Hace poco más de un mes, el 17 de marzo, el Valle de San Quintín, en Baja California, fue escenario de un paro laboral de los jornaleros agrícolas –muchos indígenas, provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán- que se extendió luego a bloqueos carreteros y saqueos y que derivó en una respuesta policiaca inmediata de detenciones y en negociaciones posteriores que tratan de definirse hoy día en la Ciudad de México, con autoridades federales.
Desde una perspectiva femenina, de Amalia Margarita Cruz, responsable del área laboral de la asociación Naxihi na Xinxe na Xihi (en mixteco; Mujeres en Defensa de la Mujer, AC), la movilización de los trabajadores es más que justificada. “Estamos en la frontera y todo es más caro. Una cartera de huevo cuesta 70 pesos. ¿Cómo puede ser eso, cuando el salario diario de los jornaleros es de 120 a 150 pesos diarios?, además un salario que en la mayoría de los casos implica ya las prestaciones de aguinaldo y utilidades”.
Datos de la asociación Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), citados por el portal web Imagen Agropecuaria, en todo Baja California laboran 50 mil jornaleros (datos de 2014). En el caso del Valle de San Quintín, que abarca cinco distritos – Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario-, Amalia comenta que se carece de una cifra total, pero más o menos la mitad de los jornaleros son mujeres. La labor en este Valle implica el cultivo y cosecha de unas ocho mil 500 hectáreas de tomate, fresa, pepino, arándano, frambuesa, mora y cebolla, que en gran parte se exportan a Estados Unidos. Las mujeres que son madres tienen de tres a seis hijos, y muchas son solteras.
Muchos jornaleros están asentados en el Valle de San Quintín y han comprado terrenos donde fincan sus viviendas; otros, los migrantes que regresan continuamente a sus lugares de origen, rentan cuartos, pagan entre 400 y mil pesos mensuales.
La lucha de jornaleros, reportada por los medios, es en busca de respeto a sus derechos laborales, seguridad social, prestaciones de ley y freno al acoso sexual que sufren las mujeres, y que, dice Amalia, proviene de mayordomos, supervisores y de algunos compañeros de trabajo en campo.
De acuerdo con la entrevistada, en materia laboral Mujeres en Defensa de la Mujer se ha enfocado en impulsar la afiliaciones de las mujeres al Seguro Social, para que tengan derecho a incapacidad cuando se enferman y se embarazan, para que acumulen derechos por antigüedad y para que, al pensionarse, conserven atención médica y todo lo que tiene que ver con seguridad social.
“El hecho es que son muy pocos los jornaleros y jornaleras que cuentan con Seguro Social, sobre todo desde hace unos tres años cuando se empezaron a manejar los contratos colectivos” (por agrupaciones sindicales corporativas como la CROC, a las cuales los jornaleros desconocen y rechazan). “Esos contratos implican que los contratos se renueven cada mes. Le dan trabajo a la gente un mes, luego los descansan dos semanas y nuevamente los contratan por un mes. Todo para que no acumulen derechos ni acceso a la seguridad social”.
Amalia comenta que luego del paro del 17 de marzo, “mucha gente se reincorporó a trabajar; lo hizo por la necesidad económica; permanecer en pie en cuestiones de la huelga pone en riesgo el sustento de los hijos. En el Valle de San Quintín hay un buen flujo de mujeres que están solas, que son madres solteras, que trabajan aquí y también en el otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Ellas solventan los gastos del hogar. Tienen que regresar a trabajar, independientemente de que se logren o no acuerdos con las autoridades locales y federales”.
Desde que ocurrió el paro, “vemos que prácticamente todo está igual, los salarios siguen igual. Algunas empresas sí están comenzando a asegurar a los jornaleros, son los ranchos más grandes, Pero en cuestión de salario, no se ve que haya un incremento. Algunas empresas han aumentado los salarios pero de forma voluntaria, no hay ningún documento que garantice que ese aumento permanezca”.
La entrevistada, quien fue jornalera durante 22 años, desde que era una niña de ocho años de edad, dice que actualmente no se observa en el Valle de San Quintín trabajo infantil, lo que sí ocurría en los años 80’s y 90’s. Asimismo, las tecnologías han cambiado; del surco se ha pasado al invernadero, con más reglamentos y cuidados… pero enfocados a las plantas, no a la salud de los trabajadores. La exposición a pesticidas sigue siendo riesgosa y dañina para la salud humana.
Comenta que en la crisis económica y social que viven los jornaleros, son las mujeres las más vulnerables y las que más sufren, porque “aparte de trabajar en el campo, que salen de sus casas a las cinco de la mañana y regresan a las cinco o seis de la tarde a sus casas, llegan a hacer aseo, ver a los niños, ver que el dinero alcance, ver el pago de la renta, y peor si viven con una persona que les genera violencia, que se alcoholiza y las golpea, las insulta, les quita el dinero, y que son acosadas en el trabajo, pues la mujer sufre el doble o el triple. Son ellas las que se embarazan, van embarazadas a trabajar, muchas veces no les dan trabajo por eso o son despedidas”.
Grupos civiles manifestaron su solidaridad con los trabajadores agrícolas de San Quintín en su demanda de mejores condiciones laborales y de vida y expresaron que su movimiento es solo un botón de muestra de la realidad de los campesinos mexicanos, “quienes trabajan en condiciones de explotación y desigualdad”.
“Los jornaleros agrícolas de San Quintín, como la mayor parte de los jornaleros agrícolas que laboran en México, lo hacen en condiciones que existían hace 50 años en los Estados Unidos. En el caso de San Quintín la mayor parte del producto va justamente para el mercado estadounidense” dijo Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).
En tanto, Adelita San Vicente, de Semillas de Vida, mencionó la necesidad que tienen los trabajadores agrícolas para incorporar al trabajo a sus hijos y parejas con el fin de asegurar los ingresos suficientes para una familia.
“Los jornaleros se apoyan en el trabajo de sus parejas y sus hijos porque se les paga a destajo. El producto de la labor de todos ellos, se suma al pago que se hace al padre o madre de familia; en el mejor de los casos, únicamente el jornalero es considerado asalariado”, comentó.
Mediante un pronunciamiento las organizaciones ANEC, Ashoka, El poder del consumidor y Fundar plantearon mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en nuestro país, a través de:
Redistribución de los subsidios productivos para que apoyen de manera representativa a los campesinos.
Revalorización del pequeño productor y su papel fundamental como agente económico.
Propuesta de una política pública diseñada participativamente con los pequeños productores, la sociedad civil y el sector público.
Para Regina Ganem de Fundar “la alta concentración de subsidios en los grandes productores, además de quitarle el sentido lógico al subsidio de revertir problemas estructurales de la economía, incrementa la división social e imposibilita el crecimiento y el desarrollo económico del país”.
Fidel Sánchez, vocero de la Alianza de los Jornaleros de San Quintín, dijo este día en entrevista para Radio Fórmula que si en la reunión que sostendrán este viernes en Baja California con el Subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, no se llega a un acuerdo habrá ”un boicot económico internacional”.
“Estaremos tomando una acción siguiente, que sería un boicot económico internacional ante esta actuación de Baja California”, comentó Sánchez. Indicó que Luis Enrique Miranda tiene claro que los jornaleros buscan que el salario mínimo sea de 200 pesos.
SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, 18MARZO2015.- Con palos, piedras y llantas, un grupo de jornaleros agrícolas del sur de Ensenada mantiene bloqueada la carretera Transpeninsular desde las primeras horas de ayer martes. Desde las dos de la mañana obstruyeron el paso a peatones y automovilistas. Conforme avanzan las horas, se suman más personas a la protesta. Las protestas se derivan de la solicitud no atendida por el gobierno estatal hecha por los jornaleros en los meses de octubre y diciembre de 2014, de pedir la intervención de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Baja California para mejorar no sólo el salario de 100 pesos, sino para establecer mesas de diálogo a fin de mejorar las condiciones laborales. Una de las peticiones de los jornaleros era ganar 300 pesos en lugar de los cien establecidos actualmente. FOTO: EL MEXICANO /CUARTOSCURO.COM
LAS PROTESTAS
En marzo pasado salieron a la luz pública diversos casos en torno a la explotación laboral que padecen miles de jornaleros en México y que incluye bajos salarios, jornadas laborales de más de 12 horas, cero prestaciones laborales –como aguinaldo, seguro social y vacaciones–, además de denuncias de acoso sexual hacia las mujeres por parte de los empleadores y la contratación de menores de edad en los campos agrícolas.
El 16 de marzo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció el rescate de más de 200 indígenas rarámuris que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur.
De acuerdo con la dependencia federal, los indígenas, entre los que se encontraban niños y mujeres, fueron reclutados en Chihuahua por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños a Comondú, en Baja California Sur, para trabajar “en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial”.
Una semana después, el 23 de marzo, la STPS rescató a 49 jornaleros agrícolas mixtecos, 13 de ellos menores de edad, de un centro de trabajo dedicado a la producción de pepino, en el estado de Colima.
Pero el caso que se mantiene todavía en los reflectores de la opinión pública es el de la comunidad de San Quintín en Ensenada, Baja California. El pasado 17 de marzo, cientos de jornaleros agrícolas de esta localidad realizaron un paro general y bloqueos en la carretera Transpeninsular para denunciar la explotación laboral que sufren.
Jornaleros agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJUS) iniciaron la lucha en demanda de mejores condiciones laborales y en protesta por la falta de interés que el gobierno estatal de Baja California –que encabeza el Gobernador de extracción panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid– le concedió al pliego petitorio que emitieron en octubre del año pasado.
Luego de más de 30 horas de bloqueos, policías de los tres niveles de gobierno desalojaron a los jornaleros y detuvieron a 200 trabajadores. En el enfrentamiento presuntamente usaron balas de goma y gas lacrimógeno para reprimir la manifestación.
Las protestas arrojaron pérdidas económicas, de cultivos, cierres de comercios, suspensión de clases, la alerta del Consulado de los Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos para evitar viajar a San Quintín y un temor generalizado entre los habitantes. A pesar de esta situación ni los representantes patronales, ni el Gobernador acudieron a la zona del conflicto.
Tras dos días de bloqueos y protestas, finalmente el mandatario local acudió a las mesas de negociaciones, las cuales concluyeron el pasado 28 de marzo con el levantamiento del paro. De acuerdo con medios locales, la mayoría de los jornaleros regresaron a los campos, sin embargo voceros de la AONEMJUS desmintieron esta versión y dijeron que se mantenían en la lucha.
Las condiciones laborales de los jornaleros es un tema que mantiene en alerta tanto a las organizaciones sociales como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso al Gobierno federal, que el mes pasado rescató a más de 400 trabajadores que laboraban y vivían en condiciones infrahumanas en campos agrícolas del país.
UN DÓLAR LA HORA, SIN SEGURO, SIN DESCANSO
Hace casi una semana que un grupo los jornaleros de San Quintín, Baja California, está dando vueltas por la Ciudad de México. Del Senado a comisiones de derechos humanos; de la radio a foros sindicales que prometen ayuda al movimiento de alrededor de 70 mil campesinos que estalló en huelga desde el 25 de octubre pasado.
“Vamos a tener justicia”, repiten una y otra vez.
Están de brazos caídos para presionar a 25 compañías que les da trabajo sin seguro médico ni prestaciones sociales por un salario de entre 10 y 15 dólares al día; en jornadas de 12 horas sin pago de horas extra y un solo día de descanso. A veces ninguno.
Según Encuesta Nacional Jornalera 2009, las condiciones de San Quintín son la punta del iceberg de dos millones de personas en condiciones similares en 17 de los 32 estados del país, de Baja California a Chiapas; 60 por ciento de ellos migrantes indígenas del sur del país cuyos representantes volverán este 24 de abril a la mesa de negociaciones.
“NOS ROCIABAN PESTICIDAS”
El mundo era como un juego a los ocho años de Luis Alberto García, principalmente cuando se aproximaba la avioneta a bajo vuelo y el ruido de los motores hacía latir su corazón: era el aviso para echarse a correr.Nadie era alertado previamente, pero los campesinos que trabajaban en los plantíos de tomate del rancho Los Pinos–niños y adultos- sabían que el sonido del vuelo era la señal para huir antes de que cayera el “agua amarilla” que no era otra cosa que pesticidas.
“Empapaba los tomates y a quien no corría a tiempo le caía arriba”, recuerda García, quien hoy tiene 30 años, con cierto aire de rencor porque en ese tiempo no sabía de las enfermedades que provocan los químicos: cáncer, hongos y otras que posteriormente presentaron hombres y mujeres sin lugar donde curarse.
“Casi ningún jornalero en San Quintín tiene seguro médico, ni edad para empezar a trabajar”, explica.
Luis Alberto conoció la playa una mañana que el capataz lo montó a un camión junto con otros niños a quienes llevó a Cielito Lindo porque había una auditoria del gobierno contra el trabajo infantil y no quería que los viera.
GANO 70 DÓLARES A LA SEMANA
A los 15 años, Juventino Martínez escuchó en Cañada de Galicia, una minúscula aldea de Oaxaca, que en Baja California había mucho trabajo como jornalero, no sólo tres meses de temporal como en el pueblo.
Era 1986 y sin pensarlo dos veces emigró miles de kilómetros al norte donde el dinero le rendía para sus caprichos de hombre de campo soltero, ya una cerveza, ya un pantalón, hasta que se casó y con tres hijos el salario se le hizo agua.
“Emigré varias veces a Estados Unidos para hacer mi casa pero siempre regresaba para estar con la familia y en algunas de esas idas y vueltas me agarró la migra. La última vez me llevó seis meses preso y dejé de ir”.
Entonces supo lo que era la miseria: “Gano dos salarios mínimos y mis hijos gastan más de la mitad y por eso me he tenido que endeudar”.
SÓLO QUIERO VIVIR MEJOR
Alex Herrera no entiende cómo él y sus compañeros se organizaron para hacer las protestas que despertaron al Valle de San Quintín.
“Trabajamos hasta 12 horas y sólo queda tiempo para regresar a casa, bañarse y dormir para el día siguiente”.
Herrera, de 38 años oriundo del estado de Morelos, suelta estas palabras y de pronto cae en cuenta. “Claro -dice- fue a la hora del almuerzo: nadie estaba conforme, todos nos quejábamos hasta que dijimos ‘vamos a hacer algo’”.
– ¿Se arrepiente de haber emigrado a Baja California?- se le pregunta.
– No, aquí conocí a mi esposa, también jornalera de Guerrero. Sólo quiero vivir mejor.
Pobladores de San Gregorio Atlapulco denuncian la incursión de maquinaria
El titular de la Sederec incumplió su compromiso de consensuar trabajos, dicen
Ejidatarios de San Sebastián y Tlacoapa, en el poblado de San Gregorio Atlapulco, de la delegación Xochimilco, denunciaron la entrada de maquinaria pesada a la zona natural protegida
Chinamperos y ejidatarios de los parajes de San Sebastián y Tlacoapa, del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, denunciaron la entrada de maquinaria pesada en zona natural protegida para dar “inicio a la construcción de diques junto a canales y el cierre de zanjas que proporcionan agua para el cultivo de la tierra”.
En un recorrido por la zona, los afectados denunciaron que aunque el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades del Distrito Federal (Sederec), Hegel Cortés Miranda, se comprometió hace tres semanas a no realizar ninguna obra en la que no hubiera consenso, el martes entró el primer trascabo, lo que hizo que ejidatarios y chinamperos se enfrentaran con floricultores y personal por impedirles el paso.
David Jiménez, habitante de la zona, incluso ofreció una videograbación, que tiene este diario, donde efectivamente se observa en un recorrido al titular de la Sederec afirmando que si no hay consenso para que se desarrollen los siete proyectos propuestos para la zona lacuste de Xochimilco, éstos no se realizarían, pues no se trataba de generar un conflicto social.
Sin embargo, señalaron, no sólo entró la maquinaria, sino que el titular de la Dirección de Desarrollo Rural de la Sederec, Ignacio Ruiz López, les advirtió que o las obras empezaban esta semana o los recursos se perderían.
De acuerdo con Pedro Nájera Romero, otro de los inconformes, ellos sí consideran necesario un proyecto de restauración, conservación y aprovechamiento del suelo, pero por medio de la nivelación de éste con tierra fértil para activar la producción de hortalizas.
El proyecto actual, explicó otro campesino que trabaja estas tierras, no contempla el entorno ecológico del que depende la zona, ya que con la construcción de bordos “para que supuestamente no se inunde la zona con agua de los canales, hará que en temporada de lluvias el agua se quede estancada en el suelo irregular y que en otras áreas de plano no llegue el líquido”.
