El Gobierno del Estado afirma haber entregado la totalidad de los recursos; los estudiantes que sólo les dieron el 20% de lo prometido
Erandi Torres
Los estudiantes normalistas bloquearon de nueva cuenta vialidades de la capital michoacana en exigencia del pago total de las becas que corresponden a sus compañeros de cuatro grado; las cuales, según los inconformes, el Gobierno del Estado sólo entregó el 20% del total del monto.
Sin embargo, las autoridades estatales, mediante un comunicado de prensa, argumentaron que los dichos de los estudiantes no tienen razón de ser, ya que puntualmente han entregado los 4.5 millones de pesos que exigen los normalistas para detener sus acciones de protesta.
De manera textual, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación (SEE), explicó “que las gestiones realizadas ante las instancias pertinentes, los recursos correspondientes a becas de distinta índole para las ocho Escuelas Normales Oficiales del Estado fueron distribuidos, por lo que se atendió la demanda del sector estudiantil y por ende no hay ningún argumento para que continúen con sus movilizaciones”.
También informaron que, “tal como lo había señalado el secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda López, este lunes fueron depositados los montos para atender el pago correspondiente a este rubro”.
Destacando así que, de este modo, la autoridad estatal reitera el llamado a los estudiantes a cesar las medidas de presión que alteran el orden público, y los conmina a conducirse por la vía pacífica y no atentar contra la seguridad e integridad de la ciudadanía.
Empero los jóvenes se dijeron agraviados en sus derechos estudiantiles, y hasta burlados por la SEE, debido a que, por la mañana de ayer, apenas había comenzado a fluir el 20% del total del recurso prometido, por lo que cerraron la autopista Morelia-Pátzcuaro, desfilaron al Poder Judicial del Estado y amagaron con secuestrar más vehículos si no se cumplen sus peticiones.
De igual modo, sentenciaron que el pago de becas no es la demanda medular, pero si la más importante, pues también solicitan que sus compañeros que fueron detenidos la semana pasada, les sean exonerados los cargos, así como la petición directa de que sea el Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, quien los escuche, y no así funcionarios de otra índole como se les ha venido atendiendo.
Cabe recordar que el subsecretario de Gobierno Estatal, Jesús Santillán Gutiérrez, comentó que, por el momento, se ha agotado el diálogo con los estudiantes normalistas, por lo que ahora procederán a actuar conforme a derecho y aplicarán la ley ante cualquier irregularidad que cometa esta agrupación.
En su momento, el funcionario estatal dijo que las autoridades están perfeccionando los protocolos, para mantener libre las vialidades del Estado, especialmente de la capital michoacana, por lo que acotó que se aplicarán estrategias para salvaguardar la tranquilidad y paz que demanda la ciudadanía. (J)
Oaxaca.- Más de 10 millones 600 mil pesos del sistema de salud de Oaxaca podrían haberse ejercido irregularmente, lo que constituiría un daño patrimonial para la hacienda pública. El probable perjuicio a las arcas federales es el resultado de un control deficiente de los recursos a través de las cuentas donde es depositado el presupuesto millonario, revela el órgano fiscalizador del país.
Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), actualmente a cargo de Héctor González Hernández, podrían haber sufrido un daño de 10 millones 602 mil 200 pesos. Lo anterior, debido a irregularidades en la operación de transferencias del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
El dictamen del máximo órgano fiscalizador, encabezado por Juan Manuel Portal Martínez, indica que por el posible daño patrimonial ya se han promovido sanciones administrativas al gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
A decir de la ASF, a través de la auditoría financiera y de cumplimiento 13-A-20000-14-0780, el gobierno de Oaxaca “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
“Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del primer trimestre de nivel fondo; tampoco reportó de manera pormenorizada la información relativa al avance de las acciones realizadas, y no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora.”
Crisis laboral
En medio de estas irregularidades, el sistema de salud de esa entidad entró en una crisis laboral. Apenas el pasado 11 de junio, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa) levantó el paro de labores iniciado el 4 de mayo de 2015.
Información del periodista Pedro Matías indica que el impacto del paro laboral por más de 5 semanas fue: “suspensión de los servicios generales en 735 centros de salud, 20 hospitales comunitarios, 13 hospitales generales y tres hospitales de alta especialidad, para exigir que el gobierno oaxaqueño otorgue más medicamentos, contrate más personal médico y equipe los centros de salud y hospitales del estado”.
Los integrantes del sector decidieron levantar el paro laboral luego de que el entonces titular de los Servicios de Salud de la entidad, Germán Tenorio Vasconcelos, renunciara al cargo. Fue sustituido por Héctor González Hernández, quien se desempeñaba como subsecretario de Planeación de la SSO.
El corresponsal del semanario Proceso hace énfasis en que el entonces secretario de Salud dimitió al cargo sin que se “esclareciera el asesinato del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán, ejecutado el 5 de marzo pasado, días después de su cese por presuntos malos manejos […]. También fue acusado por integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una ‘nómina secreta’, y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los SSO”.
Desglose de daños
El monto más elevado en el posible daño patrimonial es de 5 millones 458 mil 747 pesos, “por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 para pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizaciones y recargos por no haber enterado en tiempo y forma el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores”.
Le siguen 3 millones 996 mil 963 pesos por haber destinado recursos del Fassa a “pagar remuneraciones a dos servidores públicos que no acreditaron la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013”. Los trabajadores que no acreditaron su capacidad académica también fueron beneficiados con la compensación del impuesto sobre la renta de prestaciones laborales, tales como Día del Trabajador de la Secretaría de Salud, Día de las Madres y Día de Reyes, “concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con recursos del fondo”.
La ASF también documentó un posible daño a la Hacienda Pública de 842 mil 472 pesos, “por no haber transferido la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su totalidad los rendimientos financieros generados del fondo a los Servicios de Salud de Oaxaca; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”. Otros 303 mil 953 pesos se pagaron a 23 prestadores de servicios “sin formalizar la relación laboral mediante el contrato respectivo y pagado montos superiores a los pactados en los contratos”.
Ante estos casos, la Auditoría promovió la responsabilidad administrativa sancionatoria 13-B-20000-14-0780-08-001, ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, actualmente a cargo de Manuel de Jesús López López.
La oficina de López López tendrá que realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no remitieron a la Secretaría de Salud la información trimestral relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del Fassa 2013”.
Deficiencias en el SSO
La misma Auditoría Superior de la Federación analizó el sistema de control interno de los SSO y enumeró diversas deficiencias que van desde la ética hasta la administración de riesgos.
Una de las primeras observaciones que hace el máximo órgano de fiscalización es que los SSO no tienen instrumentados procedimientos para evaluar el apego de los servidores públicos a su código de ética. Tampoco cuentan con un comité de ética, “ni han establecido procedimientos para la investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional”.
La falta de control se evidencia por la falta de información periódica al titular de los SSO sobre el funcionamiento general del sistema de control interno. Tampoco identifican programas de capacitación con contenidos específicos en la materia aquellos que van dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento.
El máximo órgano de fiscalización del país indica que los SSO no incluyeron en sus programas de capacitación para el personal, al menos, uno de los temas siguientes: ética e integridad; auditoría, control interno y su evaluación; administración de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de corrupción.
Salud oaxaqueña deteriorada
Ubicado en el llamado triángulo de la miseria, el diagnóstico en salud para el estado no es nada halagüeño. La prensa local da cuenta de muertes maternas por negligencia y los sistemas de evaluación de un foco rojo en la nutrición de sus pobladores, principalmente de los niños.
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que el 43.1 por ciento de la población no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud, uno de los principales indicadores de rezago social.
De la mano van otros indicadores que muestran el atraso de esta población del Sureste mexicano y que derivan en graves problemas de salud; uno de ellos, el acceso a la alimentación: las cifras del Coneval indican que una población de 1 millón 244 mil 600, es decir 31.7 por ciento de los oaxaqueños no tiene acceso a una alimentación sana.
A 2 años de la administración de Cué Monteagudo, las cifras ancestrales de la miseria continuaban. El Coneval registró 2 millones 436 mil 600 individuos (61.9 por ciento del total de la población) en pobreza, de los cuales 1 millón 518 mil personas (38.6 por ciento) presentaban “pobreza moderada” y 916 mil 600 (23.3 por ciento) estaban en “pobreza extrema”.
El organismo descentralizado de la Federación anotó que la carencia por acceso a la seguridad social afectó a 75.7 por ciento de la población, es decir, a 2 millones 975 mil personas bajo esta condición.
Otro de los altos porcentajes de las cifras oficiales es que el 55.5 por ciento de las personas ocupan viviendas sin disponibilidad de servicios básicos, “lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 2 millones 182 mil 800 personas”.
Redacción El Universal
Los habitantes acusaron a Profepa de “solapar” el corporativo dedicado al tratamiento de recortes de perforación; los ciudadanos expresaron que los contaminantes han causado enfermedades respiratorias y urinarias
Habitantes de Jalpa de Méndez, Tabasco, acusaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de solapar a un corporativo dedicado al tratamiento de recortes de perforación, cuyas actividades contaminantes han causado daños a la salud y a las actividades productivas de comunidades de ese municipio en las que viven unos 11 mil pobladores.
En rueda de prensa, refirieron que desde el 2011 el corporativo INASA S.A. de C.V. se instaló en un terreno de la comunidad Benito Juárez, entre la primera y segunda sección en Jalpa de Méndez, y en las últimas semanas se ha intensificado la entrada de góndolas que llegan a enterrar lodos tóxicos.
Dijeron que la emisión de contaminantes en el tratamiento de residuos ha causado a los habitantes sangrados en las vías respiratorias, enfermedades urinarias y gastrointestinales, irritaciones en la piel y otros padecimientos.
Sin embargo, el pasado sábado la Profepa difundió en un comunicado que su personal realizó una visita de inspección a ese lugar, y verificó que “la empresa no genera emisiones de gases a la atmósfera ni descarga aguas residuales”.
Agregó que el corporativo cuenta con un permiso de la Secretaría de Energía Recursos Naturales y Protección al Ambiente (Sernapam) del gobierno estatal, y aclaró que para que los casos sean de competencia federal los residuos generados deben ser peligrosos.
Uno de los afectados de la comunidad Benito Juárez primera sección de Jalpa de Méndez, Roberto Jiménez Castillo, señaló que es lamentable la complicidad de la Profepa y otras autoridades ambientales federales y estatales con el corporativo INASA que emite gases contaminantes en comunidades donde viven miles de personas.
La dependencia federal “está mintiendo”, pues “los daños los estamos sintiendo nosotros que vivimos en el lugar”, dijo, y añadió que la exigencia de la comunidad es que INASA se vaya y los indemnice por las afectaciones ocasionadas.
El asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, señaló que de acuerdo a reportes clínicos del Centro de Salud del lugar, alrededor del 85 por ciento de los aproximadamente 11 mil personas que habitan en Benito Juárez primera y segunda sección padecen problemas de salud.
México, DF. Por unanimidad, los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres aprobó la emisión de una alerta de género para once municipios del Estado de México. La medida no tiene precedente y muestra el nivel feminicida en al menos once municipios de la entidad.
Los ayuntamientos incluídos en la alerta son: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Desde 2005, organizaciones no gubernamentales han denunciado el aumento de casos de violencia contra las mujeres, especialmente de feminicidios. Tras una larga lucha en tribunales, obtuvieron el mandato para que el Sistema analizara y votara el particular.
Teresa Incháustegui Romero, titular de del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México – y especialista dijo que este hecho desmitifica la alerta de género, por lo cual la decisión abre un antes y un después.
La alerta de género se da por un amparo que concedió un juez a una demanda que hizo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que reclamó frente a la negativa que se dio tres o cuatro años atrás respecto a la alerta de género.
Como procedió ese amparo, el Sistema otorgó el reconocimiento de la alerta. Ahora bien, como ya hay un cambio en el Reglamento del Sistema, se tomó la integración de un grupo de investigación para hacer el estudio del caso Estado de México.
Sobre esa información, agregó Incháustegui Romero, “el dictamen, incluso leído por el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, es que se reconoce la existencia de una situación de violencia feminicida en el Estado de México fundamentalmente en once municipios que van a quedar involucrados en la medida y que se reconoce el clima de impunidad en ese aspecto”, dijo en entrevista al término de la Sesión, presidida por la Secretaría de Gobernación (SG).
En representación del titular de la SG, el subsecretario Roberto Campa encabezó el encuentro, realizado en el Salón Revolución de la dependencia. Al término, el funcionario comentó que se está analizando la situación de violencia contra las mujeres en nueve entidades, cuya revisión se hará con base en el nuevo reglamento, es decir, ya no con votación sino con análisis y propuestas de políticas públicas.
“(La alerta) fue votada. A partir de hoy estaremos trabajando con el gobierno del Estado de México para que en las próximas horas se anuncien las medidas que se derivan de esta decisión”, comentó.
Una de las recomendaciones de las instancias internacionales es la focalización de este tipo de mecanismos; en estos once municipios se concentra alrededor del 55 por ciento de la violencia y los delitos contra mujeres en el Estado de México.
Es por ello, dijo, que atendiendo a estas recomendaciones se tomó la decisión que dicte la alerta.
Las medidas tienen qué ver con acciones de prevención, seguridad y justicia de manera tal que lo que hoy se ha convenido se traduzca en metas concretas.
Nayarit ha sido un territorio difícil para ejercer el periodismo, particularmente entre los años 2010 y 2012, debido a la disputa entre los grupos criminales de los Beltrán Leyva y el cártel Jalisco Nueva Generación.
En contraste, las elecciones del 7 de junio transcurrieron sin incidentes. En los comicios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó en los tres distritos electorales que estaban en disputa y con más de 10 puntos de ventaja sobre sus competidores, según los resultados electorales.
Pero no siempre el ambiente fue de calma. Reporteros nayaritas, que guardan el anonimato por seguridad, señalan que integrantes de los grupos criminales les pedían publicar información sobre los enfrentamientos.
A la inseguridad se sumaba el interés de los editores por la llamada nota roja. “Es la que vende”, les decían, sin considerar establecer protocolos para la seguridad de sus trabajadores.
La respuesta del gobierno estatal ante la violencia fue crear la Policía Nayarit, un equipo de élite formado en 2012, que logró la desarticulación de 19 bandas de secuestradores y la detención de 406 personas relacionadas con el narcomenudeo, según datos de la Fiscalía estatal.
Asesinatos de periodistas fuera de las listas
En el estado han ocurrido dos asesinatos de periodistas, sin embargo, ninguna organización de protección local, nacional o internacional ha registrado, ni condenado lo ocurrido.
El fotoperiodista Emiliano Pozas Iturbe fue una de las víctimas. En agosto de 2011 fue levantado en su domicilio y posteriormente hallado muerto en la carretera Tepic-Aguamilpa junto con otros ocho hombres. Tenía señales de tortura.
Pozas Iturbe trabajó para la oficina de prensa del PRI de Nayarit y para una televisora local donde se desempeñó como camarógrafo.
El segundo caso fue el de la periodista Jazmín Martínez, quien trabajó para Televisa en el estado, su cuerpo fue encontrado junto con el de su esposo el 2 de enero de 2015. La Fiscalía estatal aseguró que se trató de un secuestro.
La Casa del Periodista en Nayarit ha registrado 14 denuncias de ataques contra la libertad de expresión, de 2013 a la fecha, informó su representante Norma Cardoso. Los nombres y medios de comunicación en que trabajan se encuentran reservados por protección, señala.
De esos casos, cuatro periodistas se encuentran bajo medidas cautelares por parte de la Fiscalía Especial Para La Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los periodistas del estado también han sido objeto de detenciones. En septiembre de 2013, la periodista Libni Tapia fue detenida por elementos de la Policía Municipal mientras documentaba el aumento en los casos de dengue en el hospital del ISSSTE en Tepic. La trasladaron en una patrulla hasta la cárcel municipal y horas después la liberaron.
En mayo de 2015, Tapia fue detenida nuevamente, esta vez mientras cubría una reunión del gabinete del actual gobernador Roberto Sandoval Castañeda. Sin ningún argumento fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Nayarit, donde se le confiscó su cámara.
Información solicitada vía la Ley de Transparencia señala que el gobierno ha pagado los servicios de periodistas que denomina “independientes”.
El gobierno de Nayarit se negó a detallar las empresas y los periodistas independientes a los que les paga, y argumentó que “la información se encuentra reservada”, según la respuesta a la solicitud, sin incluir el acuerdo de reserva.
Al solicitar información sobre el tema a reporteros de distintos medios, algunos dijeron que no podían hacer declaraciones por temor a perder su empleo o “apoyos económicos” que señalan les otorga el gobernador Sandoval Castañeda.
Por solicitud de la agente del ministerio publico adscrita al juzgado penal de Cholula, Rubicelia Perez, esta última instancia emitió 14 nuevas ordenes de aprehensión contras las mismas personas a las que en octubre del año pasado se les emitieron otras ordenes por la toma de la alcaldía de San Andrés Cholula que participan en el movimiento de defensa del patrimonio histórico de Cholula, amenazado por el proyecto del Parque de las Siete Culturas.
Lo anterior fue dado a conocer hace unos momentos por Adan, Paul y Jose Xicale quienes consideraron en diferentes mensajes que la agilidad con la que se emitieron las ordenes de aprensión en apenas cuatro días demuestra el uso faccioso y represor de parte del poder judicial para reprimir a activistas por órdenes del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Cabe recordar que de las 14 ordenes emitidas en octubre del año pasado, cuatro se aplicaron a Adán y Paul Xicale y otras a Albino y Manuel Tlachi. Los Tlachi abandonaron en marzo pasado la cárcel mientras que los Xicale permanecen encerrados por que las nuevas ordenes se ejecutaron hoy.
Las 10 personas restantes que tienen ordenes de aprehensión en su contra desde octubre permanecen ocultas.
Los juzgados federales han determinado que los delitos que el gobierno de San Andrés Cholula imputa a los Xicale y los Tlachi no son fundados.
Los nuevos delitos de lo que se acusa a los defensores del patrimonio en Cholula son: despojo en su hipótesis de perturbación, daño en propiedad ajena y ataques a funcionarios públicos.
Las enfermedades van desde irritaciones en la piel, sangrado de nariz e infecciones intestinales, señalaron los inconformes. (Foto: Javier Chávez/El Heraldo de Tabasco)
Villahermosa, Tabasco.- Habitantes de la ranchería Benito Juárez 1ra y 2da sección de Jalpa de Méndez, denunciaron las afectaciones que ha dejado el “cementerio de desechos tóxicos” que desde el 2011 instaló en la comunidad una empresa de nombre INASA, dedicada al manejo de residuos contaminantes, misma que ha generado afectaciones en la salud de al menos el 85 por ciento de habitantes, con enfermedades que van desde irritación en la piel, sangrado de nariz, hasta infecciones intestinales, por mencionar algunos.
En este sentido, se trata de unos 10 mil lugareños de las mencionadas demarcaciones, quienes diariamente se exponen a residuos tóxicos, ya que el depósito se encuentra a escasos 50 metros de la comunidad, en tanto que no cuenta con ningún tipo de protección a su alrededor, llámese bardas perimetrales o enrejado.
En rueda de prensa convocada por el Comité de Derechos Humanos en Tabasco (Codehutab), los habitantes exigieron que la empresa se retire del lugar, así como la indemnización de las familias que han resultado afectadas con enfermedades y daños a los cultivos, pues aseguran que varios de los residuos son lanzados al río, de donde se toma el agua para regar las milpas y darle de tomar a los animales.
En este tenor, clamaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), al denunciar que uno de los accionistas de la empresa, de nombre José Mercedes García Priego, presuntamente interpuso una demanda penal en contra de algunos habitantes, al parecer acusándolos de pedirle la cantidad de 75 mil pesos, cosa que dijeron, es falsa y en afán de truncar la lucha en contra de la empresa, que anteriormente se denominaba CEMIR.
En su oportunidad, el asesor jurídico del Codehutab, Efraín Rodríguez León, sostuvo que a dichos desechos tóxicos no se le da el debido tratamiento para ser depositados en el lugar, por lo que los habitantes se exponen a sustancias como hidrocarburos, cloruros, materiales pesados, además de sulfuro de plomo y químicos altamente venenosos.
“Supuestamente es un área de confinamiento, pero para que esto pueda funcionar, estos desechos de perforación tienen que pasar por un proceso de tratamiento, para posteriormente ser depositados en el lugar, desafortunadamente en la práctica estos materiales no son tratados, y se encuentran a escasos 50 metros de la comunidad y los elementos que contienen estos recortes de lodo de perforación son hidrocarburos, cloruros y materiales pesados, además de sulfuro de plomo y químicos altamente venenosos que afectan de manera muy grave a la salud de ser humano”, aseveró.
Añadió que de acuerdo al Centro de Salud “Benito Juárez”, localizado en las comunidades, del pasado mes de agosto del 2014 a julio del 2015, las patologías que se han presentado en los habitantes están relacionadas a los desechos tóxicos, y van desde infecciones respiratorias agudas, infección de vías urinarias, infecciones intestinales por otros organismos, conjuntivitis, enfermedades de la piel, otitis media aguda, otras infecciones intestinales, desnutrición leve, síndrome febril y enfermedades cardiovasculares.
“Gestionamos ante la doctora del centro de salud de la comunidad el informe clínico de los casos que más recurren en el centro de salud, para ver si se relacionan con la presencia de estos hidrocarburos, los resultaron arrojaron que las principales patologías que demandan más consultas en el siguiente orden son: infecciones respiratorias agudas, infección de vías urinarias, infecciones intestinales por otros organismos, conjuntivitis, enfermedades de la piel, otitis media aguda, otras infecciones intestinales, desnutrición leve, síndrome febril y enfermedades cardiovasculares”, puntualizó.
Dio a conocer que se turnó una queja ante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) sin embargo, se les notificó que de acuerdo a un decreto que entró en vigor en octubre del año pasado, estos asuntos competen directamente a una dependencia federal de nueva creación, denominada Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente Sector Hidrocarburo, sin embargo, los afectados no tienen los recursos para trasladarse al DF a interponer la demanda.
“Presentamos ya desde el pasado mes de marzo una queja ante la Sernapam del Estado, pero también a finales del mismo mes recibimos la visita de tres notificadores de la Sernapam en donde nos informan que a raíz de una decreto emitido por la federación en octubre del año pasado entró en vigor el dos de marzo que este tipo de asuntos dejan de ser competencia estatal y en su lugar la instancia competente es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente Sector Hidrocarburo”, dijo.
Finalmente, sostuvo que buscarán el diálogo con la FGE referente a la demanda legal que enfrentan algunos de los habitantes, mientras que la comunidad buscará tomar acciones, las cuales se negó a revelar, para continuar su lucha en contra de la mencionada empresa.
Morelia, Michoacán.- El foco de atención en el tema del Libramiento Sur ha permanecido sobre el tramo del Ramal Camelinas, sin embargo otros de los puntos de esta misma obra también tienen elementos de discordancia entre autoridades y ciudadanos, como es el caso del llamado tramo 1 Ramal Pátzcuaro, cuyo cruce por San José del Cerrito ya ha sido motivo de diálogos entre autoridad y vecinos, y aunque supuestamente se había dado un acuerdo, los actuales titulares omiten los mismos.
Desde el pasado lunes se llevan a cabo en las oficinas del Instituto Municipal de Planeación mesas temáticas previas a los foros de consulta de los planes parciales de Desarrollo del Sur y Suroeste, durante éstas, habitantes de San José del Cerrito señalaron omisión de las autoridades en cuanto a los trazos que se pretenden tomar para establecer el tramo 1 del Libramiento Sur que se conectaría con la carretera Morelia-Pátzcuaro.
Pedro Velázquez señaló que San José del Cerrito era el llamado Camino Real entre Morelia y Pátzcuaro, es decir el paso que antiguamente se requería para trasladarse entre estas ciudades, y en su ubicación aún hay vestigios de acueductos y un faro que se ubicaba a orillas de un desaparecido lago en la zona, atractivos que incluso podrían retomarse como turísticos pues a ellos se suma fauna y flora que se encuentra en el área, pero que se han olvidado por las autoridades.
Se trata además de otra de las áreas verdes que necesariamente se deben conservar junto con la Loma de Santa María, La Mintzita y el Cerro del Águila, por su relevancia en la recarga de agua y el equilibrio climático, además de ser una zona generadora de autoempleos por medio de la actividad agrícola.
Pero por otra parte también existe una falla geológica en la zona que se manifiesta en un talud de casi 40 metros que recorre parte de área y en el que en 2009 ya se presentaron derrumbes.
Desde 2008 se conocía un proyecto de Libramiento Sur con un trazo que en 2012 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) nuevamente representó pero en ese año tras realizar recorridos a pie por la zona con el entonces director del Centro SCT de Michoacán, Mario Alberto Zarazúa, se logró que se dieran cuenta de la inviabilidad de la obra, pero en 2015 se presentó la misma propuesta para la vialidad.
El proyecto contempla un paso elevado sobre pilastras que elevaría el costo además de representar un riesgo de accidentes con consecuencias no sólo para automovilistas sino también para habitantes cercanos a este paso. En las ponencias presentadas ayer se expuso que incluso se proponen pilotes incrustados en las grietas del talud que se creó por la falla geológica en esta zona, y que se ha señalado que tienen riesgo de deslizamientos.
Foros de consulta con avances
Las mesas temáticas que se iniciaron desde el lunes se enfocaron a temáticas como “riesgos y vulnerabilidad”, “movilidad”, “manejo del agua” y “aprovechamiento y conservación” que se llevó a cabo el día de ayer y en ésta estuvieron presentes diferentes activistas como los integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Di Sí a la Loma y la Comunidad Ecológica de La Mintzita.
Igualmente acudieron organizaciones como Morelia Unida, aunque se vio mermado en participación pues su líder, Alfonso Cervantes Soto, quien se ha señalado como ecologista e incluso forma parte del Comité Municipal de Ecología, aunque estaba programado a presentar una ponencia, finalmente desistió de presentarla pues dijo no tener posicionamiento al respecto.
Pedro Cital Beltrán, director del Instituto Municipal de Planeación, señaló que en estas mesas se recogen observaciones y posturas para enriquecer y tomar en cuenta para los procesos de planeación de sur y suroeste.
Recopilar y publicar, la propuesta
El mismo funcionario señaló que el llamado a estas mesas se hizo por medio de página de Internet del instituto y Ayuntamiento, además de que hubo invitaciones específicas. Pero sobre la ausencia de invitación a prensa para estos eventos indicó que “era parte de lo que se había establecido dentro del procedimiento”.
Sin embargo durante las ponencias hubo voz mayoritaria de los presentes para que el material de las mismas sea recopilado y posteriormente publicado en forma impresa para que se dé a conocer a la ciudadanía de una manera más efectiva, pues de sólo hacerse en este evento habría una falta de información a quienes finalmente serán afectados o beneficiados con lo que se plasme en los planes parciales de desarrollo urbano.
OAXACA, Oax. (apro).- Este día el líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, hizo un llamado a reconstituir la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), pues no “no aceptarán que los maestros sean reprimidos o despedidos”, y si las bases deciden irse a un paro indefinido, no habrá forma de que sean reemplazados.
Lo anterior, luego de que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, advirtiera a los docentes de la CNTE que “con ellos o sin ellos, el ciclo escolar iniciará en Oaxaca sin contratiempos”.
Pese al despliegue desde el martes pasado de 20 mil efectivos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Gendarmería, el magisterio volvió a manifestar en esta capital.
Y precisamente en la octava de la Fiesta de los Lunes del Cerro, los maestros decidieron salir nuevamente a las calles para recordarle al gobierno federal que “El Chapo no está en Oaxaca”.
Ante el temor de que los docentes decidieran “boicotear” la Guelaguetza, los efectivos federales decidieron reforzar la seguridad en torno al Cerro del Fortín.
De igual forma, en el auditorio donde se presentaría la Guelaguetza se colocaron filtros para evitar cualquier agresión o intento de boicot. Tal fue la alarma que el auditorio con capacidad para 11 mil personas no se llenó.
A las 10:00 horas, casi de manera simultánea, el gobernador Gabino Cué presidía la octava de las Fiestas de los Lunes del Cerro, y su equipo de seguridad le informaba del operativo de resguardo.
Mientras, en el monumento a Benito Juárez, miles de maestros tomaron la carretera 190 y del crucero a Viguera salieron rumbo al zócalo de esta ciudad.
Por ello los sobrevuelos fueron constantes y los patrullajes se incrementaron. Un grupo de anarco-punks lanzó un cohetón a un helicóptero y los maestros decidieron echar a los jóvenes del contingente para no caer en la provocación de un enfrentamiento.
“Peña Nieto y Gabino Cué creyeron que se iba a cometer el error de enfrentar a la Gendarmería, y también se equivocaron si pensaban que con 20 mil efectivos se iba a doblegar a este magisterio, ahora vamos por la reconstitución de la APPO”, advirtieron los mentores.
“Ni con tanques, ni metrallas, Oaxaca no se calla”, “Oaxaca no es cuartel fuera Ejército de él” y “Sección 22 la única no hay dos”, se coreaba en la mega-marcha.
Y en el auditorio se escuchaban gritos de “Viva Oaxaca”, “Viva la Guelaguetza”, mientras canastas adornadas con flores, monos de calenda, trenzas con listones de colores, sombreros, pañuelos y penachos desfilaban por la Rotonda de la Azucena.
En punto de las diez de la mañana inició el encuentro racial de América con la entrada de la diosa Centéotl 2015, Indira Tanivet Jarquín Vásquez.
En su edición 83, los chirimiteros recorrieron el escenario con sus tambores y flautas para anunciar la presentación de 25 delegaciones de las ocho regiones del estado con sus sones, jarabes y chilenas.
Pero en la mega-marcha también se vivió un ánimo festivo, pues el paso de los manifestantes estuvo acompañado de bandas de música.
Durante la protesta, retumbaron consignas como “¡Va a caer, va a caer, Gabino va a caer!”.
En el trayecto fueron colgados de un puente dos monigotes que representaban al gobernador Gabino Cué y a Emilio Chuayffet.
En otro contingente iba un mono de calenda con la figura de un integrante de la APPO cubierto del rostro y portando una bazuca hechiza con cohetones.
A su lado llevaban un monigote con la figura de Peña Nieto, la cual quemaron frente al palacio de gobierno.
Dos horas duró el mitin donde los dirigentes de las 26 secciones del SNTE, que se congregaron en esta ciudad para su Asamblea Nacional Representativa, acordaron solidarizarse con la sección 22 y advertir que “si los tocan, van a prender al país porque la magisterio de Oaxaca empieza a germinar”.
Como en 2006, la sección 22 comenzó a ser imán de la inconformidad. Ahí estaban los contingentes de Chiapas, Zacatecas, Yucatán, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Jalisco…
Además de organizaciones como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, sección 35 del Sindicato de Salud, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos y familiares de presos políticos.
Al final, el posicionamiento magisterial fue de que continuarán con la resistencia pacífica y la desobediencia civil.
Redacción.- Más de 20 mil profesores adheridos a la CNTE iniciaron una marcha rumbo al Zócalo de Oaxaca en demanda de la derogación del decreto que reforma el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), calculó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
El magisterio disidente asegura que de ser necesario regresarán a las barricadas como ocurrió en el año 2006 para defender los derechos de los maestros.
La marcha ocurre en medio de escándalos de corrupción, acoso sexual y la filtración de audios en que el dirigente de la Sección 22, Rubén Núñez, presuntamente se ve envuelto en la contratación de trabajadoras sexuales y en el acoso a una profesora.
Un total de 26 secciones magisteriales del país manifestaron su respaldo a la Sección 22 y analizan la posibilidad de no iniciar el próximo ciclo escolar, que comienza el próximo 24 de agosto. En algunas pancartas se lee “El Chapo no está en Oaxaca”, en alusión al número de elementos policiacos que se han desplegado en la capital de esta entidad.
Los manifestantes aseguran que la marcha no intentará llegar al auditorio Guelaguetza donde se realiza la Octava de los lunes del Cerro ni interferir en estas actividades.
Núñez Ginez expuso que esta megamarcha con integrantes de la CNTE es para demandar la “instalación inmediata” de una mesa de negociación con el gobernador, Gabino Cué.
“Es una exigencia de esta marcha que el gobernador del Estado se siente con la Sección 22 y funcionarios del sector para delinear el tema educativo en Oaxaca, del cual nosotros tenemos amplio conocimiento”.
Además, reiteró el rechazo a la restructuración del IEEPO y se manifestó por la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de la educación.
“Estamos como SNTE pidiendo de manera inmediata la reinstalación de la mesa de diálogo con la Federación, toda vez que quedan pendientes las demandas del pliego que entregamos el 1 de mayo pasado”.
El dirigente aseguró que han manifestado su interés por la educación, el apoyo a los padres de familia y por la democratización.
Aseguró que como Coordinadora, hasta el 30 de este mes de julio contemplaron acciones sincronizadas en los estados donde tienen representación.
Los maestros disidentes han informado desde la semana que sus movilizaciones van a ser pacíficas. Sin embargo se montó un operativo donde participan más de 6 mil elementos de distintas corporaciones, además de que la Sección 22, hará una vigilancia estricta para evitar infiltrados.
El corredor industrial encabeza ranquin estatal con más casos
Guanajuato se encuentra en el sitio número 10 entre los estados con mayor número de personas registradas como no localizadas, con un total de 952 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped). Lo que representa el 3.7% de las desapariciones a nivel nacional: 25 mil 398 personas.
Según las estadísticas, el municipios de León se coloca en primer lugar en el estado con 325, es decir, el 35% de casos; seguido de Celaya (117) e Irapuato (74). De las 952 personas desaparecidas en el estado, el 61.3% son hombres y el 38.5% son mujeres; mientras que el 34.5% tenían menos de 19 años al momento de su desaparición, 329 personas: 36 en un rango de 1 a 9 años, 104 de 10 a 14 años y 189 entre 15 a 19 años, rango que ocupa el primer lugar estatal y nacional con mayor número de denuncias.
En la entidad, el rango de los 45 a 49 años es el segundo con mayor frecuencia, con 137 casos, seguidos por las personas de entre 20 a 24 años de edad, con 124.
Según el Rnped, en junio de este año Guanajuato está ubicado por debajo de Michoacán, el cual tiene mil 26 investigaciones abiertas, en la lista que encabezan Tamaulipas (5 mil 289), Estado de México (2 mil 196) y Nuevo León (2 mil 154).
PGR contabiliza cinco en la entidad
El Rnped también presenta un informe sobre las denuncias interpuestas directamente ante la Procuraduría General de la República (PGR) -del fuero federal-, en el que están registradas un total de 595 personas no localizadas. De ellas, cinco se vieron por última vez en Guanajuato, lo que ubica al estado en el lugar número 13, por debajo de Sinaloa, con seis, en el ranquin nacional que encabeza Guerrero con 189 denuncias.
En dicho reporte, fechado en mayo de 2015, se señala la desaparición de una mujer de 33 años de su domicilio en Dolores Hidalgo desde 2010, un hombre en León que se vio por última vez en vía pública en 2011, al igual que dos hombres (de 20 y 42 años) desaparecidos en Cortazar y un último caso de marzo de 2015 en Irapuato, un hombre de 40 años al que se le vio por última vez en un local comercial. En cuanto a las estadísticas estatales -del fuero común-, el registro más antiguo en el estado corresponde a una denuncia interpuesta en 1999, correspondiente a un hombre de 28 años que desapareció en Valle de Santiago.
Cinco Alerta Amber activas
La Alerta Amber activa más antigua en la entidad -publicada en el portal de la PGJE- es la de Ángeles Sofía Campos Guerrero, de 2 años, quien desapareció el 4 de enero de 2012 en León.
El caso de Kimberli Alisse Torres Rodríguez llamó la atención a nivel regional por varios meses, pues la menor de 2 años desapareció el 5 de febrero de 2014 en Irapuato, último día en el que se le vio acompañada de sus padres, quienes fueron encontrados asesinados al interior de su vehículo la madrugada del día siguiente.
Anayeli Hernández Martínez desapareció el 7 de junio de este año, quien a sus 14 años salió de la ciudad de Comonfort rumbo a Nuevo Laredo, en donde sería recogida por un coyote para llevarla a Texas, desde entonces no se tienen noticias de ella. A Luis Felipe de Jesús Medel Navarrete, de 14 años, se le vio por última vez en Irapuato el 5 de julio de este año, cuando dijo salir a caminar y después envío un mensaje a sus familiares de que ya se iba.
Juliana Yarely Yebra Pérez, de un año y tres meses, desapareció en León cuando fue sustraída el 10 de julio de este año.
Pues ya se acerca la fecha de lo que será el segundo nivel (sólo para quienes aprobaron el primero) de la Escuelita Zapatista.
Como habíamos anunciado antes, las fechas son 31 de julio, 1 y 2 de agosto del 2015.
No, no se apuren. No se trata de venir a tierras zapatistas. Más bien se trata de no llegar hasta acá, al menos no para la escuelita. El segundo nivel será universal fuera de tierras zapatistas.
Les explicamos:
Pues como ya lo hemos dicho, vemos que la situación económica está difícil. Bueno, no sólo la económica, la represión gubernamental en contra de los pueblos originarios Yaquis (en Sonora) y Nahuas (en Santa María Ostula, Michoacán, y en Ayotitlán, Jalisco), y del magisterio democrático (en Oaxaca primero, después será en las otras entidades) nos recuerdan a todas y todos que los de arriba no tienen palabra y que el traicionar es ya parte de su modo de hacer política.
