta a Lorenzo Córdova
Un comunicado de la Junta Local del INE indica que hasta las 20:30 horas del sábado fueron recuperadas las juntas distritales uno de Tuxtepec, 4 de Tlacolula, 5 de Tehuantepec, 6 de Tlaxiaco, 7 de Juchitán, 8 de Oaxaca de Juárez y 9 de Santa Lucía del Camino, además de la de Miahuatlán, por lo que aún faltan por recuperarse tres inmuebles más.
En este contexto, 24 de los 84 consejeros del INE en Oaxaca enviaron una carta al consejero presidente, Lorenzo Córdova, en la cual piden la suspensión del proceso electoral programado para este domingo al considerar que no existen las condiciones para el proceso, el cual, afirman, se ha militarizado, además de que las instalaciones de los consejos distritales recuperadas se encuentran en condiciones inoperantes.
En el documento señalan que es muy grave que la institución permita el desarrollo de una elección en medio de un cerco militar y policiaco, pues en la entidad existe sicosis por la posible acción de la CNTE y las fuerzas federales, que portan armas de fuego de alto poder.
JUCHITÁN, OAX., (pagina3.mx).- Elementos de la Policía Federal detuvieron esta mañana al líder de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Istmo, Heriberto Magariño, y otros tres maestros más, en el municipio de Salina Cruz; sin embargo, solo Magariño fue remitido a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en ese puerto.
Tras la detención, el magisterio oaxaqueño del Istmo, agrupado también en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), están llamado a sus bases para cerrar carreteras y realizar otras acciones para presionar y las autoridades liberen a su líder.
CHERÁN, Mich., 7 de junio de 2015.- A pesar de las reticencias de los cheranenses para participar en las elecciones de gobernador y diputados local y federal ya se instalaron las seis casillas especiales programadas. Sin incidente alguno, fueron armadas las casillas y abiertas a los ciudadados que deseen emitir su voto. Las casillas especiales fueron instaladas en Aranza, Nahuatzen, Paracho, Quiroga, Los Reyes y Zacapu.
En este municipio se llevaron a cabo elecciones por usos y costumbres el pasado 3 de mayo, lo mismo que en la tenencia de Santa Cruz Tanaco donde se llevó la elección el pasado 26 de abril. Cherán es el único municipio que no participa en la jornada electoral por el ayuntamiento.
Mediante un comunicado posteado en el grupo de Facebook Comité Universitario de Lucha, esta comunidad de desmintió los boletines y gacetillas del gobierno del estado de Veracruz, mediante los cuales éste pretende hacer creer que ya están mejorando los estudiantes hospitalizados para ser atendidos de las graves heridas que les ocasionaron golpeadores vestidos de civil. Expresan que los estudiantes hospitalizados siguen en estado delicado pues a pesar de que: “No hay daño cerebral, eso NO SIGNIFICA que estén bien. Es indignante la forma en que desde el Gobierno del Estado, la SSP, y la Universidad Veracruzana, y los medios de paga insisten en MINIMIZAR el agravio orquestado, deliberado, planeado desde oficinas de gobierno, del que fueron víctimas nuestros hermanos.”
Estos jóvenes son víctimas de la represión que perpetraron golpeadores embozados la madrugada del 5 de junio en un domicilio particular al que ingresaron violentamente para agredir y herir con bates y armas punzo cortantes a ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana. A pesar de que han mantenido en reserva los nombres de las víctimas, se sabe que son estudiantes y que han participado en la defensa de derechos humanos mediante movilizaciones en Xalapa.
Los autores del comunicado del Comité informan lo que han podido saber sobre el estado de salud de los jóvenes víctimas de la represión: “Afortunadamente para ellos -y para quienes somos cercanos a ellos por convivencia, convicciones o corazón- está confirmado que no hay daños ni inflamación del cerebro en los tres que aún permanecen internados en Urgencias del CEM de Xalapa, y eso nos alivia. Eso no fue confirmado sino hasta después de las 7 de la noche del día 5 que les hicieron las tomografías, además de que ni los familiares ni los defensores de derechos humanos que han acompañado el proceso habían tenido acceso a ellos.”
Pero saben que los daños son muy graves pues a agresión fue brutal: “No tienen daño cerebral. ¿Eso significa que están bien? No tienen dientes, sus caras están hinchadas, apenas abren los ojos, la mandíbula de uno dislocada, múltiples heridas, huesos rotos, machetazos en la cara, fracturadas las manos, ¿han visto las fotos?, sin contar el daño psicológico que una putiza de esta clase provoca a su estabilidad mental, a la seguridad emocional, a la poca, poquísima confianza que hay al salir a la calle (y ahora también en nuestras casas) con todos esos cerdos encapuchados patrullando la ciudad. Sí, con armas largas y pasamontañas, como ese grupo de paras que rompieron con la misma bestialidad puertas, muebles, vidrios, dedos, brazos, hombros, huesos y labios, la madrugada de ayer.”
Asimismo expresan su desconfianza en las autoridades locales y estatales porque la agresión se ha dado en un contexto de impunidad sistemática. “No están bien ni estarán bien, porque en este país NADIE va a estar bien mientras exista ese impune ejercicio de poder, el estado de control que se sostiene con la complicidad de todas las instituciones y personas que prefieren “confiar” en las autoridades y no luchar para cambiar las cosas, para TENER justicia, que no es lo mismo que “exigir justicia”.
Por otra parte el Centro Prodh de derechos humanos publicó una Acción Urgente en la que señala: “El Centro Prodh ha tenido conocimiento con anterioridad de actos que han puesto en peligro la libertad de expresión, manifestación, reunión e integridad personal de estudiantes universitarios en Xalapa, Veracruz, de manera que los actos perpetrados el día de hoy en su contra generan, adicionalmente, una profunda preocupación respecto de la situación de respeto, protección y garantía de sus derechos humanos.
“Ante la necesidad de que estas terribles agresiones no queden impunes- continua el Centro Prodh-, expresamos nuestro rechazo:
A la categorización del activismo y la protesta social como foco de desestabilización y con la finalidad de criminalizar a quienes realizan esta importante labor.
A las acciones de represión en contra de los derechos a la libertad de expresión y de reunión en contexto de manifestaciones públicas.
“Asimismo, exigimos de las autoridades competentes:
Una efectiva investigación que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de los actos, y a una efectiva reparación del daño a fin de garantizar que hechos como los ocurridos no se repitan;
Que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal de las víctimas y sus familias y cese el hostigamiento contra estudiantes y activistas.”
La Acción Urgente puede consultarse en el sitio web del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, con el siguiente enlace: ymlp.com/zMhqmU
Este relato está construido a partir de una plática con miembros la familia Del Valle de San Salvador Atenco
I.
Más de 16 pueblos del viejo Lago de Texcoco, desde Chimalhuacán hasta Teotihuacan, pasando por San Salvador Atenco, acaban de ser defraudados por la fundación “Un paso más por México”. Ignacio del Valle cuenta que, al comenzar este año, los delegados de Atenco avisaron a la comunidad sobre la llegada de camiones de cemento, láminas de tejados y cisternas, material de construcción muy necesario en el pueblo; y que lo proporcionaría una supuesta fundación sin fines de lucro llamada “Un paso más por México” a una tercera parte del precio original. Mucha gente salió beneficiada, pero en febrero los delegados vieron que el material ya no era entregado. Pararon el trato, pero sólo en Atenco. Muchas comunidades vecinas siguieron pagando, pero la fundación no respondió por el material. En mayo se juntaron las delegaciones de las comunidades con la gente defrauda y tomaron la decisión de ir a la procuraduría a denunciar el fraude. No les hicieron caso. El 27 de mayo, decidieron tomar de manera intermitente la carretera Texcoco-Lechería para presionar al gobierno. Al quinto día, granaderos estatales se presentan al lugar, confrontando y agrediendo a los inconformes. Esta situación ha causando que una de las consignas en el bloqueo sea no permitir la instalación de casillas este domingo, tal y como lo hizo Atenco en 2003.
II.
En aquel entonces, cuando quedó sin efecto el decreto con el que el presidente panista Vicente Fox pretendía expropiar las tierras campesinas del Lago de Texcoco, los pueblos en júbilo comenzaron a hacerse la pregunta: ¿Qué sigue? Aunque el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México nunca se canceló definitivamente, había ejidatarios que decían: “Ya se acabó. No hay porque luchar. Se cumplió el objetivo. Sigamos con la vida normal”. Pero otra buena parte opinaba: “No se ha acabado. No quitemos el dedo del renglón. Si se pudo echar abajo el decreto, somos capaces de otras cosas pendientes”. Surgió entonces la idea de recuperar, construir muchas cosas que hacían falta en Atenco, en Tocuila, en Acuexcomac, en Nexquipayac. América del Valle relata que las mujeres tuvieron entonces un papel fundamental; expresaban el pensamiento más nítido al decir: “Yo no regreso a mi casa, ¿¡A que me peguen!?” “Ahora, ¿qué hacemos?” “¿Qué hay que tumbar?” Las mujeres ya participaban. Y era importante su voz. También, desde que comenzó la lucha por la tierra, llegaron hasta Atenco campesinos de Chiapas, de Michoacán, de Nayarit; comunidades lejanas. “Daban ganas de llorar”, recuerda América: “Tanta gente, de lo más humilde, que preguntaba: ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le hicieron ustedes?” Incluso, algunas organizaciones plantearon: “ustedes den el rumbo”. Eso le dio al recién conformado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra una responsabilidad tremenda. Atenco no les dio un abecedario, ni un instructivo; pero sí se les contó la experiencia. Aún así, México los vio, ganaron, triunfaron. “Y nosotros no sabemos qué hacer”, confesaban los pueblos lejanos, esperanzados. A esas alturas, estaba claro que Atenco ya no podía volver al mismo sitio.
III.
En tan solo nueve meses (octubre del 2002 al seis de agosto del 2003), el movimiento en defensa de la tierra había transformado a la gente en su conjunto. Doña Lupita decía: “No entiendo de estas cosas, qué es el neoliberalismo, pero sí me quitan la tierra para mis vacas…” “Ahora entendemos a Nacho, y lo que nos decía. Pero hasta que no nos cayó el chahuistle”. América cuenta que también entendieron que no eran los únicos. Que no estaban solos. Y comenzaron a andar de aquí para allá para ver qué problemas hay, con los llanteros en huelga de la empresa Euzkadi, con los estudiantes, con otros campesinos, porque, lo pensaron entonces como ahora: “La solidaridad con un comunicado no basta”. Desde adentro de la comunidad, había un sentimiento generalizado: “Si esta estructura de gobierno nos vendió, traicionó; pues, no funciona”. Se cuestionó al gobierno todo, pero especialmente al presidente municipal priísta, Margarito Yáñez. “¿Cómo va a ser que el Presidente Municipal nos haya entregado?” Históricamente, el pueblo de Atenco había sido priísta. Pero en los pueblos, más que escoger el partido, se escogía a la persona. En los pueblos, nadie se escapa a que se le conozca. Todos los referentes familiares e históricos están claros. Una elección antes de Margarito Yáñez fue ganada por el Partido Acción Nacional (PAN) con un chico de 23 años, que después murió. Al joven le fabrican un fraude. La gente lo defendió. Salvador se llamaba. Después de Salvador, quedó Margarito. Era maestro; le decían el profesor. Tenía simpatía. Sin embargo, a su arribo, empezaron a llegar los rumores: “Ahí vienen los aviones”. Y él decía no. “Ahí vienen los aviones”. Y el negaba todo el tiempo. Para ese entonces se vino la huelga de los estudiantes de la UNAM. Entonces se vislumbraron diferentes posturas en el pueblo; comenzaba la división.
IV.
San Salvador Atenco tiene una vieja tradición de lucha; lucha agraria, lucha campesina, lucha desde su origen como pueblo de buena tierra a la orilla del lago. En 1923, Odilón del Valle encabezó el reclamo de parcelas que tanto tiempo habían trabajo los abuelos de los comuneros y que estaban en manos de la Hacienda Grande. En la década de los años setenta, se conformó Habitantes Unidos de San Salvador Atenco (HAUSA) para protestar en contra del alza a los impuestos catastrales. San Salvador Atenco, pues, tenía un fuerte y recio tejido social; vasos comunicantes, un rebote constante de voces e ideas en defensa de la tierra. Por eso, cuando Fox anunció el decreto expropiatorio, hubo un levantamiento generalizado. Meses antes de que cayera el decreto se le buscó a Margarito Yáñez para advertirle sobre la imagen que de él quedaría en el pueblo. No hizo caso. Ya para entonces, Yáñez había trasladado las oficinas municipales al pueblo atenquense de Ixtapan, de tradición priísta. Todo quedó al desnudo.
