Medio para armar
27/03/16. Exigen esclarecimiento del caso Ayotzinapa
NTR Zacatecas
26/01/16. Marcha MDMZ en conmemoración de caso Ayotzinapa
NTR Zacatecas
26/09/15. Marchan por Ayotzinapa (Zacatecas)
NTR Zacatecas
24/09/15. Acuerdan alumnos de diferentes instituciones cinco acciones en reclamo de justicia por caso el Ayotzinapa
La Jornada Zacatecas
Noticias de Chihuahua.-
Cientos de familias provenienes de diversas comunidades de la Sierra Tarahumara se han visto forzadas a salir de sus pueblos de origen a causa de la presencia del crimen organizado, cuyo hombres armados recorren la región para reclutar a niños jóvenes a fin de integrarlos a las filas del crime organizado
Municipios como Uruachi, Urique, Bocoyna y Chínipas han sido víctimas del desplazamito a causa de a violencia; tan sólo la semana pasada al rededor de 100 personas oriundas de Uruachi tuvieron que escapar y buscar ayuda, primero en la ciudad de Cuauhtémoc y después en la capital del estado, donde fueron acogidos por las autoridades estatales y para quienes todavía solicitan apoyos por parte de la ciudadanía.
Casos similares se documetaron durante año pasado, cuando al menos 700 personas radicadas en la comunidad de Las Chinacas, en Chínipas, abandonaron sus hogares para resguardarse en el bosque o los pobaldos de Navojoa y Álamos, en Sonora, ante la amenaza que representó la llegada de un grupo de hombres armados.
También el año pasado fueron desplazadas hasta 15 famiias de Urique ya que la latente actividad delictiva que existe en la Sierra, la cual no sólo “solicita”, a los jóvenes a ingresar a sus filas, sino que los obliga a hacerlo o de lo contrario son asesinados.
De acuerdo a los testimonios de la población, hoy en día la gente de la Sierra no tiene trabajos, ni acceso a escuelas, programas estatales, ni siquiera al templo; por ello exigen a las autoridades garantizarles el poder regresar a sus zonas de origen sin temor a represalias a través de medidas de seguridad, asistencia, de protección y humanitarias decretadas.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil han reiterado la situación crítica que se vive en la Sierra Tarahumara a causa de las migraciones motivadas por las acciones de los grupos delincuenciales y adviriteron que, ante las omisiones del Estado, habrán de dar cuenta sobre estos casos a instancias internacionales para lograr alguna recomendación o alerta.
http://entrelineas.com.mx/local/habitantes-de-la-sierra-viven-en-una-constante-intimidacion-por-parte-del-crimen-organizado/
Redacción Perriodismo
Aunque el viernes se dijeron “neutrales” en el conflicto de Zacualpan, elementos de la Policía Estatal impidieron hoy el acceso de turistas al balneario Ojo de Agua.
A través de un comunicado de prensa, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) informó que esta mañana las dos partes en conflicto se reunieron sin lograr acuerdos.
“Tras la reunión, los dos grupos decidieron retirarse de las posiciones que guardaban a lo largo del camino (de acceso al manantial), logrando así garantizar el libre tránsito para los turistas y para los habitantes de la comunidad indígena”, explicaron.
“Con el argumento de que “hay broncas”, elementos de la Policía Estatal Acreditada, de Procuración de justica y del C4, montados en los vehículos con placas FF-61-955, FTG-21-16, 14-29 y un vehículo sin placas (…) detienen a los visitantes y los obligan a dar vuelta atrás para así impedirles ingresar a los manantiales de Zacualpan”, añadieron.
Para el CIDTZ, el Gobierno del Estado busca generar desesperación en ellos para responder las agresiones y “utilizar su aparato represor” para actuar en su contra.
“Resistiremos y no caeremos en la provocación”, precisaron.
http://www.perriodismo.com.mx/2016/03/27/y-ahora-los-policias-bloquean-manantial-de-zacualpan/
Coatzacoalcos, Ver.- Cuatro personas que fueron reportadas como privadas de su libertad la madrugada del jueves, aparecieron sin vida en el tiradero de Las Matas, confirmaron familiares de las víctimas.
Los familiares habían bloqueado durante más de 12 horas el acceso a Coatzacoalcos en el puente Calzadas, en sus pancartas señalaban como sospechosos a la policía veracruzana y a fuerzas armadas.
Los ahora finados son Jonathan Guillén Gómez, de 23 años de edad, comerciante; Cristian Francisco Hong, de 36 años, taxista –los dos fueron sustraídos de una casa en la avenida Chabacano #2-; Mario Antonio Ahedo Guillén, de 26 años, ayudante de albañil; Carlos Esteban Pérez Tolín, mecánico –ambos sacados de una casa en Rancho Alegre II.
Estas víctimas aparecieron en el tiradero de las Matas como parte del saldo reportado por el gobierno de Veracruz mediante un comunicado en donde informó sobre un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y civiles armados que viajaban en dos coches de lujo.
En ese lugar, informó el gobierno, fueron abatidos dos hombres y una mujer que lanzaron disparos contra los oficiales cuando intentaron someterlos a una revisión porque los vieron sospechosos al interior del tiradero.
Después el enfrentamiento, aparecieron otros tres cadáveres, uno de ellos en la cajuela de las unidades en las cuales se desplazaban los presuntos agresores y otros dos cuerpos tirados en la misma área.
La muerte de estas personas sin embargo no ha sido aclarada por las autoridades, máxime que la familia denunció violaciones a sus derechos humanos al momento de la sustracción de los mismos la madrugada del jueves por personas que, sospechan, actuaban como elementos del orden o personal castrense.
En las pancartas mostradas el día del bloqueo en el puente Calzadas, los inconformes dejaron patente su molestia y petición para que se investigara a los elementos de la policía y a militares por estos hechos.
De los cinco aún queda pendiente uno por aparecer, Fausto Isaac Cruz Aviña, de 40 años, comerciante de autos, domiciliado en Campeche 404 de la colonia Petrolera.
http://noreste.net/noticia/identifican-a-tres-cuerpos-del-basurero-de-minatitlan/
26/03/16. Exigen esclarecimiento de desapariciones en Morelos, a 18 meses de Iguala
Proceso
25/01/16. Llega a la UAEM la Caravana Nacional por Ayotzinapa
La unión de Morelos
24/01/16. Resguarda la Ronda Comunitaria de Amilcingo, Morelos a los padres de Ayotzinapa
El Sur Acapulco
24/01/16. Llega a Morelos y a Jalisco Caravana Nacional por Ayotzinapa
Proceso
25/09/15. Flores por Ayotzinapa… en Morelos
Proceso
26/07/15. Marchan en Morelos a 10 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa
Zona Centro
Shaila Rosagel
CIUDAD DE MÉXICO.– La violencia contra las mujeres en el país está fuera de control y los casos no dejan de aumentar, a pesar de que en tres entidades del país ya se decretó la Alerta de Género, denunciaron organizaciones civiles.
Por cada mujer que aparece asesinada y abandonada en un paraje, canal o incluso en tambos de basura en Ecatepec, Estado de México, Puebla, Michoacán o Morelos, hay miles que quedan en el anonimato y fuera de las cifras oficiales, lamentaron.
María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), dijo a SinEmbargo que en México asesinan a 2 mil 500 mujeres al año y alrededor de siete por día, una más que en 2013, sin contar a las desaparecidas.
“Son siete mujeres asesinadas a diario, pero con la cifra de desaparecidas es otro universo de datos que no son claros. Tenemos más de 7 mil casos de desapariciones desde el periodo que abarca de Felipe Calderón [Hinojosa] hasta Enrique Peña Nieto, la mayor parte ocurridas en la actual administración”, dijo.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), organismo a cargo del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), cuenta con 15 solicitudes de declaratoria hasta el momento.
El Estado de México, Jalisco y Morelos son las únicas entidades en donde se ha logrado emitir una alerta. Puebla y Sinaloa son los dos estados que la han pedido recientemente ante el incremento de la violencia feminicida.
Sin embargo en los estados en donde se implementó la alerta de género, los feminicidios tampoco han disminuido.
El 28 de julio de 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres acordó por unanimidad la procedencia de la declaratoria de Alerta en 11 municipios del Estado de México conurbados a la capital: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
La alarma fue encendida cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente, lo que de acuerdo a una jueza provocó la vulneración a derechos humanos que debería ser reparada.
Sin embargo en los municipios donde fue declarada, no hubo ningún tipo de trabajo con los ministerios públicos y funcionarios de gobierno, aseguró David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, organización civil que opera en el Edomex.
“Los gobiernos municipales donde fue declarada, no hubo ninguna reunión con sus equipos para decirles qué es una Alerta de Género. Los empleados de Gobierno no saben, ni la población está concientizada”, explicó.
En Ecatepec, tan sólo entre noviembre y diciembre del año pasado, se conoce de 12 feminicidios en el corredor Ecatepec-Tecámac, sin contar los dos cuerpos de mujeres que aparecieron en Toluca, uno de ellos descuartizado y en una bolsa, indicó Mancera Figueroa.
El presidente de Solidaridad por las Familias indicó que ni el Gobierno estatal del priista Eruviel Ávila Villegas, ni el de Ecatepec, han permitido la formación de un consejo consultivo integrado por expertos en el tema de violencia de género para capacitar a la Policía Municipal, funcionarios y ministerios públicos.
LA SIMULACIÓN ANTE LA VIOLENCIA
Algo similar sucede en Morelos, en donde cada mes mueren en promedio seis mujeres, víctimas de feminicidio, lo que refleja el poco resultado de los mecanismos implementados para evitar más asesinatos de este tipo, han reclamado activistas de la entidad.
La Alerta de Violencia de Género para ocho municipios de Morelos se decretó el 10 de agosto de 2015 por la Secretaría de Gobernación (Segob) y desde entonces la violencia feminicida de la entidad ha cobrado 37 víctimas hasta febrero de este año.
Si bien la alerta de género es una nueva política pública en México, existen fallas en su implementación, afirmaron integrantes de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHMORELOS). Una de las deficiencias es que no se determinaron plazos, tampoco se dejó claro el monto de recurso que la Federación aportará y tampoco existe una autoridad que vigile el cumplimiento del mecanismo, entre otras.
“El Gobierno [de Morelos] debe tener muchas excusas, pero lo que vemos es una cuestión de simulación. Hemos tenido dos reuniones con gente del Gobierno, pero vemos que dilata mucho. Vemos que hay acciones que están haciendo encaminadas de reformas a la Ley, para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género; sin embargo, son acciones muy lentas. Y lo que nosotros decimos es que se trata de una situación de emergencia. Y podemos decir, que muchos de estos feminicidios [que se han suscitado en los últimos seis meses] se hubieran evitado, si se hubiesen aplicado correctamente todas las medidas”, explicó Paloma Estrada Muñoz, integrante de CIDHMORELOS, a SinEmbargo.
SINALOA, NUEVO LEÓN Y OAXACA
María de la Luz Estrada, del Observatorio, explicó que ambas alertas fueron un triunfo de las organizaciones civiles y que su implementación no ha sido fácil y las autoridades encargadas de su seguimiento deben recibir acompañamiento de la sociedad civil.
“Como tardó mucho en entenderse el mecanismo las medidas de seguridad y justicia no están siendo sencillas de aplicarse, porque las medidas que se hagan deben implementarse bajo contextos complejos de la violencia contra las mujeres y no se reduce a la violencia familiar. La violencia comunitaria está privando de la vida a las mujeres y es una violencia que tenemos que ubicarla en el contexto de la inseguridad y criminalidad, donde hablas de delincuencia común, organizada, porque los modus operandi, como que de repente se vuelven tan complejos y las medidas que las autoridades se establecieron en el Estado de México y Morelos, son medidas en donde las autoridades no pueden venir repitiendo lo que han venido haciendo”, explicó.
La activista indicó que para que la alerta de género funcione adecuadamente se requieren indicadores de resultados, debido a que las medidas que están tomando las autoridades al momento de echar andar el mecanismo, son muy generales.
Aunque en Morelos y el Estado de México la alerta de género va lenta, las entidades en donde debería darse la alerta de género de forma inmediata son Sinaloa, Nuevo León y Oaxaca opinó.
Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género y colaborador del Observatorio Ciudadano, coincidió con María de la Luz y agregó que el mecanismo es un logro de la sociedad civil que debe extenderse en el país.
“Ha sido un logro fundamental, el reto actual es lograr la implementación de las declaratorias de alerta de género, pues surgen una serie de acciones en materia de prevención, seguridad y justicia que se deben poner en marcha. En el caso del Estado de México ha sido complejo”, indicó.
Domínguez enfatizó en que la violencia feminicida en México va en aumento porque se vive en una cultura “patriarcal y machista”. “La violencia se ha naturalizado al grado que cada día es más común, esta situación se ve agravada por la inacción del estado, cuando no garantiza la atención, se genera una situación de impunidad que agrava el problema”.
LA VIOLENCIA VS LA MUJER NO SE TOMA EN SERIO
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una joven caminaba por una de las calles de la colonia Condesa en la Ciudad de México, cuando un hombre la atacó: le levantó el vestido y le bajó la ropa interior en total impunidad. La víctima fue Andrea Noel, una reportera estadounidense que interpuso una denuncia y entregó la grabación de una cámara de seguridad como evidencia.
A partir de su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y en redes sociales, vivió un infierno que la llevó a temer por su vida y a salir del país en una semana, debido a que la siguieron hasta su casa y amenazaron de muerte en Twitter, publicando su ubicación.
“Con que una persona que hable en serio, porque hay personas desde ayer y hoy que están escribiéndome y esto me dejó pensando si debía apagar mis redes, callarme e irme del país, porque no valdría la pena quedarme para que me suceda algo mayor”, dijo Noel en esta entrevista con SinEmbargo.
Las amenazas de muerte y violación se contaron por cientos, aseguró la joven, sin que la Procuraduría capitalina ni alguna de las instituciones protectoras de derechos humanos y de periodistas, activara un protocolo de seguridad para brindarle protección.
“Mi preocupación mayor, encima del primer caso que es dar con el agresor, son las miles de amenazas de muerte, de violación que me están llegando por segundo; se salió complemente de control, hay gente publicando mi ubicación en Internet, fueron personas a mi casa, tuve que marcar a la Policía como a las nueve de la noche e irme. Es algo que te hace pensar, igual y sí logran callarme”, dijo la joven.
María de la Luz Estrada lamentó el caso de Noel y dijo que lo que le sucedió, le pasa en México a la mayoría de las mujeres que se atreven a denunciar y acuden al Ministerio Público.
“Se ha naturalizado la violencia, cuando se legitima se considera que es normal. Eso ha hecho que en México la situación se agrave, porque no investigan, porque hay corrupción y se protege a la delincuencia en esta cultura machista, en donde ha sido la autoridad quien también va a valorar misoginamente y que va a dejar los casos en la impunidad”, explicó.
La activista agregó que la violencia en contra de la mujer es más grave porque la carga de la prueba está en su cuerpo: no investigan al agresor, sino a la agredida.
“La carga de la prueba está en mi cuerpo, porque las mujeres a través de la historia somos considerada basura, no ciudadanas y con ese tipo de mensajes los hombres se sienten protegidos. En México no se están tomando en serio que la violencia está matando a las mujeres”, dijo.
En México, consideró, asesinar a una mujer es fácil, porque no hay castigo para el feminicida, ya que ni siquiera los crímenes se juzgan como tal. La mayoría se investigan como homicidios dolosos.
UN PROBLEMA DE CADA ESTADO
En estados como Puebla y Michoacán, que luchan por una alerta de género, los feminicidios van al alza, de acuerdo con los datos registrados por las organizaciones civiles.
En el caso de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconoce ocho feminicidios en 2014 y seis en 2015. Pero las cifras se contrastan con los 850 asesinatos que se dieron de 2006 a diciembre de 2015 de acuerdo con otros datos de la misma dependencia, solicitados en enero de 2016 por la organización Humanas Sin Violencia.
Según el histórico que recoge cifras desde 1999, fue en 2006 –año de inicio de la guerra contra las drogas – cuando se dispararon los asesinatos.
De 36 mujeres asesinadas en 1999, para 2006 la cifra creció a 83, alcanzando el mayor número en 2013 y 2014 con 110 y 107 homicidios, respectivamente.
En el caso de Michoacán la guerra contra el narcotráfico trajo consigo un alza en los asesinatos de mujeres. De acuerdo con Lucero Circe López Riofrio, directora de Humanas Sin Violencia AC, las autoridades de la entidad sólo reconocen a un puñado de esas muertes como feminicidios.
“Tenemos un contraste con las cifras. Nosotras esperamos que terminara el mes de diciembre para pedir las últimas y hacer un corte. Las autoridades de Michoacán sólo reconocen ocho feminicidios”, dijo la activista.
La activista explicó que las autoridades en Michoacán minimizan los feminicidios y no comprenden la necesidad de una alerta que permita el funcionamiento de un sistema de acceso a la justicia para las mujeres.
Lucero Circe detalló que el incremento de los crímenes en contra de las mujeres michoacanas se debe a las más de 15 mil familias desplazadas por el conflicto armado, el nacimiento de las autodefensas, el incremento de embarazos en adolescentes y a la pobreza femenina que las orilla vincularse a situaciones de riesgo.
Además de los asesinatos, los datos de la PGJE revelan que entre 2008 y 2015 fueron desaparecidas 209 mujeres y niñas.
La activista agregó que cada entidad tiene su contexto en el que están asesinando mujeres. En Michoacán es el narco, las autodefensas y las descomposición del tejido social que ha generado feminicidios brutales.
“En Puebla es otra dimensión, otros contextos, por la vinculación hacia el sur, la migración. Son diferentes escenarios. A nivel nacional no se reconoce, pareciera que les incomodara muchísimo entender que deben generar mecanismos, una política pública de acceso a la justicia y prevención para las mujeres. Lo que es un delito en un estado, en otro no lo es”, indicó.
López Riofrio coincidió con María de la Luz Estrada en que las mujeres no son reconocidas como ciudadanas, sino como víctimas.
“Si las mujeres fuéramos reconocidas como ciudadanas, cuando una mujer va a denunciar porque está siendo amenazada, harían acciones para protegerla.
Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), dijo que en Puebla sucede algo similar a Michoacán en cuanto a las cifras.
Por ejemplo, el Observatorio ha consignado 145 feminicidios desde 2013 a la fecha, pero la procuraduría poblana sólo ha iniciado 17 procesos por ese delito, el resto han quedado como homicidios. Es decir sólo el 12.5 por ciento de los asesinatos en la entidad fueron consignados como feminicidios.
“Nosotras hacemos desde 2013 un seguimiento hemerográfico: por lo menos por un caso de feminicidio que sale en los medios de comunicación, hay otro, que no se consigna. Los crímenes se han vuelto más violentos y vemos que los posibles culpables son las parejas o ex parejas de las mujeres”, detalló.
Rojas Arenas explicó que esas mujeres que fueron asesinadas en algún momento denunciaron, pero no fueron atendidas.
“Si las mujeres sufren una lesión muy fuerte y llegan al hospital, el Gobierno debería implementar todos los mecanismos y acciones para evitar el feminicidio. En Puebla no se está investigando como deberían los homicidios dolosos de las mujeres, y una vez que se dice que hay un feminicidio, no se atrapa al posible culpable”, indicó.
La activista precisó que en México a las mujeres “nos están matando porque se puede matar. No hay institución de justicia que le de justicia a las mujeres. No pasa nada si matas a una mujer, puede ser que ni siquiera te atrapen. Ése es el mensaje que se le está mandando a la sociedad”.
Proceso
CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Con flores, poesía y fotografías de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 18 meses, organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, las Garantías Constitucionales y las Libertades Democráticas, exigieron se esclarezcan todos los miles de casos de desaparición en el país, incluidos los de cientos de morelenses.
Los manifestantes se sumaron a las demandas de padres y madres de los 43 de Ayotzinapa de apoyo a las investigaciones que lleva a cabo el Grupo Interinstitucional de Expertos Indepdientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, pidieron que se esclarezcan los miles de casos de desaparición en el país, así como los de tres jóvenes del municipio de Yautepec que fueron desaparecidos y luego localizados muertos, sin que se esclarezcan las causas reales de su asesinato.
En casos como estos, destacaron, “no se logra la justicia que reclamaron sus familiares y pueblo en la marcha realizada en días pasados, desde Atlihuayán al centro de Yautepec. Mientras ellos marchaban, sus cuerpos fueron localizados”.
Ahí, en la explanada del Museo Cuauhnahuac, a un costado de la Plaza de Armas de Cuernavaca, las organizaciones integrantes del Pacto, aprovecharon para aclarar que padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron aceptar “la reparación del daño”, como declaró el miércoles pasado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián.
http://www.proceso.com.mx/434827/exigen-esclarecimiento-desapariciones-en-morelos-a-18-meses-iguala
Colima, México, Avanzada (26/03/2016).- Siete integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) resultaron heridos tras un ataque con piedras perpetrado por seguidores del priista Carlos Guzmán Teodoro, expresidente de Bienes Comunales de esa población, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
De acuerdo con un comunicado de la agrupación, a la que pertenece el CIDTZ, en el ataque resultaron heridas Teresa Sandoval Guzmán, Paula Alonso Máximo y Teresa Aranda Casimiro de 55, 69, y 50 años respectivamente, e Hilario León Aranda, Guadalupe Laureano Aranda, J. Isabel Martínez Quirino y Laureano León de 70, 40 y 77 años respectivamente.
La Rema señaló que el incidente ocurrió la tarde del viernes 25, en el contexto de la Semana Mayor a propósito de la cual la Comunidad Indígena de Zacualpan celebró una Asamblea de Comuneros en la que determinaron realizar arreglos al balneario Ojo de Agua para estar en posición de recibir turistas y recaudar recursos que serían destinados para beneficio de la propia comunidad.
En esta lógica, “el grupo de priistas, también vinculados al comisariado municipal
Daniel Aranda, bloquearon el camino que conduce al Ojo de Agua impidiendo la salida de diez automóviles de turistas; cuando miembros del Consejo Indígena decidieron intervenir para que los turistas pudieran abandonar el lugar, fueron recibidos por una violenta lluvia de piedras, lo que causó las graves lesiones que lastimaron principalmente a indígenas de la tercera edad”.
Ante esta situación, la Rema solicitó a las comisiones estatal, nacional e interamericana de derechos humanos que, en el uso de sus facultades, intervengan para detener de manera definitiva “la violación sistemática de derechos ejercida hacia los miembros de nuestra red en el estado de Colima; igualmente, exigimos a las autoridades se investiguen los hechos denunciados y se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables”.
La red manifestó que el grupo agresor además de su vinculación al PRI es apoyado por el gobierno municipal de Salomón Salazar, en el municipio de Comala, y por Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado.
“Es importante recordar que el grupo de Carlos Guzmán al que también pertenece Daniel Aranda ha intentado, sistemática e ilegalmente, recuperar el control del Balneario Ojo de
Agua que es propiedad comunal para manejarlo como lo venían haciendo antes de febrero del 2014, bajo una lógica privada y sin ningún tipo de rendición de cuentas hacia la
Comunidad Indígena de Zacualpan”.
Así mismo, la organización resaltó que este episodio de violencia ocurrió también en el marco de la destitución, por parte del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, de su delegada en Colima, María Elena Díaz Rivera, por acusaciones de abuso de poder, calumnias y amenazas en contra de la Comunidad Indígena de Zacualpan.
Por su parte, el gobierno del estado expuso en un comunicado que aunque mantiene presencia policial para garantizar el orden en la zona del balneario Ojo de Agua, de Zacualpan, la autoridad “permanece al margen de la disputa por la administración del lugar y confía en que pronto lleguen a un acuerdo las partes en conflicto”.
Refirió que en todo momento, el Ejecutivo Estatal ha dispuesto elementos de las distintas corporaciones estatales, así como personal ministerial que permanece en el lugar para atender cualquier contingencia en caso de ser necesario, pero “siempre bajo una postura neutral y alejada al origen del problema”.
Según el gobierno estatal, “producto del propio conflicto, la tarde de este viernes se dio un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista Bios Iguana, del cual cinco personas que resultaron lesionadas fueron atendidas de inmediato”.
La Secretarías de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, señalaron que “tras la presencia policial logró disuadirse la situación de confrontación, volviendo la calma y restableciéndose la tranquilidad”.
Sergio Rincón
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada el pasado 17 de marzo por la Cámara de Diputados mexiquense, pretende ser un experimento para luego replicarla en otras entidades federativas, acusaron activistas.
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), consideró que “la Ley no es ningún instrumento apegado a derechos humanos, pues lo único que podría dejar es que haya ejecuciones extrajudiciales. En especial, asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, y lo peor de todo, serán homicidios legalizados”.
“Nuestra valoración [de varios frentes en defensa del territorio] es que esta Ley no es más que un experimento, el cual están intentado imponer en esta entidad [el Estado de México], y si resulta lo van a intentar imponer en otras entidades del país, o incluso a nivel federal. Y eso es bastante preocupante”, expuso Lara.
La llamada “Ley Atenco”, bautizada así por sus detractores, permite el uso “cuando sea estrictamente inevitable” de armas letales, y cuando el elemento considere que el tipo de resistencia civil lo amerita.
De acuerdo con el CDHZL, esta Ley legaliza las ejecuciones extrajudiciales y quita responsabilidad a los altos mandos, tanto del Gobierno del Estado de México, como de las corporaciones policiacas.
Además de tener como objetivo atacar a los movimientos que se oponen a las megaobras, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la carretera del Grupo Higa a la cual se oponen habitantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla, denunciaron activistas.
“La denominada ‘Ley Atenco’ tiene como destinatarios a las personas, pueblos y organizaciones que han venido defendiendo la tierra, el territorio y los bienes naturales en la entidad. Por eso son ellos quienes ya se están articulando para echar abajo esta ley con tintes represivos y que viola los derechos humanos”, dijo Lara Duque.
La Ley fue avalada en lo general por la mayoría de los legisladores mexiquenses, y con el voto en contra de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien argumentó que esta legislación avala el uso excesivo de la fuerza en el Estado de México, y que incluso, ésta es mucho más grave que la “Ley Bala”, que fue aprobada en Puebla y revocada luego de la muerte de un menor durante un desalojo violento en la población de Chalchihuapan, en 2014.
Cada resistencia puede ser contrarrestada, dependiendo su nivel, con: advertencias, sometimiento corporal, uso de equipo protector, bastón PR-24, tolete o su equivalente, dispositivos que generan descargas eléctricas, sustancias irritantes en aerosol y armas de fuego.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo 8 de la normatividad.
Esta legislación busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.
EL OBJETIVO REPRESOR
Ignacio del Valle Medina del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) informó que esta nueva ley de uso de la fuerza pública es una medida para liberar los territorios donde existen proyectos o intereses empresariales.
“Lo que quieren hacer es justificar la fuerza en actos de resistencia, reprimir los actos de denuncia”, refirió Del Valle, quien estuvo preso en un penal de alta seguridad, por defender, durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada [200-2006], los terrenos de Atenco.
La “Ley Atenco” entrará en vigor luego de 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno mexiquense –acto concretado el pasado 18 de marzo–; en esos 90 días hábiles el Gobernador priista Eruvial Ávila Villegas deberá expedir el reglamento, y las instituciones de seguridad pública tendrán 180 días para la capacitación de los elementos, de acuerdo con los artículos transitorios.
El Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas; sin embargo, organizaciones denunciaron que se trató de un acto de opacidad.
“La aprobación de esta Ley fue un ejercicio de opacidad y hermético a la sociedad. Lo primero que estamos señalando es que el Congreso local y todos los partidos que lo conforman tienen una responsabilidad con la sociedad. Debieron hacer pública la discusión de esta Ley para incorporar la sociedad desde antes. Aquí el día que se discutió se aprobó”, expresó Antonio Lara Duque.
Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social consideró que la aprobación de la Ley abriría la puerta a un uso de la fuerza arbitrario por parte de las autoridades, que amenaza a toda la sociedad mexiquense.
“Contiene numerosas deficiencias, relacionados con la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que resultan excesivamente amplias, la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual, entre otras”, refirió el Frente por medio de un comunicado.
Dicha red, integrada por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro ProDH, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, y la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que la “Ley Atenco” amenaza también el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta, al autorizar el uso de la fuerza frente a manifestaciones “violentas”.
“Sin embargo, las conductas violentas que pudieran producirse en el marco de una manifestación son de carácter y responsabilidad individuales, y como tal deben abordarse. En opinión del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la calificación de manifestaciones como violentas supone la criminalización de todas las personas participantes en una determinada manifestación y podría generar el incentivo perverso de generar deliberadamente incidentes violentos contra manifestaciones para legitimar la posterior represión policial”, expuso.
.
Jorge Heras, Mexicali, B.C
Colectivos de artistas y activistas se pronunciaron en contra del proyecto habitacional, comercial e industrial que intenta llevar a cabo la empresa Viz Resource Management, S.A. de C.V, filial del corporativo Su Karne.
La tarde de este sábado, una docena de personas protestaron en el monumento a Benito Juárez ubicado en la zona hotelera de esta ciudad.
Con mantas pintadas con aerosol, los manifestantes se opusieron al proyecto denominado EcozoneMx que intenta edificarse en las faldas de la Sierra Cucapah.
“No compres SuKancer. Quieren convertir la Sierra Cucapah en un basurero tóxico. Comparte, difunde y actúa”, decían las consignas plasmadas en algunas pancartas.
El acto de protesta fue organizado por el colectivo “Artistas contra la represión-Mexicali Ayotzinapa”, el cual advirtió que continuaran con las manifestaciones para intentar frenar el proyecto que consideran dañará el medio ambiente y la vida y fauna de la localidad.
El proyecto EcozoneMx que se construiría en una superficie de mas de 14 mil hectáreas, ha asido criticada por ambientalistas, organismos de la sociedad civil y etnias indígenas.
Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien determinará la viabilidad de la construcción.
http://jornadabc.mx/tijuana/26-03-2016/activistas-se-manifiestan-en-contra-del-proyecto-ecozone
Redacción Perriodismo
El gobierno de Ignacio Peralta Sánchez busca la renuncia de Taurino Rincón Lorenzo como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan.
A través de un comunicado, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) denunció que Agustín Morales Anguiano, secretario de Desarrollo Rural, les advirtió que “no habrá apoyos” hasta la renuncia de Rincón Lorenzo y la celebración de nuevas elecciones.
“El día de ayer se presentó en la Comunidad de Zacualpan, Agustín Morales Anguiano, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, para apoyar al grupo priista que está bloqueando la entrada principal al Balneario Ojo de Agua.
“Al hablar con el Comisariado y la gente de la población dijo: ‘No habrá apoyos para Zacualpan hasta que no renuncie Taurino Rincón al Comisariado y haya nuevas elecciones’”, expusieron.
La visita de Morales Anguiano obedece al bloqueo del manantial que un grupo de habitantes ligados al PRI mantiene desde el miércoles pasado.
Sin embargo, la Policía Estatal se niega a intervenir para el liberar el paso y permitir el flujo de turistas en este periodo vacacional.
Ante la nula actuación de la autoridad estatal, integrantes del CIDTZ habilitaron ayer un segundo acceso. Sin embargo, esta mañana también fue bloqueado por el mismo grupo de priistas.
http://www.perriodismo.com.mx/2016/03/25/quiere-nacho-remover-a-presidente-de-zacualpan/
Veneranda Mendoza
SAN SALVADOR ATENCO, Edomex. (apro).- Por considerarla una “estrategia legaloide y perversa para criminalizar la protesta social”, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) anunció que combatirá la “ley Atenco”.
Ignacio del Valle, dirigente de este movimiento, indicó que su organización no está sorprendida por la promoción y la aprobación de la “Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México”.
“Es uno de tantos medios que han utilizado para advertir que no nos movilicemos en contra del despojo de la tierra”, denunció luego de señalar que detrás de esta nueva norma se encuentra el Estado, convertido en “títere” de intereses económicos.
“Es aberrante, no tiene una justificación social relacionada con la ley y la justicia. Es un mensaje, una estrategia legaloide para justificar cualquier acto de represión, una amenaza velada y perversa que pretende la criminalización de un derecho”, expuso.
Del Valle Medina, detenido durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco y la fuerza pública, anticipó una serie de actividades jurídicas y de movilización que el Frente realizará para denunciar y argumentar las razones por las que el pueblo no puede aceptar la imposición de ese instrumento “que atenta contra el derecho legítimo a la protesta y manifestación en defensa de lo que pertenece a nuestra gente”.
Pese a la advertencia ya regulada del uso de la fuerza pública, dijo que a partir del lunes 28 celebrarán diversas actividades públicas para combatir la ley y hacer conciencia de sus alcances, entre ellas ruedas de prensa, foros y hasta marchas: “Estamos en nuestro derecho y no tenemos por qué asumir una actitud sumisa”.
Además, el Frente realiza diversas reuniones con las comunidades y ha emitido un posicionamiento público en el que informa su solicitud al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero para que realice el estudio pormenorizado de la norma, a fin de conocer sus alcances y determinar las estrategias jurídicas a seguir, en el entendido de que no combatirla abrirá la puerta para que se extienda a todo el país.
A esta lucha, se han sumado, entre otras organizaciones, Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec AC, Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Ayotuxco, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales AC, Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa-CNTE y el Sistema de Agua Potable de Tecámac AC.
A través de una misiva, estas organizaciones también lamentaron la opacidad de los diputados del Estado de México, pues “ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de Semana Santa”.
“Esta iniciativa se mantuvo en secreto para aspirar, ingenuamente, a que nadie haga nada para hacer contrapeso a dicha ley”, denunciaron.
www.proceso.com.mx/434747/una-docena-ong-alista-movilizaciones-contra-ley-atenco
XALAPA, Ver. (apro).- Cuatro hombres fueron “levantados” la madrugada del jueves pasado en distintos eventos en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, y este viernes, desesperados por la inacción de las autoridades, familiares de los jóvenes montaron un plantón en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán.
Fausto Isaac Cruz Aviña, Mario Antonio Ahedo Guillén, Jonatan Eduardo Guillén y Cristian Francisco Hernández desaparecieron la madrugada del jueves, sus familiares sospechan que detrás de estos “levantones” se encuentra la Policía Estatal, la Fuerza Civil o inclusive el Ejército Mexicano.
Unas 15 personas taparon el acceso a la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a la altura del puente Calzadas. Con cartulinas tapándose los rostros ante las cámaras fotográficas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que acelere las diligencias para dar con el paradero, con vida, de sus seres queridos.
Ante reporteros locales, recriminaron que la FGE se ha negado sistemáticamente a recibir sus denuncias penales pues pretextaron esperar a que se cumplan 72 horas para poder hacer diligencias.
Una coincidencia en los cuatro “levantones” es que sus victimarios portaban armas largas, iban encapuchados y se trasladaban en vehículos de lujo sin placas.
“Las características de los vehículos y el modus operandi en cada caso de desaparición son las mismas”, expusieron familiares de los desaparecidos.
Por ejemplo a Cruz Aviña lo sacaron con lujo de violencia del interior de su domicilio en la colonia Petrolera; Mario Ahedo Guillén también fue privado de su libertad del interior de su domicilio.
Mientras que a Eduardo Guillén lo “levantaron” junto con Francisco Fernández en la colonia Playa del Sol.
Como nadie del gobierno de Javier Duarte o de la Fiscalía se ha acercado a dialogar con ellos o a establecer un acuerdo para agilizar las investigaciones, los familiares aseguraron que no levantaran la protesta hasta ver resultados concretos.
Los familiares de los cuatro hombres “levantados” aseguraron que no se conocen entre sí, que fue a raíz del viacrucis en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, este viernes, cuando decidieron hacer frente común.
http://www.proceso.com.mx/434761/otra-vez-veracruz-levantan-a-4-jovenes-sospechan-la-policia-estatal
Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz son los nombres de los jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de marzo en dos hechos distintos y que fueron detenidos, dicen las familias, por elementos de la Policía Municipal de Papantla. Han pasado seis días. No se sabe nada de ellos.
Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– En plena crisis política por la que atraviesa el Gobernador Javier Duarte de Ochoa por la ola de violencia que vive Veracruz, y a poco más de dos meses de que cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, padres reportaron la desaparición de otros tres jóvenes en Papantla.
Sus familias también acusan a policías municipales de habérselos llevado.
Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz son los nombres de quienes desaparecieron en dos hechos distintos el pasado 19 de marzo, de acuerdo a la información dada a conocer por los padres durante la protesta que realizaron ayer jueves frente al Palacio Municipal de Papantla y en donde exigieron que se les informe el paradero de sus hijos.
Luis Humberto y Alberto Uriel Pérez Cruz desaparecieron juntos. Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto, relató que a su hijo lo persiguió una patrulla de la Policía Municipal y se lo llevó:
“Lo correteó una patrulla de la Policía Municipal y les disparó, las llantas de su vehículo se le poncharon sobre la calle Francisco Villa. Ahí fueron detenidos”, dijo al medio local Al Calor Político.
Desde ahí no ha vuelto a saber de él.
La mujer detalló que su nuera fue quien presenció los hechos y señaló que las patrullas 084, 060, 061 de la Policía de Papantla fueron las que participaron en la detención.
Informó que acudió a las oficinas de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, entre otros lugares y municipios sin que obtuviera respuesta de la ubicación de Alberto Uriel., quien, de acuerdo a medios locales, trabajaba como taxista y albañil.
A su vez, Humberto Morales Pérez, padre de Luis Humberto, señaló directamente que a su hijo se lo llevó la patrulla 84 y aseguró que también ha recorrido oficinas de gobierno y no ha podido obtener información.
Mientras que Jesús Alan Ticante Olmedo salió por la mañana de su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata para ver a su abuela y no llegó, Tras ello sus familiares se dieron a la tarea de buscarlo y un familiar les comentó que lo vio la altura del mercado del “Tarro”, donde se realizaba un operativo policíaco ese día. Tampoco se tiene indicios de su paradero.
promo desaparecidos veracriz
DUARTE EN CRISIS
Este año 12 estados renovarán gubernaturas, el priista Javier Duarte de Ochoa es uno de los que se va. Su administración en Veracruz estuvo marcada por la ola de violencia, pobreza y deuda, además de convertir al estado en el más riesgoso para el ejercicio periodístico, de acuerdo con estadísticas oficiales y de organizaciones.