En lo económico, pues lo sabemos que no es fácil conseguir plata para ir tirando en el día a día, mucho menos para viajar seguido y estar varios días acá.
Bien lo sabemos nosotras, nosotros, zapatistas, que si decimos que vengan a la escuelita a seguir aprendiendo a mirarnos, pues habrá quien sí puede.
Pero la mayoría de quienes sí aprobaron el primer nivel son compas que no tienen la paga y/o tienen que cumplir con sus deberes de la chamba en las geografías en las que luchan. O sea que como quien dice, no pueden estar viniendo cada tanto. No porque no quieran, sino porque no pueden. Hay quienes ya hicieron todo lo que pudieron para llegar hasta acá para el semillero de mayo pasado, y pues está muy difícil que puedan venir de nuevo en este año.
No se trata de que la escuelita sea sólo para quienes no tienen problemas de calendario ni de paga para viajar. Lo que nosotras, nosotros, zapatistas, queremos, es que nuestr@s compas de la Sexta nos vean directamente, nos miren y nos escuchen, y, como debe ser, tomen lo que crean que les puede servir y dejen a un lado lo que crean que no les sirve o les estorba.
Como tomamos en cuenta todas esas cosas, pues tenemos que pensar cómo hacerle para seguir hablando con ustedes y aprendernos mutuamente.
Entonces hemos organizado los siguientes niveles (del 2 al 6) de modo que no tengan que venir a cada rato, sino digamos una vez por año. Claro, avisándoles con tiempo cuando es que hay posibilidad de que les recibamos por acá.
Así las cosas, les avisamos que para el Segundo Nivel no hay clases en territorio zapatista. Claro, si quieren venir a la fiesta de los caracoles, pues bien. Pero no tienen que venir a clase, pues.
Pero sí va a haber clase y, por supuesto, examen.
Vamos a hacer así:
1.- Quienes hayan aprobado el primer nivel, a partir del día 30-31 de julio y 1 de agosto de este año del 2015, recibirán un correo electrónico (si es que lo tienen, y si no, pues se le mandará a quien los contactó para el primer nivel). En ese correo electrónico irá una dirección electrónica donde estará alojado un video. En ese video, un grupo de maestros y maestras zapatistas especiales, explicarán lo que explicarán. Para poder ver ese video, necesitarán una contraseña o un password, como se dice, esa contraseña vendrá en el mismo correo que reciban.
Bueno, el video no es fuerza verlo individualmente. Se pueden juntar colectivos, grupos u organizaciones para verlo. Pueden hacerlo en los locales de los Equipos de Apoyo de Comisión Sexta del EZLN que hay en varias partes de México, o en los locales de grupos y colectivos y organizaciones de la Sexta en el mundo.
Hasta ahí no hay problema. Sea individualmente o sea en colectivo, usted ve y escucha a nuestras compañeras y compañeros decirles algo, explicarles una parte de la genealogía de la lucha zapatista. Porque ustedes ya escucharon, vieron y hasta convivieron con bases de apoyo zapatistas, con sus Votanes, con sus familias. Pero eso es sólo una parte de la lucha por la libertad según el zapatismo. Faltan más partes.
Es como si sólo les hubiéramos dado una parte del rompecabezas. O sea que, como quien dice, falta lo que falta.
También tiene usted que estudiar el capítulo I del libro “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”, los apartados titulados: “Algo de lo que ha cambiado”; “Hacia una Genealogía de la lucha de las Zapatistas”; y “Apuntes de Resistencia y Rebeldía”. Si no tiene el libro, no se preocupe porque esas partes están ya en la página de Enlace Zapatista, pero más mejor que consiga el libro porque ahí está como quien dice la idea íntegra.
2.- Después de ver, escuchar y estudiar lo que dicen las compañeras y compañeros en el video y de estudiar esos apartados del libro, usted INDIVIDUALMENTE va a escribir 6 preguntas. No más, no menos. Seis preguntas sobre lo que usted escuchó y miró en el video. Esas 6 preguntas las va a mandar usted a una dirección que va a venir en el correo que reciba. La fecha para mandar es cualquier día y hora después del 3 de agosto del 2015 y hasta el día 3 de octubre del 2015 inclusive.
3.- Las preguntas no se le responderán individualmente, sino en colectivo. Es decir, acá vamos a juntar las preguntas y vamos a hacer escritos, videos, grabaciones donde se responden esas preguntas. Cuando usted lea un texto de la comandancia o escuche una grabación de l@s votanes, sabrá que están respondiendo su pregunta. Si no, no desesperar, quiere decir que habrá otra palabra donde se le responderá. No habrá respuestas individuales, sino generales y colectivas.
4.- Las preguntas son importantes. Como es nuestro modo zapatista, son más importantes que las respuestas. O sea que son las preguntas que haga, las que se van a evaluar para decidir si usted pasa al tercer nivel.
5.- O sea que como quien dice, se trata de que usted se dé cuenta de que lo que les interesa a l@s zapatistas no son las certezas, sino las dudas. Porque pensamos que las certezas inmovilizan, o sea que un@ queda tranquil@, content@, sentad@ y no se mueve, como que ya llegó o ya supo. En cambio las dudas, las preguntas hacen que un@ se mueva, que busque, que no esté tranquil@, que esté como inconforme, como que no le pasa el día o la noche. Y las luchas de abajo y a la izquierda, compas, nacen de las inconformidades, de las dudas, de la intranquilidad. Si un@ se conforma es porque está esperando que le digan qué hacer o ya le dijeron qué hacer. Si un@ está inconforme, está buscando qué hacer.
6.- Entonces pues de una vez le decimos qué es lo que se va a evaluar para pasar a tercer nivel: las 6 preguntas que usted, individualmente, haga. Eso es lo que valorarán l@s votanes para ver si lo ponen en la lista que dice “Pasan a tercer nivel”.
Pues es todo lo que les avisamos ahora compas. Como quiera, con todo y la escuelita, tenemos que seguir apoyándonos mutuamente y apoyando a quienes luchan por verdad y justicia, como el pueblo Nahua de Ostula que demanda justicia por el ataque que sufrió y en el que fue asesinado por el ejército federal, el niño EDILBERTO REYES GARCÍA; como el del pueblo Nahua de Ayotitlán, atacado por guardias blancas y policías al servicio de la trasnacional minera Ternium; como los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa; como los familiares de l@s niñ@s de la Guardería ABC (que no porque no salga la noticia es que ya no luchan por justicia); como los familiares de pres@s y desaparecid@s polític@s en todo el mundo; como el magisterio rebelde; como la Grecia de abajo y a la izquierda que no se tragó el cuento del referéndum; como l@s pres@s que siguen desafiando al Poder y al Estado aún detrás de las rejas; como quienes lo desafían en las calles y en los campos de todas las geografías; como los pueblos originarios que se mantienen en la defensa de la Madre Tierra; como quienes no se venden, no claudican y no se rinden.
Porque la resistencia y la rebeldía son las que rompen las geografías y los calendarios de arriba. Porque cuando allá arriba predican la derrota, el desánimo y la claudicación, hay siempre unoa, una, uno que dice “NO”. Porque, miren lo que son las cosas, en las raíces de la libertad siempre hay un “NO” que se aferra a la tierra, de ella se nutre y con ella crece.
Sale pues. Y no olvidemos ni el hoy ni el ayer, así recordaremos mañana lo pendiente.
Los hechos recientemente ocurridos en Santa María Ostula son graves violaciones a los derechos humanos desde cualquier óptica. Resulta ocioso enfocarse en la información imprecisa que se difunde en un momento de emergencia sobre una comunidad que está siendo atacada por el ejército. El señor Luis Cárdenas ha sido duramente tratado por los usuarios de redes sociales por la ligereza de sus comentarios que en lugar de buscar documentar hechos para informar, trató de condenar a una comunidad sin conocer la información.
En su colaboración del jueves 23 de julio para El Universal (“El mito del Ejército asesino”) afirma que la Comunidad de Ostula “mintió” al afirmar que había muerto otra niña y una persona adulta mayor. Afirma también que estas muertes ocurrieron por la intolerancia de esta comunidad contra el “maldito gobierno represor”. Las comillas son suyas y nunca aclara a que persona está citando, aunque pareciera que es a su propia caricaturización de una comunidad en duelo por una, dos o tres personas civiles que, hasta donde se sabe, no agredieron a los militares: buscaban defender a un líder importante para ellos que había sido detenido sin orden de aprehensión y con un móvil evidentemente político.
El día de los hechos el señor Cárdenas tuvo la ocurrencia de emitir un tuit en el que afirmaba ‘Muchas veces (los niños) son usados como escudos por “manifestantes”‘. Más allá del lamentable uso de las comillas, resulta preocupante que un periodista profesional atribuya de inmediato la responsabilidad sobre unos hechos tan graves a una comunidad desesperada por la inacción evidente del Estado cuando es atacada, precisamente, por el Estado.
Llama la atención la falta de capacitación de esta persona en materia de derechos humanos, por lo cual desconoce los instrumentos utilizados por las organizaciones nacionales e internacionales ante hechos de esta naturaleza. Las acciones urgentes tienen como objetivo visibilizar una situación con la información más confiable disponible para generar protección en favor de una persona o comunidad, como es el caso que nos ocupa.
En el caso específico de los hechos de Ostula esto fue lo que sucedió y efectivamente se protegió a la comunidad con la información que fue proporcionada por ella misma. Con responsabilidad, el mismo día de los hechos y por los mismos medios se realizó la rectificación correspondiente. Cabe destacar que no se trató de una “mentira” como afirma Cárdenas, sino de información que, a diferencia de sus publicaciones, fue corroborada y rectificada de inmediato sobre una niña de seis años y un adulto mayor que efectivamente habían resultado heridos.
En un momento tan delicado para nuestro país resulta preocupante que periodistas den por buena cualquier versión sin ocuparse de verificar sus fuentes. El objetivo de la comunidad de Ostula era protegerse. El objetivo de la Red TDT era favorecer la protección de los derechos humanos de las personas afectadas. Lo que no queda claro es el objetivo del señor Cárdenas que parece tener mucho interés en validar las posiciones oficiales y los abusos sistemáticos de los militares como si la muerte de Edilberto Reyes García, el menor asesinado, estuviera justificada.
por Fernando Ríos Martínez,
Secretario Ejecutivo / Red TDT
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos
Ramos Arizpe, Coahuila.- Con la construcción de un nuevo Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI) en el municipio de General Cepeda, Coahuila se convertiría en el “tiradero” de residuos peligrosos del país, ya que sería la única entidad con dos centros de confinamiento en todo México.
En la actualidad, sólo existen dos CIMARI autorizados, uno se encuentra en Ramos Arizpe, cerca del ejido Guadalupe, y el segundo en Mina Nuevo León, los cuales reciben alrededor de 2 millones de toneladas de residuos en conjunto.
El doctor Juan Carlos Loyola, especialista en el tema, señaló que se podría catalogar a Coahuila como el estado que recibe la mayor cantidad de materiales peligrosos del país.
ALGO INJUSTO
“Podríamos decir que Coahuila recibe la mayoría de los residuos tóxicos del país, exactamente, posiblemente es justo decir también que las personas tiene derecho a un ambiente libre y tranquilo”, comentó.
En el estado, se producen 86 mil toneladas de residuos industriales, sin embargo, sólo 61 mil se tratan de forma adecuada, a ello se suman los residuos que vienen de otros estados, lo cual sigue generando controversia.
“Podemos decir que sería injusto para Coahuila estar recibiendo residuos de otros estados, yo diría que si la norma se apega y hay protección al ambiente, es preferible eso a que no haya en ningún lado, porque no sabemos si los ecosistemas vayan a resistir el impacto”, agregó el especialista.
A diez meses de la desaparición de los 43 normalista desaparecidos de la normal de Ayotzinapa hoy en varias partes del país salieron para exigir justicia y que las autoridades no den carpetazo al asunto porque hasta el momento existen diversas inconsistencias en las investigaciones.
En Morelos también organizaciones no gubernamentales salieron a marchar desde el Calvario hasta el zócalo de Cuernavaca con la fotografía de los 43 jóvenes que siguen sin aparecer.
En la plancha del zócalo pasaron lista a los 43 normalistas y exigieron la presentación con vida de los estudiantes que fueron detenidos por policías en Iguala la noche del 26 de septiembre y en donde según versiones de las autoridades fueron asesinados y quemados en un basurero pero hasta el momento esta explicación no ha sido aceptada por los familiares y amigos de las víctimas.
26 de julio de 2015.- No hubo necesidad de utilizar la voz cuando la verdad es visible en la decenas de retratos que sostienen los integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), que se manifestaron en silencio en el Parque Revolución.
Sucedió esto un día después de que la Fiscalía General de Jalisco anunciara en voz de su Fiscal General, Eduardo Almaguer, que emprenderían la búsqueda más grande para localizar a los desaparecidos del estado, la cual básicamente consiste en ir a las casas de sus familiares para preguntarles: “Si ya apareció su desaparecido y/o si ellos saben cuál podría ser su paradero”.
A través de esta “acción de confirmación”, la Fiscalía pretende depurar su propia base de datos porque, al parecer, no saben cuántas de las denuncias que se han presentado en sus diversas direcciones regionales o en su Agencia del Ministerio Público 12/C, especializada en desapariciones, están o no vigentes.
Con datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco se puede saber que hay 2 mil 803 desaparecidos en el periodo que abarca entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de mayo de 2015. La hipótesis de la Fiscalía es que muchos de éstos ya aparecieron y las familias simplemente no les avisan; por ello es que deben confirmar esta información.
De acuerdo con la Fiscalía hay 14 mil 863 expedientes por desapariciones, que suman 15 mil 908 desaparecidos, de los cuales han logrado localizar con vida a 12 mil 590 personas y sin ella a 516; por eso resulta la cifra de 2 mil 803.
El Fiscal General, Eduardo Almaguer, nombró como responsable de la búsqueda de los desaparecidos de Jalisco a Violeta Cristina Meza Jiménez, quien desde inicios del año ha fungido como la coordinadora de las acciones periciales de la Agencia del Ministerio Público 12/C.
Sin embargo, su papel en esta Agencia ha sido muy cuestionado, pues Meza Jiménez ha negado, a las familias de FUNDEJ, el acceso a sus expedientes por considerar que en ellos “hay información que es mejor que las familias no sepan”.
En esta coyuntura, las y los integrantes de FUNDEJ iniciaron una campaña permanente que se realizará los últimos domingos de cada mes y que consiste en salir a marchar de manera silenciosa portando las fotos de sus desaparecidos como una señal evidente de que éstos siguen sin aparecer, más allá de que las autoridades digan lo contrario. Esta acción, semejante a la que realizan las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, busca visibilizar no sólo a los desaparecidos sino también el trabajo que ellas realizan para encontrarlos.
“Yo ya no creo en los nuevos planes de búsqueda de las autoridades”, dice con firmeza Yolanda, quien busca desde el 27 de noviembre del 2012 a su esposo Agapito Castillo Díaz.
Yolanda no tiene ningún avance sobre la desaparición de su esposo pues en los casi tres años de búsqueda no ha recibido ni una llamada ni ninguna visita de los agentes investigadores.
“Que vengan ahora a mi casa a preguntarme si sigue desaparecido mi esposo me parece absurdo, porque la última vez que fui a ver mi expediente no había ningún avance. Los únicos avances que hay son los que nosotros hemos llevado. De ellos (la Fiscalía) no hay nada en mi expediente”, precisó Yolanda.
Lo mismo pasa con Alfredo, padre de Edgar Rangel Martínez desaparecido desde el 13 de octubre del 2012: “Vas a la Fiscalía o la comandancia y nunca hay avances de nada. Ellos se esperan a que uno lleve información y aunque uno lleve datos no pasa nada. Yo sé quién amenazó a mi hijo personalmente y a través de Facebook pero esto no sirve de nada porque no los investigan”
“Yo les he dado muchos datos pero siempre es un volver a empezar pues desde que desapareció mi hijo hemos tenido cinco agentes investigadores. A mi hijo, incluso, lo han criminalizado involucrándolo con balaceras y con la detonación de bombas de los bares de Javier Mina siendo que esto ocurrió cuando mi hijo ya estaba desaparecido”.
Esta criminalización molesta y hace enojar al padre de Edgar Rangel Martínez, pues no se puede decir esto sin presentar pruebas; por ello, para él que pasen a su casa a preguntar por su hijo es inútil siendo que hace más de un año que no hay avances en su investigación.
Desde la autoridad parece haber desconfianza en las familias que aseguran que su ser querido no ha regresado.
Quizá esta sea la razón por la cual, los agentes que están preguntando “casa por casa” el estatus de los desaparecidos. Tienen que tomar fotografías de su visita y señalar “el privilegio” que es formar parte de estas acciones de confirmación.
Así pasó con Guadalupe, madre de David Alejandro Ávalos Rodríguez, quien desapareció el 25 de octubre del 2014.
“A mi casa fueron a visitarme el 22 de julio y me preguntaron que si ya había aparecido mi hijo pero yo les dije que no. Yo les pedí que me dijeran que sabían de él, pero no me dieron ninguna información. Lo único que me dijeron es que yo era una de las afortunadas que recibía las primeras visitas de la Fiscalía… yo les dije que eso no me llenada nada porque lo que yo quiero que me digan es dónde está mi hijo”, expresó Guadalupe.
En la marcha por los desaparecidos de FUNDEJ, de hoy domingo, estuvo presente lo que tanto busca la Fiscalía General.
Para confirmar si quienes aparecen en las denuncias que tiene la Fiscalía General de Jalisco siguen desaparecidos bastaba, hoy domingo, con mirar las fotografías y los nombres de los rostros que aparecieron en las pancartas que los integrantes de FUNDEJ mostraron sobre las calles de Juárez, López Cotilla y Federalismo, todo esto en pleno centro de la ciudad de Guadalajara.
Bastaba con detenerse a mirar la fecha y lugar de desaparición para dar constancia de que, en efecto, están desaparecidos y de que, desde luego, sus familias los buscan.
Contabilizando el número de personas desaparecidas localizadas con vida o sin ella, la Fiscalía y Agencia del Ministerio Público 12/C poseen 13 mil 025 expedientes que tendrían que estar archivados al no tener delito que perseguir.
Sin embargo, la acción que se está emprendiendo podría arrojar que muchos de éstos pudieron ser archivados sin tener la certeza de que las personas en verdad hubiesen aparecido.
No obstante, no es sobre estos expedientes que se está dando la acción de confirmación sino sobre los 2 mil 803 que mantiene aún abiertos la Fiscalía; por ello, para FUNDEJ resulta obsoleta la tarea que están realizando pues sí de verdad investigaran las desapariciones no tendrían que andar preguntando algo que debería ser parte del resultado de sus acciones de búsqueda.
En la convocatoria que realizó el Fiscal General, Eduardo Almaguer, para presentar su plan de búsqueda de los desaparecidos también acudió FUNDEJ y desde que conoció su idea, la organización dio a conocer su postura.
“No hay ninguna diferencia entre que vayan a sus casas o que les llamen por teléfono (como anteriormente lo hacían), ya que el resultado será el mismo: No habrá búsqueda porque al pedirnos ellos información significa que no tienen nada que ofrecernos”.
Para FUNDEJ se trata de una búsqueda política (no pericial) pues sólo se busca evidenciar que sí están trabajando aunque no den información sobre el paradero de cada uno de los 2 mil 803 desaparecidos que hoy tiene Jalisco.
Tocar casa por casa a los familiares de los desaparecidos y preguntar si éstos ya aparecieron no resuelve el por qué las personas desaparecen en el estado, no abona a la detención de los implicados en las desapariciones ni genera el ambiente para evitar que en Jalisco sigan desapareciendo personas.
Lo único que resuelve es la simulación de una búsqueda y la depuración de una base de datos donde la Fiscalía asegura haber resuelto 13 mil 025 desapariciones de las 15 mil 908 denuncias que se presentaron entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de mayo del 2015.
Estos números pueden fácilmente ponerse en duda al escuchar cada uno de los testimonios de quienes acudieron a la manifestación que FUNDEJ realizó este 26 de julio en el Parque Revolución. Ahí, las familias de Agapito, Edgar y David Alejandro son claro testimonio de que no hay búsqueda de desaparecidos en Jalisco; por ello, para FUNDEJ queda claro que la Fiscalía General de Jalisco no quiere buscar a sus desaparecidos sino cerrar/archivar sus expedientes.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).— El Observatorio Regional Ciudadano para el Desarrollo Sustentable, un colectivo que agrupa a académicos, activistas y organizaciones civiles de la región de Texcoco, Estado de México, criticó la decisión del gobierno federal de continuar con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México (NAICM) pese a los problemas económicos y de credibilidad que enfrenta, y a pesar, también, de los señalamientos que especialistas han hecho sobre lo inadecuado del terreno donde se pretende construir el aeródromo.
Integrantes del Observatorio cuestionaron el reciente anuncio del lanzamiento de 21 paquetes de licitaciones para la construcción del NAICM, hecho por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el pasado 8 de julio.
Los 21 paquetes de licitaciones anunciados servirán para contratar las obras preliminares, obras de infraestructura principal y obras de puesta en operación, de acuerdo con un boletín emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Manuel Ángel Núñez Soto, refirió el día del anuncio que los paquetes de obras tendrían un valor estimado de 95 mil millones de pesos, monto que variaría en función de los proyectos y las ofertas. Para financiarlo, en septiembre se solicitará una línea de crédito revolviste por 2 mil millones de dólares, gestionados en principio por HSBC, CityBank y JP Morgan, adelantó el director de Finanzas del GACM, Federico Patiño.
A propósito de este anuncio, el Observatorio -que se opone al proyecto del NAICM- criticó el “empecinamiento” del gobierno federal de llevar avante la obra a pesar del aumento que ha tenido la deuda pública, de la descapitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se evidenció con su ausencia en las licitaciones de la llamada Ronda Uno, y de la anunciada estrategia para eficientar los recursos públicos mediante el Presupuesto Base Cero.
Daniel Cervantes, integrante del Observatorio, consideró que la construcción del nuevo aeropuerto sólo “distrae recursos” en un momento de crisis económica en el país.
Los integrantes del Observatorio también juzgaron que la obstinación del gobierno federal ha pasado por encima de las opiniones de especialistas, como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que han alertado que el suelo del área donde se pretende construir el aeropuerto -en el ex Vaso del Lago de Texcoco- no es el más apto, que la obra podría generar un problema de desbasto de agua en las comunidades aledañas, o que acarrearía efectos ambientales y sociales negativos.
A ello agregaron la falta de credibilidad que vive el gobierno federal por casos como el de la “Casa Blanca” o la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Fernanda Hopenhaym, subdirectora del Proyecto PODER, una organización enfocada en la transparencia corporativa, apuntó además que en el desarrollo del proyecto del NAICM ha prevalecido la falta de información, lo que contraviene el principio ddd máxima publicidad en las contrataciones públicas, amparado por la ley.
Recalcó que a la fecha no se sabe ni siquiera cómo se determinó que el proyecto ganador del diseño del NAICM era el más adecuado y el más competitivo, lo cual es más relevante si se toma en cuenta los intereses privados que rodean al proyecto, como es el caso específico del yerno del empresario Carlos Slim, Fernando Romero, quien junto con el arquitecto británico Norman Foster fueron los seleccionados para el diseño del nuevo aeropuerto.
“La pregunta que siempre nos hacemos desde PODER es ¿por qué se otorgaron estas concesiones a estos proyectos, qué intereses hay detrás?”, inquirió.
Además de Cervantes, como integrantes del Observatorio participaron José Luis Rico Robert y Ricardo Jiménez, quienes además de cuestionar la decisión del gobierno de avanzar con el proyecto, plantearon que, en lugar de un aeropuerto, en la región oriente de la metrópoli debería promoverse un plan regional de desarrollo sustentable. Informaron que lanzarán una campaña en la plataforma Change.org en contra de la construcción del NAICM y que prevén realizar un foro en agosto para difundir más información.
En base a un estudio realizado en 10 entidades federativas del país, la Oficina Freedom House en México considera que Guerrero es un estado de alto riesgo para ejercer el periodismo, sobre todo porque los periodistas están solos, sin ninguna protección del gobierno ni de las empresas para las que laboran.
Expresaron lo anterior, la consultora externa de la organización civil, Luz Rosales Esteva y la representante de la organización internacional en México, Eloísa González Hidalgo, luego de que impartieron en la capital del estado el curso “Situación de la libertad de expresión en Chilpancingo” en la sala de maestría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Revelaron que Freedom House hizo una investigación en 10 estados del país sobre la situación que enfrenta un periodista, así como el respaldo de las empresas periodísticas, del gobierno y de las organizaciones civiles, arrojando como resultado que ante una amenaza el periodista se encuentra solo, el gobierno en pocos casos ayudó y las empresas en las que laboran no brindaron respuesta inmediata, “el mecanismo no funcionó, los jefes dan al reportero agredido vacaciones o lo cambian de fuente, pero no hay mayor apoyo”.
Señalan que a diariamente hay agresiones a periodistas y es un asunto preocupante, en el caso de Guerrero, es una de las entidades “más violentadas a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico”. En base a datos obtenidos del 2000 a 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía un registro de 85 homicidios contra periodistas en todo el país, de los cuales 10 habían sido en Guerrero, más tres comunicadores desaparecidos. En su caso, también la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de enero de 2005 a septiembre de 2013, registró 11 asesinatos de periodistas guerrerenses y 11 más desaparecidos en 2011.
Este esquema deriva también que en Guerrero persiste el hostigamiento y las amenazas contra de los periodistas y que la embestida viene desde el gobierno, de los grupos de la delincuencia organizada y hasta de los grupos radicales o sociales que se manifiestan en las calles como la CETEG y el MPG.
Ciudad de México 24 de julio 2015.- El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, presentó la “Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, el pasado 17 de junio. “Dicha iniciativa es una contradicción ante la negativa del gobernador y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al obstaculizar la reparación de daños y disculpa pública al periodista Pedro Canché, que le fue sembrado el delito de sabotaje y permaneció 9 meses en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto. En éste caso se mostró la violación a los derechos humanos y la agresión hacia el ejercicio periodístico de Canche”, afirmó en entrevista para Somos el medio, Luis Eduardo Knapp Moreno, abogado de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 que acompaño el caso de Pedro.
“La iniciativa carece de varias cosas tanto de forma como de fondo que podrían llegar a traducirse como restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión, en el Estado”, denunció Luis Eduardo. En Quintana Roo las agresiones a la prensa son muy altas, tan sólo en el 2014 se registraron 42 agresiones a periodistas, siendo el segundo Estado más peligroso para ejercer el periodismo antecedido por el Distrito Federal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 13/2015, en ella la CNDH reconoce la inocencia de Pedro Canché y señala que el gobierno local violo sus derechos humanos y que la entidad vulnera la libertad de expresión. Y establece que el gobernador debe hacer una reparación de daños y una disculpa pública al periodista. Sin embargo, de acuerdo con el oficio 00247, emitido por la Consejería Jurídica de Quintana Roo, la recomendación no fue aceptada.
La respuesta de Roberto Borge a grandes rasgos es que es violatorio de orden constitucional y legal establecer un procedimiento de reparación de daños a Pedro Canché, y que no está contemplado en la ley estatal la figura de disculpa pública.
El abogado Luis Eduardo señaló: “La constitución mexicana establece en su artículo 1 párrafo tercero que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos en los términos que los establezca la ley. Y en Quintana Roo la Ley estatal de victimas en su artículo 78 fracción IV obliga a brindar una disculpa pública de parte del Estado y que se incluya el reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades.”
El caso de Pedro Canché es alarmante porque además de negar la reparación de daños sigue siendo atacado vía redes sociales y desde su detención el 30 agosto del 2014 se le trato de negar su quehacer periodístico adjudicándole el delito de sabotaje en detrimento de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), cuando en realidad cubría las protestas por el aumento a las tarifas del agua. Mediante un amparo se logró demostrar la inocencia de Caché y salió libre el pasado 28 de mayo.
Ante la negativa de aceptar la recomendación de la CNDH, por parte del gobernador Roberto Borge, la defensa de periodista mencionó: “no está bien fundamentada ni motivada la negativa de aceptar la recomendación, lo que procede es que el Senado llame a comparecer a las autoridades, en este caso sería al gobernador y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, pueden mantenerse en la denegación pero ya en comparecencia deben fundar y motivar la negación”
El contexto de violación a la libertad de expresión en Quintana Roo es grave, así lo señala la organización Artículo 19, por lo tanto exigen que se inicie el procedimiento correspondiente a fin de que el gobernador del estado exponga ante el Senado, de manera clara y exhaustiva, las razones y fundamentos legales por las cuales no aceptó la recomendación 13/2015.
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
Como se anunció anteriormente, en días pasados una comisión de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula visitó el Distrito Federal con el encargo de contrarrestar la versión que, casi inmediatamente, las autoridades y fuerzas del orden dieron a conocer para justificar su violenta e ilegal agresión del 19 de julio pasado. Como resultado de dicha visita se realizaron una conferencia de prensa y varias entrevistas y reuniones con la sociedad civil en las que se dio a conocer la verdad de los hechos ocurridos.
De suma importancia fueron dichos encuentros para que la comisión exigiera la realización de una reunión con funcionarios de la administración pública que se llevó a cabo el día de hoy. A dicha reunión asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, entre ellos el Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián y el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz; representantes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; entre otros.
Fruto de lo anterior se firmaron doce acuerdos entre los funcionarios y la comunidad, de los que destacan los siguientes:
*La secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán se comprometen a ser muy cuidadosos y detallados respecto a las declaraciones públicas que hagan sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio.
*Las autoridades presentes condenan los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Santa María Ostula el pasado 19 de julio del presenta año, en los que murió el niño Idilberto Reyes García, y se comprometen a que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido.
*Las autoridades se comprometen a que no existan agresiones, hostigamiento o detenciones por el ejercicio de la seguridad comunitaria por parte de las autoridades, en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana, sin que esto signifique ningún tipo de impunidad en favor de cualquiera de las personas miembros de la comunidad.
*Las autoridades presentes se comprometen a tener una reunión en la región, con fecha por definir la próxima semana por la Subsecretaría de Derechos Humanos, y a realizarse a más tardar en un plazo no mayor a quince días desde que se defina la fecha, con los representantes y los miembros de la comunidad de Santa María Ostula.
Debemos recordar que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo entre los habitantes de Santa María Ostula y el gobierno, y que a pesar de ello la comunidad arrastraba el saldo de treinta y dos habitantes muertos y seis desaparecidos desde 2009. Ahora, a pesar de haberse instalado una mesa de negociación desde el pasado 12 de junio con la Secretaría de Gobernación, se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios. Es por esto que hacemos un llamado a estar atentos a la tensa situación que prevalece en la comunidad para que se respeten los acuerdos firmados el día de hoy y a pronunciarse por todos los medios al alcance.
Así mismo exigimos:
*Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria.
*La inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila).
*Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Idilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.
Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula
Luz Mercedes Acosta, habitante de la zona, quien fue afectada al lavarse la cara con agua del Río Sonora sin saber que estaba contaminada con ácidos y metales pesados. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– En México existen al menos 36 conflictos mineros relacionados en su mayoría con despojos, violaciones a los derechos laborales, contaminación y daños a la salud. Todas estas denuncias, acusan activistas y pobladores, son permitidas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluso, utilizando su fuerza policiaca, reprimen movimientos opositores a las minas dejando decenas de heridos y muertos.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en 1994, el Gobierno mexicano impulsó una reforma a la Ley Minera con el propósito de establecer condiciones de desregulación y de establecimiento de bajas tasas impositivas para generar condiciones ideales para la inversión de capital nacional y extranjero.
En la legislación se estableció que toda actividad de este tipo sería considerada de utilidad pública, preferente ante cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales.
El director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada González, expuso en una entrevista para SinEmbargo que en el país la legislación minera está enfocada principalmente en incentivar la inversión en este sector y, sin embargo, no existe un marco regulatorio que permita cuidar el medio ambiente, ni que proteja los derechos de las comunidades.
“Esto ocurre porque tenemos una legislación muy débil, por que durante varios años y sexenios ha enfocado mucho más sus baterías en poder incentivar la inversión en el país, pero sin que esto represente un alto costo para las mineras”, denunció el activista.
El boom minero en el país inició a partir del año 2000 cuando a nivel internacional se presentó un aumento en el precio de los minerales. Entre 2001 y 2012 el número de concesiones otorgadas creció de 19 mil 376 a 26 mil 997. De éstas, las empresas canadienses obtuvieron 2 mil 600 concesiones.
Actualmente, alrededor del 30 por ciento del territorio nacional se encuentra en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. Las empresas pueden realizar actividades de exploración y explotación por hasta 50 años muchas veces prorrogables a otros 50.
Datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y de la propia Secretaría de Economía (SE), destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son de empresas de capital canadiense.
Grupo México y La Peineta en Sonora; First Majestic Silver Corp en San Luis; Excellon Resources en Durango; Blackfire Exploration, en Chiapas; Proyecto Don Diego en Baja California Sur; Los Filos y El Bermejal en Guerrero y Esperanza Silver en Morelos, son algunas de las minas que operan en México y que enfrentan sendas denuncias ante organismos defensores de derechos humanos.
Algunos de los casos son de gran trascendencia, como el que ocurrió el que ocurrió en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en Sonora, donde se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y que ocasionó afectaciones al medio ambiente y a la población aledaña. Otro caso es el asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
El más reciente fue el enfrentamiento que se registró el pasado domingo entre elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y ejidatarios de la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, que dejó como saldo un menor de 12 años muerto y tres heridos de bala, entre ellos un niño de seis años.
De acuerdo con los pobladores y organizaciones, el Gobierno federal realizó un fuerte operativo de seguridad, en el que incluso utilizó helicópteros artillados, para detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario acusado por las autoridades de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, las cuales le proporcionó el propio gobierno en su intento por regular los levantamientos armados de los grupos de autodefensas surgidas en Michoacán en febrero de 2013.
Pero otras fuentes no gubernamentales, revelan que la detención de Cemeí se debe a su oposición a la minera Ternium, de origen italo-argentino, la cual tiene una importante presencia en la región.
El pasado miércoles, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) dijeron por medio de un comunicado de prensa que “las tierras de la comunidad de Santa María Ostula pretenden ser despojadas por empresas mineras extranjeras como Ternium, con el apoyo del mal gobierno coludido con el crimen organizado”.
Las organizaciones mencionaron que en los últimos cuatro años han desaparecido seis comuneros y otros 33, pertenecientes la comunidad de Ostula, han sido asesinados en este mismo periodo “en su lucha por la defensa de sus libertades y de sus tierras”.
La mina de Ternium en San Miguel de Aquila. Foto: Cuartoscuro
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene documentada la oposición de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila contra la transnacional Ternium desde el 2000. Desde los inicios de operación de esta mina, en el año 1998, han habido varias protestas de los comuneros, quienes acusan a la empresa de violar acuerdos.
En noviembre de 2009, dice la organización, Ternium instaló una planta de trituración y preconcentración, lo que hizo necesario firmar otro acuerdo. Meses después, los nahuas se inconformaron porque no recibieron las regalías de 2010 y pidieron renegociar, pues el mineral se agota, el río está contaminado y Aquila, uno de los municipios más pobres de Michoacán, ha recibido pocos beneficios de la empresa.
Con todos estos antecedentes, hoy la empresa pretende ampliar su capacidad productiva sin consultarle a los comuneros, señalando que poseen el permiso de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los comuneros se han organizado y han puesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque las dependencias federales otorgaron permisos sin consentimiento de los 469 comuneros.
EL DERRAME DE LA MINA BUENAVISTA DEL COBRE
El 6 de agosto del año pasado, la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Habitantes de al menos seis poblaciones de la entidad se han visto afectados por brotes de enfermedades. Además de provocar pérdidas económicas en la región y daños ecológicos.
Desde que se difundió la noticia del derrame, las autoridades de los tres ordenes de gobierno y la misma empresa se comprometieron a resarcir los daños, a través de un fideicomiso, pero habitantes denuncian que no han recibido completamente la ayuda. Incluso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que las instalaciones de la mina son seguras por lo que descartó una clausura, a pesar de las quejas de integrantes del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea sobre un posible nuevo derrame de tóxicos al Río Sonora.
En una entrevista publicada en SinEmbargo, Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero de Cananea, Sonora, advirtió en septiembre del año pasado, un mes después del derrame, que hay un represo –que tiene la finalidad de embalsar el agua– de la mina que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años, el cual puede colapsar y contaminar de forma irreversible el río en cualquier momento.
El líder sindical expuso que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.
El minero afirmó en esa ocasión en una entrevista con la periodista Shaila Rosagel, que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico del año pasado, como aseguró la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, que ya sabía de los problemas del represo y no le dio mantenimiento.
Al interior de la mina hay 11 represos más que constituyen una amenaza latente para el Río Sonora, advirtió.
El derrame ocurrido en la mina Buenavista del Cobre ha sido calificado por la Semarnat como el “peor desastre” ambiental en la industria minera del país.
LA SIERRITA DE GALEANA, EN DURANGO
Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan las mineras es el que ocurre en La Sierrita de Galeana es una comunidad ejidal que se encuentra en el municipio de Tlahualilo, Durango, integrada por 127 ejidatarios. La historia por la defensa de los derechos del ejido inicia con la llegada de la minera canadiense Excellon Resources Inc. en 1997.