V.
Las y los atenquenses vieron en ese instante que no sólo era posible, sino necesario construir otra cosa. Nueve meses permanecieron con la Presidencia Municipal cerrada. Terminado el conflicto, lo natural sería que regresara el Presidente Municipal. “¡No! Aquí nos gobernamos nosotros solos”, así se pensaba, pues seguridad, agua, luz, todo fue administrado por la población. Hasta entonces no había comunicación con el gobierno. Lo cotidiano era la seguridad. La gente vigilaba, hacían rondines, comisiones. Los atenquenses se dieron cuenta que siempre había sido así: “Las escuelas las hacemos nosotros, nosotros pagamos la seguridad, ellos hasta roban”. “El pueblo sostiene sus tradiciones, el pueblo asume sus necesidades”. Entonces se tomó conciencia; entonces, se supo que había que resignificar lo que en la cotidianidad se vivía. Pero también había que construir algo inexistente, al menos pensarlo. En lo concreto no se tenía, no está enunciado; pero en los hechos sí. Ya después vendría el nombre.
VI.
Y entonces los pueblos empezaron a sentarse en reuniones. Y era un sentarse en el auditorio a partir de las seis de la tarde. Y tenían su pizarrón. Y hasta acudían pueblos vecinos como Tocuila y Nexquipayac. “Lo que sigue es ganar la presidencia”, opinaban unos. Y otros contestaban: “¡No!”. “Lo que sigue es ser independientes”. Así saltaban las posturas. Unos proponían: “Hay que entrarle a lo electoral a fuerza el registro”. “¿Y con qué partido?”, se les respondía. “Hay que entrar a la estructura, pero con los nuestros”, decían. “Pero no hay garantía de que no los absorba”, reviraban otros. “Lo más práctico y conocido era por el PRD”, decían unos. Pero otros hablaban del poder popular. Entonces hubo comisiones que investigaban de otros procesos, de Oaxaca, de Chiapas. Y así se pulió la palabra, con la misma palabra de la señora que hacia la comida, del viejito que iba con su sombrero. Y la gente dijo al final: “Pues es como meter una plaga en tu milpa los partidos”.
VII.
Incluso se habló de libertad. Así, directamente. Fue en una asamblea en la cual se definía el rumbo futuro. Tenían un pizarrón garabateado con opciones y combinaciones (Una con partidos. Otra independiente. Otra con registro y después renunciar. Otra que gestionar y que se bajen recursos. Y otra un Concejo Popular). La discusión había durado entre agosto y septiembre. El quince ya estaba definido porque el 25 se decide ir a dejar al Congreso una carta donde se les anuncia que San Salvador Atenco se iba a constituir en Municipio Autónomo. Casi de inmediato surgieron las dudas, el agua, la salud. “Sería como separamos de otro país; sería como dar la espalda”, opinaban. Pero la compañera Martha, de Acuexcomac, respondió: “¿A qué le tememos? ¿A ser libres? ¿Cuántos siglos hemos estado con un grillete y hoy que estamos libres no sabemos qué hacer con nuestra libertad?” Y dijo que no tengamos miedo de tomar la rienda: “Si se cae el pueblo, lo levantamos”. Acababan de echar abajo un decreto expropiatorio presidencial, una obra de todos. “No tengamos miedo a la libertad”, terminó Martha. Todo mundo se quedó pensando.
VIII.
Pero Atenco no estaba libre. 500 habitantes tenían órdenes de aprensión, averiguaciones previas; otros tantos estaban bajo proceso. A la discusión del “qué sigue” se sumaba este elemento. El sentir del pueblo era que si alguien puede ser culpable por defender la tierra, entonces todos eran culpables. No puede haber gobierno y elecciones cuando todo el pueblo está encarcelado, metafórica y literalmente, cuenta Ignacio del Valle. Se consiguió todo el listado. Y cuando el pueblo miró las listas, se enojó más. Algunos hasta decían: “Yo no aparezco, si defendí la tierra, ¿por qué no aparezco?” Una mujer, que siempre salía al frente a las marchas y le gustaban las fotos, al aparecer, preguntó lo contrario: ¿Y yo por qué salgo? Entonces, la lucha también era por echar abajo las órdenes de aprensión. Y por la reparación del daño moral a la familia de Enrique Espinoza Juárez, asesinado por las fuerzas estatales el 11 de julio del 2002 en un enfrentamiento en Acolman. Estos factores y el proyecto de autonomía dio la fuerza para tomar la decisión que se tomó.
XIX.
Y se constituyó el Concejo Popular Autónomo de Atenco. Hasta los pueblos texcocanos de Tocuila y la Magdalena querían pasarse al experimento de Atenco. Cada comunidad hizo su asamblea, eligió a sus representantes. Se logró tener comunicación con el gobierno federal y se desconoció al estatal y al municipal. La población tomó en sus manos el papel de síndico en materias de educación y seguridad, proyectos y alumbrado. Todavía el edil priísta estaba en Ixtapa intentando trasladar la sede municipal. “Como quieran, pero ustedes aquí ya no existen”, respondía la gente. En enero se establecen mesas de diálogo con el gobierno federal. El tema principal era la cancelación de las órdenes de aprensión. Al municipio no le hacía falta mucho; pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente popular Francisco Villa llegaban con material para hacer las faenas; se hacían ferias de la salud con la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Lo que no daba el gobierno llegaba con la solidaridad.
X.
En ese 2003 había efervescencia por las elecciones. Y la posición del pueblo de Atenco seguía siendo: Sin libertad, no hay gobernabilidad; y no hay democracia. No había condiciones. El cuatro de marzo estaban programadas las elecciones municipales, en julio, las federales. Y la consigna seguía repitiéndose: “Sin libertad, las elecciones no van”. En ese entonces surgió la organización de “El campo no aguanta más”. Los ejidatarios de Atenco lograron llegar a un foro sobre el campo donde participaría el Secretario de Gobernación de ese entonces, Santiago Creel. Pidieron diez minutos para hablar con él. Le dijeron que no había gobernabilidad y en Atenco se impedirían las elecciones si no se cancelaban las órdenes de aprensión. El día de los comicios, previa lectura de la ley electoral y código; sabían que impidiendo la instalación del diez por ciento de las casillas se suspenderían los comicios. Antes, la gente convocó a los miembros de partidos al auditorio para decirles que convencieran al pueblo porque sí era necesario votar. Acudieron todos, menos los priistas. Pero no lograron convencer a la gente.
XI.
Esa mañana se realizó una simulación de votación. Y el candidato era un burrito. “Para algunos la comparación no era muy grata, porque dijeron hay que respetar a los animalitos”, recuerda Ignacio del Valle. Las casillas sí se instalaron en lugares donde los simpatizantes de partidos políticos dispusieron. En bloque, la población barrió con las casillas de la cabecera de Atenco y de Acuexcomac. Las demás fueron recogidas de inmediato. No hubo enfrentamiento. Se anularon las elecciones. Lo mismo pasó con los comicios para diputados federales. Finalmente, los atenquenses lograron firmar con el gobierno federal en Chapingo y Toluca un acuerdo con 20 puntos que incluían la soberanía del municipio, educación, empleo, salud. Y lograron, también, que las órdenes de aprensión se mandaran a reserva. Pero nunca se paró el proyecto del aeropuerto, y nunca dejaron de dar dinero, reitera Ignacio del Valle. La estrategia de los gobiernos cambió de la confrontación, a la compra, a la intimidación; y así fue como se prepararon las condiciones para la represión del 2006; y así es como se llega a la reactivación del megaproyecto en el 2014. Pero esa es otra historia…
Aseguran que la manifestación empezó con un retraso de casi una hora y media
Familiares de los 49 niños convocan a una movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo
CIUDAD DE MÉXICO (05/JUN/2015).- La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) informó que familiares de los 49 niños fallecidos durante el incendio de la guardería ABC iniciaron su marcha en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, hacia el Zócalo capitalino.
La SSPDF indicó que la circulación está cerrada sobre Paseo de la Reforma a la altura de París, por lo que la alternativa vial es la avenida Chapultepec.
A través de redes sociales y en algunos medios de comunicación, los familiares convocaron a una movilización el día de hoy que iniciaría a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia y concluiría en el Zócalo capitalino, sin embargo, la marcha empezó con un retraso de casi una hora y media.
Se prevé que el contingente camine por Paseo de la Reforma, se incorporen a la avenida Juárez, después por 5 de mayo, para arribar al circuito de la Plaza de la Constitución.
Paralela a esta movilización, otro contingente marchará en Hermosillo, Sonora, a las 18:00 horas (tiempo local), de la Guardería ABC hacia la Plaza Emiliano Zubeldía.
Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio, Asociación Civil Hermosillo, Sonora
México a 05 de Junio del 2015
MANIFIESTO A LA NACION A 6 AÑOS DE IMPUNIDAD Y SIMULACIÓN
Hoy al igual que hace 6 años, su ausencia, llena de dolor e indignación nuestras vidas y la de todo un país. 25 niñas y 24 niños fallecidos y más de setenta con distintos grados de lesiones, es un crimen imposible de olvidar. Ante ustedes lanzamos el siguiente manifiesto a la nación:
El viernes 5 de junio de 2009, era un viernes común y corriente, sólo con la excepción de vivir un proceso electoral. Se preparaba el debate entre los candidatos a la gubernatura del estado. Se acercaban al momento culminante de las campañas políticas.
Los candidatos punteros se atribuían cada quien la delantera. Entre algunos ciudadanos permeaba la idea que llegara quien llegara, era lo mismo, primos al fin de cuentas, todo quedaría en familia.
Por la mañana en conocido hotel de la ciudad se presentaba un libro que denunciaba los nexos del gobernador con los cárteles del narcotráfico. Más tarde se daría un enfrentamiento entre policías y supuestos sicarios.
Esa mañana llegaron como cada viernes, llenos de júbilo, muchos niños, usuarios de la guardería ABC, dispuestos a gozar de la función de cine y sus palomitas. Se despidieron con un adiós papito, adiós mamita. Con la certeza del reencuentro por la tarde para contar los pormenores de las actividades en la escuelita.
No faltó quien quisiera, no ir esa mañana, y contra su voluntad, arribara a la guardería para que su mamá y su papá pudieran estar tranquilos mientras trabajaban, para eso se creó el servicio de estancias infantiles.
El verano hermosillense se aproximaba con calurosa desesperación. Los 40° se hacían presentes desde hacía ya varios días. Ese viernes, era especialmente caliente, en todos los sentidos.
Después del mediodía, se escribiría la historia que ya todos conocemos, la historia que puso a Hermosillo en todos los noticiarios de televisión de todo el mundo; la historia que marcó a Hermosillo como la capital de la impunidad; la historia del dolor de ver la justicia negada; la historia de la burla de los responsables exonerados; la historia del peregrinar de padres y madres de las víctimas buscando respuesta de las autoridades, la historia de padres, madres y ciudadanos, empujando leyes que garanticen la no repetición de un hecho similar.
Seis años se cumplen hoy de marchar con ustedes. Seis años, durante los cuales, lejos de conseguir la justicia, se han acumulado más agravios con asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones, desapariciones forzadas, feminicidios, despojos de tierras para su explotación por compañías extranjeras, que contaminan y dejan un rastro de destrucción y muerte con la complacencia de las autoridades, y en algunos casos con la participación directa de servidores públicos, policías y ejército, como los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, solo por citar a dos.
Seis años acompañados de ciudadanos consientes, que la justicia no llegará sola, que no será otorgada como una dádiva, como acostumbra hacerlo el gobierno, que la justicia se la arrebataremos, unidos codo con codo, porque es nuestro derecho. Viernes 5 de junio, literalmente se grabó con fuego en la memoria de los ciudadanos de Hermosillo, Sonora, México y el mundo.
A 6 años Justicia tardada igual a Justicia Negada.
Son 6 años ya de simulaciones de parte del estado mexicano, por parte de PGR en 2013 el Procurador Jesús Murillo Karam, ordena “investigar la investigación”, rehacer la investigación ir de principio a fin y menciona la “solidaridad institucional” con los familiares de las 49 víctimas. En otra de muchas declaraciones dice es un tema sensible que interesa al gobierno de la República por ser un asunto paradigmático y de justicia fundamental.
El pasado 26 de mayo un grupo de madres y padres afectados y su abogado fueron recibidos por la titular de la PGR, Arely Gómez González y otros funcionarios, con la finalidad de acordar las líneas de acción. Según comunicados recientes la procuradora se comprometió a profundizar en todas las líneas de investigación, con el fin de conocer la verdad de lo sucedido y deslindar responsabilidades.