A principios de este mes corrieron rumores de la posible renuncia del Gobernador. Fuentes consultadas por SinEmbargo revelaron que Duarte de Ochoa atravesaba por una presión inédita para que deje su cargo. Ya no era sólo una exigencia desde la sociedad civil, sino también desde su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), y desde el Gobierno federal. Y las señales enviadas por esos días parecían confirmarlo.
Duarte de Ochoa no fue recibido a finales de febrero por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El dato, que pudiera ser un simple tema de agenda, se hizo público. Para algunos observadores ésta fue la última señal que el Gobierno federal envía a Duarte. Pero no es la única.
“Hay muchas señales. Por ejemplo –explicó una fuente a SinEmbargo–, el hecho de que la Policía Federal [su Comisionado, Enrique Francisco Galindo Ceballos] y una Subsecretaría de Gobernación [el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián] hayan dicho que el caso Tierra Blanca no se resuelve con las declaraciones de los policías detenidos, tiene un significado. Los policías dijeron que los jóvenes fueron entregados a criminales, quienes los mataron y los incineraron. El Gobierno federal dice que esas declaraciones no resuelven el caso. Eso significa que se le perdió la confianza al gobierno local, y no hay contactos de calidad, de primeros niveles. El Gobierno federal sospecha que, en su urgencia por resolver alguna de las crisis abiertas, hayan torturado a esos policías para que se declararan culpables”.
Cinco jóvenes fueron secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, hace más de dos meses. Esto abrió la última gran crisis a la administración estatal.
Organizaciones civiles y miembros de la sociedad civil, activistas, académicos, periodistas, estudiantes y partidos de oposición han exigido que deje el puesto, desde hace al menos dos años. Pero la demanda se ha acentuado en las últimas semanas, con marchas y manifestaciones. Hay reclamos en el plano civil y en el político por la violencia en el estado, la participación de policías en la desaparición de hombres y mujeres, los asesinatos y secuestros de periodistas, el aumento de la deuda pública y un desorden en las finanzas reflejado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
DE CONFLICTO EN CONFLICTO
TIERRA BLANCA: Cinco jóvenes, entre ellos una menor de 16 años, fueron detenidos y luego desaparecidos por policías municipales en Tierra Blanca cuando regresaban hacia su ciudad natal, Playa Vicente, el 11 de enero. De inmediato los padres se movilizaron y se plantaron frente a las oficinas de la Fiscalía de Veracruz en el municipio en el que sus hijos fueron vistos por última vez para exigir que las autoridades dieran con su paradero.
Por el caso, ocho policías han sido detenidos, entre ellos, el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quien ha sido relacionado con más desapariciones en esa ciudad. Ayer, el subsecretario de de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer la declaración del último agente detenido. Quien aseveró que los jóvenes fueron “quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río”.
Tierra Blanca, ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.
CONTRA LA UV: El pasado 29 de febrero, la recorta de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, denunció que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, no sólo debe a la institución 2 mil 700 millones de pesos, tampoco ha otorgado los recursos presupuestados para 2016. Académicos han alertado que el Gobierno estatal está “asfixiando” y dando una “muerte lenta” a la casa de estudios.
El pasado 10 de marzo, cientos de estudiantes tomaron las calles de diversos municipios, entre ellos Xalapa, Boca del Río y en Veracruz, para protestar en contra del Gobierno de Duarte de Ochoa, por la deuda que tiene con la Universidad, y en rechazo de la reducción del presupuesto universitario. A las protestas en defensa de UV, se sumaron profesores, investigadores, personas administrativos, pensionados y ciudadanos en general.
HOMICIDIOS: La cifra de homicidios dolosos se disparó durante el Gobierno de Javier Duarte, en comparación con el del también priista Fidel Herrera. Pues a cinco años y dos meses de Duarte en Veracruz, hasta enero de 2016, se acumulaban ya 3 mil 919 asesinatos, mientras durante el sexenio de Herrara se registraron unos 2 mil 755 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los asesinatos en Veracruz no han disminuido durante ningún año del Gobierno de Duarte frente a los de su antecesor. Por ejemplo, uno de los años en que la entidad registró un menor número de estos delitos durante los últimos once años, fue en 2009, con Fidel Herrera, cuando se contabilizaron 347. De ahí, sólo en 2014, Veracruz ha visto una disminución cuando hubo al menos 487 asesinatos. Durante enero de este año, ya se habían registrado 80.
DESAPARECIDOS: Colectivos de Veracruz dan cuenta de al menos 91 desaparecidos de 2010 a la fecha en esa entidad. Las características de las víctimas: mujeres de entre 14 y 24 años de edad, hombres entre los 14 y 35. En ese ambiente, los colectivos alertaron también que el número de desaparecidos se incrementa cada día sin que las autoridades implementen una búsqueda efectiva de los ausentes. Además acusan al gobierno de Duarte de Ochoa de “criminalizar a las víctimas” al cuestionar las razones de su desaparición.
PERIODISTAS ASESINADOS: Durante la gestión de Duarte, al menos 19 periodistas de Veracruz han sido asesinados, de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19. Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, fue la última asesinada. La periodista fue sustraída de su domicilio y días después su cuerpo hallado en Puebla, con signos de tortura.
Al menos dos comunicadores permanecen en calidad de desaparecidos: Sergio Landa, desde 2011y Gabriel Fonseca, 2013.
Además, tan sólo en 2015 cuatro periodistas se vieron obligados a dejar la entidad y se registraron 66 agresiones contra comunicadores, según información dada a conocer por la asociación protectora de a libertad de expresión.
DESVÍOS: En su revisión, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en la cuenta pública de 2014 de Veracruz, en todos los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Fueron más de 50 las auditorías practicadas a la Cuenta de Pública 2014 del gobierno de Javier Duarte, cuyo resultado más relevante es el presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos sólo para las dependencias que acumulan los quebrantos más importantes.
En su tabulador que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, Veracruz aparece en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. El ente fiscalizador incluso reclamó al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.
DEUDA: De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 2015, la deuda de Veracruz sumó 45 mil 879 millones de pesos, la tercera más alta del país, sólo por debajo de la de Ciudad de México y Nuevo León. Los pasivos de la entidad se incrementaron durante los primeros cinco años de Duarte en el Gobierno en 20 mil 703 millones de pesos.
Según los reportes dados a conocer por el Gobierno de Veracruz al cuarto trimestre de 2010, Javier Duarte recibió un adeudo de 21 mil 500 millones de pesos. Al cierre de 2015, la administración local reconoce que la deuda total se elevó a 42 mil 201,9 millones de pesos.
Los padres de los jóvenes desaparecidos aseguran que fueron levantados por policías municipales.
En plena crisis política por la que atraviesa el Gobernador Javier Duarte de Ochoa por la ola de violencia que vive Veracruz y a poco más de dos meses de que cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, padres reportaron la desaparición de otros tres jóvenes en Papantla.
Sus familias también acusan a policías municipales de habérselos llevado.
Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz son los nombres de quienes desaparecieron en dos hechos distintos el pasado 19 de marzo, de acuerdo a la información dada a conocer por los padres durante la protesta que realizaron ayer jueves frente al Palacio Municipal de Papantla y en donde exigieron que se les informe el paradero de sus hijos.
Luis Humberto y Alberto Uriel Pérez Cruz desaparecieron juntos. Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto, relató que a su hijo lo persiguió una patrulla de la Policía Municipal y se lo llevó: “Lo correteó una patrulla de la Policía Municipal y les disparó, las llantas de su vehículo se le poncharon sobre la calle Francisco Villa. Ahí fueron detenidos”, dijo al medio local Al Calor Político.
Desde ahí no ha vuelto a saber de él.
La mujer detalló que su nuera fue quien presenció los hechos y señaló que las patrullas 084, 060, 061 de la Policía de Papantla fueron las que participaron en la detención.
Informó que acudió a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, entre otros lugares y municipios sin que obtuviera respuesta de la ubicación de Alberto Uriel, quien de acuerdo a medios locales, trabajaba como taxista y albañil.
A su vez, Humberto Morales Pérez, padre de Luis Humberto, señaló directamente que a su hijo se lo llevó la patrulla 84 y aseguró que también ha recorrido oficinas de gobierno y no ha podido obtener información.
Mientras que Jesús Alan Ticante Olmedo salió por la mañana de su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata para ver a su abuela y no llegó. Tras ello, sus familiares se dieron a la tarea de buscarlo y un familiar les comentó que lo vio la altura del mercado del “Tarro”, donde se realizaba un operativo policíaco ese día. Tampoco se tiene indicios de su paradero.
http://www.laopinion.com/2016/03/25/nuevo-caso-jovenes-desaparecidos-veracruz-papantla/
Sanjuana Martínez
Ciudad Juárez, Chih.
Es la ruta de las desaparecidas. El autobús de la línea 3B, donde han sido vistas por última vez niñas y jovencitas que se dirigían al centro de la ciudad, recorre las calles de las colonias Guadalajara Izquierda y Derecha, zona habitacional de extrema pobreza que registra en los años recientes cientos de desaparecidas: Nos pidió dinero para el boleto de esa ruta, la vimos subir al camión y ya no regresó.
Habla Perla Reyes Loya, de 36 años, madre de Jocelyn Calderón Reyes, desaparecida el 30 de diciembre de 2012, a la edad de 13 años: Me pidió mi celular para meterse a su Facebook y al rato me dice que ya se va porque se iba a ver con una amiga en el centro, pero su amiga dice que mi hija nunca llegó.
Perla hojea un libro con decenas de fotos de niñas y mujeres desaparecidas, armado por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género: Desgraciadamente nunca dan con ellas, ni habiendo pistas. Las autoridades no las están buscando, al contrario, nos alejan de las pistas. Los hechos hablan por sí solos. No he visto que encuentren a ninguna. Aquí las agarran y se las roban.
En Ciudad Juárez han aumentado más de 200 por ciento las desapariciones de mujeres y niñas durante el mandato del gobernador César Duarte, según el estudio Violencia feminicida, desaparación y violación de derechos humanos en Ciudad Juárez, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaborado por la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, dirigida por el profesor Alfredo Limas Hernández.
Son mujeres y son humildes, por eso les pasó esto. Son desapariciones que se cometen en el caso de mujeres jóvenes y niñas empobrecidas. La autoridad ha permitido esta criminalidad que ha crecido tanto. Aquí se fusionaron los dos poderes; los criminales y los oficiales. Están en plena connivencia. Son poderíos crecidos y compartidos, dice en entrevista con La Jornada.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua reporta la desaparición de 108 mujeres en los últimos años: La desaparición de niñas y mujeres en Juárez aumentó terriblemente desde 2008. En el sexenio del gobernador César Duarte han ocurrido más desapariciones, periodo que coincide con el de Enrique Peña Nieto. En este lapso se observa menos acceso a la justicia y respeto a los derechos de estas víctimas y sus familias. De todas las desapariciones de niñas y jóvenes desde 1995, 50 por ciento se presentaron en lo que va de estos gobiernos, dice Limas Hernández.
El centro, el infierno
Las pistas de las desaparecidas llegan al centro de la ciudad. Por la calle Juárez a las 11 de la mañana el night club Tangas ofrece servicios sexuales con exuberantes jóvenes exhibidas en la puerta. En esta zona no importa el giro del negocio, hay cómplices de las redes de trata que enganchan a niñas y jóvenes, con fines de explotación sexual, hasta en las zapaterías.
Por la noche las calles lucen semidesiertas, pero los negocios de giros negros siguen ofreciendo diversión. En la esquina de las calles Juárez y Colón, el bar Chess –donde han asesinado y tirado cadáveres por la puerta de atrás– permanece cerrado. Enfrente, el club Kentucky solicita identificación a los que quieren ingresar, no por razones de edad: Es por si pasa algo, para saber quiénes son y dónde viven.
Este bar entre penumbras con una gran barra de madera es el más antiguo de la ciudad. Un mariachi ameniza las mesas de unos cuantos clientes. Aquí supuestamente se inventó la margarita, y en su época dorada hace décadas fue visitado por Elizabeth Taylor, Jim Morrison, John Wayne, Steve McQueen, Marilyn Monroe o Al Capone.
De esa época dorada queda poco, con 11 mil muertos en el sexenio pasado y cientos más durante el gobierno de Duarte y sus altas cifras de feminicidios. La ciudad sigue siendo un corredor importante de narcotráfico con El Paso, Texas, y este territorio es disputado por los cárteles de Juárez y Sinaloa.
A pesar de los niveles de desapariciones, no hay redadas contra la trata de mujeres y niñas, tampoco operativos para su localización. Los giros negros abundan y también la oferta y demanda sexual: El centro de la ciudad no tiene vigilancia adecuada y es el lugar donde la mayoría desaparecieron, desde hace 20 años, dice Limas Hernández.
La mayoría de las cámaras de seguridad colocadas en los postes están convenientemente descompuestas o arrancadas del lugar. El alcalde Enrique Serrano Escobar ha dicho que la violencia de género y los altos índices de desaparición y feminicidios son simplemente una leyenda negra y hace caso omiso a las demandas de las madres de las desaparecidas, que se han convertido en auténticos detectives y recorren estas calles día y noche buscando a sus familiares. Las fotos de sus hijas aparecen pintadas en la barda del eje Juan Gabriel, en postes de luz y hasta en vasos-cilindros que ofrecen de regalo.
La autoridad ha dejado la cancha libre al crimen organizado, por colusión, complicidad, corrupción o lo que sea. Las cifras de violencia de género nunca se han reducido, solamente cambian los rubros donde se detecta la victimización, dice Limas Hernández, que también dirige el Observatorio de Violencia Social y de Género, encargado de investigaciones de campo sobre el contexto de violencias relacionadas con la cadena de rapto, tortura, cautiverio, explotación sexual, violencia y feminicidios.
De acuerdo con sus estudios, miércoles y jueves son los días de mayor desaparición de niñas y jóvenes a lo largo de los últimos 20 años. La edad promedio de las desaparecidas es 18 años; en 46 casos, entre 16 y 20 años, y en 24, son menores de edad.
Hay un autoritarismo del gobierno creciente en el estado. A estos poderes, los criminales y oficiales, no les importan los derechos de las mujeres ni de las familias, porque su poderío y su beneficio económico no se ha mermado, al contrario, han crecido.
Modelaje, el gancho
Perla Reyes Loya está segura de que su hija Jocelyn de 13 años fue secuestrada por una red de trata con fines de explotación sexual: Hay una red de trata. A mi hija la vinculan con la agencia de modelaje de Camilo del Real Buendía. Jocelyn tenía de contacto en Facebook a los de Evolution y Bohemia y él es el dueño de esos grupos. Incluso a ella le quisieron dar trabajo de modelo, querían irle a tomar unas fotos y yo no lo supe. Ese fue el gancho, desde entonces la estaban siguiendo.
Camilo del Real Buendía está preso por el delito de homicidio y trata contra 11 mujeres desaparecidas entre los años 2009 y 2010, cuyos restos han sido encontrados en los últimos años en el arroyo El Navajo, en el valle de Juárez, pero el caso de Jocelyn, que cursaba el segundo grado de secundaria, no ha sido incluido en este llamado juicio histórico.
“Ni habiendo pruebas a mi hija la han incluido en el juicio sobre esa red de trata. Yo doy como un hecho que a mi hija la traen en una red. Eso nos han dicho las personas que la han visto: ‘a tú hija la traen vendiendo droga, prostituyendo’.”
Perla insiste en que son muchas las personas que le han dado pistas sobre el paradero de su hija, pistas que, dice, la autoridad ignora: Desde que desapareció muchos me dicen que la ven, pero ninguna pista nos ha llevado hacia ella. Hace año y medio nos dijeron que la habían visto con hombres que la traían en la zona centro sometida en las Gorditas del Smart Altamirano, en Reforma. Hace tres meses me dijeron que la habían visto en el bar El Gavilán. Eso es lo último que tengo.
Añade: “Al año que desapareció la miraban muy seguido, incluso por mi casa donde la llegaron a ver sus amigos de la escuela, que la llevaba una mujer sometida con la cabeza para abajo a ella y a otras cuatro jovencitas en un carro sin placas, y a los dos meses la vieron que la llevaba un hombre de aspectocholo, pelón, en una camioneta van con vidrios oscuros y sin placas a un costado de mi casa”.
Cuenta que Jocelyn planeaba la fiesta de sus 15 años cuando desapareció. Por eso le preparó su misa en Catedral y un evento en la explanada de la Plaza de Armas, con vestidos de quinceañera. Hoy la menor tiene la edad de 16 años: A veces me preguntó: ¿cómo puedo estar de pie? Es porque no pienso cosas negativas. No pienso si mi hija sufre, pienso que mi hija está viva y la voy a encontrar. Mi fe es más fuerte.
Perla sigue festejando los cumpleaños de sus siete hijos: Ellos no tienen la culpa. Ni mi hija, pero yo desgraciadamente ya no puedo hacer nada por cambiar lo que le tocó. No entiendo tanta maldad. Ella tenía planes e ilusiones. ¿Por qué les truncan todos sus sueños?
Adriana Luna Segura
Córdoba, Veracruz.- Al año, cerca de mil 500 jornaleros agrícolas del estado de Veracruz se trasladan a Canadá para trabajar en el campo, con todos los papeles legales que se requieren, informó la directora general del Servicio Nacional de Empleo (SNE), Iresine Calzada Rivera.
Mientras que en el sector industrial y de servicios se apoya entre 500 y 600 personas al año para que encuentren trabajo en ese mismo país; la mayoría de ellos son jóvenes que se emplean en restaurantes de comida rápida, carnicerías, operadores de maquinaria pesada, entre otros servicios.
A la par, dijo que a estados del norte como Sinaloa, Sonora y Chihuahua se mueven aproximadamente entre 10 mil y 14 mil jornaleros para emplearse en el campo.
La funcionaria dijo que esta movilidad es debido a que en Veracruz se tiene un cultivo de temporal, y es por ello que en determinada época los campesinos buscan otras fuentes de trabajo en el norte del país y en Canadá. En este último, los ingresos que llegan a ser de 30 mil pesos mensuales, dijo.
En el caso de la zona centro son los municipios de la zona serrana de Zongolica los que más expulsan mano de obra a Canadá, además de Coscomatepec, ambos se concentran en la oficina regional de Córdoba.
“Hay que entender que en Veracruz junto con Oaxaca y Campeche, son estados que mandan mano de obra dado el tipo de cultivo que tenemos, nosotros tenemos el cultivo por temporal, entonces cuando se acaba el periodo de zafra pues la gente tiene que buscar opciones.
Consideró que hay más seguridad a través del Servicio Nacional de Empleo, donde la movilidad es segura, se van ya con contratos determinados de trabajo, con todas las condiciones de seguridades del transporte y -desde luego- al llegar también al albergue y no queden a expensas de enganchadores que solo los estafan.
24/03/16. Zongolica, el que más expulsa mano de obra a Canadá
El Sol de Córdoba
24/09/15. En Veracruz, marcha por desaparecidos, golpeados y asesinados en sexenio de Duarte
Columna Tamaulipas
Jorge Hernández, León, Gto.
Vecinos y usuarios del bulevar Miguel Hidalgo reprueban la tala de árboles porque consideran que afectan al medio ambiente.
Vecinos y usuarios del bulevar Miguel Hidalgo reprobaron la tala de árboles por parte de las autoridades de las obras del Sistema Integral de Transporte (SIT), y aseguraron que la tala tiene menos beneficios de los que promete el traer nuevos paraderos.
El tramo de depredación de los árboles, como lo consideraron algunos vecinos, va de los tramos del bulevar Miguel Hidalgo y Juan Alonso de Torres, atravesando colonias como San Jerónimo, Valle de León, Hidalgo del Valle y Valle del Sol.
Los ciudadanos describen que su panorama color verde cambió, ya que desde el pasado lunes por la madrugada autoridades de Parques y Jardines comenzaron con una sigilosa tala nocturna que fue denunciada por usuarios a través de redes sociales.
Lea: Irrita a ciudadanos inicio de tala en bulevar Hidalgo: denuncian sordera de autoridades
El tramo mencionado abarca los cruces de las calles Laurel del Valle, León Guzmán, Sauz del Valle, Abetos, Tabachín del Valle, Mezquite del Valle, el bulevar Del Sol y el Talabarteros.
En el bulevar abundan los puestos de botanas y comidas, veterinarias, tiendas de pinturas y fábricas.
A su paso transitan personas que salen a realizar ejercicio, y vecinos de la zona lo utilizan día a día como forma de paso rumbo a sus negocios u hogares, y aseguraron que la tala de árboles está perjudicando la vida.
Lea: Continúa tala de árboles en bulevar Hidalgo
A pesar de que ciudadanos, activistas y ambientalistas realizaron guardias nocturnas para evitar lo que calificaron como un ecocidio, las talas continuaron durante la madrugada.
Como motivo de la inconformidad los manifestantes realizaron una ceremonia ofrecida por el ambientalista y chamán José Calera en señal de agradecimiento y luto por la tala calificada como un ecocidio.
Lea: En silencio, vecinos y activistas se manifiestan ante talas de árboles en León
José Salvador Gutiérrez, vecino de la colonia Hidalgo del Valle, consideró que el gobierno está realizando obras de progreso de la ciudad pero que en realidad están perjudicando al medio ambiente.
“Eso de talar los árboles me parece un poco grato porque es lo que nos ayuda aquí al sistema del calentamiento y es lo que nos da oxígeno. Las empresas constructoras muchas veces se dedican a ganar dinero nada más y no les importa nada, ni lo que puedan perjudicar simplemente aquí tantos negocios que hay y vienen siendo perjudicados también por el sistema que van a poner aquí del transporte. Es indignante porque no se vale que por el progreso estén acabando con el ecosistema”.
Alfredo Martínez, describió que la tala de árboles está mal ya que en las mañanas el aire se siente muy fresco y puro, e incluso describió que la zona es peligrosa por los camiones porque puede ocurrir un atropellamiento.
“Sí está mal porque aquí uno transita, yo me vengo en las mañanas corriendo a mi trabajo y si se siente el aire muy fresco, muy puro, aquí con los camiones uno peligra, un atropellamiento o algo”.
Elvia Margarita, coincidió con su acompañante, e incluso agregó que la zona es agradable para salir a correr, y que los árboles son para poder respirar por lo que platicó su negativa a la tala por las obras del SIT.
“Está pésimo el transporte, pasan llenos los camiones y con esto que están haciendo, que están tapando la vía pública los camiones son mucho tráfico. Uno se supone que sale unas horas de su casa para llegar a su trabajo y con ese tráfico uno no puede llegar, uno siempre llega tarde, ¿por qué? Porque aquí se concentra mucho tráfico y los camiones casi no salen, eso es una perdedera de tiempo”, opinó Elvia.
Rafael Valderrama Delgado, ciclista del bulevar Miguel Hidalgo, opinó que hay otras avenidas donde se puede realizar las obras, porque en la zona se ve afectada la vegetación.
“Los repruebo porque no es justo lo que están haciendo, y luego menos haciendo ese trabajo en la noche, ya cuando la gente que los está cuidando se retira a sus casas, no se vale”.
Susana Del Monte, vecina de la zona consideró que el gobierno debería de tomar en cuenta las opciones que los ambientalistas y activistas les han presentado como el instalar los paraderos en los retornos.
“Les tienen miedo a la comunidad porque no todos apoyan la tala de árboles… El transporte se me hace bien pero se me hace que hubieran buscado otras opciones u otra forma de localizar las bases para no hacer tanta tala”.
Eran 200 los civiles armados que ingresaron a Chilapa; se retiraron luego de un acuerdo: PF
El Sur
Luis Daniel Nava
Chilapa. Los civiles armados que ingresaron anoche a la cabecera minicipal de Chilapa y estuvieron dos horas, eran 200 y son guardias comunitarios provenientes de localidades del sur del municipio, y llegaron para exigir que la Policía Ministerial les devuelva sus armas decomisadas.
Según testigos, la irrupción a la ciudad de los pobladores armados se dio a las 00: 30 horas de este miércoles y se apostaron en la glorieta y sus inmediaciones.
Ingresaron en unas 35 camionetas particulares y del servicio público por la ruta de Atzacoaloya, donde hay al menos dos destacamentos provisionales del Ejército y en medio de decenas de policías federales que aún permanecen en la ciudad.
Un mando de la Policía Federal en Chilapa, informó a El Sur que los civiles armados provenían de Ayahualulco y San Ángel, así como de comunidades aledañas, y que portaban armas de bajo calibre como rifles y escopetas.
Dijo que su intención era aclarar ciertas situaciones y presentar quejas porque elementos de la Policía Ministerial y de las Fuerzas Estatales no los dejan transportar gasolina y han intentado desarmarlos.
“Vinieron a dialogar, tienen quejas por atropellos que han tenido por parte de la Policía Ministerial y la Policía del Estado, tenían pensado venir mucho antes pero se les dio la oportunidad el día de hoy”, aseguró.
Detalló que se entabló un dialogo y se acordó establecer una mesa de trabajo con mandos de las corporaciones estatales, de la Policía Federal y del Ejército, y aunque dijo que no había fecha del encuentro, se supo que el acuerdo fue que en 48 horas se atendería a una comisión.
Los pobladores armados, dijo, se retiraron después de las 2 de la mañana, luego de que se agilizó el abasto de combustible a sus unidades de transporte.
Trascendió que los civiles armados exigieron la devolución de las armas que la Policía Ministerial les decomisó en días pasados en algunos retenes.
Como se informó en estas páginas del 9 al 14 de mayo del año pasado, unos 300 habitantes armados de comunidades encabezados por comisarios, tomaron la seguridad de las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a los líderes de la organización delictiva Los Rojos, a quienes culparon de la desaparición de unos 30 vecinos y de tener colapsado el transporte público, las escuelas y los servicios de salud.
Después de esta primera irrupción, vecinos de Chilapa denunciaron formalmente la desaparición de 16 personas, responsabilizando a los civiles armados y acusándolos de estar vinculados al grupo delictivo Los Ardillos.
Pide la asociación Siempre Vivos estar en la mesa
En tanto, la asociación civil Siempre Vivos, integrada por familiares de personas desaparecidas en Chilapa, exigió a las autoridades estatales, federales y de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) estar presente en la mesa de trabajo que acordaron con los pobladores armados.
Argumentaron que su punto central será demandar la entrega de sus familiares desaparecidos durante la estancia de los civiles armados el mes de mayo pasado, pues dijeron que son los mismos que entraron a la ciudad este miércoles.
Calificaron la nueva incursión como un acto intimidatorio para las autoridades estatales y federales.
Morelia, Mich., a 24 de marzo de 2016.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagó un excedente de 3.454 millones de pesos a empresas constructoras del proyecto Segunda Etapa del Libramiento Sur, tramo Ramal Camelinas, según se deriva de la solicitud de información número 0000900020016 enviada por el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) al Centro SCT Michoacán.
Como se comentó en la última rueda de prensa por parte del MCDL, la SCT le mintió a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como se reconoció en la solicitud de información 0000900020016, al asegurar que en 2012 pagaron por concepto de anticipos para el Ramal Camelinas 64.35 millones de pesos cuando realmente pagaron 67.80 millones de pesos.
De este monto, de acuerdo con la respuesta firmada por el director general del Centro SCT Michoacán, Alejandro Lambretón, a Yuri Emiliano Cinta Delgado, titular de la Unidad de Transparencia de la SCT, señala que a Grupo RYMSA, Infraestructura Carretera SA de CV y R&M Constructores SA de CV, se les pagó por concepto de anticipo la cantidad de $15 millones 727 mil 567.61 pesos, mientras que al Grupo Centro Occidente SA de CV y CMCO SA de CV se les otorgó una cantidad de $11 millones, 179 mil 670.86 pesos.
En este sentido, a Tradeco Infraestructura SA de CV, la empresa constructora favorita en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, se le otorgó un concepto por anticipo de $51 millones, 739 mil 175.59 pesos.
Según la respuesta de la SCT, la diferencia de 3.454, el monto real pagado de los anticipos, “es el mismo reportado en los numerales 1,2 y 3 de esta solicitud, la diferencia expresada es de $3,45 MDP, con respecto a la página 5 del ACB (Análisis Costo Beneficio), aclarando que el importe total pagado por concepto anticipos que se dieron en 2012 para la construcción de dicho Ramal fue de $67.80 millones de pesos sin IVA.
Salva la Loma no se opone al desarrollo o a la construcción de nuevas vialidades que conecten a la Loma de Santa María; con lo que no está de acuerdo es que en aras de un costoso proyecto, que solo responde al interés de unos cuantos, se afecten cientos de hectáreas naturales que representan el pulmón y la fuente de recursos acuíferos de miles de morelianos.
Para más información, ponemos a disposición la carta abierta que dirigió el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) al Presidente de México, Enrique Peña Nieto para solicitar detener el proyecto “Segunda Etapa del Libramiento Sur Tramo Ramal Camelinas”: https://www.youtube.com/watch?v=FqvOqixnNPs.
24/03/16. Pagó SCT excedente de 3.454 millones de pesos a empresas constructoras de Ramal Camelinas?: MCDL
Noventa Grados
12/11/15. Nuevos derrumbes en Santa Fe confirman lo que ocurrirá en la Loma de Santa María: MCDL
Noventa Grados
03/11/15. Abrirá MCDL Campaña Nacional de Firmas contra proyecto Ramal Camelinas?
Noventa Grados
22/10/15. Envía MCDL carta al cardenal Alberto Suárez Inda
Cambio de Michoacán
18/10/15. Puente vehicular del libramiento sur podría retomarse con adecuaciones
Provincia
16/10/15. Pide MCDL cancelación de puente vial en el Libramiento Sur
Quadratín
08/10/15. Cancelación de puente afectará movilidad: Colegio de Ingenieros Civiles
Quadratín
06/10/15. Cancelan puente vehicular en el Libramiento de Morelia por irregularidades
Noventa Grados
10/09/15. Dice edil desconocer tema de la Loma, MCDL envía documento para ilustrar
El Cambio de Michoacán
28/08/15. La constructora favorita del PAN y SCT podría poner en riesgo a familias en Michoacán
Sin Embargo
26/08/15. Pide MCDL a Profepa cancelar Segunda Etapa del Libramiento Sur, Tramo Ramal Camelinas
Noventa Grados
25/07/15. San José del Cerrito, otra zona en rechazo del Libramiento Sur
El Cambio de Michoacán
23/07/15. Reservas naturales apócrifas justifican al Ramal Camelinas: MCDL
El Cambio de Michoacán
15/07/15. Denuncia MCDL impunidad en la construcción del Ramal Camelinas por complicidad entre instituciones municipales y federales
Noventa Grados
03/07/15. Estudio de la UMSNH no definirá construcción del Ramal Camelinas: MCDL
Noventa Grados
29/06/15. Responde MCDL a SCT Michoacán sobre comentarios absurdos de falla geológica
Noventa Grados
26/06/15. Financia y Opera Tradeco al 100% obras del Libramiento Sur
Quadratín
19/06/15. Demuestran anomalías en proyecto del libramiento “Ramal Camelinas”
La voz de Michoacán
16/06/15. TRADECO continúa en proyecto Ramal Camelinas a pesar de que la SCT retiró pagos
El Cambio de Michoacán
23/05/15. Tensión en el Centro Histórico por confrontación de Morelia Unida y MCDL
El Cambio de Michoacán
22/05/15. Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma convoca a caminata para defender la Loma de Santa María
Agencia Informativa Michoacana
29/04/15. Defensores de la Loma retiran bloqueos en Camelinas tras pactar mesa de diálogo
El Cambio de Michoacán
29/04/15. Vecinos interrumpen obras del Túnel del Ramal Camelinas
La voz de Michoacán
Javier Cruz Aguirre, Ensenada, B.C.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), autorizó al consorcio estadounidense Source Gas Inc., a través de una de sus filiales en México, desarrollar un proyecto que surtirá con gas natural de la trasnacional Sempra Energy a las ciudades de El Sauzal y Ensenada.
Ahora sólo falta la autorización de uso de suelo y construcción del Ayuntamiento de Ensenada para que la compañía estadounidense, a través de su filial mexicana Grupo Simsa, de la familia libanesa Issa Tafich y matriz en el estado de Coahuila, inicie la construcción del ducto y disfrute de su explotación por un periodo inicial de 31.5 años.
El permiso ambiental que tardó en revisión federal 14 meses y se aprobó el 17 de diciembre de 2015, aun cuando la SEMARNAT anunció oficialmente la autorización en la Gaceta Ecológica de la ASEA del 17 de marzo, es para un ducto de 12 pulgadas de diámetro de acero de carbón y una extensión de 48.3 kilómetros desde su punto de arranque: los dos tanques de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) de la trasnacional californiana Sempra en el paraje Costa Azul, 20 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada.
La empresa que obtuvo el permiso es la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de la Baja, S. A. de C. V., que en el trámite ambiental representó José de Jesús Meza Muñiz, gerente general en Gas Natural Industrial (GNI), S.A. de C.V., una de las empresas del Grupo Simsa.
Meza representa a cinco compañías autoabastecedoras propiedad de la familia Issa Tafich (Emeley Eileen, Salomón, Nesim, Miriam y Claudia Marlene), y aparece como contacto de 27 permisionarios en el Listado de Operadores Vigentes de Gas Natural, aun cuando el oceanólogo Gabriel Camacho Jiménez, vocero de la organización Ensenada Ciudadana y Ciudadano Distinguido de Ensenada 2011 en el área de Ecología, informó en enero que Autoabastecedores de Gas Natural de la Baja no está incluida en la lista de empresas autorizadas por la Comisión Regularizadora de Energía (CRE) para prestar el servicio de distribución de gas natural en México.
El ambientalista, que con su grupo encabeza un movimiento en contra de la construcción del gasoducto por el riesgo de explosión que significa para los residentes de El Sauzal y Ensenada, destacó que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) local declaró el proyecto de Simsa “incongruente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada”, e “incompatible” con la actividad pretendida en 16 subsectores del mismo programa oficial.
GASODUCTO TRAYECTO CD EDA
Sin embargo, alertó, el presidente municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, tiene 13 meses y medio sin contestar a una petición que por escrito se le pidió para que el ayuntamiento emita una opinión técnica oficial de su gobierno en torno al proyecto de Sorce Gas y sus socios Issa Tafich.
No importa que en materia ambiental la SEMARNAT apruebe el proyecto. El municipio deberá negar los permisos de uso de suelo y construcción del gasoducto porque el IMIP ya declaró de manera oficial que la obra no es acorde al Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ensenada y eso lo tiene que respetar el alcalde y el cabildo en pleno”.
EL NEGOCIO DEL GAS NATURAL
Sin embargo, el peso del Grupo Simsa en el gobierno federal mexicano es más que evidente.
Filial mexicana, junto con Gas Natural del Noroeste (GNN), de la compañía Source Gas con matriz en Lakewood, Colorado, y “líder mundial en la conducción y operación de líneas de gas natural, gas LP y petróleo en el mercado”, según informa en su página en internet el consorcio estadounidense, Simsa incluye en sus actividades los servicios de transporte, gas LP, diesel y gasolina, alimentos, textiles, producción de grava, las agencias de las compañías Toyota y Volvo, así como gas natural.
Tiene servicios de distribución de gas en los estados de Baja California (en donde también siembra y cosecha algodón en cientos de hectáreas del valle de Mexicali), Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Xalapa y Veracruz (Tres Valles, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos).
Sempra Energy se prepara a cumplir con una de las promesas que en 2001 hizo al gobierno mexicano a cambio del permiso para construir su planta de almacenamiento de Gas Natural Licuado en Costa Azul, Ensenada: dotar del energético a los residentes e industriales del municipio más grande de México (Foto. Archivo).
Sempra Energy se prepara para cumplir con una de las promesas que en 2001 hizo al gobierno mexicano a cambio del permiso para construir su planta de almacenamiento de Gas Natural Licuado en Costa Azul: dotar del energético a los residentes e industriales del municipio más grande de México (Foto. Archivo).
La división de gas natural de Simsa se realiza a través de GNI, conglomerado empresarial que tan sólo en 2016 tiene planeado ser la número uno en volumen de gas natural en México.
Actualmente tiene 350 clientes industriales, 450 comerciales y 21 mil 200 residenciales y en lo que resta del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto proyecta tener mil 888 kilómetros de gasoductos en el país.
Entre los proveedores de gas natural que Simsa tiene en México destacan tres empresas: West Texas Gas Inc, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Sempra Energy.
En diciembre de 2015, Source Gas a través de sus filiales GNI y GNN tenía proyectos en construcción en San Luis Río Colorado, Navas, Aguascalientes, Zacatecas, Texcoco, Nautla, Huamantla y Coatzacoalcos.
El 16 de marzo de 2015, el patriarca y fundador del grupo Simsa, el empresario lagunero Salomón Issa Murra, falleció en su natal Coahuila pero dejó a sus hijos e hijas las riendas de un negocio millonario que ahora está a un paso de consolidar su presencia en Ensenada.
24/03/16. Consorcio de los EU gana permiso ambiental para construir gasoducto en Ensenada
4 vientos
15/03/16. Rechazan gasoducto por ser muy riesgoso
El Vigia
24/11/15. Ligan a Semarnat con manipulación de documentos para que gasera entre en funciones
La Jornada BC
23/11/15. Cumplirá Hirata 10 meses sin contestar solicitud formal de información sobre gasoducto
Plex
El Sur
Luis Daniel Nava
Los civiles armados que ingresaron anoche a la cabecera minicipal de Chilapa y estuvieron dos horas, eran 200 y son guardias comunitarios provenientes de localidades del sur del municipio, y llegaron para exigir que la Policía Ministerial les devuelva sus armas decomisadas.
Según testigos, la irrupción a la ciudad de los pobladores armados se dio a las 00: 30 horas de este miércoles y se apostaron en la glorieta y sus inmediaciones.