Además, Alejandro Galicia denunció que aunque se ha solicitado el proyecto ejecutivo de las obras que pretenden realizarse, los chinamperos y ejidatarios no lo conocen ni se les ha entregado. Asimismo, explicaron, el comité que validó la ejecución de los proyectos, se llevó a cabo sin la participación de ellos ni de las personas que resultarían afectadas.
“Nosotros queremos rescatar la siembra tradicional del campo, clavar nuestras manos en la tierra para poner los retoños y hacerlos crecer, pero estas obras sólo acabarán con esta reserva natural”, lamentaron.
MAZATLÁN.- Comuneros y ejidatarios que mantienen tomada la caseta de peaje del Coscomate, en Pueblo Nuevo, Durango, impidieron el paso a un camión del Ejército, que transportaba a un pelotón.
Los militares, para no provocar una reacción inesperada de los manifestantes, optaron por regresarse, quizá para tomar la carretera libre y llegar a Sinaloa.
En estos momentos la caseta se encuentra cerrada, no hay paso en ambos sentidos, pero se abrirá por espacios de una hora, y se volverá a cerrar, anunciaron los manifestantes.
Informaron que ayer por la noche arribó a la zona el Secretario General de Gobierno del estado, Miguel Ángel Olvera Escalera, pero que no llegaron a un acuerdo.
(Ciudad de México).- José Ignacio Cervantes Ángeles de 47 años, era uno de los integrantes de la Administración del Agua Potable Autónoma que los pobladores de Coyotepec —municipio ubicado en el norte del Estado de México— mantienen para defenderse de los intentos de “municipalización” del agua desde el 2013. Su cuerpo fue encontrado en uno de los depósitos de agua potable de la comunidad, con heridas provocadas por arma blanca, mismos que defendió durante dos años.
“El señor era parte fundamental de la estructura operativa del sistema autónomo y el depósito donde fue encontrado es parte del sistema de agua potable”, indica Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Indicó también, en entrevista telefónica que la carpeta de investigación sobre el asesinato de Cervantes todavía no arroja resultados; sólo se sabe que su cuerpo fue encontrado con 18 heridas provocadas por arma blanca.
“El movimiento de Coyotepec, en diálogo permanente con la familia del asesinado, define que no se tienen los elementos suficientes para señalar categóricamente a algún probable responsable, pero exige a las autoridades del Estado de México dar con los responsables del asesinato”, dijo Antonio, quien ha acompañado continuamente el proceso de defensa del agua de este municipio mexiquense.
Enero y febrero fueron meses álgidos para la defensa del agua de este pueblo, que sufrió incursiones de granaderos y grupos priístas en sus pozos comunitarios. Ante este ataque, Antonio detalla: “Coyotepec no vacila reivindicando el derecho del pueblo a administrar su propia agua”.
La población de Coyotepec construyó sus pozos de agua en faenas. El presidente municipal priista, Alfredo Anguiano, intenta municipaliz el agua para que las decisiones sobre el líquido no sean tomadas en comunidad y pueda ser distribuido a las “Ciudades Bicentenario” (Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez)
Coyotepec ha vivido diversos momentos de represión desde el 9 de junio del 2012, cuando alrededor 200 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atacaron al pueblo con gases lacrimógenos y palos.
El movimiento “Nueve de junio” lleva ya dos muertos. El 12 de junio del 2014, un joven apareció muerto en Tula, Hidalgo. En ese entonces, la familia no quiso denunciar y pidió no hacer público su nombre. El día 1 de julio de ese mismo año fue asesinado el joven Alfredo Cruz.
En octubre del 2014 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpió el servicio eléctrico de las bombas que extraen el agua de los pozos comunitarios. Apenas en marzo los coyotepenses obtuvieron la reconexión por parte de un juez federal que les otorgó su derecho humano al agua.
El asesinato de Cervantes Ángeles se da una semana antes de que se realice un Foro Regional Simultáneo en Coyotepec con los pueblos otomís de Magú y Huitzizilapan, así como un cuarto foro en Ciudad Nezahualcóyotl con miras a iniciar una “Caravana del Fuego de la Digna Resistencia en el Estado de México”.
El Movimiento Cholula Viva y Digna fue notificado de la existencia de tres nuevas órdenes de aprehensión en contra de sus integrantes, por haber participado en las protestas contra el Parque Intermunicipal los días 6 y 7 de octubre del año pasado.
A través de un comunicado de prensa, la organización confirma que los acusados son Braulio Coyopol, Karina Pérez y Roberto Formacio a quienes se les imputan los delitos de motín en agravio de la seguridad del estado y orden constitucional, y despojo presuntamente cometido en contra del ayuntamiento de San Andrés Cholula.
Además se les imputa daño en propiedad ajena doloso, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte; presuntamente en agravio de la sociedad, y privación ilegal de la libertad en contra de Jesús Salvador Zaldívar Benavides, Manuel Alonso García, José Héctor Huerta Calvario, Josué Rivardo García y Enrique Nacer Hernández, algunos todavía funcionarios de gobierno.
El documento refiere el rechazo de Cholula Viva y Digna a las nuevas órdenes de aprehensión y recuerda que los tres acusados, además de Arturo Huelitl, habían logrado ganar amparos por lo que acusa que el juez de Cholula infringe la sentencia.
A pesar de ello el movimiento confirma que mantiene su rechazo a las obras que se pretende llevar a cabo en la zona arqueológica de Cholula.
A los afectados por la imposición de megaproyectos en Veracruz
A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares, democráticas e independientes
Al pueblo de México
En fechas recientes organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reforma neoliberal energética, hoy hecha Ley, violenta de manera flagrante los derechos humanos de quienes se ven afectados por la imposición de proyectos hidroeléctricos, mineros, gasoductos, extracción de hidrocarburos, entre otros.
Un claro ejemplo de lo que se ha denunciado en el ámbito internacional somos los afectados por la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” en el Municipio de Cuichapa, que denunciamos:
En el caso particular de la hidroeléctrica “El Naranjal”, la manipulación de información por parte de los representantes de la empresa y la aquiescencia del Estado en beneficio de ésta, han generado incertidumbre en las comunidades afectadas pues somos constantemente hostigados, intimidados y amenazados para obligarnos a vender nuestras tierras por un precio miserable que no tiene comparación con el lucro que obtendrán los empresarios del proyecto, que además traerá como consecuencia el desplazamiento forzado de cientos de familias, por afectar indudablemente nuestro estilo de vida al despojarnos de la tierra como nuestro medio de sustento.
Así por ejemplo, aprovechándose de las necesidades de la región, Isidro Javier Tobias de la Rosa, representante de la empresa promotora, ha realizado diversos contratos de arrendamiento, compra-venta y promesa de compra-venta con campesinos de la comunidad indígena de Zapoapita del municipio de Fortín de las Flores y Zapoapan del municipio de Ixtaczoquitlan. Contratos ventajosos en los cuales se establecen precios muy devaluados, respecto de los cuales haciendo la operación aritmética correspondiente, indican un costo de .40 centavos mensuales por metro cuadrado en arrendamiento, precisando que el total del precio es único y definitivo, e incluso al concretarse la compra-venta, este se señala como valor final. Compras de terreno que no corresponden al 70% del territorio necesario para la hidroeléctrica, como lo ha hecho creer la empresa.
Estas son algunas de las razones por las que el Ejido de Cuichapa solicitó la protección y justicia federal mediante juicio de amparo número 904/2014, radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en Córdoba, Veracruz. Amparo que fue resuelto el pasado cuatro de marzo de dos mil quince, decretando el sobreseimiento; esto es, que el Juez de Distrito no analizó las violaciones planteadas por considerar que no acreditamos interés legitimo, es decir, no acreditamos que dicho proyecto afecte nuestro territorio. Omite el juzgador considerar que, consta en el propio informe rendido por la Comisión Reguladora de Energía, una de las autoridades responsables por la emisión de la autorización para generación de energía eléctrica, las constancias en que se indica que la casa de maquinas del proyecto “el Naranjal” se instalará en predio de propiedad social perteneciente al Ejido Cuichapa. Resolución que hemos impugnado, por lo que exhortamos al Tribunal Colegiado en materia administrativa competente para resolver ponderando la protección de los derechos humanos y no en favor de los intereses de la oligarquía.
Si bien la empresa cuenta con una aprobación de manifestación de impacto ambiental y la autorización para la generación de energía eléctrica, NO es suficiente para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Ya que estas fueron otorgadas de manera condicionada y además requiere acreditar que cuenta con la autorización para uso de aguas nacionales, el derecho de uso de suelo, propiedad y posesión del territorio, concesión para la ocupación de terrenos federales. Trámites con los que no cuenta hasta al momento. Cabe hacer mención que la aprobación de la MIA, ya no es vigente, por lo que todo permiso o licencia derivado de la misma resulta nulo.
De acuerdo a la información obtenida, nos queda claro que la hidroeléctrica “El Naranjal” es una empresa de la oligarquía trasnacional representada en la familia González Guajardo, cuyo patriarca es Claudio X. González Laporte, mismo que con Carlos Salinas de Gortari fue nombrado “asesor para asuntos empresariales” del mismo presidente de la República, cargo que ocupó durante todo el sexenio. En 2003 fue el principal cabildero para que el gobierno mexicano con Vicente Fox dieran su voto a favor en el Consejo de Seguridad de la ONU para la intervención militar de EEUU a Irak, esto a pesar de ir en contra de los principios del artículo 89 de nuestra Constitución. En 2009 fue uno de los principales promotores del cierre de Luz Y fuerza del Centro, fuente de empleo de miles de trabajadores del SME. Actualmente preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México (en la misma empresa su hijo Pablo González Guajardo es el Director General) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que pertenecen directivos de Grupo Posadas, Industrias Peñoles, FEMSA, Alfa, Bachoco, Banamex, Bimbo, entre otras. González Laporte es o ha sido miembro de los consejos de administración de Grupo Carso, América Móvil, General Electric, Unilever, Home Depot, Kellogg’s Company, Televisa renuncio el año pasado por supuesto conflicto de interés, ya que su hijo Pablo González se unió al Comité Estratégico de América Movil.
Otros de sus hijos, Claudio X. González Guajardo, ex vicepresidente corporativo de Televisa, es Presidente de Mexicanos Primero, este personaje de la oligarquía incidió en la imposición de los lineamientos de la reforma neoliberal educativa hoy hecha ley. Coordinador de asesores de Luis Téllez durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, en 1994, fue el jefe de unidad de prospectiva y proyectos especiales de la Presidencia. Junto a Fernando Landeros fundó organizaciones filantrópicas como Teletón, Lazos, México Unido y Únete. Como filántropo modelo, su ambición no tiene límites, en julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación irregular de 44.7 millones de pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las organizaciones que González Guajardo preside. Reconocido por las instituciones de los legionarios de Cristo, orden fundada por Marcial Maciel, acusado de abuso sexual a menores, en 2006 le dieron la Medalla Anáhuac en Educación, y seis años después el premio Impulsa al Emprendedor Social de 2012. Consejero de diversas asociaciones educativas de claro corte conservador, como la Fundación Carolina, formada por el Partido Popular español, dedicada a formar a las élites de la derecha de América Latina. En junio de 2011 llamó a cerrar las escuelas normales, según él “porque hay muchas muy mediocres y unas que son un hervidero de política y de grilla”; y advirtió: “Se va a requerir de mucha voluntad y de mucho valor y de que nos aguantemos la turbulencia, porque sin turbulencia no hay cambio”. El 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados por la policía, en Chilpancingo, Guerrero, los jóvenes normalistas rurales de Ayotzinapa Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, cuando defendían su escuela.
Otro vástago y además gerente de “El Naranjal”, es Guillermo X González Guajardo, quien tiene a su cargo una red de empresas dedicadas al sector energético, entre ellas Protama, S.A. de C.V, Agroetanol de Veracruz S.R.L. de C.V, Taller de Empresa, SC, por la texana TexMex Energy, y las mexicanas Energía Azteca X, Gasoducto de la Huasteca, Hidroeléctrica Moctezuma, Hidroeléctrica Moctezuma II, Hidroeléctrica Moctezuma III, Hidrorizaba (en sociedad con los municipios de Boca del Río y Rafael Delgado), Hidrorizaba II, Micase y el gasoducto Tamazunchale.
Parte de los socios en esta hidroeléctrica “El Naranjal” es: Joseph María Córdoba Montoya, quien en su momento como jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el principal asesor y consejero de Carlos Salinas de Gortari en su sexenio. Para el 2013 se convirtió en asesor de Luis Tellez Kuenzler, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Cordoba Montoya actualmente se mueve en los negocios de materia energética, por medio de la empresa Proveedora de Servicios de Energía, S.A. de C.V. de la cual es propietario, además ha estado asesorando y cabildeando en favor de empresas como Tractebel, la Sempra Energy, ésta última investigada en EEUU por corrupción y crimen organizado. No es de dudarse que resultará favorecido por la reforma neoliberal energética.
Como vemos, la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” nada tiene que ver con beneficiar a las comunidades afectadas. Y sí mucho, con generar un lucrativo negocio de “autoabastecimiento” para sus socios: Guillermo Jesús González Guajardo, Crisoba Industrial s.a de c.v (con sede en San Martín Texmelucan, Puebla), kimberly clark y Joseph María Córdoba Montoya.
Las empresas de Guillermo González Guajardo son un claro ejemplo del negocio redondo de este puñado de explotadores que con la complacencia administrativa de gobiernos Federal y estatales, como en este caso con Javier Duarte, despojan violentamente por medio del engaño, hostigamiento e intimidación a los propietarios para que empresas del sector energético de la familia González Guajardo como TexMex Energy se dediquen a la importación de energía eléctrica (la cual venden a la CFE y a municipios como Saltillo, Coahuila, y Monclova, Sonora), y el resto de sus empresas tienen por objetivo la generación de energía eléctrica en México para “autoconsumo del sector privado”; aunque sus excedentes de producción son susceptibles de ser vendidos a la propia Comisión Federal de Electricidad.
Finalmente hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas por la imposición de estos proyectos hidroeléctricos a iniciar un proceso de coordinación y alianzas con el objetivo de hacer valer nuestro derecho a la autodeterminación que como comunidades indígenas y campesinas tenemos; no dudamos que ante nuestra determinación de no vender nuestras propiedades se incrementen modalidades de violencia en contra de quienes nos estamos organizando para defender nuestros recursos sociambientales. Por ello, hacemos responsables a la familia González Guajardo, así como al Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, de la integridad física, psicológica y moral de quienes exigimos la cancelación de la hidroeléctrica “El Naranjal”, así como de las personas solidarias con nuestras demandas.
Combativamente
¡Por la defensa de la tierra y los derechos del pueblos!
¡La tierra no se vende se trabaja y se defiende!
¡Por la unidad obrero campesino! ¡Venceremos!
Ejido de Cuichapa del Municipio de Cuichapa, Veracruz.
Colectivo “Defensa Verde Naturaleza para Siempre”
Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, Unión de Todos los Pobres de la Sierra (TINAM)
Centro de Derechos Humanos y las Voces de Altas Montañas
Frente Democrático Oriental de México Emiliano zapata (FEDOMEZ)
Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT)
Comité de Acción Proletaria
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDHH)
Red de defensa de los Derechos Humanos (RedDH)
Pueblos Unidos de la Cuencua de la Antigua por Ríos Libres (PLUCAR)
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA)
Unión de Residentes del Fraccionamiento de Puente Moreno URFRAPUM A.C. (Medellín)
Escrito por Martín Aquino
Diario Avanzada
Colima, México (23 abril 2015).- En el Estado de Colima persiste la explotación de jornaleros mixtecos que son traídos de Guerrero.
Unos 100 indígenas guerrerenses, entre ellos al menos 15 menores de edad, laboran en condiciones precarias y con sueldos ínfimos en campos aledaños a la comunidad Las Golondrinas, en la Capital colimense.
Según testimonios recabados por AVANZADA, este grupo de mixtecos, que por cierto no habla español, trabaja en plantaciones de pepinos que se presume son propiedad de Rigoberto Pérez Castañeda, un agricultor que en 2004 fungió como consejero vigilante del Consejo Estatal de Productores de Melón en la entidad.
A estos trabajadores indígenas se les paga 7 pesos por cada costal de 50 kilos que llenen con pepinos en un horario que va de las 7:00 a las 19:00 horas, mientras que jornaleros de Colima perciben 15 pesos por cosechar la misma cantidad de fruto.