Desde los inicios, la empresa buscó un acercamiento con la población, pero no fue sino hasta 2004 cuando la minera acordó la renta de 4 hectáreas de tierra de uso común por 30 años. El pago acordado fue por 1 millón 200 mil pesos, sin embargo, al momento de firmar, en el contrato se estableció la renta no por 4 sino por 27 hectáreas por el mismo pago.
Los comuneros protestaron pero finalmente firmaron el contrato porque la empresa los amenazó con expropiarles sus tierras argumentando que tenía buenas relaciones con el gobierno mexicano, de acuerdo con documentos en poder de ProDESC, una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales.
En su acompañamiento a la comunidad de La Sierrita, la organización ha detectado muchas irregularidades de las autoridades mexicanas, quienes incluso han llegado a “proteger a las transnacionales”.
El 29 de agosto de 2012, en el estado de Durango, elementos del Ejército mexicano y de las policías federal y estatal utilizaron la fuerza para desmantelar un campamento pacífico enfrente de la mina La Platosa, propiedad de Excellon Resources. El ejido La Sierrita exigía que la firma respetara el contrato de arrendamiento que ambas partes habían firmado en 2008, y que la empresa había violado.
En La Sierrita, Durango, la mina La Platosa desperdicia y contamina el agua. Foto: prodesc.org
En México es común, aseguró Juan Antonio López Cruz, coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC, que cuando las comunidades hacen una protesta para hacer ver que hay una violación a sus derechos a la tierra y al medio ambiente hay una represión por parte del Estado.
“Las grandes empresas transnacionales, ya sea nacionales o extranjeras, en cuanto ven que existe una protesta social en contra de lo que ellos están haciendo, lo primero que hacen es irse a quejarse con el gobierno, y la reacción es la represión”, dijo Juan Antonio López.
Las protestas iniciaron desde el 8 de julio de 2012 y desde ese momento la mina decidió suspender las operaciones, debido a que los trabajadores se unieron a los pobladores en un gesto de solidaridad.
Ante la represión del Estado y de grupos de choque provenientes de otros estados contratados por la empres para detener los plantones y protestas, en septiembre de ese mismo año, los habitantes decidieron hacerlo por la vía jurídica argumentando que la empresa incumplió con el contrato.
En el país, cuando las comunidades deciden dejar los bloqueos y emprender acciones legales se enfrentan con el problema de la burocracia, largos procesos que tardan días, semanas, meses y años.
“La demanda está en curso, las comunidades cuando inician un proceso jurídico se encuentran con que el acceso a la justicia no es tan real, tenemos juicios que siempre presentan retrasos, presentas una demanda y la primera audiencia es cuatro meses después, en esa primera audiencia la difieren y nos dan otra tres meses después, y así nos vamos”, expuso el coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC.
Los activistas coinciden en que la legislación mexicana favorece a las empresas y que el llamado que hacen las autoridades a las comunidades de llevar los procesos por la vía legal en lugar de realizar protestas sólo beneficia a las mineras porque mientras se dicta una sentencia las empresas siguen operando.
“El proceso en contra de la mina La Platosa sigue y mientras no se dicte una sentencia, la minera sigue operando. Para poder entender cómo trabaja el Estado frente a las empresas transnacionales, nos encontramos que la tendencia es de protección a las grandes empresas, aún cuando existe una clara violación a los derechos humanos de las comunidades”, precisó López Cruz.
PASTA DE CONCHOS
El 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en la región carbonífera de Nueva Rosita, Coahuila. El incidente provocó el colapso de varios túneles y sepultó a 65 mineros que laboraban en el turno de la noche. La mina –que era operada por Grupo México– fue cerrada de manera indefinida hasta encontrar los cuerpos.
Un grupo especializado de la minera y familiares de los mineros realizaron la búsqueda, sin embargo, en esos días no se encontró a nadie. Los trabajadores habían estado en huelga al menos 14 veces en demanda de mejores salarios y condiciones de seguridad y salud.
En esos días, el entonces Gobernador, Humberto Moreira Valdés, se comprometió a recuperar los cuerpos y crear un programa de becas para los hijos de las víctimas. Esta ayuda sería otorgada por la minera y el gobierno de Coahuila, sin embargo, un año después, la empresa dejó de dar el apoyo económico.
El 4 de abril de 2007, la búsqueda fue suspendida y un mes después también las becas. Hoy, a poco más de nueve años de la tragedia, sólo los restos de dos mineros fueron localizados, mientras que 63 siguen atrapados y sin nadie que los rescate.
Las familias en Pasta de Cochos aún reclaman los cuerpos que permanecen en el fondo de la mina. Foto: Cuartoscuro
MINERA CUZCATLÁN EN OAXACA
La oposición a la mina Cuzcatlán, fillial de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc, se lleva a cabo desde el año 2009. Enfrentarse a la operación minera en San José del Progreso, Oaxaca, se ha convertido en algo cada vez más peligroso e incluso mortal.
El 15 de marzo de 2012, el activista Bernardo Vásquez Sánchez fue asesinado a balazos. La Red Mexicana de Afectados por la Minería vincula su muerte con su oposición a las actividades de explotación de oro y plata de la empresa.
La compañía se instaló en 2006 sin el consentimiento de la población. A tres años de la muerte del activista, organizaciones opositoras a la mina exigen a las autoridades el cierre de la compañía, que ha ocasionado descontento social y contaminación ambiental.
En 2009 la policía detuvo a 18 ciudadanos que se manifestaban en contra de la minera Cuzcatlán. Foto: Cuartoscuro
LOS FILOS Y EL BERMEJAL EN GUERRERO
El complejo minero Los Filos de la canadiense Goldcorp está ubicado en el ejido Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Inició sus operaciones en el 2007 y desde entonces, los pobladores acusan a la minera de afectaciones en su salud. Otro problema es el daño ambiental. Para cuando la empresa termine de extraer el oro los cerros habrán desaparecido, advierten organizaciones.
Aunque el tema de la inseguridad es ajena a la minera, la zona se ha visto afectada por criminales que amenazan tanto a habitantes como a empleados de la compañía. En marzo pasado 4 mineros fueron levantados por hombres armados, días después encontraron a 3 en una fosa. La mina señaló que su crimen no tuvo relación “con su trabajo en Goldcorp”.
Estos son sólo seis ejemplos de una lista de 36 conflictos mineros que existen en el país. Una de las afectaciones más importantes de la actividad minera es la contaminación del ambiente. Las mineras utilizan millones de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, la sosa cáustica y el ácido sulfúrico. El uso de grandes proporciones de agua y la generación de drenaje ácido genera terrenos sulfurosos que afectan la flora y la fauna, además de la salud de los pobladores donde se encuentra instalada la mina y otras comunidades aledañas.
Las minas de Los Filos y el Bermejal en Guerrero. Foto: Cuartoscuro
Hace 12 días Gaby fue asesinada luego de negarse a ser novia de Luis Enrique. Hoy su familia, amigos y organizaciones de la sociedad civil salieron a exigir justicia y la alerta de género.
La falta de respuesta de la Fiscalía General del Estado, la indiferencia del Instituto Jalisciense de las Mujeres y la misoginia cultural reflejada en canciones, chistes y hasta en la calle, fueron aspectos que reclamaron los familiares y amigos.
“Estamos hartas de que cuando decimos que no, nos den dos balazos en la cara. Esto tiene que acabar, todas las mujeres sufrimos de una violencia machista todos los días”, señaló Citlalli Murillo de Calle sin Acoso.
Al grito de Ni una más y Gaby no murió, la asesinaron, el centenar de personas colocó flores y veladoras frente a la fotografía de Gabriela Jacqueline Ayala Villarreal, colocada junto a una cruz de manera que fue puesta bajo el árbol en el que cayó a un costado tras recibir dos disparos en la cabeza en manos de Luis Enrique Ruíz Ruvalcaba, quien se encuentra prófugo.
De acuerdo a las organizaciones civiles de defensa de la mujer en lo que va del año se contabilizan 79 feminicidios
Organizaciones femeniles de Guerrero buscan que se emita una alerta de género ante el incremento de asesinatos de mujeres en el puerto de Acapulco registrado en los últimos días.
Tal es el caso de la Fundación Bloque de Mujeres al Poder cuya presidenta, Silvia Galeana Valente, informó hoy que desde el 13 de julio se tienen contabilizadas 11 mujeres asesinadas en esa localidad turística.
En una entrevista con Efe detalló que hasta el mes pasado la organización que dirige tenía el registro de 65 mujeres asesinadas en Guerrero; sin embargo, señaló que de manera oficial la Fiscalía General del Estado maneja la cifra de 20.
Informó que las organizaciones han solicitado en diversas ocasiones a la Fiscalía que revele el número de mujeres asesinadas que tiene en sus registros, en vista del incremento de los asesinatos en Acapulco.
Además, adelantó que el próximo lunes solicitarán de manera formal al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que solicite la alerta de género ante la falta de respuesta de otras instancias a solicitudes hechas directamente por organizaciones civiles.
Galeana aseguró que el tema tiene en alerta a las organizaciones de mujeres pues de seguir aumentando las cifras, Acapulco podría llegar a compararse con Ciudad Juárez, Chihuahua.
Diarios locales han dado cuenta de los 11 asesinatos desde el pasado lunes 13 de julio, entre ellos el de una mujer que fue atacada cuando circulaba en un vehículo en la Costera Miguel Alemán con su esposo y su hijo de nueve meses, los cuales resultaron heridos.
Posteriormente se registró el hallazgo del cuerpo semicalcinado de una mujer cerca de la autopista que conecta a la Zona Diamante, así como el de una mujer desmembrada.
A ellas se les han sumado una mujer asesinada en la colonia La Laja, a quien le dejaron un mensaje presuntamente de la delincuencia organizada, entre otros casos.
Palabra del Movimiento por la Libertad Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco, en el marco de la visita de familiares y compañeros de los 46+2 ausentes de Ayotzinapa
Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos:
Buenos días tengan todas y todos. Reciban un cordial y combativo saludo del Movimiento por la Libertad de lxs Defensorxs del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco. Para nosotros es un honor el que ustedes nos visiten, nos sentimos muy contentos y alegres el que ustedes hayan hecho un enorme esfuerzo para estar aquí con nosotros y sobretodo los familiares de los compas desaparecidos de Ayotzinapa. Que los recibimos con mucho entusiasmo y al mismo tiempo les decimos: que su lucha también es nuestra lucha.
También queremos comentar que somos un pueblo afortunado por haber conocido al Congreso Nacional Indígena quien nos ha cobijado, nos ha orientado y aconsejado cómo debemos emprender la lucha por la libertad de nuestrxs compañerxs detenidxs, mil gracias a ese espacio en el cual hemos aprendido muchas cosas y que nos ha enseñado a formar una visión diferente de cómo debemos construir una manera de vivir digna, de abajo y a la izquierda.
Compañeras, compañeros, nosotrxs en esta geografía donde vivimos, la madre tierra nos ha hecho varios regalos, pero uno de los más importantes es el Agua. Nuestros ancestros como guardianes del bosque, nos han encomendado que debemos cuidarlos, y así vivimos felices. Hasta que llegó el capitalismo, con sus empresas floricolas, empezaron a destruir nuestro pueblo y lo están destruyendo con su injusticia, con su represión, con su ideología, así como en otras comunidades hermanas lo están haciendo, con sus despariciones, con la explotación de mano de obra barata, con este cochino sistema de gobierno.
Para nosotras, nosotros, ya nos quedo bien claro que el enemigo que tenemos es el mal gobierno, es el sistema capitalista y por todas esas malas acciones que han hechos vivimos con dolor, con angustia, con desesperación, con frustración y con preocupaciones. Porque cada día que pasa se empeoran más las cosas, se vive con más incertidumbre, más miedo. Aunque en sus discursos de los de arriba dicen lo contrario, aunque la televisión maquilla sus noticias. Por estas y más razones nosotras, nosotros, ya no creemos en este mal gobierno, nosotras, nosotros ya no confiamos en esas autoridades, que están llenas de corrupción, de despotismo, y que no les importamos, porque nos ven como estorbos o como mercancía, por eso tenemos mucho coraje con ellos, tenemos mucha rabia con este mal gobierno que mata, encarcela y desaparece a quien sueña con un México de abajo y a la izquierda, con un México donde el pueblo manda y el gobierno obedece.
Y para prueba están los hermanos nahuas de Ostula y Aquila, nosotros de Tlanixco, Alvaro Sebastián, Mario Luna, Fernando Jimenez, Alejandro Santiz y otros. Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, quienes con mucha ilusión soñaban con ser maestros, pero el mal gobierno los desapareció, todos sabemos que es el mal gobierno quien es el responsable de estas desapariciones y muertes pero ahora se niega a decir la verdad. Por eso nos unimos a su dolor, a su lucha, a su rabia y exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y justicia para los 3 muertos y los 2 heridos, porque lo que hicieron ni se perdona ni se olvida y unamos nuestras luchas porque el enemigo es el mismo y abracémonos para caminar juntos, compartamos nuestros dolores para que la rabia nos forje como hombres y mujeres dignos y así con esa energía se haga justicia y nosotras, nosotros, podamos arrancarle al estado nuestros hermanos detenidos.
Todo esto sin olvidar los principios de nuestras hermanas, hermanos del EZLN del ver mientras los de arriba destruyen, los de abajo construimos y trabajemos por formar una comunidad autónoma porque es la única salida que nos queda, es nuestra única esperanza, así como lo están haciendo nuestros hermanos zapatistas, con esa enorme dignidad, con esa visión y hoy nosotras, nosotros los del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de Tlanixco, les decimos que no claudicaremos con nuestra lucha, que realizaremos las denuncias públicas cuantas sean necesarias, para que el mal gobierno deje en libertad a nuestros hermanos, ya que ellos son inocentes y los acusan de un delito que no cometieron y ante esta oleada de atropellos a las comunidades hermanas nos reivindicamos con todas las luchas de abajo y a la izquierda. Con Xochicuautla que en estos días ha sido objeto de represión, de hostigamiento por parte del estado, porque los hermanos su lucha es por la vida, la libertad y el estado defiende los intereses del podrido capitalismo transformándolo en proyectos carreteros, por eso también nuestra lucha es con ellos, con San Lorenzo Huitzizilapan y les decimos que no están solos, que nosotras, nosotros apoyamos su lucha y hasta la victoria siempre compañeros.
También damos un agradecimiento a todas y todos los compas de la Sexta nacional e internacional que nos han acompañado en este caminar, en esta lucha. Compas estamos con ustedes.
Tampoco podemos olvidarnos de las compañeras y compañeros de la Red contra La Represión y por la Solidaridad, que muchas veces nos han visitado y con sus talleres y su experiencia en estos casos como el que vivimos, han hecho que nos levantemos y aquí estamos y no los defraudaremos.
Y por último queremos pedirles a los medios alternos que nos acompañan hoy, que aquí en Tlanixco hay mucho trabajo, que difundan nuestro problema y las acciones que realicemos, como buenos compas, sin distorsionar la información y con el enfoque y sentido político que nos marcan los compañeros del EZLN.
Gracias compas.
Desde las faldas del Nevado de Toluca
Movimiento por la Libertad de lxs Defensorxs del Agua y de la Vida de Tlanixco
Julio del 2015
* Habitantes de Ostula exigen la libertad del comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía.
Ciudad de México, 21 de julio de 2015. Los elementos del ejército que dispararon este domingo contra habitantes de la comunidad nahua de Ostula, Michoacán, asesinando a un niño e hiriendo a cinco personas más, no fueron provocados por los comuneros. “Ellos mismos actuaron de manera arbitraria”, confirmó hoy en conferencia de prensa Agustín Vera, vocero y Jefe de Tenencia del lugar.
La autoridad comunitaria señaló también que la detención de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila), que sucedió horas antes de la agresión armada de los militares, fue una “traición” a la policía comunitaria, que ha trabajado coordinada con el gobierno estatal; los comuneros entregaron fotocopias de los acuerdos que dan cuenta de ello.
Agustín Vera detalló que Verdía Zepeda fue citado por autoridades gubernamentales para una reunión en el poblado de La Placita, municipio de Aquila, en la que fue detenido para ser posteriormente trasladado a Morelia y después al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado del presunto delito de portación de arma de uso reservado al Ejército, aun cuando su subametralladora cuenta con permiso de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En la lectura de un comunicado enviado por la comunidad, fechado el día de ayer, el vocero precisó que cerca de las 10 de la mañana y en movimientos simultáneos, soldados del Batallón 86 hostigaron a la comunidad –que estableció retenes en la carretera federal 200, dentro de los cuales quedaron tres pelotones de soldados del Batallón 86-, se detuvo a Cemeí Verdía y la Policía Federal detuvo temporalmente a policías comunitarios, quitándoles sus armas y radios. El presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales fue, horas después, despojado de su radio, sello e identificaciones.
Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la Marina y policías estatales y federales, a quienes se incorporaron los soldados del Batallón 86, atacaron con armas de fuego, macanas y gases lacrimógenos los retenes instalados por los comuneros. A su paso por la encargatura de Ixtapilla, dispararon contra las casas y la población civil, hechos en los que resultó muerto el niño Edilberto Reyes García, de 12 años. En la conferencia de prensa se exhibió un video que da cuenta del inicio del tiroteo contra los pobladores.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), externó su preocupación por este “acto de agresión contra la sociedad civil”, al que calificó de extremadamente grave. Resaltó que la comunidad de Ostula sigue en situación de vulnerabilidad tras el ataque, y lamentó que el Ejército esté involucrado en la disuasión de protestas y la criminalización de defensores comunitarios. Con estos términos coincidió Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien destacó que las comunidades tienen derecho a garantizar su seguridad frente al crimen organizado vinculado con distintos niveles de gobierno.
La lucha de Ostula en defensa de sus recursos naturales le ha costado (desde el año 2009, cuando recuperó su territorio despojado por caciques locales y criminales) 34 habitantes muertos y cinco desaparecidos, la mayoría líderes comunitarios. Muchos pobladores tuvieron que desplazarse para salvaguardar sus vidas, pero en febrero de 2014 regresaron a su territorio, en pleno auge de las autodefensas, y expulsaron a los criminales. Cemeí Verdía ha sido reiteradamente amenazado por miembros de cartel “Los Caballeros Templarios” y sobrevivió a dos atentados, el último de ellos el 25 de mayo. Los comuneros han señalado a Federico González Medina y Mario Álvarez López (dirigente del PRI en la región) como las cabezas del crimen organizado, y a la minería como uno de los intereses detrás del despojo de tierras.
Comunicado de Ostula con el recuento de las acciones represivas del 19 de julio y lista de exigencias:
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
Como se anunció anteriormente, en días pasados una comisión de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula visitó el Distrito Federal con el encargo de contrarrestar la versión que, casi inmediatamente, las autoridades y fuerzas del orden dieron a conocer para justificar su violenta e ilegal agresión del 19 de julio pasado. Como resultado de dicha visita se realizaron una conferencia de prensa y varias entrevistas y reuniones con la sociedad civil en las que se dio a conocer la verdad de los hechos ocurridos.
De suma importancia fueron dichos encuentros para que la comisión exigiera la realización de una reunión con funcionarios de la administración pública que se llevó a cabo el día de hoy. A dicha reunión asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, entre ellos el Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián y el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz; representantes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; entre otros.
Fruto de lo anterior se firmaron doce acuerdos entre los funcionarios y la comunidad, de los que destacan los siguientes:
*La secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán se comprometen a ser muy cuidadosos y detallados respecto a las declaraciones públicas que hagan sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio.
*Las autoridades presentes condenan los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Santa María Ostula el pasado 19 de julio del presenta año, en los que murió el niño Idilberto Reyes García, y se comprometen a que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido.
*Las autoridades se comprometen a que no existan agresiones, hostigamiento o detenciones por el ejercicio de la seguridad comunitaria por parte de las autoridades, en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana, sin que esto signifique ningún tipo de impunidad en favor de cualquiera de las personas miembros de la comunidad.
*Las autoridades presentes se comprometen a tener una reunión en la región, con fecha por definir la próxima semana por la Subsecretaría de Derechos Humanos, y a realizarse a más tardar en un plazo no mayor a quince días desde que se defina la fecha, con los representantes y los miembros de la comunidad de Santa María Ostula.
Debemos recordar que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo entre los habitantes de Santa María Ostula y el gobierno, y que a pesar de ello la comunidad arrastraba el saldo de treinta y dos habitantes muertos y seis desaparecidos desde 2009. Ahora, a pesar de haberse instalado una mesa de negociación desde el pasado 12 de junio con la Secretaría de Gobernación, se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios. Es por esto que hacemos un llamado a estar atentos a la tensa situación que prevalece en la comunidad para que se respeten los acuerdos firmados el día de hoy y a pronunciarse por todos los medios al alcance.
Así mismo exigimos:
*Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria.
*La inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila).
*Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Idilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.
La Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones publicó una cronología con una serie de videos tomados por pobladores de la comunidad de Santa María de Ostula el día que el Ejército y la Policía Federal realizaron un operativo que dejó cuatro heridos y un niño de 12 años muerto.
En el marco del primer aniversario del caso Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, publicó un informe que obligó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General Salvador Cienfuegos, a declarar sobre lo que aconteció aquel 30 de Junio del 2014.
El aporte más contundente de dicho informe es la publicación de una orden que designa al Teniente de Infantería, Ezequiel Rodríguez Martínez, como mando de la base de operaciones en el poblado de San Antonio del Rosario (perteneciente al municipio de Tlatlaya). En dicho documento se transcriben “las disposiciones giradas por el alto mando”, entre las que destaca el séptimo punto: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Cabe señalar que el “Alto Mando”, dentro de la jerarquía del Ejército corresponde al Secretario de la Defensa Nacional, según establece el artículo 16 de la “Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, en el resto del cuerpo de esa ley se usa de manera indistinta “Alto Mando” y “Secretario de la Defensa” para referirse al titular de la Sedena.
Varias dudas surgen de esa disposición “girada por el Alto Mando”, es decir el General Salvador Cienfuegos: ¿desde cuándo está vigente la instrucción de abatir delincuentes en horas de oscuridad? ¿cuántas “órdenes de designación” han transcrito esa disposición del Alto Mando? ¿es una orden vigente en todas las zonas militares? ¿quién es un “delincuente” para el Ejército? ¿se abate por igual a alguien que es sorprendido robando que a quien ataca a los soldados buscando matarlos? ¿la orden de abatir ha influido en que se mantengan tan altos los índices de letalidad?
¿Qué es el índice de letalidad?
Es una herramienta utilizada para medir el uso de la fuerza letal por parte de los agentes estatales de seguridad. Se obtiene de la relación entre el número de civiles muertos por cada civil herido en confrontaciones con las fuerzas estatales, en este caso la Sedena.
En un país donde supuestamente se capacita a la armada y a los policías en el uso proporcional de la fuerza para proteger y garantizar nuestros derechos humanos, este tipo de enfrentamientos no deberían dar como resultado más civiles muertos que heridos. Por lo anterior, es preocupante que los resultados del estudio “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad” expresen la orden de “abatir delincuentes” como una práctica común del Ejército para no dejar sobrevivientes después de un enfrentamiento.
Por ejemplo, para el año 2013, el índice de letalidad “global” del Ejército mexicano fue de 7.7 civiles muertos por cada herido en enfrentamiento. El primer semestre del 2014 el indice alcanzó un total de 11.6.
Dentro del estudio (sustentado con información oficial) se hace un balance por entidad federativa; en ese apartado se señala que de enero del 2013 al 5 de abril del 2014, el índice de letalidad de la Sedena en el Estado de México (lugar donde ocurrió la ejecución extrajudicial de Tlatlaya) fue de 30 civiles “abatidos” por cada herido después de una balacera con los soldados.
Los resultados de ese estudio permiten entender que aquellas órdenes giradas para proteger los derechos humanos de las personas son una formalidad para demostrar la supuesta capacitación emprendida por la Sedena en este ámbito, y para que funcionarios como Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), traten de desviar la atención a cuestiones formales como el lenguaje o la supuesta interpretación “sistemática” que realizan los militares al recibir órdenes de relevo y que, según Campa, debió hacer el Centro Pro antes de publicar el informe.
La interpretación sistemática consiste en tomar como un todo a un cuerpo normativo, en este caso, la orden de asignación del teniente Ezequiel Rodríguez, y no pensar que un artículo aislado regula por completo alguna situación. Sin embargo, Roberto Campa no considera la alteración de la escena del crimen en la bodega de Tlatlaya, el elevado índice de letalidad de Sedena, las amenazas que han sufrido las sobrevivientes de la masacre y la normalidad de las ejecuciones extrajudiciales en México a cargo de la Secretaria de Marina (SEMAR) y la Sedena.
En pocas palabras, lo que propone Roberto Campa es una reducción de la interpretación sistemática de lo “jurídico” para evitar la discusión de fondo: la actuación sin límites reales del uso de la fuerza pública del Estado mexicano y sus catastróficos resultados para los derechos humanos.
La secretaria federal de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, dio a conocer que ya se está trabajando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional para la cultura y las artes (CONACULTA) para que en el municipio de Calakmul se concluyan los estudios para el desarrollo turístico sustentable.
En entrevista, dijo que se encuentran finalizando la transferencia de parte de las tierras aledañas para poder desarrollar ahí los proyectos detonadores y trabajando con el INAH para poder iniciar las obras del museo de sitios históricos.
“Estamos trabajando en coordinación, porque lo que queremos es que ese sitio que es Patrimonio Mixto de la Humanidad se preserve en todo su esplendor y con las características técnicas que debe tener un sitio de esa naturaleza, pero sí detone turismo sustentable”, dijo.
Comentó que están finalizando el tema de la transferencia de la tierra para poder finalizar el estudio del parque temático y de la mano con el INAH para poder modernizar los servicios que el propio sitio arqueológico necesita.
“Terminados hasta el año que entra, iniciados este año pero como hay que tener un manejo adecuado del sitio, no solo porque es un patrimonio cultural sino arqueológico y cultural importante de México. El manejo del tipo de obra que se puede hacer requiere de ir de la mano todo el tiempo, en todo momento con el INAH y con la Semarnat y en eso estamos, es una prioridad del Presidente de la República”, comentó.
La funcionaria federal dijo que en la cuestión de recursos ha ido creciendo cerca del 10 por ciento de enero a mayo, además de que mencionó que pasado en términos de turismo internacional el crecimiento se mantendrá.
Las selvas campechanas, y específicamente la Reserva de la Biósfera de Calakmul, tienen y tendrán un firme respaldo del Gobierno de la República, afirmaron ayer, acompañados por el gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, los secretarios del Medio Ambiente (Semarnat), Juan José Guerra Abud, y de Turismo (Sectur), Claudia Ruiz Massieu.
Los funcionarios del gabinete federal inauguraron ayer, junto al director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Rescala Pérez, las instalaciones de este último organismo en la entidad.
En el encuentro, se destacó que Campeche es clave en el país para la lucha contra el cambio climático, pues es uno de los pilares forestales al ocupar el primer lugar en selvas altas y medianas, al tener casi un 22 por ciento de la superficie que existe en México.
“Se ha comprobado que cerca del 26 por ciento de las emisiones contaminantes que se registran en el país pueden ser capturados a través de los bosques”, señaló. Por ello, dijo, a través del Programa Nacional Forestal se invierten este año en la entidad 120 millones de pesos para el cuidado de la selva campechana.
Por su parte, Ruiz Massieu reveló que particularmente en la región de Calakmul se requiere un desarrollo sustentable y por eso el proyecto anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto, para detonar el turismo en el Patrimonio Mixto, lleva un gran avance.
Es una prioridad del Presidente de la República. De los más de 140 millones de pesos destinados a mejorar las condiciones de acceso al sitio y los servicios básicos para los visitantes, están ya en ejecución poco más de 26 millones.
Desde San Francisco de Campeche, Campeche, julio 23 de 2015 ( COMUNICA ).- El gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), no dejará de respaldar a Campeche para que repunte en materia turística, confirmó la titular de la dependencia, Claudia Ruiz Massieu Salinas.
Y es que para el gobierno federal, Calakmul, Bien Mixto por la Unesco, deberá convertirse en el corto plazo en un sitio turístico por excelencia, ante ello, la funcionaria federal confirmó que los proyectos e inversiones destinados a este sitio serán puestos en marcha el próximo año.
Explicó que de los más de 140 millones de pesos destinados a mejorar las condiciones de acceso al sitio, así como para dotarlo de los servicios básicos para los visitantes, están ya en ejecución poco más de 26 millones.
“Lo que queremos es que ese sitio que es patrimonio mixto de la humanidad, se preserve en todo su esplendor y con las características técnicas que debe tener un sitio de esa naturaleza, pero sí detone turismo sustentable”
“Ya hay trabajos en ejecución, pero hay que tener un manejo adecuado del sitio, no solo porque es un patrimonio cultural, sino arqueológico cultural importante de México, el manejo del tipo de obra que se puede hacer, requiere ir de la mano todo el tiempo, en todo momento con el INAH y con la SEMARNAT, y en eso estamos. Es una prioridad del presidente de la república”, declaró.
En esta visita, el gobernador Fernando Ortega Bernés, destacó las aportaciones en la materia; reconoció el respaldo de Ruiz Massieu Salinas, afirmando que al día de hoy existen 16 proyectos turísticos en marcha a lo largo de cinco municipios.
“Hay obras para realzar, las Grutas de X’Tacumbilxuna’An, el parque de “Salto Grande” en Candelaria, obras de embellecimiento y potencialización de recursos turísticos en nuestras dos principales ciudades, Carmen y Campeche, pero también en otros tres municipios”, dijo.
Ortega Bernés, consideró que gracias a estas obras Campeche se prepara para detonar todo su potencial en materia turística, confirmó que esta es la actividad a la que más se le apuesta, incluso de forma más concreta que al sector energético.
Y es que la Secretaría de Turismo no solo afirmó el respaldo para Calakmul, también precisó que se busca consolidar a la ciudad de Campeche, que ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad como un sitio turístico obligado.
“Con toda la inversión que se destinó para la reconstrucción de la muralla está siendo cada vez más visitada, incluso estamos trabajando en estrategias para que en ciudad del Carmen y otras poblaciones que tienen vocación asociada al sector energético, podamos consolidar la estructura de turismo, de negocios o convenciones”, finalizó.
TOLUCA, Edomex. (apro).- Pese a tratarse de una zona considerada como Santuario del Agua y reserva ecológica, el gobierno federal pretende pagar a 28 pesos con 60 centavos el metro cuadrado de las tierras expropiadas en San Francisco Xochicuautla, para dar paso a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, una obra adjudicada a la empresa Autovan, filial de Higa.
El decreto expropiatorio publicado el pasado 9 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prevé, en su Resultando Quinto, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización mediante avalúo con número genérico G-09590-ZNC y secuencial 03-15-150 de 19 de marzo de 2015, con vigencia de un año contado a partir de la fecha de su emisión.
En él se asignó el valor unitario de 286 mil pesos por hectárea, de tal manera que por las casi 38 hectáreas a expropiar se pagará a los comuneros la cantidad total de 10 millones 850 mil 440 pesos.
La asociación civil change.org advierte que el proyecto de Autopista Naucalpan–Aeropuerto de Toluca (también llamada Interlomas-Aeropuerto), pretende destruir más de 600 mil metros cuadrados de bosque, afectando la producción de 250 millones de litros de agua por año.
Además de promover el amparo correspondiente contra el decreto expropiatorio, a la lucha de Xochiacuautla se han sumado padres de familia de los 43 desaparecidos y tres asesinados de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y familiares de los presos políticos de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenancingo.
El decreto por el que se expropia “por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción”, asegura que los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la Comunidad para realizar las consultas que conforme a derecho se requerían, por tratarse de una comunidad indígena.
La comunidad consultada, asegura el documento, “se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista Toluca-Naucalpan y autorizaron a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, a través del SAASCAEM, a continuar con el proyecto de expropiación correspondiente”.
No obstante, José Luis Fernández, vocero de los comuneros, asegura que el decreto expropiatorio es ilegal porque nunca se realizó la consulta referida, pues no hubo una convocatoria ni asamblea.
Las firmas con que pretenden demostrar la asamblea, acusó, fueron obtenidas mediante engaños, cuando a los vecinos se les ofreció convertirlos en beneficiarios de programas sociales.
En 2013, un total de 14 pobladores fueron encarcelados acusados de impedir que se realizaran las obras de la autopista; en noviembre del 2014, otros ocho fueron detenidos tras un enfrentamiento con la policía que resguardaba las obras.
Pese al amparo promovido este viernes, el decreto advierte que la superficie expropiada se encuentra ocupada por el SAASCAEM y no es susceptible de actividades agrícolas.
Culiacán, Sinaloa.- A través de un comunicado, el Frente Amplio Social Sinaloa, dio a conocer su posición respecto a la decisión del gobierno del estado de Oaxaca de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
En el documento dirigido a los medios de comunicación, la agrupación expresaba que “con esta medida asestan un golpe al magisterio democrático de la sección XXII del SNTE-CNTE, pensando con ello desarticular su lucha, mediante el congelamiento de cuentas y la exclusión de la participación al interior del IEEPO”, así como que el objetivo de esta medida es el cese delas protestas y manifestaciones.
Por esta razón, llamaron a la población a manifestarse en apoyo a la CNTE el próximo 26 de julio, a las 9:00 horas, en una caravana motorizada que saldrá de La Lomita.
Aquí el comunicado completo:
El pasado 21 de julio, el Gobernador del Estado de Oaxaca, en contubernio con el Gobierno Federal, en conferencia de prensa anunció la desaparición del IEEPO, [Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca].
Declaró que, de momento, la educación pasaba a manos de la Federación. Este anuncio se dio mientras el IEEPO estaba resguardado por cientos de efectivos federales, de la Marina y demás cuerpos de seguridad, mientras el resto de la Ciudad de Oaxaca prácticamente estaba “en estado de sitio”, por la presencia de miles de estos elementos.
Con esta medida asestan un golpe al magisterio democrático de la sección XXII del SNTE-CNTE, pensando con ello desarticular su lucha, mediante el congelamiento de cuentas y la exclusión de la participación al interior del IEEPO. El objetivo claramente es que deje de protestar y de movilizar a las bases magisteriales en contra de la reforma educativa a nivel nacional.
No obstante, a través de los medios de comunicación han desatado una campaña de linchamiento contra la CNTE con el único objetivo de preparar las condiciones para justificar el uso de la fuerza, dando pie en un primer momento a la represión selectiva.
Los acontecimientos pasados así lo demuestran, el Estado ha utilizado la fuerza contra manifestantes dejando una serie de detenidos, heridos y hasta asesinados. Los casos más recientes son el de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero. En Michoacán con los normalistas, o el caso reciente del asesinato de un menor a manos del Ejército en la comunidad de Ostula, Todo esto demuestra que el gobierno de Peña Nieto utiliza el uso de la fuerza para evitar cualquier brote de descontento social, violando constantemente los derechos humanos sin importar que sea a sangre y fuego la imposición de sus 11 reformas estructurales, que no han representado ningún avance económico, político, social en nuestro país. Lo que hacen con esto es CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL.
Ante ello manifestamos: el FAS, [FRENTE AMPLIO SOCIAL EN SINALOA], muestra su más amplia solidaridad con la CNTE, COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION, específicamente con la combativa Sección 22 DE Oaxaca.
Condenamos enérgicamente, cualquier atentado a la integridad física de cualquiera profesor, organización, sindicato o ciudadano que se manifieste en contra de la mal llamada reforma educativa, y de salud.
¡POR LA PRESENTACION CON VIDA DE LOS 43 DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA!
¡POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE LOS COMPAÑEROS DURANTE EL BOICOT ELECTORAL!
¡NO A LA REFORMA EDUCATIVA!
Este próximo DOMINGO 26 DE JULIO manifestaremos nuestro apoyo a la CNTE Sección XXII y continuaremos con la exigencia de la presentación con vida de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado Mexicano.
CARAVANA MOTORIZADA, SALIENDO DE LA LOMITA, A PARTIR DE LAS 9AM.
OAXACA, OAXACA (24/JUL/2015).- “¡El pueblo está despierto! ¡El lunes es el día decisivo!”, aseguran los maestros al llegar al Zócalo de la ciudad de Oaxaca.
Luego de recorrer las calles principales, el contingente del magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribó al primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, en donde mantienen su plantón.
Ahí, los maestros disidentes enfatizaron que la marcha es el inicio de la gran resistencia en contra de la renovación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y desconocieron al director del Instituto.
“La marcha es el inicio de la gran resistencia, hoy inicia la movilización a nivel estatal y nacional”, enfatizaron
Durante el mitin señalaron que si las autoridades habían pensado que el movimiento iba a claudicar con las fuerzas federales, “se equivocaron”.
Indicaron que las cuentas están pendientes, no darán marcha atrás y desconocen al director del IEEPO.
“La reforma laborar nos quita el derecho a sindicalizarnos. Oaxaca tiene dignidad y vale la pena toda una vida de lucha”, comentaron.
Oaxaca.- Maestros de la Sección 22 marcharon este viernes en distintos municipios de Oaxaca para pedir, entre otros puntos, que la Secretaría de Gobernación retome el diálogo con este gremio.