Ingresaron en unas 35 camionetas particulares y del servicio público por la ruta de Atzacoaloya, donde hay al menos dos destacamentos provisionales del Ejército y en medio de decenas de policías federales que aún permanecen en la ciudad.
Un mando de la Policía Federal en Chilapa, informó a El Sur que los civiles armados provenían de Ayahualulco y San Ángel, así como de comunidades aledañas, y que portaban armas de bajo calibre como rifles y escopetas.
Dijo que su intención era aclarar ciertas situaciones y presentar quejas porque elementos de la Policía Ministerial y de las Fuerzas Estatales no los dejan transportar gasolina y han intentado desarmarlos.
“Vinieron a dialogar, tienen quejas por atropellos que han tenido por parte de la Policía Ministerial y la Policía del Estado, tenían pensado venir mucho antes pero se les dio la oportunidad el día de hoy”, aseguró.
Detalló que se entabló un dialogo y se acordó establecer una mesa de trabajo con mandos de las corporaciones estatales, de la Policía Federal y del Ejército, y aunque dijo que no había fecha del encuentro, se supo que el acuerdo fue que en 48 horas se atendería a una comisión.
Los pobladores armados, dijo, se retiraron después de las 2 de la mañana, luego de que se agilizó el abasto de combustible a sus unidades de transporte.
Trascendió que los civiles armados exigieron la devolución de las armas que la Policía Ministerial les decomisó en días pasados en algunos retenes.
Como se informó en estas páginas del 9 al 14 de mayo del año pasado, unos 300 habitantes armados de comunidades encabezados por comisarios, tomaron la seguridad de las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a los líderes de la organización delictiva Los Rojos, a quienes culparon de la desaparición de unos 30 vecinos y de tener colapsado el transporte público, las escuelas y los servicios de salud.
Después de esta primera irrupción, vecinos de Chilapa denunciaron formalmente la desaparición de 16 personas, responsabilizando a los civiles armados y acusándolos de estar vinculados al grupo delictivo Los Ardillos.
Pide la asociación Siempre Vivos estar en la mesa
En tanto, la asociación civil Siempre Vivos, integrada por familiares de personas desaparecidas en Chilapa, exigió a las autoridades estatales, federales y de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) estar presente en la mesa de trabajo que acordaron con los pobladores armados.
Argumentaron que su punto central será demandar la entrega de sus familiares desaparecidos durante la estancia de los civiles armados el mes de mayo pasado, pues dijeron que son los mismos que entraron a la ciudad este miércoles.
Calificaron la nueva incursión como un acto intimidatorio para las autoridades estatales y federales.
http://suracapulco.mx/2/eran-200-los-civiles-armados-que-ingresaron-a-chilapa-se-retiraron-luego-de-un-acuerdo-pf/
Por Adrián Montiel González
Profesores del Movimiento Magisterial Jalisciense (MMJ) denunciaron el abuso de poder y atropello de derechos laborales que emplearon tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) en la retención de contratos y cese de actividades de 240 profesores en Jalisco, por lo que continuarán con las acciones legal y movilizaciones en las calles.
El abogado del Movimiento Magisterial, Francisco Arévalo Gutiérrez, urgió al titular de la SEJ, Francisco Ayón López, a respetar la ley otorgando a los maestros lo que en derecho corresponde como es su pago y la reinstalación inmediata en sus puestos de trabajo.
Agregó: “Él bien sabe que (los maestros) nunca fueron notificados, capacitados, y los exámenes se hicieron en días y horas hábiles, sin el consenso de los maestros”; además pidió “que tengan el valor de oponerse a esta nueva mafia que es el Instituto Nacional de Evaluación (INE)”.
Arévalo Gutiérrez aseguró que el INE está constituido por gente de la iniciativa privada que tiene toda la intención de privatizar la educación, “al grado que él, el titular de la SEJ, está supeditado a ellos, el mismo gobernador y toda la autoridad”.
“Se está creando un monstruo, por el cual se destruyó al sindicato nacional, además de corrupto, que ellos mismos crearon, y ahora crean este nuevo monstruo que tiene el control”.
Señaló que los compañeros que fueron cesados lo fueron por consigna de la SEP, donde la resolución jurídica “ya sea un resolutivo, un laudo o una sentencia tiene que ser integral y congruente, entonces, todas las pruebas que nosotros ofertamos ni siquiera las consideraron”.
Precisó que lo entregado fue “un machote”, como el caso de la maestra Olga, quien estaba embarazada. Para estos casos se presentaron los comprobantes de incapacidad para evitar el cese; sin embargo, en la hoja principal, se le cesa, puesto que la indicación venía desde la SEP.
“La lucha jurídica se la vamos a ganar, las fallas se las vamos ganar porque son unos errores garrafales que vamos a hacer valer y hasta donde tenga que llegar”. Valoró la probabilidad de proponer un amparo colectivo por la vía laboral ordinaria.
Para el abogado del MMJ, Arévalo Gutiérrez, el cese de profesores y la retención de salarios no es más que “el berrinchito del señor Nuño”, refiriéndose a Aurelio Nuño, titular de la SEP, “que quería para poner un ejemplo a todos los docentes, en una medida coercitiva y draconiana porque se pinta para ser presidente”
Son 240 maestros de educación básica, además de 118 del Cobaej que son de educación media superior. De estos, 45 maestros pertenecen al MMJ que fueron cesados desde el 15 de marzo, en el caso de los profesores de educación media superior, y desde el 17 los de media superior.
Mariana Villalobos/Quadratin
QUERÉTARO, Qro., 23 de marzo 2016.- Ninguna de las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro se presentó al acto de retiro de banderas rojinegras, sin embargo, el actuario y la líder sindical Laura Leyva Saavedra se acercaron a personal de la casa de estudios que se encontraban cerca de la zona y en su presencia levantaron la huelga.Las banderas rojinegras fueron retiradas de cada una de las puertas de la Universidad Autónoma de Querétaro en punto de las 10 de la mañana. Varios actuarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje se presentaron en las instalaciones de la máxima casa de estudios para dar fe del levantamiento. “La Universidad no está recibiendo, nosotros estamos haciendo la entrega porque así tenemos la indicación por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje y aquí están los actuarios para tomar acta, ya se pasaron vigilantes (de la universidad)”, dijo la secretaria general del STEUAQ, Laura Leyva.El personal de la universidad que se quedó para resguardar las instalaciones fue el secretario administrativo de la áxima casa de estudios y la encargada del área de seguridad.Leyva Saavedra refirió que las autoridades universitarias ya estaban notificadas y a pesar de esto no se presentó el rector Gilberto Herrera Ruíz ni el apoderado legal Oscar Guerra.Según la información extraoficial, quien firmó el recibimiento de las instalaciones fue el asesor externo Hilario Benavides.
https://queretaro.quadratin.com.mx/Levantan-huelga-UAQ-no-se-presentaron-autoridades-universitarias/
Jorge Hernández, León, Gto.
Ciudadanos, ambientalistas y activistas se reunieron en el bulevar Miguel Hidalgo para preparar una ceremonia por la tala de árboles por las obras de la cuarta etapa del Sistema Integral de Transporte (SIT).
Un grupo de aproximadamente 30 personas caminaron desde la Plaza Hidalgo, ubicada en el cruce de los bulevares Hidalgo y Juan Alonso de Torres, hasta la zona donde han sido talados cerca de 50 árboles desde el lunes por la madrugada hasta hoy.
A la protesta se unieron miembros de organizaciones como “Déjame Plantado”, “Ciudadanos Hartos”, “Green Peace” y vecinos de la zona.
Al llegar con el cruce de la calle Tabachín del Valle, el chamán José Calera realizó una ceremonia en señal de agradecimiento y luto por la tala que vecinos y ambientalistas calificaron como un verdadero ecocidio.
SIT sustentable
Mónica Vázquez, representante de la agrupación de vecinos “Déjame Plantado”, platicó que se puede ser sustentable e introducir el SIT sin dañar las áreas arboladas y una de las propuestas fue que los paraderos se colocaran en los retornos.
“Señalamos dos retornos con las medidas apropiadas para poder poner los paraderos y quedaran a distancia considerable de acuerdo a lo que ellos tienen propuesto… cuando les planteamos recorrer los paraderos ellos nos dijeron que era viable, Tránsito dio su visto bueno, ellos hicieron su reunión a puerta cerrada y allí ya nos nos invitaron”, contó la representante de “Déjame Plantado”.
No cumplieron
Por otra parte para David Prado, representante de Greenpeace, consideró que el apoyo a las organizaciones es fundamental porque la asociación está en pro de los derechos humanos, y además agregó que las autoridades no cumplieron con el trato.
“No más ecocidio, ¿por qué? porque anteriormente ya habíamos acordado junto con municipio de que ya no se iban a tocar ciertos árboles, cosa que no se cumplió durante esta semana… vimos como unos ciudadanos fueron violentados por la Policía Municipal cuando se trataba solamente de proteger de forma pacífica a los árboles”, dijo el representante de Greenpeace.
zonafranca.mx/silencio-vecinos-activistas-se-manifiestan-ante-talas-arboles-leon/
Ante la ?#?LeyAtenco? el Digno Fuego se posiciona.
Ante la aprobación de la llamada #LeyAtenco las personas, pueblos y organizaciones que conformamos el Fuego de la Digna Resistencia, manifestamos lo siguiente:
Denunciamos la opacidad con que se condujo el Congreso Local del Estado de México. Ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley sino hasta el momento de su aprobación, previo a las vacaciones de semana santa. Esta iniciativa se mantuvo en secreto para aspirar, ingenuamente, a que nadie haga nada para hacer contrapeso a dicha ley.
Queda claro que esta absurda ley tiene como objetivo reprimir impunemente a las personas, pueblos y organizaciones que desde el Estado de México defendemos la tierra, el territorio, los bienes naturales como el agua y los bosques, la autonomía indígena y los derechos humanos en general ante las reformas estructurales y los megaproyectos. Sin embargo, también debe quedar claro que somos nosotras y nosotros quienes, además de seguir defendiendo lo que de por sí defendemos, echaremos atrás estos ataques autoritarios y represivos.
Hemos solicitado al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero un estudio pormenorizado de la ?#?Ley? Atenco para un mejor entendimiento de sus alcances y la denuncia de lo que implica. Sabemos que si permitimos que pase una ley como ésta en el Estado de México sería permitir su instauración en todo el país.
Nos vamos a consulta y discusión interna en nuestros espacios de decisión, pero desde este momento anunciamos que será el LUNES 28 DE MARZO DE 2016 cuando haremos público nuestro posicionamiento integral, así como las acciones legales, políticas y sociales que habremos de realizar en próximas fechas. Por ello solicitamos a los medios de comunicación y a los medios libres y alternativos mantenerse al pendiente del lugar y hora de la conferencia de prensa que realizaremos.
El Fuego de la Digna Resistencia
Twitter: @DignoFuego Facebook: Fuego de la Digna Resistencia
E-mail: elfuegodeladignaresistencia @gmail.com
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – Atenco
Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec A. C.
Alianza Única del Valle
Apaxco Comunidades por la Vida
Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica
Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan
Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Ayotuxco
Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales A. C.
Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa – CNTE
Sistema de Agua Potable de Tecámac A. C.
Temascalapa
Vecinos Unidos del Poniente
www.centrodemedioslibres.org/2016/03/23/pronunciamiento-contra-la-nueva-ley-atenco/
Salvador García Soto
Bautizada por sus opositores como la “Ley Atenco”, en alusión a los desalojos violentos en San Salvador Atenco en 2005 (cuando el presidente Enrique Peña Nieto era gobernador), el Congreso local del Estado de México aprobó la semana pasada una polémica ley, propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, que regula el uso de la fuerza en las policías estatales y municipales y establece en qué casos estos cuerpos policiacos pueden y deben intervenir para disolver una manifestación, bajo dos criterios que no están lo suficientemente claros ni explícitos en la nueva legislación: cuando consideren que la protesta es “ilegal”, y dos cuando altere “la paz y el orden público”.
Aunque extrañamente diputados de oposición, particularmente del PAN y el PRD, votaron a favor de la polémica legislación junto con la mayoría del PRI-PVEM, y sólo se dio el voto en contra de los diputados de Morena, el nuevo ordenamiento enfrenta duras críticas y el rechazo de grupos y organizaciones sociales que la ven como una amenaza a los derechos constitucionales de libre manifestación y libre expresión, pues en su capítulo III, titulado “De las Reglas para mantener la paz y el orden público”, la ley de Eruviel Ávila faculta a los “elementos”, entendidos como los cuerpos policiacos, “a emplear la fuerza para restablecer el orden público y la paz social”.
Y la pregunta que surge es ¿quién o cómo se define qué es el orden público y la paz social? Porque en la llamada “Ley Atenco” —que algunos comparan con la fallida “Ley Bala” del gobernador poblano Rafael Moreno Valle— no se establece claramente cuáles son las condiciones que se deben dar para que un jefe policiaco, sea estatal o municipal, determine en qué momento una protesta social se torna ilegal y pone en peligro “la paz y el orden público”.
Apenas hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de declarar “inconstitucional” por mayoría de sus miembros, el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México) que castigaba con cárcel el delito de “ultrajes a la autoridad”, al mismo tiempo que facultaba el uso de la fuerza en el supuesto de que se cometiera ese delito en una manifestación pública. Aunque hubo diferentes criterios, en su ponencia el ministro José Ramón Cossío consideró que ese artículo vulneraba el derecho constitucional de libre expresión y manifestación por la “taxatividad” con que estaba definido el presunto delito, al no explicar claramente cuándo y de qué manera se definía y cometía el “ultraje a la autoridad”. Eso fue suficiente para la declaración de inconstitucionalidad.
Algo similar ocurre con la “Ley Atenco” de Eruviel Ávila. Al no definir con claridad en qué momento una manifestación pública se torna “ilegal” y altera “el orden y la paz públicas” deja a la discrecionalidad de autoridades policiacas —que además son obligadas por la misma ley a intervenir mediante el uso de la fuerza so pena de ser castigadas o inhabilitadas— el definir la presunta comisión de un delito vulnerando no sólo principios de la Constitución federal, como la libre manifestación y expresión, sino el principio de presunción de inocencia. Eso y otras medidas cuestionadas en dicha ley, como la que permite el uso de armas de fuego a las policías “en caso de amenaza de muerte y en defensa propia y de terceros”, ha hecho que ya se anuncien acciones y demandas de inconstitucionalidad en contra de la legislación recientemente aprobada en el Estado de México.
“¿Restablecer el orden público?, ¿Cuál orden público? El que particularmente entiende el gobernador, el que suponen el procurador o el secretario de Seguridad o el jefe de Granaderos, el comandante de brigada o incluso todo policía armado?”, cuestiona en un artículo publicado en su página de internet Jesús Ortega, ex presidente nacional del PRD, quien refiere lo peligroso de la ambigüedad de “concepciones morales, políticas o ideológicas” del orden público. “¿Cuál es la concepción del orden público del gobernador Eruviel Ávila y los diputados del Estado de México?, pregunta el ex senador perredista quien también fustiga a los diputados de su partido que aprobaron esa ley y los acusa de “bipolaridad política”.
En la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación está pendiente la discusión y votación de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 362 del Código Penal del DF que también castiga con cárcel el “ataque a la paz pública”; en una de esas la Corte se adelanta y con su fallo sienta un precedente que dejará mal parado a Eruviel Ávila y su cuestionada “Ley Atenco”.
23/03/16. Levantan huelga en UAQ; no se presentaron autoridades universitarias
Quadratín
22/03/16. Junta de Conciliación y Arbitraje resuelve levantamiento de la huelga en la UAQ
AM Querétaro
18/03/16. Exige STEUAQ modificaciones a propuesta de la UAQ
AM Querétaro
15/03/16. Insistirá UAQ en declarar inexistente la huelga; preparan amparo
Quadratín
15/03/16. Descuentos de cuotas a nómina, punto medular de inconformidad
Plaza de Armas
14/03/16. Conciliación y arbitraje declara validez de huelga en la UAQ
AM Querétaro
11/03/16. No se presenta la UAQ a reunión convocada por la autoridad laboral
AM Querétaro
04/03/16. Estalla la huelga en la UAQ
Quadratín
03/03/16. Sindicato de UAQ vota por irse a huelga
Quadratín
24/10/15. Emplazará por “intransigencia” Sindicato de UAQ
Plaza de Armas
Proceso
Redacción
Cinco días después de haber sido liberada, la lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, viajó esta mañana a Estados Unidos para iniciar una campaña a favor de los presos políticos en México.
Destacó que en Seatle visitará la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington para demandar la libertad de nueve de sus compañeros (policías comunitarios) que aún se encuentran presos.
Entrevistada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Salgado expresó su confianza de que su liberación, luego de casi 31 meses de prisión, contribuya a la excarcelación de sus compañeros presos, debido a que ellos están acusados por los mismos delitos por los que a ella la absolvieron varios jueces que llevaban las causas penales.
Acompañada de sus hijas Ruby y Gris, la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá precisó que la Clínica Internacional de Derechos Humanos jugó un papel muy importante en su defensa, dado que la representó ante diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además de Seatle, Nestora Salgado visitará en los próximos días las ciudades estadunidenses de Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington.
“Pero pienso regresar pronto a Guerrero. Sigo siendo representante de la Policía Comunitaria y teniendo el cargo en la Coordinación Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), y también para mí sigo siendo comandanta”, advirtió.
El pasado viernes 18, después de 31 meses en prisión, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá lanzó su primer discurso en libertad, ante sus familiares, compañeros y decenas de integrantes de organizaciones sociales que acudieron al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh) a darle la bienvenida.
Visiblemente emocionada, Salgado García exigió al presidente Enrique Peña Nieto “respeto para la policía comunitaria y para los pueblos indígenas”, y le advirtió que estas organizaciones de autodefensa “no defienden delincuentes”.
Perfectamente maquillada, vestida con el uniforme reglamentario de quienes como corporaciones indígenas pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que operan en Guerrero –playera verde olivo, gorra y pantalón negros–, Salgado García anunció su regreso a Estados Unidos para atenderse una dolencia en el brazo izquierdo, secuela de un accidente automovilístico.
Sin embargo, aclaró que desde donde se encuentre respaldará las movilizaciones para liberar a “500 presos políticos”, entre ellos nueve policías comunitarios que se encuentran internos en Chilpancingo, acusados de secuestro por personas que fueron sometidas a un proceso de “reeducación”, de acuerdo con la justicia comunitaria indígena.
Además hizo un llamado al gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, para liberar a los nueve policías comunitarios presos en Chilpancingo y a respetar la Ley 701 de la entidad, que faculta a los pueblos indígenas a organizarse para defenderse y crear policías comunitarias.
Al sostener que su liberación se debe a que es inocente, y no a acuerdos políticos ni condicionamientos, recordó que hace un año rechazó un ofrecimiento de libertad a cambio de salir del país.
“Cuando a mí me condicionaron el año pasado para salir del país, no lo acepté, dije que soy inocente, y lo iba a demostrar y lo estoy demostrando, no salgo huyendo y no tengo por qué huir, tengo la cara bien en alto porque no me avergüenzo de nada”, dijo la dirigente indígena, quien cuenta con la ciudadanía estadunidense.
En su largo discurso, la dirigente de la CRAC se refirió a la “saña” con que fue tratada al haber estado 20 meses incomunicada, sin convivir con las presas, “sin un libro que leer”, por lo que para ella la cárcel significó estar “muerta en vida”.
Después de tanto tiempo silenciada, Nestora habló de todo, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, hechos ocurridos mientras estaba en prisión; de los abusos que presenció, donde “llevan al hospital a los presos con las vísceras destrozadas por los golpes de los carcelarios”; de la tragedia que viven a diario los pueblos indígenas en medio de la violencia del crimen organizado y los caciques; de la utilización que de los indígenas y campesinos hacen los políticos, “que hasta besos les dan cuando les piden su voto, y después no los quieren ver porque usan huaraches”; de la manipulación de los medios de comunicación, en específico de Televisa; del bullying y las tablets distribuidas por la Secretaría de Educación a los estudiantes, “que no les permiten a los niños socializar y luchar por su pueblo”.
Salgado García tuvo incluso palabras para la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien emprendió una férrea campaña por mantener presa a la comandanta indígena, y que ahora, tras su liberación, pretende entablar un juicio contra los jueces que fallaron a favor de Nestora.
“A la señora Miranda de Wallace que la perdone Dios, yo ya la perdoné”.
En su primer discurso, Nestora Salgado se posicionó como defensora de los pueblos indígenas y sostuvo que cuando le preguntaban qué le había ocurrido para que se lanzara en defensa de sus paisanos de Olinalá, tenía una respuesta contundente:
“Me tocaron el dolor de ver tanta injusticia, ver a señoras llorando por sus hijos destrozados, sin cabeza, sin piernas, o por sus hijos desaparecidos, por ver el dolor de las madres de los niños violados, y que nadie hace nada por ellos porque son indígenas, porque son pobres”, señaló.
Al convocar a los miembros de las organizaciones sociales que celebraban su liberación a movilizarse por los demás presos políticos, Salgado García hizo un llamado concreto al presidente Enrique Peña Nieto.
“Solamente quiero decirle al señor Peña Nieto que respete a nuestros pueblos y respete nuestra policía comunitaria, porque les hemos demostrado que el pueblo no defiende a delincuentes, le pido el apoyo para nuestros pueblos indígenas y que respete los derechos, que no siga permitiendo tanta injusticia”, apuntó.
No a Monterrey VI
Ángel Charles
Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey anunció ayer una nueva prórroga, ahora de nueve meses, al contrato de APP de Monterrey VI al asegurar que busca mantener viva la concesión de agua del proyecto mientras se define una alternativa.
Ésta es la segunda ocasión en que el Estado pide una prórroga al contrato, ya que en septiembre pasado -en el último mes de la Administración del Gobernador Rodrigo Medina- avaló una extensión de seis meses, que vence esta semana.
Enrique Torres, director de AyD, recalcó ayer que la extensión del contrato no significa que vayan a seguir con el polémico esquema original planteado por Medina, al que calificó de inviable.
“Estamos decidiendo prorrogarlo porque hoy no tenemos algo que proponerle al Gobierno federal como alternativa”, explicó Torres.
“Mientras no la tengamos”, dijo, “la única manera de mantener viva la concesión (del agua) es manteniendo vivo el proyecto y es a través del contrato”.
Medina buscaba que Monterrey VI trajera agua de la Cuenca del Río Pánuco y fuera financiado por una Asociación Público-Privada (APP) con un costo al erario de más de 60 mil millones de pesos durante 27 años.
Torres detalló que el Fondo de Agua Metropolitano, que preside Eugenio Clariond, en conjunto con AyD, está realizando los estudios y en mayo podría haber indicios de cuál es la mejor alternativa.
“Veremos si es necesario hacer otro contrato o modificar ése”, dijo.
“Lo ideal”, añadió, “es romper con toda la parte del escepticismo de la sociedad: que son las empresas involucradas”.
Además de su necesidad y costo, Monterrey VI fue criticado porque en el consorcio que ganó la obra están Grupo Higa y Pyecsa, señaladas como constructoras favoritas del Presidente Enrique Peña y de Medina, respectivamente.
El titular de AyD aseguró ayer que “es incierta” la cantidad que tendrían que pagar por cancelar el proyecto original porque dependen de las reclamaciones.
-En la transición se habló de 14 millones de pesos, pero ahora el Gobernador Jaime Rodríguez habla de 600 millones, se le cuestionó.
“Es lo que viene en la penalidad. Eso es lo escrito (los 14 millones de pesos)”, respondió Torres, “pero eso no contempla los posibles reclamos.
“(Las constructoras) hablan de inversiones grandes para poder llegar al punto donde están.
“Son estudios, compra de algunas cosas, pero no lo conozco, no lo sé”, añadió. “Ellos tendrán que demandarlo y comprobarlo”.
http://noamonterreyvi.com/2016/03/22/renueva-estado-prorroga-a-mty-vi-9-meses/
No a Monterrey VI
Perla Martínez
Representantes de organismos civiles acusaron ayer al Gobernador Jaime Rodríguez de estar jugando “chueco” con el proyecto Monterrey VI, que prometió cancelar en campaña.
Daniel Butruille, integrante de Ciudadanos Contra la Corrupción, señaló que el Mandatario no tiene el valor para decirle al Presidente Enrique Peña Nieto que el proyecto no se realizará.
“Está jugando de una manera indigna”, reclamó, “porque Monterrey VI fue uno de los grandes motivos por el cual la gente votó por él. Nos está engañando, está jugando chueco.
“El Gobernador no tiene la valentía de enfrentarse al Presidente Peña Nieto”, añadió, “y vamos a tener que ser nosotros, los nuevoleoneses, quienes nos enfrentemos a ese proyecto monstruoso. No tiene valor para decirle no a Peña Nieto”.
El jueves, Rodríguez afirmó que la cancelación de la obra implicaría un pago de 600 millones de pesos, cuando en la transición se había informado que el costo sería de 14 millones.
Butruille también cuestionó al Gobernador por anunciar que venderá el helicóptero Bell 412 del Estado y podría comprar un avión.
“Ha sido bocón”, criticó, “desde el principio dijo que iba a vender estos aviones, que él no iba a usarlos. ¿Quién le cree?”.
Malaquías Aguirre, presidente de Vertebra, exigió al Mandatario cumplir la promesa de cancelar el proyecto.
“Cambia cuando va a hablar con el Presidente”, remarcó, “algo se comprometió con él, pero el compromiso es con nosotros. Nosotros lo elegimos”.
Gilberto Marcos, presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas, coincidió en que debe analizarse la cancelación.
http://noamonterreyvi.com/2016/03/22/juega-chueco-el-bronco-con-monterrey-vi/
Por Isela Serrano
La Semarnat dio inicio formal al proceso de consulta pública del “Club Beach Petempich”, un proyecto ubicado en la Milla de Oro, promovido por el empresario James Robert Zambernardi Miner.
CANCÚN, QR.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio inicio formal al proceso de consulta pública del “Club Beach Petempich”, un proyecto ubicado en la Milla de Oro, promovido por el empresario James Robert Zambernardi Miner.
En esta consulta pública cualquier ciudadano podrá proponer medidas de prevención y mitigación al proyecto, cuyas obras consisten en un club de eventos sociales en la Unidad de Gestión Ambiental (27) denominada “Milla de Oro”.
El “Beach Club Petempich” operaría en los lotes rústicos 101-15 y 12-C, colindantes al Este con la Zona Federal Marítimo Terrestre, al Sur con el Hotel Royalton, al Norte con lote en breña y al oeste con lote en breña y servidumbre de paso.
Estos lotes se ubican a la altura del kilómetro 332+150 de la Carretera Federal 307, Chetumal-Puerto Juárez, en la zona conocida como “La Milla de Oro”, del municipio de Benito Juárez, antes perteneciente a la alcaldía de Puerto Morelos.
El capital requerido es de un millón 800 mil 90 pesos; generará 20 empleos temporales de albañilería y 60 durante la operación entre directos e indirectos; estará ubicado en una superficie de aprovechamiento de mil 124.12 metros cuadrados que corresponden al 9.37 por ciento del total del predio.
El promotor destaca que el proyecto encuadra dentro de la definición “Turismo convencional”; ya que este se trata de una modalidad de turismo masivo preferente de sol y playa, así como de eventos y hospedaje e instalaciones de alta calidad.
Debido a que dicho club no cumple con la distancia de 100 metros establecida en la norma, el promotor propuso un programa de compensación en beneficio de los humedales denominado: “Restauración y conservación del manglar”.
El club generará 20 impactos ambientales, de los cuales 12 serán negativos, 8 impactos positivos y tres de categoría baja o nula. Debido a que los ecosistemas más frágiles presentes como el humedal y la duna costera formarán parte de las áreas de conservación, “no habrá daños al medio ambiente”, afirma el promotor del proyecto.
La consulta pública de abrió a petición de un ciudadano, por lo que la Semarnat puso a disposición pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a través de dos canales: internet con la clave 23QR2016TD004, y en las oficinas de la dependencia ubicadas en la zona hotelera de Cancún.
El 17 de marzo, a través de la Gaceta Ecológica, la dependencia informó que desde el 11 de marzo puso a disposición del público la MIA. De conformidad con la Ley, los interesados en participar tendrán 20 días contados a partir de dicha disposición, por lo que, el plazo vencería el próximo 11 de abril.
lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/arranca-consulta-publica-para-milla-de-oro/19250
Por: Gerardo Talavera
Vicente Guerrero, Dgo.- El día martes, cientos de maestros marcharon por las principales calles de este municipio, en apoyo a los docentes detenidos por el Gobierno estatal, mismos que están presos en el cereso por exigir sus derechos, y estar en contra de la mal llamada Reforma Educativa, así lo dio a conocer Javier Beltrán, maestro de Vicente Guerrero.
Aseguró que el Gobierno sigue intimidando a compañeros docentes, y todo por estar en contra de la Reforma Educativa, “afortunadamente el pueblo ya está abriendo los ojos y ha estado defendiendo la causa de sus maestros, mismos que día a día se preparan y que educan al pueblo de México de la mejor manera, la negación de los docentes para presentar el examen es porque, con esto, lo que se pretende es separarlos de su labor educativa, además de la privatización de la educación, donde los padres de familia tendrán que pagar para tener derecho a que sus hijos reciban enseñanza, y eso no se vale porque la educación debe de ser laica y gratuita”, concluyó.
Diego Armando Rivera/AM Querétaro
A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que “este 22 de marzo, la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) de la Secretaría del Trabajo resolvió, a petición de parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), levantar la huelga en dicha institución en un plazo no mayor a 24 horas”.
El documento, enviado a las 20:45 horas, agrega que “conforme al artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, la JCA condena a ambas partes a revisar la resolución emitida este día y, en su caso, a que negocien y acuerden las condiciones del cumplimiento de las contraprestaciones de carácter laboral”.
Por lo anterior, el STEUAQ deberá entregar las instalaciones a la autoridad universitaria para que, de forma pacífica, se reanuden las actividades en la UAQ; consigna. Y concluye señalando “que el pasado 4 de marzo en punto de las 12 horas el STEUAQ estalló la huelga en la UAQ al no llegar a acuerdos con la autoridad universitaria. Después de varias reuniones conciliatorias, el STEUAQ pidió a la autoridad laboral revisar el contrato colectivo de trabajo, proceso del cual se emite la presente resolución”.
Ordenen levantar la huelga: STEUAQ
Previamente, en la página de Facebook del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ) fue subida una imagen y una publicación en la que se argumenta que la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió que ellos “ganaron” este proceso, por lo tanto, este miércoles a las 10 horas se reanudarán labores.
Primero, a las 19:21 horas, fue escrito un comentario en el que se leía textualmente.”se cita a todos los trabajadores para que estén a las 9.30 a.m. en su guardias correspondientes aunque no sea su turno, toda vez que el día de hoy (ayer) recibimos la notificación de Junta de Conciliación y Arbitraje en la que resuelve que el STEUAQ ganó el proceso de la huelga y donde ordena que mañana a las 10:00 a.m. se hará el levantamiento formal de la huelga y la entrega de las instalaciones a la autoridad administrativa de la U.A.Q. con la presencia del actuario”.
Veintrés minutos después fue publicada la foto de un documento expedido por la Secretaría del Trabajo, en el cual se lee que este miércoles a las 10 horas se reanudarán actividades en la máxima casa de estudios del estado.
En esta hoja no se da cuenta sobre las razones que dieron pie al levantamiento de la huelga que estalló el pasado 4 de marzo; aunque sí se aclara que derivó de un recurso presentado por la secretaria general del STEUAQ, Laura Leyva Saavedra, este mismo 22 de marzo de 2016.
El documento, fechado este mismo 22 de marzo señala que la Junta acordó comisionar “a los inspectores habilitados de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, a efecto de que se constituyan en todas las instalaciones de la fuente de trabajo Universidad Autónoma de Querétaro y tengan a bien llevar a cabo la reanudación de las labores, quienes deberán de levantar acta circunstanciada de dicha diligencia, la cual deberá agregarse en autos; señalando las diez hora del día 23 de marzo del 2016”.
El documento está firmado por el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Edgar Inzunza Ballesteros; el representante del Capital, Fernando González Álvarez; el representante del Trabajo, Brenda Torres Blas y lo hicieron ante el secretario general, Jesús Zúñiga González, quien dio fe.
Eugenia Macías Montemayor, León, Gto.
Alrededor de 30 personas, entre organizaciones civiles, vecinos y la ciudadanía en general se enfrentaron durante dos horas contra un aproximado de 50 policías municipales, quienes agredieron a golpes a los activistas.
León, Gto. Un abuso de autoridad fue la manera en la que activistas calificaron la intervención de la policía municipal durante la guardia que realizaron por la tala de árboles en el Blvd. Hidalgo para la 3era y 4ta etapa del SIT; donde al menos hubo dos detenidos y tres mujeres lesionadas, una de ellas con severos golpes.
La protesta se originó porque de acuerdo a los activistas, el municipio rompió pláticas con ellos para ver los acuerdos de las propuestas donde se buscaría no talar ningún árbol, o talar lo menos posible.
Fue el domingo en la madrugada cuando se percataron que inició la tala, por lo que decidieron este martes por la madrugada realizar guardias para evitar que más árboles fueran derrumbados.
Lee más en: Se endurece López Santillana: detienen a defensores de árboles en la madrugada
Alrededor de 30 personas, entre organizaciones civiles, vecinos y la ciudadanía en general se enfrentaron durante dos horas contra un aproximado de 50 policías municipales, quienes agredieron a golpes a los activistas.
“Fue un acto autoritario”, indicó Celia Garza, integrante de la asociación civil ‘Déjame plantado’.
Garza narra que ella vio cuando su compañera Gaby Arreola estaba abrazada a un árbol y entre 10 policías la jalaron, mientras ella pedía auxilio a Consuelo Hernández y fue entonces cuando se suscitaron golpes en el abdomen, inclusive la sofocaron.
Posteriormente que detuvieron a Gaby, la integrante de ‘Déjame plantado’ vio que su compañera Consuelo estaba rodada como de cinco policías hombres y dos mujeres, la quitaron del árbol y luego la llevaron a una zona oscura donde hubo una trifulca, en la cual le lastimaron el brazo y actualmente lo tiene inmovilizado.
Los detenidos fueron liberados después de unas horas, debido a que no hubo un argumento real para mantenerlos.
Presuntamente fueron 57 los árboles talados.
Denuncian ante la PGJE y la PDHEG
Por tales hechos, las activistas acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) y a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) para levantar una denuncia.
“Una compañera fue golpeada brutalmente, ahorita irá a que le sequen una placa, porque después de la denuncia en la procuraduría, el médico legista le recomendó sacarse una placa por la lesión que el policía le provocó”, aseguró Celia Garza.
De igual manera, manifestó que sus compañeras ya tienen miedo de lo que pueda suceder debido a que “fue una noche desgastante y de terror…ya no podemos llamar a una manifestación pacífica, porque las autoridades no garantizan nuestra seguridad”.
‘Pensamos que había diálogo’
“Nunca nos habíamos enfrentando a una situación donde la policía golpeara por estar abrazados a un árbol”, sentenció Celia.
Asimismo, señaló que la autoridad municipal rompió el diálogo el 15 de marzo, cuando ellos les manifestaron su inconformidad por el pliego petitorio.
También aseguró que al momento ningún funcionario público o político se ha acercado a ellos para apoyarlos.
zonafranca.mx/policia-fue-autoritaria-denuncian-activistas-tras-detencion-defensores-arboles/
22/03/16. Arranca consulta pública para “Milla de Oro”
Luces del Siglo
03/03/16. Piden no repetir Tajamar, en Milla de Oro
Luces del Siglo
07/12/15. “Es un error muy grande”: Advierten amenaza a ecosistemas casi vírgenes de manglar por proyectos turísticos en la ‘Milla de Oro’
Noticaribe
27/09/15. Van contra devastación en “Milla de Oro” en Puerto Morelos, Quintana Roo
Luces del Siglo
26/09/15. Arrasan para construir el proyecto “La Milla de Oro” en Quintana Roo
Por esto!
22/05/15. Bancomext financia 3,700 cuartos hoteleros en Quintana Roo
El Economista
24/02/15. La Milla de Oro recibirá apoyo del Bancomext
El Economista
Kau Sirenio Pioquinto, San Quintín, B.C.
En marzo de 2015, un inédito movimiento laboral en el Valle de San Quintín, Baja California, acaparó la atención sobre las condiciones en que viven miles de jornaleros. Pero cuando se apagaron los reflectores, la realidad regresó en toda su crudeza
Miles de jornaleros bloquearon la carretera Transpeninsular de Baja California, la principal ruta de comunicación en la península. Rostros morenos, la mayoría indígenas, que abandonaron canastos, cubetas y azadones para cambiarlo con un solo reclamo: un salario justo para el durísimo trabajo de jornalero agrícola.
El inédito movimiento de protesta que comenzó la madrugada del 17 de marzo de 2015 en el Valle de San Quintín, llamó la atención en México y otros países del mundo.
Las historias de abusos laborales, acoso sexual, jornadas extenuantes sin derecho a servicio médico, vacaciones o aguinaldos se colaron a las primeras planas y portales de medios mexicanos e internacionales.
Los líderes del movimiento jornalero viajaron a la ciudad de México, se reunieron con diputados y senadores, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con organizaciones sociales. A su regreso, realizaron una caminata de 20 kilómetros.
Pero nada fue suficiente para las autoridades que, ciegas y sordas a los reclamos, primero usaron la fuerza pública –en las protestas hubo más de 200 detenidos y un sinnúmero de heridos– y luego le apostaron al olvido.
“El gobierno federal nomás vino burlarse de nosotros. Le apostó al desgaste del movimiento. Las reuniones se fueron postergando, y hasta este momento se han negado incluso a contestar llamadas telefónicas”, dice Gloria Gracida Martínez, una de las mujeres que lideraron el paro.