Sin embargo, cuando madres y padres integrantes del movimiento 5 de junio solicitaron reunión solo estuvo presente el subprocurador Gilberto Higuera, ya que por cuestiones de trabajo dijeron no estuvo presente la procuradora, siendo la quinta titular de PGR desde 2009 y que a la fecha aún tiene inconclusas sus investigaciones tanto la de oficio de 2009, como la abierta en 2013, esta última teniendo como base la intencionalidad del origen del incendio y restando importancia a el resto de elementos que hemos denunciado reiteradamente y que se mencionó en el informe preliminar de la investigación de violaciones graves de garantías individuales (previstas en el entonces vigente artículo 97 de nuestra carta magna), rendido por magistrados ante la suprema Corte de Justicia de la Nación.
A la fecha no tenemos información que PGR haya ampliado la acción de investigar a esas personas, algunos hoy candidatos o senadores.
Seguimos exigiendo a las autoridades nacionales que realicen su trabajo y a la par estamos denunciando denegación de justicia en instancias internacionales.
A 6 años el juez sigue considerando la clasificación de los delitos Homicidio y Lesiones culposas, es decir la muerte de 25 niñas y 24 niños, “delitos no graves”. Y por tanto los responsables dentro de ellos los dueños de ABC: Marcia Matilde Altagracia Gómez del campo Tonella, Gildardo Urquidez Serrano, Antonio Salido Suarez y Sandra Lucia Téllez Nieves, los dos primeros mencionados ya exonerados de la justicia mexicana.
A Guillermo Padres lo único que tenemos que decirle: ¡Complice! por que durante su mandato hizo caso omiso dentro de su competencia por lograr justicia ABC.
Al gobernador entrante le informamos que aquí seguiremos luchando por justicia.
A Enrique Peña Nieto, le exigimos nuestro derecho de audiencia previsto en el artículo 8 de nuestra constitución, el cuál a la fecha ha sido vulnerado ya que desde 2013 se realizó esta solicitud por escrito y se entregó en los Pinos.
A seis años de Luto y Lucha y conocedores de lo que implica luchar contra un estado fallido y asesino, les extendemos desde Hermosillo sonora, nuestra solidaridad a todas esas madres y padres que han perdido a sus hijos en estancias infantiles, a padres y madres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que viven terriblemente la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos, a todos los habitantes afectados del Ecocidio del rio sonora nuestro apoyo, a los mineros de cananea les pedimos resistencia ante la situación de su lucha…tienen nuestro apoyo, a los trabajadores jornaleros de San Quintín BajaCalifornia y a todos los casos emblemáticos que a pesar del tiempo permanecen presentes aunque el estado mexicano busque lo contrario.
A 4 años de publicada y vigente la Ley General de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como Ley 5 de Junio, seguimos teniendo falta de compromiso del estado para su difusión e Implementación. Pero seguimos adelante impulsando esta importante Ley en beneficio de toda nuestra primera infancia. Por lo anterior en octubre de 2014 acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a denunciar al Estado Mexicano por denegación de Justicia.
Seis años se cumplen hoy; seis años durante los cuales hemos escuchados voces que nos conminan a dejar descansar en paz a nuestros hijos, voces que pretenden que dejemos de luchar, que no lograremos nada con marchar. Por otro lado, voces firmes y solidarias como la del obispo de Saltillo, Don Raúl Vera, nos conminan a continuar en esta lucha con la fuerza que nos infunden nuestros hijos, que con su muerte están generando vida, cuando con el impulso de la Ley 5 de junio que es en su memoria se pretende proteger a todos los niños del país y nos invita a no dejar de luchar.
A 6 años, en esta emblemática plaza agradecemos su apoyo y acompañamiento, que nos motiva y fortalece para continuar en el camino de la búsqueda de justicia. Frente a ustedes y con el corazón en la mano reafirmamos nuestro solemne juramento en todos los idiomas y en todas las lenguas; que resuene por todos los países y por todos los rincones del planeta.
“Aunque nuestros cuerpos se derrumben y nuestra alma decaiga, No descansaremos hasta ver juzgados y condenados por este horrendo crimen a todos los culpables”
“5 DE JUNIO NI PERDÓN NI OLVIDO”
“ABC NUNCA MÁS”
MADRES, PADRES Y CIUDADANOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO A.C www.movimiento5dejunio.org
La Secretaría de Medio Ambiente no muestra su fuerza para castigar a quienes vierten sus desechos en el caudal y son los verdaderos culpables de envenenar el agua, que afecta a miles de personas que viven en los márgenes del río
Según lo que ha dicho por la Semadet, “hay un avance del 32 por ciento en la remediación de detener la contaminación”, algo que duda el ambientalista Raúl Muñoz al explicar que las aguas del río Santiago están tan contaminadas como hace un año.
Sin nada que celebrar en Jalisco por el incremento de muertes relacionadas a la contaminación del río Santiago, sentenció ayer el presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo.
En entrevista con Página 24, dijo que el actuar de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) ha sido a favor de los empresarios que contaminan el cauce del río con total impunidad y no con la ciudadanía que muere por enfermedades que asocian con los desechos que se vierten a las aguas indiscriminadamente.
“Aquí nosotros no tenemos nada que celebrar, es un día que a nivel mundial se recuerda como un ambiente sano, pero aquí al contrario tenemos que refrendar que se atiendan los temas prioritarios”, sostuvo.
“En lo que llevamos de este año hasta el 9 de abril que es nuestro último conteo, llevamos 28 fallecidos, nos preocupa porque son sólo cuatro meses, un tercio del año y esto va en aumento, esto debe de preocuparnos a todos los jaliscienses”, dijo.
–¿Cuántos enfermos llevan contabilizados?
–Dos mil 16 enfermos, de ahí hay que separar 572 con insuficiencia renal, 216 con cáncer, 15 con leucemia y los demás son con diversas enfermedades de tipo respiratoria y de la piel.
–¿Cuál fue el compromiso que se dio con la Secretaría del Medio Ambiente?
–Pues le estamos pidiendo a la comisión estatal que se dé cumplimiento a la macrorecomendación del 2009 para poder tener un diálogo directo con las instituciones a las que se les hace las recomendaciones.
–¿Y en qué porcentaje se ha cumplido?
–Pues según lo que se ha dicho por la Semadet, hay un avance del 32 por ciento en la remediación de detener la contaminación.
–¿Es prácticamente nada?
–Sí, es nada porque a nosotros nos han presentado documentos pero ya físicamente cuando vemos los cauces están altamente contaminados; tenemos una diferencia con esa distribución porque se han enfocado más en limitarse a atender la situación a la altura de El Salto y Juanacatlán, en la cascada, como si El Salto fuera la cabecera; nosotros no estamos de acuerdo en esas limitaciones porque la secretaría tiene un programa para recolectar el lirio que está a al orilla del río y con la trituración los lodos se han incrementado ahí.
–¿Pero el compromiso en concreto de la secretaria del Medio Ambiente, Magdalena Ruiz, cuál fue?
–Pues yo le reclamé que la mitad de la presa de El Ahogado está cubierta con lirio y las descargas de las empresas siguen con total impunidad y no tienen intención de sancionar o de clausurar de manera definitiva o preventiva a ninguna empresa, no tienen disposición de mostrar su fuerza.
–¿Y por qué se da esto, son compromisos económicos?
–Algo hay ahí porque cuando se da el tema se da de inmediato un ataque de ella y se ve que no tiene intención de sancionar a nadie.
–Y de los municipios que están en el cauce del río, hay algunos que no tienen funcionando sus plantas de tratamiento, ¿les dio ella un informe?
–Pues sí, le dije que cuántos de esos municipios tenían funcionando esas plantas; dijo que cinco de Tlajomulco estaban funcionando, que otras de El Salto y pues ahí salimos encontrados en discusión porque en El Salto, sólo hay una y está en la cabecera pero no funciona; a mí que me diga en donde están.
Al momento, no sólo no se ha atendido cabalmente la macrorecomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sino que además, la mayoría de los municipios que están en los alrededores del margen del río Santiago no cuentan con plantas de tratamiento de aguas, en tanto que la Secretaría de Salud se ha negado a realizar el estudio que demuestre si hay relación directa entre la contaminación y las muertes de cientos de personas.
Ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana, 4 hombres y 3 mujeres, están hospitalizados en el Centro de Especialidades Médicas de Xalapa, con heridas de gravedad, huesos rotos, descalabrados y con problemas para mantenerse conscientes, luego de una salvaje golpiza propinada por aproximadamente una docena de hombres que portaban armas largas, quienes los agredieron con bates y palos. La denuncia de los estudiantes dice que los agresores les gritaban: “¡putos chamacos, se los va a llevar la verga!” Según notas de medios locales, basadas en una rueda de prensa de algunos estudiantes, son “cuatro hombres y cuatro mujeres estudiantes de derecho, filosofía, pedagogía, ingeniería, administración, sociología e historia, todos de la Universidad Veracruzana, de entre 19 y 32 años de edad.” Además, según estos medios locales entre los instrumentos de agresión con que hirieron a los jóvenes fueron usados machetes.
La violenta represión ocurrió en el domicilio particular de uno de los jóvenes, muy cerca de la ex unidad de Humanidades de la UV, la madrugada del viernes 5 de junio, cuando los golpeadores embozados allanaron la vivienda donde los estudiantes celebraban el cumpleaños de uno de ellos. Dejaron el lugar desordenado “como si buscaran algo”, robaron los celulares y computadoras lap top de las y los estudiantes y se fueron dejando a los ocho heridos de gravedad con golpes en la cabeza, la cara y el cuerpo. Las patrullas de la policía llegaron después de la agresión a tomar fotos a los agredidos y, según la denuncia de los estudiantes, también los fueron a vigilar personas de civil que se marcharon en un automóvil Pontiac blanco. Los jóvenes gritaban pidiendo ayuda y diciendo: “¡no nos dejen, nos van a matar!”
La salvaje agresión contra estos estudiantes en la más reciente de una larga cadena de hostigamientos, amenazas, intimidaciones, vigilancia policiaca, espionaje, declaraciones de funcionarios y filtraciones según las cuales la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación del gobierno veracruzano tenían en la mira a algunos estudiantes por su activismo en protestas sociales y ambientales, lo mismo que a algunos militantes defensores del medio ambiente.
Los estudiantes han exigido el cese a las agresiones, de las cuales responsabilizan directamente al gobierno veracruzano.
Incluso Nueva York, prohibieron el fracking por considerarlo riesgoso para el medio ambiente y para la salud de la población.
Por Elisa Hernández . Jueves 4 de junio de 2015
Saltillo.- “Lo que está haciendo el Gobierno mexicano, el Gobierno Estatal y el Clúster Minero-Petrolero es ir en contra de una lógica de conservación tanto para el ecosistema como para la especie humana”, expresó Rodolfo Garza, representante de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), organismo que a su vez integra la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Dijo lo anterior tras conocerse la denuncia sobre el uso de la técnica de la fractura hidráulica desde 2003 en nuestro país sin tomar en cuenta el peligro que esta práctica implica para el ecosistema.
Rodolfo Garza recordó que a finales de 2014 ciudades como Denton, Texas, estado americano donde se vive el llamado “boom energético”, pero también otros sitios como el estado de Vermont, en Estados Unidos, incluso Nueva York, prohibieron el fracking por considerarlo riesgoso para el medio ambiente y para la salud de la población.
Mientras que en la Unión Americana, así como en Francia, Bulgaria, Reino Unido, Austria y ciudades de Alemania, España, Suiza, Italia, entre otras naciones, han prohibido el fracking, en México ya se utiliza esta clase de perforación del subsuelo sin importar las consecuencias que supone.
“Nos va a afectar a todos, eso es lo que no entienden, nos va a afectar a todos igual”, advirtió Rodolfo Garza.
El activista informó también que de acuerdo con el último estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos se demuestra la relación directa entre la práctica del fracking y la contaminación de acuíferos poco profundos de agua potable en el estado de Pensilvania.
El representante de AUAS cuestionó al Gobierno mexicano de negarse a aceptar que existe la evidencia documentada sobre los impactos del fracking tanto en mantos acuíferos como en el calentamiento global a través de las fugas de gas metano, así como el desplazamiento de comunidades, entre muchos otros focos rojos.
Todo lo anterior con el único propósito de obtener los beneficios económicos que promete la extracción de gas shale y que por si fuera poco son empresas extranjeras las que podrán participar en esta industria y llevarse así los dividendos.
Por los delitos de Difamación y/o lo que resulte en su agravio, periodistas de la región de Tula acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo para iniciar la averiguación previa 12/DAP/167/2014 en contra de quienes resulten responsables.
Recibidos por el procurador Alejandro Straffon Ortiz, periodistas de distintos medios de comunicación, Guadalupe Rodríguez Cruz, Verónica Monroy Elizalde, Marlene Godínez Pineda y Miguel Ángel Martínez Hernández se querellaron en contra de quien o quienes resulten responsables de hechos ilícitos cometidos en su contra.