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Los docentes de la Costa y el Valle Central se concentraron en el Monumento a la Madre para caminar sobre calzada Madero, Independencia y concluir en el Zócalo.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó movilizaciones en Tuxtepec, en Huajuapan, en el Istmo y la Costa, además del Valle Central.
En el contingente del Valle Central iba a la cabeza Norma Cleyver Cruz Vásquez, del sector Valle y Othón Nazariega Segura, del sector Periferia.
“Pedimos la instalación inmediata de la mesa de negociación con la Segob”, arengó Norma Cruz para sus compañeros durante la marcha.
Demandó también la salida de la Policía Federal y la Gendarmería de Oaxaca, así como el cese a los operativos de seguridad que han iniciado.
Entre otras demandas está la aparición con vida de los 43 normalistas, el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación, así como sus logros sindicales.
En esta marcha, que llegó al Zócalo de la ciudad, participaron también integrantes de organizaciones sociales, entre los que estimaron unos 800 participantes.
La edificación de una gasolinera en avenida 5 de febrero no contaba con las medidas de seguridad que marca el reglamento para la construcción en la capital
Personal de la administración municipal de Querétaro suspendió la obra de la construcción de la gasolinera que se pretendía ubicar en avenida 5 de Febrero y la desviación a la carretera a Tlacote, debido a que no contaba con las medidas de seguridad que marca la normatividad para la construcción, así lo señaló el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Gustavo Zepeda.
Cabe señalar que el jueves pasado, el director de Desarrollo Urbano del municipio, Miguel Ángel Bucio Reta, declaró que esa construcción contaba con todos los permisos y estudios requeridos.
“La dirección de Desarrollo Urbano decidió la suspensión temporal y en su caso será objeto de un proceso determinado para respecto a la propia gasolinera que no contaba con las medidas de seguridad correspondientes”, subrayó.
Así mismo, señaló que si bien esa construcción contaba con el permiso para construirse, se tenía que verificar si cumplía con las medidas de seguridad para la obra, aunque no precisó qué medidas no cumplió, ya que afirmó que ese tema le corresponde a otra dirección.
En tanto, el director de Desarrollo Urbano del municipio había referido el jueves pasado que esa obra contaba con los vistos buenos de la Unidad Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, la delegación de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Esta secretaría, a través de un servidor, solicitó la colaboración del secretario de Desarrollo Sustentable para que verificara la legalidad en cuanto a los permisos que la propia gasolinera contiene y también las condiciones y seguridad de la obra que se está ejecutando”, subrayó el secretario de Gobierno.
Señaló que derivado del bloqueo que realizaron los integrantes de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Santiago en las laterales de 5 de Febrero y la carretera a Tlacote este miércoles por la mañana, personal de esa secretaría acudió para establecer negociaciones con los vecinos de la zona. Además, puntualizó que continúa la mesa de diálogo con los vecinos.
“Nosotros hemos generado una mesa de diálogo con la propia asociación de colonos, estaremos platicando de forma continua y sobre todo dando seguimiento a los temas con la propia dirección de gobernación para tranquilidad de los vecinos y habitantes de la zona”, subrayó.
Sobre el nombre del propietario de esa Estación Tlacote, S.A. de C.V., el funcionario público refirió que no podía proporcionar esa información, sino que se tenía que solicitar vía acceso a la información. Igualmente sobre las peticiones de los colonos del fraccionamiento Santiago en cuanto a los dictámenes de Protección Civil, Pemex y de impacto vial, también aseveró que lo tienen que solicitar vía acceso a la información.
“Son datos reservados, cualquier tema (debe ser referido a la Unidad) de Acceso a la Información; finalmente el propietario es un particular y también ellos tienen derecho a salvaguardar su nombre”, recalcó el funcionario.
Gustavo Zepeda no dio datos sobre cuánto podría durar esta clausura o si es definitiva, ya que recalcó que los encargados del tema son de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Dirección de Desarrollo Urbano.
Habitantes del Ejido Pueblo Nuevo mantienen un plantón en la autopista Durango-Mazatlán denunciando que la construcción de la súper carretera afectó 676 hectáreas de sus terrenos.
Gabriela Gallegos/ Corresponsal
DURANGO.- Mantienen ejidatarios plantón de 95 días en el kilómetro 120 de la autopista Durango-Mazatlán justo en la caseta de cobro “Coscomate”. La condición para abandonar el tramo carretero es el pago de 676 hectáreas del Ejido Pueblo Nuevo afectadas desde hace 14 años por la construcción de la súper carretera.
Desde el pasado 20 de abril ejidatarios afectados por la construcción de la carretera, estrangulan el paso por periodos de 60 minutos en exigencia del pago de las tierras afectadas y al costo de 500 mil pesos por hectárea, tal como fue el pago a sus pares del estado de Sinaloa.
Al paso de los días miembros de algunos ejidos afectados aceptaron el reembolso de 100 mil pesos por hectárea y se retiraron del movimiento, mientras que los pertenecientes al Ejido Pueblo Nuevo, se mantienen hasta la fecha.
Igual que hace 95 días don Andrés Quiñónez Medrano, asegura que no abandonarán la caseta de cobro y que sólo aceptan por solución el pago justo de sus tierras. Desde abril se han negado a nuevas reuniones con funcionarios federales en el centro del país, por considerarlas pérdida de tiempo e incumplimiento de los funcionarios.
Reiteró que solo se “negocia aquí y sólo se acepta por solución el pago de nuestras tierras”.
Desde el inicio del periodo vacacional la caseta está libre. Los usuarios no tienen que pagar los 243 pesos que cuesta el peaje en esa caseta, sólo 50 pesos a los ejidatarios.
Mientras, los funcionarios estatales están de vacaciones, los federales como el Delegado Regional de Caminos y Puentes Federales, Tito García Hebert, se negaron a declarar sobre el tema.
La respuesta del gobierno de Quintana Roo para rechazar la recomendación que le giró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los agravios que cometió en contra del comunicador maya, Pedro Canché, es “insuficiente”, al no estar fundada, ni motivada; no satisface por su pobreza argumentativa y amerita la comparecencia del gobernador del estado, Roberto Borge, ante el Senado, afirmó hoy la organización Artículo 19.
La agrupación internacional asumió la defensa legal de Canché Herrera, junto con la abogada, Aracely Andrade Tolama, a partir de su aprehensión –el 30 de agosto del 2014- y encarcelamiento por el delito fabricado de “sabotaje”, el cual le fue imputado por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), días después de que el comunicador retó a un debate a Borge Angulo, sobre los rezagos en la zona maya.
“La respuesta de cuatro hojas, no es ni exhaustiva en sus razones, ni sólida en sus fundamentos, por eso se viola de manera evidente los artículos 1 y 102 Apartado ‘B’ de la Constitución, así como el artículo 46 de la Ley de la CNDH.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Eduardo Knapp Moreno, abogado de la organización internacional, explicó que, una vez conocida la respuesta y razonamiento del gobierno estatal, respecto a la recomendación 13/2015, compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ejercer su facultad para pedirle al Senado de la República que llame a comparecer a Borge Angulo, para ahondar en su negativa.
“Ante la insuficiente fundamentación y motivación en la respuesta a la CNDH, el ombudsman nacional (Raúl González Pérez) debe solicitar la intervención del Senado para que llame a comparecer al gobernador de Quintana Roo, con fundamento en las reformas del 2011 a la Constitución, en materia de Derechos Humanos”, expresó.
Ley estatal contempla disculpas públicas
A grandes rasgos, la respuesta que emitió Borge Angulo, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado, esgrime que sería presuntamente violatorio del orden constitucional y legal, establecer un procedimiento de reparación de daños a Pedro Canché.
La reparación del daño, solicitada por la CNDH, abarca indemnizar al comunicador maya, pedirle una disculpa pública, frenar las denostaciones públicas en su contra y de otros periodistas, abrir investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos a fin de aplicar sanciones para quienes cometieron agravios en su contra.
“Miente el gobierno del estado cuando dice que no existe en la ley, la figura de disculpas públicas o de reparación del daño. La Constitución mexicana establece en su artículo 1, párrafo tercer, que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, subrayó el abogado.
De hecho, Artículo 19 citó que la propia Ley Estatal de Víctimas de Quintana Roo en su artículo 78, fracción IV, obliga a brindar “una disculpa pública de parte del estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades”.
Knapp Moreno dijo que si bien el 7 de abril del 2014, se publicó en el Periódico Oficial del estado, la Ley de Víctimas de Quintana Roo, la cual prevé procedimientos para acceder a una justa reparación para personas víctimas de delitos o violaciones a los Derechos Humanos, el Sistema Estatal de Víctimas no opera desde entonces.
“Por esta razón la CNDH solicitó al gobierno del estado la instalación de la Comisión de Víctimas, lo cual tampoco aceptó, bajo el argumento de que implicaría una ‘imposición unilateral’”, señaló.
Libertad de expresión no abarca el hostigamiento
Respecto a la negativa del gobierno estatal, para que sus funcionarios se abstengan de atacar y estigmatizar a Canché, a otros periodistas y ciudadanos en general bajo el argumento de que la administración borgista no puede “limitar” la libertad de expresión, Artículo 19 aclaró, conforma a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que:
“El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la Libertad de Expresión y, por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno”.
El gobierno del estado también se negó a colaborar en las denuncias que la CNDH interpondrá ante la Procuraduría de Justicia, en contra de la ministerio público que integró el expediente fabricado contra Pedro Canché, argumentando que “debe evitarse el criterio político”.
La organización calificó esa respuesta como un acto de cinismo de la Consejería Jurídica del estado, pues “resulta evidente que las violaciones a los derechos humanos del periodista maya fueron cometidas precisamente porque la Procuraduría de Justicia fue instrumentalizada políticamente para castigar voces críticas”.
COLIMA, Col., (apro).- Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Policía Estatal Preventiva desalojaron por la fuerza a los miembros del ejido Ayotitlán, del municipio jalisciense de Cuautitlán, quienes mantenían tomadas las instalaciones de la empresa minera Peña Colorada en demanda del pago de regalías por explotar terrenos pertenecientes al núcleo agrario.
Como saldo del operativo, el secretario general de Gobierno de Colima, Rafael Gutiérrez Villalobos, informó que fueron detenidos 34 campesinos, diez agentes resultaron lesionados y hubo daños en seis patrullas policiacas.
Sin embargo, el presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco AC (Fremmar), Jesús Hermenegildo García, quien fue testigo de los sucesos, declaró esta tarde a Apro que los elementos de la fuerza pública hicieron uso de “violencia excesiva” en contra de los ejidatarios, lo que propició que cerca de veinte de ellos resultaran heridos, la mayoría con objeto contundente en la cabeza.
En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el director general de la empresa Arturo Tronco Guadiana y el procurador Marcos Santana Montes, Gutiérrez Villalobos indicó que la intervención de las corporaciones de seguridad se produjo a petición de la minera Peña Colorada, y precisó que los detenidos no alcanzarán libertad bajo fianza, pues enfrentan cargos por delitos graves como privación ilegal de la libertad, despojo y daños.
También refirió que después de la toma de la minera, a petición de los directivos de ésta, el personal de la PGJE y de la Policía Estatal Preventiva se mantuvo a la espera de que las partes pudieran llegar a un acuerdo “para lograr que las instalaciones fueran desocupadas por quienes de manera ilegal estaban despojando a la empresa, y que los trabajadores que se encontraban encerrados en las oficinas fueran liberados”.
No obstante, “estas personas nunca cedieron ni se retiraron; por el contrario, se mantuvieron en la postura violenta con la que llegaron y amenazaban con incendiar las instalaciones y equipo de dicho corporativo”.
Por lo anterior, agregó Gutiérrez Villalobos, “y ante la comisión de delitos flagrantes tales como despojo, daños y privación de la libertad, y a solicitud de la empresa ofendida, se recurrió a la intervención de la fuerza pública para desalojar a quienes habían tomado por la fuerza algunas áreas de la empresa, mismos que comenzaron a agruparse para agredir a los elementos de la policía con palos, piedras y otros objetos, resultando lesionados varios elementos de las corporaciones estatales y cuantiosos daños al patrimonio del Estado, toda vez que en el enfrentamiento se dañaron varias patrullas y vehículos de seguridad, así como equipo táctico”.
En el transcurso del día no fue posible localizar vía telefónica al presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán, Ernestino Ciprián Ocaranza, para conocer su versión de los hechos.
Algunos de los lesionados, dijo Hermenegildo García, fueron atendidos en el centro de salud de la cabecera municipal de Minatitlán, Colima, en tanto que dos de los ejidatarios, Javier Contreras Aguilar y Gregorio Cobián Peregrina, debieron ser hospitalizados en un nosocomio de la capital de esta entidad.
Entre otros lesionados estuvieron Fortunato Chávez, Juan Flores, J. Santos de la Cruz, Angelberto Peña Martínez, Martín Estrada Pulido, Antonio de la Cruz Nieves y el niño Eric Ramos, de 9 años.
Durante el desalojo de los campesinos, aseveró el dirigente del Fremmar, hubo disparos de arma de fuego de parte de los elementos policiacos en contra de Félix Monroy Rutilo, habitante de Los Potros, quien “escapó rodando por una barranca y después se refugió con el resto de sus compañeros”.
Jesús Hermenegildo García proporcionó los nombres de 18 de los detenidos: Fidencio Aguilar Ramos, Fausto Cobián de los Santos, Germán Pulgarín Monroy, Eligio Contreras Alonso, Giovanni González Olivares, Fulgencio Díaz, Samuel y Julián Elías Roblada, Pedro Cobián Ramos, Hilario Cobián Ramos, Virgilio Flores Pulgarín, Martín Flores Gerardo, Eulogio Flores Aguilar, Francisco Estrada Monroy Elías, Francisco Hermenegildo Sánchez, Pedro Gutiérrez Hernández, José Luis N. y el abogado Eduardo Mosqueda.
Además, acusó Hermenegildo García, los elementos de las corporaciones policiacas aseguraron 15 camionetas propiedad de los ejidatarios, unidades que se encontraban en el lugar.
También rechazó la versión del secretario de Gobierno y del propio director de Peña Colorada, en el sentido de que los ejidatarios habían privado de su libertad a algunos trabajadores de la empresa, pues fueron ellos con quienes estuvieron dialogando a lo largo del día, y la intervención de las fuerzas policiacas se produjo poco después de que éstos salieron de la reunión, entre ellos el representante jurídico de la minera, David Cárdenas de la Cruz.
El dirigente del Fremmar puntualizó que fue precisamente cuando los representantes de Peña Colorada salieron del lugar cuando “empezaron las agresiones en contra de los ejidatarios, primero con piedras lanzadas por miembros del sindicato de Peña Colorada y después con golpes de parte de los miembros de los cuerpos policiacos”.
Maestros de la CETEC-CNTE mantienen un plantón permanente en el parque principal de Campeche con el fin de luchar contra la reforma educativa, pero también para informar las afectaciones de las reformas estructurales a la clase trabajadora.
Con el fin de contribuir a la sociedad como maestros conscientes han emprendido una jornada de curso-talleres dirigidos a niño y niñas, jóvenes y adultos. Talleres de dibujo, guitarra, tejido y regularización educativa a niños de 1° a 6° de primaria. Estos talleres estarán disponibles de 9am a 6 pm.
¡Asiste! ¡Los derechos no se negocian, se defienden!
Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió información falsa acerca de Áreas de Reserva Ecológica inexistentes en zonas aledañas a la Loma de Santa María.
También mintieron al señalar que tomaron en cuenta las recomendaciones del estudio de la UNAM, afirmó en un comunicado el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), que posee un documento que lo demuestra.
De acuerdo con el Oficio No. 3.1.0.1.3-266/2014, suscrito por Óscar Callejo Silva, director general de Carreteras de la SCT en agosto de 2014, en el proyecto ejecutivo de la Segunda Etapa del Libramiento Sur, tramo ramal Camelinas, para los Cortes 1 y 2 se incluyeron “elementos necesarios para la estabilidad de los taludes tales como anclas, malla triple torsión, concreto lanzado, drenes transversales de penetración, contra cunetas, lavaderos, cajas disparadoras de energía y subdrenes de zanja”.
En su misiva, el funcionario agrega que no se considera viable la recomendación de la UNAM de modificar el trazo de la obra debido a la existencia de áreas de reserva ecológicas denominadas “Río Chiquito” y “Santa María”, por lo que el trazado actual se ubicó justo en medio de ambas zonas de reserva para evitar su afectación.
El MCDL afirmó que lo anterior es falso debido a que no existen en dicha zona Áreas de Reserva Ecológica denominadas de esa manera. Asimismo, señaló que la SCT tiene programado llevar a cabo “los estudios faltantes para el portal de salida del Túnel 2 una vez que se den las condiciones para su elaboración, a efecto de atender la recomendación del estudio de la UNAM, lo cual no impide continuar con la ejecución de las obras actualmente en proceso”.
Finalmente, la SCT mintió al señalar que “ha atendido las observaciones realizadas por la UNAM al proyecto de construcción del Ramal Camelinas, con lo que se garantiza su viabilidad técnica, económica y ambiental”. Lo anterior es falso a decir del Movimiento debido a que se está llevando a cabo un nuevo estudio a modo para contrarrestar el elaborado por la UNAM y que será revelado en pocos días por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Gases de empresa enferman a menores, acusan vecinos
Menores de diversos fraccionamientos del municipio están padeciendo severas afectaciones respiratorias debido a los gases que arroja una empresa ubicada en la zona, aseguran vecinos
A pesar de haber presentado una denuncia ante la Profepa hace casi cinco meses, los vecinos siguen sin tener respuesta
Severas afectaciones respiratorias están padeciendo niños menores de 4 años en diversos fraccionamientos del municipio de Querétaro, como Viñedos y Sonterra, esto debido a los gases que arroja una empresa ubicada en la zona, aseguran vecinos. La señora Jimena García, dijo que el problema es muy grave toda vez que las afectaciones de salud han terminado en operaciones de vías respiratorias de varios pequeños de la colonia. Además señaló que tiene más de 150 reportes de vecinos que padecen de esta situación con sus hijos.
“Es una fábrica que está contaminando mucho, es AGROGEN, que hace productos de fertilizantes, que en sus contenedores dicen que contienen amoniaco y tienen montañas expuestas de azufre (…). De hecho yo he visto he sido testigo de que la fábrica tiene unos tubitos de salida y por ahí tiran agua; es un canal que tienen enfrente y eso está prohibido, les pueden cerrar el negocio por esa situación, porque nos están envenenando a nosotros por el subsuelo contaminado”, indicó.
En su caso, explicó que su hija de 3 años presentó adenoiditis (linfoma que se inflama durante procesos alérgicos), síntomas que fueron tratados, sin embargo, no mostró mejoría y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; pese a ello, sigue en tratamiento debido a que su alergia es ambiental.
“Todos los niños de la edad de mi hija coinciden que tiene el mismo problema y al mismo tiempo, hay ocasiones a que la empresa suelta mayores vapores, es cuando los niños se tapan de la nariz; no afecta a niños adolescentes por ejemplo, pero niños de cero a cuatro años son los más afectados”, detalló.
Y es que indicó hay momentos en el día en que los gases son mayores y es cuando se reflejan las enfermedades, además de que señaló se percibe un aire ácido.
“En los adultos en lo único que coincidimos es que se nos seca la garganta y algunos tienen dolor de cabeza; en las mañanas amanecen con garganta seca y los niños, todos tapados de la nariz, y este patrón lo tienen la mayoría de los niños”, apuntó.
Agregó que la única solución que ha plantado la doctora de sus hijas, es irse de la zona para evitar un cáncer en sus hijas, toda vez que la menor también comienza con los mismos síntomas.
“A mí me dijo la doctora: “de plano necesitas moverte de ahí, porque Querétaro es uno de los primeros lugares con leucemia infantil, todo estos químicos que los niños respiran les causan un cáncer porque sus organismos son los más vulnerables a recibir todos estos gases”, aseveró.
Esta situación fue planteada a las autoridades, sin embrago, por ser de orden federal, dijo, interpuso una denuncia directa ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el encargado de Quejas y Denuncias, José Luis Olvera, sin embrago, a casi 5 meses no ha tenido respuesta.
“Yo primero me acerque al Verde Ecologista y me dijeron que ellos solamente atienden cuando contaminan el agua, de ahí me canalizaron a Green Peace y me pidieron hacer una investigación particular y si resulta positiva pues entran y de ahí terminé en la PROFEPA; pero solo recibí un correo de acuse de la denuncia, pero ni número de averiguación, ni nada”.
Explicó que varios vecinos han coincidido con el mismo diagnóstico, además de que ya se ha operado a más pequeños de vecinos de esta colonia, por la misma situación.
Incluso señaló que de propia iniciativa ha llevado muestras de agua y tierra con químicos, para que analicen qué tipo de contaminación es la que está afectando a las familias de la zona ya que, puntualizó, pareciera ser que el subsuelo está también contaminado.
Dijo esperar que las autoridades hagan un diagnóstico de esta empresa, que determinen un impacto ambiental y que se regule.
Un grupo de maestros de Durango se incorporará a la caravana “División del Norte, todos somos Oaxaca”, que partirá a las 10:00 horas a la Ciudad de México, con escalas en varias ciudades.
El objetivo de dicha movilización es apoyar al movimiento magisterial que la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) realiza en dicha entidad.
Hilario Román González, uno de los líderes locales de la CNTE, expuso que la caravana parte del Jardín Nazas con rumbo a Zacatecas para una toma simbólica de la ciudad, no sin que antes se hayan sumado algunos docentes que vienen de la Región Laguna.
Antes de llegar a la capital del país la caravana de maestros que se irá incrementando con el transitar por los estados, visitará también las ciudades de San Luis Potosí y Querétaro.
Ya en la Ciudad de México se manifestarán en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que de los más de 500 mil amparos de maestros no han sido atendidos.
Por lo pronto, están listo para participar en esta caravana alrededor de 30 maestros, pero se trata de una primera avanzada, pero dependiendo de las necesidades del movimiento, no se descarta la posibilidad de movilizar personal en autobuses para reforzar las protestas.
Exigencia
Buscan apoyar al movimiento magisterial que la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) realiza en dicha entidad.
Presencia
Están listos para participar en esta caravana alrededor de 30 maestros, aunque luego pudieran envías autobuses.
Por este medio les hacemos llegar el comunicado que las madres y los padres de los estudiantes desparecidos y asesinados de Ayotzinapa acordaron enviar a la Comunidad indígena de Ostula, en Michoacán, después del ataque del que fueron víctimas por parte del Ejército mexicano.
COMUNICADO
LAS MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE NOS SOLIDARIZAMOS CON EL PUEBLO DE OSTULA Y EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ATAQUE Y LOS ASESINATOS.
Estamos enterados a través de los medios de comunicación que el domingo 19 de julio de 2015 el Ejército mexicano atacó la comunidad indígena de Santa María Ostula en Michoacán donde se reportó un niño muerto y dos menores heridos.
En las comunidades indígenas de Guerrero como en Ostula, en donde ante la inoperancia de las estrategias gubernamentales para contener el rompimiento del tejido social por parte de la delincuencia organizada, la conformación de grupos de policía comunitaria ha sido la única alternativa para garantizar la seguridad de sus habitantes, en repuesta el narco-estado mexicano y sus instituciones pretenden detener la consolidación de estos sistemas alternativos de justicia y su expansión, fabricando delitos a sus representantes más visibles y encarcelándolos.
También en Santa María Ostula, después de un aparatoso operativo militar se dio la detención del comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula, Cemeí Verdía. Ante las acciones emprendidas por las fuerzas federales la comunidad de Santa María Ostula se movilizó y retuvo a varios miembros del ejército mexicano que participaron en las agresiones, y al igual que lo sucedido el 7 de junio de 2015 en Tlapa, Guerrero, donde la policía federal asesino al estudiante Antonio Vivar Díaz, en Ostula los militares dispararon a mansalva en contra de las personas que se asomaban a las ventanas, incluso a los niños, resultando muerto el niño Edilberto Reyes García, cuando una bala atravesó su cráneo a un costado del ojo derecho y otros niños resultaron heridos por las balas de los militares asesinos.
Las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en nuestro peregrinar en búsqueda de la solidaridad, recorrimos diversos lugares de varios estados del país visitamos Ostula y ese noble pueblo nos brindó su más amplia solidaridad y cobijó nuestro dolor dándonos fuerzas para seguir adelante. Hoy con la misma generosidad les manifestamos nuestra más amplia solidaridad, les decimos que no están solos, que lucharemos junto a ustedes para exigir al narco-estado mexicano que cese la represión en contra de los pueblos que se organizan para defender sus derechos y exigimos que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen y las heridas ocasionadas a otros niños, también exigimos la inmediata libertad de Cemeí Verdía comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula.
Atentamente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
A la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula, Aquila, Michoacán:
A la Sexta nacional e Internacional:
A los pueblos de México y del Mundo:
21 de julio del 2015.
Ante los violentos acontecimientos perpetrados el pasado 19 de julio de 2015 en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula por un numeroso comando conformado por miembros de la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, hechos en los que fue detenido el comandante de la policía comunitaria de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, y en los que los soldados federales asesinaron POR UN IMPACTO DE BALA EN LA CARA AL NIÑO EDILBERTO REYES GARCÍA DE DOCE AÑOS e hirieron a la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años, a Edith Balbino Vera, a Delfino Antonio Alejo Ramos de 17 años, a Horacio Valladares Manuel de 32 años, a José Nicodemos Macías Zambrano, de 21 años, y a Melesio Cristino Dirzio, de 60 años, …
DENUNCIAMOS
La criminal actuación de dichas corporaciones militares y policiacas y su complicidad con el crimen organizado, en este caso Los Caballeros Templarios, para escalar la guerra de conquista que desde hace años han desatado contra la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula con el fin de ocupar sus territorios, favorecer los intereses mineros y turísticos trasnacionales y como castigo por haberse atrevido dicha comunidad a recuperar sus territorios de los que era despojada y a defenderse, haciendo valer su derecho a la vida, del crimen organizado que hoy sirve de brazo paramilitar al Estado Mexicano.
El motivo de estos criminales sucesos no es otro que avanzar dicha guerra de conquista capitalista en contra de Ostula y en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas y no indígenas de este país.
Asimismo EXIGIMOS:
LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMANDANTE CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA Y EL RETIRO DE LOS CARGOS QUE EXISTEN EN SU CONTRA.
El CASTIGO DE LOS MANDOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES MILITARES Y POLICIACAS QUE ASESINARON AL NIÑO EDILBERTO REYES GARCÍA, E HIRIERON Y GOLPEARON A DIVERSOS COMUNEROS DE OSTULA.
El respeto a las tierras de la comunidad de Santa María Ostula que pretenden ser despojadas por empresas mineras extranjeras como Ternium, con el apoyo del mal gobierno coludido con el crimen organizado.
La presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 33 comuneros, todos pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos cuatro años en su lucha por la defensa de sus libertades y de sus tierras.
El respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de la comunidad indígena de Santa María Ostula.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional a permanecer atentos a los acontecimientos que se presenten en lo futuro en el territorio de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, sumándose a la solidaridad con su lucha y sus exigencias.
Atentamente
Julio de 2015
Nunca más un México sin nosotros
Congreso Nacional Indígena.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del EZLN.
En el contexto de los operativos de la Marina, Ejército y Policía Federal contra la comunidad nahua de Ostula, Michoacán, que tuvieron como resultado dos menores de edad y un adulto muertos, así como la detención de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila), se ofrece una conferencia de prensa en la que un vocero de Ostula presentará la cronología de los hechos y el posicionamiento de esta comunidad autónoma ante la agresión que está viviendo.
SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue. (apro).- La organización Cholula Viva y Digna denunció que el juzgado penal de esta localidad incumplió con el amparo que otorgó la justicia federal para la liberación de Adan y Paul Xicale, considerados defensores del patrimonio histórico y cultural cholulteca.
Aunque el amparo que concedió el Juzgado Cuarto de Distrito ordenaba al Juzgado de Cholula que dejara en libertad al abogado Adán Xicale y a su hijo Paul a más tardar este miércoles 22, el juez Alejandro León Flores alargó el plazo.
En un comunicado, la agrupación, formada por habitantes de San Pedro y San Andrés Cholula que se oponen a la construcción de un parque en las inmediaciones de la gran Pirámide y del Templo de la Virgen de los Remedios, denunció que esto representa una violación más a los derechos humanos de los “defensores del patrimonio” cholulteca.
Los quejosos explicaron que el amparo establecía cuatro puntos: dejar insubsistente el auto de formal prisión; reponer el proceso y desahogar careos que no se hicieron antes; dictar una nueva resolución en la que no se consideraran los delitos de despojo, ataques a la vías de comunicación y daño en propiedad ajena doloso, y determinar con base a los careos si se tipificaban otros delitos.
La agrupación aclaró que esta resolución implicaba la libertad de los Xicale, ya que al no configurarse los delitos de despojo, ataques a las vías de comunicación y daño en propiedad ajena, podían seguir el proceso en libertad bajo caución por los otros supuestos ilícitos que son motín y daño en propiedad ajena.
“Pero el juzgado determine el día de hoy cumplir sólo con los dos primeros puntos y señala las fechas para careos el jueves 23 a las 10:00 horas; sin embargo, debió haber cumplido íntegramente la totalidad de los puntos de la sentencia y haberlos liberado”, acusó la organización ciudadana.
En lugar de ello, abundó, el juzgado les notificó que se negaba la libertad bajo fianza a ambos activistas hasta que se resuelva la situación jurídica y el término que el juzgado fijó hasta el próximo lunes 27.
Cholula Viva y Digna consideró que esta determinación representa una flagrante violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso, presunción de inocencia y mayor beneficio hacia los indiciados, porque alarga por más días el “injusto” encarcelamiento de los Xicale.
Adán Xicale es el abogado que formuló una serie de amparos para oponerse a la construcción de un parque proyectado por el gobierno de Rafael Moreno Valle en terrenos que circundan la Gran Pirámide de Cholula y el templo de la Virgen de los Remedios.
El activista y su hijo participaron en movilizaciones que reclamaban a las autoridades estatales y municipales la suspensión de las obras que atentan contra el patrimonio cultural e histórico de Cholula, pues además de que la zona es rica en vestigios arqueológicos, es escenario de las procesiones religiosas que durante siglos han mantenido vivas los habitantes de esa región.
Ambos activistas fueron detenidos la madrugada del 7 de octubre pasado cuando participaban en un plantón afuera de la presidencia municipal de San Andrés Cholula, con el fin de exigir atención a sus reclamos.
Lourdes Chávez
El Sur
En el valle San Quintín en Baja California trabajan como jornaleros agrícolas unos 24 mil guerrerenses, que se quedaron a radicar allá en condiciones menos gravosas que en otras entidades de la República, pero aún precarias, informó el secretario del Migrante y Asuntos Internacionales en el estado, Netzahualcóyotl Bustamante Santín.
Dijo que se sienten indocumentados en su país pero no quieren regresar Guerrero, porque en sus pueblos no tienen ni para comer.
En consulta telefónica desde Baja California, reveló que en la represión de las protestas de jornaleros agrícolas de marzo para demandar mejoras laborales, de los 14 personas que siguen en prisión, cuatro son na’ savi de Guerrero y el resto son triquis de Oaxaca.
De esos casos mencionó que en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, una de las principales demandas de la Alianza de Organizaciones, es su libertad inmediata, aunque las autoridades federales no los reconocen como trabajadores agrícolas, Bustamente Santín subrayó que son migrantes indígenas guerrerenses.
Informó que esta es la primera gira del gobierno del estado en Baja California para conocer los problemas de los migrantes en aquella entidad, y a tres meses de que concluya la administración pretende dejar un antecedente para su seguimiento. Añadió que tienen obligaciones tanto el estado que expulsa como el que recibe a los migrantes.
Explicó que el valle de San Quintín es una franja de 250 kilómetros y los guerrerenses, después de los Oaxaqueños, son las segunda población de migrantes más grande en la zona. De 80 mil habitantes, dos terceras partes son jornaleros y 24 mil de Guerrero.
Aunque San Quintín no se compara con Sinaloa, donde hay más de 10 mi hectáreas de cultivo, en el valle está cerca de 8 mil.
Estimó que el primer flujo de migrantes de Guerrero a San Quintín data de hace 30 años, y a la fecha no hay una llegada masiva de ellos, porque se han quedado a radicar allá. Aunque esta temporada arribaron a Guerrero unos 400 migrantes la mayor parte radican allá.
Por ejemplo, dijo que Las Brisas, en la delegación de San Vicente Camalú al sur de Ensenada, viven unos mil jornaleros, principalmente de Guerrero. Otro grupo se encuentra en la comunidad de Santa María de los Pinos, donde opera la empresa más importante de San Quintín.
Incluso, en Ensenada se creó la colonia 89 con familias náhuas de Copalillo, y en la delegación de Maneadero hay una comunidad na’savi de la parte alta de Metlatónoc, donde se acaba de crear una asociación civil para la educación bilingüe.
Contrario a otros estados, “donde (los jornaleros) viven manteados, en galerones horribles, en condiciones lamentables, en San Quintín no hay campamentos, están radicados, es más, acá los hijos de los jornaleros que nacieron en Baja California cuando les preguntaron si tienen interés de volver, dicen que no”.
De la vivienda opinó que distinto a otros estados, “acá relativamente hay mejores condiciones, (pero) hay una sequía tremenda, seis años que no llueve, y los migrantes no tienen drenaje, a ellos les están tandeando agua cada semana, cada 10 días. Familias de 10 y 15 personas habitan en cuartos de 3 por 3 metros, tampoco están en jauja, pero relativamente mejor que en otros estados”.
De las actividades institucionales, informó que se reunió con funcionarios de Baja California y delegados federales para conocer su perspectiva y la problemática de los migrantes; un tema principal es la seguridad jurídica de las viviendas, porque han comprado lotes pero no tienen certeza laboral para el pago de créditos.
Asimismo, se reunió con la Alianza de Organizaciones y conversó con Fidel Sánchez y Justino Herrera de origen triqui, voceros del movimiento de jornaleros que en marzo protestaron y fueron reprimidos por el Estado.
En los cuatro encuentros con organizaciones de migrantes coincidieron en que el tema de Guerrero es la falta de identidad, “son invisibles para las autoridades”.
Los adultos no tienen actas de nacimiento por pérdida de documentos y porque nunca fueron registrados. Los oaxaqueños no tienen este problema porque las autoridades de Oaxaca hacen campañas permanentes de Registro Civil en el estado del norte.
En el ejido Díaz Ordaz, en la delegación Vicente Guerrero, una comunidad de mixtecos le dijeron que no pueden acceder a los programas para migrantes, becas para sus hijos porque no tienen actas “decían que son indocumentados en su propio país, no tiene papel que acrediten que son guerrerenses”. Los temas laborales los atienden directamente con la Alianza de Organizaciones.
En Ensenada los compradores de Estados Unidos mandan a supervisores para evitar el trabajo infantil, pero en las comunidades hay jóvenes de 16 años casados, que no consiguen empleo precisamente porque no alcanzan la mayoría de edad.
Las autoridades estatales señalaron con preocupación el índice de drogadicción y violencia intrafamiliar.
Convocó al gobierno de Baja California a crear una comisión de seguimiento, para cualquier contingencia legal, de salud, de riesgo del trabajo, para estar permanente acompañando a los paisanos.
Destacó que los migrantes aportan a la economía de los estados donde trabajan, porque lo que reciben se queda ahí, no llega a Guerrero, todo lo gastan en vivienda, manutención, alimentación, “pero la diferencia es que acá comen, y tuvieron la posibilidad de emplearse ellos y sus hijos”
Acusados de oposición a ejecución de obra pública, fueron detenidos Sergio Velázquez Morales, Gerardo Trejo Galván y Vicente Moreno Domínguez, defensores del agua en Coyotepec, Estado de México. De continuar el proceso judicial podrían alcanzar hasta una pena de seis meses a dos años de prisión y hasta 150 días de salario mínimo de multa.
Este martes, algunos habitantes acompañados del comisariado ejidal llegaron a un lugar donde estaban perforando un pozo, administrado por la comunidad, para la realización de una obra por parte del ayuntamiento. “Al llegar ahí ya estaban trabajando, había presencia de policías, manifestamos que la obra era ilegal, porque está en territorio ejidal”, informó Irma Luna Montoya, esposa de Moreno.
Los tres pozos que administra la comunidad por usos y costumbres, fueron construidos por sus abuelos, en zona ejidal y el ayuntamiento no tiene injerencia en ese terreno. En el lugar donde se realizaba la perforación llegó Jesús Conrado Alvarado Mata, quien insistía que tenía todos los permisos para realizar la perforación, pero se negó a mostrar la documentación a la comunidad.
“Bastó una señal de este hombre para que la policía se abalanzara sobre mi esposo Vicente Moreno y los otros dos vecinos, había más de 60 uniformados y nosotros no pudimos hacer nada”, narró Irma Luna.
Irma Luna manifestó que su esposo siempre ha sido un luchador social. “No hemos necesitado de banderas ni colores para luchar por la comunidad” y agregó que entre los vecinos no existen conflictos, todos se han unido para defender su territorio y el agua, pero ahora el problema es con el gobierno que quiere quitarles la administración del agua para entregarla a empresas como Coca Cola, Wal-Mart y Nestlé.