Un año después, las condiciones de trabajo en los campos de las regiones agrícolas más productivas del país siguen muy parecidas a las que existían antes de la huelga. O peor, porque las empresas aumentaron el salario, pero también la carga de trabajo.
Por si fuera poco, ocurrió lo que algunos ven como un grave adelanto de lo que puede ocurrir en el futuro: el movimiento que paralizó las granjas y campos agrícolas del Valle se fracturó.
Ahora, dos sindicatos se disputan el contrato colectivo de trabajo; mientras la división se ahonda, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aprovecha el momento para quedarse con la afiliación de los nuevos trabajadores y las empresas promueven una campaña de comercio justo para certificar sus productos.
Un triunfo que no llegó a los campos
El pliego petitorio de los jornaleros era sencillo: incremento salarial a 200 pesos por jornadas de 8 horas; afiliación al seguro social; sindicato propio; aguinaldos, vacaciones, bonos, reparto de utilidades; cese al acoso sexual y al trabajo infantil.
Después de la primera mega marcha, el 10 de abril, en la que participaron más de 70,000 campesinos, las empresas concedieron un aumento de 15 por ciento al sueldo. Un triúnfo histórico para las luchas laborales en el país. Pero la victoria duró muy poco, porque una vez firmado el acuerdo, los empresarios aumentaron el trabajo de los campesinos.
En lugar de cosechar 45 botes de pepino por jornal, ahora deben reunir 60. En el caso de jitomate, la cuota subió de 35 cubetas a 50 y además los surcos que cada trabajador debe atender aumentaron de cuatro a seis.
“En el empaque la historia es la misma, ahora deben poner dos etiquetas manualmente a cada caja”, dice Lucila Hernández, otra de las mujeres que encabezaron las protestas.
Originaria de la mixteca oaxaqueña y con más de 20 años trabajando en los surcos, Lucila es una mujer pequeñita que habla con franqueza y no se atemoriza fácilmente. Además de luchar por los derechos laborales de los jornaleros, ella ha trabajado intensamente para abatir la violencia de género, que es un grave problema en la región.
Ahora, en medio de una jornada de trabajo, hace un recuento de las promesas incumplidas a los jornaleros. Una de ellas es la afiliación al Instituto Mexicano de Seguro Social.
“La gente sigue cotizando con 70 pesos (un sueldo menor al que reciben y que impacta directamente en la eventual jubilación). Las empresas sólo afilian a sus trabajadores por tres días, después se les da de baja. Los ranchos no quieren asumir su responsabilidad y el gobierno hace que no ve”, explica.
Otra de las demandas del movimiento fue que se sancionara a las empresas que violaron la ley, algo que se aplicó de manera irregular porque las empresas más grandes –y con más denuncias de violaciones– no fueron tocadas.
“La sorpresa que nos llevamos es que sancionaron al más pequeño productor: el que tiene una tablita de nopal, de cebolla, de calabaza, el que siembra para su familia, esos fueron los que más sufrieron”, dice la jornalera.
La política en contra de los pequeños productores arreció también en contra de los jornaleros. Los surcos se asignaron sólo a quienes no participaron en el movimiento, pero con la condición de trabajar más que antes.
A las transnacionales y empresas más grandes –Berrymex, Los Pinos, Santa Mónica, San Vicente Camalú, Racho Seco y San Marcos– no sólo no las sancionaron, sino que quedaron exentas de revisión en seguridad social, el agua, la salubridad.
Apuesta por el olvido
Gloria Gracida Martínez es una profesora mixteca que desde niña trabajó como jornalera en estos campos. Pero no se conformó con eso, se puso a estudiar, y hace unos años, consiguió una beca para estudiar en la universidad Iberoamericana una maestría en educación.
Ahora, forma parte del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas y celebra la existencia de las dos organizaciones gremiales que surgieron del movimiento jornalero, a pesar de sus diferencias.
“Es una de las victorias más grandes porque se forma desde los surcos, la gente que sale del campo y que dicen: ‘yo voy a representar a mi gente como si fuera yo mismo’, y eso nunca había existido, los sindicatos eran charros con compromisos con el gobierno y los empresarios. Para ellos el trabajador no importaba”, afirma la mujer.
Quizá por eso ahora los patrones –aunque no todos están de acuerdo– parecen buscar programas que beneficien a los jornaleros, como el llamado comercio justo, una iniciativa para mostrar a los compradores que los productos que adquieren no se obtuvieron con abusos laborales.
Pero también es una simulación, asegura Gloria. “Los maltratos continúan en los campos… El problema no es sencillo, porque la empresa está coludida con el gobierno”.
En el discurso oficial, el problema del Valle ya se arregló. El gobierno estatal echó a la basura más 200 denuncias anónimas hechas por las jornaleras en contra de los mayordomos por despidos injustificados y acoso sexual y mantuvo una estrategia de comunicación para desactivar al movimiento y al Sindicato; el subsecretario de gobernación Luis Enrique Miranda Nava y el propio gobernador palmeo a los líderes de la CTM en los campos.
El gobierno federal y los legisladores pronto se olvidaron de San Quintín. Apenas se apagaron los reflectores de la protesta, abandonaron a su suerte a estos jornaleros, que trabajan en condiciones de esclavitud.
Por su parte, los trabajadores crearon el Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros, Agrícolas y Similares, que fue admitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en un tiempo muy poco usual. Los problemas llegaron tan rápido como el registro y en menos de tres meses, renunciaron dos de sus principales líderes: Lucila Hernández y Justino Herrera Carbajal.
Poco después, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social –que dio origen al movimiento– formó el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, que en enero consiguió su registro.
Pero el Valle de San Quintín está muy lejos de los problemas del resto del país.
Las autoridades apuestan por el olvido. Y la división de los jornaleros es el pretexto perfecto del binomio empresarios-gobierno para acusarlos de “criminales” y aplicar, como hace un año, la mano dura.
El jueves 17, en el aniversario del paro, muchos jornaleros optaron por ir a trabajar como cualquier otro día. Otros, arrancaron una caravana de cuatro días hasta Tijuana para el encuentro de las dos Californias en la malla fronteriza. Los del Sindicato Nacional Independiente, encabezado ahora por Enrique Alatorre, se reunieron en un convivio con funcionarios del gobierno estatal.
A Lucila Hernández, quien dos días antes renunció a la cartera de Equidad en el Sindicato, no le queda de otra que hablar de la fractura: “Al gobierno le salió bien la jugada. No sabemos hasta dónde vamos a llegar ni qué más vamos a lograr”.
Pero no todo son malas noticias. “Hay algo que nos salva –dice Lucila– ahora la gente es más conscientes de sus derechos y empiezan a organizarse, eso sí cuenta mucho, porque antes era muy difícil generar una protesta en el Valle”.
Coincide Gloria Gracida, quien pone la mirada en el largo plazo: “Niños y jóvenes están creciendo con una mentalidad diferente, con palabras nuevas en su vocabulario: marcha, o protesta, huelga, derecho por ejemplo. Eso es algo muy importante”.
* * *
En las calles polvorientas del Valles de San Quintín –sólo una está pavimentada– se encuentra la realidad que niegan autoridades y empresarios: los servicios públicos como drenaje y abasto de agua siguen igual de deficientes, y el servicio médico tan ausente como hace un año.
El aumento de 15 por ciento al salario promedio no sirve porque la comida sigue tan cara como al inicio del movimiento: un guisado cuesta 75 pesos, el taco de carne se cotiza en 18 y los refrescos y agua embotellada a 10 pesos.
Para un jornalero que gana 150 pesos al día y que debe repartirlos en los gastos de su familia, el tiempo parece haberse detenido.
Su vida, simplemente, no ha cambiado.
http://piedepagina.mx/a-quien-le-importan-los-jornaleros-agricolas.php#.VvH2jnfbbrY.twitter
CIUDAD DE MEXICO, D.F. 21 de marzo del 2016.- La agrupación ambientalista Greenpeace señaló que el líder indígena tlahuica y defensor de los bosques mexicanos, Ildefonso Zamora, cumplió este 20 de marzo, cuatro meses en prisión, luego de que las autoridades del Estado de México le fabricaran cargos de robo, en represalia por sus actividades de denuncia en contra de taladores ilegales en el Gran Bosque de Agua.
La organización ecologista recordó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró cada 21 de marzo como una fecha para concientizar sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles.
“Desde Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro aprovechamos también este día para exigir justicia y la liberación de Don Ildefonso, quien desde 1998 ha combatido la tala ilegal en los bosques de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilán de Arteaga, Estado de México”, expresó.
“Don Ildefonso Zamora ha encabezado la lucha pacífica contra los taladores ilegales del Gran Bosque de Agua, abastecedor de tres cuartas partes del líquido que se consume en la Ciudad de México. En 2007, debido a su activismo en defensa de los bosques, los taladores ilegales asesinaron a su hijo Aldo Zamora e hirieron a su hermano Misael”, indicó.
“En ese mismo año, el entonces presidente Felipe Calderón entregó un reconocimiento a Don Ildefonso y los comuneros por su defensa del medio ambiente y prometió justicia por el asesinato de Aldo, una acción que nunca llegó. La labor de Don Ildefonso Zamora es indispensable en un país como México donde cada año se pierden 500 mil hectáreas de bosques, entre otras razones por incendios, tala, agricultura y por procesos de urbanización”, puntualizó.
Greenpeace mencionó que hoy la situación de Don Ildefonso es preocupante, debido a las constantes amenazas e intimidaciones que él y su familia han sufrido provenientes de diversas autoridades y taladores a lo largo de casi dos décadas de defensa de los bosques.
“Ildefonso padece diabetes y necesita un tratamiento especial. El año pasado, su hijo Misael fue secuestrado por elementos militares, una medida por la que el Centro Prodh y Greenpeace ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, agregó.
“También el año pasado, el 20 de noviembre, Ildefonso fue detenido arbitrariamente sin una orden de aprehensión por una acusación fabricada por el Ministerio Público de Tenancingo, además, ninguna autoridad le notificó que había una averiguación en su contra desde 2012”, abundó.
“Se trata de graves faltas al debido proceso y violaciones a los derechos humanos de Ildefonso Zamora. Ante esta situación, las organizaciones promovieron un amparo cuya resolución se encuentra a manos del juez Jacinto Martínez Santiago, quien deberá resolver con base en el análisis de las pruebas a su alcance y bajo una perspectiva integral de derechos humanos”, asentó.
Por otro lado, las organizaciones aseguraron que han movilizado a miles de personas en las redes sociales mediante la campaña #IldefonsoLibre y crearon una petición en línea que ya ha recabado casi 15 mil firmas para exigir al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, al procurador de justicia estatal, Alejandro Gómez, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal Sergio Medina desistirse de las falsas acusaciones contra Ildefonso Zamora, el defensor de los bosques.
Greenpeace y el CentroProdh cuentan con material audiovisual sobre los bosques de San Juan Atzingo y las zonas afectadas por talamontes, así como las áreas recuperadas gracias al trabajo de Don Ildefonso Zamora y los comuneros. Todas las fotos y videos de la campaña #IldefonsoLibre pueden ser descargados del siguiente enlace: https://drive.google.com/folderview?id=0B-FztwBmRXttY3RtRmVBTmJISE0&usp=sharing
paginabierta.mx/sitio/en-dia-de-los-bosques-ildefonso-zamora-cumple-4-meses-en-prision/
MORELIA, Mich., 21 de marzo de 2016.- En rueda de prensa la tarde de este lunes el Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán le pidió al Ejecutivo Estatal que respete su decisión de no firmar el Convenio de Mando Único.
María Elena Hurtado anunció que en asambleas comunales llegaron a la conclusión de no firmar el Mando Único, toda vez que su sistema de guardias comunitarias ha sido fructífera y coloca a Cherán entre los municipios más seguros de Michoacán, por lo que continuarán con su modelo de vigilancia implementado desde 2011 en ese municipio. Demandó al gobernador, Silvano Aureoles Conejo respetar su decisión, no tomar represalias en contra de su sistema de organización, pero ante todo no restringirles el recurso para continuar con su modelo, toda vez, que de no ser así se estaría violando el derecho humano de los ciudadanos a la seguridad pública.
Al cuestionarse a esa autoridad respecto a sí contaban o no con equipamiento y personal calificado para brindar seguridad a los ciudadanos declararon que desde 2011 no cuenta con equipo suficiente, no obstante, destacó que aún así se ha logrado mantener la paz en esa población, asimismo, que para salvaguardar la seguridad en la población se echa mano de personal de confianza y con reconocimiento entre la comunidad.
Respecto a la medida para afirmar que los índices de delincuencia han bajado, las autoridades precisaron que la satisfacción de la población y respaldo a este sistema de gobierno es una prueba de la estabilidad en la que se encuentran los cheranenses.
Cabe señalar que Pedro Chávez Sánchez, en entrevista para Quadratín, dijo que si bien no cuentan con estadísticas sobre la reducción del crimen, desde 2011 a la fecha no han habido delitos qué perseguir, ni cuentan con datos proporcionados por la autoridad estatal.
En última instancia se dijo en repetidas ocasiones que la determinación del Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán se encuentra respaldada por el reconocimiento como gobierno municipal que le otorga la Carta Magna, la Constitución de Michoacán y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
https://www.quadratin.com.mx/principal/Por-ningun-motivo-Cheran-se-adherira-al-Mando-Unico-Concejo/
10/03/16. Guardia Forestal, defensa del pulmón de la Ciudad de México
Desinformémonos
25/01/16. La Marina insiste en levantar un cuartel sobre las tierras que quitan la sed a la Ciudad de México
Desinformémonos
17/01/16. Crean en Xicomulco movimiento de resistencia contra la urbanización
La Jornada
21/12/15. Rechazan en Ciudad de México la construcción de cuartel de la Marina
Telesur
14/12/15. “Nuestra tierra no será cuartel”: Comuneros de Milpa Alta
Punto por punto
27/10/15. ALERTA DE COMUNEROS Y COMUNERAS DE LOS NUEVE PUEBLOS DE MILPA ALTA
REPRESENTACIÓN GENERAL DE BIENES COMUNALES DE MILPA ALTA Y PUEBLOS ANEXOS
Antonio Heras, Mexicali, BC
Maestros “liberados” protestaron en el monumento a Benito Juárez de Mexicali por el retraso del gobierno de Baja California en el pago de su finiquito y su jubilación.
Un grupo de 50 profesores y trabajadores de apoyo a la educación exigieron que concluya sus procedimientos para que puedan jubilarse ya que tienen con más de 30 años de cotizar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI), y aportar sus cuotas quincenales al Fondo de Pensiones.
Loa manifestantes pertenecen al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, una organización nacida en 2006 como una escisión del SNTE.
Diez años después, los agremiados en ambos sindicatos unieron sus causas ya que el gobierno panista de Francisco Vega mantiene a 3 mil 100 trabajadores en calidad de “liberados” para que proceda su jubilación una vez que cuente con recursos para pagar su finiquito y pasar la nómina al ISSSTECALI.
Existen registros que en este tiempo han muerto maestros “liberados” sin haber recibido el pago de prestaciones por ley o que han requerido dinero para afrontar enfermedades o urgencias personales pero que sólo cuentan con su salario quincenal, al ir le siguen descontando el fondo de pensiones.
En 2015, la administración estatal reconoció a este grupo de profesores el tiempo laborado que se requiere para su jubilación y los enlisto para proceder a su jubilación, previo el pago de un finiquito al que son beneficiarios por ley.
Tan solo el finiquito de estos trabajadores de la educación a pagar por el gobierno de Baja California asciende a mil 500 millones de pesos, según la dirigente de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo.
Aún así, el gobierno panista se encuentra imposibilitado financieramente porque tiene una deuda histórica de más de 3 mil millones de pesos con el ISSSTECALI por el incumplimiento de entrega de cuotas quincenales de trabajadores del fondo de pensiones y de las aportaciones como patrón del magisterio y de la burocracia.
La reforma educativa local de diciembre de 2014, que contó con el apoyo de todos los partidos políticos en la entidad, a excepción de PRD, y del propio SNTE eliminó la jubilación dinámica en el magisterio y fijó dos condiciones imprescindibles para la jubilación: al menos 30 años de cotización y 65 años de vida.
Los maestros “liberados” reciben sus salarios como si estuvieran frente a grupo o en actividades docentes, mientras que sus plazas son ocupadas por profesores “interinos” a los que les adeuda el gobierno estatal más de 200 millones de pesos.
Padres de familia y profesores se han manifestado desde principio del ciclo escolar por este incumplimiento de pago y desde febrero mantienen cerradas sus puertas alrededor de un centenar de planteles de educación básica, la mayoría de Tijuana.
La Sagarpa informó que se plantea establecer 100 mil hectáreas de palma de aceite en un plazo de seis años en Campeche, con una proyección de 50 mil hectáreas dedicadas a la producción de este cultivo al 2018.
En seguimiento a lo anunciado por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa, y como parte del Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste, se dio inicio formal a las acciones del Proyecto Estratégico de Palma de Aceite en el estado de Campeche.
En gira por la entidad, el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la SAGARPA, Ricardo Aguilar Castillo, indicó que este proyecto tiene como objetivo detonar la producción e industrialización de la palma de aceite, a través de esquemas de reconversión productiva para inducir la siembra de este cultivo en el Sur-Sureste del país
Detalló que la SAGARPA aportará 500 millones de pesos a través de incentivos directos en conceptos como tecnificación de riego, maquinaria y equipo, valor agregado, infraestructura y capacitación, más los incentivos relacionados con el servicio de garantías que respaldarán el crédito asociado al proyecto.
Subrayó que debido a la creciente demanda en el mercado internacional de palma de aceite, esta actividad agrícola se ha convertido en una excelente oportunidad de negocios para los productores del Sur-Sureste de nuestro país.
Puntualizó que la combinación del potencial productivo y la vocación de los palmicultores son elementos que garantizan el éxito de este proyecto, el cual será una importante fuente de ingresos en el estado al fomentar la creación de empleos y generar valor agregado a la producción primaria.
Aguilar Castillo enfatizó que este proyecto materializa uno de los objetivos planteados por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto de impulsar el desarrollo de la región Sur-Sureste, mediante una política integral que fortalezca los fundamentos de su economía, aumente su productividad y la vincule efectivamente con el resto del país.
En este sentido, la SAGARPA en coordinación con el ejecutivo estatal, empresarios y palmicultores, se enfocará en el establecimiento de 100 mil hectáreas en un plazo de 6 años y con una proyección de 50 mil hectáreas dedicadas a la producción de este cultivo de aquí al año 2018.
En México se cultivan 76 mil 318 hectáreas de palma de aceite en los estados de Chiapas (15%), Veracruz (12%), Tabasco (12%) y Campeche (18%).
Fuente: Sagarpa
http://imagenagropecuaria.com/2016/palma-de-aceite-en-campeche/
Diario Avanzada
Colima, México (21 de marzo de 2016).- Colima ocupa el tercer lugar nacional en desapariciones forzadas, así lo dio a conocer la PGR en respuesta a una solicitud de información.
De acuerdo a la información, la PGR tiene abiertos 38 expedientes por desaparición forzada de al menos 71 víctimas en 15 estados del país, entre ellos, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Colima.
El Estado de Veracruz es el que más casos registra con 18, seguido de Tamaulipas con 13 y Colima con 7, después se encuentra Baja California y Coahuila con seis casos respectivamente.
Los datos obtenidos en la solicitud de información, refiere que ninguno de los expedientes que tienen abiertos la PGR, es por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por la policía de Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 y hasta la fecha no han podido ser localizados.
El caso con más víctimas ocurrió en Colima, donde desaparecieron siete personas, seguido de Veracruz con seis, pero en ninguno de los dos expedientes se señala a alguna autoridad en particular.
Se considera el delito de desaparición forzada, cuando una autoridad cometió el hecho. En estos casos, los expedientes señalan como probables responsables a la secretaría de Marina, policías de los estados y el Ejército.
La Información que proporcionó la PGR corresponde desde 2012 y hasta febrero de 2016.
La nota del periódico el Mañana que publica la información puede consultarse en: http://www.elmanana.com/indagalapgrnexopoliciaco-3225237.html
Leopoldo Ramos
Saltillo, Coah.
En memoria de cientos de personas desaparecidas en Allende, Coahuila, durante la irrupción de Los Zetas el 18 de marzo de 2011, familiares colocaron flores frente al obelisco localizado en el principal acceso al municipio, y en Saltillo aparecieron pintas con frases alusivas a las víctimas.
“Más de 300 personas fueron asesinadas en Allende, Coahuila”, dice un grafiti en la caseta de vigilancia de un pozo municipal de agua en la colonia Oceanía Bulevares.
Autoridades de Allende, incluido el alcalde Luis Reynaldo Tapia Valadez, y habitantes de ese municipio del norte del estado, aseguran que más de 300 personas fueron secuestradas por sicarios. Aún se desconoce el paradero de la mayoría. Los vecinos de Allende están convencidos de que Los Zetas asesinaron a los secuestrados en ranchos del mismo municipio.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y vecinos, más de 100 pistoleros irrumpieron en Allende la madrugada del 18 de marzo para buscar a Héctor Moreno y Luisa Garza, con quienes el grupo criminal controlaba el tráfico de drogas de Piedras Negras a Estados Unidos, pero hubo una disputa entre ellos.
Los dos sujetos huyeron, pero los sicarios secuestraron y asesinaron a sus familiares, vecinos, ex empleados de casas y ranchos y a personas que se apellidaban como ellos o tuvieran algún parentesco o amistad.
Sin embargo, la PGJE sólo reconoce la desaparición de 28 personas en Allende.
21/03/16. Protestan en Mexicali maestros “liberados” para exigir su jubilación
La Jornada BC
03/02/16. Protestan maestros frente a palacio de Gobierno del Estado
La Jornada BC
25/04/15. Marchan en Mexicali más de 8 mil profesores; reclaman pagos
La Jornada
23/04/15. Estalla magisterio de BC; “todo o nada”, exigen maestros
La Jornada BC
Nelda Judith Anzar
Como un ejercicio de denuncia y memoria, a un año de la tala de más de 150 árboles en el bosque El Nixticuil por parte de la empresa inmobiliaria Spinelli Corporation, y con la complicidad que ante este ecocidio ha prevalecido en todas las instancias gubernamentales municipales, estatales y federales, el Comité en Defensa del Bosque El Nixticuil, emprenderá acciones legales y de resistencia comunitaria.
En un pronunciamiento, los afectados y vecinos del área natural protegida advierten que sus acciones de manifestación involucran a los barrios aledaños al bosque El Nixticuil con la finalidad de continuar exigiendo la cancelación definitiva del proyecto inmobiliario “Bosque Encantado”, mismo que ha implicado la tala de un número incontable de árboles en franca invasión del bosque.
Entre otras acciones, los inconformes efectuarán la proyección del corto “La guerra nos alcanzó” que documenta el proceso de devastación y resistencia en contra del despojo impulsado por Spinelli Corporation y el Gobierno de Zapopan en la administración priista que antecede a la actual, en fecha y lugar aún por definir.
por Violeta Meléndez
Un nuevo atentado inmobiliario contra el bosque La Primavera se cocina en el kilómetro 13.5 de la carretera a Nogales: se trata de un parque industrial de 16.8 hectáreas que incluye un hotel, así como negocios de venta de contenedores marítimos y hasta de cubículos rodantes.
Dicho proyecto está al límite de los planes parciales del Ayuntamiento de Zapopan, los cuales señalan que la zona donde está instalado tiene uso de suelo de conservación de áreas verdes. Justo ahí termina el área de influencia del documento, pues inicia La Primavera. El desarrollo de bodegas industriales se ubica sobre ambos territorios.
El primer proyecto es un parque industrial y en su página web indica que se dedicará al alquiler de bodegas industriales.
Al respecto, el director del bosque, Marciano Valtierra Azotla, mostró su postura: “Debemos evitar el estrangulamiento de la zona. Un área natural protegida que pudiera resultar en una isla definitivamente a largo plazo pierde su viabilidad; en esa lógica la intención es poder mantener estos corredores biológicos (sanos), que le den viabilidad a la reserva en el largo plazo”.
Por su parte, Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan, aseguró que la actual administración no otorgó los permisos para la obra y poco pueden hacer para frenarla.
“En la administración de Pablo Lemus no hemos autorizado absolutamente ningún permiso en la zona de influencia del área natural protegida, ni la otorgaremos. De los permisos que haya otorgado la administración pasada desafortunadamente son actos jurídicos que han surtido ya efectos, por lo tanto lo que a nosotros nos compete es garantizar que esas obras sigan las condicionantes establecidas”, explicó.
Parque industrial de 16.8 ha
Nuevos negocios ahorcan al bosque La Primavera
Sobre la carretera a Nogales se erigen obras que atentan contra el principio de conservación del área; Zapopan se deslinda y descarta detenerlas.
Un parque industrial de 16.8 hectáreas que incluye un hotel, así como negocios de venta de contenedores marítimos y hasta de cubículos rodantes son los nuevos desarrollos comerciales que se construyen al límite del polígono de protección del bosque La Primavera, sobre el kilómetro 13.5 de la carretera a Nogales.
El primer proyecto señala en su página web que se dedicará al alquiler de bodegas industriales desde 675 metros cuadrados para compañías pequeñas que busquen establecerse en Guadalajara; actualmente lleva un avance visible de sus bodegas, más no aún del hotel.
El desarrollo promete a sus futuros clientes una red contra incendios, capacidad para vehículos pesados, alta tensión, vialidades de concreto, drenaje y agua potable, clima agradable y ubicación próxima a Guadalajara; sin embargo, sus mismos planos muestran un impacto en la parte forestal correspondiente a La Primavera.
Dicho proyecto en proceso está también al límite de los planes parciales del Ayuntamiento de Zapopan, los cuales señalan que la zona donde está instalado tiene uso de suelo de conservación de áreas verdes. Justo ahí termina el área de influencia del documento, pues inicia La Primavera. El desarrollo de bodegas industriales se ubica sobre ambos territorios.
Sin embargo, no sólo se ha asentado este parque industrial contrariando los planes parciales y el principio de conservación del bosque, sino otros dos negocios: uno de venta de contenedores marítimos para importaciones y exportaciones, los cuales están apilados a sólo metros de la reserva ecológica, y otro de cubículos rodantes estilo americano, también exhibidos en el lugar.
Estos tres proyectos se ubican frente al Guadalajara Technology Park, donde actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está construyendo un paso a desnivel para acceder al parque industrial desde ambos sentidos de la carretera, y que dichos negocios han aprovechado como atractivo para sus clientes, a pesar de que violentan un territorio ecológicamente vulnerable.
Se comen al bosque
“Debemos evitar el estrangulamiento de la zona. Un área natural protegida que pudiera resultar en una isla definitivamente a largo plazo pierde su viabilidad, en esa lógica la intención es poder mantener estos corredores biológicos (sanos), que le den viabilidad a la reserva en el largo plazo”, dijo en entrevista el director del bosque La Primavera, Marciano Valtierra Azotla.
“Hay que trabajar instrumentos de planeación territorial a modo, que sean empáticos con los objetivos de conservación de la reserva como tal. Las zonas que son ambientalmente sensibles o frágiles hay que conservarlas en la medida en que forman parte de un continuum boscoso hacia el bosque”, agregó el directivo.
A decir del biólogo, La Primavera se está viendo severamente afectada por invasiones dentro y fuera del polígono de protección de flora y fauna, no sólo sobre la carretera a Nogales, sino en Tlajomulco y a lo largo de todos sus límites, lo cual urge a regular en los planes parciales. Tan sólo en asentamientos irregulares, afirma que se han consumido 90 hectáreas del bosque.
“En cuanto a estos negocios que comentas, están en el borde de la reserva como tal. Al final de cuentas es un proyecto que está fuera de la competencia nuestra, lo que sí buscamos es esa sinergia con los Municipios para que los usos de suelo sean compatibles con los objetivos de conservación del área”, añadió.
Zapopan se deslinda
Al tratarse de una serie de construcciones que están dentro del territorio de Zapopan, se le cuestionó sobre los permisos al director de Medio Ambiente municipal, Alfredo Martín Ochoa, quien desmarcó a la administración de Pablo Lemus Navarro de haberlos otorgado.
A decir del funcionario, los autores de las autorizaciones de construcción en esa área sensible debieron ser administraciones pasadas con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual debió ser la que oficializó el cambio de uso de suelo, previó.
“En la administración de Pablo Lemus no hemos autorizado absolutamente ningún permiso en la zona de influencia del área natural protegida, ni la otorgaremos. De los permisos que haya otorgado la administración pasada desafortunadamente son actos jurídicos que han surtido ya efectos, por lo tanto lo que a nosotros nos compete es garantizar que esas obras sigan las condicionantes establecidas”, dijo.
“Jurídicamente no podemos fijar nuevas especificaciones, no tiene un efecto retroactivo, lo que sí podemos hacer es imponer sanciones si se está violentando alguna norma municipal, estatal o federal, y dar vista a las autoridades competentes para que actúen”.
En cuanto a la modificación de planes parciales para evitar más invasiones en los alrededores del bosque, Martín Ochoa garantizó que las reservas ecológicas serán prioritarias en su reconfiguración.
Un pulmón cercenado
El bosque La Primavera es un núcleo biogeográfico que se caracteriza por tener diversidad biológica de toda la región, más sus propias especies. Además, cuenta con cuatro corredores biológicos que permiten que su flora y fauna se comuniquen y transiten hacia otras serranías.
Sin embargo, uno de ellos fue gravemente fragmentado por la carretera a Nogales, y aunque pudiera recuperarse medianamente con pasos de fauna, entre otras acciones, no ha habido autoridad que los inicie; además, los desarrollos inmobiliarios complican esta labor.
Otro corredor biológico que conecta La Primavera con Cerro Viejo, en Tlajomulco, es cortado por el macrolibramiento, que sí contempla pasos de fauna, pero del cual se ha negado otorgar información, pues sigue sin concretarse.
Pérdida
– Tan sólo los asentamientos humanos irregulares dentro del polígono de protección de La Primavera han consumido 90 hectáreas de bosque, declaró el director del área, Marciano Valtierra Azotla, lo cual atribuye a una mala gestión del territorio municipal
Somos el medio
Funcionarios públicos son los principales agresores
Eduardo Blas Covarrubias
CDMX, 20 marzo 2016.- Medios, Impunidad, Estado, Democracia y Opacidad (M.I.E.D.O.) son las palabras que describen el contexto actual de la seguridad para ejercer el periodismo en México. El pasado 17 de marzo, la organización defensora de la libertad de expresión y derechos humanos; Artículo 19, presentó su informe anual de violencia contra la prensa 2015, el cual registró un total de 397 casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas, destacando como principales agresores a funcionarios públicos con 165 casos en contraste de los 35 casos perpetrados por el crimen organizado.
Estadísticas proporcionadas por la organización apuntan que desde 2009, 2015 es el año más violento para ejercer el periodismo con un crecimiento de 21.8% con respecto al año anterior donde se registraron 326 casos, apuntando que año con año la violencia en este contexto va a en alza.
Geográficamente las cinco entidades con mayor número de agresiones en nuestro país encabezan la lista Veracruz y la Ciudad de México con 67 agresiones cada una, destacando el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa quien se autoexilió en la capital para mayor “seguridad”, sin embargo fue asesinado junto con 4 personas más quedando el delito impune hasta la actualidad. Les preceden el estado de Guerrero con 56 agresiones, Puebla con 38 y Oaxaca con 35. Estas entidades tienen algunas problemáticas en común que hoy día aquejan el territorio nacional: pobreza, represión, despojo de tierras y corrupción.
“Por primera vez, los medios digitales fueron los más agredidos, con 32 agresiones, sobre los impresos (periódicos y revistas), con 18”. Las agresiones durante 2015 también cambiaron de “blanco principal”, de las 397 agresiones registradas por Artículo 19; los medios digitales fueron los más vulnerables a este contexto con 154 de los casos, precedido por 118 agresiones a medios impresos, 61 agresiones a radio, 24 a televisión, 9 a representantes freelance y 8 a medios de otro tipo. Puebla concentra el 30 por ciento de ataques cibernéticos en el país registrados de 2009 a 2015.
El año pasado las agresiones en contra de los medios se registraron en dos contextos: las elecciones de junio de 2015, con 40 agresiones, y las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
“Las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas aquellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual y colectivamente), para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obligan a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de las víctimas, familiares amigos en cualquier relación laboral o emocional”.
La violencia de género dentro del gremio periodístico se hizo presente en 2015, registrando un total de 84 agresiones de las cuales 27 fueron ataques físicos, 23 amenazas, 17 casos de hostigamiento y acoso, 7 casos de privación de la libertad, 6 de intimidación y 4 de intrusión no autorizada. Del total de agresiones a mujeres periodistas, como principal agresor destacan funcionarios públicos con 30 casos. 2015 es el año con el mayor número de agresiones a mujeres periodistas desde 2009.
Durante este informe, Darío Ramírez; director de Artículo 19 para México y Centro América, anunció el cese de su labor al frente del organismo luego de una trayectoria de 10 años.
http://www.somoselmedio.org/article/incremento-de-violencia-contra-la-prensa-en-2015-art-19
En caso de que la dependencia federal requiera el pago del ISR de los trabajadores, mediante un embargo, UV volverá a “mostrar el músculo”
Xalapa, Ver.- Ante la posibilidad de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pueda requerir el pago correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores de la Universidad Veracruzana (UV), mediante un embargo a la institución, la integrante del Comité en Defensa de la UV, Mayra Ledesma Arronte, señaló que la comunidad “pararía todo el estado”. Entrevistada sobre el adeudo de casi mil millones de pesos que el SAT no ha recibido desde 2014 por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la académica confió en que no se llegue hasta un embargo de los bienes de la UV, pero aseguró que si así fuera volverían a “mostrar el músculo” de la Universidad para evitar tales acciones. En ese sentido, aseguró que como trabajadores de la UV ya cumplieron con el pago de sus impuestos, a través del descuento vía nómina que se les hace mes con mes, pero que el problema es que el Gobierno del estado retiene el recurso para hacer el depósito al SAT y esto no se ha hecho, por lo que consideró que el responsable real de la falta de pago al SAT es la Sefiplan. “La responsable es Sefiplan y esa es una muestra más del desaseo que tienen con respecto a las finanzas públicas (…) Es evidente que a la Universidad no le pueden hacer nada, porque ya dimos una demostración de fuerza; si se atreven a embargarnos algo, paramos el estado. No va a llegar a esa situación, pero alguien tiene que responder”. Más aún, dijo que el problema es que la deuda del Gobierno del estado con la UV sigue creciendo mes con mes, y se necesita que pague y avanzar en las demandas que interpuso la Rectora, que haya resultados, castigo a los responsables, no solamente con la cárcel. Ledesma Arronte abundó que es evidente el desfalco en todo el estado, y que hay una crisis de derechos humanos que se refleja en los “levantones”, desapariciones, secuestros y feminicidios, lo que significa en un desastre para el estado. Por ello, aseguró que la cárcel no es suficiente para los culpables del saqueo de los recursos en el estado, sino que las autoridades sigan el dinero, que se incauten bienes, se sigan cuentas de banco, para recuperar una parte de todo lo que han robado. Por otra parte, cuestionada en torno al anuncio del Consejo Universitario en torno a que habrá “veda” en cuanto a la demostración de exigencia de pago en marchas y manifestaciones durante el proceso electoral, Ledesa Arronte consideró que esto únicamente se suscribe a nivel de la autoridad, pero no de la comunidad universitaria. “No hay sentido en que no podamos expresarnos públicamente en defensa de la Universidad Veracruzana; entiendo que el Consejo Universitario no va a convocar a una marcha o manifestación, pero eso no significa que la comunidad no sigamos manifestándonos y realizando acciones. Es el momento de realizar toda una serie de acciones porque lo que queremos es que pague (…) lo que nos urge es que el Gobernador pague, eso es lo que tenemos que presionar y para esto tenemos que movilizarnos porque es evidente que no le creemos, ha dicho muchas mentiras. Como comunidad no le creemos”.
Por
Hamlet Alcántara
Tijuana, a 20 de marzo.- La empresa Discroll’s busca esclavos no trabajadores, aseguró el dirigente del Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo Rodríguez, al llegar al Faro de Playas de Tijuana, luego de cuatro días de una caminata de protesta que realizaron desde San Quintin.
El dirigente explicó que la marcha se realizó en conmemoración del aniversario del levantamiento de jornaleros en el Valle de San Quintin, que se registró el 17 de marzo del 2015.
Lorenzo Rodríguez señaló que desde entonces a la fecha las condiciones siguen siendo las mismas, ya que algunos ranchos continúan pagando hasta 130 pesos por jornadas de trabajo de 12 horas, ello a pesar de la firma de los acuerdos con el gobierno.
El dirigente sindical aseguró que por eso se mantienen en pie de lucha impulsando el boicot comercial internacional en contra de la empresa exportadora de fresas de San Quintin Driscoll’s.
Lorenzo Rodríguez destacó también que en este boicot participan organizaciones y sindicatos de Estados Unidos para presionar a empresas trasnacionales como Walmart y Costco, para que no distribuyan estas fresas conseguidas con la explotación de los jornaleros.
Explicó que está empresa aunque paga 180 pesos, mantiene jornadas de 12 horas diarias, seis días a la semana y si por algún motivo un trabajador falta le descuentan 30 pesos diarios durante una semana.
Por su parte, el dirigente de los jornaleros, Fidel Sánchez, dijo que “Driscoll’s está acabando con la humanidad, por que se está llevando el agua”.
Los jornaleros también tuvieron un encuentro con organismos y sindicatos americanos que llegaron por la playa y dialogaron a través de la malla divisoria hasta donde llegaron representantes de 53 organizaciones de ese país, que no pudieron acercarse a la malla por la presencia de elementos de la patrulla fronteriza que lo impidieron.