Los aproximadamente 100 mixtecos duermen a la intemperie o en cuartos improvisados elaborados con cartón y bolsas de plástico, en predios que se presume son del patrón; los más afortunados se resguardan en un “tejabán”.
Algunos de estos jornaleros dormitan en un terreno ubicado sobre la Calle 20 de Noviembre en Los Asmoles, junto a la autopista Colima-Manzanillo; otros lo hacen en un terreno localizado en la misma comunidad pero por la Calle Emiliano Zapata, frente a un campo de futbol. También hay quienes viven en su área de trabajo junto a Las Golondrinas.
Habitantes de la zona externaron su preocupación ante el entorno insalubre en que viven los mixtecos y el evidente abuso laboral del que son víctimas, además de que aseguraron que autoridades estatales no han intervenido para corregir el problema pese a que les reportaron la situación.
Asimismo, expusieron, desde hace dos meses el patrón estaría reteniendo salarios a los indígenas.
El pasado 23 de marzo el Gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que “rescató” en Colima a 49 jornaleros mixtecos provenientes de Guerrero, entre ellos 13 infantes, que eran explotados laboralmente en una huerta de pepinos en el Ejido El Diezmo de la Capital del Estado, y que este hecho podría ser responsabilidad de una red de delincuencia organizada.
De acuerdo con habitantes de Los Asmoles, además de los 100 jornaleros mixtecos que trabajan con Rigoberto Pérez Castañeda, en la zona habría otros tres casos de patrones que abusan laboralmente de indígenas guerrerenses, aunque no dieron detalles.
Alrededor de 16 mil profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 2, se plantaron en seis edificios gubernamentales de Baja California y rechazaron el pago de una nómina extraordinaria que anunció el gobierno estatal, para regresar a las aulas.
El líder del SNTE en la entidad, Rogelio Alejandro Gudiño, advirtió que los casi 10 millones que ofreció este jueves el Sistema Educativo Estatal (SEE) para pagar los salarios que no se entregaron durante las quincenas de este año, no son suficientes ya que el reclamo de los maestros es por el rezago de administraciones anteriores que dejaron crecer el problema.
“Esto no nos sirve para nada… estos nueve millones y fracción apenas representan el 1 por ciento de la deuda que tienen con nosotros (SNTE Sección 2) que es de 883 millones de pesos… ¿Qué queremos para volver a clases? Que nos paguen esos 883 millones, es todo o nada”, advirtió el secretario.
Detalló que actualmente el Gobierno del Estado mantiene un adeudo con los maestros de esta sección por el concepto de retiro (232 millones), prima de antigüedad (353 millones) y pago de interinos (300 millones), que pertenecen a las nóminas de finales de 2013 y todo 2014.
Gudiño también precisó que en el caso del sindicato de maestros de la Sección 37 la cifras son más elevadas con cerca de 2 mil 500 millones de pesos en total, por la falta de pago de jubilaciones, cuotas del Issstecali y también interinos.
El líder sindical aseguró que lo anterior originó la molestia del magisterio ya que primero exigieron el pago de sus salarios con exhortos y movilizaciones desde agosto pasado, hasta que llegaron al hartazgo durante el reciente periodo de vacaciones de Semana Santa, cuando los maestros no recibieron ni su sueldo, ni su prima vacacional ni el concepto del 22% (del salario) por vivir en una zona cara.
El 13 de abril pasado, los maestros de la Sección 2 del SNTE empezaron con un paro laboral escalonado que a partir del lunes se convirtió en el freno total de las actividades del nivel básico educativo; que incluso, este jueves llegó a la movilización de unos 16 mil profesores que protestaron en seis puntos diferentes del estado.
Se congregan maestros en Centro de Gobierno de Ensenada
Este viernes fueron más de 2 mil maestros del SNTE los que se plantaron en la explanada del Centro de Gobierno para exigir una solución rápida a las demandas magisteriales, entre estas el pago de prima vacacional, retiro, jubilaciones y pensiones, así como pago a interinos.
Alrededor de las 08:00 horas de este jueves, los docentes llegaron con carpas para cubrirse de la lluvia al edificio estatal donde advirtieron que no regresarán a las aulas como medida de presión al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, a fin de que salde el adeudo que tiene con los compañeros, quienes pararon labores de manera parcial desde el 13 de abril, hasta llegar a la suspensión total de actividades.
Los profesores ensenadenses, algunos asignados a Playas de Rosarito y otros a delegaciones del Sur del municipio en San Quintín, instalaron bocinas con música grupera, comieron tostadas de mariscos, tacos, aguas frescas, también desplegaron sillas en las jardineras, dentro y fuera del inmueble.
Como parte de la atracción, colocaron mantas con mensajes alusivos al adeudo, exigiendo al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, dar solución las demandas magisteriales.
De acuerdo con el Sistema Educativo Estatal (SEE), en el municipio hay 521 escuelas federales y estatales, cuyos profesores están dirigidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), del que algunos miembros han asistido a las aulas para dar clases a los alumnos.
José de Jesús Banda Hernández, coordinador de la Región 3 del SNTE, calculó que durante los días de huelga han logrado que les depositen el 5 por ciento del adeudo, es decir, poco más de 300 millones de pesos que, comparado con el total que se debe, “no representa” un avance.
“Es un reclamo justo, no es nada que se esté pidiendo fuera del orden. El acuerdo que se tomó por parte de la sección sindical es, que hasta que no se cubra la totalidad, manifiesto que ha sido mínimo”.
Dejando de lado la postura de pagos y adeudos, el vocero interpretó este movimiento como una lucha pero al mismo tiempo una desventaja para el estudiantado que interrumpió el plan de trabajo con base en contenidos.
“Sabemos que la medida es fuerte, pero por eso esperamos que el gobierno cumpla con ello… ¿Qué va a pasar? Todavía no están tomadas las estrategias –para regularizarse- pero si la semana que entra no pagan, el gobierno tiene que conseguir los créditos para pagar porque los maestros queremos estar dentro del aula”, aseguró.
Al conflicto, le sumó que hay 3 mil maestros que están en edad de jubilación y no pueden realizar el trámite porque el Sistema Educativo no tiene la capacidad de cubrir las jubilaciones.
Nicolás Romero, México.- Cahuacán es una región vasta de bosques, ejidos y manantiales de agua dulce, tentada por varias corporaciones o consorcios privados, hasta del propio gobierno estatal y federal que busca por medio de intermediarios o de ejidatarios que se vendan al mejor postor, y poder obtener esas tierras para sus megaproyectos.
En la anterior nota se describió la ubicación, la breve historia de la región y el conflicto que generó el despojo de tierras por unos documentos del Tribunal Agrario que no eran legítimos.
Hablando de sus manantiales, emanan varios pozos, ríos y arroyos en varios puntos del Bosque sagrado Otomí-Mexica. Que dotan parte del ejido y de la comunidad de Cahuacán, tanto para su uso personal como para sus cosechas.
Se dan varias especies como el conejo, la ardilla voladora, la primavera (un ave que migra desde Canadá), especies de reptiles, entre otros. También florecen los hongos, que son comestibles o son silvestres que pueden llegar a ser venenosos. El musgo que se usa para el nacimiento de Navidad, y también la paja de los árboles que se usan en venta para el mercado de las flores en Xochimilco, D.F.
Pero desafortunadamente el problema actual dentro de sus bosques y sus predios es la tala clandestina.
El problema de la tala clandestina.
Similar a lo que ocurrió en el poblado purépecha de Cherán, en Michoacán, el ejido de Cahuacán no es ajeno al problema de la llamada tala clandestina. Ha ocasionado hasta el momento la pérdida de aproximadamente unos 200 árboles en casi 100 hectáreas.
El bosque donde se encuentra el ejido, es extenso, se dan varios tipos de árboles como el Oyamel, el Pino y el Ocote, que son talados de forma desmedida para obtenerlo sin ningún costo o permiso para los aserraderos y venderlo caro a otras empresas madereras, como dijo uno de sus ejidatarios en entrevista a 5oyMéxico.org:
Árboles que datan más de 1oo años, aseguró, son talados en trozos pequeños, ya que su volumen enorme impide que se lo lleven todo.
El problema de la seguridad en sus bosques ha generado mucha tensión en algunos puntos importantes, como en los parajes de La Pilita, Bonianshi, Ojo de Venado y Laguna Seca son los más afectados por la tala. Se escuchan las motosierras al momento de adentrarse al bosque.
Los comuneros denunciaron a Probosque las acciones desmedidas de los talamontes, al ir acabando con su patrimonio y su lugar sagrado. Fueron un día 2 de julio del 2013, representantes de la “institución” a dar un recorrido, ponían letreros de “Prohibido Talar”, lo contrario a algunos avisos que tenían faltas ortográficas. Además cercaron algunas zonas donde “supuestamente se tala más”, pero ni con eso han podido parar las talas continuas, debido a que los talamontes se adentran en lo más profundo del bosque.
El bosque fue inaugurado y “protegido” por el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto en el 2008, llamándolo “Parque Bicentenario”, que de hecho tampoco sirvió. Haciendo de oídos sordos el actual gobierno mexiquense de Eruviel Ávila, y ni que decir del actual presidente municipal de Nicolás Romero, Martín Sobreyra Peña.
El proyecto de la autopista Atizapán-Atlacomulco
Las casi 5000 hectáreas que se ven a lo lejos del centro del pueblo de Cahuacán, agregando su bosque, son las más extensas de todo el país, siendo el primer ejido y el más grande de México. Los consorcios inmobiliarios privados que buscan diseñar las casas de tipo americano, codician sus terrenos, hasta realizar mallas ciclónicas de casi 800 hectáreas. Sin embargo, existen otros concesionarios que buscan conectar este megaproyecto de zona residencial, como la empresa OHL, con una nueva autopista proveniente del municipio de Atizapán de Zaragoza hasta el municipio de Atlacomulco, de donde es originario el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.
La empresa de origen español, OHL, buscó la licitación durante el gobierno de Felipe Calderón, por medio de las influencias de Peña Nieto siendo gobernador mexiquense durante el año 2011. En ese mismo año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizó un ‘concurso de licitación’ para darle el banderazo a la construcción de varias autopistas privadas y libramientos, junto con ellas estaba este proyecto.
Lograron ganar la licitación, dando un valor aproximado de la inversión, según una gráfica publicada por el periódico El Financiero y como fuente la STC, de alrededor de 9 mil 350 millones de pesos.
El banderazo se comtemplaba para el mes de diciembre del 2014, ya lograda liberada la vía, pero se encontraron con el inconveniente, según en declaraciones del mes de Febrero del 2015, al mismo periódico, OHL México, de que habría retrasos en el proyecto, y dijo:
Nos gustaría ir más rápido pero el gobierno está revisando algunas porciones del camino y no ha terminado de liberar el derecho de vía, explicó Sergio Hidalgo su director general.
En realidad lo que estaba pasando es que los ejidatarios de Cahuacán, entre otras regiones de la zona, estaban en desacuerdo con el proyecto y defendiendo sus terrenos, ya que serían desplazados. El comisariado ejidal, Julio García González buscó llegar a acuerdos con los ejidatarios, las respuestas no fueron favorables para él, para la concesionaria, que lo buscó para que insistiera en ‘presionar’ a los ejidatarios y poner en venta sus tierras, aseguró uno de los ejidatarios que no quiso mencionar su nombre a través de las cámaras de 5oyMéxico.org. Además de la presión del gobierno estatal de Eruviel Ávila a través del municipio de Villa Nicolás Romero.
Las presiones no cedieron, e hicieron dividir en una porción al pueblo ejidatario de Cahuacán, pidiendo a través del comisariado ejidal que ‘dejaran entrar el progreso’, cediendo algunos de sus terrenos a cambio de una jugosa cantidad de dinero no especificada, pero la mayoría de sus ejidatarios no están de acuerdo con esa frase, debido a que muchas familias quedarían sin hogar y sin patrimonio, como lo son sus cosechas, además habría intranquilidad y falta de agua de sus manantiales, por lo cual no han cedido.
Agregó el ejidatario, que quisieron mover el trazo porque la autopista tocaba a la iglesia del Barrio de Guadalupe, y la hicieron hacía atrás, aún afectando a muchas familias. Varios pobladores, que desean vender sus terrenos a través del comisario ejidal González García, pidieron una salida de la autopista al pueblo, lo cual implicaría todo un caos e inseguridad al atraer a la delincuencia.
Esta autopista no solo afectará a Cahuacán, sino también a otras comunidades como San Jerónimo, Villa del Carbón en Nicolás Romero, y a San Bartolo Morelos en Atlacomulco. Haciendo un llamado a poner #AlertaCahuacán a través de las redes sociales, organizaciones no lucrativas y colectivos.
Al final, se le preguntó de qué otra manera se les puede apoyar en su problema de despojo por parte del mal gobierno, tanto estatal como federal, y nos dejó un mensaje para todos los usuarios, usuarias y usuarioas.
Córdoba, Ver.- (AVC) La empresa Hidroeléctrica Naranjal formalizó 30 contratos de compra-venta y arrendamiento de parcelas verdaderamente “leoninos”, al engañar a los campesinos y obligarlos a aceptar rentas anuales de mil pesos hasta por 15 hectáreas, violaciones a los derechos de los pueblos que son solapados por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y la Procuraduría Agraria del Gobierno federal.
“Procede no es un instrumento que respalde al productor, al campesino, es uno que sólo está orientado a agilizar la venta de ejidos a empresas trasnacionales para la explotación de los recursos naturales”, acusó Francisco Rosas Palacios, habitante de Amatlán e integrante de Defensa Verde.
Mientras que Mariel Bonilla, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, mencionó que la declaración de “Área Natural Protegida” expedida por Duarte de Ochoa hace algún tiempo, sólo fue un engaño mediático para aplacar la organización de los pueblos opositores a la hidroeléctrica Naranjal.
La embestida contra los derechos de los pueblos y para favorecer la explotación irracional de los recursos naturales por manos extranjeras o grandes empresas nacionales, trastoca el marco legal para echar abajo la defensa legal de las comunidades, violentando la Ley.
“El Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en Córdoba, sin tomar en cuenta que un área ejidal sería afectada por la instalación de la casa de máquinas de la hidroeléctrica, echó abajo el amparo 904/2014 argumentando que no se había acredito el interés legítimo”, lamentó al tiempo de señalar que recurrirán a una instancia mayor para hacer valer los derechos del pueblo.
Por su parte, Francisco Rosas Palacios, integrante del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, acusó que Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, se había comprometido a escuchar a las comunidades en contra del proyecto hidroeléctrico, lo cual no ha hecho. La empresa continúa presionando a los habitantes para vender, para rentar a precios ofensivos, ofreciendo 40 centavos de peso mensuales por metro cuadrado en arrendamiento, esto da apenas mil pesos por año por superficies de 15 hectáreas.
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de abril de 2015, p. 38
Hubo un mal manejo del fideicomiso que se abrió para pagar a los afectados por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, ya que Grupo México no incluyó al total de quienes sufrieron daño en su patrimonio, negocios o salud por esta catástrofe, y luego detuvo la entrega de los recursos.
Apenas se volvió a anunciar que se reactivarán estos pagos, pues son más de 3 mil afectados los que se quedaron a la espera de los recursos del fideicomiso, además de que éste es insuficiente para el tamaño de los daños que provocó en la región, señaló la dirigencia, en Cananea, del Sindicato Nacional de Mineros.
Representantes del gremio y pobladores afectados formaron el Frente Todos Unidos en Contra de Grupo México y como tal tuvieron una reunión con legisladores federales, en la que plantearon integrar una comisión que se traslade al Distrito Federal para solicitar a la Secretaría de Gobernación (SG) que se conforme una mesa de diálogo para resolver este problema.
Sergio Tolano, líder de la sección 65 de este sindicato, indicó que es necesario instaurar dicha mesa de diálogo y buscar una negociación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para solucionar además las demandas de los mineros de Cananea.
El propósito es que por fin se siente a Grupo México a dialogar tanto para resolver el problema de los afectados por el derrame como la situación laboral.
En la reunión con los legisladores, dijo que se continuará con el plantón conjunto de trabajadores y damnificados por el derrame, el cual ya lleva un mes, y agregó que la empresa quiso arreglar esta situación pagando barato por ello, cuando provocó el mayor desastre ecológico minero de la historia. Además, detuvo la entrega del pago del fideicomiso.