EL grupo de periodistas refirieron al procurador Straffon su inconformidad por una serie de ofensas publicadas en panfletos y comunicados distribuidos anónimamente físicamente y a través de las redes sociales en los que se pretende descalificar su trabajo periodístico, por lo que solicitaron al fiscal estatal se investigue para deslindar responsabilidades penales.
Al mismo tiempo, expusieron ante el Ministerio Público que “dichas ofensas han sido producto de las publicaciones informativas realizadas por cada uno de nosotros en los medios en los cuales trabajamos, que han sido elaboradas con estricto apego a los cánones periodísticos que rigen nuestra labor”.
Explicaron que “los comunicados (ofensivos) no solo han sido textos, sino que ya han realizado fotomontajes con leyendas ofensivas y obscenas desde luego falsas hacia nuestras personas causándonos con ello descrédito y daño moral hacia nuestras personas y familiares”.
Finalmente, a través de la PGJEH solicitaron “la intervención de la Policía Cibernética dependiente de la Policía Federal, en concreto de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, así como el esclarecimiento de estos hechos”.
Ante la denuncia, el procurador Alejandro Straffon explicó que “recibimos la denuncia de las y los periodistas y daremos inicio a la investigación correspondiente en el ámbito de nuestra responsabilidad para determinar los delitos ante los que nos encontremos”, finalizó.
Érika Flores
CHERÁN, Mich.- En plena agitación electoral, la comunidad de Cherán, Michoacán, es un municipio peculiar. Aquí ya no existen los políticos; al último de ellos, el exalcalde Roberto Bautista, no se le vio más desde 2007, por lo que desde ese año se inició su extinción.
Regido por el sistema de usos y costumbres, Cherán, en la zona de la meseta purépecha, es el único municipio del estado donde no habrá elecciones el próximo domingo. Por eso, recorrer sus calles y avenidas principales es un deleite a la vista: sin propaganda, sin candidatos, sin partidos políticos. Los mensajes inscritos en las bardas públicas son tajantes. “Partidos ojetes, Cherán no es un juguete”.
Los cheranenses fundamentan sus resoluciones: en 2007 sus políticos se coludieron con el crimen organizado, permitiendo extorsiones y la entrada de talamontes que, clandestinamente, afectaron los bosques, que consideran sagrados. Pidieron ayuda al alcalde y al gobernador, pero nadie llegó. Por eso, desde abril de 2011 determinaron regresar al sistema de usos y costumbres, con el que se rigen hasta hoy, solucionando de manera colectiva todo lo relacionado con seguridad, economía y obra pública, etcétera.
“La democracia no es exclusiva de los partidos políticos, es del pueblo; así lo dice el artículo 39 constitucional”, refiere Salvador Torres, profesor e integrante de la comisión de enlace de Cherán con el Instituto Electoral de Michoacán. “No se van a instalar las urnas el día 7. No es que no queramos a los partidos definitivamente, sino que la democracia está en crisis”, argumenta.
Aún recuerdan cómo vivían en el sistema de partidos. “Eran muy convenencieros, solo los militantes tenían derecho de pedir y nos alejaban de nuestras costumbres. Por aquí estuvieron Cuauhtémoc Cárdenas, Silvano (Aureoles), Cristóbal Arias… mucha gente que venía ¡y se les atendía muy bien! Porque la gente echaba la casa por la ventana”, recuerda Sebastián, profesor de educación física que también pertenece a la comisión.
Adelante, pero sin propaganda
Ahora son más unidos en Cherán, dicen, porque eligen quién los guía como comunidad. Describen una vida tranquila en la que se terminaron las extorsiones, robos a casa, amenazas, incendios y despojos del bosque. “Ahora puedes andar todo el día en la calle gracias a que la comunidad llegó al acuerdo de retomar la ronda tradicional de seguridad”. Y eso incluye prohibir el paso a políticos y propaganda.
Miguel Ángel Aguilar Avilés, candidato panista a síndico suplente en Nahuatzin, lo vivió en carne propia cuando el lunes pasado —a la entrada del pueblo— la guardia comunitaria le impidió el paso porque su vehículo llevaba propaganda de Acción Nacional en el medallón trasero.
“Les dije que no les afecta porque es de Nahuatzin, no traigo propaganda del gobierno ni nada; les expliqué que yo vengo solo a promover algunas cosas de mi negocio, pero dicen que no”, resume el aspirante.
Pese a ello, los guardias acceden, siempre y cuando cubra el anuncio blanquiazul. Pero Miguel Ángel no lo pudo despegar. Por eso el candidato rompió una bolsa de plástico, la pegó sobre el vidrio y entonces la pluma se levantó en señal de aprobación. “Se les respeta porque aquí es donde se ve la unidad del pueblo”, dice el candidato antes de irse.
Ante usos y costumbres
Elvia Higuera, consejera electoral del IEM, enlista las medidas que el instituto debió tomar en apego al gobierno de usos y costumbres en Cherán, mismo que fue respaldado por el Tribunal Electoral Federal.
“Aquí el padrón es de 12 mil a 13 mil personas, de las cuales solo votaba la tercera parte; es decir, poco menos de cinco mil. Este número de votos en realidad no impactan en el resultado de la elección. Este año la papelería electoral para Cherán fue destruida hace unos días; incluso los habitantes dejaron de usar credencial de elector, porque en realidad no la utilizan, todos se conocen y saben quienes son”, explica.
Otros municipios han expresado su deseo de seguir el ejemplo de Cherán, aunque formalmente solo lo logró Pichataro, una comunidad adscrita a Tingambato. Este miércoles el IEM informó oficialmente que no se instalarán allí las casillas, que recabarían un promedio de dos mil 500 votos.
Paradójicamente, en Cherán un pequeño grupo de 400 habitantes solicitó por escrito regresar al sistema de partidos políticos para celebrar elecciones. Pensando en ellos, el IEM evalúa colocar una casilla especial afuera de Cherán, en la población de Santa Cruz Tanaco.
“Es que no podemos imponerles una casilla, porque eso causaría un conflicto social innecesario. Y la realidad es que Cherán se resiste determinantemente al sistema de partidos políticos y candidatos, argumentando que están relacionados con la delincuencia organizada. En mi opinión, los partidos deben revisar por qué ese rechazo de la sociedad y preguntarse cuándo dejaron de atender la confianza ciudadana para responder a intereses políticos”, consideró Higuera.
El profe Sebastián se muestra abierto. “Si alguien quiere salir a votar el domingo, lo puede hacer. Pero aquí no, no en la comunidad”, responde tajante. Y precisa que, aunque todavía hay en Cherán quien desea convertirse en político, la realidad es que el aspirante termina yéndose de la comunidad para lograr su meta en otro lado, o bien, abandona su anhelo para dedicarse a otra profesión.
Los cheranenses saben que no tienen representación ante el congreso ni en el gobierno estatales, pero eso no les preocupa. “No existen los políticos, pero sí la política para querer organizar, construir y tener la posibilidad de decidir con esa participación, las pequeñas acciones que pueden ser mucho para todos”, resume el profe Salvador.
A la salida de Cherán inicia el camino a la política. Y es fácil identificarlo, porque solo hay que seguir los innumerables pendones, mantas y bardas de propaganda que inundan el camino de los poblados vecinos.
El gobierno mexicano tiene planes de construir una mega-represa en el Río Verde, en Oaxaca, México. La pared sumergiría toda la comunidad de Paso de la Reina, un pueblo de 500 personas. En respuesta, la gente ha establecido un bloqueo permanente en el único punto de entrada. Aquí está su historia.
Catorce organizaciones civiles dedicadas a la protección del medio ambiente se reúnen para mostrarse en contra de la construcción de 47 kilómetros de carretera y la corrección de 14 curvas en la Sierra Fría. Argumentan que dicha obra presentada ante Semarnat carece de un diagnóstico y descripción real, además de una deficiente evaluación del impacto que ésta traerá al medio ambiente; ante tal situación exigen la cancelación definitiva del proyecto.
El Colegio de Biólogos de Aguascalientes, Conciencia Ecológica de Aguascalientes, IMEPP, SOS Mezquitera La Pona, Guardias Ambientales, Consultoría Jurídica Ambiental Castillo y Asociados, El Mezquite, Semillas en Concreto. Movimiento Ambiental, ECOSISTÉMICA A. C., Águila Real Mexicana, Aguas con la Bici, Mujeres Pedaleando y Equidad y Medio Ambiente A. C. manifestaron su preocupación por la obra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Aguascalientes pretende realizar dentro del Área Natural Protegida Sierra Fría, la que cuenta con un decreto de protección tanto federal como estatal.
Amenazan con que en caso de no dar marcha atrás al proyecto, interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso pretenden iniciar un juicio de nulidad.
Señalan que dicho proyecto, de llevarse a cabo, desencadenará impactos socio-ambientales, entre los que se enlistan la fragmentación del hábitat, atropellamiento de fauna silvestre, rápida urbanización del área protegida, atomización de la tenencia de la tierra, afectación de los pobladores y pequeños propietarios de la zona, entre otras afectaciones.
Destacaron, además, que se pondría en riesgo los servicios ambientales que provee la sierra a los ciudadanos de Aguascalientes, atentarían contra la principal fuente de recarga del acuífero y abastecimiento de los principales embalses del estado y afectaría severamente los ecosistemas que albergan la mayor biodiversidad.
Recalcan que están convencidos de que no hay una justificación técnica, científica, ambiental, económica ni social para la realización de esta obra.
Para terminar, consideran que este proyecto no traerá al estado ningún beneficio, por el contrario, pondrá en grave riesgo los servicios ambientales que actualmente proporciona la Sierra Fría.
Este trabajo es producto de una visita en marzo de 2015, en la que se realizaron entrevistas a integrantes de la tribu. Con el material de las entrevistas más el resultante del trabajo de investigación, presentamos una publicación dividida en dos capítulos. El primero, se refiere a la historia del pueblo yaqui, una historia de lucha y transformación y el segundo, se basa en la lucha que actualmente libran por defender su río, y con él, la supervivencia de la tribu. Estos dos capítulos están acompañados de algunos videos elaborados con fragmentos de largas y ricas entrevistas donde es la cosmovisión yaqui la que construye el discurso. Agradecemos mucho por la oportunidad de escuchar y conocer esta historia que no acaba.
Primero yaquis, luego mexicanos
La Tribu Yaqui esconde una historia de lucha y resistencia que se ha desarrollado de manera paralela a la historia de México. A pesar de haber estado presentes desde el momento en que llegaron los españoles, haber sido de los territorios evangelizados por los jesuitas, y haber presenciado el porfiriato y la revolución, su historia difiere enormemente de la que se asume como la unificadora de este país, y conocerla permite comprender la importancia de la lucha que libran hoy día, ya no frente a un ejército, sino frente al despojo de recursos que golpea indistintamente.
Habría que comenzar por conocer un poco de la cosmovisión de la Tribu Yaqui sobre su origen, con la que se explica la íntima relación que tienen con su territorio, su entorno y los seres vivos con quienes los comparten.
Cuentan que hace miles de años, los surem, humanos pequeñitos que habitaban el territorio yaqui, estaban en busca de agua, pues aún no existían los grandes ríos y un fuerte periodo de sequía golpeaba el territorio. Al pasar el tiempo y ante la desesperación, pidieron ayuda a distintas aves para que fueran al cielo a pedir agua al señor de la lluvia, pero éstas no lo lograron y entonces un sapito se ofreció para hablar con él a nombre de todos los seres vivientes. El sapito consiguió que lloviera tanto que con el agua se formó el gran río Yaqui y los surem, al ser bautizados con esta agua se hicieron grandes y fuertes, convirtiéndose entonces en yaquis.
Historias como ésta explican el origen mítico del principio de cuidado del yoreme (pueblo), entendiendo este término como una mezcla entre las personas y el territorio, sin distinción o superposición jerárquica. Es gracias a este principio tan sólido al interior de la tribu que la lucha por su identidad se ha mantenido a lo largo de los siglos, por ello tanto empeño en defender sus costumbres y sus tierras. Este principio protector se ha transmitido de generación en generación, y con él, el orgullo de ser yoreme y de defender a la colectividad de igual forma que a la tierra, a los ríos, a lo que de ella se cosecha. A través de la lengua yaqui se expresa esta identidad y se transmite entre las familias y entre los ocho pueblos de la tribu, por lo que constituye no sólo un vehículo de comunicación, sino sobre todo un elemento de permanencia y reproducción identitaria. Durante más de cinco siglos, la defensa de su lengua y su territorio, ha sido una constante obligada.