Sin embargo, instantes después dirigentes americanos se acercaron unos momentos a la malla escoltados por agentes migratorios y el mítin se trasladó al parque binacional.
http://jornadabc.mx/tijuana/20-03-2016/driscolls-busca-esclavos-no-trabajadores-jornaleros
Edgar Rosas/ Revolución Tres Punto Cero
Ante el alto número de casos de mujeres y niñas desaparecidas en el estado de Tlaxcala -muchos de ellos que podrían estar ligados a las redes de trata- el próximo lunes 21 de marzo, la titular de la Procuraduría General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez, comparecerá ante el Congreso del estado para que rinda cuentas por el fenómeno. No obstante, el jueves 17 de marzo, los diputados tlaxcaltecas modificaron el acuerdo inicial, y la reunión con la procuradora se hará a puerta cerrada.
Ante este hecho, diversas organizaciones de la sociedad civil repudiaron la decisión, y consideraron que forma parte de la simulación que existe en el estado de Tlaxcala. Señalaron que el avance que representaba el llamar a comparecer a una servidora pública quedó truncado con esta decisión de los legisladores.
Al respecto, Karla Michel Sala, abogada integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, apuntó que de mantener esta postura, se perdería una oportunidad para que la funcionario rinda cuentas y explique el porqué ha avanzado tanto el fenómeno y sobre todo, la actuación omisa de la dependencia a su cargo.
Cabe recordar que la comparecencia de la procuradora se detonó luego del caso de desaparición de la niña de once años, Karla Romero Tezmol, en donde la PGJ de la entidad a más de 60 días no tiene líneas de investigación, de manera tardía aplicó protocolos de búsqueda y se ha negado a abrir una averiguación previa a pesar de los indicios que la menor puede ser víctima de trata.
“El 3 de marzo, el pleno del Congreso decide adoptar un punto de acuerdo a través del cual se solicita la comparecencia de la procuradora. En la legislatura es la segunda vez que se aprueba un punto de acuerdo con estas características.
“Este era un hecho histórico porque permitía un ejercicio democrático de rendición de cuentas, no sólo para el caso de Karla Romero Tezmol, sino para todos los casos de desaparición de Tlaxcala, que como se sabe es una de las violaciones graves a DDHH que se están presentando en la entidad, dicho por la propia ONU que tiene a Tlaxcala identificado como la capital de la trata”, dijo.
En lo referente, la abogada señaló que esta oportunidad para “sentar a la procuradora a que informe cual es el estado que guarda cada una de las investigaciones se ha perdido con la decisión que tomó la Junta de Gobierno y de Concertación Política”, en donde “decide que en la reunión sólo estarán los diputados, sin medios de comunicación, sin OSC, sin familias, es decir no vamos a enterarnos exactamente que van a discutir y cuál es la información que le van a solicitar a la procuradora”.
De mantener esta actitud, dijo Salas, se está tirando por la borda la posibilidad de que las familias puedan conocer de voz de la procuradora cuáles son los motivos que han llevado a que “de forma sistemática la PGJ se niegue a iniciar averiguaciones previas y que por tanto no se investigue”.
Asimismo, la jurista señaló que esta actitud forma parte de una política de simulación que se ha dejado ver en el estado. Dijo que el hecho “es preocupante en términos de acceso a la justicia para las familias y el derecho a conocer que está ocurriendo en Tlaxcala con estas desapariciones, que pueden estar vinculadas a las redes de trata, que operan desde hace varias décadas”.
Ante este panorama, el aboga David Peña, integrante del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que este viernes 17 de marzo, se entregó al Congreso del Estado una misiva firmada por 100 organizaciones nacionales en donde se pide a los legisladores cambiar el acuerdo y permitir que la comparecencia sea abierta al público.
Enfatizó que resulta importante que la comparecencia sea abierta como una medida de rendición de cuentas, sobre todo ante el contexto de desapariciones y trata de mujeres y niñas que se vive en Tlaxcala y el llamado corredor de la trata formado por varios municipios, entre ellos San Pablo del Monte.
“Si no tenemos una respuesta y una modificación del acuerdo, lo que vamos a hacer es una comparecencia pública a las afueras del Congreso, en donde les expresamos a los diputados la verdadera situación de las desapariciones en Tlaxcala.”
El jurista reiteró que este hecho es parte de una simulación. No obstante, dijo, si continúa la decisión se realizará a la 9:00 horas el acto afuera del recinto de los diputados.
“Decimos que es un acto de simulación adentro del Congreso, pero si no hay cambio en donde se nos permita participar, nosotros daremos nuestra competencia a las afueras, en donde señalemos la problemática, la forma en que opera las redes de trata para contrarrestar y presentarles a los diputados la otra realidad sobre la desaparición de niñas y mujeres”, dijo.
Por último, la abogada Miriam Pascual, integrante de la Red Retoño -que ha acompañado el caso de Karla Romero Tezmol- llamó a los diputados a rectificar. Manifestó que el la situación es grave, sobre todo por la actuación de las autoridades. Recordó que el caso de Karla Romero, que han acompañado desde el mes de enero, demuestra la omisión de las PGJ para dar seguimiento a este tipo de casos.
“Siendo Tlaxcala un estado con una cifra alarmante de desapariciones de mujeres, y niñas, solicitamos que el Congreso llamara a comparecer a la procuradora del Estado para que diera explicación por estas irregularidades, que explicara porque en Tlaxcala las redes de trata trabajan con tanta facilidad”, concluyó.
Vecinos de la colonia Lomas Altas de la ciudad de Sabinas están luchando contra la explotación de un tajo a cielo abierto, concesión que posee el primer regidor Alvaro Jaime Arellano, debido a que se encuentra a menos de 150 metros de distancia de la zona habitacional.
Guillermo Barbosa, vecino afectado con las obras, informó que el área habitacional regular tiene 20 años de antigüedad y consta de 51 casas habitación, mismas que corren el riesgo de daño ante la explotación que se ha intentado hacer del tajo de carbón.
En entrevista, el ciudadano de Sabinas señaló que han sido tres las ocasiones que Protección Civil Municipal acude a clausurar el sitio, sin embargo, éste es reabierto por la compañía encargada de la explotación, EPSA, ante lo cual los vecinos bloquean las actividades.
La última ocasión que la actividad en este tajo fue detenida por clausura de Protección Civil fue el pasado lunes cuando a las 7:00 horas habitantes de Lomas Altas acudieron a bloquear la actividad que había sido retomada en el sitio.
“Las primeras casas de la colonia las entregaron en 1996, pero aquí vino un representante del gobierno del estado hace un mes diciendo que nosotros estábamos mal diciendo que ahí es área de extracción no de vivienda, nada más que ellos hablan lo que ellos quieren, es una colonia regular que paga predial, los créditos se otorgaron mediante INFONAVIT”, comentó el vecino.
Los habitantes han establecido comunicación con Jaime Arellano para solicitar que el punto de explotación se recorra para evitar afectaciones a las viviendas, sin embargo, hasta ahora no han logrado que esto suceda.
Ante ello, los vecinos de Lomas Altas mantienen su postura de no permitir la explotación mientras no se haga a no menos de 350 metros alejados del área de viviendas.
Según comentó Guillermo Barbosa, hasta ahora el Gobierno del Estado a través del subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Ramos Sánchez, ha acudido de manera personal a solicitar las firmas de los habitantes que están a favor de la explotación del tajo, sin embargo, la mayoría de ellos se mantienen en la postura de no permitir las labores.
“Serán como 15 nada más las que han firmado y algunos me han dicho que lo hicieron nada más para que ya no estuvieran yendo a su casa, el funcionario tiene viniendo como desde hace un mes”, indicó. (RAQUEL PEÑA/INFONOR)
http://elheraldodesaltillo.mx/2016/03/19/se-oponen-a-explotacion-de-tajo-por-riesgo-para-viviendas
*Con velas, vestidos de blanco y un ataúd
Por Martha Casas
Durango, Dgo.
La cita fue las 18:00 horas en el jardín de San Antonio de esta ciudad, ahí empezaron a reunirse los marchantes, algunos maestros, padres de familia y hasta niños, salieron minutos después de las 19:00 horas con destino a la plaza de Armas en protesta de la represión del estado en contra del magisterio, cuando los docentes solo han defendido sus derechos, el emblema de la marcha fue un ataúd en símbolo de la muerte al derecho de expresión.
La plática previa a la marcha entre los grupitos de maestros, era homogénea, los dos detenidos, el abuso, la indignación por la acción autoritaria, en tanto que llegó Nobel Galván y algunos maestros que encabezarían el movimiento, se reunieron algunos 400 que portaban pancartas y cartulinas. Llamó la atención un pequeño de algunos siete años de edad, cuyo letrero que cargaba en sus manos decía, “libertad para mi maestro Ramiro”. En otros se leía el apoyo de los padres de familia hacia el magisterio en contra de la mal llamada Reforma Educativa.
De esa manera ya reunidos a las 19:15 aproximadamente comenzaron a caminar, algunos de los marchantes se taparon la boca con mordazas con leyendas de “silencio obligado”, otros se colocaron cubre-bocas azules y avanzaron en silencio, conforme lo hacían, la noche iba cayendo, favoreciendo el uso de algunas velas.
El emblema en la marcha fueron cuatro mujeres con capuchas como de monjes, que cargaban un ataúd blanco con una cruz roja, al llegar a la plaza de Armas, lo colocaron junto con veladoras en el piso, al frente una cartulina blanca con la leyenda “Durango mató el derecho de expresión”.
El movimiento silencioso duró poco más de una hora y hay que resaltar que no se observó ninguno de los personajes que han representado al MUD en anteriores manifestaciones.
MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2016.- El vocero de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), Alejandro Toledo, aseguró que analizan la posibilidad de manifestarse durante el periodo de Semana Santa, próximo a iniciar.
A través de una entrevista telefónica refirió que dicho amago es por la negativa e incumplimiento de parte de la autoridad para cubrir los pagos por becas alimenticias que desde septiembre de 2015 no se cubren puntualmente.
“Estamos considerando que el periodo vacacional no va a ser para todas las Normales, vamos a intentar sacar ese recurso porque si no nos están pagando las becas retrasadas y ahora que ya se juntaron, ¿quién nos garantiza que van a llegar?”. Indicó que ha habido acuerdos con la autoridad estatal para que los pagos comiencen a llegar, pero no ven interés por atenderlos.
“Sería todo septiembre, octubre, noviembre y medio de diciembre, desde entonces la parte burocrática y legal ha estado trabajando en coordinación con la administración en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), sin embargo deben beca federal, no llegan completas”.
Aseguró que se han registrado intentos por cubrir el pago pero no han sido fructuosos, además de que se suman los recursos de manutención que deben llegar a las Normales de la entidad pero no han llegado, como parte del Programa Escuelas al 100.
“Según vienen más recursos y no tenemos el monto específico pero parece que son 24 millones repartidos entre las ocho Normales, pero vemos que es la misma cuestión cuando vemos lo de Ayotzinapa, que se le otorgaba cierto recurso y no llega”. Son más de 5 mil pesos por alumno, refieren.
El vocero estudiantil mencionó que conforme pasan los meses la cifra se dispara más, pues además de los meses de 2015 se suman enero y febrero de 2016, montos que aún no se saldan con las escuelas normalistas.
“Entre más va pasando el tiempo en el caso de las becas federales es donde más le vemos problemas, pues en diciembre debió entregarse la primera y ahorita deberíamos estar cobrando la beca federal, es decir que ya nos deben cinco meses de becas federales, y es un monto incrementado, a cada alumno de las ocho normales y del CAM (Centro de Actualización del Magisterio) se les adeudan 5 mil 334 pesos a partir de estos momentos”.
https://www.quadratin.com.mx/principal/Amagan-normalistas-movilizarse-vacaciones/
MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2016.- A través de una carta, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció una campaña de criminalización en contra de algunos de sus integrantes y asesores, por lo que exigieron se frenen estas agresiones.
A continuación el texto íntegro del documento:
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, movimiento indígena estatal conformado por las comunidades originarias de Santa Fe de la Laguna, Naranja de Tapia, Caltzontzin, Pichátaro, Zirahuén, Sevina, Capácuaro, Tiríndaro, Turícuaro, Urapicho, Angahuan, Uricho, Pamatácuaro, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Cuanajo, Comachuén, Cocucho, San Felipe de los Herreros, Sicuicho, Cherato, Cheratillo, Oruscato, 18 de Marzo, Apo del Rosario, San Lorenzo, Comunidades del Sur, Tacuro, Corupo, Nuevo Zirosto y Ostula, declaramos lo siguiente:
a)Los pueblos originarios de Michoacán mantienen una larga historia de resistencia y lucha por hacer respetar sus derechos. En tiempos contemporáneos, la lucha de nuestras comunidades ha sido por los derechos constitucionales de libre determinación y autonomía, bajo este marco. Queremos denunciar que se ha emprendido una campaña de criminalización de nuestros compañeros, pues recordemos que, en noviembre del 2015, fue detenido arbitrariamente el comunero de Santa Fe de la Laguna, Nicolás Bautista Ramírez, mismo que posteriormente, gracias a la movilización social, fue liberado y absuelto de los cargos que injustamente se le imputaban.
b)En este contexto, el domingo 13 de marzo del presente año, a las 17:00 horas, el comunero Rigoberto Francisco Reyes de 35 años de edad y Jorge Luis Jacobo Francisco de 11 años, ambos de la comunidad indígena de Cocucho, fueron agredidos por elementos de la Fuerza Rural de Charapan en terrenos de la propia comunidad de Cocucho, lo anterior en represalia, porque la comunidad exige la entrega y administración del presupuesto directo y la conformación de un gobierno comunal. Actualmente, el menor se encuentra en situación médica grave. Ante ello se puso la denuncia correspondiente y una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas
c)Por otro lado, nuestro asesor, el historiador Pavel Uliánov Guzmán, ha recibido diversas llamadas telefónicas donde ha sido amenazado en su integridad física, por asesorar a nuestras comunidades.
d)Por lo anterior, demandamos cesen los actos de represión y hostigamiento, y se brinde una justicia pronta y expedita a nuestros compañeros agredidos con arma de fuego, de lo contrario, hacemos responsable al Gobierno del Estado de Michoacán y al Gobierno Municipal de Charapan de cualquier situación que pudiera presentarse. La larga resistencia de los pueblos originarios de Michoacán continua.
¡Juchári Uinápekua!
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Acusa-Consejo-Indigena-campana-criminalizacion-comuneros/
Carlos Ramírez/EL MEXICANO
Ciudad Juárez,Chihuahua.-La abogada Susana Prieto Terrazas insiste en señalar los contubernios y corrupción de empresarios maquiladores con el gobierno con el propósito de afectar a los trabajadores, que reciben sueldos míseros y pésimas condiciones laborales, por eso es que continúan en huelga cuatro empresas manufactureras, dos de ellas representadas por Prieto Terrazas.
Lamentó que los directivos de las empresas maquiladoras se han hecho de grandes fortunas luego de recibir bonos económicos que merecen los obreros, en supuesto contubernio con funcionarios de gobierno.
Señaló que existe una problemática terrible en la maquila, que tiene a los obreros con salarios indignos, en relación con la sobreexplotación de que son objeto, hostigamiento laboral, malos tratos, acoso sexual, robo de vacaciones, entre otras actitudes negativas, así como la lucha por la mejora de sus condiciones de trabajo, es muy problemática y sacrificada, debido a las amenazas de que son objeto los obreros, de llegar a incorporarse, por ejemplo a los movimientos para la constitución y registro de sindicatos independientes, indicó.
Dentro de su poco conocimiento de las leyes laborales, los empleados de maquila se repliegan, conformándose, como siempre, para no salir al frío, para no mortificarse con la lucha, o por un terror que le tienen a los empleados de recursos humanos; refiere que en ocasiones la ignorancia del obrero, lo hace presa fácil del hostigamiento y represión, máxime cuando por su baja escolaridad, son monitoreados en la lista negra de las maquilas, para que no vuelvan a conseguir trabajo en otra parte, y con el acceso que el gobierno confirió a la industria para que verifiquen computacionalmente, con una clave, si los trabajadores despedidos tienen entabladas demandas en contra de sus verdugos.
Advirtió que los obreros están llegando a su límite al no percibir dinero suficiente para sostener a sus familias, se ve la represión de los movimientos en su esplendor, dijo.
Han llevado a cabo reuniones los “detentadores” de las empresas y sus títeres, los políticos del estado, para decidir, no cómo mejorar la problemática de los obreros, “eso les importa madre!”, sino como aplastar a los representantes legales de aquéllos, refirió.
Califica a unos y otros, directivos de maquila y funcionarios de gobierno, como “estos mal perros”, dicen ahora, que la lucha será contra los abogados de los trabajadores, que cerrarán la cartera; Bien, que la cierren, pero antes, que dejen todo lo que les han robado y les siguen robando, tanto a los trabajadores, como a los propios gringos. Agrega que los gerentes aztecas regresen las “mochadas” que les exigen semanal y mensualmente a los concesionarios y proveedores de la maquila, que abran la caja de pandora, “los dizque moralistas”.
Exigió que cese la explotación, los robos, los hostigamientos, los abusos. Que les entreguen a los trabajadores de Eaton Bussman, el dinero de los intereses bancarios que les robaron del fondo de ahorro y sus ahorros voluntarios.
Insiste en que vengan los gringos a investigar a dónde fueron a para los intereses de más de 15 millones de pesos en el último año, y que al 9 por ciento anual, que es el interés legal anual, les generó una utilidad de un millón trescientos cincuenta mil pesos que no han regresado a los obreros.
Advirtió que continuarán en pie de lucha, no se dejarán, exclamó.
Señaló que a pesar de que vayan contra los abogados defensores, la lucha seguirá; en otros países no interviene de tal manera para afectar los intereses de los trabajadores.
Convocó a los ciudadanos a que se sume a la lucha por un salario digno en Ciudad Juárez. No permitamos que el gobierno y el sector empresarial, representado por quienes ni siquiera son los dueños de la maquilas, que intimidan a los obreros locales.
Hizo un último llamado, “juarense, acércate, los trabajadores nos necesitan más que nunca, deja tu egoísmo, ayuda a los más desprotegidos”.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas que avala el uso de la Fuerza Pública durante manifestaciones públicas.
La también llamada “Ley Atenco”, fue avala ayer en lo general por la mayoría de los legisladores mexiquenses, y con el voto en contra de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien argumentó que esta legislación avala el uso excesivo de la fuerza en el Estado de México, y que incluso, ésta es mucho más grave que la “Ley Bala”, que fue aprobada en Puebla y revocada luego de la muerte de un menor durante un desalojo violento en el municipio de Chalchihuapan en 2014.
El artículo 8 de la legislación aprobada ayer por el Congreso del Estado de México, faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.
Esta legislación busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.
La “Ley Atenco” permite también el uso de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.
Previamente, el Diputado local por Morena, Marco Antonio Ramírez, denunció, en un video subido a sus redes sociales, que la Ley promovida por el Gobernador Eruviel Ávila “no protege a los ciudadanos, ni conduce a la impartición de justicia, es una ley que criminaliza la protesta social al regular el uso de la fuerza del Estado”.
“Es una Ley que busca legítimar futuros Atencos”, alertó.
Por su parte, el también legislador mexiquense de Morena, Vladimir Hernández, explicó que el artículo 12 de esta Ley plante “que se podrá usar la fuerza cuando haya una resistencia pasiva, es decir, cuando la persona no obedezca las órdenes directas de un elemento de la fuerza policial aunque no esté dañando a nadie. Esto implica que una manifestación que esté haciendo uso de la resistencia civil pacífica puede ser califica como desobediente y entonces reprimirla”.
Hernández Villegas recordó que lo sucedido en Atenco en 2006, cuando la represión de la policía contra los pobladores de esa comunidad que oponían la construcción del Nuevo Aeropuerto en sus tierras, dejó dos personas muertas, más de 200 detenidos y decenas de heridos, fue responsabilidad del entonces Gobernador Enrique Peña Nieto.
Ahora, acusó el legislador, el artículo 16 de esta legislación detalla que “la determinación de hacer uso de la fuerza en el caso de asambleas manifestaciones o reuniones violentas será tomada por el mando responsable del operativo bajo su más estricta responsabilidad, con esto el actual Gobernador Eruviel Ávila no sólo rehuye al juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir las leyes, sino que transfiere a los mandos operativos toda la responsabilidad de una eventual represión […] así él se lava las manos”.
Los legisladores acusaron que los artículos 22 y 23 de esta Ley, que permiten el uso de la fuerza para cumplir con las determinaciones emitidas por autoridades judiciales, ministeriales y administrativas que “parecen un traje hecho a la medida a casos como Xochicuautla, el Aeropuerto, o cualquier otra obra que pretendan realizar, cuenten o no con el respaldo de la comunidad”.
Durante la sesión del día de ayer, los legisladores presentaron en la tribuna del Congreso local sus razones por las que rechazaron la Ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México, entre ellas, dijeron, debido a que reprime y viola los derechos humanos de los ciudadanos. Además protestaron con carteles en contra de la “Ley Atenco”.
Los legisladores de Morena también advirtieron que solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que impulse una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación. E incluso a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).
CANCÚN, MX.- Con el apoyo de los padres de familia, y con unos 15 niños tomando clases sobre una banqueta, el profesor Julio César Tzec, uno de los 25 maestros que no presentaron el examen de evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y quien fuera despedido, continúa con su trabajo docente afuera de la escuela “Víctor Hugo Bolaños Martínez” de la Región 224, en Cancún.
Luego de que las protestas de los padres de familia efectuadas en días recientes no tuvieran éxito, esta mañana el profesor, quien ha sido uno de los principales opositores a la Reforma Educativa en Quintana Roo, instaló mesas y sillas en la banqueta para que sus alumnos continuaran sus clases, lo que fue apoyado por la mayoría de padres de familia.
Al sitio, en el fraccionamiento Los Héroes, llegó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública con seis elementos fuertemente armados, para hostilizar e intimidar al maestro y padres de familia que se encuentran en el lugar. (NoticaribeNews)
noticaribenews.blogspot.mx/2016/03/maestro-despedido-por-no-presentarse.html
Los paterfamilias exigieron con pancartas que se mantenga en sus puestos a los docentes.
Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Padres de familia de la escuela primaria ‘Maestro Mexicano’, ubicada en la colonia Ejido de Playa del Carmen, se manifestaron ayer por el despido de una maestra que se encuentra a medio embarazo, debido a que no participó en la convocatoria de la Evaluación Docente.
Durante el pasado jueves fueron dos planteles educativos del nivel básico en donde se registraron inconformidades con mantas y pancartas afuera de las instalaciones educativas con el objetivo de protestar en contra del despido de los 12 maestros que en el municipio de Solidaridad se negaron a presentar dicho examen de la Reforma Educativa.
“Para empezar es injusto e inhumano que le quiten su trabajo cuando está embarazada, además de que se nos hace que solo es el capricho políticos estos de la dichosa evaluación. Deberían de ver su trabajo de años, varias generaciones han salido de aquí agradecidos con el trato y vocación de la maestra Ligia Magaña” afirmó Rosalinda Hurtado, madre de uno de los alumnos del 2° ‘A’.
El otro caso se dio alrededor de las 8:15 de la mañana en el jardín de niños ‘Tenochtitlán’, mismo que se ubica en la esquina de la avenida 11 Sur con 130 del mismo Ejido, en donde fueron dos maestras las que recibieron notificación de su baja apenas la noche del pasado miércoles.
“Yo tengo a mi hijo con retraso de desarrollo; entonces, cuando yo entre a este plantel, la maestra me brindo toda la oportunidad, todo el apoyo para mi hijo. Es decir mi hijo tiene un gran avance. Cuando viene otra maestra, lamentablemente no veo yo un avance. Yo no veo ese empeño por la educación de mi hijo. En cambio para mí la maestra Angélica es lo mejor”, externó Clara Cruz Sánchez, jefa de familia de la colonia Bellavista.
“Mi hija estudió su kínder con la maestra María Angélica Chi Rivas y mi hijo también llevan un avance muy alto. La maestra le ha echado muchas ganas tiene una formación académica y que pues de la noche a la mañana, la cesen de su cargo por cosas del magisterio”, señaló Gabriela Chan, madre de familia que afirma conocer a la profesora desde hace siete años.
Además, directivos de dichos planteles y supervisores de zona también manifestaron su extrañamiento ya que la baja fue notificada durante la noche anterior y en la mañana solo llegó una de las dos suplentes que debían ocupar los salones afectados.
“Aquí tenemos a dos docentes afectadas; Miriam Arely Burgos Pech y Angélica María Chi Rivas, excelentes maestras en mi opinión. Desafortunadamente, esto es parte de este dichoso proceso de la bendita Reforma Educativa y en este caso, la situación que están viendo, pues fue parte de los padres de familia. Las dos maestras tienen mucha trayectoria. Maestras que ya tienen arraigo en su plantel y aquí en la misma comunidad y que realmente han destacado por su labor”, reconoció María Antonia López Hernández, directora del Jardín de Niños Tenochtitlán.
Pasadas las 6:30 de la tarde los maestros, padres, madres y sus hijos se reunieron en la esquina de la Quinta Avenida con avenida Constituyentes para realizar un mitin y volanteo informativo sobre las irregularidades que consideran se están llevando a cabo en los despidos de maestros.
FRONTERA, COAH.- En el ejido de Pozuelos de Arriba se instalará una empresa española que generará energía solar, la cual viene a construirse con una inversión de 90 millones de dólares en 270 hectáreas y generar 15 empleos directos.
Ayer durante una reunión que presidieron los ingenieros Milton Ruiz y Édgar Aguirre, así como el director de Obras Públicas del Municipio Ricardo Góngora Ramírez se dio a conocer al alcalde, Amador Moreno López, regidores y síndicos el proyecto de dicha empresa que sería el más grande en este país.
Ahí se dijo que durante su etapa de construcción que tardará de ocho a diez meses se generarán de 60 a 100 fuentes de empleo, posteriormente una vez que ya esté construida se contrarían alrededor de 10 a 15 personas que trabajarán dentro de la industria, la cual se localizará a 8 kilómetros del Libramiento Carlos Salinas de Gortari.
Esto como parte de la Reforma Energética y el compromiso contraído en la Cumbre Mundial del Cambio Climático de apoyar la generación de energía limpia.
Dicha ley obligará a los municipios en el 2018 a consumir más energía limpia y dar garantías de que se reduzca el consumo de energía eléctrica a un 10 ó 15 por ciento.
La empresa española tiene tres células en México, y la cuarta que está por construirse en Frontera será el proyecto más ambiciosos y más grande en el país, pues el terreno que ocupará es de 270 hectáreas y se invertirán 90 millones de dólares.
El munícipe dio a conocer que están en la mejor disposición de colaborar con los propietarios de la industria, así como expedirles los permisos de usos de suelo y licencias de funcionamiento pues el objetivo es que Frontera siga teniendo mayor desarrollo y nuevas fuentes de empleo.
http://laprensademonclova.com/portal/2016/03/18/instalaran-en-frontera-campo-de-energia-solar
Ciudad de México, México.- En la investigación de la desaparición y muerte del activista y periodista independiente, Moisés Sánchez Cerezo, existen siete incongruencias por parte de la autoridad estatal de Veracruz encargada del caso.
En el informe 2015 recién publicado por Artículo 19, se detalla un recuento del acoso que vivió Moisés
Sánchez Cerezo, su cobertura periodística y las denuncias de inseguridad en el municipio de Medellín, en Veracruz.
A consideración de Artículo 19, representante legal de Jorge Sánchez Ordoñez, hijo de Moisés Sánchez, y su familia, las autoridades federales y estatales que han investigado el asesinato han incurrido en una serie de incongruencias que han impedido el esclarecer los hechos, proceder penalmente a los responsables y garantizar la seguridad a los familiares de Moisés.
Dentro de las incongruencias se exhibe la pasividad mostrada por la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para investigar las violaciones cometidas.
En segundo punto, la reducción injustificada de seguridad para la familia de Moisés por parte de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP).
En tercer punto, el no citar a declarar a los testigos claves que podrían identificar a las personas que privaron de su libertad a Moisés, como también, pasar por alto no hacer un análisis de las posibles llamadas telefónicas realizadas desde el celular de Moisés antes y después de que se le privara su libertad, así como la geolocalización.
En quinto punto, no contar con los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad ubicadas en el trayecto que siguieron los delincuentes tras la privación de la libertad de Moisés.
En los dos puntos restantes; la duplicidad de actuaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), al entorpecer y prolongar las investigaciones y que la FEADLE se niegue a ejercer a ejercer su facultad de atracción, desacreditando la labor informativa del periodista como móvil del crimen.
En tanto, el abogado de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, afirmó que lo consumado en un año de investigación no ha logrado esclarecer la causa del homicidio y no existe justicia para los deudos de la víctima.
“Es por eso que debe tenerse en cuenta que las acusaciones contra los dos funcionarios que recibieron amparos no se han diluido. Por el contrario, el Ministerio Público tiene la posibilidad de integrar y aportar mayores pruebas para confirmar el nexo entre el ejercicio periodístico de Moisés, su desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la autoría de los crímenes por parte de las autoridades”.
Por Yadira Llaven Anzures
La fundación estadounidense Living Water, ligada a las trasnacionales Femsa y Chevron, instaló un nuevo tanque de almacenamiento en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Cuyoaco, sin consultar a la población de origen indígena, informó el comisariado ejidal de Ocotepec, Oswaldo Villegas.
La autoridad, quien además es la cabeza visible del movimiento ciudadano para la Defensa del Agua y otros Recursos Naturales de Ocotepec, Puebla y Pueblos Unidos, dijo que ya mantienen un acercamiento con los pobladores de La Gloria para sumar esfuerzos y enfrentar social y legalmente la privatización del agua en sus comunidades.
En entrevista, el comisariado ejidal señaló que en La Gloria se operó de la misma forma que en Ocotepec, se construyó la obra y luego se confirmó la concesión del servicio del suministro de agua la fundación religiosa.
Sin embargo, señaló que en el caso de La Gloria las autoridades municipales de Cuyoaco ocultan información sobre el tema, al negarse los lugareños el derecho a estar informados.
Cerca de ahí, en la junta auxiliar de Morelos, en el municipio de Libres, también existe el temor de que un pozo comunitario pueda ser concesionado para Living Water, ya que el ayuntamiento se niega a renovar el contrato a la comunidad que tiene su posesión.
En ese sentido, Villegas advirtió que los pueblos de la Sierra Nororiente de Puebla están creando un frente común para frenar el despojo no solo de los recursos naturales sino de la misma tierra.
De paso anunció que el movimiento ciudadano de Ocotepec prepara una marcha en la capital poblana para el próximo 22 de marzo, a propósito del Día Mundial del agua.
Esto con el fin de exigir la cancelación del convenio pactado entre Living Water y las autoridades municipales de Ocotepec que se niegan a rescindir.
También –adelantó– se demandará la cancelación de las denuncias penales en contra de por lo menos 20 opositores al proyecto hidráulico en cuestión.
El declarante denunció que el pasado 10 de febrero, durante el segundo informe de labores de la alcalde Macaria Hernández Rodríguez, el diputado priista Lorenzo Rivera declaró a la población que el agua de Ocotepec no se va a vender y que no nos preocupemos, ya que solo se va a concesionar.
Sobre el tema, el comisariado ejidal aclaró que concesionar y privatizar es lo mismo, pues tiene como fin último que una empresa esté a cargo de la administración del bien público.
Living Water tiene 139 proyectos en Puebla
A pesar del rechazo de las comunidades, la fundación Living Water se expande a cerca de 377 proyectos vinculados al agua potable en México, de los cuales 40 por ciento –139– están asentados en Puebla.
En importancia, le sigue 118 proyectos entre el Istmo de Tehuantepec y la costa de Chiapas; 95 en el centro y norte de Tamaulipas; 79 proyectos entre los límites de Veracruz y Tamaulipas, y 53 entre Reynosa y Texas.
Así se puede apreciar en los documentos que la organización internacional ha publicado en internet http://www.water.cc/ourwork
Los proyectos importantes para Living Water en Puebla se encuentran en Valsequillo, San José Balvanera, Teteles, Tejaluca y La Trinidad, así como en Tecali de Herrera.
El documento “The well, Living Water International’s 2013 Annual Review”, que registra las actividades de esa organización religiosa en el mundo, puede también ser consultado en internet, consigna que estableció con la Fundación Coca Cola Femsa el programa “Lazos de Agua en México”.
Esto con el fin de aportar 1.55 millones de 3.9 millones de pesos para obras en Puebla, que se extenderán a los estados de Oaxaca y Chiapas.
El 13 de diciembre de 2013 el Congreso de Puebla aprobó las modificaciones a la Ley Estatal de Aguas para permitir el ingreso de empresas mexicanas y consorcios trasnacionales en 25 municipios en una primera etapa. De éstos, San Pedro Cholula y San Miguel Xoxtla han rechazado la imposición.
* Son acusados de motín y privación de la libertad por tomar oficinas estatales
* Admite la fiscal que han cateado 5 viviendas y que hay 20 órdenes de aprehensión contra docentes
Dos maestros de Durango que se han manifestado contra la evaluación de desempeño docente que promueve la reforma educativa federal fueron detenidos ayer en la mañana por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), horas después de que protestaran afuera del Centro Cultural Bicentenario, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su sexto informe.
Ramiro Ramírez y Joel Díaz Bueno están acusados de motín y privación de la libertad. El primero fue abordado por funcionarios de la FGE afuera de la primaria Bruno Martínez cuando se encontraba con alumnos y padres de familia. El segundo fue aprehendido al manejar su auto de regreso a casa.
La noche del miércoles y del jueves algunos maestros, que pidieron el anonimato, denunciaron que hubo al menos cinco cateos en casas de docentes. Una de las esposas de los maestros dijo: “Me amenazaron cuando no encontraron a mi marido, me dijeron que si no decía dónde estaba me lo iban a regresar muerto”.
La fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, informó que a los maestros detenidos se les acusa de privación de la libertad y motín, luego de que tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Durango, no dejaron salir al personal de esa dependencia, bloquearon calles y dañaron vehículos en días pasados.
Mencionó que por estos delitos alcanzan una pena de cárcel entre seis meses y siete años; reconoció que fueron cinco las viviendas cateadas y que existen 20 órdenes de aprehensión contra el mismo número de docentes.
Dirigentes de las secciones 22 de Oaxaca y siete de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron en Juchitán, Oaxaca, con la finalidad de coordinar acciones para el paro nacional contra la reforma educativa.
En Guadalajara, Jalisco; Culiacán, Sinaloa, y Chilpancingo, Guerrero, maestros de diversas organizaciones gremiales pararon labores o protestaron afuera de las secretarías de educación estatales, para apoyar a los mentores que fueron separados de su cargo y que no presentaron la evaluación.
(J. Santos, S. Ocampo, H. Briseño, M. Navarro, J. Valdez, J. Carlos G. Partida, D. Manzo y S. Maldonado)
En apoyo a los maestros que la SEP pretende dar de baja en este ciclo
En El Salto fueron ocho las escuelas en donde los padres de familia cerraron los planteles en apoyo a los docentes que quieren ser despedidos por no presentar el examen de evaluación educativa.
De acuerdo con lo señalado por los padres de familia, fueron los mismos alumnos quienes les pidieron su apoyo para defender a los docentes que, afirman, son de los mejores maestros que se tienen en la ciudad de El Salto.
Un padre de familia que solicitó el anonimato comentó que las escuelas que durante el jueves se suspendieron las clases son la Escuela Secundaria Técnica número 3, la Colosio, la Democrática, las telesecundarias Mesa del Tecnológico, la San Francisco y las escuelas primarias Benito Juárez, La Colorada y la Blanca.
ESTE VIERNES HABRÁ MÁS CIERRES
Sin embargo, para este viernes se espera que el número de escuelas que suspendan clases se eleve considerablemente y que podría registrarse un paro total de escuelas de nivel básico en la ciudad de El Salto.
“Aunque no lo crean, son nuestros hijos los que nos están pidiendo la ayuda por sus maestros y claro que los vamos a apoyar, no vamos a permitir que los quieran correr por no asistir a un examen de evaluación”, agregó.
Incluso, el padre de familia denunció que el secretario de Educación a nivel federal, Aurelio Nuño, está violando la Constitución porque ninguna ley es retroactiva y a los maestros les están aplicando una reforma que solo se debería aplicar a los que sean contratados de septiembre de 2013 a la fecha.
LES ESTÁN ROBANDO LA QUINCENA
Además, puntualizó que si no les quieren pagar la quincena ya trabajada, entonces se trata de un robo a maestros cometido por el mismo Aurelio Nuño.
El docente reiteró que, en El Salto, la sociedad defenderá a sus maestros de cualquier abuso por parte de las autoridades educativas o policiacas, como ya se actuó en Durango contra algunos docentes.
Viernes
Para este viernes los mismos padres de familia estiman que se sumarán muchas más escuelas a este paro de labores que están haciendo los padres de familia porque así lo pidieron los alumnos.
Paro
Durante la mañana del jueves en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, fueron tres primarias, tres secundarias y dos telesecundarias en donde los padres de familia pararon las labores educativas.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/650746.en-el-salto-cerraron-padres-8-escuelas.html
Proceso
CUAUTLA, Mor. (apro).- El relleno sanitario de Cuautla que el gobernador Graco Ramírez ofreció al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como alternativa ante el cierre de los basureros del Estado de México por la contingencia ambiental, incumple la norma ambiental federal y ha generado problemas a los habitantes y al entorno, por lo que este viernes hubo una protesta en el ayuntamiento de esta ciudad.
Se trata del depósito concesionado La Perseverancia, ubicado en este municipio, mismo que durante 48 horas recibió dos mil toneladas diarias de desechos sólidos de los capitalinos.
Larisa de Orbe, directora de la organización civil Acción Ecológica, advirtió que el sitio no cuenta con la capacidad para resistir más del doble de lo que a diario recibe.
En entrevista, recordó que ese sitio de disposición final de desechos ha estado en emergencia ambiental en varios momentos, debido al mal manejo que ha ocasionado derrame de lixiviados a las barrancas y al río Cuautla, además de múltiples incendios. Todo esto, dijo, ha afectado invariablemente la salud de los habitantes de los alrededores y a lo largo del afluente.