En tanto, Juan Piña Aguirre, uno de los damnificados por el derrame de tóxicos, indicó en esa reunión que siguen los casos de personas dañadas en su salud, al grado que llevan ya contabilizados más de 500, e incluso se invitó a los legisladores federales a que realicen una visita a la región para que puedan constatar los hechos.
Indicó que además ha habido un mal manejo del fideicomiso, pues personas afectadas por el desastre quedaron fuera del mismo, pero que el problema fundamental es el de la salud de los habitantes.
Piña agregó que no existe certeza de que los ríos efectivamente hayan sido descontaminado y que el agua esté limpia.
Nos prometieron que habría otra mesa de diálogo para revisar la cuestión de indemnización a los ciudadanos, el resarcimiento de daños, puntos que no han sido suficientemente resueltos por Grupo México, apuntó.
Ernesto Méndez y Daniel Sánchez Dórame/ Enviado y Corresponsal
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril.- Los estragos causados por el derrame tóxico de Grupo México en el principal río de Sonora han tornado la situación en riesgo de que ocurra un estallido social.
El 6 de agosto la minera Buenavista del Cobre contaminó cauces del río Sonora, afectando a 25 mil personas.
A ocho meses del desastre, habitantes de Aconchi, Baviácora, Cananea, Ures y Hermosillo, organizados en el frente ciudadano “Todos unidos contra Grupo México”, expresaron su indignación y hartazgo por incumplimiento y abandono.
Incluso, dijeron estar dispuestos a impedir las próximas elecciones para exigir justicia.
Los testimonios recabados por Excélsior dan cuenta de habitantes con problemas en la piel, caída de cabello, cejas y sangrados frecuentes. Además de la falta de atención, de la perforación de pozos que no dan agua y la quiebra de negocios familiares, acusan la suspensión de apoyos económicos por la “veda electoral”.
El Estallido social, riesgo para Sonora
Pobladores señalan la falta de atención médica, la interrupción de la entrega de apoyos y nula transparencia en resultados sobre los niveles de contaminación.
A ocho meses del derrame en la mina Buenavista del Cobre, el riesgo de un estallido social en comunidades del río Sonora crece ante la indignación y el hartazgo de la gente que se siente engañada por la falta de atención a sus enfermedades, la suspensión en la entrega de apoyos y la nula transparencia en los resultados sobre los niveles de contaminación del agua.
La situación es ya es en un foco rojo para las elecciones del próximo 7 de junio en el estado, donde están en disputa la gubernatura, 72 alcaldías y 33 diputaciones locales.
De manera unilateral se decidió suspender los pagos del Fideicomiso río Sonora para habitantes de siete municipios, creado con dos mil millones de pesos aportados por Grupo México, con el argumento de que hay “veda electoral”, cuando el dinero que se entrega proviene de una empresa privada.
“En mi calidad de presidente del Fideicomiso río Sonora, me permito informar que la Comisión Ejecutiva del Comité del Fideicomiso, en sesión celebrada el día 4 de marzo del presente año, acordó el aplazamiento de los pagos por concepto de resarcimiento de daños a la población, ocasionados directamente por el derrame, con motivo de las campañas electorales”, indicó Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.
Alcaldes de la región criticaron el anuncio porque consideran que cuando se trata de recursos privados no aplica esta restricción. No descartaron la posibilidad de acudir a tribunales federales.
“Nosotros vamos a buscar la forma de protestar y si hay que buscar al Instituto Nacional Electoral (INE), lo vamos a hacer, si hay que impedir elecciones, lo vamos a hacer; nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, advirtió el presidente municipal de Aconchi, Pedro Armando Lugo López.
Miembros de organizaciones criticaron estategias como la perforación de 18 pozos para obtener agua para el consumo humano en la zona, pues la mayoría de estas tomas no tienen agua, con todo y que el Organismo de la Cuenca Noroeste de la Conagua las equipó, lo que parece un gasto infructuoso.
“Fuera de la cuenca del río es muy difícil encontrar agua, entonces la mayoría de los pozos que se han perforado no tienen”, expuso Martín Peña Molina, presidente de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Banámichi.
Detalles
Un año reservó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la información sobre el padrón de beneficiarios del Fideicomiso río Sonora.
La minera Grupo México prevé triplicar su producción este año, con una inversión de tres mil 400 millones de dólares.
Su nueva presa de jales (para residuos) medirá 130 mil 486 hectáreas.
En la página electrónica del Fideicomiso río Sonora aparecen como pagadas dos estrategias de comunicación, una local (Foro Sonorense de Periodistas) por un monto de cuatro millones 280 mil 400 pesos y una nacional (Ambiente Acuavita) por 16 millones 533 mil 182 pesos, sin que se brinden mayores detalles al respecto.
Desde que ocurrió el derrame principal de la mina han pasado ocho meses.
Desechos, a 26 km de Hermosillo
Los metales pesados que se derramaron desde el 6 de agosto de la mina Buenavista del Cobre se encuentran depositados a escasos 26 kilómetros de la zona urbana de Hermosillo, en la presa Rodolfo Félix Valdés, El Molinito, donde ya se registran algunas filtraciones que escurren peligrosamente hacia la capital de Sonora.
Durante un recorrido por la zona, Excélsior constató que el agua que escapa por debajo de la cortina, que es donde se concentran los contaminantes, lleva alrededor de siete kilómetros de avance sobre el cauce natural del río Sonora.
El Molinito, cerrado seis días después de la tragedia ambiental, tiene actualmente almacenados 79.3 millones de metros cúbicos de agua, que representa 60.9% de su capacidad.
Habitantes del ejido Molino de Camou, ubicado en la zona rural de Hermosillo, a dos kilómetros de la presa, reclaman desde hace tres meses afectaciones serias a la salud.
Nadia Gómez Moraga, de 32 años, tiene la mayor parte del cuerpo cubierto de manchas color cobrizo, desde el cuello hasta los pies: “Mi problema comenzó en el mes septiembre, cuando me empezaron a salir ronchitas en el abdomen”.
“Por mis propios medios acudí al centro de salud y me mandaron al Hospital General, pero el medicamento no me hizo, así que fui a una farmacia de similares, donde me pusieron una inyección, que fue la que empezó a quitarme unas escamas”, contó.
Piden retiro de la concesión para la empresa de Larrea
El miedo que provoca tener de vecino a una de las mineras con mayor producción de cobre en el mundo, genera que cada vez sean más las voces que exigen el retiro de la concesión a Grupo México o, por lo menos, la reubicación de sus instalaciones, ante la intención de la empresa de triplicar su producción.
Patricio Estévez Nenninger, especialista en desarrollo sustentable, aseguró que la minera no puede seguir asentada en el sitio, porque es una vergüenza mundial.
“Según el artículo 27 constitucional, no se pueden concesionar las aguas de la nación a una empresa privada por más importante que sea y por más influencias que tenga en el ámbito económico”, advirtió.
Dijo que ya “han tocado las campanas” para rescatar al río Sonora.
Grupo México trabaja actualmente en la construcción de una nueva presa de jales (para residuos) al sureste de Cananea para seguir acumulando desechos tóxicos, en una extensión de 130 mil 486 hectáreas.
Tiene nietos enfermos de hígado y riñón
Pobladores señalan incumplimiento de monitoreo por parte de instancias federales.
Martha Patricia Velarde Ortega es una habitante del municipio que sufre de frecuentes sangrados en la nariz. Tiene dos nietos con problemas en hígado y riñones, a consecuencia de la tragedia ecológica.
El esposo de la señora está en quiebra, porque ya casi nadie compra pinole, que ofrece en casas. “Lo que antes colocaba en cinco horas, ahora lo distribuye en cinco días”, lamentó.
Días antes de que entrara en vigor la llamada “veda electoral”, Martha Patricia y sus familiares recibieron una indemnización de 15 mil 350 pesos, que considera “una burla”.
“Esos 15 mil pesos ya nos los acabamos tres o cuatro veces en el agua para beber, cocinar y para que los niños se lleven a la escuela, porque ni modo de arriesgarnos, cuando ya estamos sufriendo en nuestros cuerpos los estragos de la contaminación”, dijo.
El caso más grave que enfrenta la familia es el de la pequeña Nicole, de seis años, a quien le detectaron cadmio y cobre en la sangre y orina.
Velarde Ortega, integrante del frente ciudadano Todos Unidos Contra Grupo México –una alianza de habitantes del río Sonora y extrabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero–, indicó que la menor también sufre de caída de cabello y piel inflamada.
“A mi nuera le dijo el toxicólogo que el problema de la alopecia es por arsénico, pero ningún médico, ninguno, describe que el problema que tú tienes se relaciona con el derrame, porque hay un protocolo muy preciso para proteger a la minera”, acusó.
Al ser cuestionada sobre el ánimo de los vecinos ante las elecciones, consideró que hay una idea generalizada de impedir que se instalen las casillas en las comunidades ribereñas.
El derrame en el río les dio un golpe duro en los bolsillos
El derrame en Buenavista del Cobre cambió la vida de los habitantes del río Sonora, quienes hablan de un antes y un después para sus comunidades. Un duro golpe en los bolsillos y en el ánimo de la gente que hoy tiene temor de saciar su sed con un trago de agua, quienes, sin saberlo, podría provocarles daños.
Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures son los municipios que viven bajo el estigma de la contaminación por metales pesados.
El río Sonora dejó de ser un lugar de esparcimiento para familias y un aliado en las actividades productivas y convertirse en el centro de las disputas y el encono.
Martín Peña, presidente de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Banámichi, explicó que cuando hubo reparto de dinero para resarcir los daños “fue como una piñata, que había que echarle de palos y el que ganó, ganó”.
Los afectados por derrame se unen contra la empresa
La quema de una lona con la imagen de Germán Larrea dio el cerrojazo final a una marcha que congregó a cientos de habitantes del río Sonora y mineros de la Sección 65 que partieron del Mausoleo Mártires de 1906, en el Centro Histórico de Cananea, a la planta de rebombeo Los Patos, propiedad de la mina Buenavista del Cobre y que está en poder del frente ciudadano Todos Unidos contra Grupo México, desde el 16 de marzo.
Las consignas de los manifestantes que recorrieron cinco kilómetros a pie y a caballo fueron la atención a los enfermos por la contaminación, remediación inmediata del río Sonora y respeto al contrato colectivo de trabajo de los integrantes del sindicato minero en resistencia desde hace ocho años.
Sergio Tolano, dirigente de la Sección 65, dijo que “nos pueden tachar de muchas cosas negativas, pero ésta lucha es justa, porque queremos buscarnos un futuro, porque el futuro de todos nosotros, de los sonorenses, nos los viene matando Germán Larrea”.
Las madres piden atención médica para los menores
En cercanías a Molino de Camou los niños toman agua de la llave y las madres de familia se dicen desesperadas ante la falta de atención para los menores y adultos mayores que tienen enfermedades gastrointestinales y en la piel.
Además de encargarse de un negocio de dulces, botanas y refrescos, Sofía Luna Cruz ostenta el cargo de delegada municipal en la comunidad de mil 200 habitantes desde septiembre de 2012.
La representante del alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero –quien concluye su gestión en cinco meses– explica que tras el derrame en la mina “tenemos 28 personas enfermas, son dos niños nada más y los demás son adultos”.
Expuso que en el monitoreo al agua realizado por Conagua y Cofepris, “según ellos, el agua no está contaminada”. Aunque aceptó que nunca vio documentación oficial al respecto, pese a que se solicitó.
Pese a que es delegada en ese sitio por parte del ayuntamiento de Hermosillo, descartó tener contacto con alguna autoridad municipal, incluso comentó que al alcalde hermosillense Alejandro López Caballero “lo hemos ido a buscar para esto del agua, pero nunca lo encontramos”.
Ciudad de México (Rasainforma.com).- El pasado 6 agosto, el Grupo México, derramo desecho toxico, en el río de Buenavista del Cobre, lo que se ha convertido en un problema que puede terminar en un estallido social, afectando a 25 mil familias.
Los habitantes de Aconchi, Baviácora, Cananea, Ures y Hermosillo, tras ocho meses, se han organizado en un frente ciudadano “Todos unidos contra Grupo México”, expresando su molestia por la falta de incumplimiento.
Incluso, dijeron estar dispuestos a impedir las próximas elecciones para exigir justicia.
Los pobladores de la zona comentan las consecuencias que este derrame les ha traído, como lo es: problemas en la piel, caída de cabello, cejas y sangrados frecuentes.
A ocho meses del problema en la mina Buenavista del Cobre, el riesgo de un levantamiento social en comunidades del río Sonora va en aumento ante la indignación de la gente que se siente engañada por la falta de atención a sus enfermedades.
El problema se ha convertido en un foco rojo para los comicios del próximo 7 de junio en el estado, donde están contendiendo para la gubernatura, 72 alcaldías y 33 diputaciones locales.
Por cuestiones de veda electoral, se han suspendido los pagos del Fideicomiso río Sonora para los habitantes de siete municipios, creado por un monto de 2 mil millones de pesos aportados por Grupo México.
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
21 de abril del 2015.
A l@s compas de la Sexta:
A l@s presunt@s asistentes al Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”:
Les avisamos que:
Hasta el día 21 de abril del 2015, se han registrado, para asistir al seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”, aproximadamente 1,074 hombres, mujeres, otroas, niñas, niños, ancianos, ancianas de México y el mundo. De ese total:
558 personas son adherentes a la Sexta.
430 personas no son adherentes a la Sexta.
82 personas dicen ser de medios libres, autónomos, independientes, alternativos o como se diga.
4 personas son de medios de comunicación de paga (sólo una persona de medios de paga, una de las tres patrocinadas por el gobierno estatal de Chiapas para enlodar el nombre del compa maestro zapatista Galeano y presentar a sus asesinos como víctimas, ha sido rechazada).
Ahora bien, no sabemos si de esas 1,074 personas que se han registrado hasta ahora, haya un buen que se haya confundido y piense que se registró para la boda de la señorita Anahí (parece ser que se casa con alguien de Chiapas, no lo sé, no me hagan mucho caso porque la política y la farándula están muy confusas acá… ¡Ah!, ¿también allá? ¿No le digo?). Bueno, les paso el dato porque son muchas más de las que se habían previsto que asistieran al semillero. Claro, ahora el problema es para la banda del CIDECI, así que ¡ánimo!
¿Qué? ¿Que si todavía se puede registrar? Creo que sí, no sé. Interrogado al respecto por Los Tercios Compas, el doctor Raymundo declaró “no hay problema, de todas formas quienes ponen atención son mucho menos“. Ok, ok, ok, no fue eso lo que dijo, pero en el contexto pudo haberlo dicho. Es más, el doc ni siquiera sabe cuántas personas van a llegar al CIDECI.
De todas formas, si usted está absort@ por la gran calidad de la campañas electorales y reflexionando profundamente sobre las diáfanas propuestas de l@s candidat@s, no debería perder su tiempo en esto del pensamiento crítico.
Bueno, no olvide su cepillo de dientes, jabón y algo para peinarse.
Desde la conserjería del semillero, buscando al gato-perro.
SupGaleano.
México, Abril del 2015.
El Gato-Perro en el chat de “Atención zapatista al cliente antizapatista”:
(Está usted en línea, en un momento uno de nuestr@s asesores lo atenderá. Si tarda, es porque es la hora del pozol. Agradecemos su paciencia)
– ¿Hola? ¿Oiga?
– Ah, oiga, quiero registrarme.
– Oiga, pero ¿todavía hay lugares?
– Bueno, oiga, porque quiero un lugar muy cerca, ¿me entiende?
– Oiga ¿Y va a haber oportunidad de una selfie, autógrafos, eso?
– Sí, oiga, pregunto si en el registro te dan como quien dice un bonus.
– ¡Cómo!, oiga, ¿que no es aquí el registro para el concierto de Juan Gabriel?
– ¡Chin! lo sabía, oiga. Si le dije a la banda que si no nos apurábamos, no íbamos a alcanzar lugar.
– Bueno, oiga, si ya no hay lugar con Juan Gabriel, pues entonces con Jaime Maussan.
– ¡Tampoco hay lugar con Maussan! Bueno, oiga, pues dígame dónde hay lugar.
– ¡Ah vaya! Oiga, ustedes se las quieren dar de muy posmodernos, ¿no? Muy de metaFukuyama y toda la cosa, ¿no?
– Oiga, pues déjeme decirle que para posmodernismo, el de José Alfredo Jiménez y su ya clásico aforismo de “la vida no vale nada”. Eso, oiga, son azotes y no tonterías como el nihilismo con condones y toallas femeninas de colores.