La tribu yaqui. Una historia incansable de lucha y resistencia. Capítulo I
4 junio, 2015
Agencia SubVersiones 4 junio, 2015
Por Elis Monroy y Heriberto Paredes
Este trabajo es producto de una visita en marzo de 2015, en la que se realizaron entrevistas a integrantes de la tribu. Con el material de las entrevistas más el resultante del trabajo de investigación, presentamos una publicación dividida en dos capítulos. El primero, se refiere a la historia del pueblo yaqui, una historia de lucha y transformación y el segundo, se basa en la lucha que actualmente libran por defender su río, y con él, la supervivencia de la tribu. Estos dos capítulos están acompañados de algunos videos elaborados con fragmentos de largas y ricas entrevistas donde es la cosmovisión yaqui la que construye el discurso. Agradecemos mucho por la oportunidad de escuchar y conocer esta historia que no acaba.
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Primero yaquis, luego mexicanos
La Tribu Yaqui esconde una historia de lucha y resistencia que se ha desarrollado de manera paralela a la historia de México. A pesar de haber estado presentes desde el momento en que llegaron los españoles, haber sido de los territorios evangelizados por los jesuitas, y haber presenciado el porfiriato y la revolución, su historia difiere enormemente de la que se asume como la unificadora de este país, y conocerla permite comprender la importancia de la lucha que libran hoy día, ya no frente a un ejército, sino frente al despojo de recursos que golpea indistintamente.
Habría que comenzar por conocer un poco de la cosmovisión de la Tribu Yaqui sobre su origen, con la que se explica la íntima relación que tienen con su territorio, su entorno y los seres vivos con quienes los comparten.
Cuentan que hace miles de años, los surem, humanos pequeñitos que habitaban el territorio yaqui, estaban en busca de agua, pues aún no existían los grandes ríos y un fuerte periodo de sequía golpeaba el territorio. Al pasar el tiempo y ante la desesperación, pidieron ayuda a distintas aves para que fueran al cielo a pedir agua al señor de la lluvia, pero éstas no lo lograron y entonces un sapito se ofreció para hablar con él a nombre de todos los seres vivientes. El sapito consiguió que lloviera tanto que con el agua se formó el gran río Yaqui y los surem, al ser bautizados con esta agua se hicieron grandes y fuertes, convirtiéndose entonces en yaquis.
Historias como ésta explican el origen mítico del principio de cuidado del yoreme (pueblo), entendiendo este término como una mezcla entre las personas y el territorio, sin distinción o superposición jerárquica. Es gracias a este principio tan sólido al interior de la tribu que la lucha por su identidad se ha mantenido a lo largo de los siglos, por ello tanto empeño en defender sus costumbres y sus tierras. Este principio protector se ha transmitido de generación en generación, y con él, el orgullo de ser yoreme y de defender a la colectividad de igual forma que a la tierra, a los ríos, a lo que de ella se cosecha. A través de la lengua yaqui se expresa esta identidad y se transmite entre las familias y entre los ocho pueblos de la tribu, por lo que constituye no sólo un vehículo de comunicación, sino sobre todo un elemento de permanencia y reproducción identitaria. Durante más de cinco siglos, la defensa de su lengua y su territorio, ha sido una constante obligada.
Siglos de lucha y resistencia
Un siglo después de decretada la independencia de México, ocurrió la época más violenta para la tribu. La Guerra del Yaqui, contra los soldados mexicanos antes y durante el porfiriato duró décadas. Esta guerra, que comenzó buscando el despojo del territorio de la tribu, se convirtió en un etnocidio que se extendió hasta empezada la revolución. Durante el porfiriato, miles de yaquis fueron deportados a Valle Nacional, Oaxaca y a las haciendas henequeneras de Yucatán, donde eran vendidos como esclavos. La resistencia yaqui ocurrió de diferentes formas. Por una parte, los que habían sido deportados permanecieron fieles a sus costumbres y tradiciones; quienes se escondieron en la sierra, los yaquis broncos, siguieron luchando contra el ejército; y otros más migraron a Estados Unidos y desde allá enviaban armamento y alimentos para sostener la subversión de la tribu en contra del gobierno mexicano.
En 1911, los líderes de los ocho pueblos yaquis se reúnieron con el recién elegido presidente Francisco I. Madero y consiguieron la liberación de todos los yaquis de las haciendas henequeneras. La tribu organizó una comisión especial para que fuera a Mérida en busca de los miembros de la tribu que habían sido esclavizados. Sin embargo, la inestabilidad del país impidió que su regreso fuera inmediato. Poco a poco, grupos de yaquis fueron regresando al territorio en busca de sus familias.
En 1913, con el asesinato de Madero, los yaquis se involucraron en las revueltas y negociaron su participación en el conflicto armado a cambio de que se les respetaran sus tierras. Sin embargo, hasta 1940 Lázaro Cárdenas, el entonces presidente, les reconoce –por decreto presidencial– 485 mil hectáreas como su territorio y basándose en la capacidad productiva de este, es decir en las 75 mil hectáreas que se sembraban para abastecer a las misiones jesuitas, les reconocen también como acreedores del 50% de la capacidad de la presa La Angostura.
Como es de esperarse, la resistencia y lucha por su autonomía no se detuvo ahí. De una manera tal vez más silenciosa, la tribu ha tenido que enfrentar las acciones de los gobiernos estatales y federales que poco a poco diezman la calidad de su territorio y ponen en peligro su autodeterminación. Dos presas más, la del Novillo y Oviachic, cada una con capacidades de casi el cuádruple que la de la Angostura, redujeron drásticamente la capacidad productiva de las tierras a casi una cuarta parte de lo que se sembraba en siglos pasados. Por otra parte, la falta de empleo y la migración a Estados Unidos como consecuencia, así como la presencia de grupos de narcotráfico y crimen organizado son una amenaza constante para la tribu.
La actitud de los distintos gobernadores que han pasado por el estado de Sonora, como el empresario Eduardo Bours y el actual gobernador, Guillermo Padrés, no difiere mucho de la de Porfirio Díaz: desprecian a la tribu, se burlan de su lengua y sus costumbres y pretenden su extinción para despojarlos por completo de las tierras y los recursos naturales de los que son guardianes.
Actualmente, los yaquis enfrentan una lucha jurídica en contra del Acueducto Independencia, que con el pretexto de dotar de agua a la ciudad de Hermosillo, pone en un riesgo fatal su supervivencia.
Guadalupe Victoria, Dgo.- Personal docente, administrativo y de apoyo del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos (ITSRLL), acompañados por los estudiantes, recorrieron las principales calles de la cabecera municipal, en lo que ellos llamaron una manifestación pacífica con la finalidad de ser escuchados por parte de la autoridad competente y les proporcionen mejores condiciones laborales, donde se destaca la seguridad social.
“Queremos que nuestro mensaje llegue a la autoridad, porque estamos solicitando mejores condiciones laborales, por lo que tomamos la decisión de realizar esta manifestación pacífica”, palabras del líder sindical, Óscar Daniel Hernández, al tiempo que descartó que se trate de algún tipo de huelga.
El recorrido comenzó en las instalaciones del ITSRLL a las 12:00 horas y culminó frente al Palacio municipal 90 minutos después; el trayecto lo realizaron de oriente a poniente por la calzada José Ramón Valdez, entrando al mercado municipal y retomar la calzada, para dirigirse a las instalaciones de la Oficina Regional Administrativa Educativa (ORAE) y retornar por esta zona, rumbo a la Presidencia municipal.
Fernanda Sosa, titular de la ORAE, recibió un documento con sus peticiones, pero aclaró que dicha dependencia de gobierno tenía la responsabilidad de escuelas de educación básica, “buscaremos hacer llegar este documento a Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación”.
Por su parte, el alcalde,Marcial García, también recibió una copia del mismo, al tiempo en que mencionó su deseo de llevarlo a la autoridad superior.
Dentro de las peticiones se destaca, tener seguridad social, aspirar al derecho de una casa, ahorro para su retiro, atención medica de calidad, estabilidad laboral, estabilidad salarial, salarios dignos y apoyo al crecimiento del plantel en todos sus ámbitos.
Finalmente, algunos docentes y alumnos que se sumaron a la marcha pacífica descartan que el tema lleve fondo político y que de ninguna manera busquen entorpecer el proceso político del próximo domingo 7 de junio, donde se habrán de realizar las votaciones a diputado federal.
Sobre estas peticiones un documento muestra que las peticiones realizadas, muestran el trabajo educativo que en el plantel se han realizado: lugares nacionales en concurso de innovación tecnológica; certificados de calidad a los que se han hecho acreedores; y lograr la acreditación de todas las carreras que se imparten en el ITSRLL.
México, D.F, 4 de Junio. El Colectivo Pan y Rosas México se reunió la tarde de este miércoles, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para denunciar la discriminación y los feminicidios en contra de las mujeres.
Alrededor de las 17:30 horas manifestantes de diferentes organizaciones sociales y estudiantiles, se reunieron en el Ángel de la Independencia para expresar su inconformidad por los asesinatos de mujeres que se han incrementado en diferentes lugares como Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California.
“¡Ni una menos!”, se coreaba entre los asistentes. Se denunció la omisión por parte del estado en estos hechos, cuyas exigencias es que se les de la gravedad y seriedad que se requiere para que con estos feminicidios se promuevan políticas eficaces de prevención, asistencia y erradicación de la violencia de género.
“La impunidad prevalece en todo este país. El gobierno asesina, es culpable de todos los hechos violentos. No sólo son los 43 si no que son muchos más, son mujeres, niñas, estudiantes o luchadores sociales, pero a todos asesina por igual”, Daniela de Pan y Rosas.
Se contó con la presencia de Norma Andrade fundadora e integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, madre de Alejandra García Andrade, desaparecida en 2001.
“No sólo es en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino que es todo México. Es muy grave lo que pasa con nuestras hermanas, madres o hijas. Es una pifia con la cual nos quieran engañar, entregándonos trozos de huesos, pues ni la osamenta completa nos dan. Es absurdo que se tengan 11 detenidos de estos hechos y aún sigan desapareciendo a nuestras hijas; no es posible que no se les acuse a estas personas, ya que leyendo los expedientes algunos, por no decir todos, contaban con ocho años cuando ya participaban en estos delito eso es de no creerse”, puntualizó Norma Andrade.
#NiUnaMenos tiene como meta lograr que se tipifique este delito en todo México ante la emergencia de violencia sexual y de género que prevalece actualmente, que se castigue a los servidores públicos que hacen caso omiso de estos hechos, que se ataque y se combata desde el propio estado donde se cometa este delito.
“Mi hija fue desaparecida en el 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la fiscalía de ahí sólo me entregó un huesito y me dijo que ya le habían practicado dos pruebas de ADN y que era mi hija. Hace unos días llegue a la Cuidad de México para denunciar este hecho, ya que no me parece justo que con tanto tiempo que desapareció mi hija y de supuestas investigación, solo me entreguen algo así”, finalizó José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, desaparecida en mayo 2009.
No sólo en México se convocó a esta movilización, fue en diferentes países de América Latina (AL), como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, todos con un solo eje: defender la vida y la discriminación hacia las mujeres y repudiar la violencia de género en todas sus formas.
Por último, se mencionó que organizaciones sociales han documentado que en México se asesinan a siete mujeres al día y se les criminaliza por este hecho. 3 mil 892 mujeres fueron asesinadas entre 2012 y 2013, de éstos, unicamente 613 fueron casos investigados como feminicidios.
Aunque no precisó cuántos casos de padecimientos por plomo y arsénico en la sangre hay, el secretario de Salud Francisco Javier Posadas Robledo admitió que encontraron en estudios, casos de niños vecinos de la actividad minera, con plomo en la sangre y problemas para generar glóbulos rojos. Los casos cuyo número no precisó, forman parte de un estudio practicado a 300 niños que viven cerca de las zonas mineras de Villa de la Paz y Cerro de San Pedro, donde opera Minera San Xavier.
Aclaró que cuando es más grave el daño, pueden presentarse problemas neurológicos, pero ello no ha sucedido hasta ahora.Recientemente fue publicado un estudio difundido por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, donde tan sólo por la actividad minera de Cerro de San Pedro, el análisis arrojó 13 niños con algunas concentraciones de plomo y arsénico. Incluso en los estudios monitorean la presencia de flúor.
Aclaró que sí han encontrado contaminación por metales pesados “en algunos mantos” pero no han representado grave riesgo a la salud.