Esta no es la primera vez que Irma Luna y su esposo se sienten amenazados y hostigados. “Cada vez las cosas se ponen más difíciles, nos sentimos perseguidos, todo el tiempo nos vigilan”. Hace algunos meses fue asesinado con excesiva violencia José Isabel Cervantes, otro de los defensores de la gestión del agua en Coyotepec, después de un día de no encontrarlo, su cuerpo fue hallado en uno de los pozos de agua, con 18 puñaladas en el abdomen, con él ya son tres los defensores asesinados.
La autonomía y el despojo
Desde hace más de tres años los habitantes de este municipio de origen nahua y el último pueblo del viejo imperio mexica, resisten al despojo de los tres pozos de agua potable, que se administran por usos y costumbres.
Los pobladores se han tenido que enfrentar a diferentes agresiones y amenazas por parte de la fuerza pública y grupos de choque contratados por las autoridades para intentar romper con la organización que se opone a la municipalización del agua. La organización del pueblo de Coyotepec se ha ido consolidando con el paso del tiempo. El hostigamiento, la violencia y la represión han surtido otros efectos en la gente, que no es el debilitamiento o el miedo y en los últimos años el tejido social se ha fortalecido.
Una reforma de ley de agua en el Estado de México pretende arrebatar la administración autónoma del agua potable a las comunidades de esta entidad, con el argumento de que la administración comunitaria, son prácticas caducas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Agua pretende arrebatar los sistemas independientes de auto abasto del vital líquido a más de 150 comunidades en la entidad, que administran de manera autónoma el recurso.
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se plantaron frente al Congreso del Estado en espera de respuestas por parte de la autoridad estatal, por los señalamientos que ha hecho el magisterio en contra de la reforma educativa.
Los manifestantes advirtieron que no se someterán a la evaluaciones que marca la Ley General de Educación porque atenta contra sus derechos laborales, después de años de dedicarse a la docencia.
La coordinadora de Enlace, Altagracia Mosqueda, comentó que una de las peticiones que ya se hicieron al Gobierno de Guanajuato es que se revise junto con los legisladores locales la reforma educativa aprobada por el Legislativo local, además de ver la manera en que las autoridades locales van a defender a los profesores.
CNTE-22
Dijo que la reforma presenta tres grandes riesgos, uno la evaluación a los maestros, la responsabilidad que se le da a los padres de familia para que se hagan cargo de todos los gastos de las escuelas, con miras a la privatización.
Mientras un grupo de manifestantes se plantan frente al congreso, una comitiva está reunida en un hotel de Silao con personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno y diputados locales. Los maestros advirtieron que no se moverán del Congreso hasta que no haya una respuesta a sus peticiones.
En la reunión en el hotel de Silao estuvo una comitiva de los maestros, pero además el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López; el presidente de la mesa directiva del Congreso, Luis Mejía; por parte de la SEG llegó el subsecretario para el Desarrollo Humano, Sergio Acosta.
El compromiso del gobierno estatal fue seguir con el diálogo y reuniones con los maestros de la CNTE.
Los municipios de Arteaga, Aguililla, Coalcomán, Coahuayana y Aquila, conforman la franja más importante de la zona minera de Michoacán, que desemboca en el traslado del producto en el Puerto de Lázaro Cárdenas, de donde salen las embarcaciones al extranjero, y en el que se encuentran instaladas las acereras y siderúrgicas para el proceso de metal, que en su mayoría es acero.
Tal situación hizo que los habitantes de esta franja dependieran en su mayoría del mercado laboral minero; la agricultura y en algunos casos la pesca, estaban en un segundo plano para el ingreso de los pobladores.
De este trabajo, tan sólo en el año 2008, mil 487 millones de pesos del Producto Interno Bruto (PIB) para esa zona de la Sierra.-Costa, hasta antes de que incrementara sus operaciones el grupo criminal de Los Caballeros Templarios e iniciara con el cobro de piso, las extorsiones, los secuestros y el robo de mineral.
El último conteo realizado por el Centro Geológico Mexicano (CGM), reveló, que el detrimento de esa industria, que apenas representaba 965 mdp del PIB en 2010, y una ligera recuperación en 2013 que alcanzó los mil 94 mdp, de acuerdo a los datos de ingreso de las diferentes empresas acereras, sin contar la comercialización del mineral robado para exportación ilegal a China.
Como consecuencia, muchas de las comunidades y habitantes del lugar, pasaron de ser dueños, concesionarios e integrantes de cooperativas mineras, a trabajadores obligados por el crimen organizado a cambio de respetarles la vida.
Pero en Arteaga y Aguililla, la industria minera pasó a manos, y por ende fue controlada en su totalidad, por el crimen organizado. Los habitantes dedicados al sector minero y los gobiernos municipales cobraban en la nómina templaria.
De hecho, en estos municipios de Arteaga y Aguililla, grupos criminales aún se disputan el control de las minas, y de ese territorio ubicado en la parte serrana localizada en el vértice de la Tierra Caliente y la Costa michoacana.
Por cierto, también es la zona donde se han registrado más ejecuciones, desapariciones forzadas, extorsiones y secuestros a manos de la criminalidad, por lo que millonariamente representa y la complicidad de las autoridades locales que también forman parte de esas actividades.
En el caso de Coalcomán, fue muy similar, pero el impacto tuvo más repercusiones en el paso obligado de góndolas (contenedores para transportar mineral) provenientes de Aguililla y Arteaga para llegar a su siguiente destino, el Puerto de Lázaro Cárdenas.
Como consecuencia, cientos de habitantes que quedaron sin empleo, pasaron a formar parte de las filas del crimen organizado, como sicarios, halcones u alguna otra actividad al interior de la delincuencia. Ese fue su nuevo trabajo.
Sin embargo, ya en cuanto a la extracción y explotación de minas, la operatividad del crimen organizado tuvo mayor impacto en el municipio de Aquila, como mayor productor de mineral, debido a que fueron atacadas las cooperativas y asesinados muchos de sus líderes indígenas, tras intentar oponerse al despojo del principal patrimonio laboral de los comuneros.
Lo anterior, provocó que al igual que en los demás municipios, la delincuencia decidiera quien trabajaría para ellos, quienes tenían que morir, y en el mejor de los casos, quienes definitivamente pasarían a formar a parte del amplio sector de desempleados.
Si bien, ancestralmente siempre han existido los conflictos entre las mismas comunidades indígenas por los linderos territoriales e incluso por malas administraciones de sus cooperativas en las que han ido desfalcados, nunca habían tenido que pagar con su vida y la de sus seres queridos, la defensa de los recursos naturales, de donde se sostenía el 90 por ciento de los pobladores.
Muchos pobladores tuvieron que buscar el sueño americano, otros, con todo y el temor, se sumaron a los grupos de autodefensas -más por la necesidad de un ingreso económico que por convicción-, y otros tantos, fueron reclutados por el grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Ya con guardias civiles armadas y la recuperación de su territorio, así como con la mayoría de los líderes templarios muertos o detenidos, sólo les falta librar la última batalla; ahora es el Grupo de Coordinación Michoacán su principal victimario.
Lo anterior, luego de que se confirmara la muerte de un menor y las lesiones por proyectil de arma de fuego a cuatro personas, entre ellas una menor de 6 años de edad y otro jovencito de 17, tras la irrupción, el pasado domingo, del Ejército Mexicano a la comunidad e Ixtapilla del municipio de Aquila, donde protestaban por la detención de su líder, Semeí Verdía Zepeda.
Ahora, su labor, será cuidarse del asedio oficial, luego de que así lucharan por varios años, para liberarse del poder criminal.
Por cierto, por si esto fuera poco, Verdía Zepeda ya fue consignado y recluido en, el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 4, penal de Máxima Seguridad, ubicado en Tepic Nayarit.
El también comandante de la Policía Comunitaria, es acusado de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, tras su detención del pasado domingo, mientras desayunaba en una fonda de la comunidad de “La Placita”, de ese municipio.
En resumen, esta es la situación por la que atraviesa esa importante y productiva zona del estado de Michoacán, donde los intereses de factores externos, han acabado con la tranquilidad y las actividades económicas de miles de familias de esa franja geográfica que colinda por un lado son el estado de Jalisco, por otro con Guerrero y la principal, con Colima.
Habitantes de la comunidad San Marcos expresaron su preocupación a raíz de las posibles afectaciones a la salud que pudiera causar la reciente instalación de una antena de telefonía celular.
Ante ese escenario, los colonos asistieron a la alcaldía para conocer quién otorgó los permisos para la instalación de la repetidora de señal y también bajo qué fundamento lo hicieron.
Además, los afectados denunciaron que para la instalación de esta antena fue necesario derribar algunos árboles, acción que contó con la anuencia del delegado de San Marcos.
Exigencia
…Los vecinos inconformes de San Marcos, en Tula, precisaron que exigirán que el delegado de su comunidad los tome en cuenta para las diversas acciones que se realizan en el lugar; en caso contrario, pedirán su destitución, junto con la de sus colaboradores, “no permitiremos que hagan lo que quieran, ellos están para servir a la comunidad San Marcos”.
Debido a ello, los inconformes presentaron la queja correspondiente al área de Protección Ambiental en Tula, que dirige Horacio Olguín Luna, quien les informó que se había impuesto una sanción al delegado, que consiste en plantar 500 especies de árboles antes del 7 de agosto.
Sobre la problemática de la antena, los vecinos no encontraron solución en la alcaldía tulense; sin embargo, ayer por la noche se llevó a cabo una reunión vecinal con la intención de organizarse y ver qué medidas tomar para que la autoridad correspondiente actúe conforme a la ley.
Durante la reunión se abordó el tema de la inseguridad que está viviendo la comunidad, ya que delincuentes han robado diversas casas-habitación.
La repetidora de señal se ubica específicamente en la intersección de las avenidas Nacional e Insurgentes, en la carretera San Marcos–Cruz Azul, y fue instalada sin la autorización de la población, denunciaron vecinos.
Por su parte, consultado al respecto, José Laguna Castillo, experto en instalación de este tipo de antenas y vecino de San Marcos, dijo que este tipo de aparatos no representa un peligro para la salud pública a consecuencia de las emisiones de radiación emitidas.
Oaxaca.- Representantes de los 26 estados que aglutina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirán en el estado de Oaxaca en un asamblea general para el próximo sábado.
Así lo dio a conocer el dirigente sindical de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rubén Núñez Ginés, quien dijo que un promedio de 500 personas -entre ellas también de organizaciones sociales- llegarán en Oaxaca para solidarizarse con el magisterio ante la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
A media asamblea estatal dijo que también se está haciendo un análisis con el cuerpo jurídico para verificar cuántas órdenes de aprehensión se giraron contra dirigentes de la Sección 22.
Rubén Núñez expresó que siguen analizando también las acciones que realizarán ante la imposición de los gobiernos estatal y federal que pretenden echar bajo los logros de su lucha a través de espacios que ocupan desde hace 35 años en el IEEPO.
Asimismo, dijo que no aceptan la imposición de Moisés Robles a Cruz al frente del Instituto, ni de ninguna persona más, es por ello que exigen una mesa de diálogo con el gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizan unbloqueo en las calles aledañas a su edificio sindical en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.
El objetivo es resguardar la reunión de la dirigencia por lo que cerraron las calles de Armenta y López, Guerrero e Hidalgo atravesando un autobús oficial del IEEPO.
Luego del anuncio que hizo este martes el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, acompañado del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la dirigencia se encerró en su edificio sindical para realizar una reunión urgente.
Los docentes anunciaron que continuarían este miércoles con su encuentro por lo que mantienen cerradas estas calles, lo que afecta el tránsito en la zona, sobre todo esta temporada de festividades de la Guelaguetza en la que llegan una gran cantidad de visitantes a la ciudad de Oaxaca y zonas turísticas.
El dirigente de la Sección 22, Rubén Núñez, dijo este martes que darían a conocer su plan de acción en respuesta a lo que llamó “una traición al magisterio” una vez que realicen su asamblea estatal que inicia este miércoles.
Asimismo, reportan que en el hotel del magisterio se están concentrando los delegados para participar en dicha asamblea.
A la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula, Aquila, Michoacán:
A la Sexta nacional e Internacional:
A los pueblos de México y del Mundo:
21 de julio del 2015.
Ante los violentos acontecimientos perpetrados el pasado 19 de julio de 2015 en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula por un numeroso comando conformado por miembros de la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, hechos en los que fue detenido el comandante de la policía comunitaria de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, y en los que los soldados federales asesinaron POR UN IMPACTO DE BALA EN LA CARA AL NIÑO EDILBERTO REYES GARCÍA DE DOCE AÑOS e hirieron a la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años, a Edith Balbino Vera, a Delfino Antonio Alejo Ramos de 17 años, a Horacio Valladares Manuel de 32 años, a José Nicodemos Macías Zambrano, de 21 años, y a Melesio Cristino Dirzio, de 60 años, …
DENUNCIAMOS
La criminal actuación de dichas corporaciones militares y policiacas y su complicidad con el crimen organizado, en este caso Los Caballeros Templarios, para escalar la guerra de conquista que desde hace años han desatado contra la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula con el fin de ocupar sus territorios, favorecer los intereses mineros y turísticos trasnacionales y como castigo por haberse atrevido dicha comunidad a recuperar sus territorios de los que era despojada y a defenderse, haciendo valer su derecho a la vida, del crimen organizado que hoy sirve de brazo paramilitar al Estado Mexicano.
El motivo de estos criminales sucesos no es otro que avanzar dicha guerra de conquista capitalista en contra de Ostula y en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas y no indígenas de este país.
Asimismo EXIGIMOS:
LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMANDANTE CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA Y EL RETIRO DE LOS CARGOS QUE EXISTEN EN SU CONTRA.
El CASTIGO DE LOS MANDOS Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES MILITARES Y POLICIACAS QUE ASESINARON AL NIÑO EDILBERTO REYES GARCÍA, E HIRIERON Y GOLPEARON A DIVERSOS COMUNEROS DE OSTULA.
El respeto a las tierras de la comunidad de Santa María Ostula que pretenden ser despojadas por empresas mineras extranjeras como Ternium, con el apoyo del mal gobierno coludido con el crimen organizado.
La presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 33 comuneros, todos pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos cuatro años en su lucha por la defensa de sus libertades y de sus tierras.
El respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de la comunidad indígena de Santa María Ostula.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional a permanecer atentos a los acontecimientos que se presenten en lo futuro en el territorio de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, sumándose a la solidaridad con su lucha y sus exigencias.
Atentamente
Julio de 2015
Nunca más un México sin nosotros
Congreso Nacional Indígena.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del EZLN.
Cancún, QR. Tres parques eólicos buscan sus respectivas aprobaciones ambientales en Puebla, Jalisco y Zacatecas, mientras que un cuarto denominado Parque Eólico Reynosa, en Tamaulipas, recibió ya luz verde por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Se trata de cuatro proyectos que generarán, en conjunto, más de 200 megawatts de energía limpia en el país.
El más grande es el de Reynosa, que se promovió como la continuación del parque eólico Reynosa El porvenir, concluido a finales del 2013, con una inversión de 126 millones de dólares por parte de la empresa Intaván México Energías Renovables.
Las fases dos, tres y cuatro de este complejo ya fueron aprobadas por la Semarnat; en conjunto tendrán 60 nuevos aerogeneradores, que se sumarán a los 58 megawatts y 30 aerogeneradores que originalmente tenía el parque.
Según información del gobierno de Tamaulipas, el estado ofrece las mejores condiciones para el establecimiento de parques eólicos, desde las gestiones con los diferentes órdenes de gobierno hasta las facilidades para la obtención de la tierra.
De los 26 proyectos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía para este 2015, 11 centrales se encuentran en Tamaulipas, por lo que se anticipa que el estado sea uno de los principales generadores de energías renovables en los próximos años.
En trámite
La Gaceta Ecológica de la Semarnat publicó este fin de semana que otros tres parques eólicos ingresaron a la dependencia para la obtención de los permisos ambientales federales.
Uno de ellos es el Parque Eólico San Julián, en el municipio de San Miguel el Alto, de la firma Eólica San Julián. La empresa proyecta la instalación de 20 aerogeneradores para la generación de 40 megawatts de energía eléctrica en un terreno 7.4 hectáreas, para lo cual necesita la autorización de cambio de uso de suelo.
Otro proyecto es el Parque Eólico Cerro La Virgen, con una capacidad de 18 megawatts y la instalación de nueve aerogeneradores en un terreno de cuatro hectáreas, en el municipio de Guadalupe.
El proyecto estaba detenido y se reactivó, pero con unas dimensiones mucho menores a las originales, pues en el 2013 se planteaba como un parque de 51 torres eólicas y una capacidad de 67 megawatts. Es una inversión de capital español a través de la empresa Preneal.
El cuarto proyecto es la Central Eólica de México, para el municipio Atzitzintla, Puebla, que consiste en la instalación de 24 aerogeneradores y dos torres anemométricas. La inversión prevista es de 60 millones de pesos.
El proyecto eólico contempla obras complementarias, como son un cuarto de control, subestación electrónica, oficinas de operación, fosa séptica, almacenes, caminos interiores, cunetas y buses.
La extensión de tierras donde se pretende ejecutar comprende 1,228.36 hectáreas.
En caso de concretarse, será la competencia directa de Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable (ILER), que construye en la localidad de Esperanza otro parque eólico.
Esta unidad generará 65 megawatts a través de 33 aerogeneradores, para los que se invierten 125 millones de dólares.
Maestros pertenecientes a la CNTE instalaron un campamento en la plaza principal de esta ciudad en protesta a la aprobación de la Reforma Educativa y la evaluación de ingreso.
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.- Aún cuando Campeche estuvo por encima de la media nacional, que es de 83.1 por ciento, en el Proceso de Evaluación para el Ingreso a la Educación Básica, al alcanzar el 90 por ciento, cerca de 300 maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la entidad instalaron un campamento en la plaza principal de esta ciudad como señal de protesta por la aprobación de la Reforma Educativa.
Poco después del mediodía, los docentes llegaron a la plaza principal para colocar su campamento, por tiempo indefinido, pues aseguraron que se quitarán hasta que tengan un dialogo o acercamiento con la autoridad estatal y se garantice dar reversa a la legislación educativa que daña a los maestros.
El representante del CNTE en Campeche, Víctor Madrid Pech, afirmó que las reformas estructurales aprobadas sólo condenan a México al retroceso, pues no prevé un desarrollo económico, ya que cada vez hay más pobreza en la nación.
Además, la manifestación es porque estamos en contra de la evaluación punitiva, y lo que pedimos es que el Gobierno Federal revoque la reforma educativa, asentó.
El líder de los maestros advirtió que por el momento la manifestación será de forma pacífica, pero en los días siguientes realizarán mítines para informar sobre los problemas que enfrentan a consecuencia de los cambios legislativos.
También se están coordinando con el CNTE nacional para decidir qué acciones más se van a realizar como medida de presión.
Por su parte, el Secretario de Educación del Estado, José Martín Farías Maldonado, destacó que la entidad estuvo por encima de la media nacional en el Proceso de Evaluación para el Ingreso a la Educación Básica, ya que el 90 por ciento de los maestros acudió a presentar esa prueba, es decir mil 137 de mil 265 docentes.
El proceso de evaluación en la entidad, realizado del 11 al 19 de julio pasado, transcurrió de manera pacífica, con una nutrida participación, lo que demuestra el interés de esos maestros por ingresar al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, anotó.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), continúan realizando acciones en contra de la aprobación de la reforma educativa, puntualizando que desaprueban el despido de los docentes, mas no las evaluaciones que se les realizarían.
Celestino Avecillas Cortés, miembro de la dirección política del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato, anunció que en la Asamblea Nacional de la CNTE, continúan las asambleas para informar a los comités de los diferentes municipios del estado de las acciones futuras a realizar.
“Con la reforma, se pretende despedir al 60 por ciento del magisterio, lo que quiere decir que de cada 100 maestros, 60 serán despedidos, y que quede claro, el magisterio democrático no se niega a la evaluación, sino todo lo contrario, buscamos evaluaciones que sean formativas y que sirvan realmente a la población de Guanajuato” dijo.
De la misma manera, recalcó que el magisterio de Guanajuato, busca brindar apoyo a los maestros de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, donde los gobiernos federal y estatal, indicó que traicionaron los acuerdos políticos firmados, y no están siendo respetados.
El líder del Movimiento, realizó un llamado a que el gobierno federal cese la represión y la denostación en contra del magisterio, el cual tiene propuestas pedagógicas y jurídicas para que los estudiantes puedan desarrollarse.
En Aquila, Michoacán, los derechos por la explotación del mineral de hierro en una mina enclavada en la comunidad han sido tema de una constante confrontación con la empresa Techint, cuyo capital es de origen italiano y argentino.
• A 430 kilómetros de la ciudad de Morelia, Aquila es una comunidad concentrada en la actividad agrícola, pero que llegó a un acuerdo con los accionistas y directivos de Techint –que controla Ternium– para entregar regalías a la comunidad y sembrar árboles en las zonas afectadas por la actividad minera. Hace tres años se incumplió el convenio con las autoridades tradicionales y comunitarias, los comuneros se manifestaron, los acuerdos se cumplieron y no hubo nada que lamentar.
• En Techint se han preocupado por la operación de una gerencia social, en ser una Empresa Socialmente Responsable (ESR), de esas que se hacen acreedoras a premios y reconocimientos. No puede ser de otra forma, pues necesitan el mineral de hierro que se encuentra en estas comunidades. Paolo Rocca, presidente de la Organización Techint, está orgulloso de los logros de la empresa.
• En Aquila se realizaron donaciones para renovar las aulas en las que estudian los niños de la zona. Para atender problemas de salud, Techint firmó un acuerdo con el IMSS para construir una clínica hospital en la que se brindan consultas médicas de primer contacto y prescripción de medicamentos que benefician a 5,250 habitantes de la zona y los alrededores de esta zona minera.
• En esa clínica se atienden emergencias y Techint se preocupó de que se contara con un servicio de ambulancias.
• En fin, el reporte de Responsabilidad Social de Techint describe con mucho detalle las actividades en la zona.
• Sin embargo, la relación con los comuneros no ha sido sencilla. En 2013, como decíamos, las actividades de la mina se suspendieron debido a las exigencias de la comunidad.
CONFRONTACIONES Y CRISIS
• El Movimiento Separatista Autonómico de Michoacán ha sido una piedra en el zapato para Techint. Las guardias autónomas, los asambleas comunitarias y, por supuesto, la constante amenaza del crimen organizado sobre la estabilidad de la zona, son peligros para la operación de esta multinacional. En Ostula, la pequeña comunidad del municipio de Aquila, habían sido frecuentes los enfrentamientos entre comuneros y autoridades; a veces también con el Ejército, que había insistido en desarmar a las guardias comunitarias con el propósito de que los comuneros no utilizaran este recurso como un elemento de presión frente a Techint.
¿QUÉ SUCEDIÓ EL 19 DE JULIO?
• Dos niños y una persona de 60 años perdieron la vida en un enfrentamiento entre comuneros y el Ejército. Aparentemente, una vez más la comunidad buscaba incrementar regalías y que la empresa cumpliera con la reforestación prometida en la zona afectada por la explotación minera.
• Otro problema que enfrentó la multinacional es que, ante los problemas que encara el mercado del acero –aderezado por el supuesto dumping en las importaciones de productos siderúrgicos chinos–, decidió suspender las actividades temporalmente para reducir pérdidas. Esa situación habría puesto en jaque a la comunidad, que depende en gran medida de los ingresos que obtienen por cada camión que sale con mineral de hierro.
• La multinacional del acero no tenía una escenario sencillo.
• ¿Quién ordenó disparar contra civiles, contra comuneros? Ayer, la compañía guardó silencio; la cobertura sobre esta grave situación pasó desapercibida, al menos para la prensa de negocios.
• Ésta se concentró en las páginas de sociedad y política. Techint, sin embargo, deberá preparar un posicionamiento sobre esta crisis.
• La situación también representa un pésimo antecedente para la apertura del sector de la energía, porque la relación con las comunidades es, precisamente, uno de los puntos delicados de esta fase. Pemex ha invertido miles de millones de pesos en planes de mitigación para compensar a las comunidades; leyes nacionales y disposiciones de organismos multilaterales así lo establecen. Sin embargo, cuando los mercados ofrecen mayores dividendos siempre se tiene la tentación de cortar el hilo por lo más delgado: los intereses de las comunidades. Es cierto que en este lamentable hecho, que le costó la vida a dos niños, no están ausentes los intereses políticos y del crimen organizado, pero ahora el desarrollo de un negocio quedó atrapado y con graves consecuencias.
Redacción.-La mañana de este martes 21 de julio, el titular del gobierno de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, junto al secretario de gobernación, Emilio Chuayffet Chamor y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, anunciaron que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ha dejado de estar regido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El objetivo es convertirlo en un organismo que esté bajo el control total del gobierno federal y así poder imponer sin mayores trabas la reforma educativa en el estado de Oaxaca.
El IEEPO era administrado por la Sección 22 del SNTE-CNTE desde el año 1992. Como era de esperarse, la noticia no fue bien recibida por la propia Sección 22; acusaron de traición a Gabino Cué. Para evitar que integrantes de la CNTE tomaran las instalaciones del IEEPO, el edificio fue ocupado por la gendarmería, que desde poco antes de las elecciones más recientes se hizo presente en Oaxaca.
Las acciones en las calles de Oaxaca no se hicieron esperar, Proyecto Ambulante informó de los bloqueos que se realizaron en las calles alrededor del edificio de la Sección 22, también de la toma de las oficinas de la Fiscalía Especializada en Asuntos Magisteriales por parte de la gendarmería. También informaron que se congelaron las cuentas bancarias de la Sección 22.
El pasado 29 de junio los nahuas recuperaron este predio que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Los indígenas que participaron en la restitución de sus tierras narran que, advertidos de la decisión de los comuneros, “los invasores de La Placita nos recibieron a balazos, hiriendo a quemarropa a uno de nuestros compañeros”.
Xayakalan, Santa María Ostula. Aquí nace un nuevo poblado. Frente a la costa del Pacífico en Michoacán y de espaldas a la Sierra Madre del Sur, territorio ancestral nahua, en una semana cientos de indígenas construyeron con adobe y ladrillos las nuevas casas que serán habitadas por los verdaderos dueños de este paraje de más de 700 hectáreas , antes conocido como La Canahuancera y a partir de ahora nombrado Xayakalan.
El pasado 29 de junio los nahuas recuperaron este predio que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Los indígenas que participaron en la restitución de sus tierras narran que, advertidos de la decisión de los comuneros, “los invasores de La Placita nos recibieron a balazos, hiriendo a quemarropa a uno de nuestros compañeros”. Posteriormente la recientemente formalizada Policía Comunitaria de Ostula repelió el ataque y consiguió que los comuneros llegaran al predio en disputa. De inmediato se instaló un campamento y aproximadamente 500 guardias comunitarias comenzaron la vigilancia de todos los alrededores, previniendo nuevas provocaciones.
Las tierras recuperadas no son cualquier cosa. Son cientos de hectáreas disputadas durante años por narcotraficantes, inversionistas inmobiliarios, los supuestos pequeños propietarios y empresas mineras. Sólo que pertenecen a los nahuas.
En alerta y construcción permanente
En el nuevo poblado las actividades no cesan. Mujeres y hombres se mueven de un lugar a otro. Las primeras echando tortillas en los humeantes comales y cocinando grandes ollas de caldo de pescado, arroz y frijoles. Los hombres trabajan en brigadas en la construcción de las casas. De manera sorprendente van apareciendo las viviendas donde hasta hace una semana no había nada, salvo los tamarindales y sembradíos de papaya de “los invasores”. En sólo cinco días se levantaron más de 20 casitas.
Los nahuas hablan del rescate de sus tierras con un gran orgullo, dejando claro que su movimiento es “civil y pacífico”. Como dice Rufino: “Nosotros no queremos violencia. No es la intención. Sólo estamos defendiendo nuestras tierras. Las queremos trabajar y pues de aquí ya no salimos”.
El campamento donde pernoctan cientos de nahuas que resguardan el terreno está conformado por techos de plástico, rústicas hamacas y un sinfín de camas improvisadas con hojas de palma al ras del suelo. Todo de cara al mar.
Los más de 500 miembros de la nueva policía comunitaria vigilan los alrededores y todas las entradas al nuevo poblado. Van y vienen cargando sus machetes, garrotes, escopetas y pistolas. Toda la zona se mantiene en alerta y únicamente transitan por la carretera principal (la federal 200 que va de Lázaro Cárdenas a Tecomán), camionetas con gente de los pueblos. Las pick up viajan repletas de diversos cargamentos: mujeres con cazuelas con comida para los puestos de control, hombres con materiales de construcción: cemento, varillas y arena, además de tambos de gasolina y todo lo que se va requiriendo. “Estamos viviendo algo que nunca nos imaginamos que era posible. Ya estamos aquí”, dice Rosa con un entusiasmo desbordado. Ella llegó aquí desde el poblado de La Cofradía con su canasta de tacos de frijoles.
En el centro del campamento ondea la bandera nacional y un altar repleto de veladoras ofrecido a la Virgen de Guadalupe. Aquí se hacen las asambleas y se “ofrece la palabra de Dios” que, señala el responsable, “nos dice que los indígenas no debemos de dejarnos, que no son buenas las injusticias y que nuestra lucha es verdadera. Nuestra Patrona nos cuida porque no estamos haciendo daño a nadie, ni robando ni lastimando. Sólo queremos nuestra tierra”.
Hace unos días llegó al campamento la Virgen Peregrina , la trajeron desde la cabecera de Ostula porque para nosotros, dice el Fiscal de la iglesia, “eso significa que estamos reconociendo la tierra para que haya paz, no para que haya enfrentamientos. Por eso llevamos a la Virgen , para que nos proteja de todos los peligros”.
Sacar a La Peregrina , explican, fue un acto simbólico muy importante. Hubiera sido impensable moverla si esta movilización no contara con el apoyo de los 2 mil comuneros de Santa María Ostula. Por eso su llegada al campamento fue una fiesta que conjugó la religión con las danzas y la música nahua.
Años de espera hasta que llegó el día
Las más de 700 hectáreas recuperadas (se habla de cerca de mil, pero no se tiene el número exacto) forman parte de las 28 mil hectáreas de tierras comunales que pertenecen a la comunidad indígena de Ostula. Los nahuas explican que la comunidad “fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales de fecha 27 de abril de 1964” . Posteriormente se dieron una serie de irregularidades en la ejecución de la resolución y paulatinamente un grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de la comunidad vecina de La Placita empezó a invadir el lugar. Rufino cuenta que “en mayo de 1997 recomenzaron la lucha legal por la restitución y empezaron una primera negociación con los invasores. Se vinieron propuestas que no convenían y luego como que se ignoró un tiempo el problema. Los mestizos siguieron sembrando su tamarindo y hasta decían “qué bueno que los indios nos vinieron a hacer el desmonte”.
“En junio de 2003 la comunidad se organiza nuevamente, limpia el terreno y en septiembre de ese año se empiezan a construir pequeñas casitas, como unas 20. Se viene otra negociación y el gobierno advierte que mientras no haya una resolución va a resguardar la zona y que ninguna de las partes podría entrar. La comunidad muy creída se sale el 10 de septiembre, cumpliendo los acuerdos, pero luego resulta que los pequeños propietarios siguieron trabajando. Eso indigna. Y luego todavía nos demandan ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima. Más burla”.
Rufino relata que en abril de 2008 “la comunidad se volvió e reunir y se tomó la decisión de tomar la tierra y construir nuevas casas (las otras que habíamos levantado las destruyeron). Y luego ya se toma el acuerdo que para junio de este año haríamos la acción. Lo hicimos y tomamos la tierra. Éramos como 300 comuneros los que logramos entrar al terreno el día 29. Nos recibieron a balazos, hirieron a un compañero y nuestra policía hizo la autodefensa. El martes 30 nos reorganizamos y entramos todos los que faltaban. Éramos como 2 mil. Ya en el terreno nos dimos más valor. Ya no nos saca nadie”
Los comuneros coinciden en que su movimiento es “legal, pacífico, civil y constitucional” y, advierte Manuel, “se planeó para hacer respetar nuestros derechos y nuestra autonomía. Los policías comunitarios están para resguardar nuestra seguridad, para cuidarnos, pero no para tratar mal a nadie”. Rufino coincide: “las leyes nos respaldan. El artículo segundo constitucional dice que tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía y nuestras costumbres. La policía comunitaria es algo que de por si existe en los pueblos desde siempre. Aunque ahora ya más formal”. También, continúa, “sabemos que hay otros instrumentos internacionales que respaldan nuestra autonomía y por eso pues nosotros nada más lo hacemos”.
Juntos por vez primera
Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio ancestral que contempla la mayor parte del litoral michoacano y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. Esta es la primera movilización en la que participan las tres comunidades juntas como pueblo nahua, más allá de las diferencias que han tenido anteriormente.
En Ostula hay 22 encargaturas del orden o anexos (contando el nuevo poblado) más la cabecera comunal, en un territorio en el que convergen diferentes corrientes políticas. Aquí hay gente del PRI, PAN, PRD, PT y gente sin partido. También por primera vez participan unidos en una acción que, explica Teódulo, “dejó chiquitos a los partidos y grandes a los comuneros”.
Francisco es (o era) perredista. Su futuro militante con el partido es incierto. “Ahorita estoy con la comunidad y nada más. Esta acción que hicimos juntos fue extraordinaria y pues puso a tambalearse a todos los partidos políticos de aquí. Los mandamos muy lejos en medio del mero proceso electoral. Se quedaron muy chiquitos y pues no pudieron hacer nada”.
Durante todos estos días las comunidades nahuas de Pómaro y Coire han respaldado la recuperación de las tierras, no sólo durante la acción del 29 de junio, también en el mantenimiento del campamento y en la vigilancia de la policía comunitaria, que pertenece a las tres comunidades nahuas. “Se trata –explica Francisco- de toda una movilización indígena, no sólo del problema de unas tierras. Aquí se está jugando mucho y por eso estamos respondiendo como pueblo nahua y no sólo como comunidad”.
El paso que sigue, explica, “es fortalecer nuestra autonomía y un día, no sabemos cuándo, podernos conformar estas tres comunidades como municipio autónomo”.
Las tradiciones, usos y costumbres del pueblo nahua en esta zona están llenas de celebraciones en las que la música, la danza, la vestimenta y los cantos ancestrales cobran vida en una cultura en resistencia. La lengua se ha ido perdiendo en el litoral, pero planean reforzarla en las escuelas y las familias.
La geografía de Ostula es muy diversa. Los nahuas son originarios de la sierra, aunque su territorio comprende más del 80 por ciento del litoral del Pacífico michoacano. Poco a poco han ido bajando a la costa y poblando el territorio que tenían deshabitado.
Desde junio deberían haber empezado la siembra de maíz, pero los comuneros no han podido trabajar en el campo. La movilización ocupa todo su tiempo. En un recorrido por la sierra se vislumbran los pueblos semivacíos, pues la gran mayoría está en el nuevo poblado, cuidando los caminos, llevando alimentos o en alguna otra comisión. Se observa también el cierre con piedras de los accesos a las rancherías y a los poblados. Todos están en alerta y en estos momentos nadie puede moverse por su propia cuenta. Se cuidan unos a otros. Las escuelas permanecen cerradas, al igual que algunos comercios y ya empieza a sentirse el desabasto.
En la cabecera comunal dos señores de edad avanzada platican sobre sus fiestas tradicionales. La de la Virgen de Guadalupe es la celebración más grande, pero están también la de San Juan, la de Corpus, la Semana Santa , la de la Candelaria , la Asunción y un sinfín de festividades que conjugan los ritos católicos con las danzas y música prehispánica. Ahora, explican, se podrán fortalecer más las tradiciones en las tierras recuperadas. La vestimenta de palma, los plumajes de gallo, los espejos, coronas de flores y sonajas se escucharán en Xayakalan.
La autodefensa, un derecho de la autonomía indígena
Una de las principales reivindicaciones del movimiento, aparte del reconocimiento de la totalidad de su territorio ancestral, es el reconocimiento de la Policía Comunitaria.
El 13 y 14 de junio pasados, precisamente en esta comunidad se reunió el Congreso Nacional Indígena (CNI) y emitió un manifiesto sobre el derecho a la autodefensa de los pueblos indígenas: “Nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos a las libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto a los derechos humanos, por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de as instancias encargadas de impartir justicia”.
El Trompas es el encargado del orden del nuevo poblado. Va de un lado a otro trasladando a los guardias comunitarios que vigilan la seguridad de Xayakalan, de las otras 22 comunidades involucradas y de todos los accesos vehiculares y peatonales. Tienen en estos momentos el control total de carreteras, caminos y parajes.
“Los supuestos pequeños propietarios sabían que estas tierras tenían dueño. Empezaron a agarrar hectáreas y hasta a venderlas. Nosotros aguantamos pero sabíamos que un día las recuperaríamos. La gente aquí es pacífica, no mata, pero ellos sí traían sus armas largas y ya nos habían matado gente. Entonces de a poquito nos fuimos poniendo de acuerdo hasta el momento de entrar en acción y formalizar nuestra Policía Comunitaria”.
De edad madura y hablar pausado, El Trompas reitera que “aquí no queremos agresiones. No venimos por su tamarindo ni por su palma de coco. Venimos por nuestras tierras. No queremos agresiones, pero si ellos tiran pues nosotros nomás nos defendemos. ¿Quién no tiene derecho a eso? Nosotros no estamos actuando en lo individual. Somos comuneros y todos estamos unidos. Por eso ahorita hay más de 500 policías activos”.