– Pues, oiga, déjeme decirle que lo que realmente importa es un pragmatismo ilustrado. O sea con buen rollo, ¿me entiende? Por ejemplo, oiga, la Araña tejiendo alianzas inconfesables, Meñique invirtiendo paga en varios “escenarios”, la izquierda institucional dudando entre ser de izquierda o ser institucional, el Laura Bozzo de la vanguardia del proletariado pontificando, muchos desnudos esbeltos para recordarle la celulitis y las estrías, Kirkman proponiendo que el fascismo es la mejor opción en tiempos de crisis, Rick y Carol tal para cual, Tyron cambiando a la Cercei por la Khaleesi, el “periodismo de investigación” buscando quién le haga el trabajo con la consigna “denuncie, nosotros vemos si se puede cobrar”. Sí, lo que Alejandría necesita es menos latinos y afroamericanos, y más onda Justin Bieber y Miley Cyrus. Ahí está, hasta los pinches dragones ya se cambiaron de partido político y los Stark con problemas para obtener el registro. Y luego el Mance Rider, que se quiso poner muy en la onda libertaria y esas cosas, y se lo cargaron por no querer ir a votar. Ah, pero en el juego de tronos que vale, lo que rifa está en la Isla de Braavos. ¡Qué Siete Reinos ni qué nada! El invierno se aproxima y “El Banco de Hierro obtiene lo que le pertenece.”
– Oiga, le haría más spoiler, pero no. Lo dejo con la duda. Sufra, oiga.
– Oiga, ¿está seguro de que no hay lugares? ¿Tampoco para Neil Diamond? ¿La Sonora Santanera? ¿Arjona aunque sea?
– Oiga, ya me entró la duda: ¿no es aquí donde se registra uno para espectáculos, usted sabe, cine, teatro, conciertos, la barra cómica, campañas electorales, Don Francisco, circos con animales en la boleta, candidaturas, realitichous, spots verdes en pantalla Imax, “Pare de Sufrir” con cargo al erario, baje de peso trotando hasta la urna?
– ¡Lo sabía, oiga! ¡Pinches Peñabots! ¡Seguro que son abstencionistas! ¿No entienden que le hacen el juego a la derecha? ¿No ven los grandes avances de los gobiernos progresistas en el mundo? De seguro usted renta o tiene hipotecada la casa, oiga. Un@ aquí, con casa propia, esforzándose por orientarlos y dirigirlos, y ustedes en el sadomasoquismo, oiga. ¡Ojalá les haga daño la torta con salmonella! ¡Ahí tienen su unlaic, su mute, su block y su unfolou! ¡Ahora a ver cómo le hacen para vivir, oiga!
(El usuario, usuaria ha salido de línea. La sesión de chat ha finalizado. Fin de la trasmisión).
(…)
(sonido de un líquido vertiéndose)
(…)
(voz en off): ¡¿Quién le echó pozol agrio al teclado?! ¡Ya les dije que no dejen que el gato-perro agarre la computadora! ¡Ah, pero dejen que lo encuentre y verá!
El Acueducto independencia es un ducto que transportaría el agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Su construcción ha generado una disputa entre el gobierno del Estado y la Tribu Yaqui. Desde hace 4 años los yaquis han peleado en contra de la obra, abogando por su derecho otorgado por decreto presidencial en el sexenio de Lázaro Cárdenas, a un tercio del agua del río (Informe Yaquis, página 5 párrafo 1). Ante el contra-ataque legal y civil de los yaquis, el gobierno de Guillermo Padrés ha tenido que responder a las acusaciones en su contra; de este modo el Acueducto Independencia, inserto en el programa Sonora SI (Sistema Integral) pasó a ser el eje central de la campaña mediática del Gobierno del Estado.
Con el fin de presentar al acueducto de forma positiva, el gobierno estatal lo ha proyectado en los medios como algo que representa el < > para Sonora. La más clara de estas proyecciones se encuentra en este spot publicitario: www.youtube.com/watch?v=o4n_cPW3B_0. Un joven justifica durante treinta segundos al acueducto: El agua es un problema para Sonora, pero se cuenta con el cálculo, la eficiencia, la tecnología y la capacidad ingenieril para resolver ese problema y progresar como estado.
Una explosión, por si quedaba duda de la capacidad técnica sonorense, abre este video en el que se define al acueducto del siguiente modo: “El acueducto es agua, es vida.” Se menciona que habrá agua para trabajar y vivir en Sonora. Esta explosión es para los publicistas del Gobierno del Estado la mejor manera de introducir el progreso humano. Faltó decirles que el siglo XX terminó.
¿Cuál es la necesidad del acueducto? En los comerciales gubernamentales se habla de la sed como un problema urgente, cuya solución líquida traerá el Acueducto Independencia. Por último se habla de construir y definir un “Nuevo Sonora”. La lógica es: calidad de vida a partir de desarrollo económico y desarrollo económico a partir del agua.
El acueducto es una magna obra de infraestructura que ayudará a los sonorenses a resolver el problema de agua. El acueducto es presentado como una muestra de la eficiencia y el cálculo sonorense. Pero, ¿Quiénes y cómo son los sonorenses de los que se habla en los spots? ¿Serán la eficiencia y el cálculo de valores por los que los yaquis se sientan orgullosos? ¿Son los yaquis sonorenses (con los derechos que eso implica) para el gobernador?
El gobierno utiliza la sed para responder públicamente a las acciones tomadas por los yaquis, que se resumen en hablar de progreso para las mayorías. Se ha hecho de forma astuta; ni una sola vez en el material revisado se menciona a la tribu directamente. Con este fin el gobernador ha declarado que “se trata de los intereses políticos de algunos grupos”, en referencia a la oposición al acueducto. Queda claro que los buenos ciudadanos de Sonora deben verlo como un triunfo. Este informe titulado “Nada Detiene al Acueducto Independencia” cae en el descaro.
Por un lado señala repetidamente, de forma paradójica, que nadie puede decir “el agua es mía” haciendo referencia a los yaquis, como un obstáculo superado en el camino al progreso traído por el acueducto. Se les clasifica como liderazgos locales que quieren tomar una autonomía que no les pertenece. Además de esto, se llama al acueducto un logro de “todas las fuerzas políticas” excluyendo a los yaquis de esta categoría.
Se dibuja una distinción nosotros-ellos. Por otro lado, se habla abiertamente de que se aboga por las mayorías, (www.youtube.com/watch?v=WDKny0XTOOU) declarando decididamente que se actuará para solucionar el problema del agua: “(…) es ahora o nunca, no hay temor, no hay titubeos, la construcción de un nuevo Sonora no lo va a detener nadie.” Vaya demócrata el gobernador. Con esta retórica de ignorar los intereses indígenas por el progreso blanco recuerda terriblemente a la Guerra del Yaqui de finales del siglo XIX y principios del XX.
Esta retórica de decisión está tejida con una construcción del gobernador que vale la pena revisar con atención. Se encuentra sintetizada en una entrevista (www.youtube.com/watch?v=i0oJTg3dBh8) que aparece en el canal del Gobierno del Estado. La entrevistadora, Claudia Orduño, no se molesta en disimular su objetivo: adular al gobernador, además de darnos la singular oportunidad de ver cómo Padrés se proyecta a sí mismo y bajo qué lógica describe y justifica sus acciones. Se presenta como un político con experiencia que conoce todo el estado, con una “ideología muy clara de lo que quiere para Sonora”. Lo central en su construcción son los conceptos de claridad, decisión, carácter, fuerza, valentía, esfuerzo y determinación.
Por si fuera poco, Orduño tiene en gracia mencionar en una parte de la entrevista que el gobernador tiene “una personalidad fuerte”, pero que eso le gusta a los sonorenses, acabando de construir la imagen del padre estricto, cuya moral es la base de la política de derecha. Se trata de un sistema de valores basado en la jerarquía, la disciplina y la obediencia (Lakoff: 2007, pág.83). Es en esta ideología de derecha en la que se inscribe la visión de progreso del Gobernador, basada en el mercado.
La competencia en este mercado está por supuesto regida por la eficiencia. Esto implica que la naturaleza está a disposición humana sin consideración y que las corporaciones están esencialmente para ayudar a las personas (Lakoff: 2007, pag.86). Estos principios llevan a optar por ciertas políticas públicas, como ver el papel del gobierno en hacer disponibles los recursos para el mercado. Todos los videos utilizados estaban disponibles en el canal de YouTube del Gobierno del Estado de Sonora.
Los Yaquis, por otro lado, tienen su propia narrativa de la historia. El día 24 de febrero del 2015 en la Universidad Iberoamericana, Tomás Rojo, representante de la tribu yaqui, dio un informe sobre la batalla legal y cívica que se libra entre el Gobierno del Estado y su pueblo. A grandes rasgos su versión es ésta: La Tribu no fue consultada para la construcción del acueducto, como obliga al estado mexicano su tratado de 1990 con la Organización Mundial del Trabajo en su artículo 6, sección A) ( www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf ).
En el discurso yaqui, la escasez de agua ha sido exagerada por el gobierno al someter a la gente de Hermosillo a un sistema de tandeos en los que se limitaba el agua por horas sin necesidad real. También se menciona la persecución de las presas ilegales como una forma para aliviar este problema. Se menciona que existen mantos acuíferos que pueden aliviar el problema del agua de la capital del estado sin tomar agua del Rio Yaqui. Además de todo esto, el agua que traerá el acueducto no es para las colonias populares, se trata de una estrategia para facilitar proyectos inmobiliarios, con más de 10,000 hectáreas susceptibles a fraccionar.
Para enfrentarse a esta situación, la Tribu Yaqui ha emprendido una lucha legal y otra basada en la desobediencia civil desde el anuncio de la construcción del acueducto, el 5 de febrero del 2010. En cuanto a la batalla legal, se presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resultó en recomendaciones al Estado mexicano para asegurar la supervivencia de la Tribu Yaqui. Además de esto se ha llevado el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dictó una sentencia en favor de la tribu en el 2013. Aunque dictó otra en su contra este año: www.elfinanciero.com.mx/nacional/scjn-avala-operacion-del-acueducto-independencia.html.
La desobediencia civil, por otro lado, se ha centrado en el bloqueo carretero de la Carretera Internacional Guadalajara-Nogales en el kilómetro 47.5 del tramo Obregón-Guaymas. El bloqueo solamente se le aplica a vehículos de carga pesada.
Durante esta lucha han sido apresados varios activistas y voceros yaquis, entre ellos Mario Luna y Fernando Jiménez.
En resumen, el gobierno estatal ha utilizado a los medios locales y diversas redes para fijar el lenguaje con el que se trata el acueducto. De este lenguaje se encuentran excluidos, como del proceso de consulta para la construcción del acueducto, los yaquis. El mensaje es claro. El acueducto es para las mayorías, en el nombre del progreso y con los valores de la sociedad industrial por delante. A pesar del obstáculo (que no se nombra pero se señala) existe determinación en que esta obra se lleve a cabo. La liga es directa entre esta nueva y mejorada versión del estado y el acueducto, en términos de la metáfora de construcción. El advenimiento de este “Nuevo Sonora” vendrá con el progreso traído por el proyecto SI y las minorías no tienen lugar en este futuro. ¿Permanecerá el yaqui en el escudo de la “Nueva Sonora”?
Es una campaña de des-sonorización que implica tanto una criminalización como una deshumanización. Como señala la CIDH, esta situación es peligrosa para la supervivencia de la tribu, más allá de la cuestión del agua.
En el 2014, La Oficina del Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio en Naciones Unidas estableció una serie de factores de riesgo con el fin de prevenir atrocidades internacionales: www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/framework%20of%20analysis%20for%20atrocity%20crimes_en.pdf.
México cumple con varios de los factores de esa lista:
Situación de conflicto armado u otras clases de inestabilidad.
Un record grave de violaciones a Derechos Humanos
La ausencia de factores mitigantes como una oposición sana y medios de comunicación de calidad.
Circunstancias preparatorias: La campaña de deshumanización descrita con anterioridad.
Si a esto se le suma que se ha apresado a varios miembros de la resistencia civil en un esfuerzo de intimidación, la situación desde esta perspectiva es preocupante para el futuro de la tribu. Está la caracterización del grupo como un “otro”, y los posibles efectos del funcionamiento del acueducto en su capacidad de sobrevivir como cultura. Esta clase de eventos llevan a que la evidencia científica se vuelva difícil de utilizar a la hora de formar una opinión. Los diversos estudios con resultados contradictorios llevan a que no se pueda tomar una postura científica que no esté acompañada por una ideológica.
Existe mucha gente que está convencida de que el acueducto es la única solución viable para los problemas de agua de Sonora y en particular de Hermosillo; existimos los que creemos que se podrían buscar alternativas. Este debate no es el importante. Más allá de esta controversia, es un hecho que se debería recurrir a los mecanismos de consulta ciudadana correspondientes a la hora de utilizar los recursos nacionales, se deberían respetar los compromisos internacionales, se deberían tomar en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales y se debería gobernar con base en la constitución. Sobre todo, no se debería excluir a una minoría nombrándola como un “obstáculo para el progreso” y dando por entendido que no son parte del conjunto de la ciudadanía. Lo que no hay que perder de vista es que a la hora de hacer política, las posiciones deben defenderse con base en la argumentación, pensando en el bienestar de todos los ciudadanos, y no por medio de estrategias discursivas de exclusión que pueden resultar en la estigmatización, exclusión y final desaparición de un pueblo.
Bibliografia: Lakoff, George, No Pienses en un Elefante (Madrid, Editorial Complutense, 2007) Págs: 83 y 86.
Este lunes, la juez federal Emma Gaspar Santana admitió a trámite una acción colectiva presentada por una asociación civil contra Grupo México, empresa a la que se atribuyen daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, con el fin de que repare el daño ambiental causado en la región.
Hasta el momento, Grupo México ha pagado una multa de 40 millones de pesos impuesta por el gobierno federal y un depósito de 2 mil millones para un fideicomiso creado para reparar los daños.
Sin embargo, de prosperar este recurso de acciones colectivas el monto por reparación del daño se podría multiplicar considerablemente; más aún, si la juez Gaspar toma en cuenta que Grupo México tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos.
Los daños ambientales que se imputan a la empresa se ocasionaron luego del derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico a los ríos Bacanuchi y Sonora.
En entrevista, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, quien junto con su colega David Álvarez redactó la demanda de acción colectiva, dijo que si materialmente fuera imposible reparar el daño ocasionado, al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba ante de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización millonaria destinada a un fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos.
El cálculo del monto será efectuado por la juez, quien podrá apoyarse con la opinión de expertos en temas ambientes y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El dinero sería repartido con base en lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, que incluye desde 2012 las acciones colectivas.
El abogado David Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, indicó que la certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental.
Ambos abogados reconocieron que los obstáculos técnicos para la certificación de las demandas han sido una de las principales razones del poco éxito que han tenido las acciones colectivas.
Durante un recorrido por diversos proyectos mineros tanto en Punta Colonet, como en zonas aledañas a San Quintín y El Rosario al sur del municipio, se pudieron constatar los avances que llevan las inversiones que suman alrededor de 9.3 millones de dólares y que representan una oportunidad de empleo en la zona, aspectos de suma relevancia dentro de las políticas que en materia de inversión y generación de empleos que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Los proyectos se encuentran en etapa de exploración o en diversas fases de desarrollo, por lo que es importante mencionar que en la Minería la exploración lleva tiempo y también los precios de materiales en el mercado mundial aceleran o detienen el desarrollo de dichos proyectos.
El Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, dijo que para los proyectos en desarrollo se harán gestiones de créditos accesibles a través de los fideicomisos de apoyo a la Minería con los que cuenta el Gobierno Federal, para impulsar el equipamiento especialmente y aumentar su capacidad de producción o bien disminuir sus costos.
En el caso de minerales Gradesa de inversión mexicana, ubicado en San Antonio del Mar, Delegación de Punta Colonet, donde extrae hierro de dunas de arena con el método de Proceso Húmedo, la compañía se encuentra realizando pruebas metalúrgicas para el diseño de la planta de beneficio, así como estudios y trámites para la extracción de agua salada, necesaria para el proceso de beneficio del mineral.
Por su parte, Transpacific Mining Group, de origen chino, realiza pruebas piloto en su proyecto de extracción de fierro de dunas de arena, para determinar la factibilidad de separación magnética del mineral.