Con esta construcción se ven afectadas 40.000 personas y 1900 ejidatarios
por Perseo Greco Junio 3, 2015
México, D.F, 3 de Junio.- El Movimiento Lucha Agraria Coscomate Durango se reunió este 2 de junio en conferencia de prensa, para manifestar su desacuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (SCT) por la autorización y construcción de la Autopista Durango-Mazatlán. Los ejidos afectados con esta supercarretera son la comunidad Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, La victoria, San Antonio, entre algunos más. Este conflicto se dio desde hace seis años cuando la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes permitió lo que sería el corredor interoceánico entre el Golfo y el Pacifico sobre suelos comunales y ejidatarios.
Denunciaron que fueron presionados para firmar y aceptar esta obra en convenio de ocupación, y nunca establecieron el costo de pago por dicha expropiación. Mencionaron que en este tiempo se han violado sus derechos humanos y sospechan que las autoridades actuaran en contra de los integrantes o representantes de esta organización que se opone al proyecto. Con esta construcción se ven afectadas 40.000 personas y 1900 ejidatarios que oscilan entre los 60 y 90 años.
El juzgado colegiado vigésimo quinto de Durango ordenó que se entrara al análisis de fondo en esta situación, ya que la privación de estas tierras no es la única ilegalidad si no también los montos que se quieren pagar por ellas, que son muy inferiores a lo establecido por la ley. “Queremos que nos paguen lo justo, no la ofensa que nos han hecho con comprarnos nuestras hectáreas a 4,000 pesos o con los 500,00 pesos que les pagaron a los ejidatarios de San Miguel del Carrizal en Sinaloa, los cuales colindan con nuestros ejidos.
El 17 de octubre del 2013 el Presidente Peña Nieto inauguró la caseta que es la más cara, pues se cobra 243 pesos por automóvil y hasta 1,000 pesos por tráiler, de los cuales nosotros no hemos visto ni un peso a pesar de que legalmente son nuestras tierras. Es por eso que en rechazo los afectados realizamos un campamento permanente, donde se levantó una pluma de la caseta de Coscomate en la cual hoy cumplimos 44 días de estar ahí protestando”, puntualizó integrante del Movimiento Lucha Agraria Coscomate Durango.
Para finalizar, se mencionó que la SCT gastó en esta infraestructura la cantidad de 30,000 millones de pesos y a los ejidatario se les ofrece la cantidad de 4,000 pesos por su hectárea.
Villahermosa, 3 Jun (Notimex).- Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra incendio del sector Ductos de Cárdenas y de Nuevo Pemex trabaja en el control de un incendio en el gasoducto Cactus-San Fernando, en el municipio de Huimanguillo.
En un comunicado, Pemex señaló que el gasoducto se encuentra en el tramo Estación 1 Cárdenas-Las Choapas, en las inmediaciones del poblado C-40, “presuntamente provocado por una toma clandestina”.
Añadió que como medida preventiva, la zona es resguardada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Física de la empresa productiva.
Puntualizó que el ducto se ubica en una zona despoblada, por lo cual no se reportan lesionados ni afectaciones a terceros, y en cuanto el producto remanente en el ducto se consuma se procederá a la reparación correspondiente.
Por repartir volantes en la colonia Zapata, esta tarde fueron detenidos tres integrantes del movimiento ciudadano “Por una Cholula Viva y Digna”.
Se trata de Salustino Antonio Solís, Carlos Formacio y su esposa, quienes fueron detenidos por la policía municipal de San Andrés Cholula.
De acuerdo con integrantes de la asociación los presuntos detenidos habrían sido trasladados a las instalaciones del complejo de seguridad pública de San Andrés Cholula.
Por su parte Cholula Viva y Digna, convocó a través de redes sociales a la población a reunirse en el curato de la parroquia de San Andrés, para exigir la liberación de los detenidos.
Hasta el momento el gobierno de Leoncio Paisano Arias no ha fijado una postura al respecto.
En octubre pasado dos miembros de esta misma asociación fueron detenidos y encarcelados en el penal regional de Cholula, por encabezar movimientos sociales en contra de la construcción de un complejo turístico en el sitio arqueológico.
Trabajadores de planta aeroespacial estadunidense, ocupan instalaciones en Zacatecas
Trabajadores de la empresa Triumph Group, tomaron las instalaciones de la fábrica ubicada en Zacatecas, en exigencia del derecho a la libre organización y a la reinstalación de los obreros despedidos. La empresa con sede principal en Estados Unidos, tiene 44 dependencias en todo el mundo, con miles de empleados en precarias condiciones laborales.
El pasado mes de marzo, todos los trabajadores de la planta ubicada en Zacatecas, ocuparon la fábrica en protesta contra los sindicatos patronales que no trabajan por el bienestar de los obreros, informó la Izquierda Diario. Al menos 22 trabajadores fueron despedidos después de que decidieron afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Según el medio, el salario de los trabajadores está alrededor de los tres mil 500 pesos, sin derecho a ninguna bonificación o aguinaldos. Este viernes 29 de mayo, los obreros bloquearon los accesos a la planta, con el fin de evitar la salida de camiones con material que sería transportado hacia Estados Unidos.
Habitantes de la región se sumaron a la exigencia de los trabajadores, que han recibido amenazas, agresiones por parte de la policía y a una parte de ellos se les negó el pago del salario.
Xalapa, Ver.- El gobierno federal junto con el estatal han metido a Veracruz en un “tobogán de catástrofes ambientales” con la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante al técnica del fracking en 2.2 millones de hectáreas ofertadas regaladas al gran capital principalmente extranjero, deploraron en rueda de prensa integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (Lavida).
En la zona norte del estado de Veracruz, “la reforma energética inició ya desde hace 10 años”, indicaron los activistas en defensa ambiental, pues operan ya 340 pozos con fracking entre Papantla y Poza Rica.
Leticia Valenzuela, Emilio Rodríguez, Guillermo Rodríguez Curiel, Julián Ramírez, integrantes de Lavida, señalaron que la política de los gobiernos federal y estatal opera a favor de las corporaciones multinacionales depredadoras de la naturaleza, ejemplo de ello son las llamadas “reformas estructurales”, que despojarán a todos los seres vivos de los bienes naturales y comunes.
El despojo y destrucción ambiental se acentúa con las hidroeléctricas, gasoductos, infraestructura carretera, monocultivos, ampliación del puerto, contaminación de aire, tierra y agua, y, por supuesto, “con la gran locura que urge frenar: el fracking”.
Ante este panorama poco alentador en el estado de Veracruz, por los intereses particulares que se están privilegiando por encima del bien común y de la vida, organizaciones civiles de la Huasteca, Totonacapan y Sierra de Santa Martha realizarán el Primer Encuentro Regional Norte-Golfo por la Defensa del Agua y del Territorio Frente a Proyectos de Muerte, que se realizará en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Papantla, el 20 y 21 de junio.
Y es que Emiliano Zapata se ha llamado el primer pueblo libre de fracking, debido a la resistencia social de los habitantes a los proyectos ecocidas que ya han generado daños en la zona norte del estado y que no han sido reparados, refirieron.
“Esta política es destructiva del bien común, por lo que las organizaciones comunitarias hemos acordado defender a nuestra madre tierra, pues sólo así habrá vida segura para las presentes y futuras generaciones”
Miércoles 3 de junio de 2015, p. 33
Hermosillo, Son.
Unas 600 personas –entre mineros y habitantes de la región del río Sonora– tomaron ayer los principales accesos a la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, y advirtieron que no se retirarán hasta que se indemnice a los 23 mil afectados por la contaminación que ocasionó la minera a ese cauce. Exigen también la reinstalación de 800 trabajadores despedidos hace seis años. Durante la protesta, policías federales y elementos de seguridad de la empresa lanzaron piedras y lesionaron a dos trabajadores.
Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que desde 2009 pelea la titularidad del contrato colectivo de trabajo, explicó que la protesta se inició el martes a las 7 de la mañana.
“Tomamos las puertas durante la mañana, por la tarde todo estaba un poco más tranquilo, hubo enfrentamientos con los federales, heridos de ambas partes, no sé cuántos hayan sido de ellos”, expuso Sergio Tolano. Señaló que los mineros contaron con el apoyo de habitantes de los municipios afectados por la contaminación.
Los inconformes plantean quedarse hasta que se reconozca su representación y se permita que los desempleados retornen al trabajo.
Señaló que actualmente hay unos mil 600 trabajadores en esa mina, propiedad del Grupo México, cuyo principal accionista es Germán Larrea, quienes pueden continuar laborando, pero tienen que rodear el camino, salir del pueblo e ingresar por otra puerta, lo que les lleva de 40 a 50 minutos. Los que laboran actualmente están afiliados al sindicato minero y a la Central de Trabajadores de México.
Piden remediar contaminacón
La otra finalidad de la protesta es que se remedien los daños que provocó la minera con el derrame de 40 millones de litros de lixiviado de cobre acidulado, en agosto de 2014. Esa fuga contaminó el río Sonora y afectó a 23 mil habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, Ures, Baviácora, Huépac, San Felipe y Banámichi, y pese a que se integró un fideicomiso con 2 mil millones de pesos para los afectados, este dinero aún no se entrega, refirieron.
Los inconformes denunciaron la falta de interés de las autoridades para encontrar una solución y explicaron que por eso decidieron tomar las puertas 2, 10 y 16, aunque en la tarde se retiraron de la primera, detalló Sergio Tolano.
Marchan cientos de normalistas en conmemoración al 2 de junio del 2010, día en el que alumnas de la Escuela Normal Rural Justo sierra Méndez de Cañada Honda, fueron reprimidas y agredidas por la fuerza pública tras tomar las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) debido a la falta de respuesta ante su demanda de mejorar las condiciones de la escuela, misma en la que habitan al servir de internado.
Cerca de las 2:00 de la tarde, el contingente partió desde la carretera 45 norte a la altura del Centro Comercial Altaria, para posteriormente transitar por las calles Petróleos Mexicanos, 5 de Mayo, Adolfo López Mateos, Galeana y Moctezuma, antes de arribar a la Plaza de Armas de la ciudad.
La marcha encabezada por las normalistas de Cañada Honda fue integrada también por estudiantes de la Escuela Normal de Rincón de Romos, la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes (ENSFA), y estudiantes de normales de Chihuahua, Michoacán, Durango, Zacatecas y México.
Las consignas de lucha y de justicia a favor de la educación enmarcaron la marcha que duró cerca de dos horas, en la cual, de acuerdo con el titular de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José de Jesús Rodríguez Benavides, participaron cerca de 800 normalistas, seguidos de 22 autobuses y custodiados por 25 elementos de tránsito.
“¡2 de junio no se olvida es lucha combativa!, ¡Ni la lluvia, ni el viento, detendrán el movimiento!, ¡Cañada no se vende, Cañada no se da, porque tiene estudiantes con mucha dignidad!, ¡Normales rurales en las luchas populares!, ¡Hombro con hombro, codo con codo, Cañada, Cañada, Cañada somos todos!, ¡Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte será vengada!, ¡La reforma educativa, es puro disimulo, que la hagan rollito, y duro, duro, duro!”, gritaban a su paso por las calles de la ciudad.
Alrededor de 3:20 de la tarde arribaron a la Plaza de Armas, ¡2 de junio no se olvida es lucha combativa!, ¡Cañada no se vende, Cañada no se da, porque tiene estudiantes con mucha dignidad!”, gritaban a su paso por las calles de la ciudad
Alrededor de 3:20 de la tarde arribaron a la Plaza de Armas, donde la multitud se congregó alrededor de las amplias mantas que, después de alzar durante su recorrido, extendieron en la explanada frente al Palacio de Gobierno, lugar que permaneció cerrado con anticipación.
Como hace cuatro años, en el marco del mitin que llevaron a cabo tras la larga caminata, las normalistas hicieron alusión a un pliego petitorio, en el que destacaron principalmente mejorar la calidad de la enseñanza, no disminuir la oferta educativa de estas instituciones y mejoras en cuanto a alimentación, becas y servicios al interior de la escuela.
Además, aunaron a estas demandas la petición de brindar la oportunidad a estudiantes foráneas de realizar el EXANI II, en el afán de que las jóvenes que no pudieron hacerlo, debido a la falta de medios económicos y tecnológicos, puedan competir por un espacio en esta Normal, ante el proceso de admisión que está próximo a cerrar.
El mitin duró poco más de una hora, tiempo en el que cada grado escolar expuso un mensaje para toda la comunidad estudiantil, además de continuar con las consignas y entonar el himno “Venceremos”.
Que el Pueblo Despierte
En entrevista con los medios de comunicación, Noemí, estudiante de Cañada Honda, precisó que persisten las carencias tanto en esta institución, como en todas las escuelas normales rurales del país. Lamentó el hecho de que aún proviniendo de comunidades humildes, pero con el conocimiento sobre la situación que embarga al país y a la sociedad mexicana, cuando alzan la voz para reclamar alguna cuestión, existan personas que las juzguen de ser problemáticas, cuando lo único que desean es concientizar a la población y exigir un gobierno que brinde soluciones a las deficiencias que hay.