La Policía Comunitaria, afirma, “ya no la soltamos. LLegó para quedarse. No somos bandidos. Sólo estamos en nuestro derecho de cuidar nuestra comunidad nahua porque puede venir un acto represivo del gobierno o de los supuestos pequeños propietarios. Pero ya no. Ya no. La policía comunitaria es parte de nuestra autonomía a la que tenemos derecho como pueblo nahua y se nos tiene que reconocer. Y si no, pues igual lo hacemos”.
En los puestos de control de los accesos al poblado no para la actividad. Aún no hay libre circulación vehicular y en los retenes se explica la situación y se reparten volantes. El Trompas va en su camioneta trasladando guardias, mantas, comida y todo lo que se va requiriendo. Sobre el uso de las armas explica que “la defensa puede ser hasta con piedras y palos, y si tenemos otras armas pues con lo que haya. Todo esto es vía legal, pacífico pues. Ya antes lo intentamos todo y pues ahora es con la presión de los pueblos y con la fuerza de nuestra policía”.
En la movilización del 29 de junio los guardias comunitarios detuvieron a tres de los agresores que les tendieron una emboscada: Trinidad Gómez Barajas, Ramón Gómez Barajas y Felipe Martínez de Miguel. “Estos sujetos fueron moralmente condenados por nuestra comunidad y entregados al gobierno del Estado en calidad de detenidos, aclarando que en todo momento fueron tratados con justicia y respetando sus derechos humanos”. El encargado de Tenencia les tomó su declaración antes de ser entregados al Ministerio Público que se presentó en uno de los accesos a la comunidad. Una valla de policías comunitarios acompañó la puesta a disposición de los tres inculpados, quienes de inmediato fueron esposados por la policía estatal, legitimando en los hechos la acción.
En la coyuntura actual, y siempre que el territorio esté bajo amenaza , la policía comunitaria ejerce el rol de guardia comunal, es decir, no sólo salvaguarda la seguridad de la comunidad de la delincuencia interna y externa, sino que tiene la misión histórica de defender el territorio nahua. Es la puesta en práctica del derecho a la autodefensa de los pueblos, naciones y tribus indígenas.
Acompañamiento y solidaridad indígena
Durante la primera semana de la recuperación la comunidad nahua de Ostula ha recibido manifestaciones de apoyo de diversas organizaciones indígenas del país. Hasta el nuevo poblado han llegado representantes purhépechas, yaquis y wikarikas y se espera el arribo de pueblos, naciones y tribus de otras partes de México, quienes conformarán un campamento de observación permanente dentro de Xayakalan.
Las autoridades de Ostula y una guardia de la policía comunitaria recibieron a los yaquis y wikarikas en el camino de la Mina La Providencia. Después de un mensaje de bienvenida protocolario los trasladaron al campamento y ahí se reunieron con el resto de los comuneros. Los representantes indígenas leyeron mensajes de solidaridad de sus pueblos, señalando que el acompañamiento forma parte de los compromisos contraídos en Vícam, Sonora, con el Congreso Nacional Indígena (CNI).
La llegada de otros pueblos indios animó al campamento. “Nunca lo pensamos que llegaríamos hasta aquí”, señalan Marta y Rosa, dos de las encargadas de la cocina comunitaria que en la penumbra no dejan de observar a sus nuevos acompañantes.
Por Alejandro Amado y Heriberto Paredes
Fotografías de Alejandro Amado
Tal parece que se trata de una venganza, casi es imposible no pensar en ello. Desde que la comunidad recuperó alrededor de 1000 hectáreas de su territorio el 29 de junio de 2009 –fecha en que fundaron la encargatura de Xayacalan– hasta el día de hoy, las agresiones no se detienen, sean los distintos cuerpos policiacos estatales y federales, la marina y el ejército o los Zetas, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, siempre hay un verdugo.
A la comunidad no se le perdona el haberse atrevido a organizarse y empezar a recorrer un camino propio, lejos de partidos políticos y de mañas electorales. Con altibajos pero con mucha decisión y claridad, la comunidad nahua de Santa María Ostula luchó por la recuperación de su territorio y al mismo tiempo aseguró que estas tierras fértiles y llenas de minerales en el subsuelo fueran explotadas por mineras extranjeras o por distintos grupos del crimen organizado que pretendían construir un nuevo puerto para mover la metanfetamina, cocaína y algunos otros productos. Ahí también entrenaban cientos de sicarios, ahí también se divertían jefes de plaza regionales.
Cuando se recuperaron las tierras y se fundó Xayacalan se demostró organización y fuerza y de ese tamaño fue la respuesta: tan sólo de ese proceso en específico se lleva la cuenta de 32 comuneros asesinados y 6 desaparecidos. No es la primera vez que se asesina niños en estas tierras, ya antes los Caballeros Templarios habían asesinado a una niña, sólo para dar un mensaje de quiénes eran los jefes en la región. Este domingo 19 de julio no fueron los sicarios los que mataron a un menor de edad, fue el ejército mexicano quien disparó contra la población desarmada. Fue bajo el mando del Coronel Samuel Nares Hernández, del 65 Batallón de Infantería (recién inaugurado el pasado 24 de febrero de 2015 en Coalcomán, tras una ceremonia con todo el gabinete presidencial) que se realizó el operativo conjunto.
Tras conversar con distintas personas que presenciaron los hechos, es posible tener una reconstrucción mínima de lo acontecido. Aproximadamente a las 10 de la mañana, Semeí Verdía, comandante de la policía comunitaria y Héctor Zepeda, su par en el municipio de Cohuayana, acudieron a una cita en la población de La Placita, punto en donde la marina tiene un retén desde hace 5 años. El motivo era la supuesta verificación de vehículos blindados, sin embargo ahí realizaron la detención de Semeí y Zepeda no pudo ser detenido. Tras varias horas en las que no se tenía conocimiento del detenido, fue posible verificar que había sido trasladado a Morelia y que ahí fue presentado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la capital michoacana.
A Semeí Verdía se le acusa de violar la Ley Federal de Armas y Explosivos, ya que, aparentemente, portaba armas no registradas de grueso calibre, aunque también se mencionó una investigación por delitos electorales, específicamente por la quema de urnas y boletas en el pasado proceso electoral del 7 de junio. El comandante ya cuenta con defensa legal pero hasta el momento no se cuenta con mayor información.
Poco después de la detención, algunos efectivos del ejército y la marina se dirigieron hacia los parajes de de Xayacalan y El Duín y ahí, según da a conocer el grupo de solidaridad con la comunidad nahua: «los miembros de ejército impactaron sus vehículos contra los puestos de vigilancia y realizaron disparos; intentaron detener a varios miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar». Como respuesta a ello los pobladores de Ostula retuvieron a varios militares. En este primer episodio, se intentó detener al tesorero de la comunidad sin que esto pudiera concretarse.
No conforme con haber realizado esta detención, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la marina, el ejército (del 65 y del 86 Batallones de Infantería) y la policía federal. Dicho operativo contaba con alrededor de 1000 elementos, los cuales avanzaron por la carretera 200 hasta quitar con los puntos de control establecidos por la policía comunitaria desde hace más de un año. En este operativo, el ejército robó radios de los comunitarios y a través de ellos trató de provocar enfrentamientos entre la policía local que avala la comunidad y el ejército; se robaron además el sello de la Comisión de Vigilancia de la comunidad y en todo momento fueron violentos.
Al punto conocido como Ixtapilla, más adelante de Xayacalan y El Duin, sobre la misma carretera costera, el ejército llegó disparando al aire y lanzando gases lacrimógenos, fue en este punto en donde resultaron heridos Yeini Natali Pineda Reyes de 6 años, Horacio Valladares de 32 años, Melesio Cristiano de 63 años y Antonio Alejo Ramos de 17 años. Fue la policía comunitaria la que logró frenar el ataque y repelió al ejército.
Poco después de esto, todos los elementos del operativo se dirigieron a la tenencia de Santa María Ostula, punto nodal de esta comunidad y ahí retomaron a los elementos del batallón que se encontraban resguardados.
Tensión
Horas de tensión se vivieron en estas tierras tras la agresión sufrida ayer por parte de elementos del ejército, la marina y la policía federal; el operativo conjunto tenía la finalidad de destruir los puntos de control establecidos por la policía comunitaria que ahí garantizaba la seguridad de los habitantes, finalmente, tras varias provocaciones de parte de los cuerpos federales, perdió la vida el niño Idalberto Reyes García de sólo 12 años de edad, originario de la encargatura de La Majahuita.
SubVersiones arribó al lugar de los hechos alrededor de las 4:30 de la madrugada, momento en que un convoy de la Marina intentaba ingresar de nuevo a la comunidad pero al ver que el pueblo, enojado por lo acontecido, se mantenía reunido y había restablecido los puntos de control de los comunitarios, por lo que decidieron regresar con dirección a Lázaro Cárdenas.
Tras las denuncias surgidas ayer en redes sociales respecto a un ataque a la población civil por parte de miembros de las fuerzas armadas, Germán Ramírez, nuevo comandante de la policía comunitaria de Ostula, resaltó el tema del saldo luego de los enfrentamientos: «Hubo un menor que falleció y tres personas quedaron heridas: Yeini Natali Pineda Reyes, de 6 años y originaria de El Duin; Melesio Cristino Dircio de 63, oriundo de La Palma Sola, y Horacio Valladares Manuel proveniente de El Zapote Madero».
Los pobladores de Ostula se mantuvieron firmes en su convicción de no ceder ante las provocaciones que siguieron a la detención de Semeí Verdía, además señalaron que cuando ésta se dio, el comandante de los comunitarios se disponía a comer en La Placita, luego de la cita mencionada, y sólo portaba un arma corta. Los habitantes mantienen bloqueada la carretera federal 200 en espera de una respuesta por parte de las autoridades y manifiestan que no responderán con violencia: «ganaremos esta guerra a través de los medios de comunicación y las redes sociales».
Germán puntualizó que además de Verdía, los militares se llevaron a otras cuatro personas sin presentar orden de aprehensión, no se tienen más datos salvo el nombre de uno de los detenidos: Refugio Serrano. no se sabe el paradero de estas cuatro personas ni los cargos de los que se les acusa o las razones para ser detenidos por el ejército.
Denunciaron además los pobladores la colusión del crimen organizado, específicamente de Caballeros Templarios, con autoridades para desarticular una policía comunitaria que ha cumplido su encomienda de brindar seguridad a los habitantes sin extender su accionar fuera de su municipio. Específicamente en este tema, SubVersiones presentará más adelante una investigación puntual sobre quienes son los funcionarios públicos que han estado coludidos con el crimen organizado en este municipio.
Sin armas a la vista, los pobladores de Ostula se mantienen firmes en su convicción de no caer en provocaciones, pero manifiestan la exigencia de justicia para los detenidos arbitrariamente y para que todo el peso de la ley caiga sobre los asesinos de Idalberto Reyes.
Maseca, Gamesa, Bachoco y otras se vieron afectadas por la explosión de una plataforma en la Sonda de Campeche.
20 Jul, 2015
MÉRIDA, Yuc.- El secretario de Fomento Económico, David Alpízar Carrillo, consideró que 12 empresas yucatecas sufrirán desbasto de gas natural, al menos hasta octubre.
El funcionario recordó que el problema inició el pasado 1 de abril tras la explosión de una plataforma productora de gas natural en la Sonda de Campeche.
Según informes de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo, los trabajos prosperan, y se prevé que hacia el último trimestre del año se restablezca el sistema al 100 por ciento.
Precisó que la empresa Mayakán, que surte a la región, limitó el servicio afectando a grandes empresas como Maseca, Gamesa, Bimbo, Bachoco, Campi y hasta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Alpízar Carrillo señaló que el ducto mediante el cual llegaba el gas natural al Estado tiene capacidad para surtir unos 300 millones de pies cúbicos al día, de los cuales seis millones de pies cúbicos servían a las 12 empresas “en jaque” y el resto a la CFE.
“El reporte que nos dieron es que el consumo bajó al 60 por ciento, en promedio, respecto a lo normal de enero, y las empresas reportaron intermitencia en el servicio, por lo que algunas ya utilizan gas LP u otro tipo de combustibles para no dejar de funcionar mientras se resuelve el conflicto”, indicó.
Consideró que el hecho de que la CFE utilice esa alternativa con el consecuente incremento de costos podría afectar a la población.
“La CFE tiene un impacto sobre la población; aumentar los costos de operación de la paraestatal podría influir en las tarifas eléctricas industriales y domiciliarias”, dijo.
Reverdeció el monte destruido. Ya nacían árboles de capulín, pero los volvieron a destruir. Aún así reverdece con tenacidad, allá enfrente, un paraje que se ve desde el “Campamento de Paz de la Digna Resistencia” de la comunidad otomí de Xochicuautla, ubicada en un frondoso bosque situado entre la capital mexicana y la ciudad de Toluca (centro-suroeste).
Ese paraje fue destruido junto con otros cinco kilómetros de bosque en octubre de 2014.
“Nadie le gana al monte. Así como está los árboles crecerían en tres años”, cuenta uno de los indígenas al volver de un recorrido por el trazo que se pretende imponer la autopista Toluca-Naucalpan.
Los otomíes (o ñätho, como se llaman a sí mismos en su lengua) ya habían instalado este campamento para detener la destrucción de sus tierras y seis casas cuando se enteraron del decreto presidencial con el que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, les expropia casi 40 hectáreas de territorio para que pase el mencionado proyecto.
La construcción está concesionada a la empresa Teya, parte de Grupo Higa, el consorcio que regaló al presidente una casa de 86 millones de pesos (USD7 millones) en Lomas de Chapultepec, la zona de más alta plusvalía del país; hecho que detonó una polémica en diversos medios de todo el mundo en noviembre de 2014.
Mujeres ñätho del campamento nos cuentan que, desde que empezaron los trabajos, el terror psicológico no ha parado, no sólo de ver cómo caen los encinos, de ver el monte sin vegetación, sino por la constante presencia de policías y las prebendas que han dividido a la población. Cuando la policía acude a la comunidad, los niños gritan por la defensa de su monte sagrado, donde la comunidad realiza ofrendas de flores, pan, frutas.
Un día después de que se enteraran del decreto presidencial, los ñätho acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir se les otorguen medidas cautelares a modo de protección ante los embates constantes de la policía y la maquinaria de Teya.
Sin embargo, el texto del decreto dice que los ñätho fueron consultados entre el 5 y el 12 de junio de acuerdo con los artículos primero y segundo de la Constitución Mexicana y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas.
“Es una consulta que se inventaron en unos días” asegura José Luis Fernández, vocero y comunero de Xochicuautla. “El presidente dice que fuimos consultados. Es una gran mentira. No puede haber una consulta de pocos días como dice el decreto”, denuncia.
El comunero ñätho relata que, en 2007, topógrafos comenzaron a realizar trabajos de medición en su territorio sin preguntar antes a sus habitantes. Un año después, ya con información que ellos mismos consiguieron sobre el proyecto, llamaron a asamblea para decidir si aceptaría la construcción de la vía.
“El 24 de febrero de 2008, a través de una consulta por usos y costumbres de la comunidad, se dijo que no podía pasar”, cuenta Fernandez.
El texto del decreto dice en su primer punto que la expropiación se realiza por causas de “utilidad pública” para la construcción del proyecto carretero denominado Toluca-Naucalpan. También dice que se otorgará a los indígenas 10,850,440 pesos por indemnización.
“Esta obra enlaza directamente con el Aeropuerto Internacional de Toluca a toda la zona norte y noroeste de la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que significa una enorme aportación al desarrollo socioeconómico de toda la región centro del país”, dice el decreto.
Lo que no dice es que ya existe una carretera federal que va de la ciudad de Toluca al municipio de Naucalpan. Tampoco menciona que el proyecto será de cuota, ni que concesionado en 2007 a Teya al resultar ganadora de licitaciones cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México, donde se pretende construir la autopista.
En 2014, Peña expropió también a otras comunidades vecinas de Xochicuautla como Huitzizilapan. El avance de la carretera al cerrar el 2014 era de 34% de acuerdo con infirmación del gobierno estatal.
El Banco Nacional de Obras (Banobras) otorgó un crédito a la empresa de 2,775 millones de pesos en 2013 a pocos meses que Peña Nieto tomó posición como presidente para la construcción de la carretera para que fuera finalizada en el segundo semestre del 2015.
Teya tiene una filial, Autovan SA de CV, la cual tiene una serie de denuncias por “Incumplimiento de amparo”, “destrucción de vegetación”, “tala de árboles” en territorio comunal y boscoso de indígenas ñatho (otomí) ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).
Desde el 2011, el gobierno del estado rodea las asambleas comunitarias de Xochicuautla con cientos de policías antimotines, los cuales han detenido a 22 integrantes de la comunidad, 14 en mayo de 2013 y ocho en noviembre de 2014. Todos salieron a los pocos días de su detención por falta de cargos.
Además de Xochicuautla y Huitzizilapan, la construcción afecta a la comunidad ñätho de Ayotuxco, las cual interpuso amparos contra la megaobra, aunque la maquinaria de Teya destruyó ya algunos tramos de su territorio.
La defensa del bosque
El trazo del proyecto a cargo de Teya cruza por un bosque que separa a la capital del país de la Ciudad de Toluca. Este bosque tiene diversas categorías que lo protegen por ley otorgadas por el estado mexicano: Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Zempoala-La Bufa”, Parque Otomí–Mexica del Estado de México, Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria “Río Mayorazgo-Temoaya”.
El Bosque Otomí-Mexica es clave para la recarga de mantos acuíferos que abastecen a México y a Toluca. En él viven especies endémicas como el ajolote mexicano y el venado. Además, es una de las rutas tradicionales de peregrinaje de diversos pueblos originarios que suben a los cerros para pedir buenas cosechas y hacer rituales para mantener el equilibrio natural y espiritual de la región.
Xochicuautla defiende sus bosques desde hace ocho años con distintas estrategias, como la realización de foros, recorridos con otros pueblos originarios como la Tribu Yaqui del estado norteño de Sonora y movimientos como al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se levantó en armas en 1994, y las familias de los 43 normalistas ausentes de Ayotzinapa, quienes visitarán el pueblo indígena el próximo 20 de julio.
Con esta defensa del santuario del agua el pueblo se hizo acreedor al premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, el reconocimiento independiente más importante de México.
El 15 de julio en conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, acompañante legal del pueblo, anunció que Xochicuautla consensa ya un “Contradecreto reapropiatorio” para restituir lo expropiado. El contradecreto, firmado por los delegados de la comunidad y su Consejo Supremo Indígena, pretende dejar un precedente legal para México.
Armando García, delegado por usos y costumbres, hizo un llamado a la sociedad civil y a otros pueblos indígenas a apoyar el campamento que sostienen en el bosque y a movilizarse próximamente.
“Nos queda claro que la Ley Agraria ha servido para legalizar los despojos de las comunidades originarias e indígenas, no solamente en Xochicuautla. También está oposición a la presa La Parota, en Guerrero, o la construcción de un acueducto en territorio de los compañeros de la Tribu Yaqui”, dice Fernández.
Y denuncia: “En todos los lugares de México pasa lo mismo”.
20 de Julio 2015.- El caso de la joven asesinada el pasado lunes en avenida México, es un reflejo de la violencia extrema y la impunidad judicial ante la alarmante alza de feminicidios en el estado, dice Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Jalisco (Cladem).
En entrevista para este medio, la académica de la Universidad de Guadalajara enfatizó la urgencia de solicitar la activación de la alerta de género a las autoridades estatales para frenar los feminicidios en Jalisco. Recordó que si bien desde el 2012 el Congreso del Estado aprobó la tipificación del feminicidio como delito penal, con condenas de 20 a 40 años de prisión, a la fecha sólo siete casos han sido sentenciados.
Desde el 2010, Jalisco es uno de los estados con el mayor número de feminicidios en el país. De acuerdo con los datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el cual Ramos Ponce coordina, del 2010 a la fecha se han registrado 688 casos de mujeres asesinadas, siendo el 2012 el año más violento.
“Vemos que es a partir del año 2006 que se incrementa la violencia en el país y por consiguiente en el estado. Si bien en 2006 se registraron 57 muertes de mujeres por este delito, cinco años después la cifra se duplica. Vemos que tan sólo en lo que va del años se han cometido 75 feminicidios. El mensaje que se esta mandando es que en Jalisco existe una total impunidad ante los feminicidios y la autoridades son totalmente incompetentes en el tema.”
Ramos Ponce enfatiza que el principal problema radica en la carencia de un sistema de justicia efectivo y en la falta de políticas públicas enfocadas a la prevención de la violencia de género. Recalca que si bien el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) es el órgano encargado de prevenir y dar atención a las mujeres víctimas de violencia, éste sólo funciona desde una óptica asistencialista por no ser un mecanismo de adelanto para la mujer.
“Al Instituto de la Mujer le compete directamente tener un diagnóstico sobre el fenómeno de los feminicidios en el estado, pues no pueden generar políticas públicas como dicen sin tener un análisis claro de la problemática que representa para Jalisco. Además deben actualizar sus datos y registrarlas como parte Integral del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.”
En el caso de la joven asesinada por no querer ser novia de su homicida, Ramos Ponce, enfatiza que no se debe manejar como un “crimen pasional” sino como un feminicidio ya que la víctima tenía una relación cercana con su agresor. Condena también la respuesta inoportuna de las autoridades quienes ni siquiera detuvieron al agresor de la jóvenes quien se encontraba cercano al lugar de los hechos.
La Fiscalía de Jalisco ya busca al agresor de la joven asesinada este lunes en la colonia tapatía Ladrón de Guevara. El caso se investiga como feminicidio
La mujer como propiedad
Para la psicóloga de la Universidad de Guadalajara, Martha Catalina Pérez González, la cultura de muerte es un fenómeno que ha sido cada vez más visible y aceptado en la sociedad tapatía. Por lo cual, afirma que los patrones de violencia que se reproducen como parte de una cotidianidad social, han naturalizado la violencia de género. Por tanto, aún en tiempos que se busca una equidad de género, persistan casos de violencia machista de mujeres asesinadas en manos de novios, esposos, cónyuges o ex cónyuges.
“Este es un claro ejemplo de una forma extremas de violencia ejercidas por hombres hacia mujeres a las que consideran de su propiedad. Las mujeres siguen siendo vistas como un ser cosificado y propiedad de alguien. Por tanto en la mente del agresor si ella no le pertenecía, ella no debía pertenecerle a nadie más. Estos son típicos patrones de violencia que se viven muchas veces desde el noviazgo y que ahora en la juventud se han normalizado.”
Pérez González, quien también es subdirectora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG, recuerda que las patologías violentas que antes se veían más en adultos, ahora son más comunes entre los jóvenes, quienes tienen un visión del amor trágico. La poca empatía hacia el otro, así como el miedo al rechazo y la poca tolerancia hacia la frustración, son ingredientes presentes en aquellos sujetos propensos a generar una conducta violenta.
“En este último caso, el agresor ya tenía todo un proceso de planeación para exteriorizar su venganza en caso de ser rechazado. Vemos entonces que ante la decepción amorosa el sujeto piensa en la muerte. El problema es que este pensamiento es cada vez más común en parejas jóvenes como un patrón de conducta. Esto es porque vivimos en un sociedad en donde es ya normal aceptar la violencia.”
TOLUCA, Méx.- En México cada día asesinan a 6 mujeres; entre 2006 y 2012 los feminicidios aumentaron 40 por ciento, y de ese total, el 95 por ciento queda impune aseguró la diputada Xóchitl Arzola Vargas, quien dijo que nació muerta la Alerta de Género que se decretó en sólo 11 de los 125 municipios del estado de México, pues a la fecha no se han activado los protocolos para llevarla a cabo, por ello dijo se llevo a cabo una protesta en la Secretaría de Gobernación federal.
Indicó la diputada perredista Xóchitl Arzola Vargas, que junto con la diputada federal electa Karen Hurtado, integrantes Organizaciones no Gubernamentales, así como de familiares y amigos de jóvenes desaparecidas o muertas, entregaron una solicitud formal a la Secretaría de Gobernación.
Abundó que Miguel Ángel Pérez Ochoa, subdirector general de Gobierno de la SEGOB, recibió una Comisión que representa a las 125 mujeres de los respectivos municipios del Edomex, quienes demandaron que la Alerta de Género se extienda en todo el suelo mexiquense, pues la muerte de féminas no ocurre en sólo 11 municipios.
Comentó que de acuerdo al informe “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala” elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, en México cada día se asesinan 6 mujeres. Además, que entre entre 2006 y 2012 los feminicidios aumentaron 40 por ciento, pero de ese total, el 95 por ciento queda impune.
Dijo que en el caso del Estado de México, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, denunció que durante la administración de gobierno anterior, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios, de los cuales el 54 por ciento se concentró en 10 municipios, encabezados por Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca.
Además de ello, se señala que de cada diez mujeres asesinadas, según el organismo, fueron victimadas en actos que involucran un alto índice de violencia que evidenciaron el uso excesivo de la fuerza física, es decir que tuvieron la intención de causar un sufrimiento a la víctima. La mayoría de las mujeres se encontraron en una edad de entre los 11 y los 30 años.
Recordó que el pasado 8 de julio, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, informó sobre su decisión de solicitar de manera formal al Sistema Nacional, la Declaratoria de Alerta de Género sólo para 11 de los 125 municipios del estado, los cuales, se encuentran en su mayoría en el área conurbada.
Sin embargo, Xóchitl Arzola Vargas subrayó que a las mujeres las matan en cada uno de los 125 municipios y no sólo en 11, es decir, en los restantes seguirán matando mujeres, por lo que esa medida resulta ser un mero paliativo que no resuelve el problema.
Pese a que el Gobierno del Estado cuenta con un Instituto del Agua, éste nunca fue consultado para proyectos como Monterrey VI, el desazolve del río Santa Catarina o estudios relacionados a la extracción del gas shale.
Al menos, eso fue lo que informó su director Humberto Vela del Bosque en la primera mesa de transición, con el equipo del Gobernador electo Jaime Rodríguez.
En una reunión realizada en las instalaciones del instituto, donde no se encienden las luces ni el clima porque su presupuesto fue recortado, los especialistas en la materia informaron que nadie los toma en cuenta.
“Este es un activo muy valioso para el Estado, pero nadie los ha volteado a ver”, dijo Humberto Torres, del equipo de Transición.
Vela del Bosque admitió que la Auditoría Superior del Estado los apercibió por no realizar la reunión del Consejo, al menos tres veces por año, pero reconoció que realmente sólo han sesionado tres ocasiones en seis años.
Al ser cuestionado por esa irregularidad, el director mencionó que la agenda del director de Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel, siempre fue un impedimento para hacer las juntas.
El instituto, reconocieron ambas partes, es autosustentable porque sobrevive con el 90 por ciento de ingresos generados por ellos mismos y sólo con el 10 por ciento de aportaciones estatales.
Pese a ello, fueron “recortados” por el Estado al aplicarles el POFIF, hecho que fue duramente criticado al señalar que si no les dan, que no les quiten.
Vela del Bosque aseguró que tocó puertas en diferentes instancias estatales para que escucharan sus proyectos y las propuestas que tenían, pero no fueron atendidos.
¿No se les ha tomado en cuenta en este tema?
“No, no nos consultaron”, respondió,”No puedo echar mentiras, el Instituto del Agua nunca fue consultado para el tema de Monterrey VI”.
Sin entrar en detalles, Vela del Bosque mencionó que hay más alternativas antes que hacer un proyecto como Monterrey VI, pero éstas deben ser analizadas a fondo por especialistas.
Por ejemplo la inyección de mantos acuíferos e incluso la compra de derechos de agua al Estado de Tamaulipas, pero esas decisiones políticas deben ser analizadas con detalle.
Aún cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que 21 órdenes de aprehensión han sido giradas en relación al caso Allende, aún se desconoce el paradero de las 17 personas que presuntamente desaparecieron a manos del crimen organizado, las cuales pasaron a formar parte de la lista de más de mil 900 desaparecidos en Coahuila.
Fue a finales del año pasado cuando la Subprocuraduría Especializada para la Búsqueda de Personas No Localizadas de la PGJE “oficializó” una cifra en relación al caso de Allende, la cual fue reducida a 28, esto pese a que al principio las mismas autoridades hablaban de 272 personas.
De las 28 personas, 17 fueron reportadas como desaparecidas por parte del Gobierno Estatal.
Lo anterior fue dado a conocer luego de que más de dos mil 500 restos biológicos fueran hallados durante un operativo al norte de Coahuila.
De los restos se determinó que el 90 por ciento eran pérdida total, lo que dejó como un enigma conocer a cuántas personas podrían corresponder.
En la segunda etapa de indagación se dio a conocer que se giraron 13 órdenes de aprehensión, lo que con las primeras sumaron 21, sin embargo, éstas fueron emitidas sólo por el delito de secuestro calificado por cometerse en grupo y con violencia.
No obstante, aun se desconoce qué pasó con las 17 personas que se encuentran en calidad de desaparecidas.
Pese a que en reiteradas ocasiones, El Siglo Coahuila solicitó información específica en relación al caso desde el pasado 18 de marzo, el Gobierno del Estado no la proporcionó, sólo dio a conocer a través de un comunicado las órdenes de aprehensión giradas.
A varios años de haberse creado la Subprocuraduría Especializada, Coahuila continúan entre una de las cinco entidades con menor número de personas localizadas, esto de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Ante esto se originaron nuevos grupos de búsqueda de civiles en las distintas regiones del estado, los cuales incluso encontraron mayores indicios sobre el posible paradero de sus familiares desaparecidos.
CNN
Laura Reyes
Una agrupación de mujeres en Guerrero, al sur de México, exigió este lunes a los gobiernos estatal y federal que emitan una alerta de género en el puerto de Acapulco, por las altas cifras de feminicidios.
En entrevista, la representante de Fundación Bloque de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente, señaló que tienen una cifra distinta a la de la Fiscalía General del Estado, que contabiliza 20 muertes violentas de mujeres en Acapulco en lo que va del año, según las averiguaciones previas.
Galeana Valente dijo que, en lo que va del 2015, tienen contabilizados 65 feminicidios en Acapulco, mientras que el año pasado cerró con 100 asesinatos de mujeres.
“Nuestra información, la que tenemos las agrupaciones (de mujeres a nivel estatal) nos arroja 65 casos, que es mucho más de lo que marca la cifra oficial (…) hace un mes solicitamos a la Fiscalía (General del Estado) la cifra que llevan hasta este momento por feminicidios, pero no nos han dado respuesta, no hay transparencia y toda muerte de mujer violenta debe ser investigada con protocolos adecuados”, alertó.
Las estadísticas de este grupo colocan a Guerrero en el sexto lugar nacional en violencia hacía la mujer, y es el puerto de Acapulco el municipio más violento del estado.
“Acapulco debe ser tomada como alerta de género, Acapulco es un lugar en donde se genera demasiada violencia hacia nosotras”, dijo Galeana.
Cuestionada sobre la violencia hacia la mujer en el tema del crimen organizado, recalcó que cada homicidio debe seguir protocolos de investigación para descartar cualquier vínculo con el narcotráfico.
La presidenta de Bloque de Mujeres al Poder pidió a las autoridades y medios de comunicación no estigmatizar las muertes violentas de una mujer, y su “inmediata relación” con el narcotráfico.
“No podemos a todos los casos ponerles ese estigma de que las mujeres andan en el narcotráfico, se tiene que hacer una investigación. Hay una fiscalía especializada en feminicidios pero desconocemos su trabajo, no ha tenido resultados y como organizaciones estamos vigilantes de las instituciones”, explicó.
Hace menos de una semana se localizaron los cuerpos sin vida de dos mujeres en distintos puntos del puerto.
Uno fue descuartizado y sus restos dejados en una avenida que se localiza a una calle de la franja turística. El segundo caso fue una mujer cuyo cuerpo quedó semicalcinado debajo de un puente en la autopista La Venta-Metlapil.
Ciudad de la Mujer
La alerta de la ONG sobre mujeres en Acapulco se dio horas antes de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inaugurara este lunes la Ciudad de la Mujer en el municipio de Tlapa de Comonfort, en la región de La Montaña de Guerrero.
La obra fue integrada como parte del Plan Nuevo Guerrero, creado tras los desastres que dejó la tormenta tropical Manuel en 2013.
En el centro se brindará atención médica, orientación jurídica, psicológica, servicios de salud y capacitación en proyectos productivos para mujeres de los 19 municipios de La Montaña.
MÉXICO, D.F. (apro).- Con la dramática imagen del tajo a cielo abierto que la Minera San Xavier, filial en México de la empresa canadiense New Gold, causó en el poblado de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, se hizo la convocatoria al Día Mundial contra la Megaminería Tóxica en nuestro país.
Desgajado a fuerza de explosivos para extraerle, luego de un proceso de lixiviación con cianuro, lo que queda de oro y plata, el cerro devastado –ya sin la flora y fauna endémicas que lo distinguieron–, es ahora el marco del antiguo templo de San Pedro que data del siglo XVIII, ubicado en el centro del pueblo minero.
No es el único monumento histórico de Cerro de San Pedro que a lo largo de 10 años ha padecido los efectos de la explotación minera. Existe también, de la misma época, el templo de San Nicolás Tolentino y un conjunto de 400 monumentos construidos entre los siglos XVI y XIX, según un reporte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dado a conocer en el 2007.
Incluso, alguna vez se pensó en hacer de este lugar un espacio para el ecoturismo, con una declaratoria de zona de monumentos que ayudaría a proteger ese patrimonio, según se consignó en el semanario Proceso del 29 de abril de 2007. Pero al llegar la Minera San Xavier todo se derrumbó.
La historiadora Marta Terán dijo entonces que la solución al problema que representaba esa minera estaba en las instituciones culturales, el INAH y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que no tenían más que hacer respetar la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, promulgada en 1972:
“Cuando pienso que el maestro Sergio Vela, del Conaculta, puede apoyar a su director del INAH –entonces Alfonso de María y Campos– y levantar una iniciativa salvadora, la declaratoria para crear una zona de monumentos en el poblado de Cerro de San Pedro, rectificando el influyentismo de su antecesora –Sari Bermúdez–, me estremece imaginar unos monumentos sin poderse visitar a escasos metros de una contaminación de miedo”.
A ocho años de sus declaraciones, la imagen del cartel del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, convocado para el 22 de julio, le dan la razón.
Cerro de San Pedro no es el único sitio en el país afectado por la Minería de tajo a cielo abierto y que, por el uso del cianuro en la separación de los metales del resto de los materiales de las montañas desgajadas, se considera también altamente devastadora y tóxica.
En abril pasado se exhibió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia la exposición “El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería. Un reto múltiple”, en la cual se dio cuenta de los estragos de este tipo de explotación de recursos naturales. La muestra informó también sobre los activistas sociales asesinados durante la lucha contra las mineras.
En un amplio reportaje en Proceso, del 13 de julio de 2013, el historiador Felipe Echenique March informó que las mineras aprovechan el caos institucional “que priva en el INAH” para lograr autorización de sus proyectos, con lo cual ponen en riesgo el patrimonio cultural de estados como Guerrero y Morelos.
La lucha contra la Minería es mundial. Como parte del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, se organizó en Francia un festival para el 25 de julio, en el cual se espera la participación de grupos como Némésis, Fabric’à’tort y Sang Conteste, entre otros, además de conferencias y proyecciones.
A la protesta se suman organizaciones de España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Filipinas, Ecuador y Venezuela, con diversas actividades.
Aunque las compañías mineras continúan con su proliferación.
En tres acciones simultáneas, el Ejército mexicano atacó comunidades de Santa María Ostula en Michoacán donde se reporta un niño muerto y dos menores heridos, así como una situación de extrema tensión en la región.
La muerte del niño y los menores heridos se dan en el ataque del Ejército mexicano a varias comunidades de forma simultánea en la región, donde la situación es de extrema tensión.
Un grupo armado narcoparamilitar emboscó al comunero Cemeí Verdía Zepeda, Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chiniculia, de la Costa Sierra de Michoacán; así como a sus escoltas.
En un paso más de su reorganización comunitaria, los nahuas refrendan la confianza en su policía comunitaria y su comandante, Semeí Verdía; anuncian que suspenden los pagos de servicio eléctrico y relatan el proceso de castigo a los habitantes vinculados con la delincuencia organizada.
Hacen falta recursos y mayor visibilidad al movimiento. También lograr que regresen el resto de los comuneros que se encuentran en el exilio, fortalecer su proceso autonómico y justicia para sus muertos.
Después de años de asesinatos contra los principales líderes de la comunidad, del saqueo de madera de sangualica hasta dejarla al borde de la desaparición, y del enseñoramiento del crimen organizado, los nahuas retoman el control de su territorio y rearticulan su guardia tradicional.
La comunidad indígena alerta de un posible intento de desalojo en Xayakalan, y exige el cese de operativos ilegales de las autoridades, la presentación con vida de sus desaparecidos y garantías para el funcionamiento de su guardia comunitaria.
Maestro de profesión, Teódulo Santos se preocupó también por el fortalecimiento de la cultura nahua en las escuelas. Tenía claro que “aquí se está jugando mucho y por eso estamos respondiendo como pueblo indígena y no sólo como comunidad”.
¡Para los Agresores y Asesinos al Pueblo Nahua de Santa María Ostula, Ni Perdón , Ni Olvido; Sólo la Aplicación de la Justicia para que se les Castigue!