En el proyecto “El Aguajito”, ubicado al sur de El Rosario, se realizan trabajos de exploración, para determinar la factibilidad de extracción de cobre, para tal efecto realizan estudios magneto métrica, muestreos, barrenación y cálculo de reservas del mineral.
En operación se encuentra la Salinera San Martín, de capital mexicano y ubicado en la Bahía de San Quintín, la cual se dedica a la extracción de sal marina; produciendo anualmente alrededor de 4 mil toneladas de sal, obtenida del agua de mar a través de un sistema de filtración que corre por canales subterráneos naturales que van del mar a una laguna costera, lo que proporciona un producto alta calidad.
La inversión mexicana de la Mina la Olvidada, ubicada al sureste de El Rosario, extrae el mineral llamado Barita y trabaja desde finales del año pasado, periodo en que se han producido aproximadamente 40 mil toneladas.
En la mina El Manzano de Chapultepec Mining de inversión brasileña, se extrae fierro a granel bajo una trituración primaria, a la fecha han producido 10 mil toneladas de fierro.
La Cieneguita, empresa mexicana, clasificada dentro de Minería Social que se encuentra ubicada al sureste de El Rosario, se concentra en la extracción de piedra bola y cuarzo para fines de ornato. Actualmente, se encuentra explotando un banco de cuarcita, la cual es cribada y triturada.
Por otro lado, la empresa de origen chino Metales del Rosario, ubicada en la zona conocida como San José de las Palomas, extrae bloques de ónix para exportación a China e India, reportando una producción estimada de 1 mil toneladas en los últimos 3 años.
(Cócorit-Vícam, Sonora).- Cuando los pueblos indígenas otomí-ñatho y nahua entraron a territorio yoeme, los yaquis dijeron que esta es la primera vez que otros indios los visitaban en su máxima celebración, la Semana Santa (Cuarejma).
También fue la primera vez que las autoridades tradicionales de los pueblos de Vícam y Cócorit fueron bendecidas en su propia tierra con un ritual distinto al Yaqui, el de los trabajadores ñatho del tiempo.
“Venimos a esta tierra de Sonora a hacer un pacto, una alianza”, dijo la trabajadora del tiempo que llevó la ceremonia ñatho, originaria de San Francisco Xochicuautla.
Frente a las autoridades yaquis, las comunidades ñatho, Xochicuautla y Huitzizilapan, se presentaron en sus lenguas, también algunos integrantes del pueblo nahua de Tlanixco, todos originarios del Estado de México.
“Agradecemos la invitación y estamos por el compromiso desde el año pasado. Ustedes nos ayudaron a marcar nuestro territorio y estamos aquí para saludarlos”, dijo un indígena de Xochicuautla a las autoridades de la comunidad yaqui de Cócorit. El delegado de la comunidad mandó una carta. Los otomíes entregaron varios estandartes de Emiliano Zapata con la frase: Tierra y Libertad, no más ecocidio en Xochicuautla,
Meses atrás, el 21 de diciembre del 2012, a propósito del Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias convocado por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Tribu Yaqui visitó Xochicuautla. En territorio otomí realizaron las tradicionales danzas del venado, de la pascual y el día en que terminó el festival, los yaquis trazaron una línea en la tierra, como cuando la trazaron a la llegada de los españoles y advirtieron que de pasar morirían.
La Tribu Yaqui usó una virgen de Guadalupe que la Escuela de Huitziltepec, Puebla le regaló a la comunidad de Xochicuautla. En ese entonces, los yaquis dijeron que esa alianza se contaría después de generación en generación.
“Esa vez fuimos con sacrificios llegamos bien en su lucha. Esto nos ha llevado a muchas partes. Ahora estamos luchando contra el mal gobierno”, respondió el capitán yaqui.
El capitán habló con las demás autoridades de Cócorit: “Allá en su pueblo (Xochicuautla y Huitzizilapan) quieren pasar una carretera (Toluca-Naucalpan, concesionada a filiales de Grupo Higa) violentando sus derechos. En su lucha los apoyamos. Estamos en pie de guerra contra el Estado de Sonora”.
Aclaró también: “En cada pueblo se respeta lo que es la costumbre. Somos gente buena y queremos vivir en paz, pero el gobierno no nos deja. Con todos los demás indígenas vamos a seguir adelante”.
Los ñatho comenzaron su tradicional ceremonia; recorrieron, bailando su tradicional punto y empuñando el sahumerio, el lugar enfrente de la oficina de autoridades tradicionales. Mencionaron en su canto los cerros que son sagrados para ellos, donde realizan sus peregrinaciones:
“Señor del cerro de la campana (ubicado en Xochicuautla), Divino Rostro, protege a nuestros hermanitos presos Mario Luna y Fernando Jiménez”, dijo la trabajadora del tiempo, en referencia a los dos yaquis detenidos en pasado mes de septiembre bajo cargos que no se les ha comprobado. Los dos son voceros del pueblo de Vícam.
El viento y las nubes que acarreó, taparon el duro sol de Sonora. A la trabajadora del tiempo le fueron proporcionados tierra, agua y aceite que después colocó en las frentes de las autoridades y cargos yaqui. Finalmente colocó la marca en la frente de la hermana de Fernando Jiménez.
Al final, la trabajadora del tiempo besó la tierra de Cócorit: “Tú que estás aquí, señor bendito Divino Rostro, protege a mis hermanitos, queremos justicia, mi señor, creemos en tu poder”.
Un delegado del Consejo Supremo de Xochicuautla dijo: “Este lazo que vinimos a hacer, no lo tenemos que desatar. Tenemos que defender a las buenas o a las malas, porque nos quieren desaparecer; por eso este lazo tiene que proceder hacia una defensa”.
Mencionó que debido al presente otorgado en el Festival de las Resistencias y las Rebeldías, se traen de vuelta los elementos de la tierra ñatho.
“Nosotros somos muy respetuosos de cada Estado y cada tribu, pero nuestras oraciones van unidas. Esto que nos traen es bueno, para que nos bendigan. Igual como ustedes, nosotros bendecimos los cuatro horizontes. Y esta virgen (rebeldía y resistencia), es la que vimos allá en nuestra enramada en Xochicuautla. Ahorita viene a visitarnos y nos da mucha alegría”.
Después, las dos filas se dieron la mano, como si dos serpientes se encontraran, se reconocieran.
“Cargamos la cruz de la injusticia, hermanos del centro del país. Hay que ver al pasado y recordar lo que hicieron nuestros antepasados, para poder ir al presente y al futuro. Hay que alzar la voz, que ni las prisiones la detengan”, dijeron los yaquis.
Y se repitió la misma danza otomí en Vícam, donde los pueblos invitados fueron recibidos de la misma manera.
“Nos volvemos a reencontrar después de esa formidable experiencia de compartir la palabra y la voz en Xochicuautla”, dijo una de las autoridades de Vícam, “qué bueno que existe cada quien en su lugar y su pueblo. Tenemos un idioma distinto pero un punto de vista en común, la Madre Tierra como corazón”.
“Esto que les dejamos es muy significativo. Es una representación de la Madre Tierra, agua, viento y bosque. Les compartimos la espiritualidad de nuestros símbolos”.
En esas horas, los yaquis supieron que su preso, Fernando Jiménez, encarcelado injustamente, había obtenido un amparo.
Se abría la posibilidad de su liberación.
Aldabi
Abril del 2015
Desde adentro: Los Yaquis y Huitzizilapan, Huitzizilapan y los Yaquis
(Cócorit-Vícam, Sonora).- Veo rostros de muchos mundos, mundos que se encuentran en el Territorio yaqui.
En este tiempo de despojo, represión e injusticias, es posible unir nuestros mundos propios bajo esa circunferencia perfecta que rodeó a la luna del 3 de abril del 2015.
Bajo esa luz de luna es posible ver los rostros morenos descendientes del padre sol; el árbol que a veces llora y que en la insolación del medio día brinda una gota de humedad, una gota de esperanza.
Se ve el rostro iluminado del yaqui, concentrado en la ceremonia, siguiendo con cada danza la tradición de siglos, espera con ansias el nacimiento de una nueva vida.
Esta nueva vida que todos los pueblos originarios buscamos a través de las luchas: luchar por eso que nos da vida y que en Vícam como en Huitzizilapan son la razón de ser de nuestros pueblos.
Vamos hacia un punto que nos une y desde ahora y en adelante hemos hermanado nuestros sentimientos de resistencia.
Al ofrendar los frutos del trabajo a los cuatro elementos de la vida hemos dado significado a nuestra unión de pueblos y de luchas; esos elementos serán el resguardo de la nación Yaqui y de los pueblos ñatho, porque pertenecemos a un mundo donde no cabe la injusticia, en cambio prevalece la convivencia con todos nuestros hermanos y el respeto a la forma de vivir de siempre.
En esa tierra yaqui han quedado marcadas las huellas de hombres y mujeres que cada día van luchando, llevando consigo su cultura milenaria y en su mente la defensa de su mundo.
Los de Huitzizilapan nos traemos el sonido de los cascabeles, que armonizaron en nuestros oídos la cultura del venado con la de nosotros; la imagen mental de las máscaras de los chapayecas que nos han enseñado la humildad del hombre; y también nos trajimos el polvo de esa tierra mágica que nos ha penetrado hasta el corazón.
Hemos regresado de la nación Yaqui, cumplimos un sueño, una misión y un compromiso, regresamos a compartir que hay un pueblo más donde se puede vivir sin dependencia del Estado, en donde también caben muchos mundos que luchan cada vez más fuerte por nuestro derecho a existir, así como somos y seguiremos siendo.
Allá está el desierto, en donde tiene todos sus cactus y su belleza. Junto con ellos somos felices en el desierto, porque en él vivimos y es nuestro desierto, ahí hay sahuaros y pitahayas, que dan sus frutos, por eso le cantamos al desierto.
El desierto. Canción tradicional odham.
Y se vino acabando [el agua], todo se vino acabando… Sí, porque al [19]57 ya casi no había nada, había escasez de todo.
Testimonio de una autoridad tradicional odham, Sonora, 2010.
[… ]para migrar hay que viajar, salirse del lugar donde se nació, dejar atrás la casa, la familia y hasta lo que uno es. No es fácil, la mayoría no migramos por gusto, sino porque hay necesidad, porque no hay trabajo o ya no alcanza la tierra o hay deudas y hay que pagar la medicina. Cuesta dejar todo para ir a buscarle…más cuando no se sabe cómo nos va ir allá…pero siempre hay alguien que ya pasó antes que uno, o sea que uno no está solo, ya hay gente que caminó por aquí antes…
Testimonio de un migrante. Tijuana, 2008.
Pueblos indígenas, territorios y despojo
Los pueblos indígenas de las diversas latitudes geográficas de México, desde hace siglos, han experimentado la exclusión y el despojo de sus territorios y recursos naturales. En este contexto está la violencia de los procesos de marginación socio-económica y de falta de reconocimiento (y ejercicio) de los derechos sociales (trabajo, seguridad, salud, educación) de los pueblos originarios por parte del Estado mexicano. Si bien es sabido lo que pasa y ha acontecido con los grupos étnicos del sur y centro del país, menos conocidas son las historias de otros pueblos indígenas del norte. Este breve texto trata sobre los odhams del noroeste de México y su larga y sinuosa historia de resistencia y supervivencia frente a los embates del cambio, el Estado mexicano y los rancheros y mestizos sonorenses.
Hoy día, la mayoría de los indígenas odhams viven en diversas ciudades del noroeste de Sonora: en Caborca, Sonoyta y Puerto Peñasco, en la zona de la frontera internacional con Arizona, Estados Unidos. Su vida en las urbes se caracteriza por condiciones de precariedad material, discriminación socio-étnica y exclusión social. Como otros grupos indígenas de Sonora y el país, en su historia reciente encarna una sistemática y contundente política de discriminación étnica y despojo de sus territorios por parte del Estado mexicano, pero también refleja procesos de resistencia y persistencia de diversas prácticas socio-culturales (ceremonias, formas de organización). Si bien es cierto que estos grupos indígenas ya no viven en sus comunidades rurales del desierto, aún conservan parte de sus tierras y de su tradición cultural, ambos legados de sus antepasados.
Una historia ancestral, el desierto de Altar y los odhams
Desde hace siglos los odhams habitaron, en pequeños asentamientos semi nómadas, el desierto de Altar que se extiende desde el centro de Sonora y llega hasta el suroeste de Arizona en Estados Unidos; este es y era el territorio de sus ancestros. Tras la invasión española, los odhams resistieron la ocupación de la corona española y los misioneros, mediante diversas estrategias y procesos de movilidad geográfica a lo largo y ancho del extenso territorio del desierto de Altar. Con la creación de la república mexicana en el siglo XIX (1821), los odhams fueron «incorporados» a la naciente nación y experimentaron la segregación y el olvido del Estado mexicano. Después, con el tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) –cuando una enorme porción de México pasó a ser propiedad de Estados Unidos–, el territorio tradicional odham quedó partido en dos por la frontera internacional entre México y Estados Unidos. El territorio odham fue el botín de dos Estados nacionales, que, cuando les convenía, usaron y explotaron estas tierras indígenas a su conveniencia sin importarles los grupos a quienes pertenecían.
Hasta bien entrado el siglo XX, los odhams tenían una economía de autosubsistencia basada en la crianza de ganado y ocasionalmente de caballos, la siembra de temporal de ciertos cereales –fríjol teparí, maíz, hortalizas-, la recolección de frutos y plantas del desierto; la caza de fauna del entorno natural eran otras de las actividades económicas. Desde antes de la Conquista y hasta poco después de la primera mitad del siglo XX el modo de vida tradicional de los odhams estaba en estrecha relación con el medio ambiente natural, el desierto. Durante una larga época el Estado y su política en el noroeste de Sonora y hacia los odhams se distinguió por su olvido parcial y selectivo, mientras algunas tierras eran explotadas y de ellas se extraía diversos minerales mediante la Minería, los grupos indígenas de la región experimentaron la explotación por parte de las élites locales y padecían la falta de derechos sociales, principalmente la carencia de servicios médicos y escuelas.
El cambio, el despojo y la migración, una nueva manera de ser pueblo
No obstante, aproximadamente desde inicios de la segunda mitad del siglo XX y a raíz de las políticas estatales de colonización del desierto de Altar y del uso de recursos naturales a favor de los rancheros mestizos y los grandes propietarios, el modo de vida tradicional odham sufrió un impacto decisivo. Una vez que los rancheros, con el apoyo de las autoridades oficiales, tuvieron el control del agua gracias a la discriminación que de facto suponían las políticas estatales, los odhams ya no pudieron mantener una economía de auto subsistencia basada en la agricultura y tuvieron que salir de sus comunidades a buscar otras fuentes de trabajo.
Sin el agua, recurso indispensable en el desierto para la auto subsistencia y la agricultura, los odhams tuvieron que buscar diversas alternativas. Por otra parte y junto a lo anterior, varias de las mejores tierras que eran parte del territorio tradicional de este grupo indígena fueron repartidas por el Estado mexicano como si se trataran de tierras sin dueño y susceptibles de ser otorgadas a otros grupos sociales. El gobierno no sólo no reconoció a los odhams como ciudadanos mexicanos, sino que, además de quitarle parte de su tierra y el control del agua y otros recursos naturales, no les proporcionó los derechos sociales consignados en la constitución mexicana.
En un primer momento, algunos odhams salieron a trabajar a los ranchos aledaños a sus comunidades como jornaleros agrícolas y vaqueros, mientras que otros miembros del grupo cruzaron la frontera con Estados Unidos y se fueron a trabajar a los campos de algodón del noroeste de Arizona. Posteriormente, algunos se instalarían en centros urbanos del noroeste de Sonora como Caborca, Sonoyta y Puerto Peñasco, donde experimentaron discriminación, racismo y explotación en empleos mal remunerados. Otros, los que se habían ido a trabajar temporalmente a los campos de algodón, fijarían su residencia en la reservación de Odham de Sells, en el suroeste de Arizona.
En la actualidad, la mayoría de los odhams sonorenses viven en centros urbanos del noroeste del estado y han reelaborado su manera de ser un grupo indígena y, pese al despojo y la exclusión por parte de varias instituciones del Estado y diversos grupos de mestizos (rancheros, medianos y grandes propietarios, comerciantes), han conservado parte significativa de su territorio tradicional y han logrado mantener y reproducir diversas prácticas culturales de sus ancestros (ceremonias, formas de organización social y política).
Este pequeño texto e imágenes están dedicados a la memoria de don Matías y doña Lily, quienes murieron en 2010, ambos fueron autoridades tradicionales y testigos de la larga historia odham en el desierto de Altar.