“Lamentablemente la sociedad siempre nos tacha de revoltosas pero no, lo único que nosotras queremos es que el pueblo despierte ante tantas incongruencias que están pasando, por ejemplo, con las reformas que últimamente se están sacando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que asimismo la sociedad, por ejemplo, aguascalentense, no ha visto de esa manera.
“Nosotros tenemos una visualización de más allá ¿por qué? Porque nosotros venimos de una casa humilde, de carencia, es por eso que queremos seguir en la lucha cueste lo que nos cueste, como dice nuestra consigna, así nos golpeen, así nos hagan lo que nos hagan porque lo único que queremos es una vida mejor para nosotros y una vida mejor para el pueblo”, manifestó.
Refirió también que en el caso particular de la Normal de Cañada Honda, al igual que otros años, se presentó al Gobierno Estatal su pliego petitorio, mismo que hace hincapié en mejorar la educación “y que no nos eliminen del sistema, al contrario que nos incluyan no que nos excluyan del sistema”. Resaltó que si las escuelas normales rurales desaparecieran, “miles de estudiantes nos quedaríamos sin ninguna oportunidad”.
Pendiente, el Tema de la Normal Justo Sierra Méndez
Particularmente, sobre la demanda de brindarle la oportunidad a estudiantes foráneas de realizar el EXANI II para buscar ingresar a la Normal Justo Sierra Méndez, manifestó que si bien han establecido varias reuniones con las autoridades para tratar este tema, “siempre nos dan largas, es por eso que en días pasados, como ustedes, medios de comunicación, se pudieron dar cuenta, empezamos una serie de actividades, por eso, porque no nos atendían, estábamos exigiendo una oportunidad para aquellas personas que se (…) es la manera en que el Gobierno nos hace caso”.
Sobre esta solicitud al Gobierno Estatal, sostuvo que el tema “está pendiente puesto que las negociaciones continúan”.
“El Gobierno no nos da Respuesta a Nada”
Cuestionada por la radicalización de las protestas encabezadas por normalistas en algunos estados del país, en donde contemplan, incluso, impedir elecciones, dijo:
“En algunos estados se han radicalizado cada una de las actividades pero es porque el Gobierno no nos da respuesta a nada, a nosotros siempre nos juzgan que porque siempre hacemos actividades de más, pero es por culpa del gobierno, ahorita yo no les pudo decir con seguridad qué es lo que vamos a hacer porque nosotros somos de un abrir y cerrar de ojos, ahorita podemos estar aquí manifestándonos, al otro día no, porque nosotros jugamos distintos roles”.
Finalmente, acerca de la postura de sus compañeras ante la próxima jornada electoral Noemí expresó: “Nosotros no estamos en contra ni a favor de eso, únicamente nosotros estamos con el pueblo y el pueblo es el que debe de abrir los ojos sobre qué tipo de política tan sucia en la actualidad estamos teniendo, porque es política sucia”.
Alrededor de la 13:00 horas de este martes se llevó acabo la asamblea en la comunidad de Santa María Zacatepec en la cual se tocaron los temas de la reactivación de la radio comunitaria, en donde asistieron la regidora de gobernación Selene Agua y el presidente auxiliar Silvano Tiburcio Morales.
San Martín Texmelucan.- Pobladores de Zacatepec realizaron una asamblea en la cabecera municipal para dar a conocer el trabajo de su presidente, y el cierre de la radio comunitaria de la localidad el sábado pasado e intentan restablecer de nuevo con ayuda del IFETEL.
Alrededor de la 13:00 horas de este martes se llevó acabo la asamblea en la comunidad de Santa María Zacatepec en la cual se tocaron los temas de la reactivación de la radio comunitaria, en donde asistieron la regidora de gobernación Selene Agua y el presidente auxiliar Silvano Tiburcio Morales.
Alrededor de 200 pobladores se dieron cita en la plaza, frente de la presidencia.
En su intervención Selene Agua regidora de Gobernación mencionó que días antes que se firmara la protesta el actual presidente reunió a todos sus regidores para que se hiciera una sesión de cabildo en donde se aprobara el paso del gasoducto y a cambio prometió que les daría muchas cosas, señalo que el presidente en campaña firmó que no se permitiría el paso del gasoducto y ahora los traiciona.
Tras recibir la información de las estaciones de radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Cholula, se buscará que el IFETEL, les otorgue la concesión para operar y con ello, no pueda el Estado, clausurar y callar la voz del pueblo.
Por Elisa Hernández. Miércoles 3 de junio del 2015
Alianza Mexicana contra el Fracking cuestiona la falta de estudios de impacto ambiental en la perforación de 47 pozos en los municipios de Guerrero e Hidalgo
Del 2003 a la fecha en Coahuila se han perforado 47 pozos utilizando la técnica del fracking, en medio de la opacidad, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La organización civil divulgó ayer un comunicado de prensa que se basa en un estudio realizado por la iniciativa civil Cartocrítica, a partir de una solicitud de Transparencia entregada por Petróleos Mexicanos.
“La perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de Pemex, ya que para ellos ha contratado a grandes empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes, empresas que ahora podrán participar en las licitaciones de la Ronda Uno para obtener directamente la concesión de estos campos”, menciona el estudio de Cartocrítica.
La Alianza Mexicana contra el Fracking consideró que la perforación de estos pozos se realizó sin información, consulta o consentimiento de las comunidades de los municipios de Guerrero e Hidalgo.
“La opacidad respecto a la infraestructura petrolera se extiende por diversos temas, entre otros: la ubicación geográfica de pozos y ductos, las especificaciones técnicas mínimas de cada pozo”, agrega el documento.
Tampoco se cuenta con los estudios de impacto ambiental de tales proyectos, ni la reglamentación específica que vigila esta práctica.
“Se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación”, señala textual la denuncia de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Este organismo agrupa a más de 20 asociaciones civiles de todo el país que previa aprobación de la Reforma Energética manifestaron su oposición a la extracción de gas shale a través del fracking.
Lo anterior debido a los riesgos ambientales que esta técnica representa como son la inyección de hasta 29 millones de litros de agua en cada pozo, así como la mezcla de hasta 990 sustancias químicas que acompañan este líquido y que en caso de accidente podría filtrarse a los mantos acuíferos.
“A pesar de todos los impactos que esta práctica genera, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones”, acusa la organización civil.
Agregan que tampoco existe información sobre los cuerpos de agua presentes en las zonas en las que ya se aplica el fracking, el riesgo de contaminación y el estado actual de los mismos.
Organizaciones civiles han cuestionado el impacto que tiene esta técnica con el origen de los sismos.
VANGUARDIA ayer publicó que esta organización civil consideró que el fracking ha fomentado el alza en movimientos telúricos en la Entidad, pese a que autoridades estatales consideraron que era falso.
COLIMA, Col. (apro).- Organizaciones sociales denunciaron amenazas de muerte, intervención de sus comunicaciones, persecución y despido de su trabajo del activista social Víctor Andrés Cruz Chi, integrante de Bios Iguana AC, quien desde hace más de año y medio ha apoyado la lucha del pueblo indígena de Zacualpan contra la instalación de una empresa minera en ese lugar.
El Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo extractivo Minero (M4) y el grupo Bios Iguana responsabilizaron, en distintos comunicados, al gobierno de Mario Anguiano Moreno, a miembros de su gabinete y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, de cualquier agresión que pudieran sufrir Cruz Chi o su familia.
De acuerdo con Bios Iguana, “son muchas las evidencias que muestran que es el estado de Colima quien encabeza esta serie de amenazas contra las y los defensores de derechos humanos en el estado”, por lo que responsabilizó al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Raúl Pinedo Dávila, de la seguridad del activista, así como del resto de los integrantes de la organización y del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).
A su vez, en un texto dirigido al gobierno federal y al estatal, el M4 expresó su preocupación por la situación de violencia contra Víctor Andrés Cruz, “reconocido ciudadano ejemplar quien, en Colima, ha sentado las bases de un trabajo social, organizativo y político que es primordial para acabar con las injusticias, la ignorancia y la impunidad, todos temas cada vez más conocidos y recurrentes en torno a la violencia de Estado que el gobierno mexicano ha desatado contra la población de México”.
La organización denunció que el luchador social y su familia “literalmente han sido desplazados de su casa y de su vida social y cultural porque frecuentemente son amenazados de muerte”.
Luego de responsabilizar a “la más alta esfera de gobierno de Colima por las amenazas que vive nuestro compañero y su familia”, el M4 hizo “un enérgico llamado a que cesen totalmente todas las amenazas, intimidaciones, hostigamiento y persecución de Víctor Chi y su familia”.
El proyecto hidráulico Monterrey VI hace creer que el agua del río Panuco será para dar el servicio de agua potable a los regiomontanos, sin embargo, a través de investigaciones “indirectas” se conoce que este líquido “está muy contaminado” y será ocupada para extraer gas shale por el método fracking.
El académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (UV) Gerardo Alatorre Frenk expuso que el río Panuco contiene contaminantes químicos por plaguicidas, biológico y químico, por lo que no podría servir para los regiomontanos, además de que la población está acostumbrada a racionar y cuidarla.
“La población tiene la cultura de ahorro, entonces la gente dice que no hay necesidad de agua y les extraña que van a sacar agua del río Panuco para llevarla a Monterrey, después nos enteramos que el agua es para la extracción de gas de lutitas o gas shale”, expuso.
Detalló que en Monterrey se localiza la cuenca de Burgos, una de las principales de provisión de gas de lutitas a nivel mundial, que ocasionará la destrucción de los mantos freáticos. Indicó que los regiomontanos formaron un movimiento para exigir que no transportaran agua de Pánuco a Monterrey, porque contaminaría la presa que los abastece, la cual está limpia.
“Tenemos todos los elementos para suponer que el propósito de tras base es para desarrollar el gas shale en una parte del estado de Nuevo León. No hay claridad, no están diciendo para que se quieren llevar el agua, por eso hay un movimiento en Monterrey para detenerlos”, expuso.
Alatorre Frenk acudió al Colegio Veracruz (Colver) para participar en la presentación del libro Bases para la Construcción de un Modelo de Gobernanza en la Cuenca del Río Nautla, editado por la investigadora del Colegio Veracruz (Colver), Laura Celina Ruelas Monjardin y la académica de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV) Ana Cecilia Travieso Bello.
Sobre el Proyecto Monterrey VI explicó: “se dice que el agua es para consumo humano, asunto que sonó raro porque son aguas muy contaminadas por drenaje, biológica y química, agrotóxicos, plaguicidas, a la altura de donde pretenden llevarse”.
Explicó que de llevarse el agua del río Panuco, se dañará el afluente porque en época de estiaje arribará menos agua al mar, lo que habrá es una “intrusión salina” que es semejante a un desequilibrio ecológico.
Refirió que en el norte del estado, campesinos y productores de caña comenzaron a movilizarse para oponerse al proyecto. La propuesta de Ley General de Aguas impuesta por el presidente Enrique Peña Nieto pareciera que fue diseñada por y para las empresas dedicadas a la extracción de gas shale y explotación de los recursos naturales, “se ve la mano de los intereses corporativos”, finalizó.
Con el puño en alto, más que nunca, el pueblo indígena otomí-ñatho Ndethe (Pueblo Grande)-Huitzizilapan plasma su inconformidad en contra de todos los partidos políticos, que en esta época de falsas elecciones han dado a conocer sus proyectos de destrucción, corrupción y despojo.
Los partidos políticos en nuestro pueblo y en todo el país han hecho gala de lo “bueno” que nos ofrecen al ir a votar por sus candidatos. En realidad, en época de campaña se acercan a los que somos de abajo pues buscan legitimar sus mentiras, su sistema represor y asesino.
En el pueblo de Huitzizilapan los “candidatos” llegaron con sus mentiras. Y lo peor: siguen hablando de la desincorporación de las instituciones para que se puedan obtener obras, lo que significa para el pueblo comunal el Cambio de uso de suelo.
Algunos otros se han apropiado de la idea de la lucha para colocar en su propaganda: “no al cambio de uso de suelo en zonas rurales” cuando jamás se han acercado a conocer la situación que vive el pueblo.
Estos aspectos provocan aún más división, y es que los partidos se valen de apoyos, puestos en el municipio, consideraciones, métodos mediocres para hacer creer a la gente que ellos son la salvación, y con esto unos jalan para un color y otros para el otro, alentando un pensamiento individualista, donde el que se une ve sólo por intereses particulares.
“¡Ni PRI, ni PAN, ni PRD, Huitzizilapan está de pie!”, es con esta frase que el pueblo modificó toda una estrategia de campaña política que tenían los partidos. Algunos buscaron acercarse de la mejor manera a la lucha para calmar las consignas, pero no lo consiguieron… ni lo conseguirán.