La especialista señaló que desde que se construyó el relleno incumplió las condiciones físicas que señala la NOM-SEMARNAT-083-2003. Y es que el lugar donde se instaló es una zona de alta permeabilidad que colinda con arroyos de agua intermitente del acuífero Cuautla-Yautepec, además de que los taludes son inestables y tiene cercanía con pozos, norias y manantiales.
“Esta no es una decisión que se pueda tomar políticamente, es una irresponsabilidad. Es necesario justificar técnicamente que ese sitio es apto para recibir más del doble de los que recibe a diario. Por eso exigimos al gobierno del estado y a la empresa que presenten esos estudios que supuestamente avalan el ingreso de más residuos”, sostuvo De Orbe.
La activista advirtió que “los problemas ambientales no tienen fronteras”. De hecho, comentó que el gobierno de la Ciudad de México envía unas mil toneladas de basura al día al relleno sanitario. Entonces, agregó, que lo único que hizo el gobierno de Graco Ramírez fue aceptar la ampliación del número de camiones que ahí llegan.
Alerta desde 2007
Larisa de Orbe, directora de la organización civil Acción Ecológica, destacó que el relleno de Cuautla fue sometido a un peritaje independiente en 2007, a cargo de Manuel Murad Robles.
El estudio –al que apro tuvo acceso– concluyó que el depósito no cumplía con la Norma Oficial Mexicana, por lo que recomendó su “cierre definitivo”, así como el deslinde de responsabilidades ambientales de la actual administración municipal –2006-2009, con el alcalde panista Sergio Valdespín Pérez– por el inadecuado diseño y operación del tiradero de residuos a cargo de la administración municipal anterior”.
La especialista explicó que la laguna de lixiviados del relleno sanitario fue proyectada para la zona más baja del terreno, lo que hace que en temporada de lluvias se desborde y provoque la contaminación del Río Cuautla. Esta situación ha ocasionado afectaciones serias a productores agrícolas, cuyas cosechas resultaron dañadas por el agua contaminada que se usó para su riego.
Y es que, frente a la contingencia ambiental que vivió la Ciudad de México desde el pasado lunes y hasta el jueves en la noche cuando fue levantada, y ante la decisión del gobierno del Estado de México de cerrar los tiraderos de esa entidad al gobierno capitalino, el Ejecutivo de Morelos acordó recibir hasta mil 800 toneladas de basura diarias.
Aunque la medida sólo duró 48 horas, los ecologistas de Cuautla demandaron no sólo que se detenga la recepción de basura en el tiradero La Perseverancia, sino que se busque una solución de fondo al problema de los desechos sólidos.
Lo que hace falta en Morelos es “que todos los actores involucrados se sienten a encontrar una solución al tema de la basura”, comentó la activista.
Incluso, criticó la propuesta del gobierno de Graco Ramírez de incinerar los derechos como parte de un proyecto con la cementera Cruz Azul. “Al final, eso no resuelve el problema, sólo se transfiere a otras tierras, a otras comunidades, como ocurriría con la población de Hidalgo”, lamentó.
Según su posición, “ni los rellenos sanitarios ni la incineración son la solución. Necesitamos transparentar cómo estamos realmente. Necesitamos valorar la pertinencia de un relleno sanitario temporal, paralelamente a un programa de educación ambiental, así como la construcción de una red de plantas separadoras, como ya se está haciendo”.
Alan Jimenez
Desde 2009 a 2015 en el estado se reportaron 11 agresiones a periodistas y medios de comunicación; 2011 tuvo el mayor número de casos con cinco, reportó la organización Artículo 19.
Por medio de su reporte denominado MIEDO. (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), la organización documentó para la entidad un caso en 2009, ninguno durante 2010; en 2011 cinco.
Durante 2012 se tuvieron dos, mientras que en 2013 tampoco existió, de acuerdo con el reporte, incidentes con los medios de comunicación. En 2014 existió un altercado y finalmente en 2015 se contabilizaron dos. De todas las agresiones documentadas en este periodo en Hidalgo, la publicación no menciona el tipo de ataque del que fueron blanco.
En el plano nacional, Artículo 19 en el periodo referido suma mil 832 agresiones contra este sector en todo el país. En esta cifra el estado que encabeza las agresiones es la Ciudad de México con 302, seguido por Veracruz con 240. Continúa en tercero Oaxaca con 154, además de Guerrero con 133 y finalmente Quintana Roo con 88 arremetidas contra el gremio periodístico.
Dentro de estos siete años documentados, la mayoría de ataques se aplicó a hombres con mil 198, mientras que a mujeres ascendió a 356 casos. A los medios se documentaron 278.
En este marco, los cinco cargos periodísticos más afectados fueron: reportero (744), fotoperiodista (315), medio de comunicación (278), directivo (144) y camarógrafo (56).
Fue 2015 el peor año
Apunta el reporte que 2015 fue el peor año para los medios de comunicación y periodistas con 397 ataques, 21.8 por ciento más que en 2014, donde se efectuaron 326.
Los perpetradores de dichas acciones correspondieron a funcionarios públicos (165), personas sin identificar por falta de elementos (85), particular (78), grupo del crimen organizado (35) y fuerza partidista (34).
En 2015 se efectuaron ocho asesinatos contra integrantes de los medios de comunicación, 84 recibieron amenazas, 109 por ataque físico o material, una desaparición forzada y cinco por desplazamiento forzado.
A su vez, 84 recibieron amenazas, 60 medios de comunicación fueron blanco de ataques, 43 fueron sometidos a hostigamiento y acoso; 31 por intimidación, en intrusión no autorizada se encontraron siete casos, 37 bajo privación de la libertad y 12 por violencia institucional.
Dentro de los tres órdenes de gobierno, quien incurrió más en estas agresiones fue la autoridad estatal con 97, de estos 64 efectuados por la Policía, 29 por el gobierno en turno, tres por diputados locales y uno por un recinto universitario.
Continúa el orden municipal, 21 efectuados por los ayuntamientos y 17 por la Policía local; en la instancia federal, 15 correspondieron a dependencias de gobierno, nueve recayeron en policías, cuatro en efectivos de la Marina y uno en Ejército y presidencia, respectivamente.
04/03/16. Clausura Profepa mina en Otáez
Hacemos Periodismo
CLAUDIA LANDEROS
El siglo de torreón
Una comisión de madres de familia de tres colonias de Gómez Palacio, El Mezquital, Solidaridad y Leticia Herrera acudieron a manifestarse a las oficinas de la Subsecretaría de Educación en la región Lagunera, exponiendo principalmente su molestia ante el cese de maestros que no presentaron la prueba de desempeño.
Mostraron su apoyo a maestros que están en esta situación y que pertenecen a las escuelas de dichas colonias, además de asegurar que están de parte de los docentes en su postura en contra de la Reforma Educativa.
También se presentaron algunos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Movimiento Magisterial, quienes señalaron que esta evaluación, es un pretexto del gobierno para despedir a los maestros que tienen plaza base y reemplazarlos con profesionistas de otras carreras y contratarlos como eventuales.
El representante de la coordinadora en la región, Francisco Javier Ortiz, dijo que algunos maestros de la entidad han sufrido hostigamiento, fueron cateadas algunas de sus casas al no someterse a este tipo de acciones como la evaluación.
Destacó que en la región, alrededor de 14 maestros son los que se encuentran en esta situación, entre ellas, una docente de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero de la colonia El Mezquital de Gómez Palacio, por ello acudieron las madres de los alumnos de la misma para inconformarse por el caso particular de esta profesora.
A la subsecretaría, acudieron cerca de 50 personas y fueron atendidas por funcionarios, a quienes externaron sus inconformidades.
Inconformes
Madres de familia y maestros argumentan:
? Un rechazo total a las acciones de la Reforma Educativa.
? No a privatizar la educación y a que las cuotas voluntarias sean obligatorias.
? Que se respete el trabajo y las plazas de los maestros.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1207221.familias-protestan-por-cese-de-maestros.html
Mónica Gordillo/AM Querétaro
Maestros y alumnos del COBAQ se manifestaron en varios planteles de la institución, puesto que 28 docentes fueron separados de su cargo por no participar en la evaluación docente
Maestros y alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) se manifestaron en las instalaciones de los planteles 1, 8, 10, 17 y 22, ya que 28 docentes fueron separados de su cargo por no participar en ninguna de las etapas del proceso de evaluación docente.
En entrevista, el profesor del área de Lenguaje y Comunicación del plantel 8, César Cano Basaldúa, subrayó que los docentes que no presentaron la evaluación mantienen un litigio en contra de la institución porque modificó la Cláusula Octava Transitoria del contrato colectivo, la cual los amparaba para no realizar dicho examen. Por este motivo indicó que hasta que no culmine el litigio no pueden ser despedidos.
“El día de hoy varios maestros somos notificados de que aquí, del plantel ocho del COBAQ, de que ya no tenemos relación laboral con la institución. Nosotros no estamos por no evaluarnos; sino que lo que no queremos es que la evaluación ponga en riesgo todo nuestros logros laborales y las condiciones generales de trabajo que están incluidas en ellos, son puestas de inmediato en tela de juicio si nosotros entramos en la evaluación”, dijo.
Confirmó que algunos de los docentes evaluados, las autoridades educativas les van a cambiar la homoclave hacendaria de maestro por una que los identifique como administrativos.
“Al ya no tener funciones docentes directas, pueden ser colocados en cualquier área administrativa que no tenga nada que ver con su quehacer hasta el presente”, dijo.
Aseguró que las autoridades del COBAQ programaron exámenes sorpresa y presionaron a los alumnos que participaron en la manifestación con bajarles las calificaciones para que ingresaran a los planteles.
“Hemos estado informando a la comunidad estudiantil acerca del desarrollo de estas circunstancias, y el día de hoy recibimos un extraordinario apoyo de muchachos, unos 400, cuando empezó esta manifestación en la mañana”, apuntó.
Alumnos del Plantel 8 del COBAQ se manifestaron molestos porque a los maestros les impidieron el paso a la institución y, además, se quejaron por el aumento en la inscripción, la cual, señalaron, pasó de mil 250 pesos a mil 450.
“A muchos ni siquiera los dejaron entrar, ni siquiera a checar, nada, y todavía por parte de los directivos recibimos burlas, entonces, eso más a parte que nos están subiendo la inscripción”, expresó una alumna de cuarto semestre del plantel 8 del COBAQ.
amqueretaro.com/queretaro/2016/03/18/se-manifiestan-por-despidos-de-maestros-en-cobaq
Edgar Delfin
Cientos de maestros desesperados por la represión de del gobierno y de las autoridades, marcharon para exigir la liberación se los dos maestros que se encuentran presos.
Además exigiron que cesen las agresiones en su contra ya que solo están defendiendo sus derechos como maestros y padres de familia.
Esta marcha denominada ” marcha silenciosa”, consistió en amordazarse el rostro con la finalidad de mostrar que la Ley de expresión no puede ser recriminada.
Es por eso que hoy docentes, padres de familia y alumnos mostraron su repudio hacia el gobierno y sus autoridades.
Cabe destacar que actulmnete algunos maestros se encuentran escondidos por el temor ha ser detenidos, pues se especula que la Fiscalía General del Estado (FGD), tiene 20 ordenes de aprensión en su contra.
http://www.durangoaldia.com/maestros-se-manifiestan-la-libre-expresion/2016/03
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
16 de marzo del 2016.
Compas y no compas:
Ahora les informamos cómo va lo del Encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”:
Hasta el 14 de marzo han llegado 50 solicitudes para el evento.
Hay solicitudes de Noruega, Brasil, Chile, Francia, EEUU, Japón y México.
Disciplinas científicas: Hasta hora se están contemplando invitaciones para científic@s de Astronomía, Biología, Física, Matemáticas, Química, Medicina, Genética, Patología y Nefrología Pedríaticas, y Microbiología. Conforme se avance en más invitaciones, les iremos informando.
L@s cientific@s invitad@s al encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”, podrán participar con una reflexión crítica sobre su práctica o teoría científica, o bien exponiendo de manera accesible algunos elementos generales de su especialidad (es decir, una charla de divulgación).
El correo donde se registran para asistir al Encuentro de “ConCiencias por la Humanidad” es conCIENCIAS@ezln.org.mx
Fecha y lugar para el Encuentro de ConCiencias: del 25 de diciembre del 2016 al 4 de enero del 2017, con un intermedio el 31 de diciembre y el 1 de enero. El lugar es en el CIDECI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
En el encuentro sólo podrán participar l@s científic@s invitad@s con sus exposiciones; y los jóvenes y jóvenas zapatistas selecionad@s con sus preguntas.
El registro no tiene ningún costo y l@s zapatistas no podemos pagar viáticos, hospedaje ni alimentación.
Niñas y niños pueden asistir como videntes y escuchas, pero deben ser acompañad@s por una persona adulta que se haga responsable.
Está prohibida estrictamente la producción, consumo y comercio de drogas y alcohol.
Es todo por ahora.
Subcomandante Insurgente Moisés. Subcomandante Insurgente Galeano.
México, marzo del 2016.
Del cuaderno de apuntes del gato-perro:
Ecos del 8 de marzo.
Fecha: 8 de marzo del 2016. Lugar: Cuartel General del EZLN. Documento obtenido del diario de quien se hace llamar “supgaleano”, gracias al malware troyano llamado “uca, uca, quien se lo encuentra se lo emboruca” versión 6.9.
“Estábamos el Subcomandante Insurgente Moisés y el que esto reseña, hablando del próximo festival CompArte y de cómo las comunidades zapatistas se están organizando para participar. En eso llega una compañera Insurgenta y dice sin más: “va a haber partido de fútbol. Nos retaron a las mujeres”. Yo sabía lo que había detrás de eso, puesto que no era la primera vez que ocurría. Dejen les digo que en ese cuartel las mujeres insurgentes doblan en número a los varones insurgentes. Sobre esto hay dos versiones: la oficial es que la mayor parte de los insurgentes nos encontramos realizando trabajos de alta especialización, donde sólo los varones podemos desempeñarnos con garbo y gracia; la real es que de por sí son más las compañeras que los compañeros. Por supuesto que está prohibido publicar la versión real, por lo que se ha distribuido entre los Tercios Compas sólo la versión oficial.
A pesar de esa realidad, que era evidente a simple vista, a uno de los insurgentes se le ocurrió, al terminar el desayuno, decir: “como hoy es 8 de marzo, entonces los hombres retamos a las mujeres a un partido de fútbol”. El oficial al mando se dio cuenta casi inmediatamente del error, pero el mal estaba hecho. Una oficial del servicio de sanidad insurgente respondió: “va pues”. Los varones se arremolinaron en torno al ingenuo del reto para reconvenirlo. Al conocer la razón de la desazón que cundía en las filas masculinas, el insurgente quiso aclarar: “pero equipos igual de jugadores”. “Ni madres”, dijeron las mujeres, “dijiste hombres retan a mujeres, así que es todos los insurgentes contra todas las insurgentas”.
El cielo empezó a nublarse y un viento fuerte presagiaba una desgracia.
Después de la comida (el menú fue de licuado de tamales y café con chile), pasó una insurgenta a decirnos que ya iba a empezar el partido y que si íbamos. El subcomandante insurgente Moisés no podía, pues tenía que revisar la lista de registrados para el festival. Yo me abstuve, intuyendo que no habría ambiente propicio para la inequidad de género. Así que no fuimos ninguno de los dos.
Ya pardeaba el horizonte cuando regresaron. En cielo y tierra la tormenta era dueña y señora de todo.
La insurgenta vino a reportarse. Le pregunté cómo había quedado el partido y respondió “empatamos”. “¿Cuánto a cuánto?”, le pregunté. “No me acuerdo”, dijo, “pero nosotras ganamos un partido y luego cambiamos de cancha y ganaron ellos; así que empatamos: cada quien uno”.
Lo dijo con tal desparpajo que parecía presidente del Instituto Nacional Electoral informando de los resultados oficiales en cualquier elección.
A mí me olía que había algo podrido en Dinamarca, así que fui donde el oficial al mando y le pregunté del resultado: “Ganamos 7 a 3”, respondió escueto. “Pero si la insurgenta de Sanidad dice que empataron porque ellas ganaron un partido y ustedes el otro”, lo cuestioné. El oficial se sonríe y aclara: “no, sup, sólo jugamos un partido; lo que pasa es que en el primer tiempo ellas iban ganando 3 a 2, y en el segundo tiempo, después del cambio de cancha, nosotros metimos 5 goles. Resultado: insurgentes-7, insurgentas- 3”. El Subcomandante Insurgente Moisés, vocero del ezetalene, a nombre de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas, exclamó: “¡Ganamos los hombres!”. Otra insurgenta que pasaba por ahí reclamó “Que “ganamos los hombres”, ¡Já! si ustedes ni fueron”. “No importa”, dijo la voz oficial del ezetaelene, “ganamos los hombres”.
La tormenta pareció disminuir y se aquietaron vientos y agua. Pero el horizonte distaba de ser claro.
Más noche, cuando brindábamos con café por la supremacía masculina, el Subcomandante Insurgente Moisés me explicaba: “Mira, lo que pasa es que de los hombres sólo dos saben jugar bien fútbol y los dos estaban de guardia, entonces en el primer tiempo los insurgentes tenían dos menos y las insurgentas pues de por sí son más. Para el segundo tiempo los dos varones acabaron su turno y se incorporaron al partido y pues ganaron.”
Le pregunté si las insurgentas sabían jugar fútbol: “saben”, dijo, “pero además tienen a una que está jovencita y corre de un lado para otro; ella es la mera estratega y táctica del equipo, porque, cuando se cansa de correr, nomás grita “bola, bola” y todas las insurgentas se lanzan a rodear al hombre que lleva la pelota y todas a patear y como sólo hay una pelota pues un buen tanto de patadas le tocan al compañero”.
Levantamos entonces nuestras tazas de café frío y saludamos el nuevo triunfo de género aún en condiciones adversas.
En la montaña viento y lluvia habían ya bebido de la fuerza nocturna. No amanecía aún cuando bajaron, con más fuerza si posible fuera.
Pero (siempre hay un “pero”), al otro día, en el desayuno, uno de los varones, con mala intención, preguntó cómo había quedado el partido de fútbol. “Empatamos”, se apresuró a decir una insurgenta y, antes de que los machitos alcanzaran a reaccionar, se dirigió a las demás arengándolas: “¿Verdad que sí compañeras?”. “¡Sííííí!”, gritaron todas y pues, como son mayoría, pues… en fin, riesgos de la democracia.
Fue así como las insurgentas convirtieron una derrota deportiva en triunfo y ganaron… con un empate. Marcador final: insurgentes- 1, insurgentas– 2.
Pero los machitos no se dieron rápido por vencidos, pidieron la revancha. “Ta bueno”, dijeron las compañeras, “pero hasta el año que viene”.
Desesperados, los insurgentes acudieron a quien mejor sintetiza los altos valores del machismo-zapatismo, es decir, yo mero. Me preguntaron que cuándo era el “día de los hombres”.
“¿Cómo?”, les pregunté.
“Sí”, dijeron, “si hay un día de la mujer, también debe haber un día del hombre”.
“Ah”, asentí entendiendo: “ya hay de por sí”. Y les enseñé lo que, con sabiduría sintética, algún tigre había tuiteado: “El “día del hombre” (cuando se celebra la esclavitud de la mujer a las labores de crianza) ya existe. Es el 10 de mayo”.
Creo que no agarraron como quien dice la tonelada del sarcasmo, porque se fueron diciendo: “Ah, entonces todavía falta”.
-*-
Preguntas de control de lectura:
1.- La insurgenta de sanidad que subvirtió la semántica en las reglas de la FIFA, ¿es una feminazi, una lesboterrorista o alguien que manda muy lejos a las reglas, destroza los roles impuestos y lastima la sensibilidad varonil?
2.- Quien con tal donaire reseña lo ocurrido en ese aciago día del 8 de marzo del 2016 en un cuartel zapatista, ¿es un macho heteropatriarcal, eurocentrista, especista, capacitista, clasista y etcteterista, una más de las víctimas del sistema (órales, parece nombre de grupo musical), o no celebra el 10 de mayo por falta de la susodicha?
3.- Como mujeres que somos, ¿les damos la revancha a los malditos hombres como de por sí o ni mais palomas, a volar cuervos que te sacarán los ojos?
Mandar sus respuestas al conserje de la escuelita. Ojo: todas las mentadas que no sean de menta serán devueltas a su remitenta con cargo a la ídem.
Doy fe bajo protesta de género:
SupGaleano.
Marzo 8 del 2016.
Esmeralda Trueba/AM Querétaro
Laura Leyva Saavedra, dirigente del STEUAQ consideró que la propuesta que presentó la UAQ aún no es factible
“La propuesta de la Universidad no está factible aún”, así lo indicó, Laura Leyva Saavedra, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ); quien la mañana del viernes en audiencia de conciliación con la Autoridad Universitaria, exigió modificaciones a la propuesta que la UAQ presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que dijo, este último planteamiento sigue violando el Contrato Colectivo de trabajo.
Sobre el otorgamiento de bases, en donde la Universidad propone formar una comisión paritaria para el otorgamiento al personal sindicalizado eventual, con ciertas particularidades, tales como: de los miembros de dicha comisión que correspondan al sindicato, dos serán nombrados por la Asamblea y uno más será miembro del comité ejecutivo, a propuesta del STEUAQ, quienes deberán contar con un perfil mínimo de objetividad, imparcialidad, transparencia y con 7 años sin reportes; el STEUAQ pidió que quiten el punto de los 7 años sin reportes.
En lo relacionado con las promociones, la Universidad planteó que todos los trabajadores sindicalizados de base que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria podrán participar en el otorgamiento de las promociones. Además de la antigüedad, se considerará la responsabilidad, no tener reportes en los últimos tres años, el conocimiento y la evaluación del desempeño administrativo que realizará la Universidad, a través del director de la unidad académica o dependencia administrativa correspondiente, bajo los criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia. Sin embargo, el Sindicato pidió que se redujera el plazo de reportes de tres años a un año, justificando que de lo contrario se viola directamente al Contrato Colectivo.
Sobre los descuentos de cuotas vía nómina, el STEUAQ insistió en que están establecidos en el Contrato Colectivo y en la Ley Federal del Trabajo; por lo que este punto no habría acuerdo.
Cabe precisar que la propuesta de la autoridad fue que de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, no se harán descuentos por sanciones sindicales; por lo que la Universidad entregará los recursos económicos al comité del sindicato una vez realizada la comprobación que el STEUAQ tiene pendiente en la Secretaría de la Contraloría de esta Institución.
Por ello, de manera temporal se propuso: respecto de las cuotas ordinarias, en primera opción, que sean entregadas en cheque al trabajador, a efecto de que lo entregue al Tesorero del STEUAQ. O bien, como segunda opción, que el trabajador solicite por escrito a la Universidad el descuento respectivo, en donde autorice que ese recurso sea entregado directamente al Tesorero del Sindicato.
En la mesa, la dirigente sindical, también solicitó el pago del 100 por ciento de salarios caídos más el incremento del 3.15 por ciento directo al salario, más el 1.1 por ciento en prestaciones no ligadas al salario. Mientras que el resto de la propuesta, afirmó, violenta el Contrato Colectivo, planteado en una reunión de conciliación unas horas previas, donde Leyva Saavedra catalogó como una burla esta propuesta.
Ante esta exposición, la dirigente sindical pidió que bajaran de la mesa puntos que no han estado en la negociación, como la adquisición de los uniformes y la celebración del aniversario; los cuales no forman parte del emplazamiento.
Y es que en esta conciliación, la autoridad laboral pidió a las partes (UAQ/STEUAQ), enfocarse únicamente en los puntos por los que se emplazó a huelga a la universidad, y no en otros temas que incluidos en la propuesta que presentó la autoridad universitaria.
En su intervención, el abogado General, Oscar Guerra, ratificó la propuesta hecha y recordó que los planteamientos hechos por la Universidad, y que desde agosto se han venido manejando, referente a los uniformes y celebración, son con el objetivo de no se tenga próximamente un emplazamiento a huelga.
Así también, pidió al sindicato que previo a una decisión de la dirigencia, pudieran someter ante la asamblea los nuevos planteamientos.
Ante esta esta petición, Leyva Saavedra, dijo al abogado que la Universidad no tiene ninguna injerencia en la vida sindical, por lo tanto es decisión del comité ejecutivo el convocar a asamblea, ya que justificó, tiene la consigna de que hasta que no se tengan resueltas las peticiones, no puede convocar.
“No vamos a llevar a cabo asamblea, hasta que la autoridad respete el Contrato Colectivo de trabajo” indicó.
Así, la autoridad laboral dejó audiencia abierta a que las partes (UAQ/STEUAQ) dispongan.
amqueretaro.com/queretaro/2016/03/18/exige-steuaq-modificaciones-a-propuesta-de-la-uaq
El Horizonte
El gobernador informó que el proyecto hidráulico, Monterrey VI no se cancela, pues se perderían $600 millones de pesos
Rodolfo García
El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que si bien su administración ha detenido el proyecto Monterrey VI, debido a que no está de acuerdo con el mismo, se ha desestimado la opción de cancelarlo, porque le costaría al estado $600 millones de pesos.
Abundó que dar marcha atrás al proyecto también afectará en garantizar tener una fuente amplia de abastecimiento de agua para la metrópoli que cada vez va en crecimiento.
El ejecutivo estatal enfatizó que en caso de llegar a los tribunales el costo que se perderían por estudios y trabajos sería de $600 millones de pesos, incluso superior a ese monto.
“Hemos detenido el proyecto Monterrey VI porque no estamos de acuerdo, es para renegociar todo porque cancelar cuesta el estado $600 millones de pesos, $600 millones que no tenemos, prefiero avanzar en lo que hemos entregado para no perder la concesión del agua ni los recursos que la Federación pueda disponer para todo ello y no estar tercos en algo que ha sido polémico”, comentó el mandatario estatal ante los dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey.
Posteriormente en entrevista, detalló que “en el caso de estos $600 millones de pesos es por trabajos realizados, estudios y proyectos, eso es parte de lo que yo considero que puede ser la pena que nos pongan si nos vamos a juicio, es un estimado que puede ser mayor, si seguimos teniendo y dejando que avancen sin tener acuerdos”.
El proyecto Monterrey VI que impulsó la anterior administración consiste en un acueducto de 372 kilómetros para traer agua del río Pánuco a la presa Cerro Prieto en Nuevo León y cuya construcción estaba estimada en un costo de $14,161 millones de pesos, más el de operación de $46,979 millones de pesos.
La idea de esta obra hidráulica contempla la capacidad de transportar seis metros cúbicos de agua por segundo, para beneficiar a los 4.2 millones de habitantes del área metropolitana de Monterrey.
Es de precisar que las empresas ganadoras de la licitación fueron el consorcio formado por Concretos y Obra Civil del Pacífico S.A de C.V; Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV. ; Recsa Concesiones; S.A.P.I de CV; Productos y Estructuras de Concreto SA de CV y Desarrollos Rogar SA de CV.
Actualmente los trabajos están suspendidos a petición del gobierno de Nuevo León ya que no cuenta con los recursos para poder realizar obras complementarias.
Es de precisar que la suspensión vence el 26 de marzo, por lo que el gobierno del estado se encuentra a contra reloj para definir si continua o no con dicho proyecto.
Ante todo este contexto, Rodríguez Calderón subrayó que “nosotros estamos más por el acuerdo, no quiero que se pierda la concesión del agua, porque es la única fuente de abastecimiento que tenemos segura, ya exploramos la mayoría, hay algunas ideas que nos han planteado los del Consejo Nuevo León, nos queremos tomar el tiempo para que si esas ideas se puedan convertir en realidad en base a estudios”.
Y añadió que “hemos decidido invertirle algo de recursos de Agua y Drenaje, el Fondo de Agua Nuevo León está dispuesto a invertirle para hacer estudios de viabilidad y si esos estudios dicen que si hay viabilidad de otras fuentes de abastecimiento que suplan la fuente de abastecimiento del Pánuco, pues estaremos en condiciones de hacerle un planteamiento a la federación de todo el plan hidráulico y no sólo de traer o no el agua”.
Es de mencionar que el estado también perdería los fondos que están disponibles para poder usar el traer agua a Nuevo León que son $3,500 millones de pesos adicionales que del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Es de precisar que la zona metropolitana regia, donde vive el 85% de los nuevoleoneses, tiene un consumo de 11,750 litros por segundo (l/s) de agua y este crece a un ritmo anual de 250 l/s, pero la capacidad de abasto es de 12,500, por lo que podría sobrepasarse en tres años.
Ante esta situación las autoridades proyectaron diversos planes para el abastecimiento de agua denominados Monterrey, el proyecto Monterrey VI, es una fuente adicional de abastecimiento que complementará la infraestructura anterior: Monterrey I (1971-1973), Monterrey II (1976-1979), Monterrey III (1980-1984),Monterrey IV (1990-1994) y Monterrey V (2008-2010).
http://elhorizonte.mx/monterrey/politica/626092/monterrey-vi-no-se-cancela-jaime-rodriguez
Durante los últimos años Coahuila y Durango se encontraron entre los 14 estados que sufrieron mayor número de desplazamiento de ciudadanos, quienes decidieron dejar sus hogares durante la “lucha” de las autoridades de seguridad contra delincuencia organizada.
El informe denominado Situación de los Derechos Humanos en México, publicado por el organismo México Unido Contra la Delincuencia, reveló que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió información de desplazamientos internos en 14 de los 32 estados de México.
Explicó que en estos estados habían tenido lugar 141 eventos de desplazamiento masivo de 10 o más familias, particularmente en el periodo comprendido entre enero 2009 y febrero de 2015.
Este desplazamiento masivo se concentró principalmente en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
A través de su desplazamiento interno, además se logró registrar 8 mil 800 nuevos desplazados a octubre de 2015.
El Centro de Monitoreo de Desplazados internos ha sostenido que la expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementadas para combatirlo, han sido las principales causas de desplazamiento en México.
Ante la falta de cifras oficiales, las estadísticas del IDMC indican que para finales de 2014 México registró una cifra de al menos 281 mil 400 desplazados internos.
Señaló que organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra podría ser mucho mayor, no obstante, el hecho de que las autoridades no reconozcan la existencia del desplazamiento interno y de que haya permanecido sin cuantificarse ha favorecido su invisibilidad.
La sociedad civil indicó a la Comisión Interamericana que el desplazamiento interno afectó de forma desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas particularmente a aquellos de escasos recursos, quienes se encontraron en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección por parte de las instituciones de los tres niveles de gobierno.
Durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, la organización Artículo 19 ha registrado 15 asesinatos a periodistas y 3 desapariciones; también reveló que el 2015 es el año con más agresiones registradas, con 397 en todo el país
VERACRUZ.- Veracruz es el segundo estado con más agresiones a periodistas, seguido de Oaxaca. La lista es encabezada por la Ciudad de México, anunció Darío Ramírez, director de Artículo 19 México.
En Veracruz no sólo desaparecen periodistas, desaparecen personas, expresó.
Durante la administración estatal del priista Javier Duarte de Ochoa, la organización Artículo 19 ha registrado 15 asesinatos a periodistas y 3 desapariciones.
Libertad de expresión en México vive momentos delicados: CNDH
CNDH investiga agresión a periodistas en protestas de la CNTE en Veracruz
Segob y Veracruz firman convenio de protección a periodistas
Y es que tan sólo en 2015 fueron asesinados: Moisés Sánchez, del periódico La Unión; en mayo, Armando Saldaña, de Exa FM; a la mitad del 2015, Juan Mendoza, de Escribiendo la Verdad; y el último día de julio, el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Durante la presentación de su informe de 2015:
Medios/Impunidad/Estado/Democracia/Opacidad M.I.E.D.O., Ramírez indicó que ese año ha sido el que más agresiones han registrado con 397 en todo el país. Las más recurrentes son la amenaza, el asesinato, el ataque físico/material y el ataque al medio de comunicación.
De 2009 a 2015, se han registrado mil 832 agresiones en contra de periodistas y 4 de cada 10 agresiones en contra de comunicadores son cometidas por servidores públicos.
Agregó que de 751 averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, sólo en 93 de esos casos se logró consignar a alguien.
De los 23 periodistas que Artículo 19 tiene registrados como desaparecidos de 2003 a 2015, en el 18 por ciento de los casos se encontraban involucradas autoridades militares en la información buscada y publicada por las víctimas, 23 federales y 18 estatales
Redacción AM Lagos de Moreno
Familiares de personas desaparecidas en Lagos de Morneo exigen a las autoridades una apertura total e inmediata a la información sobre las fosas clandestinas localizadas en el municipio.
Mediante un comunicado, el colectivo “Por Amor a Ellxs”, que agrupa a familiares de personas desaparecidas en Jalisco, exigió acciones al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Ministerios Públicos y la Fiscalía General del Estado, ante los restos calcinados localizados recientemente en Lagos de Moreno.
Las exigencias
“Realizar de manera urgente las pruebas de ADN correspondientes a los restos calcinados localizados en el municipio de Lagos de Moreno”, exigen los familiares como primer punto.
También exigen transparentar las pruebas genéticas que han realizado a los cuerpos, y permitir el acceso total e inmediato a pertenencias y fotografías obtenidas por autoridades en los sitios de los hallazgos.
Como cuarto punto, solicitan que se envíen inmediatamente sus muestras de ADN a Guadalajara para que se realicen las confrontas correspondientes.
Y que se entregue información sobre la identificación de personas que murieron durante los enfrentamientos armados, ya que hay cuerpos en las instalaciones del Servicio Médico Forense que no han sido reclamados.
Los familiares hacen referencia a la nota “Siguen restos sin identificar”, publicada por am el 14 de marzo, donde se señala que a más de cinco meses de haber sido localizados restos óseos calcinados en fosas de Chipinque y Salsipuedes, las autoridades no han identificado quiénes eran las víctimas.
“Hasta la fecha se nos ha negado información que podría ser vital para la localización no sólo de nuestros desaparecidos sino también para la identificación de quienes desgraciadamente fueron encontrados en las fosas clandestinas localizadas en Lagos de Moreno en los últimos meses. ¡Nos Faltan Todos!”, cierra el comunicado de las familias.
http://www.am.com.mx/2016/03/17/lagos-de-moreno/sucesos/exigen-den-informes-sobre-fosas-270465
Luis Jerónimo, Oaxaca.
OAXACA, Oax., 17 de marzo de 2016.- Maestros de educación indígena de Oaxaca de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron este jueves un mitin frente a las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para protestar por la evaluación docente. Manuel Luis Martínez, secretario de Trabajos y Conflictos del nivel de Educación Indígena de Oaxaca, señaló que el pasado miércoles sostuvieron una reunión con las 24 jefaturas de zona de educación indígena a nivel estatal y acordaron el rechazo total a la evaluación y la reforma educativa. De esta manera, anunció que realizarán su posicionamiento político este jueves con un mitin que durará entre tres y cuatro horas. Indicó que las autoridades del IEEPO han estado intimidando a los maestros de educación indígena con la ley general del servicio profesional docente, por lo que este jueves decidirán la ruta a seguir para manifestar su desacuerdo.
https://oaxaca.quadratin.com.mx/Protestan-maestros-de-educacion-indigena-frente-al-IEEPO/
De nueva cuenta, maestros de Durango se apostaron en torno a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) para protestar.
En esta ocasión los docentes manifestaron su inconformidad debido a que en la quincena que acaba de pasar, varios no recibieron su pago y a otros les llegó incompleto.
Ante los medios de comunicación, Héctor Vela Valenzuela, titular de la SEED, aceptó que los 214 maestros que no se evaluaron no recibieron su pago.
No obstante, Ramiro Ramírez, del Magisterio Unido de Durango, refirió que hay un desorden total en el marco de la medida tomada por la SEED ya que mientras que a algunos de los notificados les llegó su sueldo normal, a varios de los evaluados no les pagaron.
Asimismo, los maestros indicaron que no pueden dejar de pagarle a quienes se han mantenido al frente de sus grupos.
INCONGRUENCIA
Sin embargo, las acciones para evitar el despido formal de los maestros que decidieron no participar en la evaluación, continuarán por parte de los maestros, familiares y padres de familia.
Son varias escuelas en las que son suspendidas las actividades académicas a causa de la inconformidad que manifiestan los padres de familia por el trato que se están dando a maestros, de hasta de más de 20 años de trayectoria.
Postura
Maestros disidentes aseguran que la SEED tiene un desorden con la retención de pagos que se reflejó en esta quincena.
Reacción
Ya son varias escuelas en las que suspenden las clases a causa de la inconformidad que manifiestan los padres de familia.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/650464.protestan-maestros-por-falta-de-pagos.html
CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- Los padres de los cinco jóvenes que fueron privados de su libertad en Tierra Blanca, Veracruz, reconocieron que las investigaciones arrojan que uno de sus hijos fue asesinado.
En una carta pública, los padres de los jóvenes confirman que los resultados del peritaje independiente realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense confirman la muerte de Bernardo Benítez Arroniz.
“Los padres y madres seguimos en la búsqueda de nuestros hijos y reiteramos la exigencia a las autoridades para dar con su paradero”, se lee en el comunicado.
“Las cuatro familias que aún no tenemos evidencia del paradero de nuestros hijos Susana, Mario, José y Alfredo seguimos en pie de búsqueda y no cesaremos en nuestros esfuerzos y la permanente exigencia a los gobiernos federal y estatal para que continúen investigando”, añade.
Los padres exigen a las autoridades profundizar en la investigación de los autores materiales e intelectuales de la desaparición de sus hijos.
Los jóvenes fueron privados de su libertad por policías estatales el pasado 11 de enero en Tierra Blanca.
Redacción, San Quintín
Jornaleros de San Quintín conmemoran el primer aniversario del levantamiento que protagonizaron la madrugada del 17 de marzo de 2015 con la exigencia de que se concreten los 14 puntos que se formalizaron en las mesas de trabajo con autoridades y empresarios porque no se ha cumplido uno solo, afirmó el dirigente de uno de los dos sindicatos que se formaron en la lucha, Fidel Sánchez Gabriel.