Coatzacoalcos, Ver.-La situación del alza de la delincuencia común en Coatzacoalcos ha llegado al grado de que vecinos de una colonia popular se han organizado en un esquema de autodefensas contra los ladrones.
Habitantes de la colonia Los Almendros, de Coatzacoalcos, esta semana colocaron lonas y pancartas con la leyenda “ratero que agarremos, en la madre le daremos”.
Los colonos hasta el momento no han reportado el arresto ciudadano de ningún maleante, pero se han organizado en rondines nocturnos para cuidar el patrimonio de todos.
Por medio de la red social whasap, cuentan con un grupo en donde se reportan situaciones sospechosas.
Cuando hay algo que les llama la atención, lanzan una alarma y usan silbatos para hacerse escuchar y rápido salir en el auxilio.
Lo de la colonia Los Almendros, sólo es una muestra el avance de la delincuencia contra las autoridades veracruzanas que no se dan abasto.
La ONG Observatorio Ciudadano, que mensualmente reporta los delitos de la ciudad y la región, dijo en su último comunicado que se habían cometido 21 robos a casa habitación, 16 robos de coche, 25 robos a comercio, así como 5 homicidios dolosos.
“El Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos AC hace nota la ola de delitos contra bancos, que se han suscitado en la ciudad, tomando en cuenta que tan sólo en el mes de marzo se presentaron al menos 3 incidentes tanto dentro de las instalaciones como a los usuarios”.
Esta semana que terminó, las autoridades detuvieron a dos personas, originarias de Tabasco, que se dedicaban a cometer robos a bancos y peatones. Son al menos 33 delitos los que la Fiscalía Veracruzana le achacan a Erik Alberto de la Cruz, de 18 años, y a Juan Aguirre, de 32, ambos de Nacajuca.
Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia el asesinado de Abel Manuel Bautista Raymundo, director y fundador de Radio Spacio 96.1, de FM, perpetrado el 14 de abril, en Juxtlahuaca. México es el país más mortífero del continente americano para los actores de la información.
Según información recabada por RSF, después de que Abel Manuel Bautista Raymundo salió de la radio, tres sujetos que no han sido identificados alcanzaron el automóvil en el que se desplazaba y lo asesinaron. Hasta ahora se ignora cuál es el motivo del asesinato del director de radio, quien también era presidente de la Asociación de Radios Comunitarias “Vara 7?. En 2012 amigos del periodista mencionaron en una canción a una “persona envidiosa” de su éxito, pero no dieron más detalles.
Un contacto local informó a RSF que el 17 de abril las autoridades han confiscado el equipo de transmisión de diversas radios comunitarias en la zona. Estas radios a menudo carecen de una frecuencia legal en el país y padecen constantemente presiones de las autoridades.
“Reporteros sin Fronteras condena este asesinato”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Hacemos un llamado a las autoridades federales y de Oaxaca para que emprendan una investigación independiente, imparcial y a profundidad en la que no se descarte que el crimen pudo estar relacionado con la profesión de la víctima. En lugar de perseguir a las radios comunitarias de la región, la prioridad de las autoridades debería ser resolver este asesinato. Mientras que la justicia mexicana no haga su trabajo y los crímenes cometidos contra periodistas sigan impunes, la situación continuará siendo catastrófica para los actores de la información en el país”, añadió.
El estado de Oaxaca es escenario de constante conflictos sociales entre las comunidades autóctonas y las autoridades locales. También es una región de cultivo y tráfico de estupefacientes en la que operan grupos criminales. En medio de esta difícil situación, los defensores de los derechos humanos y los periodistas de medios de comunicación comunitarios son blanco de numerosos actos de violencia. En 2009 la radio Mixteca fue víctima de un ataque. Su director, Melchor López Rendón, denunció entonces que había recibido amenazas de muerte, las cuales atribuía a las autoridades municipales. En febrero de 2013 encontraron el cuerpo del propietario de una estación de radio, Jorge Alberto Vera Carrizal, quien había sido secuestrado hacía dos meses. Dos años después de que ocurrieron los hechos, aún no se ha resuelto este caso de asesinato.
México ocupa el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras publicada en febrero de 2015.
Como anticipé en este semanario (edición 421 del 25 de enero pasado), la prensa alternativa en Baja California Sur está siendo acosada por la corporación Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, filial de la empresa estadunidense Odyssey Marine Exploration, que a través del diario el El Sudcaliforniano publicó el 12 de noviembre de 2014 una seudoentrevista al licenciado Luis Manuel Guadarrama, representante legal de la corporación, en la que expuso de manera ambigua que la minera estaba emprendiendo acciones legales en contra del periodista Carlos Ibarra Meza, del portal BCS Noticias (www.bcsnoticias.mx), por haber comenzado: “…una campaña dirigida a los medios que nace en un blog […] lleno de mentiras, difamación, distorsiones y verdades a medias, diseñadas para desinformar y antagonizar el proyecto ante la comunidad, las autoridades federales, estatales y municipales”. Todo lo anterior sobre las actividades del proyecto minero Don Diego, que la corporación pretende llevar a cabo en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas-San Juanico, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en la costa del Océano Pacífico (contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/25/ataques-la-prensa-alternativa-en-baja-california-sur/ ).
El proyecto minero Don Diego pretende ser emplazado en una zona rica en biodiversidad, en la que destacan las tortugas marinas, y en la que se encuentran gran cantidad de bivalvos (almejas) y gasterópodos (caracoles y abulones) que habitan el fondo marino, además de que a través de ésta transita la ballena gris. Y de la que, asimismo, dependen cientos de familias de pescadores. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la zona del Golfo de Ulloa ha sido caracterizada como una Región Marina Prioritaria para la Conservación por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Zona reconocida por su alta productividad biológica y sitio de gran importancia para la pesca de la región: ahí se lleva a cabo el 42 por ciento de la actividad pesquera del estado (www.cemda.org.mx/10/proyecto-minero-propuesto-podria-extraer-350-millones-de-toneladas-de-arena-fosfatica-del-fondo-marino-en-bcs/ ).
Como es sabido, cualquier actividad extractiva conlleva un grado de impacto ambiental, y la Minería marina no es la excepción, la principal técnica de extracción que emplearía Exploraciones Oceánicas es el dragado para remover sedimentos en 34 mil 993 hectáreas de fondo marino, y así extraer millones de toneladas de arena fosfática. Fondo en el que Exploraciones Oceánicas ya ha realizado perforaciones y toma de muestras, mismas que de acuerdo con las investigaciones de Ibarra se han ejecutado sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (www.bcsnoticias.mx/oceanica-realizo-360-perforaciones-en-comondu-sin-permiso-de-semarnat ).
Los ataques mediáticos intimidatorios que la minera inició contra Carlos Ibarra en noviembre de 2014, con la seudoentrevista mencionada y otras notas en el diario aludido, han escalado en intensidad y pasado a otro nivel, ya que la empresa interpuso una demanda penal contra Ibarra y cinco personas más, tres de ellas miembros de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, SCL, ante la Procuraduría General de la República (PGR), expediente AP/BCS/SPPA-AMPFDC/176/2014, misma en la que se acusa a Ibarra de la presunta comisión de “delitos contra la economía pública”, de acuerdo con la Revista Teorema Ambiental, debido a que el juicio está basado en el artículo 253 del Código Penal Federal, Título Decimocuarto, Delitos contra la Economía Pública (www.teorema.com.mx/tendencias/exploraciones-oceanicas-denuncia-penalmente-a-reportero-de-bcs-noticias-por-cobertura-sobre-mineria/). Tal acción legal es sin duda un ataque ilegal contra el ejercicio periodístico del reportero y su medio de comunicación.
Pero el trasfondo de la acusación va más allá, y su propósito no es solamente intimidar a Ibarra: también va con dedicatoria para aquellos periodistas y medios que, ejerciendo su legítimo derecho a investigar e informar, abundan en cuestiones medioambientales, cuya exposición puede generar controversia, independientemente de si las acciones, en este caso de la corporación minera, son legales o ilegales y dañinas para el medio ambiente y la sociedad. Además, al atacar a Ibarra, la corporación ataca a la sociedad, pues al pretender silenciar al periodista busca quitar nuestro derecho a estar informados; intenta ser excluyente de la toma de decisiones sobre lo que acontece en el territorio mexicano y en los mares y, en este caso en particular, quiere abstraer de lo que sucede en el Golfo de Ulloa; pretende que no haya conciencia del daño que se puede generar al medio ambiente marino y con ello que no exista manifestación de nuestro rechazo a la Minería marina.
Al respecto, varios medios de comunicación, así como diversas organizaciones no gubernamentales, se han pronunciado en defensa del periodista y del medio ambiente. En el tema de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos del periodista, destaca la activa participación de la organización internacional Artículo 19, misma que además de emitir un comunicado denunciando las acciones intimidatorias llevadas a cabo en contra de Carlos Ibarra, también ha hecho un llamado para que el Ministerio Público federal respete y garantice los derechos del reportero durante el proceso, además de que le ha pedido a la PGR desestime las acusaciones contra Ibarra por considerarlas ambiguas y cuya verdadera intención es inhibir el ejercicio periodístico del reportero.
Al parecer, la presión ejercida por la ciudadanía en las redes sociales, así como la intervención de diversas organizaciones y medios informativos en defensa del reportero de BCS Noticias, ha dado algunos frutos, pues, de acuerdo con el mismo Ibarra, en días recientes la PGR desestimó la denuncia y la turnó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lo que parece un intento por restarle relevancia a un asunto gravísimo, represivo y contrario a la libertad de expresión y opinión, que ha generado un enorme descontento de varios sectores de la sociedad surcaliforniana; que ha merecido, además, la intervención de organizaciones internacionales que defienden los derechos referidos, pero sobre todo en los casos de violaciones a los derechos humanos fundamentales de los periodistas.
Ante la intimidación y las acciones legales infundadas de la corporación minera en contra del ejercicio periodístico de un reportero, cuyas notas sobre el tema en cuestión son fundamentales para las comunidades directamente relacionadas con las áreas en las que se pretende emplazar la Minería marina, así como para la sociedad mexicana en general, debemos difundir lo acontecido, defender al reportero y al espacio informativo al que pertenece, porque sólo así nos defenderemos a nosotros mismos de los detractores del derecho a la libertad de expresión y opinión, así como al acceso a la información, en un asunto que indudablemente es de interés público.
En denominadas ‘asambleas preparatorias’ los indígenas de Cherán seleccionaron a las 12 personas que serán los próximos integrantes del Concejo Mayor, estos representantes que fueron elegidos en cada barrio, sólo serán ratificados el próximo 3 de mayo, fecha que se estableció para que la comunidad elija quienes serán sus próximos gobernantes.
En cada uno de los cuatro barrios se realizó una asamblea la tarde de este domingo, donde recurriendo a usos y costumbres, cada una de las personas reconocidas como miembro legítimo y leal de la comunidad, se registró y participó en la selección de los que serán los nuevos consejeros de la población.
Las personas que integrarán el nuevo Concejo Mayor y son; Francisco Lemus, Austreberto Macias Jerónimo, Alicia Roque, Cecilia Durán Rosas, Mario López Hernández y Alfredo Mateo Hurtado, todos ellos del barrio primero.
En el barrio segundo se designó a Pedro Chávez Sánchez, Salvador Campos Gembe y María de la Luz Torres; en el tercero barrio se eligió a Enedino Santa Clara Madrigal, Salvador Bautista Teandón y Severiana Fabián, y en un cuarto barrio fueron seleccionados Víctor Hugo Campanur Sixtos, Benito Niniz Estrada y María Elena Hurtado Rojas.
En otras asambleas preparatorias realizadas en distintos días, cada barrio está eligiendo también a los que integrarán el resto de los 8 consejos que acompañarán en el gobierno al Concejo Mayor. El día designado para las elecciones, el 3 de mayo, sólo se ratificarán los nombramientos y la selección del presidente, secretario y tesorero de cada Consejo.
De manera paralela a las asambleas preparatorias de este domingo, los simpatizantes de cuatro partidos políticos en esa comunidad indígena, realizaron también una marcha en protesta por el gobierno de usos y costumbres, amagan con radicalizar sus protestas e impedir que se siga gobernado por usos y costumbres.
La marcha de los inconformes partió desde una de las salidas de la comunidad y llegó hasta un quisco ubicado casi a 300 metros de la Casa Comunal, antes presidencia municipal, luego que prefirieron evitar cualquier confrontación con el actual gobierno que tiene la comunidad.
En el mitin, los seguidores de los partidos, principalmente del PRI y del PRD, amagaron con instalar casillas el próximo 3 de mayo, y valiéndose de la consideración especial que estableció el IEM para la elección del Nuevo Consejo, explicaron que también ellos se benefician del derecho al voto libre.
A decir de los inconformes, el IEM prometió que establecería casillas para que voten por diputados estatales y federales, así como por los candidatos a gobernadores.
En 2011 los pobladores de este municipio purépecha decidieron regirse por sus formas tradicionales, hartos del saqueo forestal y la violencia
Este municipio indígena que corona la meseta purépecha, en el centro de Michoacán, celebró ayer sus primeros cuatro años de autogobierno y sin partidos políticos, con el gusto de echar de su territorio el viernes pasado a la candidata a diputada por el distrito 7, Rosa María Molina Rojas, de la coalición entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Ese día la candidata intentó pasar por aquí y la detuvimos; le dijimos que si no se retiraba la íbamos a meter a la cárcel porque estaba violentando nuestra tranquilidad. Fue escoltada a los límites del municipio, luego nos llamaron del Congreso del estado y les contestamos que existe un acuerdo para respetar nuestros usos y costumbres, recordó Trinidad Ramírez, integrante del consejo de mayores que forma parte del autogobierno.
El municipio, de unos 18 mil habitantes y 27 mil hectáreas, es el más grande entre las comunidades purépechas y se encuentra en la parte alta de una meseta llena de imponentes bosques de encino, que han sido a lo largo de la historia su riqueza y su calamidad, hasta que en 2011 el saqueo forestal y la violencia hicieron que sus pobladores decidieran regirse por sus formas tradicionales.
Hoy no sólo se impide la presencia de candidatos y partidos políticos, sino que los purépechas produjeron mediante autogestión en el año reciente un millón 600 mil plantas para reforestar sus bosques talados. En cuatro años rebasaron las 3 mil 500 hectáreas con nuevos árboles plantados.
En Cherán hay proyectos comunales para todo; además del vivero, construyeron una ladrillera para explotar sus minas de arena; un aserradero, una carpintería y una resinera, todo con ganancias administradas por la comunidad. Además, tienen un enorme captador de aguas pluviales que según Ramírez es de los más grandes del país.
La administración municipal se rige a través de consejos formales que hacen enlaces con los gobiernos estatal y federal; además cuentan con una policía o ronda comunitaria que impide el paso a los malos, y garantiza una estancia sin problemas de seguridad a los visitantes en general.
No hay avances en justicia
Hemos logrado muchas cosas en estos cuatro años, pero no hemos avanzado en que nos hagan justicia. Tenemos cinco desaparecidos y 18 muertos desde que comenzó el movimiento, pero no hay un solo detenido, mientras los huérfanos y las viudas siguen esperando que termine la impunidad, reprochó Ramírez.
El pueblo comenzó el 15 de abril de 2011 el proceso autogestivo del que hoy se siente orgulloso, cuando, al repique de las campanas del templo local y organizados principalmente por mujeres, grupos indígenas reclamaron a talamontes la deforestación que causaban incluso en zonas de importancia vital para el pueblo, como La Cofradía, donde está el manantial más importante del municipio.
En 2007 había regresado al gobierno el PRI (el alcalde era Roberto Chapina), que invirtió mucho dinero para terminar con 18 años de gobiernos del PRD. Y en cuanto llegaron comenzaron a pagar su campaña con nuestros bosques; calculamos que fueron casi 10 mil hectáreas de saqueo total, acotó Ramírez.
Quienes intentaron defender el bosque fueron asesinados, incluido un anciano que vivía de la recolección de leña y hongos, quien fue a reclamar a los talamontes el despojo que realizaban y fue agredido en presencia de sus nietos.
Ante la violencia, amenazas y extorsiones, las mujeres de Cherán impidieron el paso de camiones cargados con madera talada ilegalmente. Posteriormente la comunidad incendió los vehículos y detuvo a cinco taladores furtivos.