Los que defienden a su pueblo dicen: “Ni con un color ni con el otro, pero sí con el corazón en la tierra”. Es así como han plasmado en pintas en bardas sobre la lucha es autónoma, autogestiva e independiente, dejando claro que ningún partido político tiene cabida, que los políticos pertenecen a un sistema que traicionó y sigue traicionando a México.
En Huitzizilapan no olvidamos a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la masacre de Atenco, Acteal, de la guardería ABC, Tlatlaya y las innumerables represiones que han sufrido los que luchan por la justicia y la libertad.
Huitzizilapan, a través de las pintas que realiza, da muestra de su trabajo en comunidad, con los recursos obtenidos de la cooperación solidaria y voluntaria de quienes saben que la libertad de expresión debe ser usada para las causas justas ,y la defensa de la Madre Tierra es una de ellas.
Las letras, las imágenes, los colores de la naturaleza son los que dan pie a esta manifestación que busca dar a conocer la posición que tiene el pueblo respecto al ya próximo 7 de junio: “NO partidos políticos”; concientizar a la población que está confundida o que por alguna razón cree equivocadamente que al apoyar a un partido está solucionando sus problemas.
En esas bardas está la verdad y la consigna de luchar, por eso pintaron: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”, porque la lucha de Huitzizilapan es demasiado grande y demasiado fuerte como para que un político ratero la represente. Sólo el pueblo unido la puede sostener. Ni el bosque, ni el agua, ni el viento, ni la tierra eligieron a alguien para ser gobernada, porque el pueblo es del pueblo, y el pueblo mismo jamás cabrá en una caja.
Por eso, seguiremos diciendo: ¡Ni PRI, ni PAN, ni PRD, Huitzizilapan está de pie! ¡No se tala, no se vende, Huitzizilapan se defiende!
MORELIA, Mich., 1 de junio de 2015.- Luego de denunciar que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) ha sido omisa en pagar sueldos y prestaciones a diferentes planteles, entre ellos la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), personal docente se reunió este lunes para tratar algunas cuestiones sobre medidas a tomar al respecto.
Algunos de los acuerdos tomados este lunes fueron realizar un paro escalonado en la universidad en apoyo total a las demandas del movimiento sindical y a sus compañeros de contrato a quienes se les ha detenido de manera injustificada su pago. Los profesores aseguran que este desvío es por parte del delegado administrativo de la SEE y que el recurso no entregado es de marzo de este año a la fecha, y otro es de 2012 a 2014.
Otro aspecto al que apoyaron es presionar a la dependencia educativa estatal a través de comisiones internas para elaborar comunicados para dar a conocer a la población la situación que atraviesa el sector educativo en la entidad.
Uno de los docentes planteó la realización de un foro para reflexionar sobre la problemática de la Universidad Pedagógica Nacional y la problemática general de la educación pública y proceso electoral. Con este evento pretende conocer dónde está el recurso, qué tipo de democracia se sostiene, en un contexto en el que, de acuerdo con los afectados, las propias instituciones de gobierno generan prácticas anticonstitucionales; este foro será abierto a la sociedad en general.
Cabe mencionar que este domingo pasado Quadratín dio a conocer la situación de la Universidad Pedagógica Nacional en la que los docentes acusan falta de pagos por un monto aproximado de 900 mil pesos a 30 trabajadores de dicha institución universitaria.
Por: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA / SALTILLO
2 de junio de 2015
Luis Quintanar, investigador del departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) aumentó su capacidad de detección mediante la instalación de algunas estaciones que antes no existían en la parte norte del país.
En particular en Chihuahua, Nuevo León y Durango, en el caso de Coahuila, en el municipio de Múzquiz, lo cual da lugar a que se puedan registrar sismos que anteriormente no se podía, por la lejanía de los sitios en donde estaban las estaciones.
Indicó que hay que recordar que la mayoría de las estaciones del SSN hasta hace unos cinco o seis años, estaban fundamentalmente del centro hacia el sur del país.
Recientemente se instalaron más estaciones fundamentalmete en la parte norte del noreste de México, por lo que hay que considerar que mientras más equipos haya, la sismicidad obviamente registrada va a aumentar, porque ahora se registran sismos que antes no se podían registrar pero ya de por si existían.
Una de las causas por las que ahora se reporten más sismos es fundamentalmente la densificación de la red sísmica.
“Por otro lado, si, efectivamente en el ultimo año se tienen registrados diez sismos en Coahuila, yo no le podría decir en este momento si no existieran las estaciones que existen actualmente, esos diez sismos no se hubieran podido registrar, hay algunos de ellos que son de magnitud cuatro que probablemente si fueron registrados por alguna parte de la población, pero tambien hay que recordar que la parte norte del pais no es una zona digamos desde el punto de vista sismico como silenciosa completamente”, expuso.
Añadió que existen fallas que pasan por la parte noreste, una de ellas es la de San Marcos, que pueden estar siendo reactivadas y al ocurrir esto, producen movimientos que tienen una mayor o menor magnitud, debido a eso es que se sienten los sismos, pero son las dos situaciones en mención.
EL FRACKING ES OTRO FACTOR
No obstante, afirmó que se tiene el reporte que en el sur de Estado Unidos, en Texas, la inyección de gas , “el fracking produjo sismicidad inducida, también es un fenómeno conocido y que no es nuevo, que en los sitios geotérmicos o campos geotérmicos donde se inyecta agua se induce sismicidad, no es un fenómeno desconocido que la inyección de líquidos puede provocar fracturamiento del material y por la tanto la aparición de sismicidad de baja magnitud, eso también es un fenómeno ampliamente conocido”, indicó.
Respecto al fenomeno del fracking, destacó que si está documentado por lo menos en Estado Unidos, que cuando se hace ese tipo de explotación mediante fracking, se induce sismicidad, pero siempre de baja magnitud.
“En el caso particular de México, hasta donde yo se, no se documentó como tal que el hecho de que exista fracking, la inyección pueda producir material, tengo entendido que la Cuenca de Burgos es una cuenca que es explotada digamos de una manera intensiva, entonces tampoco sería raro pensar que esa inyección de líquidos esta produciendo sismicidad, por supuesto que habría que correlacionar los lugares donde se lleva acabo esa inyección de líquidos con los sitios de sismicidad, que esos si los conocemos”, puntualizó.
Fundamentalmente, expuso que se deben considerar todos los factores que afectan a que aparezca más sismicidad, uno de estos puede ser la densificación de las estaciones, por otro lado, no nada más puede ser el fenómeno de inyección, pues en el norte del país también existen sistemas de falla en lineamientos que en un momento dado pueden ser reactivadas.
“Por ejemplo el sistema de inyección o simplemente por la acumulación de fallas durante muchos años, llega un momento en que se reactivan esas fallas y son las que producen sismicidad, digamos que son varios factores los que coadyuvan a la aparición de esa sismicidad”, subrayó.
Recalcó que la estación de Múzquiz está recientemente instalada, en el catálogo de sismicidad en el estado de Coahuila aparecen varios epicentros justamente en las cercanías de este municipio, no se descarta que la sismicidad ya existiera, pero no se había detectado.
Ahora bien, si la sismicidad es de una magnitud muy baja, en realidad habría muy poca gente que lo sintiera o ninguna.
“Estoy hablando de sisimicidad del orden de magnitud de dos o tres, recientemente ya hubo uno de magnitud cuatro, le que supongo que fue sentido por una gran parte de la población, sobre todo porque fue en las cercanías de la ciudad de Saltillo”, aclaró.
LAS FALLAS TAMBIÉN INFLUYEN
Destacó que existen lineamientos de fallas que corren en direccion noreste-suroeste, esos focos sísmicos (epicentros), de alguna manera están alineados a esas fallas.
“Yo no puedo decir, porque no se donde se hace la inyección a la explotacion de yacimientos, si esos sitios están en las cercanías de esas fallas que justamente por el fenómeno de inyección las pudieran reactivar y por lo tanto provocar los movimientos que se reportan”, indicó.
Finalmente y aunado a lo anterior, comentó que se declara incompetente porque ignora donde están los sitios de explotación.
“Sé que todo el norte y noreste del país es una zona (sobretodo últimamente) que es explotada, que es donde se encuentra la Cuenca de Burgos, pero ahí si habría que correlacionar la información sísmica con la información que dan los diferentes organismos que llevan a cabo la explotación de gas, por ejemplo”, indicó.
Señaló que dicha información, es también en base a la investagación por parte del doctor Juan Carlos Montalvo, de la Universidad de Nuevo León campus Linares, en la que analiza la sismicidad de todo el noreste del país.
Los partidos políticos dividen e intimidan, dominan y amenazan: “Y no estamos en condiciones para recibir ese tipo de agravios”, cuenta Salvador Campanur a Másde131, miembro de la comisión de enlace del pueblo P’urhépecha de Cherán.
Esta es la posición que por escrito mandó el pueblo de Cherán al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) con respecto a la posibilidad de que casillas entraran al pueblo P’urhépecha que en el 2011 se levantó para expulsar a narcotraficantes, talamontes y al edil municipal priísta Roberto Bautista Chepina.
“Se les respondió que no hay condiciones”, revela Campanur, “nos levantamos porque había inseguridad, y que hay una relación entre paramilitares, crimen organizado y partidos políticos”.
Campanur revela que existía la propuesta de realizar una plática entre la comunidad y el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IEM: “Se le dio oportunidad a la palabra y se decidió que no”.
Reiteró además que no hay amenaza de que con la fuerza pública quieran entrar a instalar las casillas a la comunidad.
Igualmente, aseveró que el derecho del pueblo indígena a no permitir la instalación de casillas y a gobernarse bajo usos y costumbres está consagrado en la Constitución y en los pactos internacionales que México ha firmado como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“No es posible que vengan a romper nuestra tranquilidad, paz y modo de trabajo”, cuenta.
Actualmente, la Comisión de Enlace de Cherán da seguimiento a su proceso de nombramiento y Concejo Mayor del pueblo. El IEM debe otorgar el próximo primero de septiembre la constancia de validez a los 12 keri (mayores) que el pasado tres de mayo fueron nombrados sin partidos políticos y mediante cuatro asambleas.
Desde noviembre del 2014 las y los comuneros del pueblo fueron eligiendo barrio por barrio a las personas que creen adecuadas para trabajar por su comunidad.
A pesar de que miembros de partidos políticos intentaron viciar el proceso insertando a sus candidatos, no lograron colocar a nadie en el Concejo Mayor. Sin embargo, ya pusieron una queja ante el IEM.
Desde ese día Cherán se encuentra nombrando a los nuevos integrantes de sus otros concejos como el de Bienes Comunales y el de Seguridad.
Por otro lado, este 29 de mayo, el candidato priista a la gubernatura de Michoacán, José Ascensión Orihuela Bárcenas, insistió en su “total respaldo” a quien en Cherán “desee participar” en las próximas elecciones.
El nueve de mayo, el diario La Voz de Michoacán publicó un texto donde Elvia Higuera Pérez, consejera del IEM, evalúa la posibilidad de casillas especiales “para los comuneros de Cherán que tengan la voluntad de votar el 7 de junio”.
La autonomía es posible
El Concejo de Seguridad de Cherán K´eri, otro de los órganos de gobierno autónomo de este pueblo originario, lanzó un comunicado proponiendo a comunidades, rancherías y tenencias de Michoacán para que no instalen casillas electorales.
El comunicado titulado La autonomía es posible frente al Estado fallido publicado este 31 de mayo del 2015 hace un recuento del levantamiento del 2011.
Ante la falta de respuesta del presidente municipal priísta Roberto Bautista Chepina, y del Estado en general ante la destrucción de sus montes, los purépechas formaron “fogatas” por calle que pusieron la seguridad del pueblo en manos de sus habitantes.
“Nos hemos enfocado en lo nuestro, cumpliendo la encomienda de nuestra comunidad, velando por la seguridad, la justicia y la reconstitución de nuestro territorio”, dice el texto.
El comunicado, que lleva el sello del Concejo de Seguridad de Cherán, acusa al estado de Michoacán de intentar “desarticular” el movimiento de su pueblo mediante decenas de reuniones, acuerdos incumplidos, y especialmente la falta de justicia para los 18 comuneros asesinados y cuatro desaparecidos desde entonces.
Dentro de estas estrategias mencionan la “compra de conciencias” mediante programas sociales.
Denuncia además que la Secretaría de Seguridad buscó convencer a Cherán para que entraran al Mando Único.
“Nosotros decimos, ningún voto para los partidos políticos, como se determinó en nuestra comunidad”, advierte el texto.
Por: Omar Ayala