La madrugada de este jueves, el también vocero de la Alianza de Organizaciones Municipal, Estatal y Nacional por la Justicia Social aclaró que aun cuando no hubo respuesta a las demandas iniciales, la lucha ha tenido avances con la creación del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja) el 28 de noviembre pasado en Baja California, Ciudad de México y Aguascalientes y este año en Morelos.
Mientras se preparaban para una caminata que llegará a Tijuana el día 20, a unos metros un grupo de personas encabezadas por Justino Herrera, quien se separó de la Alianza y declinó adherirse al Sindja, se instaló a la entrada de la Colonia Triqui o Lomas de San Ramón, ante la versión de que el primer grupo pretendía bloquear el ingreso a su comunidad.
El otro sindicato integrado a raíz de las movilizaciones también se reunirán este jueves por el aniversario.
Herrera dijo a La Jornada Baja California que no participará en la caminata porque “no hay nada que celebrar” y confirmó que su separación del movimiento fue porque no estuvo conforme con los acuerdos que asumieron los participantes en las mesas de diálogo entre jornaleros, empresarios y autoridades.
“El 4 de junio firmaron un documento donde las prestaciones del trabajador quedaron integradas al salario, cuando que la lucha era rescatar las prestaciones y un salario justo, aparte el salario, aparte las prestaciones. La ley no dice que tiene que ir las prestaciones integradas a las prestaciones porque estas se les tienen que dar a los trabajadores de acuerdo con la ley”, dijo al advertir que exigirán estas condiciones de manera independiente.
Advirtió que no participarán en las movilizaciones de aniversario porque “estamos encabronadísimos por la traición que sufrimos y que ahora dicen que van a festejar… ¿qué le van a festejar a los trabajadores… la traición que hicieron el 4 de junio?
En respuesta Sánchez admitió que hubo escisiones de personas que así lo decidieron y aclaró que el movimiento comenzó con la Alianza por la Justicia Social se mantiene con el respaldo de organizaciones de diferentes puntos del país.
Empresas como Berrymex que ofrecieron incremento salarial a 226 pesos a una semana del primer aniversario del movimiento y otras acciones similares son el motivo de la separación, sostuvo.
La madrugada del 17 de marzo de 2015 miles de jornaleros pararon actividades para reclamar mejores condiciones laborales y el cese de hostigamiento sexual a trabajadoras del campo a manos de capataces. Argumentaban tratos esclavizantes y falta de servicio médico.
Durante las movilizaciones bloqueraon la carretera Transpeninsular, destrozaron un vehículo blindado de asalto en la colonia Triqui y en medio de las movilizaciones hubo desmanes y saqueos de tiendas hasta que en las mesas de trabajo se acordó que habría cobertura social y mejores salarios por categorías, que según los jornaleros no se han cumplido.
Rechazan saladora y exigen hospital
El dirigente de jornaleros afirmó que ese sector rechaza la construcción de la desalinizadora que arrancó este mes y en cambio exigen la creación de un hospital general que el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid había anunciado para San Quintín y cambió a Mexicali.
“Estamos en contra de esta desaladora para el Valle de San Quintín porque a lo que más apostamos en la alianza es a la construcción de una presa en la cuenca del Arroyo de Santo Domingo”, dijo y explicó que en la sierra aledaña hay agua suficiente para abastecerla.
Antes de arrancar la movilización que concluirá el día 20 en Tijuana, Sánchez Gabriel pidió a los empresarios y autoridades que se pregunten si cada alimento que se comen y se produce en San Quintín está bien pagado.
Fidel Sánchez explicó que como parte de la movilización se dará lectura al manifiesto de este 17 de marzo en el que explican los motivos del levantamiento y sus condiciones actuales, y recibirán la solidaridad de agrupaciones binacionales con las que se encontrarán en Tijuana en un encuentro de jornaleros de las dos Californias. (Con información de Edgar Lima)
http://jornadabc.mx/tijuana/17-03-2016/exigen-cumplimiento-de-acuerdos-de-san-quintin
17/03/16. Coahuilenses fueron desplazados durante lucha contra delincuencia
El Siglo Coahuila
Norma Ayala/El Universal
Habitantes del municipio de Tequisquiapan expresaron su inconformidad por la instalación de una gasolinera, la numero 10 en el ayuntamiento, pues acusaron que la distribuidora de combustible pone en riesgo a alrededor de 460 familias de la zona, y a más de 2 mil alumnos, ya que cerca del sitio se encuentra una escuela instalada.
De acuerdo con una de las vecinas afectadas, Cecilia Michau, son cinco colonias las que se verán afectadas por la instalación de esta gasolinera, la cual, explicó la habitante, “se está construyendo dentro de la mancha urbana, al interior de la colonia Vista Hermosa”.
“Estamos inconformes por la construcción de una gasolinera más en el municipio de Tequisquiapan, que sería la numero 10 dentro del ayuntamiento, para [surtir de combustible a] una población de 55 mil habitantes, de los cuales entre 30 y 40% no tenemos vehículos, por lo cual una gasolinera mas no tiene razón de ser”, acotó la mujer.
La vecina inconforme agregó que esta nueva distribuidora representa un riesgo para la población, corriendo el riesgo de que explote, además de ser un factor de contaminación de los mantos acuíferos y el aire, ya que es en esta misma zona en donde fluye el drenaje de las cinco colonias involucradas.
De igual forma, señalaron que en dicha zona, se encuentran instaladas varias escuelas de nivel básico, que representan una población estudiantil de 2 mil 600 alumnos, además de ser instituciones educativas que colindan con la gasolinera, la cual está ubicada a 80 metros de otra estación.
Sin permisos. Los habitantes que están en contra de la obra denunciaron que dicha gasolinera no cuenta con los permisos necesarios para su construcción, ya que los dueños se niegan a exhibir los permisos, esto pese a las declaraciones del presidente municipal, Raúl Orihuela, quien manifiesta que dicho inmueble cuenta con todos los permisos correspondientes.
Paulina Chávez, otras de las ciudadanas afectadas, comentó que derivado de esta situación con tintes irregulares, una comitiva acudidió a solicitar informes sobre el desarrollo a la Presidencia Municipal por medio de una petición de acceso a la información, sin embargo, se les ha negado cualquier dato respecto a esta construcción.
“Únicamente se nos ha entregado el documento que acredita que los propietarios o las personas que están construyendo solicitaron el número oficial, es el único documento que tenemos y que sabemos que tiene Presidencia Municipal, de ahí en fuera no hay permisos, no tienen ningún documento que avalen la obra que se está construyendo”, aseguró la vecina, quien aseguro que no cesarán en su lucha.
Indicó además que existe temor por parte de la ciudadanía, ya que la población no se niega al desarrollo del municipio, pero éste, señaló, “se debe de dar con respeto y cuidando la integridad de las personas”.
“La petición es que el señor gobernador del estado de Querétaro también nos apoye, y escuche, aun cuando el municipio es autónomo, creemos que puede intervenir y también solicitamos el apoyo del municipio, y que tome una decisión que genere un bienestar para toda la población”, acotó.
www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-03-2016/vecinos-de-tequis-rechazan-gasolinera
16/03/16. Vecinos de Tequisquiapan rechazan gasolinera
El Universal
29/02/16. Habitantes de El Porvenir luchan por evitar la construcción de una gasolinera
AM Querétaro
22/11/15. Continúan acciones en el Fraccionamiento Santiago contra gasolinera
AM Querétaro
15/11/15. Vecinos de la colonia El Porvenir protestan contra gasolinera
Tribuna de Querétaro
16/10/15. Colonos de El Porvenir piden frenar construcción de gasolinería
AM Querétaro
10/09/15. Se manifiestan vecinos en Corregidora por gasolinera cercana a 3 escuelas
AM Querétaro
24/07/15. Vecinos del Fraccionamiento Santiago bloquean avenida en protesta por gasolinera
AM Querétaro
El Economista
Cinco empresas de China que pertenecen a los sectores automotriz, electrodomésticos, energía y artículos para el hogar manifestaron interés por invertir en Nuevo León.
LOURDES FLORES
Monterrey, NL.- Cinco empresas de China que pertenecen a los sectores automotriz, electrodomésticos, energía y artículos para el hogar manifestaron interés por invertir en Nuevo León, durante una misión comercial por el país asiático que realizaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.
En Shanghai, dos empresas chinas expresaron su interés por invertir en la entidad, una de ellas Tier 1 del sector automotriz y la segunda fabricante de artículos para el hogar, proveedora de grandes empresas como Target y WalMart, comentó el titular de Sedec, Fernando Turner.
Asimismo, en Bejing, los funcionarios sostuvieron reuniones con tres empresas con importante presencia en China que están buscando invertir en México, en diferentes sectores como el automotriz, electrodomésticos y energía.
Una de las firmas, es considerada como uno de los grandes proveedores de firmas como Whirlpool, LG y Electrolux y busca abrir operaciones en México.
Del sector energía de China, una empresa especializada en la producción de torres eólicas, desea aprovechar las ventajas de la apertura energética de México y evalúa implementar un proyecto de expansión en Nuevo León.
Como parte de la agenda por China también sostuvieron encuentros con representantes del consejo directivo de las empresas Holley Group y Futong Group, quienes anunciaron a finales del año pasado una inversión por alrededor de 400 millones de dólares en el Parque Industrial Hofusan, en Salinas Victoria; con quienes firmaron un memorándum de entendimiento para que las empresas que se instalen en dicho parque sean de origen chino.
“Los resultados favorables de la Misión Comercial por China son evidentes, cinco empresas de diversos sectores expresaron su deseo de invertir en Nuevo León, esto es sólo el comienzo de futuras empresas chinas que se instalarán en Nuevo León para generar oportunidades de crecimiento y empleos”, dijo Fernando Turner Dávila.
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/03/16/cinco-empresas-china-planes-invertir-nuevo-leon
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
14 de marzo del 2016.
Compas y no compas:
Les escribimos para platicarles cómo va lo de las actividades de julio, octubre y diciembre de este año de 2016. Según como hemos recibido algunas pocas preguntas, aquí están algunas pocas respuestas, pero sólo en lo que se refiere al festival “CompArte por la Humanidad”:
.- ¿Cómo va lo del registro para el festival de artes?
Hasta el día 12 de marzo del 2016 se habían registrado:
21 asistentes de México y 5 de otros países.
99 participantes de México y 30 de otros países (Chile, Argentina, Grecia, Canadá, Unión Americana, Estado Español, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Brasil, Perú; Transfronterizo, Uruguay, Francia, y la Comunidad Sufí con música islámica)
.- ¿Qué tipo de actividades o quehaceres artísticos están registrados hasta ahora?
Según quienes se han registrado, hay hasta ahora: Rap, Poesía, Artes Visuales, Danza Contemporánea, Pintura, Grabado, Literatura-cuentos, Teatro, Títeres, Bordado, Herrería, Serigrafía, Fotografía, Documental, Cine, Escultura, Cerámica, Cortometraje, Ilustración, Reggae, Rock, Graffiti, Gastronomía, Danza Aérea, Muralismo, Música, Música, y más Música.
.- ¿Cómo está eso de “sedes alternas” para el Festival de “CompArte”?
Estamos esperando que l@s compas de la Sexta en México y el mundo entiendan como quien dice el mensaje subliminal de la convocatoria, y organicen en sus respectivas geografías y de acuerdo a sus calendarios, actividades previas, paralelas o posteriores a los festivales-encuentros convocados por l@s zapatistas. Es decir, esperamos que, ya sea por localidad, región, zona o país, la Sexta organice festivales y encuentros donde halle espacio y eco el quehacer artístico. Y, claro, también donde se celebren los 20 años de existencia en rebeldía y resistencia del Congreso Nacional Indígena, y donde l@s científic@s encuentren oído atento y pensamiento crítico.
.- ¿Para asistir, sin participar, en el festival de “CompArte” es necesario registrarse? Sí, sólo aclare que es como “asistente”.
.- ¿Para asistir y participar en el festival de “CompArte” es necesario registrarse? Sí, y le pedimos que aclare la forma de su participación.
.- ¿Cuál es el correo para registrarse en el festival de “CompArte por la Humanidad”?
El correo es compArte@ezln.org.mx.
.- ¿Me pueden repetir las fechas y lugares del festival de “CompArte por la Humanidad”? No, ya vienen en el comunicado del 29 de febrero… Ok, ok, ok, van pues:
Fechas: del 17 al 30 de julio del 2016.
Lugares:
Del 17 al 22 de julio del 2016 en el caracol de Oventik. Sólo participan bases de apoyo zapatistas. Asistencia libre como escuchas y videntes, pero con registro.
Del 23 al 30 de julio del 2016 en el CIDECI de San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Participan tod@s l@s artistas registrad@s. Asistencia libre como escuchas y videntes, pero con registro.
.- ¿Tiene algún costo el registro, sea como asistente o participante? No.
.- ¿Van a pagar ustedes (l@s zapatistas) viáticos, comida, hospedaje? No.
.- ¿Según el zapatismo, la gastronomía es un arte? Según cada quien es como caracteriza su práctica. En el caso del difícil arte culinario, las insurgentas, como un eco del 8 de marzo, participarían con un menú… mmh… ¿cómo les diré?… desconcertante: “tamales licuados y café con chile” (ojo: para el licuado de tamales no usan licuadora ni máquina alguna, sólo el fogón y su “sabiduría”). Yo ya lo sufrí… perdón… lo degusté y es… sí, desconcertante.
.- ¿Pueden participar niñ@s? Los niños sí pueden registrarse y participar o asistir. Las niñas, pues con la pena que ya se pasó el tiempo, porque el límite era el 8 de marzo, así que… ¿eh?… pero es que… ¡ay!… ok, ok, ok: las niñas también pueden registrarse. Ojo: tod@s l@s menores de edad deberán estar acompañad@s de madre o padre o tutor o tutora o tutoroa.
.- ¿Existe algún tipo de prohibición en tales eventos? Sí, está prohibida estrictamente la producción, consumo y comercio de drogas y alcohol. Si no es usted capaz de hacer arte o disfrutarlo sin meterse algo antes o durante, pues se equivocó de canal.
.- ¿Todavía no hay informe sobre la Escuelita? No. Se están revisando las preguntas que mandaron l@s alumn@s. Cuando ya haya algo, se les avisará a l@s interesad@s.
Es todo por ahora.
Subcomandante Insurgente Moisés. Subcomandante Insurgente Galeano.
México, marzo del 2016.
Del cuaderno de apuntes del gato-perro:
LA HORA DEL POLICÍA (primera parte):
Uno.- En México, un país de Latinoamérica que sufre, al igual que todos, la crisis mundial, pero potenciada por la sólida triada de corrupción-torpeza-ignorancia hecha gobierno, el funcionario responsable de la educación pública, Aurelio Nuño Mayer, no puede ocultar su pasión por la profesión de policía. Alentado por sus compinches, el señor Nuño cree que puede lograr la candidatura de su partido, el Revolucionario Institucional, para la presidencia de la república, si funge más como golpeador a sueldo, que como promotor de la educación mexicana. Aficionado a proferir amenazas, regentear su propio cuerpo represivo y obrar como cualquier patrón en los inicios de capitalismo salvaje, el señor Nuño encuentra un placer especial en convertir al magisterio en destino, no de mejores escuelas, preparación y salarios, sino de arbitrariedades, golpes y despidos. Cumpliendo funciones de fiscal, juez y verdugo; de ministro de trabajo (decreta despidos sin indemnización), ministro del interior (dispone a su antojo de policías y ejército), torpe locutor mediático, pésimo constructor de adhesiones “espontáneas”, y tuitero en permanente “slow motion”, el señor Nuño tiene como único mérito curricular el haberse cobijado en la banda de criminales que delinquen con fuero. A pesar de sus trajes y corbatas, su imagen maquillada y construida a fuerza del Photoshop mediático, el señor Nuño no puede ocultar lo que siempre ha sido: un triste y gris policía que obtiene dinero y placer reprimiendo y humillando. El señor Nuño siempre ha anhelado ser un buen policía, pero… cuando la cueva de ladrones sea insuficiente para albergar a tantos, cuando su secreto protector se derrumbe, el señor Nuño demostrará también que es un buen corredor… cuando de huir se trata.
Otro uno.- En la llamada “máxima casa de estudios” de ese país conocido en los mundiales de fútbol (aunque no más allá de octavos de final) como “México”, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha llegado al máximo puesto burocrático ?y escalón para puestos gubernamentales?, es decir, a la rectoría, el señor Enrique Graue Wiechers. Además de que su carrera académica y profesional ha sido en la burocracia de la academia, conducido por la mano del siquiatra de la familia Zedillo Ponce de León, el señor Graue hizo estudios de posgrado en una universidad norteamericana conocida por haber inventado la bebida energética autodenominada “Gatorade”, lo que da una idea de lo avanzado de su especialidad en oftalmología. Hace unos días, el señor Graue se ha declarado “indignado” porque no fueron suficientes las drogas que la policía “plantó” o “sembró” en uno de los activistas del Auditorio Che Guevara (al que, inútilmente, las autoridades universitarias pretenden llamar “Justo Sierra”). El señor Graue no se indignó porque el bajo presupuesto federal destinado a la educación superior sea insuficiente para dar cabida a cientos de miles de jóvenes y jóvenas; tampoco se indignó por las condiciones mercantilistas a las que está sujeto el personal académico y administrativo; ni se indignó porque la UNAM se ha convertido en un nido de malvivientes, es decir, de funcionarios burocráticos que ni siquiera saben escribir bien el nombre de su capataz (o sea del rector); tampoco se indignó por la inseguridad que sufren administrativos, académicos y estudiantes en los campus de la UNAM (asaltos, violaciones, asesinatos); no se indignó porque un proceso antidemocrático y gansteril haya colocado en el máximo puesto de la “máxima casa de estudios” a un burócrata gris.
No, el señor Graue se indignó porque la policía no hace bien el trabajo de fabricar culpables. Y eso le indigna al señor Graue porque él, toda su vida, se ha esforzado por ser un buen policía. Con su indignado discurso policíaco (secundado por personas que ni siquiera saben dónde rayos está el auditorio Justo Sierra, mucho menos el Che Guevara), el señor Graue dicta cátedra: “el problema de la educación superior en México es culpa de un comedor vegetariano, un taller de serigrafía, un taller de panadería, entre otras cosas. Son actividades subversivas promovidas por un grupo de personas anarquistas, o sea sucias, feas y malas, que contrastan con la pulcritud y buen vestir de la burocracia universitaria. Ni siquiera venden Gatorade, sino puras aguas de origen desconocido. Son drogadictos (los funcionarios altos, medios y bajos esconden en los cajones del escritorio la cocaína, el cristal, las tachas y hasta el crack y una que otra bacha ?también en la burocracia hay niveles, mi buen?), son anarco-anarquistas, no forman parte de la comunidad universitaria (más de un funcionario traga saliva) y ese auditorio… el auditorio… el auditorio… secretario, rápido, dígame cómo se llama el auditorio ése que queremos liberar… ah sí, el auditorio Justo Sierra de la facultad de medicina… ¿eh?… ¿no está en medicina?… ¿eh?… ¿están grabando? ¡avisen!… ok… que está en la facultad de Filosofía y Letras de Acatlán… ¿no?… ¿en Ciudad Universitaria?… ¿Qué en CU no es donde juegan los pumas?… ¿A poco también hay facultades ahí?, pues yo sólo conozco el palco de la rectoría… bueno, donde sea, eso debe ser “liberado” por la policía, claro, por policía que sí siembre bien las pruebas, y no ésos atolondrados que ni acomodar bien la yerbabuena en una mochila saben. Por eso, un grupo de élite de mis funcionarios dará un diplomado sobre cómo acomodar enervantes en portafolios. Sí, ya sé que no son lo mismo, pero nosotros no cargamos mochilas, sino portafolios. He dicho… ¿y los aplausos?… ¡préndele a la grabadora wey!… ¡no, ésa apágala que me arruinas mi carrera al gabinete! ¡la otra! ¡ésa mera! ¡Gracias, gracias a los auténticos universitarios que saben que la universidad sirve para domesticar, no para enseñar ni investigar! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿cómo quedó? … ¿eh?… ¡que apagues esa pinche grabadora!… ¡no, la de los goyas no, la otra wey, la que está grabando!”
El señor Graue está furioso, él sólo quiere ser un buen policía…
Doy fe: guau-miau.
Gato-perro.
Copyleft 2016. Permiso de la Junta de Buen Gobierno en estado “vuelva mañana a ver si ya, pero quién sabe, de repente en el otro turno, pero mientras le cuento la historia de la autonomía zapatista. ¿Ya la sabe? Bueno, entonces hay que, como quien dice, repasarla hasta que llega bien en su cabeza. ¿Lo trae su cuaderno de apuntes? Escriba ahí “resistencia y rebeldía”, o “rebeldía y resistencia”, es lo mismo, porque el orden de las “r” no afecta la autonomía, ¿qué no las estudió usted bien las matemáticas? ¿Puras canciones? No, mire, se necesitan las artes y las ciencias, si no pues cómo”.
El titular de la SDR, Armando Toledo, revela que una de las 15 plantas extractoras del programa estratégico de palma africana, sería de su propiedad.
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 16 de marzo del 2016.- El secretario estatal de Desarrollo Rural, Armando Toledo Jamit, estaría en un “conflicto de intereses” con el programa estratégico de palma africana, que impulsa el ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas, al revelar que una de las 15 plantas extractoras que incluye el proyecto, sería de su propiedad.
Autoridades estatales y federales presentaron las “bondades” de la siembra de palma de aceite en Campeche, por supuesto, no se mencionó, hasta las preguntas y respuestas, ninguno de los problemas ambientales, sociales y económicos que ocasiona este cultivo.
Sin embargo, la controversia surgió cuando el secretario Toledo Jamit dijo que apoyó a unas empresas para la siembra de la oleaginosa hace varios años.
Paginabierta.mx le interrogó si aún sigue sembrando este cultivo y declaró: “Yo no sembré palma, yo promoví un proyecto y voy a poner una extractora, yo invité a un grupo de empresarios a que sembraran…no, yo no tengo palma, yo voy a construir una planta”.
Se le preguntó sobre el conflicto de intereses y en claro desconocimiento de la ley, explicó que “sería conflicto de intereses, si yo agarro dinero de aquí, tienes toda la razón, pero yo no estoy agarrando dinero de aquí, yo soy un empresario, que no se te olvide, tenemos aquí 36 años y tenemos historia, puedes ir a ver y meterte a los programas, que nunca nos han dado un peso”.
Acto seguido, cuestionó el origen de este reportero y cuánto tiempo en el oficio, por lo que se le recordó que las preguntas son hacia él. Parece que se le olvidó que como encargado de una secretaría de estado, como funcionario y como servidor público, no puede beneficiarse como particular de nada que se genere como competencia de su trabajo y como encargado de despacho.
Rebatió: “La pregunta es porque los que me conocen, saben, pregúntales quien ha sido el principal crítico de los programas de gobierno, soy el mayor, tu eso no lo sabías, verdad”, y ante la negativa de quien escribe, pidió que nos informemos de su currículum, pues no ha recibido nunca un peso en apoyos, ni antes de ser funcionario, ni ahora que si lo es.
Conflicto de intereses, según la ASF
Según el documento “las Directrices de la Auditoria Superior de la Federación para prevenir el conflicto de intereses”, se interpreta conflicto de intereses, cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
Además de que la ASF, que es la dependencia encargada de la investigación de este delito, señala en dicho documento que se clasifica el conflicto de intereses en dos tipos; “potencial”, que es cuando “no hay conflicto de intereses en el momento, pero en un futuro, dadas ciertas circunstancias, puede aparecer, y “real”, que es “cuando un interés influye parcialmente en el desempeño de las actividades de un servidor público”, en este caso, ambas juegan cierto papel.
Y es que el secretario aún actúa como empresario, mientras que es secretario de Desarrollo Rural, con obligaciones directas sobre el campo y la producción de éste, cuando ha sido uno de los empresarios más grandes del campo en Campeche, la cosa no es si los apoyos existen o no a su favor, ya que en ese caso, entrarían otros delitos, como desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, fraude, peculado y varios más.
La justificación legal de esta aseveración en contra del secretario radica en el artículo 8 de la “LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”, que dice en su párrafo XI y XII que el servidor público debe:
XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;
XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
Sí hay conflicto de intereses de Toledo
En la conferencia de prensa, el secretario reconoció que pondrá una planta extractora del aceite de la palma, financiado con sus recursos, pero claramente está obteniendo un recurso económico personal del programa o plan que pretende implementar el estado y la Federación, es decir, que está beneficiándose de lo que impulsa y a eso se le llama conflicto de intereses.
Asimismo, existe la iniciativa 3 de 3, un compromiso de este y otros gobiernos en pos de la transparencia y la rendición de cuentas claras a los ciudadanos, que consta de la presentación de la Declaración Patrimonial, el Conflicto de Intereses y la Declaración Fiscal, en el caso del secretario Armando Toledo Jamit, carece de relevancia, pues si su declaración patrimonial incrementa, es claro que argumentará su negocio familiar, asimismo, su declaración de conflicto de intereses, sí arrojaría problemas, y su declaración fiscal, es igualmente variable.
Cabe puntualizar que mientras siga el binomio político-empresario, esta situación se presentará constantemente, no se califica la honradez o no del funcionario, sino la infracción flagrante a la ley.
Más información en:
www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecnicas/directrices.pdf
paginabierta.mx/sitio/aflora-conflicto-de-intereses-de-secretario-de-alito/
Esta mañana el Comité de padres de familia de la primaria Vicente Guerrero, ubicada en el Fraccionamiento Las Playas, tomaron las instalaciones.
El grupo se mostró inconforme por la Reforma Educativa, tras la notificación de despido de cinco maestras del turno matutino por no presentar la evaluación docente.
Hasta el momento no permiten el ingreso a los alumnos ni a los profesores a realizar sus labores.
En el portón de acceso a la institución colocaron diversos carteles con mensajes en defensa hacia los maestros de dicha escuela. “No permitiremos el despido de ningún maestro!!!”, puede leerse en uno de ellos.
Es de recordar que el martes de la semana pasada el Magisterio Unido de Durango protestó contra las notificaciones previas de despidos de más de 200 maestros que no aplicaron los exámenes y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado (SEED).
Javier Cruz Aguirre Ensenada, B. C.
Ello lo solicitaron la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social y el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), en las horas previas a la conmemoración del primer aniversario del movimiento de decenas de miles de trabajadores agrícolas del valle de San Quintín (17 de marzo de 2015).
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones establecen que las dos instancias mundiales “no han hecho nada para cambiar las condiciones laborales, sociales y económicas” de los jornaleros agrícolas de México, y “representan tan sólo los intereses de las grandes compañías internacionales que dominan al sector agropecuario del país”.
Y anuncian que pedirán la inmediata intervención de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), otra agencia de la ONU que entre sus objetivos busca promover y cumplir las normas, los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como crear mayores oportunidades para que “mujeres y hombres del mundo puedan tener empleos e ingresos dignos”, a fin de que el FLO y el FIDA se retiren “inmediatamente” de México.
– “El programa Comercio Justo se encarga de otorgar certificaciones a las empresas agrícolas que más violan los derechos fundamentales de los trabajadores, como lo es el caso del Rancho Los Pinos, de los hermanos Rodríguez del valle de San Quintín, a quien el gobierno mexicano premia con apoyos y subsidios que sólo facilitan la evasión de responsabilidades de los patrones hacia sus miles de trabajadores”, indicó Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros de la alianza, al dar a conocer el contenido del documento.
De acuerdo con su página en internet, el programa “Comercio Justo” cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Fija un precio mínimo garantizado por el producto que se exporta, más un premio, “dinero que las organizaciones de productores deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad”.
Naciones Unidas fracasa en obligar a gobierno y rancheros en México a evitar violación a derechos de los niños en los campos agrícolas del país.
Postula que en el caso de la producción en plantaciones como las que existen en el valle de San Quintín, el propósito central es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
La certificación la otorga la Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations Internacional – FLO), una organización encargada de establecer los requisitos del “Comercio Justo” y certificar.
La FLO actualmente cuenta con 21 organizaciones nacionales en Europa, Norteamérica y Japón. En Centroamérica, los productores con certificación de Comercio Justo exportan café, cacao, azúcar, miel de abeja, banano y otras frutas frescas y jugos de fruta.
Hasta hoy, la certificación de esta empresa sólo ha beneficiado a las grandes empresas trasnacionales y nacionales que operan en México, y de los supuestos premios que otorga a quienes cumplen con su certificación, los jornaleros no hemos visto un solo centavo”, indican las dos organizaciones de trabajadores del campo en su comunicado.
Por su parte, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una agencia especializada de las Naciones Unidas, fundada en diciembre de 1977, con el mandato de servir exclusivamente a los pobres en zonas rurales de los países en desarrollo.
En su página cibernética, el fondo dice que “es único entre las agencias de las Naciones Unidas, por lo que es primordialmente una institución financiera que suministra préstamos y subsidios para sus países miembros en vías de desarrollo, para programas y proyectos dirigidos a las necesidades de los más pobres y segmentos marginados de la población rural, ya sea que estén sin tierra, minifundistas, mujeres, artesanos, pescadores, pastores o indígenas”.
Al respecto, Fidel Sánchez manifestó que el fondo no ha hecho nada por erradicar la pobreza en el campo mexicano, pues sus programas para que los jornaleros “y demás pobres del agro” tengan acceso a los medios de producción, tierras y agua, insumos técnicos, capacitación y extensión, mercados, investigación de adaptación para sostener la base de recursos, crédito y servicios comunitarios, “son nulos”.
La alianza y el sindicato indican en su posicionamiento que los dos programas de Naciones Unidas no evitaron la situación de explotación, pobreza y marginación de los jornaleros de Baja California, por lo que las demandas iniciales de los trabajadores que paralizaron los campos de hortalizas y berrys del valle de San Quintín, continúan vigentes.
– “Estos dos proyectos son cómplices de las autoridades y empresarios nacionales y extranjeros que persistentemente violan los derechos de los jornaleros mexicanos, por lo que a un año del inicio de nuestra lucha por la dignidad y la justicia social decimos que los 14 demandas siguen vigentes”.
Esas demandas son: 1.- revocar los contratos colectivos de trabajo que las empresas firmaron con “sindicatos de protección” afiliados a las centrales priistas CTM, CROC y COR; 2.- respeto al derecho de antigüedad laboral de los jornaleros; 3.- afiliación masiva y efectiva de los trabajadores del campo al Instituto Mexicano del Seguro Social; 4.- pago de todas las prestaciones de ley; 5.- pago efectivo de dos y tres salarios por días festivos y descanso obligatorio; 6.- descanso con derecho a pago para mujeres embarazadas en las seis semanas previas y posteriores al nacimiento de sus hijos. 7.- no tomar represalia laboral o penal alguna en contra de los trabajadores que se sumen a las demandas de la alianza y el sindicato.
8.- Permisos de una semana con pago de salario a los padres de hijos recién nacidos; 9.- fin al abuso o acoso sexual de los mayordomos y empleados de los ranchos a las mujeres jornaleras; 10.- pago de 300 pesos diarios de salario; 11.- pago de 30 pesos por cada caja de fresa cosechada; 12.- pago de 17 pesos por cada jarra de mora colectada; 13.- pago de ocho pesos por cada cubeta de tomate levantada; y 14.- aplicar los beneficios de sus demandas a todos los jornaleros agrícolas de Baja California y el país.
– “Seguiremos nuestra lucha por alcanzar cada una de nuestras peticiones iniciales. La lucha es larga, pero tenemos confianza en que lo lograremos”, terminan manifestando las organizaciones firmantes.
Edgar Delfin
A gritos de “somos maestros, no somos delincuentes”, aproximadamente 200 maestros se manifestaron a unas calles del Bicentenario, donde en ese momento se presenciaba el sexto informe de gobierno de Jorge Herrara Caldera.
Lo único que solicitan es que Jorge Herrera les otorgue una audiencia, para no manifestarse más.
Los docentes continúan manifestándose, por la serie de inconformidades que se tiene con la Reforma Educativa y el famoso examen de evaluación.
Este último considerado por muchos catedráticos como presión y no como una acción que mejore los niveles de educación.
Actualmente en Durango se tenían a 216 maestros en la mira para ser despedidos, sin embargo 30 ya justificaron su inasistencia a la evaluación, del resto aún se desconoce que pasara con ellos debido a que el pasado lunes, todavía faltaba entregar algunas notificaciones.
Cabe destacar que al momento de recibir la notificación tiene 10 días para justificar la falta, de lo contrario en la próxima quincena se detendrá el pago y posteriormente serán despedidos.
Durante la protesta, los oficiales de policía que resguardaban el lugar prohibieron que los docentes accedieran al recinto donde en ese momento se presenciaba el sexto informe de gobierno.
http://www.durangoaldia.com/protestan-maestros-informe-gobierno-jhc/2016/03
El Economista
Cinco empresas de China que pertenecen a los sectores automotriz, electrodomésticos, energía y artículos para el hogar manifestaron interés por invertir en Nuevo León.
Lourdes Flores
Mar 16, 2016 |
Monterrey, NL.- Cinco empresas de China que pertenecen a los sectores automotriz, electrodomésticos, energía y artículos para el hogar manifestaron interés por invertir en Nuevo León, durante una misión comercial por el país asiático que realizaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.
En Shanghai, dos empresas chinas expresaron su interés por invertir en la entidad, una de ellas Tier 1 del sector automotriz y la segunda fabricante de artículos para el hogar, proveedora de grandes empresas como Target y WalMart, comentó el titular de Sedec, Fernando Turner.
Asimismo, en Bejing, los funcionarios sostuvieron reuniones con tres empresas con importante presencia en China que están buscando invertir en México, en diferentes sectores como el automotriz, electrodomésticos y energía.
Una de las firmas, es considerada como uno de los grandes proveedores de firmas como Whirlpool, LG y Electrolux y busca abrir operaciones en México.
Del sector energía de China, una empresa especializada en la producción de torres eólicas, desea aprovechar las ventajas de la apertura energética de México y evalúa implementar un proyecto de expansión en Nuevo León.
Como parte de la agenda por China también sostuvieron encuentros con representantes del consejo directivo de las empresas Holley Group y Futong Group, quienes anunciaron a finales del año pasado una inversión por alrededor de 400 millones de dólares en el Parque Industrial Hofusan, en Salinas Victoria; con quienes firmaron un memorándum de entendimiento para que las empresas que se instalen en dicho parque sean de origen chino.
“Los resultados favorables de la Misión Comercial por China son evidentes, cinco empresas de diversos sectores expresaron su deseo de invertir en Nuevo León, esto es sólo el comienzo de futuras empresas chinas que se instalarán en Nuevo León para generar oportunidades de crecimiento y empleos”, dijo Fernando Turner Dávila.
eleconomista.com.mx/estados/2016/03/16/cinco-empresas-china-planes-invertir-nuevo-leon
Regeneración Radio
I. NOS DECÍAN QUE ESTÁBAMOS LOCOS
Los tiempos de la cosecha de fresa estaban cerca y miles de jornaleros estaban preparados para cerrar la Carretera Transpeninsular el 17 de marzo de 2015. No había marcha atrás. Dos años antes, una consigna se había esparcido como la tolvanera por todo el Valle de San Quintín: salarios justos. Y entre los surcos, ahí donde apio, calabaza, hortalizas, chile, betabel, pepino, tomate, fresa, mora y frambuesa son sembrados para ser enviados allende fronteras, se hablaba ya de una “loca idea”: había que levantarse. Una mañana clarísima, en un paraje desértico a unos cincuenta metros de su casa en la colonia San Juan Cópala, Bonifacio Martínez recuerda el momento en que inició todo:
-Una tarde regresé del trabajo, cansado. Y vi a mi señora madre. Me contó que había trabajado durante toda la semana y no le habían pagado. Entonces fuimos con el patrón, quien le dijo que se esperara una semana. Me dio un chingo de coraje. Imagínate, se supone que tú trabajas para que te paguen, porque lo ocupas. Y fue que pensé: ¿Qué tipo de patrones tenemos? ¿Si de por sí nos pagan bien barato a dónde vamos a llegar? ¿Dónde están nuestros derechos?
Bonifacio ronda los 40 años. No mide más de 1.60 metros, viste chamarra negra y una boina cubre su cabello, triqui oaxaqueño como todo él. A dos kilómetros de donde está parado, las olas del mar del Océano Pacifico rompen en una playa café y frente a la loma desde donde mira se extienden campos de fresa hasta donde la vista cubre. Cerca, una docena de jornaleros abrigados y con el rostro cubierto laboran su jornal. “En ese campo -señala hacía la alfombra verde-, años anteriores se entraba a las 6:00 am. Se comía en menos de 15 minutos, medio se agarraba el lonche, unos taquitos, y hasta las siete de la noche sin parar. Cuidado que descanses un día porque al otro no tienes chamba. Es empresa de Felipe Ruíz Conrado. Pagaba a 9.50 pesos la caja.”
Antes del levantamiento, Bonifacio trabajó en casi todos los ranchos de la región. “Trato pésimo estos cabrones. No les interesaba lo que a ti te pasara. Sólo les importaba la calidad de la fruta, que no la mallugues, que no le lleves una o dos fresitas mallugadas o podriditas porque esa caja no te la pagan. Había días en los que te no te contaban hasta 10 cajas; de a 10 o 12 pesos.”
Entonces Bonifacio comenzó a caminar con dos jornaleros más, Juan y Cirilo. Su objetivo, contrario a lo que había pasado ulteriormente -paros laborales focales, en pequeños ranchos- era organizar y levantar a todo el valle, una franja de desierto costero que se extiende en el municipio de Ensenada en Baja California, que abarca las localidades de Vicente Guerrero, Camalú y San Quintín, y donde además de la pesca de almeja, los ranchos de empresas como Driscoll’s, Berrymex y Los Pinos son los únicas fuentes de empleo. Una neo esclavitud que ha encallado en esta tierra.