“Estamos absolutamente solos, sin ninguna protección, mientras en estos momentos se reúnen los matones en la sierra y tememos un ataque”, señalan desde Xayakalan.
Carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras, son algunos de los embates que enfrenta la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el litoral del estado de Michoacán. Se trata de programas que intentan entrar de la mano de la militarización y paramilitarización, siguiendo el manual el despojo en México.
En el video se presentan los testimonios de dos comuneros, uno de Ostula y otro de El Coire. Ellos hablan de la recuperación de las tierras, de la represión posterior y de la firme determinación de defender lo que les corresponde.
A pesar del hostigamiento en su contra (ocho asesinatos y tres desapariciones forzadas), la comunidad nahua de Ostula celebra un año de autonomía y autodefensa indígena. No ha sido fácil, pero el proyecto autónomo avanza.
[14][15]
[1] Ataque del ejército a nahuas de Ostula; se confirma un niño muerto y dos heridos: http://desinformemonos.org.mx/2015/07/ataque-del-ejercito-a-nahuas-de-ostula-se-confirma-un-nino-muerto-y-dos-heridos/
[2] Confirman la muerte de un niño y dos menores heridos en Santa María Ostula, Michoacán: http://desinformemonos.org.mx/2015/07/confirman-la-muerte-de-un-nino-y-dos-menores-heridos-en-santa-maria-ostula-michoacan/
[3] Ataque contra Santa María Ostula y su Policía Comunitaria: http://desinformemonos.org.mx/?p=71603
[4] La batalla de los nahuas de Ostula contra el despojo y el crimen organizado: http://desinformemonos.org.mx/?p=70208
[5] Por la seguridad y en defensa del territorio, se fortalece la policía comunitaria de Ostula: http://desinformemonos.org.mx/?p=66159
[6] Ostula, vencer al terror: http://desinformemonos.org.mx/?p=62366
[7] Comunidad de Ostula alerta ante nuevos ataques en su contra: http://desinformemonos.org.mx/?p=61880
[8] Nueva alerta en Ostula. Asesinan a otro comunero: http://desinformemonos.org.mx/?p=28867
[9] PRONUNCIAMIENTO DEL Congreso Nacional Indigena. Parael Pueblo de Santa María Ostula: http://desinformemonos.org.mx/?p=22011
[10] Alerta: se teme ataque en Ostula: http://desinformemonos.org.mx/?p=21024
[11] ¿Qué hay en Ostula? ¿Por qué quieren esas tierras?: http://desinformemonos.org.mx/?p=21043
[12] De nuevo Ostula: “De aquí no nos vamos”: http://desinformemonos.org.mx/?p=8199
[13] Ostula, entre el acoso y la esperanza: http://desinformemonos.org.mx/?p=7036
[14] : http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fdesinformemonos.org.mx%2F2015%2F07%2F73320%2F&linkname=Atacan%20a%20Ostula.%20Aqu%C3%AD%20la%20historia%20de%20su%20lucha
[15] : http://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fdesinformemonos.org.mx%2F2015%2F07%2F73320%2F&linkname=Atacan%20a%20Ostula.%20Aqu%C3%AD%20la%20historia%20de%20su%20lucha
Un niño muerto y al menos dos menores heridos por el ejército mexicano
Un niño muerto, dos menores heridos, un autodefensa muerto y varios más heridos, así como la detención de Semeí Verdí, comandante de las ??autodefensas? del pueblo náhuatl de Ostula, municipio de Aquila, fueron el resultado del operativo realizado esta mañana por elementos del Ejército Mexicano.
Aproximadamente a las 10 horas un pelotón del ejército se presentó en los parajes de El Duín y Xayakalan, en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Municipio de Aquila, Michoacán, donde la comunidad mantiene puestos de vigilancia de su policía comunitaria y los grupos de autodefensa de La costa-sierra.
Según testigos explicaron que los miembros del ejército impactaron sus vehículos contra los puestos de vigilancia y realizaron disparos; intentaron detener a varios miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar. De manera paralela otro grupo del ejército mexicano detuvo a Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila) en el poblado de La Placita.
Posteriormente, aproximadamente a las 11 horas otro grupo del ejército intentó detener a miembros del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, nuevamente sin presentar orden de aprehensión y actuando con violencia.
Por medio de un comunicado los habitantes de Ostula solicitaron el apoyo de medios de “comunicacion honestos” para documentar los hechos.
[ACTUALIZACIÓN OSTULA, 20:30 horas]
Tras una jornada violenta, tenemos la certeza de 4 heridos de bala:
Neymi Natalli Pineda Reyes de 6 años, Horacio Balladares de 32 años, Melesio Cristiano de 60 años y Antonio Alejo Ramos de 17 años. Y desafortunadamente un menor de edad muerto: Herilberto Reyes García de 12 años.
Además, Semeí Verdía fue presentado en la PGR de Morelia acusado de violar la Ley Federal de Armas y Explosivos al portar un fusil 7.62 (cuerno de chivo), un fusil .233, un arma 9mm y 69 cartuchos disponibles; la otra acusación tiene que ver con delitos electorales por destrucción de casillas y boletas.
En tanto, en ausencia de Semeí Verdía, el nuevo comandante de la policía comunitaria de Ostula es Germán Ramírez
Boletín N° 1 DETENIENE EL EJÉRCITO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, Municipio de Aquila, Michoacán. (19 de julio de 2015, 13 hrs)
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
ostula-indymediaEl día de hoy aproximadamente a las 10 hrs un pelotón del ejército mexicano se presentó en los parajes de El Duín y Xayakalan, en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Municipio de Aquila, Michoacán. En dichos puntos la comunidad mantiene puestos de vigilancia de su policía comunitaria y los grupos de autodefensa de la costa-sierra. Los miembros de ejército impactaron sus vehículos contra los puestos de vigilancia y realizaron disparos; intentaron detener a varios miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar, sin que hasta el momento podamos confirmar el número y nombres de los detenidos. De manera paralela otro grupo del ejército mexicano detuvo a Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila) en el poblado de La Placita. En ambas acciones los miembros de ejército no presentaron órdenes de aprehensión y se desconoce los delitos de los que acusan a los detenidos. Cabe mencionar que hasta el momento no han sido presentados ante ninguna agencia del ministerio público y se ignora su paradero.
Posteriormente, aproximadamente a las 11 hrs otro grupo de ejército intento detener a miembros del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, nuevamente sin presentar orden de aprehensión y actuando con violencia.
Ante las acciones emprendidas por las fuerzas federales la comunidad de Santa María Ostula se movilizó y en estos momentos mantiene retenidos a miembros del ejercito mexicano que participaron en las agresiones. Se debe advertir que se esta viviendo una situación de tensión extrema en la región.
Debemos puntualizar que el compañero Cemeí Verdía, ha sufrido tres antentados, el último de ellos planeado por miembros del gobierno estatal, municipal, mineros y lugartenientes de los llamados caballeros templarios. Además, de las investigaciones derivadas, se logró establecer que una de las opciones para desmovilizar a la comunidad indígena de Santa María Ostula y desarticular a su policía comunitaria, así como a los grupos de autodefensa de la costa sierra de Michoacán, era la fabricación de delitos y la detención de Cemeí Verdía.
Nuevamente, los llamamos a estar atentos y alertas ante la situación que se vive en la comunidad de Ostula y en la región de la Costa-Sierra. Y detener esta nueva escalada del estado mexicano en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula y los otros pueblos de costa sierra de Michoacán.
Atentamente
Equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula
19 de julio de 2015
En todo Veracruz, los pobladores se han organizado para defender los ríos de explotación por empresas privadas que autorizó Javier Duarte y gobierno de EPN
Xalapa, Ver.- La región del Totonacapan está plagada de pozos petroleros y terrenos licitados para el fracking, lo que está relacionado con los proyectos de presas hidroeléctricos para poder explotar estos pozos, expuso Rosalinda Hidalgo, del movimiento Pueblos Unidos por la Cuenca de La Antigua, Ríos Libres.
“Entonces recordemos que el fracking es una actividad bastante peligrosa en la cuestión de la contaminación del agua y la extracción de los mantos acuíferos”.
La ambientalista recordó que son exorbitantes las cantidades de agua que se requieren para la extracción de gases no convencionales mediante pozos con la técnica del fracking, por lo que resaltó que a la par de la explotación de energéticos se disparan los proyectos de presas hidroeléctricas.
Refirió que el proyecto para llevar agua de Pánuco a Monterrey, así como los de diversas presas hidroeléctricas, están relacionadas estrechamente con explotación de mantos acuíferos para el uso del fracking.
“Está como en un estado de riesgo y de alarma toda esa zona del Totonacapan… Muchas de esas presas son para la extracción de energéticos con la técnica del fracking”, resaltó.
Cabe mencionar que de acuerdo con la organización Greenpeace, el proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua. Se ha calculado que se requieren entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo.
Esto podría causar problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos incluso en países de clima templado, y aumentar la presión del consumo de suministros en las zonas más áridas, indica la organización Greenpeace.
Habrá afectaciones a la población. Las autoridades como Sener no han hecho un esfuerzo por informar sobre riesgos, señala investigadores de Fundar, Francisco Cravioto y Aroa de la Fuente
CIUDAD DE MÉXICO.- Tamaulipas será uno de los estados más afectados en la explotación de gas y petróleo, en muchos casos mediante la técnica del fracking que pone en riesgo los almacenamientos de agua de la región, según investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
“Recién publicó la Secretaría de Energía su plan quinquenal, de la ronda cero a la ronda cuatro. Observando el mapa, los estados más afectados en el país están Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Tamaulipas se encuentra plagado de polígonos que quieren entregar (para la explotación de gas y petróleo)”, advirtió Francisco Cravioto, investigador de Fundar.
“La región entre Nuevo Laredo y Reynosa básicamente se va a expander en el área de exploración de la Cuenca de Burgos. Pasa por la cuenca de Eagle Ford… (en EU), donde hay una fuerte exploración con el fracking”, señaló.
Cravioto advirtió que habrá afectaciones a la población en general, y las autoridades como la Secretaría de Energía no han hecho un esfuerzo por informar a la población sobre riesgos y afectaciones.
“La afectación será no sólo ambiental. Hay riesgo en todos los derechos de la población. Serán afectados también los propietarios de estos terrenos donde se meterán a explorar y explogar estos recursos. Tienen profundas afectaciones en términos de salud, y afectación de las comunidades.
El plan quinquenal incluye la asignación de áreas para la exploración y explotación de gas y petróleo.
“A diferencia de Coahuila, donde no va ha haber entrega importante de polígonos de exploración en los próximos cinco años, hay otras regiones que sí serán afectadas”.
“No están haciendo un esfuerzo para llevar la información a la población sobre los efectos que tendrá esta actividad”, señaló.
FALTA TRANSPARENCIA: AROA DE LA FUENTE
Aroa de la Fuente, investigador de Fundar, cuestionó los mecanismos de entrega de contratos. Señaló que hay muchos espacios sin transparencia, como la determinación de la asignación de la ronda cero, en la que se dieron las zonas para Pemex.
Dijo que incluso se han negado a entregar las zonas geográficas exactas para identificar a las poblaciones afectadas.
“Un caso muy concreto es que el gobierno, e incluso a través del IFAI, se han negado a darnos las ubicaciones y las coordenadas geográficas exactas. Eso nos impide saber con exactitud cuáles son las comunidades afectadas, zonas naturales, y productivas”, advirtió De la Fuente.
PREOCUPACIÓN POR DAÑOS
La Alianza Mexicana contra el Fracking ha exigido al Estado mexicano la prohibición del fracking.
“Hemos informado y apoyado los procesos de defensa de las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por esta amenaza que se cierne sobre sus territorios”, detalla la organización que reúne a ambientalistas y especialistas en recursos naturales.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
De acuerdo al organismo, hay opacidad en la aplicación de la Reforma Energética.
“No hubo consulta para aprobar la Reforma Energética. Tampoco hubo consulta para licitar estos campos. La consulta proyectada por la Ley de Hidrocarburos no es más que un trámite realizado a posteriori de la entrega de permisos, sin plena información sobre el proyecto y sus afectaciones y que no tiene carácter vinculante sobre el Estado o el contratista privado; esto es, los proyectos proceden aunque las poblaciones indígenas nieguen su consentimiento” señaló Oscar Espino de la Red Unidos por los Derechos Humanos.
“Las y los integrantes de la Alianza señalaron que de acuerdo con el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades de exploración y extracción de los mismos son consideradas de utilidad pública, al servicio del interés social y orden público, así como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
MÁS IMPORTANTE EL PETRÓLEO QUE LA AGRICULTURA
Una de las preocupaciones de los ambientalistas son las afectaciones a las zonas productivas, donde se realizan cultivos, cría de ganado o en las zonas marítimas, la pesca y el daño a las especies.
“Esta es la razón por la cual los mapas son tan preocupantes. Porque sobre todos aquellos polígonos que serán entregados de aquí a 2019, la actividad que prevalecerá por encima de cualquier otra actividad económica es aquella que realice la industria de los hidrocarburos.” estableció Oscar Espino.
“¿Qué implicaciones tiene esto en términos democráticos para la gente que vive en esos terrenos? Se vulnerarán sus derechos, incluyendo los derechos a la vida, la salud, el vivir en un medio ambiente sano, el derecho al agua e inclusive la propiedad.
Tomando en cuenta lo anterior, “es sumamente preocupante que el INAI, la Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hayan negado, tras múltiples solicitudes de información, entregar las coordenadas exactas de las áreas asignadas a Pemex en la Ronda 0 y aquellas que se otorgarán como parte de los contratos de la Ronda 1. Las y los ciudadanos que habitan en estos territorios tienen derecho a conocer si se encuentran amenazados por las profundas afectaciones de esta actividad. Las organizaciones de la Alianza hemos presentado dos amparos para revertir esta decisión” mencionó Aroa de la Fuente.
EXPLOTACIÓN EN ZONAS TERRESTRES
Según el Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía, la mayor parte de la exploración se realizará en las regiones de Veracruz y Tamaulipas, entre otras. “Las áreas de licitación a partir de campos terrestres se ubican en las Entidades Federativas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tabasco y Chiapas.
Estas poseen un volumen remanente en sitio de 4,143 MMbpce y una superficie aproximada 4,343 km2, las cuales contienen campos maduros y campos pendientes de desarrollo. Estos recursos se dividirán entre cuatro rondas de licitación, en las que la mayor parte de los recursos se planean licitar en las dos primeras rondas, cumpliendo así con los requisitos de la Reforma Energética con respecto al incremento de la producción en el corto y el mediano plazo”, detalla la Sener.
EXPLOTACIÓN EN ZONAS DE AGUAS PROFUNDAS
Gran parte de las zonas de explotacion se encuentran en el mar. La región del Golfo de México será una de las más explotadas.
“Las áreas a licitar para la exploración de recursos convencionales en aguas profundas se localizan frente a las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. En estas áreas se estima un recurso prospectivo de aproximadamente 9,738 MMbpce y área a licitar por 83,945 km2.
AGUAS SOMERAS
El Plan Quinquenal -detalla Sener- considera 108 áreas para la exploración de recursos convencionales en aguas someras, de las que se sabe que existe un recurso prospectivo de 3,542 mil millones de barriles de petróleo crudo estimado, en un área de 28,110 km2, aproximadamente.
CAMPECHE.- Ante la emisión de la alerta nacional, el Consejo de Seguridad Pública (CESP) de Campeche reforzó la seguridad el territorio estatal con efectivos militares, agentes de la Policía Federal y de la Policía Estatal con retenes principalmente en los municipios de la zona Sur, debido a los recientes acontecimientos registrados en el Centro del país.
El gobernador Fernando Ortega Bernés precisó que estos mecanismos de seguridad se centran específicamente en los municipios de Calakmul, Candelaria, Palizada y Carmen.
En las acciones de verificación y vigilancia que se pusieron en operación en Campeche participan junto con los efectivos estatales y federales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México, que se movilizan por regiones limitantes con Guatemala y Tabasco, como es el caso de Chumpán, Santa Adelaida y Machetazo, indicó.
Para un mayor control, afirmó, se implementó un retén fijo y permanente en la región de Candelaria, concretamente en el entronque hacia la capital de ese municipio sobre la carretera federal, donde se llevan al cabo minuciosas revisiones a todo tipo de vehículos automotores.
En los retenes, señaló, el personal policíaco y militar lleva a cabo las revisiones de manera respetuosa con la colaboración de los choferes y conductores, a los que se les explica que se trata de una operación de seguridad nacional.
Estos operativos fueron acordados por el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad, que el Ejecutivo Estatal en coordinación con los comandantes de los destacamentos de la Sedena y Semar en la entidad, así como de la Policía Federal y la Policía Estatal.
SANTIAGO DE ANAYA, Hgo., 19 de julio de 2015.- Indígenas y habitantes de Santiago de Anaya, ante la negativa de la cementera Fortaleza para pagarles la reparación de daños que dejó en sus viviendas la construcción de un puente sobre la vía federal México-Laredo, anunciaron una serie de movilizaciones para exigir que se les cumpla lo prometido.
Familias indígenas de Santiago Anaya, en Hidalgo, habitan en sus casas dañadas con grietas y fisuras desde hace un año, cuando la construcción de una carretera y un puente de la cementera Fortaleza causaron las afectaciones.
Santiago de Anaya es uno de los municipios indígenas del Valle del Mezquital, ubicado a 56 kilómetros al noroeste de la capital de estado, donde prevalecen los usos y costumbres. Los pobladores aseguran que poco han podido hacer para defenderse de la cementera porque ésta goza de todo el respaldo gubernamental con dinero, amenazas y ahora con toneladas de cemento han sometido a las comunidades.
Las familias, en su mayoría de escasos, recursos, aseguran que llevan casi un año demandando por todas las formas, que la empresa cementera propiedad de empresarios muy poderosos, entre ellos Carlos Slim y Antonio del Valle, y solicitan urgentemente la intervención de las autoridades estatales y federales para que les paguen las afectaciones de su patrimonio construido con remesas que les llegaban de sus maridos e hijos migrantes.
Aseguran que la empresa les prometió enviar madera, cemento y material necesario para la reparación del daño, mas nunca cumplieron y ahora todo canal de comunicación con Cementos Fortaleza se perdió. Además, los habitantes de Santiago de Anaya emprendieron lucha legal contra la firma, al argumentar que dañará el medio ambiente del Valle del Mezquital.
La última noticia que tuvieron fue que la empresa, a través del ingeniero Ricardo Cevallos les comunicó que no pagarían nada. En contraparte, la empresa a través del mismo enviado reforzó tratos con los delegados de cada comunidad de Santiago de Anaya para regalarles toneladas de cemento para sus canchas de usos múltiples, sus salones ejidales, sus drenajes etcétera.
“La empresa nos afectó y nadie nos hace caso, sólo mandan y mandan toneladas de cemento a las autoridades a los delegados para acabar con las protestas pero a los afectados y los problemas de fondo no les dan respuestas” sostuvo Rafael Camargo entre muchas otras voces que levantan la voz a las autoridades que hasta el momento no han dado ninguna solución a las demandas de los habitantes de la zona.
“Nuestras construcciones fueron posible gracias al esfuerzo de nuestros migrantes son viviendas que fueron construidas hace 15 y 18 años y no les había pasado nada hasta que la cementera comenzó sus trabajos, esta es una casa con trabe y buenos cimientos y las grietas son evidentes”, señaló.
El presidente municipal Fidencio Gachuz, tampoco se ha manifestado respecto a la inconformidad que se desató desde la llegada de esta empresa pues “se puso del lado de los empresarios”, acusó. Esa postura de sus autoridades hacen que se esfumen las esperanzas de que les hagan justicia, incluso obran ante el Ministerio Público, demandas contra la empresa sin embargo estas no prosperan.
Ya existe un peritaje que arrojó como resultado el reporte que hiciera en días pasados el perito Alfredo Sánchez Abad, quien en su informe mencionó que las casas presentan daños en su mayoría y es altamente probable que sea por la construcción del puente aunque se debe revisar el modelo de la maquinaria para ver el radio de alcance que tuvieron las ondas.
“Las ondas pudieron tener una radio de afectación de hasta 50 metros, lo que si vemos son casas muy afectadas por el movimiento de máquinas y el paso de camiones”, dijo Sánchez, perito certificado que fue contratado por las familias pues pretenden acompañar sus denuncias con el estudio para evitar que nuevamente desestimen las afectaciones.
Peritos de Protección Civil del gobierno del estado recorrieron las viviendas afectadas, sin hacer público el resultado. Ingenieros de la empresa también recorrieron la zona y aunque prometieron la reparación de los daños, el envío de cemento y madera, se deslindaron y advirtieron que no pagarían nada lo que generó molestia de los afectados y alistan nuevas acciones.
Afectados por la invasión de predios durante la instalación de más de 200 postes de alta tensión para abastecer a la cementera Santa Anita, ubicada en Santiago de Anaya, exigieron el pago de la indemnización por la invasión de sus tierras por parte de la empresa al colocar las torres de alta tensión frente a sus domicilios, comercios, escuelas y clínicas de salud
Los indígenas de Santiago de Anaya, señalaron que el informe se basa en argumentos erróneos, omisos y contradictorios por parte de la dependencia, ya que en ningún momento se responsabilizan por las actuaciones y facultades que le han sido conferidas, ya que incluso se declaran incompetentes para rendir dicho informe en razón de que supuestamente no les fue requerido el mismo por una dependencia federal.
Ante la cerrazón de las dependencias federales como estatales así como de la empresa, los indígenas advirtieron que realizarán manifestaciones y plantones por tiempo indefinido en el centro SCT de Hidalgo a efecto de ejercer presión social para hacer valer sus derechos patrimoniales de los cuales fueron despojados los habitantes de las comunidades de Actopan, San Salvador y Santiago de Anaya.
El informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) centro Hidalgo, ya fue presentado y sostiene que no cuenta con los documentos necesarios que avalen que fue liberado y pagado el derecho de vía. Aceptó que no ser autoridad competente para dar información a requerimientos de la justicia del fuero común. Por su parte la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, informó que la Averiguación Previa acumulada no ha sido resuelta debido a que los agentes del Ministerio Público, están de vacaciones y será hasta su regreso cuando retomen el caso.
“Alerta, Alerta, Alerta” gritaban treinta mujeres ayer en la ‘3a. Marcha de las Putas’.
Respeto y Alerta de Género es lo que piden estas mujeres para que no se normalice ni se haga cotidiano la violencia y los feminicidios en el estado de Guanajuato.
“Queremos y necesitamos la Alerta de Género. Ya es tan cotidiano ver en los periódicos asesinatos de una, y otra, y otra mujer, que ya hasta se quiere ver como algo normal”, dijo, Denise Rosas, integrante del Colectivo de Género.
Las mujeres que se reunieron en el Arco de la Calzada y recorrieron la calle Madero para finalizar en Presidencia gritaron a las autoridades que cumplieran a las ciudadanas y que dieran la Alerta de Género.
Con esta marcha, según Denise, se ha logrado muy poco política y gubernamentalmente hablando, sin embargo, con la sociedad se logra sensibilizar y hacer conciencia de cada una de las muertes a manos del machismo.
“Van 43 mujeres muertas, ya estamos cansadas, indignadas, queremos que nos escuchen, que sepan que no estamos temerosas y que la gente sepa el nombre y cómo fueron asesinadas estas mujeres”, mencionó.
La invitación a la marcha se hizo a través de Facebook y según la página participarían 200 personas, sin embargo fueron pocas las que se manifestaron.
“Pensamos que el activismo es mover el dedo desde casa, desde las redes sociales, lo difícil es estar aquí. Nos duelen las que ya no están”, expresó la activista.
Quienes asistieron fueron integrantes del Colectivo Calle, Sin Acoso Guanajuato, RedDefine y Colectivo de Género, entre otros.
TEPETLAOXTOC, Edomex. 19 de julio 2015.- En sesión extraordinaria de cabildo, los ediles cancelaron el permiso para los trabajos de introducción de un gasoducto, ante la protesta de vecinos que ya bloquearon una vialidad u se manifestaron frente a la alcaldía.
Durante toda la noche, el cabildo discutió y decidió revocar el acuerdo 236 celebrado el 7 de febrero del 2015 en donde se autorizaron los trabajos a la empresa Gas Natural S.A de C:V.
El pasado miércoles 15 de julio, los vecinos impidieron la circulación vehicular del transporte de pasajeros y particular, al cerrar la carretera “El Columpio” a la altura de la Ex Hacienda La Flor en protesta por los trabajos de excavación.
Los manifestantes portaron cartulinas en las que se leía; “No al Gasoducto” y demandaban la cancelación del proyecto de gas natural. Además porque las autoridades no tomaron en cuenta su opinión en la autorización del gasoducto.
Mientras, el día de ayer, unos 200 habitantes tomaron las instalaciones de la presidencia municipal, también para exigir la cancelación de las obras de introducción de la línea del gasoducto.
De acuerdo a versión de los afectados de funcionar la línea del gasoducto se pondría en riesgo a 7 mil pobladores de la localidad.
Por lo cual, el gobierno municipal convocó a la sesión 40 de cabido extraordinario, el cual inicio al filo de las 19 horas y donde los integrantes determinan revocar a la empresa Gas Natural la autorización del acuerdo 236 a través del acuerdo 239, el cual concluyó alrededor de las 2:30 horas el día 17 de julio del año 2015.
Luego de las presiones vecinales, el presidente municipal, Salomé Donato Sánchez González anunció que llevaría a cabo una consulta pública entre los habitantes del municipio para que se pronuncien si aceptan o no el gasoducto de la empresa Gas Natural S.A. de C.V
No obstante ante las protestas que hicieron los habitantes determinó convocar a sesión extraordinaria de cabildo para tratar el asunto y revocar los permisos de construcción del tendido de 3 kilómetros en territorio municipal.
Esto a pesar de que el ayuntamiento dio el permiso para el tendido de más de 3 kilómetros hace más de un año y la mayoría de las obras de introducción de ductos ya se llevaron cabo.
Con pancartas en las que se leía: “No al gasoducto” y “Cancelación de las obras”, los pobladores señalaron que las autoridades estatales y municipales nunca tomaron en cuenta la opinión de los habitantes para dichas obras.
Habitantes del municipio de General Cepeda, Coahuila, rechazan la instalación de un confinamiento de residuos tóxicos que la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A. pretende construir en ese lugar, y exigen la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto para frenar la obra, ya que aseguran fueron engañados por los propietarios para que les vendieran las tierras, además de que la obra ocasionaría la pérdida de sus cultivos y dañaría la salud de la comunidad.
El proyecto de instalación del Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI) se dio a conocer en octubre del año pasado. La obra se construirá en un predio de 500 hectáreas en el ejido de Noria de la Sabina, en el municipio de General Cepeda.
Noria de la Sabina es una comunidad de unos 100 habitantes, que se dedican al tallado de la lechuguilla, la extracción de cera de candelilla y la recolección de orégano, especies que consideran se verán amenazadas con el proyecto.
De acuerdo con los ejidatarios, tanto la empresa como las autoridades federales, estatales y municipales, han actuado con engaños para gestionar el proyecto.
En 2011, los representantes de la empresa ofrecieron a los ejidatarios que instalarían una maquiladora de ropa o una granja de pollos para generarles empleos, para ello necesitaban que les vendieran un derecho de paso entre la carretera federal número 40 que une Saltillo con Torreón, a lo cual accedieron.
“Con esta promesa de trabajo en la granja avícola les vendieron el terreno para la brecha, que por cierto se los vendieron muy barato, a dos mil pesos la hectárea. La gente estaba muy entusiasmada porque les iban a dar chamba”, expresó José Luis García Valero, habitante de la comunidad de Noria de la Sabina e integrante del Comité ciudadano de Vigilancia de General Cepeda.
Pero la comunidad ignoraba que los terrenos serían usados para crear un confinamiento de residuos tóxicos.
En entrevista para SinEmbargo, el representante legal de la empresa, Javier Caderón Domínguez, rechazó estas afirmaciones y aclaró que el confinamiento es de residuos tóxicos que están previamente tratados.
“Yo represento a la empresa y he estado cerca de la comunidad, ellos saben que soy una persona que me dedico al medio ambiente, porque formo parte de un grupo que ya tiene 20 años en el mercado, y desde que iniciaron las pláticas con los habitantes, yo les platiqué a cada uno de ellos que me dedicaba al medio ambiente y que traía un proyecto de medio ambiente, que teníamos oportunidad de generar empleos y que podíamos apoyar en otras actividades para generar economía en la población”, aseguró Calderón.
Sin embargo, los habitantes insisten en que el trámite para la construcción lo hicieron “en lo oscurito” porque desde principios de marzo del año pasado la empresa inició los trámites en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin que nadie de la comunidad ni de la cabecera municipal tuviera noticia del asunto.
La ley en materia ambiental establece que para poder realizar una obra como los confinamientos, es necesario promover una consulta pública, para ello, el resumen del proyecto debe publicarse en un periódico de gran difusión para que la gente se entere del tema, situación que no ocurrió en Noria de la Sabina.
“Hicieron la publicación en una página interior de un periódico local, El Heraldo de Saltillo, y con eso cumplieron la ley, pero no cumplieron con el espíritu de la ésta, que es dar a conocer a la población su proyecto”, detalló García Valero.
Para cuando la comunidad se enteró de que estaba este proyecto, el permiso ya estaba dado, el 18 de octubre de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat otorgó la autorización en materia de impacto ambiental, pero aún faltaban dos permisos: la autorización del Municipio para cambiar el uso de suelo forestal y que el Cabildo otorgue el permiso de construcción.
Los ejidatarios señalan que en noviembre del año pasado se enteraron del permiso a través de Internet y que a partir de ese momento se informaron y se movilizaron para detener la obra. Crearon el Comité Ciudadano de Vigilancia, a través del cual realizan movilizaciones y llevan a cabo asambleas ejidales donde recopilan firmas en rechazo a ese plan que, dicen, perjudicaría al menos a los 40 ejidos del municipio.
“La gente sabe que esta construcción los va a ir matando lentamente”, aseguró José Luis Villareal Treviño, habitante de General Cepeda.
Sin embargo, el Cabildo hizo oídos sordos a las peticiones de los habitantes y concedió el segundo permiso a la empresa.
El pasado 16 de junio, durante la última Sesión de Cabildo en la que no estuvo presente la regidora Magdalena Sofía Ochoa Mendoza, una de las principales opositoras al proyecto, aprobó en “fast track” el proyecto para el confinamiento de los residuos peligrosos.
Además, acusan los pobladores, el tema del confinamiento de residuos industriales no se incluyó en el orden del día, sino que se trató al final de la sesión como parte de los asuntos generales y como si se tratara de un asunto menor.
El proyecto presentado por Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, filial de Grupo Ecolimpio, señala que no existen poblaciones en un radio de 30 kilómetros a la redonda. No obstante, en el intermedio se localizan los ejidos de La Rosa, Tanque San Vicente, Hipólito y apenas a 5 kilómetros Noria de la Sabina, refiere una nota publicada por el diario Vanguardia.
La inquietud de los habitantes de General Cepeda por la realización de esta obra aumenta conforme pasan los días, sobre todo porque el Alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez ha mostrado abiertamente su apoyo al proyecto.
“Padecemos en General Cepeda un viejo cacicazgo, este señor Rodolfo Zamora Rodríguez ya fue Alcalde hace varios años, logró que su hijo también lo fuera, consiguió que su esposa fuera regidora en la pasada administración y él se reeligió. Tiene todo el respaldo del Gobernador Rubén Moreira Valdés”, apuntó José Luis García.
Los habitantes coinciden en que el Alcalde está comprometido con el proyecto, que sabía de los permisos y que lo ocultó al pueblo.
“El Presidente Municipal está amedrentando al pueblo, las autoridades les dicen que les van a quitar la ayuda gubernamental que reciben, no hemos denunciado por temor”, expresó el señor José Luis Villareal.
La primera vez que Rodolfo Zamora Rodríguez fue Alcalde de General Cepeda prometió entregar el acuífero “Agua de la Casita” –que abastece a toda la comunidades del municipio– a Saltillo para zona industrial, también quiso poner un confinamiento en otro poblado que se llama San José de la Paila, esto fue en 1998, pero los ejidatarios se opusieron.
Ahora, Sociedad Ecológica Mexicana del Norte está a un paso de concretar la construcción del confinamiento, sólo falta un permiso: el de construcción que otorga el Cabildo.
Aunque la comunidad asegura que el Cabildo está intimidado por el “cacicazgo” del Alcalde y temen que finalmente se conceda el permiso para el confinamiento, continuarán con su lucha de manera pacífica a través de marchas, asambleas, difusión en medios de comunicación y por la vía legal.
La utilización de la técnica de fracking para obtener petróleo está preocupando a científicos rusos, pues han detectado que provoca sismos de baja intensidad inferiores a los 5 grados en la escala de Richter, pero que si bien no son letales, son constantes y dañan las viviendas, situación que ya se está viviendo en 26 municipios del sur del estado, pues en dos años y medio (2012 a junio de 2015) se han registrado 295, cuando en 90 años (1920 a 2011) se tenían 407 registros del Servicios Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM y de Protección Civil, lo que implica dos tercios de estos.
De acuerdo con investigaciones del Instituto de la Dinámica de Geósferas de la Academia Rusa de Ciencias, se analizan los datos registrados para ayudar a predecir eventos sísmicos, conocer la propiedad de los yacimientos y monitorear la inyección del agua, pues han notado que la explotación de hidrocarburos a largo plazo puede alterar las condiciones alrededor de los yacimientos de petróleo y gas en varias formas, ocasionando importantes cambios de tensión en los yacimientos y en las rocas circundantes. El líquido inyectado puede propagarse o filtrarse por las fisuras y ocasionar un incremento en la presión del líquido alojado en los poros y en las fracturas, actuando como lubricante en las zonas fracturadas.
Según sus pesquisas, son tres tipos de fuerzas ayudan a iniciar los sismos inducidos por filtración, así como también otros sismos provocados por el hombre y sismos tectónicos, provocando el movimiento de los bloques de roca a lo largo de las fallas. En primer lugar, las fuerzas poroelásticas pueden forzar el desplazamiento a lo largo de una falla en la masa de la roca circundante. En segundo las fuerzas hidroestáticas pueden, a través de una falla u otra característica permeable, transferir la presión intersticial de una zona de inyección a otra zona, preparándola para un sismo.
Esta información es de utilidad para los habitantes de la zona sur del estado que ya tienen un importante incremento de sismos en sus municipios por la utilización de la técnica del fracking y que por los continuos movimientos de la tierra afecta las viviendas de al menos 26 municipios que van desde Jesús Carranza, Uxpanapa, Hidalgotitlán, Minatitlán, San Juan Evangelista, Las Choapas, Playa Vicente, Texistepec, Jáltipan, Oteapan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Sayula, San Juan Evangelista, Xochiapa, Playa Vicente, Juan Rodríguez Clara, Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Tatahuicapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Isla, Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Chinameca, Soconusco y Zaragoza.
Se cuadruplicaron los temblores de 2012 a 2015: SSN
Con base en la página www2.ssn.unam.mx:8080/website/jsp/catalogo1.jsp, de 1998 a 2005 en el “Catálogo de Sismicidad Histórica” del Servicio Sismológico Nacional reportan que para seis zonas de colindancias entre Oaxaca y Veracruz, se tienen registros de 646 sismos.
De los cuales en 1998 se registraron 46 sismos; en 1999 70; en el 2000 60; en 2001 69; en 2002 91; en 2003 110; en 2004 92 y en 2005 108.
En este periodo se ubicaron seis zonas sísmicas, la principal es la del Istmo de Tehuantepec con 456 (el 70.5%); le sigue la zona de la frontera de Veracruz y Oaxaca con 147 (22.7%); en el sur de Veracruz sólo 27 (4.1%); en la costa norte de Veracruz únicamente 13 (2%); la costa de Veracruz 2 y en la zona limítrofe de Hidalgo y Veracruz 1, estos datos previos a que se realizaran la explotación del Paleocanal de Chicontepec y las “rondas cero” y “uno” de la reforma energética de Peña Nieto.
De 1998 a 2005, la intensidad de los sismos fueron de 5.4, 5.3 y 5.1 grados Richter 1 por cada escala: de 5 grados, dos eventos; de 4.9 grados, tres; de 4.8 grados, cinco; de 4.7 y 4.7, 12 eventos cada una; de 4.5, 24 ocasiones; 4.4 grados, 26; de 4.3, 44 veces; 4.2, 58; 4.1, 82 incidentes; de 4 grados, 95; de 3.9 grados, 92; de 3.8, 90 eventos; 3.7, 46; 3.6, 24; 3.5 grados, cinco; y 3.3, un evento.
En contraste, de 2006 a mayo de 2015, cuando comienza a incrementarse la explotación de pozos petroleros por la subcontratación a la iniciativa privada, aparece que se registraron 578 temblores en Veracruz, de los cuales en 2006 fueron 17 eventos; en 2007, 21, en 2008, 45; en 2009, 49; en 2010, 49; en 2011, 65; en 2012 47, en 2013 70; en 2014 105 y en lo que va de 2015 llevamos 110 eventos. Esto es que los 47 de 2012 se duplicaron en 2014 y en 2015, si continúan con la tendencia se cuadruplicarían, justo los años en que comienzan la Ronda cero y la Ronda uno.