“Nos decían que estábamos locos”, dice Bonifacio con su acento oaxaqueño. Y de su memoria rescata para la grabadora el discurso con el que comenzó a hablarles a sus vecinos en las colonias: “¿Quieres a tu hijos, pues qué estás haciendo para defenderlos? Si les tienes amor a tus hijos ahorita es el momento de que busquemos una solución para que ellos no vivan lo que nosotros. ¿No te gustaría que te pagaran mejor? Ya ves que sí quieres mejorar, pues defendamos juntos eso. Yo no vengo a ofrecerte despensas, ni dinero, ni un puesto público, eso no tengo. Lo que si te digo es que yo soy un trabajador igual que tú, y me duele lo mismo que a ti. Lo que si te puedo decir es que me levanto a las 4 de la mañana, y mi esposa también, para hacer el lonche. Y seguro que tú y tu esposa también; seguro que te falta para el gas, para la luz, ¿verdad? Pues llegó la hora.”
De esas charlas nació la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social con reuniones cada viernes. Y en los ranchos, en las colonias, se regó la voz. “Los mayordomos, los capataces, los productores ya sabían; habían escuchado. Pero decían: ‘Qué nos pueden hacer si durante años les hemos partido la madre a estos pinches indios’”.
La fecha se fijó para el 17 de marzo, cuando la temporada de la fresa se acercaba. Ese día, al alba, nada ni nadie pasaría por Transpeninsular que se extiende desde Tijuana hasta Cabo San Lucas en la Baja California Sur. Los jornaleros, miles, se acuerparían en uno solo para hacerse oír. Una profecía escrita siglos atrás, cuando Jacinto Canek se rebeló en Yucatán, se cristalizaba: “¡Se han sublevado los indios!”, porque indios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas son mayoría en San Quintín. La noche del 16 de marzo nadie durmió en el valle y al amanecer el mundo entero sabía de los jornaleros plantados a mitad del desierto en el frio y soterrado norte de México.
II. EL SINDICATO Y LA POLÍTICA OSCURA
Camino al sur desde Tijuana, el asfalto de la Transpeninsular se desdobla por largos kilómetros en un taciturno paisaje. Montañas, sombríos e indiferentes cactus, arbustos y curvas peligrosas se agolpan junto al mar bravo y espumoso. Una arquitectura crisol, ora árabe, ora moderna, ora humilde, compone el camino y un silencio mortecino se cuela desde afuera. Adentro, una estación, la XEQIN La Voz del Valle Radio, suena a bajo volumen en el estéreo. Es la única que se ha sintonizado en kilómetros. Veredas se abren en medio de la tierra hacía “rutas del vino” poco transitadas.
El camino serpentea y adelante, en el mar gélido, un grupo de cruceros y barcos gigantescos, blancos como la leche más pura, posan frente a Ensenada, la última gran urbe de la Península antes de La Paz. Adelante, en Vicente Guerrero, cuando el auto se detenga, la noche se derramará sobre el valle y será hora de dormir a 16 grados centígrados. Un frio profundo.
Al día siguiente, 13 de enero, en Ensenada, los cruceros siguen allí. En el café Zu Taza, a unos treinta metros de la playa, los voceros de los jornaleros de San Quintín están sentados en una larga mesa. Dibujan, frente a medios locales, un balance del movimiento a casi un año de bloqueos, marchas, caravanas, boicots y reuniones. El 13 de mayo de 2015, a casi dos meses del levantamiento, la Alianza y el gobierno federal firmaron acuerdos en los que se establecieron algunas líneas para resolver el conflicto. Afiliación al seguro social, pagos puntuales, certificación de las empresas como libres del trabajo infantil -en los surcos se empleaban por igual a mujeres, niños y hombres-, respeto a los derechos laborales, humanos, y el aumento de los salarios. “San Quintín tomó la decisión de salir debajo de la mesa… ninguna de las demandas ha concluido… queremos recuperar las prestaciones que nos han arrebatado”, dice Fidel Sánchez Gabriel.
El acuerdo al que se llegó en agosto de 2015 con los empresarios de las más de 122 empresas que siembran en el Valle de San Quintín, fue que éstas pagarían un salario mínimo de 150 pesos diarios, y se fijaba que los salarios estarían en tres categorías: 19 empresas pagarían 180 pesos por el día de trabajo, 39 pagarían 165, y 64 pagarían el mínimo de 150. Pero en la realidad pocas empresas, y los gobiernos estatal y federal no han dado seguimiento al cumplimiento de las demandas. En los surcos la realidad es otra, dice Lorenzo Rodríguez, un veinteañero, indígena:
-Las mesas se quedaron atoradas en la categorización de los salarios. Y las empresas que han aumentado los sueldos también lo han hecho con el trabajo. Te exigen más surcos y no reconocen las horas extras.
Por eso todo el movimiento del valle se ha volcado en la creación de un sindicato independiente. Aunque no era una demanda inicial, un sindicato propio para los jornaleros es la apuesta a largo plazo para este movimiento. La conferencia en el café Zu Taza es en realidad la presentación formal del sindicato, cuyo registro fue otorgado un día antes por la Secretaria del Trabajo y Previsión y Social (STPS). El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas ha sido reconocido “Con el propósito de transitar hacia la representación legítima de estos trabajadores”, dice el boletín oficial. Su secretario general es Lorenzo Rodríguez, quien ahora toma el volante del auto en el que se regresa a Vicente Guerrero luego de la conferencia.
“Soy de Oaxaca. Yo llegué al valle en 2005, a los 15 años, cuando terminé la secundaria y en las vacaciones me vine y trabajé dos meses. Entonces pensaba que acá sí se ganaba dinero y decidí establecerme. Empecé en Berrymex. Les expliqué que yo estudiaba en la tarde la preparatoria y me dieron chance, pero no rendía igual en las clases, y el trabajo era muy pesado. Entonces me salí de la escuela. No me importaba nada; no veía la explotación, la humillación ni el acoso. Ni que decir de los sueldos miserables. Antes del 17 yo no veía mi futuro, pensaba que era joven y que podía rendir en cualquier trabajo, que lucharan los que tenían necesidad. Yo no. Pero después abrí los ojos. Qué iba a pasar cuando tuviera 50, 60 años. No tendría la misma fuerza. ¿Y mis hijos?”
Lorenzo es moreno. Su peinado se sostiene con gel y hoy se ha vestido “formal” para la conferencia. Pero más tarde tiene que regresar al campo. Es, quizá, el secretario general más joven del país, apenas rebasa los 25 años, y también el único que además de sus funciones sindicales es trabajador. Sobre el camino señala los puntos que se bloquearon el 17 de marzo, y dónde días después se alojó la caravana que viajó a Mexicali, la sede del gobierno del estado, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, panista de cepa a quien los jornaleros señalan como mecenas del Rancho Los Pinos, uno de los más robustos del valle. Entresijos del poder.
El Rancho Los Pinos ostenta el Premio Nacional a la Exportación. El reconocimiento fue otorgado en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. El premio, ha dicho el gobierno, “es el máximo reconocimiento… a las empresas, instituciones y organizaciones que operan en México en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior”. Antonio Rodríguez Hernández, propietario actual del rancho fundado en 1952, fue diputado estatal por el PAN de 2004 a 2007. Luego, hasta 2013, fungió como secretario de fomento agropecuario de Baja California en el gabinete del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, panista antecesor de Francisco Vega. Una carrera meteórica, con beneficios mutuos.
El cargo que otrora ocupó Rodríguez Hernández lo tiene actualmente Manuel Valladolid Seamanduras, familiar de Antonio Valladolid Rodríguez, actual secretario de planeación y finanzas. Manuel Valladolid ha sido señalado por los jornaleros, y por la diputada local del PAN, Rosalba López Regalado, como propietario del Rancho Valladolid, según lo recogido por el semanario Zeta, de Tijuana, el sábado 21 de marzo de 2015. Las conexiones de esta red política ligada a los ranchos en los que los jornaleros dejan la vida por 100 pesos diarios, o menos, se extienden en el caso de Antonio Valladolid. En un reportaje publicado por Newsweek en español, el 16 de mayo de 2015, se cita a al periodista Javier Cruz, quien ha investigado sobre la industria agrícola de San Quintín desde 1981. Testigo de las condiciones de explotación que imperan en la región, Javier dice que “Las familias Valladolid y Rodríguez, las principales productoras de la región, han resultado beneficiadas gracias a su acercamiento con el poder político (…) Manuel Valladolid Seamanduras no tiene propiedades inscritas en el registro público de la propiedad, ni figura como socio de empresas; sin embargo, existen partidas que informan de su participación en AgroIndustrias Vigor, S. A. de C. V. como administrador único, gerente general y apoderado legal”. Y un directorio de exportadores indexado en el sitio del gobierno del estado lo demuestra.
Lorenzo Rodríguez, el joven secretario general del sindicato de los jornaleros, que ahora conduce entre curvas y pendientes, detrás de un camión de transporte de personal del valle, hace un cálculo: “Imagínate, Driscoll’s -la transnacional más poderosa de la región- manda unos cinco o seis tráileres diarios por esta carretera. Cada tráiler, dependiendo el largo de su plataforma, lleva de 20 a 30 tarimas de fresa, y cada tarima le reditúa unos 150 mil pesos. Hablamos de millones, a diario. ¿No hay dinero? ¿Los patrones no pueden pagar más al jornalero?”
Lorenzo habla con claridad: “de todo lo que hicimos, de tanta lucha, el sindicato es uno de los mejores resultados. El plan ahora es la afiliación masiva, primero en ranchos pequeños, en donde sí se afilia el 50% más uno de los trabajadores se puede emplazar a huelga, legalmente. Pelear los contratos colectivos y ganarle a los sindicatos charros, a la CROM, a la CROC, que no han defendido a los jornaleros. Cierto, hay desanimo por los despidos masivos que hicieron algunos empresarios, pero también hay esperanzas. Con el sindicato el poder sigue estando en nuestras manos. En la Ciudad de México, cuando se entregó el registro el sindicato, algunos periodistas cuestionaron mi edad y experiencia. Puede ser, les dije, pero no se preocupen, para eso estamos aquí, para aprender.” Una nueva tarde ha caído sobre el valle y Lorenzo sigue al volante.
III. EL ACOSO, LAS MUJERES
En los surcos, además de la explotación salarial, otra problemática guarecía para salir a flote. Y emergió. Con el levantamiento del 17 de marzo se hizo manifiesto que el acoso de mujeres en los campos, realizado por capataces, patrones y jornaleros, es también un tema pendiente. Uno áspero, difícil y arraigado en un machismo rampante al que las posiciones de poder crispan para socavar dignidades.
Sentada en un pequeño restaurante, donde se sirven burritos de carne asada, Gloria Gracida Martínez cuenta su historia: una que inicia con una niña de 10 años llegada al valle, a la que le pagaban a 50 centavos el bote de tomate (actualmente se paga entre 2 y 3.5 pesos) y que 20 años después, ya como profesora con un título de maestría en la Universidad Iberoamericana, pero sobre todo como participante activa del paro, se ha volcado a denunciar las condiciones de explotación infantil y hacía las mujeres en los surcos, incluso en las casas.
-Me tocó ver, sí, el acoso sexual. Sobre todo de los mayordomos, de los choferes de los camiones que transportan a los jornaleros. Hablamos de niñas, menores de edad. Incluso violaciones sexuales que no se denuncian. Por miedo, por la cultura de las mujeres. Hay un silencio auto impuesto. Y si se denuncia la atención no es la correcta. Entonces, una mujer, por la necesidad, tiene que permanecer en el campo. Y si va a otro le puede ocurrir lo mismo.
Una voz coral se conforma con los testimonios. Un día antes, Lorenzo Rodríguez, el joven secretario general del sindicato, había dicho: “Hay mucho acoso hacía las mujeres. Los mayordomos, los capataces, se aprovechan de los puestos que tienen. A veces son los hijos de los patrones. Les gusta ‘jugar’, ‘divertirse un rato’, cuando miran a una muchacha que les parece bonita. Durante el paro se denunció mucho. Y las cosas cambiaron un poco. Algunos mayordomos ya se dirigen con más respeto, pero hay campos en donde eso sigue igual. Y eso, por lo que sé, también pasa en las maquiladoras de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
A Gloria el movimiento le ha cambiado la vida. Antes del 17 de marzo no tenía conocimiento de que se preparaba un paro en todo el valle. Pero ese día llegó a la escuela donde labora como maestra y las clases se habían suspendido. “Me regresé a dormir. Luego me dijeron: ‘hay movimiento y están cerradas las carreteras, los bancos’. Salí y no había nadie en el pueblo. Caminé hasta que llegué a un grupo de personas y me acerqué a una señora que estaba al frente. Me dijo que estaban denunciando, como trabajadoras, las injusticias y las violaciones a sus derechos. Me dijo: ‘Tú no te quedes callada hija, tú tienes que hablar, donde quiera que estés tú tienes que hablar.’ Entonces toda una montaña de memoria se le vino encima y se sumó a la rabia.
En su artículo La crisis de los jornaleros agrícolas en México, publicado en agosto de 2015 por la revista Tzapinco de la Universidad Autónoma de Chapingo, Rocío Guzmán Benítez recoge el testimonio de Mónica Rendón Toledo, jornalera y madre: “La vida empieza a las tres de la mañana y termina hasta las diez de la noche. Se sufre acoso del mayordomo y de los propios compañeros. Regresa a casa a sus labores (lavar, hacer cena, ver tareas con sus hijos). Al día siguiente lo mismo.” Una explotación que se expande y posiciona sobre otra: género y laboral.
Bonifacio Martínez había dicho: “Los mayordomos generales o capataces miran a una dama de buen ver y le dicen que si quiere trabajar tiene que andar con ellos. Bajo ese término. Y hay compañeras que prefieren no trabajar, no comer, para evitar a estos cabrones.”
Gloria Gracida, pausada por el llanto que cubre su moreno rostro, no quiere terminar la entrevista sin decir: “Sabemos que la lucha apenas empieza. Ahora viene la confrontación directa con los empresarios. Aquí estamos, somos fuertes, somos muchos, estamos unidos y ese es el mensaje que tenemos que dar; no es una tarea fácil, pero lo podemos hacer”.
IV. APUNTES OFICIALES, ASINATURA PENDIENTE
El 12 de marzo de 2016, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República publicó el reporte Jornaleros agrícolas. A un año de la rebelión de San Quintín. El documento oficial asienta que los jornaleros agrícolas ocuparon un lugar prioritario en la definición de la Constitución del país, hace un siglo. En su artículo 123, la Carta Magna estableció los derechos laborales:
“jornada laboral de ocho horas, la prohibición para el trabajo de menores de 12 años (y jornadas limitadas para los menores de 16), un día de descanso por cada seis de trabajo, salarios suficientes, trabajo igual remunerado igualmente, limitación del trabajo extraordinario a tres horas diarias y su pago por el doble del de las horas normales; responsabilidad de los patrones por accidentes de trabajo y las enfermedades asociadas a este, derecho a la sindicación y a la capacitación, obligación de los patrones a proporcionar vivienda digna en renta que no excediera el 0.5% del valor catastral, así como obligación de proporcionar enfermerías, escuelas y demás servicios necesarios.”
El reclamo de los jornaleros del Valle de San Quintín -dice el documento- es, en síntesis, el cumplimiento de sus derechos establecidos en la Constitución de 1917. El reporte asegura que “Los jornaleros tienen condiciones de trabajo precarias respecto a otras personas ocupadas en el país en materia de acceso a la seguridad social, salarios y tipo de contratación. Estas condiciones ubican a los jornaleros agrícolas y sus familias entre la población más pobre y explotada del país; carecen de los más elementales derechos laborales que la Ley establece”.
Y concluye: “Una política social con enfoque de derechos en sustitución de la política puramente asistencial debería concentrar sus acciones en el desarrollo de capacidades institucionales para lograr el imperio de la ley, no solamente en el caso de los jornaleros agrícolas sino en todo el sector agropecuario; en particular debe fortalecerse la supervisión laboral, garantizando condiciones adecuadas para su ejercicio (entre ellos un número suficiente de supervisores), su especialización por sectores y su fuerza jurídica para revisar la situación de los contratos, horas de trabajo, salarios y otros derechos, así como para aplicar multas y sanciones por incumplimiento, tal y como ha promovido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1969.”
V. UN VALLE EN VILO
Visto desde el cielo, el Valle de San Quintín se extiende a la orilla poniente de un país accidentado. Una planicie cafecina y desértica bañada por la brisa del océano, a más de tres mil kilómetros de la Ciudad de México. Sobrevolándolo, en el valle aquí y allá aparecerán formas geométricas caprichosas y verdes como estadios de soccer. Campos en los que se debate la vida y el futuro de más de ochenta mil jornaleros llegados desde el sur profundo.
San Quintín es hoy día la punta de lanza la rabia desbordada, pero que busca organización y dirección bajo la forma de un sindicato independiente. En San Quintín ha hablado la memoria de generaciones enteras de indios cuyos derechos han sido olvidados.
Los tiempos de la cosecha de fresa estaban cerca y miles de jornaleros estaban preparados para cerrar la Carretera Transpeninsular el 17 de marzo. No había marcha atrás. Dos años antes, una consigna se había esparcido como la tolvanera por todo el Valle de San Quintín: salarios justos. Y entre los surcos, ahí donde apio, calabaza, hortalizas, chile, betabel, pepino, tomate, fresa, mora y frambuesa son sembrados para ser enviados allende fronteras, se hablaba ya de una “loca idea”.
http://regeneracionradio.org/Micrositio/03-La-Rebelion-de-San-Quintin/
Por: RAQUEL OLLAQUINDIA
marzo 15, 2016
Manifestación frente a instalaciones podría afectar pagos de profesores
La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) es sólo la “instancia notificadora” de los despidos aplicados desde la Federación por no presentarse a las pruebas de evaluación docente, expuso el titular de la dependencia, Ubaldo Ávila Ávila, a una semana de la toma de las oficinas gubernamentales educativas por parte de maestros inconformes por estos ceses.
Por ello, concluyó, “lo lamento pero hay condiciones que se salen de cualquier autoridad local y es una situación que fue en otro nivel de gobierno”.
El funcionario hizo referencia al caso de la maestra Cecilia Betancourt Escalante, quien fue despedida aunque el motivo por el que no se presentó a los exámenes fue el de estar con licencia por maternidad.
En este sentido, Ávila Ávila argumentó que éste fue un despido justificado ya que, debido a esta licencia pedida por la docente, se reprogramó su participación en la evaluación para dos fechas posteriores, pero precisó que no acudió.
Sostuvo, pues, que para presentar la documentación requerida se tuvo un plazo de dos meses, julio y agosto, “cuando ella estaba en servicio”. Asimismo, agregó que cuando se dio la primera prueba, en noviembre, también se respaldó su falta.
“Ella, por su derecho que le asistía, no acudió, es legítimo. Por casos como éste se dieron reprogramaciones, fueron muchos casos. El 5 y 6 de diciembre tampoco asistió y ya estaba en servicio. Más tarde, entrando el año el 22 y 23 de enero, tampoco asistió”, concluyó.
En cuanto a la toma que se prolonga ya por una semana de las instalaciones de la Seduzac, el secretario sostuvo que “indiscutiblemente tenemos un retraso” en ciertos trabajos de la dependencia.
Aunque precisó que ahora muchos trámites se pueden realizar de manera digital, señaló que por ejemplo “algunos pagos para maestros no van a salir el próximo viernes, principalmente los maestros que son pagados vía compensación, del Programa Nacional de Inglés”.
En este caso, precisó Ávila Ávila, se podrán ver afectados cerca de 500 maestros con pagos que oscilan entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos.
En relación a las protestas que también se han dado por parte de padres de familia ante el cambio de maestros por los ceses en algunos planteles, el funcionario consideró que “su servicio educativo está garantizado; no nos podemos aferrar a que sea ese mismo docente”.
http://ljz.mx/2016/03/15/despido-de-docentes-situacion-de-otro-nivel-de-gobierno-ubaldo-avila/
Redacción/Quadratín
El abogado general de la Universidad, Oscar Guerra Becerra, comentó que las autoridades universitarias preparan una nueva propuesta para que los trabajadores tomen una decisión.
QUERÉTARO, Qro., 15 de marzo de 2016.- Luego de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declarara legítima la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), autoridades universitarias presentarán un amparo. A través de un comunicado, el abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Oscar Guerra Becerra, refirió que contaban con los elementos suficientes para que el fallo se emitiera a favor de la Institución educativa. “Entre las irregularidades con las que la representación jurídica de la UAQ solicitó el recurso de inexistencia de huelga, destaca el hecho de que el día del estallamiento, el viernes 4 de marzo a las 12:00 horas, el sindicato no cerró las instalaciones del Campus Concá, ubicado en el municipio de Arroyo Seco. Sin embargo, en la resolución que emitió la Junta de Conciliación se señala que la inspectora de la Secretaría del Trabajo, María Gabriela Zepeda Hernández, acudió a ese municipio e hizo constar el cierre de las instalaciones por parte del personal sindicalizado, lo cual es mentira”, señalan en la misiva. Asimismo, señalaron que a 11 días del estallamiento de la huelga, las actividades académicas y administrativas en Arroyo Seco no se han interrumpido y no se tienen banderas rojinegras ni guardias por parte del personal sindicalizado. En otro punto, el abogado general de la Universidad comentó que las autoridades universitarias preparan una nueva propuesta para que los trabajadores tomen una decisión.
https://queretaro.quadratin.com.mx/Insistira-UAQ-declarar-inexistente-la-huelga-preparan-amparo/
MORELIA, Mich., 15 de marzo de 2016.- La mañana de este miércoles la Red de Mujeres Contra la Violencia Feminicida (Revifem) denunció el incremento de feminicidios en Michoacán en al menos cuatro regiones de la entidad.
Según cifras anunciadas por la Revifem en la entidad 19 de cada 100 mujeres son ultimadas a golpes; 24 de cada 100 mueren por arma de fuego; 13 mueren estranguladas o por arma blanca.
Asimismo, argumentaron que las regiones que reportan más casos de feminicidios son la Tierra Caliente, el Oriente, Centro y la Meseta Purépecha, siendo las ciudades de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Morelia y Uruapan donde hay más casos documentados.
Según información proporcionada durante una rueda de prensa, en la entidad en los últimos cinco años se perpetuaron 762 feminicidios en la entidad, en tanto que en los dos meses y quince días de 2016 van ya 80 casos.
Como parte de las labores que realizan para ser escuchadas las luchadoras sociales, incluyeron una serie de ponencias sobre violencia y género, feminicidios, crítica a las leyes que contravienen al bienestar de las mujeres y contra la propia Iglesia.
Siempre anteponiendo los derechos de las mujeres a una vida digna, decorosa, humana y libre. En última instancia se apuntaló el rechazo de las autoridades estatales y del ámbito federal a reconocer a problemática y a emitir la alerta de género, esto a pesar de la recomendación emitida por la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres la propia Secretaría de Gobernación.
https://www.quadratin.com.mx/justicia/Denuncian-alza-feminicidios-Michoacan/
Demandan un debate que respete los derechos humanos
Alejandra Peña
Somos el Medio
CDMX, 15 de Marzo,2016.- Diversas organizaciones civiles en defensa del Agua se manifestaron con motivo del día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida su posicionamiento ante el uso y aprovechamiento del agua del Río Verde en Jalisco, en donde una de sus principales exigencias es la participación en la toma de decisiones en torno al debate y la elaboración de las políticas de agua en el estado.
Las organizaciones en defensa del agua que se manifestaron son; el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Tomala ciudad, El colectivo de abogados y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), las cuales a través de un comunicado expresaron su
“posicionamiento sobre el Punto de Acuerdo promovido el pasado 18 de febrero, por la fracción legislativa del Partido Movimiento Ciudadano, en relación al uso y aprovechamiento del agua del Río Verde para Jalisco” . Y de igual forma dieron a conocer sus propuestas acerca del tipo de debate que demandan para conformar una política integral de agua, que contemple a todos los sectores sociales de Jalisco.
En su posicionamiento ante el acuerdo promovido por la fracción legislativa del Partido movimiento ciudadano resalta la problemática de la construcción de la presa “El zapotillo” en Temacapullin, en donde a pesar de ser uno de los temas más debatidos por las instancias estatales, destacan que es necesario crear un debate en torno a los derechos humanos de los pueblos y las personas afectadas, puesto que aseguran, es preocupante que los debates de políticas de agua, se estén realizando sin la participación de las comunidades afectadas y la diversidad de organizaciones y colectivos en defensa del agua de Jalisco, “Nos preocupa que las soluciones planteadas, no parecen estar inspiradas en las alternativas de una gestión integral del agua, pues pareciera ser que en el debate únicamente se plantean preocupaciones en torno a la distribución y la disputa del de agua. Debate centrado en los convenios y decretos que solo contemplan como única alternativa la construcción de presas, es decir, de grades obras de infraestructura como únicas soluciones” afirmaron.
Por otro lado, cuestionan las distribuciones realizadas en los convenios y decretos las cuales, no se establecen en torno a los volúmenes actuales del Río Verde y tampoco se están tomando en cuenta los cambios generados a partir del cambio climático. Por tanto estos convenios y decretos, desconocen los volúmenes actuales de la cuenca del Rio Verde.
Es por ello que las organizaciones en defensa del agua exigen su participación en la toma de decisiones para la elaboración de las políticas de agua. Puesto que destacan, se requiere un debate que incorpore una perspectiva multidisciplinaria, para generar propuestas y soluciones democráticas, integrales y que enfatice los derechos humanos de las comunidades.
Entre las propuestas de las organizaciones defensoras del agua esta; que se reinicie un debate en torno a la elaboración de políticas del agua, el cual sea público, transparente y que incluya a todos los actores involucrados, “Que el Poder Legislativo respete y salvaguarde los derechos de las comunidades afectadas por la Presa el Zapotillo y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo” , respetando sus más de 10 años de lucha y generando con la comunidad un debate transparente y democrático.
Y que “ el Poder Legislativo vigile que estudios y recomendaciones de Naciones Unidas a través de la UNOPS-PNUMA, sean públicos y se permita la contraloría desde los pueblos involucrados y la sociedad civil interesada para que no sea tomada como única opción el aprovechamiento del río Verde y se debatan oficialmente otras alternativas.
Por último, las organizaciones manifiestan su total desacuerdo ante las agresiones dirigidas a los y las defensores de los derechos humanos de los ríos y agua, destacando el asesinato de Berta Cáceres en Honduras y el caso de Gustavo Castro Soto, ambientalista y defensor de los derechos humanos.
Cristian Leyva
Ya van casi diez años desde que el megaproyecto de la autopista Toluca-Naucalpan irrumpió en el territorio y en las vidas de la comunidad ñhatö de San Francisco Xochicuautla. Diez años de lucha constante. Diez años de trabajo comunitario, organización, amparos, enfrentamientos y defensa de la tierra. Diez años en los que el gobierno ha hecho todo en su poder para seguir talando el bosque otomí y hacer de éste un desierto de cuota.
El bosque otomí es el último reducto no urbanizado entre la Ciudad de México y Toluca. Un último pulmón sitiado entre dos gigantescas manchas urbanas. Aunque el aire de Xochicuautla ya se siente contaminado, dentro del bosque aún se respira limpiamente. Una buena parte de la población todavía vive de la tierra y visita los lugares sagrados en las montañas, recorriendo los antiguos caminos de peregrinación. Quienes defienden su tierra, se les escucha hablar aún de costumbres que en su infancia aprendían de sus abuelos y abuelas. Como por ejemplo, formar un círculo de flores recogidas por los niños sobre el suelo, y hacer de ellas un fuego que dure hasta un día entero, o también bromear a castigar a los árboles cuando no dieran frutos convirtiendo el gesto en juego.
Esos antiguos gestos, aunque muchos de ellos estén perdidos en el pasado, atraviesan hoy nuestro presente bajo la forma de un NO resolutivo contra un mundo enfrascado en sus infraestructuras. El juego, el gesto, la costumbre y el NO de la lucha contra la carretera, van entretejidos en los mitos genuinos que se reviven para proteger el bosque. Y de ese modo la memoria y la escucha se vuelven herramientas necesarias para fortalecer y continuar la lucha, simultáneamente que para entenderla. Existe entre algunos habitantes de la zona sitiada por las dos grandes metrópolis un tejido de continuidad, dónde la lucha es una alegría también, una forma de compartir juntos un sentimiento de vinculación hacia el territorio, y que se refleja en la constante atención colectiva al entorno que permite combatir. Porque se trata precisamente de respirar juntos.
La lucha se agudizó el 9 de julio del 2015 con el decreto de expropiación presidencial que anuló las tierras comunales y le dio libre paso al proyecto de la empresa AUTOVAN (Autopistas de Vanguardia), subsidiaria del Grupo Higa. La avaricia de los inversionistas y del gobierno del Estado de México ha jugado a legalizar el despojo y la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Fue entonces cuando la comunidad levantó un campamento en uno de los terrenos invadidos por las máquinas, campamento por el que pasan diversas personas de distintas geografías que acuden a escuchar y ayudar para detener el proyecto. Además, en el ámbito legal, la comunidad, a través de una estrategia jurídica de CAUSA y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) lograron una resolución favorable en un juicio de amparo que suspende definitivamente los trabajos de construcción de la autopista, fallo que no ha sido hasta ahora respetado por las autoridades correspondientes ni por las empresas constructoras.
Las máquinas avanzan y la comunidad las detiene, pero hay lugares en los que las máquinas no han dejado de cortar los cerros y destruir las venas de agua que bajan de ellos. Éstas no sólo llevan agua a la comunidad sino que además se incorporan al sistema Cutzamala. El Llano de los Negros, Buenavista y La Mojinera son las tres zonas dentro de las tierras comunales de Xochicuautla en las que la maquinaria insistió en seguir avanzando. El despojo epistémico no ha cesado. Los caminos de peregrinación del bosque otomí –protegidos por un amparo legal– que ascienden desde distintos pueblos hacia los cerros sagrados, fueron afectados por el paso de las máquinas. La situación está tal vez en su momento más dramático. Los manantiales se secan, los terrenos de cultivo se vieron invadidos y la comunidad se encuentra dividida entre quienes defienden su tierra y aquellos que se han dejado seducir por las falsas promesas de desarrollo, progreso y algún fajo de billetes.
II
Según datos oficiales, la autopista Toluca-Naucalpan tendría 39 kilómetros de longitud, contaría con 4 carriles (2 de ida y 2 de vuelta, la carretera tipo A4), recibiría un flujo de 30,000 vehículos al día y una inversión de 5,100 millones de pesos. Esta «autopista de altas especificaciones» pretende funcionar como un detonador de desarrollo en la zona. Además, está clasificada como «autopista verde» por los supuestos beneficios ambientales que traerá a la región. Es aquí donde puede verse cada vez más hacia dónde perfila la noción de medio ambiente toda vez que forma parte de la implementación de infraestructuras y el gobierno del territorio. Queda claro que el supuesto desarrollo sólo haría que la comunidad de Xochicuautla tuviese que empezar a vivir de la carretera, trabajar en ella, comprar alrededor de ella. La carretera volcaría toda la cotidianidad, así como los medios de subsistencia de la comunidad. «Quieren imponernos un caciquismo modernizado. A algunos ya les han dicho que podrían trabajar en el mismo proyecto de la carretera, quieren hacernos pagar impuestos y que compremos en grandes tiendas», dice uno de los habitantes de la comunidad.
A pesar de que la SEMARNAT publicó un documento en el 2010 que niega que la carretera pudiera ocasionar daños ambientales, hay información que indica lo contrario: se sabe que en los cerros por donde pretende pasar la autopista hay ríos subterráneos que abastecen de agua a las comunidades cercanas, a sus siembras y al sistema Cutzamala que provee agua a la cuenca de México y el Valle de Toluca. El trazo de la carretera es perpendicular al del paso del agua, el cual está rodeado por rocas ígneas que forman una barrera para que el agua no se desvíe. El decreto de la SEMARNAT indica dos criterios que condicionan los proyectos de infraestructura con el fin de evitar graves daños ambientales: la prohibición de dinamitar y la de construir a menos de diez o quince metros «a nivel vertical» de este tipo de suelo, pues esto provocaría grandes grietas y fracturas desviando el paso del agua y afectando su destino. Sin embargo, en el mismo documento se agrega que la carretera se construirá con unos seis metros de lejanía del paso del agua, poniendo como excusa que los números son un tanto especulativos y que una obra civil como la carretera no afectaría mucho al paso del agua. La carretera no sólo interrumpiría el paso del escurrimiento del agua, sino que incluso ya hay casas dañadas por los cambios del curso del agua. Consulta el mapa de Geocomunes en este enlace: 132.248.14.102/maps/339
III
El «caprichoso» proyecto de la autopista no ha dejado de bombardear mediáticamente a la población mexiquense. La navidad pasada había anuncios pagados por el gobierno del Estado en los que aparecía una familia feliz pidiendo un deseo de año nuevo: que se acabara de construir la autopista. Asimismo, en los caminos cercanos se colocaron grandes letreros anunciando que «el gobierno del Estado trabaja para ti construyendo la autopista Toluca-Naucalpan», obliterando así la lucha y las consecuencias ambientales que no pueden ser separadas de dicho proyecto. El derecho a la consulta de Xochicuautla como pueblo indígena ha sufrido todo tipo de irregularidades. Desde el principio se hizo un mal registro de los comuneros que pertenecen a la comunidad, buscando representar sólo a aquellos que aceptaran el proyecto de la carretera a cambio de sobornos. A partir de falsas asambleas con comuneros vendidos, «vende pueblos», el gobierno ha dado por satisfecho el proceso de la consulta. En 2010, dos habitantes de Xochicuautla intentaron exigir su derecho a consulta, pero no se le dio seguimiento a la demanda por la completa incapacidad del gobierno para comunicar los trámites burocráticos absurdos que se debían realizar como requisito. Entre estos trámites se incluía la exigencia de doble filo de entregar sus nombres y direcciones para demostrar que de hecho eran habitantes de Xochicuautla.
Otra de las sucias técnicas del gobierno fue nombrar a un «Jefe Supremo Indígena» de la comunidad que supuestamente representaría a los habitantes de Xochicuautla. Pero esto no fue sólo un teatro para aparentar el reconocimiento de los usos y costumbres de la comunidad. Esta turbia figura es un títere del Estado, pues sólo de él recibe algún tipo de legitimación. La comunidad en resistencia de Xochicuautla no reconoce al Jefe Supremo, quien, además de alimentar la sed de folclor del municipio de Lerma, firmó el decreto presidencial para la expropiación de tierras. Como respuesta, en el 2013 la comunidad eligió en asamblea a un Consejo Supremo en un ejercicio real de su capacidad de organización.
El pasado 5 de febrero, de acuerdo con la SAASCAEM, Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, se realizaría una «reunión con los representantes de San Francisco Xochicuautla para tratar de asuntos relacionados con la autopista Toluca-Naucalpan». ¿Se trataba de una reunión pública? ¿Quién se reuniría con ellos? ¿Serían representantes de la misma SAASCAEM o de la empresa que intenta impulsar el proyecto carretero? Nada de eso. En cambio, el evento público que se realizó ese día consistió en un encuentro con tintes de espectáculo grotesco, una simulación folclorista donde se reunieron los «Jefes Supremos» espurios de distintas comunidades con el recién electo presidente municipal de Lerma, Jaime Cervantes. Un acto que consistió en entregar despensas a quienes apoyaban al alcalde y, por lo tanto, al proyecto de la autopista. ¿En qué momento fue la discusión sobre el proyecto? Una vez más el teatro de los políticos quiere burlar los derechos de la comunidad a autodeterminarse y a rehusar el robo de sus tierras. El evento mismo se realizó en un espacio dedicado a recrear actividades supuestamente indígenas, cuando en realidad es la fachada de un negocio de temazcales y artesanías locales. Contra este evento, contra las expectativas del edil y su gabinete, la lucha organizada del pueblo de Xochicuautla se presentó con consignas y un breve discurso contra la carretera. En el discurso se remarcaba, contra el folclorismo de ese espectáculo, que «no por no estar vestido de indígena uno no es indígena, eso se lleva en el corazón y con el corazón se defiende la Madre Tierra».
Por: El Vigía
ENSENADA.- Además de insistir en que la empresa “Autoabastecedores de Gas Natural de la Baja, S.A. de C.V.”, promotora del proyecto de gasoducto que atravesaría Ensenada, carece de permiso para funcionar como sociedad de autoabastecimiento del combustible, el plan es rechazado por distintos sectores de la sociedad.
Esto, de acuerdo con Gabriel Camacho, coordinador de la agrupación “Ensenada Ciudadana”, los imposibilita para generar, almacenar, comercializar y/o distribuir gas natural.
Informó que, ya que la empresa promotora manifiesta radios de afectación por riesgo de fuga de gas, flamabilidad y explosividad, que van de 35 a 300 metros a la redonda, esto aún con la implementación de tecnologías para minimizar riesgos.
Sin certificación
En los listados de la Comisión Reguladora de Energía no se encuentra la “Autoabastecedores de Gas Natural de la Baja, S.A. de C.V.”, señalaron miembros de Ensenada Ciudadana.
La misión de la Comisión Reguladora de Energía es regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades de la industria energética que son de su competencia.
Ello, a fin de generar certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentar una sana competencia, propiciar una adecuada cobertura y atender a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad.
Además, recientemente se informó que el proyecto no es congruente con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (Pducp), según dictamen del IMIP, por lo que las autoridades locales están impedidas para dar las autorizaciones para su realización.
La empresa promotora del proyecto carece de permiso para funcionar como sociedad de autoabastecimiento del combustible.
Encuesta a personas que trabajan y viven por el trazo del gasoducto:
92% de las personas están en contra del proyecto
83% de las personas no sabía de la existencia del proyecto
87% considera que no traerá beneficios a la comunidad
82% lo considera riesgoso
92% firmaría en contra del proyecto
http://www.elvigia.net/general/2016/3/15/rechazan-gasoducto-riesgoso-230208.html