Las zona sísmica por excelencia de le entidad es la sur y esto se reflejan en el histórico del SSN en donde los municipios con más eventos registrados fueron Sayula de Alemán con 197 eventos (34 %), luego Las Choapas con 64 (11%); Jáltipan tuvo 52 eventos (9%), Isla con 51 (9%) y Minatitlán con 41 eventos (7%), además de Coatzacoalcos con 10 (1.7%), Oluta 5 (.86%); y Allende con 4, Nanchital con 3, Oteapan con 2, Acayucan, Oteapan y Agua Dulce con uno respectivamente, lo que en conjunto representa 73%.
En el centro cercana a la costa del Golfo aparece en segundo lugar total Juan Rodríguez Clara con 67 (11.6%); Alvarado con 14 (2.4%), Veracruz y José Cardel con 11 cada uno (1.9%); Boca del Río con 5; Tierra Blanca y Cuitláhuac, con 3 cada una; Catemaco 2 y Cosamaloapan 1, representa poco más de 17%.
En las Altas Montañas y en el norte sin contar las zonas petroleras en acción como Chicontepec y Álamo no aparecen en el documento, pero sí Misantla con seis; Papantla con dos, Tuxpan con dos eventos; Gutiérrez Zamora, Xalapa, Banderilla, Martínez de la Torre, Perote, Fortín, Xico, Coscomatepec y Maltrata con un evento respectivamente. En conjunto, 3.3%.
De la misma forma la intensidad de los sismos fueron de 6.7, 6.4, 6, 5.6, 5.5, 5.2, 5.1 y 5 grados en escala de Richter un evento por cada escala; de 4.9 grados tres; de 4.8 grados dos; de 4.7° dos; de 4.6° tres; de 4.5, 14; de 4.4 grados, 15; 4.3, 16; 4.2 grados, 32; 4.1 grados, 56; 4 grados, 82; 3.9 grados, 116; de 3.8 grados, 75 eventos; 3.7 grados, 79; 3.6 grados, 33; 3.5 grados, 26; 3.3 grados, ocho; 3.2, cinco; 3.1, dos eventos; de 3 grados, seis; y de 2.7 grados, dos eventos.
Protección Civil confirma el incremento de temblores
Por su parte en el sitio de la Secretaría de Protección Civil (SPC) del gobierno del estado de Veracruz (atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas/) en 26 municipios del sur del estado de 1920 a 2011 se tenían 407 registros de sismos, en cambio, de 2012 a junio de 2015, se han registrado 295, es decir que se han registrado dos tercios de sismos en dos años y medio en contraste con los 90 años anteriores.
En los municipios donde más es visible esta situación es sin duda Jesús Carranza que registró 80 sismos de 1920 a 2011, mientras que en 2014 hubo 26 y en lo que va de 2015 se contabilizan 23 eventos, que sumados son 129 temblores; no muy distante de estas cifras está Uxpanapa que tuvo 79 sismos de 1920 a 2011, en cambio de en 2014 se registraron 24 y al 23 de junio de 2015 llevan 24 eventos, para sumar 127 en el municipio; Hidalgotitlán 73, 11 y 19, respectivamente, que sumados hacen 103 y en cuarto lugar Minatitlán con 34, 7 y 7, respectivamente que en conjunto hicieron 48.
En San Juan Evangelista de 1920 a 2011 se registraron 25 eventos; en 2014 seis e igual número, en lo que va del año, esto es 37 en total; Las Choapas en los mismos periodos 23, 5 y 4 respectivamente, para sumar 34; Playa Vicente con 14 en 90 años, 11 en 2014 y 8 en lo que va del 2015, para sumar 33.
Los otros municipios que presentan menos de 30 eventos en estos años fueron Texistepec, Jáltipan, Oteapan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Sayula, San Juan Evangelista, Xochiapa, Playa Vicente, Juan Rodríguez Clara, Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Tatahuicapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Isla, Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Chinameca, Soconusco y Zaragoza.
De esta situación, el coordinador del Centro de Políticas Socioambientales del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, Armando Aguirre Hérviz, señaló que entre las actividades ocultadas que amenazan el sur de Veracruz está: el incremento negado y minimizado de los sismos en el sur, las fallas geológicas y los pozos inyectores de Pemex; el domo salino y los cráteres de Moloacán; las cavernas de Tuzandéptl y el almacenamiento de petróleo crudo o gas; la construcción irresponsable y riesgosa del túnel sumergido de Coatzacoalcos.
ZACATECAS, Zac. (proceso.com.mx) VERÓNICA ESPINOSA
18 DE JULIO DE 2015 .- Asesinados de un tiro en la nuca, los cuerpos de cuatro de los siete jóvenes desaparecidos en el municipio de Calera, presuntamente a manos de integrantes del 97º Batallón del Ejército con sede en Fresnillo, fueron encontrados en una vivienda en construcción en una comunidad de Jerez.
Los cuatro cuerpos, de tres hombres y una mujer –dos menores de edad– fueron hallados en la casa a un costado de la presa de la comunidad La Tesorera el jueves por la tarde, tras un reporte telefónico anónimo hecho a la Policía Municipal. Mostraban un avanzado estado de descomposición, informó la procuradora Leticia Soto.
En total son siete los jóvenes que desaparecieron de un domicilio en Calera, de donde según la denuncia de sus familiares, fueron sacados la madrugada del pasado martes 7 por elementos del Ejército al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, en un supuesto operativo para buscar drogas y armas.
De acuerdo con los primeros datos de identificación que efectuaron familiares, por lo menos dos de los cuerpos pudieron ser identificados por tatuajes que alcanzaron a ser apreciados a simple vista.
Según esta información, los familiares fueron notificados vía telefónica el viernes del hallazgo de los cuatro cadáveres, por lo que acudieron al Servicio Forense en Fresnillo –a donde fueron llevados los cadáveres– para identificarlos.
Los cuerpos corresponden a Germán Martín García González, exmilitar que formó parte del 97º Batallón de Infantería bajo el mando del coronel Pérez Reséndiz; Beatriz Hernández Hernández, y los menores Fernando José y Guillermo.
Vía telefónica, uno de los familiares mencionó que se dividieron para acudir al servicio forense y hospitales en varias ciudades del estado en busca de los siete desaparecidos,
“Estábamos en Zacatecas cuando nos avisaron que habían hallado a alguien en Jerez. Nos pidieron venir a Fresnillo. Las familias los reconocieron por la ropa y unos tatuajes, pero están batallando para que se los entreguen… están casi irreconocibles, algunos ya casi en los huesos, en muy mal estado ya”, señaló.
Recordó que siguen sin aparecer otros tres: María Alejandra Rocha Montes, Daniel Venegas Leaño y Víctor Hugo González Cisneros.
Daniel Venegas, de 17 años y originario de Fresnillo, vivía con una hermana en San Luis Potosí hasta hace unas tres semanas, cuando regresó a Zacatecas y comenzó a trabajar en diversos ranchos. Había llegado a Calera para laborar en un rancho unas horas antes de su desaparición junto con los otros seis jóvenes.
“Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto?; ahora encontraron a los otros muertos, ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal? Ya no sé qué palabras usar para decirle cómo me siento”, dijo la hermana de uno de los desaparecidos.
Mientras que la procuradora de Justicia del estado, Leticia Soto Acosta, dijo a este medio que aunque la carpeta de investigación por la denuncia de los familiares está en manos de la delegación de la PGR, corresponderá a la dependencia a su cargo trabajar en la indagatoria por los homicidios de los cuatro hallados en Jerez, y corroborar plenamente la identidad de los mismos mediante los perfiles genéticos.
“Tuvimos contacto con dos familias; el hermano de la mujer y los padres de uno de los varones. Ellos nos señalan que por los tatuajes podrían ser sus familiares pero por el estado de los cadáveres y por la trascendencia del asunto, debemos realizar una identificación plena”, señaló.
Aunque negó que los cuerpos hallados mostraran huellas de tortura (como reportaron medios locales según informes iniciales), confirmó que los cuatro fueron asesinados de un tiro en la nuca.
Los jóvenes fueron sustraídos de Calera el martes 7, y habrían sido asesinados entre el 9 y el 11 de julio, según los resultados de la necropsia y otros exámenes periciales.
“Le damos seguimiento a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas a partir de las manifestaciones públicas que hicieron las familias”, señaló la procuradora Soto Acosta, y agregó que se colabora con la PGR en la búsqueda y se hará el desglose de lo relacionado con los cuatro asesinatos a la dependencia federal.
No obstante, al consultar la liga sobre personas desaparecidas del portal de la Procuraduría de Justicia, ésta se encuentra inhabilitada.
“No sé qué esté pasando –dijo la procuradora a la reportera en la entrevista telefónica–, qué bueno que me informa para hablar con mi gente y corregir esto”.
Fue un proceso de “autorestitución” de una superficie que ya había sido indemnizada a su invasor, al que conminan a salir a más tardar el lunes.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Alrededor de 200 comuneros de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), tomaron ayer posesión de un predio de mil hectáreas que se les había restituido desde 2004 como parte del programa de Focos Rojos de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, de manos de un posesionario nayarita, Ramón Muro, quien pese a recibir dinero por la operación, “volvió a invadirlo”, dijo el secretario de bienes comunales, Ubaldo Valdés Castañeda.
La idea que subyace entre los indígenas es que las instituciones son altamente ineficientes para administrar justicia expedita como lo ordena la constitución y los convenios de derechos humanos de los que el país es firmante. Por eso, “decidimos proceder nosotros mismos a restituirnos el terreno que legalmente nos pertenece; hemos contactado con el posesionario y le hemos advertido que tiene hasta el día lunes [20 de julio] para abandonar voluntariamente la zona; de lo contrario, procederemos a desalojarlo”, destacó el comunero wixárika (huichol).
Por vía telefónica desde la zona de conflicto, que se encuentra en el municipio de Mezquitic en las inmediaciones de Ocota de la Sierra, el representante destacó que se trata de una ocupación pacífica y que a partir del lunes se establecerá en la zona una colonia para evitar que en el futuro, los vecinos tengan tentación de volver a ocupar la superficie, que forma parte de los territorios reconocidos a los aborígenes desde la segunda década del siglo XVIII por la corona española, y además, se trata de derechos que no prescriben y que son inalienables [no se pueden vender] en el contexto del derecho agrario mexicano.
Valdés Castañeda puso en relieve que de la ocupación ya avisaron a la Fiscalía General del estado, a la dirección de Asuntos Agrarios, y –de forma personal- al inspector ganadero de Mezquitic, de manera que se tome nota de que no se está tomando ningún bien del invasor y se están respetando sus animales. También ratificó que no se pretende agredir a nadie, con el límite en la legítima defensa a que tienen derecho.
Destacó que los hijos de Ramón Muro han hostigado y amenazado a miembros de la comunidad, que suelen estar armados y que se comportan como personas fuera de ley, pero que ayer, los recibieron sin armas ante el gran número de wixaritaris, aunque aseguraron “poseer papeles”. Los comuneros señalan que “el primero en tiempo es primero en derecho”, y que esas superficies son inmemorialmente propiedad de Wuaut+a y así se reconocieron cuando se resolvió hace más de diez años el rezago agrario en esa zona, lo que habría sido aceptado, incluso a cambio de dinero como indemnización, por los presuntos invasores.
“Estamos hartos de la burocracia, por eso decidimos primero actuar; ya si quieren hacer valer sus supuestos derechos, que nos demanden, estamos seguros de nuestro mejor derecho y es muy distinto enfrentar eso en posesión de nuestras tierras”, puntualizó el dirigente.
Los conflictos de Wuaut+a
La comunidad de San Sebastián y su anexo Tuxpan de Bolaños (Tutsipa) son la más grande de las tres primordiales de los huicholes, y la que más éxito ha tenido en la restitución de sus tierras invadida: Puente de Camotlán, Cañón de Tlaxcala y Huajimic son sus tres polígonos recuperados más importantes
En los primeros años de este siglo lograron recuperar de forma integral más de 20 mil ha invadidas por ganaderos de Puente de Camotlán, que habían ingresado como rentistas de agostaderos, y después reclamaron prescripciones y establecieron poblados con apoyo del gobierno nayarita
De esa superficie, las mil ha recuperadas ayer habrían sido de nuevo invadidas por sus posesionarios
Unión Hidalgo, Oax. Representantes de 15 organizaciones sociales integraron el Comité de Defensa Social Contra la Trasnacional Desarrollos Eólicos Mexicanos, Demex, para exigir que esa empresa cumpla con la construcción de obras de impacto social, como se comprometió hace una década, cuando se estableció en la comunidad.
En asamblea encabezada por el edil José López de la Cruz, los activistas reunidos en la casa de la cultura acordaron integrar el comité con una directiva de cinco personas que exigirán, primero con diálogo, a Demex cumplir con su apartado social. López de la Cruz se comprometió con los delegados a no descansar hasta que Demex pague los impuestos que debe a Unión Hidalgo.
La empresa se amparó el año pasado; presume que paga impuestos a nivel federal y no tiene compromisos con Unión Hidalgo. Está muy equivocada, porque nosotros no estamos mendigando, sino exigiendo un derecho, por las tierras donde están asentados sus aerogeneradores, sostuvo.
El comité de defensa, presidido por José Ruiz, anunció que en breve informará las acciones a realizar en los cuatro accesos de los dos parques eólicos propiedad de Demex, filial de Energy Renovalia, que posee 120 turbinas que producen 227.5 megavatios.
En el vecino municipio de Juchitán, unos 200 pescadores anunciaron que defenderán la zona lagunar ubicada entre esa alcaldía y Unión Hidalgo, porque cientos de pescadores libres y agrupados no tienen otra opción que capturar especies en ese sitio para mantener a sus familias, señalaron.
Explicaron que de buena fuente se enteraron que el priísta Porfirio Montero López, líder campesinos de la comunidad La Ventosa, negocia en lo oscurito con la empresa eólica Zapoteca para instalar un parque en nuestra zona lagunar. Sabemos que se reúnen en el municipio de Huatulco con personas (provenientes de la ciudad) de México, señalaron.
Roberto Castillo, representante de los pescadores atarralleros; Mariano Castillo, de la Cooperativa Laguna Santa Cruz, y Sebastián Hernández Baltazar, de Chinchorreros de la Séptima Sección, recomendaron a Montero López abstenerse de intentar medir las tierras de esta zona.
Juchitán, Oaxaca.- Doscientos pescadores conformados en tres agrupaciones (Pescadores Tarralleros “Guse´Stinu”, cooperativa laguna Santa Cruz y chinchorreros de la séptima sección) manifestaron que defenderán de pseudos lideres la zona lagunar que se ubica entre el municipio de Juchitán y Unión Hidalgo, porque aseguran es su única fuente de vida.
Dijeron a esta zona lagunar, acuden a diario cientos de pescadores libres y agrupados, que van de los 14 a los 70 años de edad, quienes “no tienen otra opción” que pescar para mantener a su familia.
Señalaron que hace algunas semanas fueron informados a través de sus conocidos, que el priista Porfirio Montero López, líder de campesinos de la comunidad de la Ventosa, se encuentra haciendo negociaciones a lo “oscurito” con la empresa eólica que al parecer se llama “Zapoteca”, por lo que le exhortan a no meterse en esta zona de pesca.
“Unos amigos y pescadores nos comunicaron, que este señor, Porfirio Montero intenta buscar un intermediario para que dialogue con nosotros y podamos negociar la instalación de un parque eólico en nuestra zona lagunar, pero nosotros decimos que no lo vamos a permitir, no somos antieólicos, no estamos en contra de los proyectos, pero que respeten nuestra área de pesca, la fuente de vida de muchos indígenas zapotecas”, dijo.
Roberto Castillo Jiménez, Representante de pescadores Atarralleros “Guse stinu”, Mariano castillo Valdivieso, de la cooperativa laguna Santa Cruz y Sebastián Hernández Baltazar, de los chinchorreros de la séptima sección hicieron una recomendación al priista Montero López de que se abstenga de intentar medir las tierras de esta zona, de lo contrario lo hacen responsable de hechos que pudieran darse.
“Sabemos que se reúne en el municipio de Huatulco con personas de México y que es representante de la empresa eólica Zapoteca, algo así nos dijeron que se llama, nosotros no queremos tratos con ninguna empresa, tenemos la experiencia con la empresa Gas Natural Fenosa y su parque eólico Bii Ioxho, quienes luego no quieren cumplirle a los campesinos y pescadores, y uno parece “mendigo” tratando de que den los apoyos que prometen”, concluyeron.
Walmart de México y Centroamérica informó que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable ante el bloqueo de la tienda Bodega Aurrera ubicada en Juchitán, Oaxaca.
La tienda de conveniencia detalla en un comunicado que en el grupo que bloquea la unidad se encuentran ex empleados que fueron separados de sus puestos, “por falta de honradez en sus acciones e inasistencias injustificadas”.
“Seguiremos trabajando para abrir la tienda lo más pronto posible de manera que las miles de familias de Juchitán puedan tener acceso a productos y alimentos a bajo precio”, se afirma en el documento.
Cabe señalar que este jueves cumplió tres días la toma de la tienda Bodega Aurrera de la sucursal Juchitán, donde un grupo de ex empleadas, quienes dicen haber laborado por casi diez años en la tienda, aseguran que fueron despedidas por padecer enfermedades y otras por malos tratos.
Las inconformes acusan que la empresa Walmart pretende indemnizarlas con 5 mil pesos, recurso económico que rechazan.
Cabe señalar que en 2011, la empresa Walmart inició operaciones en Oaxaca con la apertura de Sam’s Club Oaxaca; la reciente unidad abierta fue Suburbia Oaxaca Centro.
En la actualidad cuenta con 30 unidades en el estado; tres Suburbia, tres Sam’s Club, tres Walmart, 10 Bodega Aurrera y 11 Mi Bodega Aurrera.
El monto de la inversión en Oaxaca asciende a dos mil 541 millones de pesos y genera más de tres mil 360 empleos directos y tres mil 429 indirectos.
Académicos, músicos, artistas, organizaciones sociales y colectivos pronunciaron su preocupación y rechazo ante la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan así como el decreto presidencial emitido el pasado 9 de julio por Enrique Peña Nieto para la expropiación de 37.9386 hectáreas de agostadero de uso comun de la comunidad de San Francisco Xochicuautla en el municipio de Lerma, Estado de México.
En el documento los firmantes denominaron la medida como autoritaria; afirman que es el intento de garantizar la inversión multimillonaria para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que realizaría la Constructora Teya, una empresa subsidiaria del Grupo Higa, mismo que se ha visto envuelto en escándalos de corrupción como el de la Casa Blanca de Angélica Rivera, la casa de Malinalco de Luis Videgaray, el fallido tren México-Querétaro y el acueducto Monterrey VI.
El decreto explica que la solicitud de expropiación fue notificada a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Xochicuautla, empero, en el pronunciamiento se denuncia que esto no ha sucedido; “Claramente se ha violado el derecho a la consulta libre, previa, informada, adecuada y de buena fe, consagrada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OTI)”.
“La premura y cinismo con la que se está imponiendo este multimillonario proyecto corresponde con el interés de conectar el norponiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con el Aeropuerto de Toluca, administrado mayoritariamente por la otra gran beneficiaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, la española OHL”, se explica en el documento firmado, entre otros, por Armando Bartra, Gilberto López y Rivas, John Holloway, Sergio Aguayo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humano Fray Bartolomé de las Casas.
Ante el despojo y la ilegalidad, la comunidad de Xochicuautla reforzó su proceso de resistencia a la construcción y en defensa de su bosque, por lo que, el pasado 25 de junio el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra instaló un campamento dentro del territorio amenazado, al cual hacen el llamado a sumarse, y que actualmente es resguardado por habitantes de la comunidad con el acompañamiento de defensores de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Señalan ONGs que documentos evidencian ilegalidad de la obra
Perla Martínez
Mariano Núñez, , representante legal de los organismos en el amparo contra Monterrey VI, calificó el proyecto como carente de sustento. Foto: El Norte.
Con los documentos obtenidos dentro del juicio de amparo promovido contra el proyecto, Monterrey VI puede ser cancelado, aseguraron ayer organismos de la sociedad civil.
En rueda de prensa, señalaron que la información evidencia la ilegalidad y la falta de sustento de la obra, por lo que tampoco el Estado tendría que pagar alguna indemnización.
Alertaron al equipo de transición sobre la recepción de documentación apócrifa por parte de Agua y Drenaje.
“Le están dando información falsa”, afirmó Cosijoopii Montero, titular de Reforestación Extrema, “hablo de estar generando documentos apócrifos”.
Mariano Núñez, representante legal de los organismos, expuso que gracias al juicio recibieron copia del contrato de Asociación Público Privada, el acuerdo de reserva que realizó AyD, así como trámites ante la Semarnat y el acuerdo de colaboración entre los estados donde pasará la obra.
“Se negó la firma por parte de San Luis Potosí y Veracruz, no emiten opinión. No entran en el MIA (Manifestación de Impacto Ambiental). Les piden opinión y no emiten, significa que no están de acuerdo”, indicó.
“Linares, en Nuevo León; Ébano y Tamuín, en San Luis Potosí; Mante, González, Xicoténcatl, Llera, Casas, Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Villagrán, de Tamaulipas, y Pánuco, de Veracruz, han sido relegados aun cuando el 115 les da la facultad del control del agua a no tener participación en el MIA para saber de qué manera se podría llevar a cabo la remediación”.
Con esto, dijo Núñez, se puede reevaluar el proyecto.
“Hay que detener este abuso”, exhortó.
“Esto es sujeto a una reconsideración para que se retiren por la buena y se haga el procedimiento como debe ser”.
Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León consideraron que el proyecto Monterrey VI se debe cancelar sin pagar ningún tipo de indemnización.
Juan Antonio Lara
MONTERREY.- El proyecto Monterrey VI se debe cancelar sin pagar ningún tipo de indemnización, señalaron dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León.
Este proyecto contempla la construcción de un acueducto de 372 kilómetros del Río Pánuco, en Veracruz, hasta la Presa Cerro Prieto, en Linares, a un costo de 14 mil 161 millones de pesos, que con su mantenimiento a 27 años subiría a 57 mil millones.
Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador electo del estado, ha dicho que analizarán este proyecto para tomar una decisión sobre su viabilidad o cancelación.
Recientemente, funcionarios de Agua y Drenaje de Monterrey señalaron que existe una cláusula en el contrato de esta obra que obliga al gobierno del Estado a pagar cerca de 14 millones de pesos si decide cancelarlo.
Cosijoopi Montero, dirigente de Reforestación Extrema, expresó que de acuerdo a una orden judicial en el marco de una demanda de amparo en contra del proyecto Monterrey VI, el juez que lleva el caso ordenó a la empresa Agua y Drenaje de Monterrey hacer público la totalidad del expediente que había sido negado de manera sistemática por la dirección de esta empresa.
“Con base en esta documentación se confirma de manera contundente la ilegalidad, las inconsistencias, datos falsos del fraude sobre el proyecto y que Emilio Rangel Woodyard, director de SADM reconoce que mintió abiertamente sobre la realidad del contrato”, indicó.
Los organismos de la sociedad civil presentaron una denuncia ciudadana contra este proyecto ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, que abrió la averiguación 1883/D/2014.
Además, tramitaron un Amparo ciudadano número 3073/2014-III ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado.
“Está muy claro, por las condiciones que se han dado recientemente, que el proyecto Monterrey VI está muerto. Primero, porque no hay recursos para financiar este proyecto y porque Banobras no va a financiar esta obra”, indicó el representante de Reforestación Extrema, una de las organizaciones que se oponen a este proyecto.
Expresó que este proyecto “estaba diseñado para generar uno de los más grandes fraudes que se iban a hacer al erario público y a la confianza de la comunidad”.
“El caso de Monterrey VI debe encender las luces de alerta a la nueva administración encabezada por el gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón, sobre la calidad y veracidad de la información que está siendo entregada por la actual administración de Rodrigo Medina en el marco de los trabajos de transición”, agregó Montero.
Mencionó que el proyecto no solamente deberá ser cancelado inmediatamente sin pagar ningún tipo de indemnización por su condición de ilegal, sino que “las autoridades y funcionarios firmantes y promotores de este proyecto, deberán ser procesadas penalmente por violentar procedimientos y legislaciones vigentes”.
En la comunidad de San Felipe Tepatlán, existe el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, propuesto por la empresa Deselect-Comexhidro, mismo que pone en riesgo recursos naturales como el Río Ajajalpan, el cual es usado por la comunidad para el cultivo de sus tierras así como para actividades tradicionales de la región. Por ello, es fundamental que los derechos de la comunidad sean protegidos y garantizados mediante consultas ciudadanas que tomen en cuenta las opiniones de los habitantes.
COLIMA, Col., (apro).- Indígenas de la Sierra de Manantlán impidieron el paso de camiones de la empresa minera Peña Colorada a sus comunidades, donde realizan trabajos de cercado de terrenos para el depósito de residuos minerales.
Félix Monroy Rutilo, representante de los inconformes, informó vía telefónica que la protesta se realizó con un bloqueo del camino de entrada de la comunidad La Coconal, debido a que la cerca que está colocando la empresa afectará el paso hacia algunos de sus predios, entre ellos el de Los Potros.
La manifestación, en la que participaron alrededor de 25 personas, se realizó en forma pacífica y los trabajadores de Peña Colorada regresaron sin oponer resistencia, aunque no acudieron las fuerzas policiacas, dijo.
Monroy Rutilo denunció que desde hace varios años la minera ha presionado y hostigado a los habitantes de la zona para que abandonen sus tierras y que éstas puedan ser utilizadas como tiradero de desechos ferrosos.
Aseguró que recientemente, presionados incluso por elementos de corporaciones policiacas del gobierno estatal, los hermanos Ramos Gerardo se vieron obligados a dejar en manos de Peña Colorada un terreno de casi 50 hectáreas en el que practicaban la ganadería, en la comunidad Puertecito de las Parotas, a cambio de una compensación económica de sólo 70 mil pesos para cada uno.
A finales de 2014, como medida de presión, la empresa derrumbó un rancho de esa familia con el argumento de que tiene firmado un contrato de arrendamiento de los terrenos con la directiva del ejido Ayotitlán, que reclama como propiedad ejidal esa superficie.
Sin embargo, los hermanos Ramos Gerardo argumentaron que su familia tenía la posesión y explotaba esas tierras desde hace más de 50 años, y que éstas no formaban parte del ejido.
De acuerdo con Félix Monroy, durante los últimos años la compañía minera se ha encargado de desplazar a los habitantes de las comunidades de la zona limítrofe de Colima y Jalisco, con el propósito de expandir el espacio para el desarrollo de sus actividades.
La Jornada
Cuernavaca, Mor. Un centenar de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) protestaron durante cuatro horas frente a las instalaciones de esta paraestatal para rechazar los altos cobros de energía, y para exigir que los usuarios que se han quejado ante la Profeco (por altas tarifas o porque alegan que firmaron contrato con Luz y Fuerza del Centro) no se les corte el suministro de energía eléctrica.
Los usuarios estuvieron bloqueando también la avenida gobernadores, en donde están oficinas, para exigir ser atendidos en audiencia. Dicha protesta comenzó a las 8 de la mañana y concluyó a las 12 del mediodía.
Después del mediodía los inconformes fueron recibidos por personal de la CFE y firmaron una minuta, en donde se acordó que si su queja está radicada ante Profeco “con RQ notificada, la CFE respetará el estatus actual del servicio en tanto no se concluya el procedimiento conciliatorio ante Profeco”.
Los usuarios inconformes con la CFE, aseguraron que esta paraestatal hace cobros altísimos, abusa porque es la única compañía que da este servicio en Cuernavaca, y además de que cuando la CFE corta la energía eléctrica de manera arbitraria (porque a veces no manda los recibos a tiempo) y te cobra 80 pesos por reconexión, “lo que representa un robo cínico de los de la CFE”, dijo un manifestante de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE).
Denuncian desaparición de siete jóvenes por el Ejército en Zacatecas
Alfredo Valadez Rodríguez
Jueves 16 de julio de 2015
Con mantas, familiares piden respuesta a comandante de zona; militares retiraron las pintas
Si ya no están vivos, al menos que nos entreguen sus cuerpos
Padres piden intervención de Osorio Chong por advertencias de custodios en tutelar de que un comando liberaría a adolescentes
Familiares y amigos de los cinco hombres y dos mujeres ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles Foto Alfredo Valadez
Siete jóvenes están desaparecidos desde la madrugada del martes 7 de julio, luego que elementos del 97 batallón de infantería los sacaron violentamente de la casa marcada 106 de la calle Francisco I. Madero, de la ciudad de Calera, denunciaron familiares.
En un supuesto operativo para buscar armas y drogas, los militares se llevaron a María Alejandra Rocha Montes, Beatriz Fernández Hernández, Jorge David Venegas Leaños, Víctor Hugo González Cisneros, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Germán Martín García González y Guillermo García Murrieta.
Los soldados del Ejército Mexicano –adscritos a la base militar de Fresnillo, 30 kilómetros al norte de Calera– arribaron a dicho domicilio en cuatro vehículos; en uno con número oficial 0897 viajaba el coronel Martín Pérez Reséndiz, explicaron los familiares.
Agregaron que tras someter a los habitantes de la vivienda, a las 5:30 horas, los militares entraron violentamente a cuatro habitaciones de donde se llevaron a los cinco varones y dos mujeres.
Desesperados por no poder localizar a sus descendientes, se organizaron y colocaron en puentes peatonales de Calera dos mantas para denunciar el hecho y solicitar al general Antelmo Rojas Yáñez –comandante de la 11 zona militar (de la que depende el 97 batallón de Fresnillo)– su intervención para localizar a los siete jóvenes. En minutos las lonas fueron retiradas por integrantes del Ejército.
Este miércoles, los familiares convocaron a una rueda de prensa en el domicilio de donde se llevaron a los jóvenes, ubicado a una cuadra de la carretera Panamericana, la avenida principal de esa ciudad.
Ahí colocaron otra manta con las fotografías de los detenidos y un escrito en el que se exige al presidente Enrique Peña Nieto; a Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, su intervención para localizar a los desaparecidos.
Estamos no pidiendo, sino exigiendo, que nos entreguen a nuestros familiares. Hoy hace ocho días, en la madrugada, militares bajo el mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, quien no ha querido darnos la cara porque lo hemos ido a buscar a la base militar de Fresnillo, se los llevaron, dijo la hermana de un desaparecido, quien con lágrimas accedió a una entrevista de forma anónima.
Familia y amigos de los desaparecidos, aseguraron: Hemos acudido a las policías municipales de Zacatecas, de Calera y de Fresnillo a buscarlos; a la policía ministerial, pero en ningún lado los tienen. Nos dijeron que habían sido los militares, pero nunca los pusieron a disposición.
Sin éxito, los buscaron en las unidades forenses de Fresnillo y la capital de Zacatecas. Queremos saber algo, y si ya no están vivos, al menos que nos entreguen sus cuerpos.
Ayer a mediodía, cuando comenzó a crecer en medios de comunicación locales el escándalo por la desaparición, empleados de la Procuraduría General de la República y un representante del Ministerio Público federal se personaron en la vivienda, para tomar declaraciones, fotografías y realizar los primeros peritajes del caso.
Por otro lado, un grupo de padres de internos en el Consejo Tutelar de Menores de Zacatecas denunciaron que temen por la vida de sus hijos, pues custodios han advertido a los adolescentes sobre el inminente arribo de un comando que iría a liberarlos a todos, “y a quien se resista le darán piso en el lugar”.
Temerosos de ser identificados por integrantes del grupo del crimen organizado que supuestamente planea asaltar el consejo –presuntamente para reclutarlos–, los padres dijeron: Le pedimos a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y al gobernador Miguel Alonso Reyes que nos garanticen la seguridad e integridad de nuestros hijos, y que pongan mayor vigilancia; no queremos que vaya a ir un grupo armado, como ya ocurrió hace dos años y medio, a sacar por la fuerza a los internos.
Juchitán, Oaxaca.- Más de 72 horas cumplió la “toma” de la tienda Bodega Aurrera de la sucursal Juchitán , perteneciente a la cadena Walmart, encabezada por cinco ex empleadas, quienes llevaban casi diez años trabajando y fueron despedidas, algunas por padecer enfermedades y otras por malos tratos.
Cuatro de ellas oriundas de Juchitán y la quinta de Ciudad Ixtepec, argumentan ser empleadas fundadoras de Bodega Sucursal Juchitán y que fueron despedidas, algunas hace un año y otra hace un mes, y la empresa pretende indemnizarlas con cinco mil pesos, recurso económico que rechazan.
Zuleyma Antonio Ruiz, originaria de Juchitán y con el puesto de cajera, informó que hace un año tuvo un accidente con un bote de cloro, cuando despachaba la mercancía al cliente, cayéndole unas gotas en el ojo, por lo que acudió a la clínica del IMSS y por la gravedad del accidente se ausentó durante nueve meses.
“Al regresar y por órdenes del oftalmólogo de que me reubicaran de área, el gerente en ese entonces, Javier Palma Ortiz, no quiso pese a que la empresa Aurrera aceptó que mi accidente se debió a un riesgo laboral, pero al pasar los días, los meses, nunca me cambiaron, me daban largas, pese a que mi ojo izquierdo presenta un 90 por ciento de ceguera por el accidente, a ellos no les importó y ahora tengo un año sin que resuelvan mi liquidación”, dijo.
Por su parte, Susana Chiñas Santiago, quien se desempeñaba como supervisora de cajas, también fue despedida por padecer una enfermedad que la imposibilitó durante nueve meses.
“Tuve licencia médica de nueve meses, al regresar solo laboré un mes y con un pretexto de un chocolate, que aseguran adeudé -que cuesta un peso- me despidieron. Después de trabajar casi diez años, el abogado de la empresa, Juan Hernández, nos quiere dar una miseria, cinco mil pesos a las cinco mujeres, nosotras somos jefas de familia, trabajamos para mantener a nuestros hijos y familia, esto es una verdadera discriminación”, sostuvo.
Las otras tres ex empleadas prefirieron omitir sus nombres, sin embargo puntualizaron que a ellas las trataban mal en horario laboral y prácticamente las “obligaron” a renunciar.
“No podemos seguir así, por el hecho de ser mujeres nos discriminan, esta empresa nos quiere dar una miseria, cinco mil pesos por diez años de trabajo no podemos aceptarlo, a dos de mis compañeras las despidieron por sus enfermedades y a nosotras porque según no trabajamos bien, eso es una mentira”, concluyeron.
Por su parte, en un comunicado enviado por la empresa Walmart de México y Centroamérica lamentó estos hechos y rechazó el bloqueo que vive su tienda Bodega Aurerra en Juchitán, Oaxaca, y que ha impedido dar servicio a sus clientes en esa localidad.
Dijo que el grupo de personas que exige indemnización tras ser despedidas, indebidamente bloquean la tienda y afectan a toda la población de Juchitán, con “reclamos que no tiene sustento”.
Actualmente cuenta con 30 unidades en el estado de Oaxaca, las cuales son tres Suburbia, tres Sam’s Club, tres Walmart, 10 Bodega Aurrera y 11 Mi Bodega Aurrera.
El monto de la inversión en Oaxaca asciende a dos mil 541 millones de pesos y genera más de tres mil 360 empleos directos y tres mil 429 indirectos.
Juchitán, Oaxaca, 16 de julio de 2015.- Unas 5 personas despedidas de la tienda Aurrerá, de la empresa Walmart, mantienen tomadas las instalaciones de la sucursal en Juchitán desde hace 24 horas con el argumento que fueron despedidas presuntamente de manera injustificada. Las inconformes aseguran que por enfermedad fueron canalizadas al IMSS donde les dieron incapacidad a 2 de ellas pero que la empresa no respetó la indicación y al primer pretexto las despidió. Suleyna Antonio García, laboró 4 años y 6 meses como cajera, pero hace 2 años sufrió un accidente mientras cobraba cuando el líquido de una botella de cloro le salpicó en el ojo izquierdo, reportó el hecho a su supervisor, pero éste no permitió que fuera atendida por un médico inmediatamente, sino hasta el cierre de su turno, por lo que perdió el 80 por ciento de la visibilidad. Susana Chiñas Carrasco, laboró como supervisora de caja 9 años y 8 meses, prácticamente desde que se abrió la sucursal en Juchitán, también fue despedida al parecer porque le otorgaron una incapacidad por enfermedad con una duración de 9 meses. Ambas ex empleadas, argumentan que la empresa les ofrece como liquidación 5 mil pesos para cerrar el caso, pero ellas piden una liquidación conforme a la ley, por lo que desde el día miércoles mantienen bloqueado el acceso junto a otras 3 ex empleadas que señalan están en la misma situación. Por su parte, en un comunicado la empresa Walmart de México y Centroamérica señala que el grupo de personas, que exige indemnización tras ser despedidos y bloquean la tienda, utilizan acusaciones sin sustentos. Detalló que a los ex asociados que fueron separados de sus puestos, se debió a la falta de probidad o por faltas injustificadas a su empleo, por lo que la empresa tiene a su disposición los finiquitos que les corresponden conforme a la ley.
El proyecto presentado por Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, filial de Grupo Ecolimpio, señala que no existen poblaciones en un radio de 30 kilómetros a la redonda. No obstante, en el intermedio se localizan los ejidos de La Rosa, Tanque San Vicente, Hipólito y apenas a 5 kilómetros Noria de la Sabina, refiere una nota publicada por el diario Vanguardia.