Entre las 8 y 9 de la mañana intentaron rescatar a los talamontes; venían sicarios fuertemente armados, guiados por la policía municipal de Cherán. La Divina Providencia nos ayudó, pues uno de nuestros compañeros coheteros lanzó uno contra los sicarios y explotó, lo que los hizo huir pensando que teníamos armas, aunque para entonces ya habían herido de un disparo en la cabeza a un muchacho que todavía no ha podido sanar, dijo Ramírez.
Ningún candidato nos apoyó
Esa noche, el pueblo se organizó por barrios, alzó barricadas y fogatas en las bocacalles para impedir el posible regreso de los grupos armados, y elaboró un pliego petitorio que ha sido la base hasta ahora: seguridad, justicia y ronda comunitaria.
“Ese día dijimos ‘en Cherán ni un partido más’, porque sabíamos del daño que nos habían hecho y porque ningún carajo partido vino a preguntarnos qué carajos teníamos y queríamos”, agregó el consejero comunal.
Los sicarios no regresaron, pero el gobierno sí envió un funcionario estatal al día siguiente, quien regresó por el mismo camino al no tener soluciones que ofrecer. Dos días después los comuneros fueron a Morelia para reunirse con el gobernador Leonel Godoy, quien no los recibió porque tenía programada la inauguración de una escuela.
No teníamos ni una semana de haber impedido el paso a los talamontes cuando emboscaron a dos comuneros, lo que todavía enojó más a la comunidad que refrendó que no se permitiría más el paso a quienes no vinieran a apoyarnos. Mientras, nos costaron todas las comunicaciones, no se podían hacer llamadas, recibir señal de televisión o Internet, agregó.
El pueblo se manifestó en Morelia e inició una batalla legal hasta que el Tribunal Electoral federal les dio la razón sobre su autonomía, luego que el Instituto Electoral de Michoacán insistió en que la elección del 13 de noviembre de 2011 debía realizarse.
Según el resolutivo federal, Cherán elegiría a su ayuntamiento sin intervención de partidos políticos, mediante el sistema de usos y costumbres, lo cual fue confirmado el 18 de diciembre de 2011 en una consulta popular en la que 4 mil 844 votaron a favor y sólo siete en contra.
Así, desde el 5 de febrero de 2012, con el reconocimiento del Congreso michoacano, Cherán tuvo su concejo municipal electo en asambleas comunitarias, éxito administrativo visible en las calles del pueblo donde cuadrillas mantienen la limpieza de las calles, el buen funcionamiento de la infraestructura municipal y los bienes comunitarios.
Hoy el pueblo parece cualquier otro, salvo por el trabajo comunitario, por las 189 fogatas que cada noche funcionan para impedir el paso de los malos, y como una especie de ágora donde comienza la deliberación democrática que pronto desembocará en el nombramiento de las nuevas autoridades a la usanza tradicional.
Mazatlán, Sinaloa.- No darán más tregua a la SCT ni al presidente Enrique Peña Nieto para que les paguen, advirtieron ejidatarios de seis poblados de Durango, tras plantarse en la caseta de Coscomate donde permitieron el paso libre a los automovilistas.
Cansados de prórrogas, plazos vencidos y promesas incumplidas, casi 500 ejidatarios de Durango decidieron tomar sus cobijas, chamarras, palos y lonas para establecerse en los linderos de la caseta de cobro a la espera de una respuesta convincente, hasta el miércoles.
Mientras, los responsables del lugar que opera Capufe cuantificaron pérdidas de casi el millón de pesos durante los tres días anunciados del movimiento, puesto que mil 300 vehículos diarios dejarán de pagar al pasar por dicha caseta, en contraste los automovilistas se mostraron a gustosos al ahorrarse el cobro de la caseta más cara de las cuatro que operan en la supercarretera.
sin tregua.
Las mantas del movimiento campesino por la justicia agraria rechazan la última propuesta hecha por la SCT, de imponer el precio de tierras de hace 10 años, violando el acuerdo bilateral del pasado 11 de octubre del 2014, de hacer un avalúo maestro actualizado.
Desde las 08:00 horas de ayer se fueron reuniendo los ejidatarios de los poblados en ambos lados de la Caseta de Coscomate, Durango, hasta levantar las plumas a las 13:00 horas.
José Luis Coria, portavoz del movimiento, aseguró que sólo escucharán al subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cumins; el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, o al presidente de la república, Enrique Peña Nieto.
“Este movimiento lo hicimos sólo para el levantamiento de pluma, el acceso es libre y los automovilistas no pagarán a la caseta, pero si quieren aportar voluntariamente a los ejidatarios será bien recibido”, explicó.
Es la segunda vez que el movimiento toma la caseta.
Esperan depósitos.
Desde los alrededores, llegaron personas del ejido Pueblo Nuevo, la comunidad de Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, San Antonio y anexos y del ejido La Victoria, así como un pequeño propietario.
Los afectados suman alrededor de 2 mil ejidatarios que cuantificaron 3 mil hectáreas, de las cuales esperan el pago justo con avalúos actualizados, no los de 10 años atrás, como pretenden pagarles, según señalaron.
Aseguraron que ya tienen mucho tiempo que les han tomado el pelo, les dan plazo y no cumplen con el pago que tienen pendiente con los seis ejidos, por las 3 mil hectáreas que tomaron para realizar la carretera Mazatlán Durango, justificando el motivo que les hizo parar actividades en la madera y en los campos para manifestarse.
“Hasta que nos digan aquí que ya hicieron los depósitos que nos deben, no nos levantaremos”, amenazaron, mientras tanto piden aportaciones voluntarias a los automovilistas que transitan por la rúa, para comprar comida.
Un total de 109 de los 113 alcaldes de Michoacán dieron su visto bueno al nuevo esquema policial. Sólo cuatro municipios declinaron su incorporación, Cherán, Marco Castellanos, Zamora y Angangueo.
Autoridades municipales aceptaron este martes 29 de abril la implementación del Mando Unificado en Michoacán.
En una reunión privada con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con 109 de los 113 alcaldes, dieron su visto bueno al nuevo esquema policial.
Sólo cuatro municipios declinaron su incorporación, Cherán, Marco Castellanos, Zamora y Angangueo.
En el caso de Cherán, las autoridades municipales declinaron su entrada, por el régimen de usos y costumbres que aplican.
En lo que toca a los otros tres municipios, manifestaron su apoyo y respeto al mando, pero determinaron no integrarse.
Entrevistado por Denise Maerker, en Radio Fórmula, el comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, explicó las diferencias entre mando único y mando unificado y aseguró que esta última figura tiene la finalidad de articular todas las capacidades institucionales de cada una de las policías para tener las mismas condiciones, los mismos protocolos, los mismos perfiles, “una especie de policía única por decirlo así”.
Explicó que la comisión integradora de este mando unificado será conformado por diversas dependencias municipales y el gobierno federal quienes en conjunto realizarán las propuestas para ocupar los mandos de seguridad en los municipios, los cuales, a su vez, deberán ser ratificados por el Cabildo correspondiente.
En ese sentido, dijo que no se trata de quitar responsabilidades a ninguna autoridad, sino de poner una especie de candados y así sea más difícil que el crimen pueda imponer a su gente en cargos estratégicos de seguridad.
(19 de abril, 2015).- Poco más de 400 de comuneros de Santa Cruz Tagolaba y Lieza, del municipio de Tehuantepec, así como de Santa María Mixtequilla, iniciaron este domingo un bloqueo en la carretera federal 190, en el punto denominado “Caracol”, lo que impide el paso de vehículos hacia la ciudad de Oaxaca.
La protesta fue motivada por la falta de respuesta por parte de Petróleos Mexicano, (Pemex), a los compromiso firmados desde el mes de junio de 2014 con los comuneros en relación a las indemnizaciones por los daños causados a sus tierras y que les impiden la siembra de cultivos.
En esa zona se localiza una tubería que conduce el agua de la presa Benito Juárez, la cual tiene una extensión de más de 20 kilómetros, desde El Cárcamo, en Mixtequilla, hasta Salina Cruz.
Entre los acuerdos firmados por Pemex con los comuneros, destacan la entrega a los de Mixtequilla de una retroexcavadora y camiones de volteo para extraer material pétreo del lecho del río, con la finalidad de que tengan una fuente de empleo.
A los comuneros de Lieza, se comprometió apoyarlos con la implementación de un proyecto para extraer carbonato de calcio, mármol y así crear una pequeña empresa comunitaria; mientras que a los de Tagolaba se entregaría una cribadora y trituradora.
En febrero pasado los inconformes cerraron los caminos que conducen a la Boca Toma de Pemex en Mixtequilla, en donde se abastece de agua para la Refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, también por la falta de atención de la empresa a sus demandas.
En febrero pasado mil 500 comuneros de los mismos municipios exigieron por primera vez a Pemex pagar daños, afectados desde hace 30 años a la fecha, manifestaron que las afectaciones por la red de agua potable, han impedido la siembra de cultivos en sus terrenos, debido a que las tuberías son de gran tamaño y han lastimado a los terrenos, ocasionándoles desnivel que no favorece la siembra.
“Nuestra molestia fue cuando llegamos a la ciudad de México hace unos días y nos dijeron que no sabían nada de apoyos para los comuneros del Istmo de Tehuantepec, y nos comunicaron que el gobierno de Oaxaca y Rogelio Ríos Benítez, encargado de enlace del sistema Pemex, no metieron los proyectos que nos prometieron, nos dejaron fuera, por eso ahora los dejaremos sin agua” afirmaron en aquel momento.
Entre los apoyos que se comprometió Pemex para darle a los comuneros como forma de indemnización, fue la construcción de una marmolera para los comuneros de Lieza, una gravera para los de Santa Cruz Tagolaba y un retroexcavador y camiones de volteo para los comuneros de Santa María Mixtequilla.
Los comuneros precisaron que ante esta situación han recibido una serie de amenazas directas de parte del personal de Pemex, quienes les ha dicho que los van a desalojar si continúan denunciando y ubicándose en los retenes.
“Somos dos municipios los afectados, Santa María Mixtequilla y Tehuantepec, en sus barrios Lieza y Santa Cruz Tagolaba, nosotros no pedimos un pago efectivo, sino un beneficio para toda la comunidad, esperemos que Pemex no se haga el desentendido, puesto esta afectación ha superado el tiempo, más de tres décadas”, indicó Adán Quiroz Robles, comunero de Lieza.
Jesús Ruiz, representante de tierras comunales de Santa Cruz Tagolaba señaló que todo ha sido una farsa y mentira de Pemex, porque no ha cumplido lo que prometió en el 2014, por eso tomaron la determinación de colocar retenes y cerrarles el paso del agua.
Treinta y cinco comunidades de Candelaria, Campeche, desde hace cinco años sostienen una lucha en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica, como represalia, además de hostigamiento, persecución, desmantelamiento de sus instalaciones eléctricas domiciliarias, cinco personas hace más de un año y otras más tiene órdenes de aprehensión en su contra.
Una integrante del Movimiento de Resistencia Civil al No Pago de Tarifas Eléctricas de Candelaria –que pidió se omitiera su nombre por temor a represalias- estuvo presente en el Encuentro Derechos Humanos y Medio Ambiente organizado por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, en Los Aguilares, Cunduacán, fue entrevistada respecto a su lucha.
Mencionó que la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad a su demanda de tarifas eléctricas preferenciales y que la electricidad sea considerada un derecho humano, ha sido el corte de la energía eléctrica, desmantelamiento de las instalaciones eléctricas en los domicilios, amenazas de que si no pagan la luz irán a la cárcel.
Finalmente, mencionó fueron encarcelados cinco compañeros y compañeras –
Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja y Elmer Castellanos- entre otros- los cuales, aunque fueron liberados, les reactivaron más procesos judiciales y otros tiene abiertas órdenes de aprehensión en su contra.
A pesar de eso, dijo, sostienen su lucha.
-¿Sabe que en Tabasco también hay un movimiento de resistencia en contra de las tarifas eléctricas desde hace más años?
Sí, respondió la mujer, pero no nos interesa, porque es un movimiento de Andrés Manuel López Obrador y nosotros no queremos nada con los partidos políticos, porque sostenemos que actúan como en escalera y estamos en contra del cambio de patrones, lo que buscamos, aunque sea a la larga y no sabemos cuántos nos costará, es que el pueblo tome el poder, reiteró.
Según afirmó, “sabemos que ya el 60 por ciento de los mexicanos no votan y que más del 40 por ciento de la producción de la energía eléctrica está en manos de empresas privadas.
Estamos luchando, mencionó, para que la energía se convierta en un derecho humano, solo de esa manera beneficiará a todos los mexicanos, no solo a los que estamos en la lucha, eso es lo que en este momento está en negociación.
Dijo que como resultado de la toma de la carretera federal el pasado 29 de marzo, en el que participaron, además de los integrantes de su movimiento, representantes de otras organizaciones civiles nacionales e internacionales, lograron que la Secretaria de Gobernación instalara una mesa de negociación en la ciudad de México.
“Por la represión que ha habido, ya la gente está hasta la m…, ya no aguanta más”, expresó.
En estos momentos su lucha está encaminada también, a impedir que la CFE instale medidores digitales, como consecuencia de la privatización de la energía, creo que en Tabasco ya se está aplicando, por lo tanto, quienes no puedan comprar la tarjeta, se quedarán sin luz, agregó.
SANTA CRUZ, Son., (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga el origen de la contaminación del arroyo Milpillas a causa de la operación de la mina de cobre La Parreña SA de CV, propiedad de Peñoles.
La dependencia informó que mediante un convenio con la empresa se acordó la realización de análisis y estudios por parte de especialistas externos certificados, a fin de garantizar el dictamen final.
“Especialistas de esta dependencia en Sonora realizaron un recorrido de inspección en un tramo aproximado de 1.8 kilómetros a lo largo de la citada vertiente, así como por ranchos y otros afluentes cercanos, para explicar la presencia de manchas irregulares color azul turquesa”, destacó en un comunicado.
En un reportaje publicado por la revista Proceso se dio a conocer que el arroyo en Sonora alimenta a la presa del Comaquito, donde abrevan 35 mil cabezas de ganado e irrigan mil 900 hectáreas de producción agrícola del centro y norte de la entidad.
Según la información, los ejidatarios de Miguel Hidalgo denunciaron que desde hace años la mina La Parreña descarga agua contaminada y las autoridades ambientales no han atendido esta irregularidad.
Enfatizaron que a consecuencia de las descargas, en la zona ya no anida el guajolote silvestre, escaseó el mapache y murieron los peces de río.
En una carta aclaratoria, Peñoles alegó que no era responsable de la contaminación del arroyo, pero admitió que el agua no aprovechada por la mina en el proceso “es desalojada por bombeo”.
Justo en este proceso de bombeo es cuando la compañía descarga “aguas no aprovechables” que son visibles, con un intenso color turquesa, desde la zona conocida como “Cajón Milpillas” hasta el puente “Colorado”, en un radio de 3 a 5 kilómetros de la mina.
En su comunicado difundido este jueves, la Profepa destacó que en atención a las denuncias ciudadanas se instrumentó una primera inspección a La Parreña SA de CV, unidad Milpillas, con el objetivo de revisar con precisión este “problema” porque el lecho del río y las piedras “están impregnadas de sulfato de cobre”.
“De acuerdo a estudios preliminares que practicaron funcionarios de la Profepa, las mediciones de pH realizadas arrojaron que los niveles están dentro de lo permisible según la Norma Oficial Mexicana 001 de Semarnat con 7.8, cuando lo máximo permitido es 9”, indicó.
Y recordó que la zona montañosa donde se encuentra ese río es rica en minerales, principalmente cobre, al grado de que se encuentra a la intemperie.
Los recorridos que realizaron los inspectores, algunos acompañados del denunciante y de personal de la mina, permitirán determinar la causa de la posible contaminación, concluyó la dependencia.
Hermosillo, Son. Dos de los tres manifestantes detenidos el pasado sábado por protestar contra los efectos de la contaminación minera en el río Sonora y la falta de pago de compensaciones económicas fueron liberados ayer después de que pagaron fian- zas superiores a 30 mil pesos. El edil de Ures, José Manuel Valenzuela Salcido, dijo que salieron Juan Francisco Maldonado Canizalez y Martín Romero Contreras, quedando pendiente de ser liberado Elisio Figueroa Moreno. Los acusaron de bloquear una vía de comunicación.
En lo que va de este año, en el estado de Guanajuato se han presentado 23 casos de homicidios violentos en contra mujeres, de los cuales sólo 15 el Gobierno del Estado ha reconocido como “feminicidios” por lo que de continuar la tendencia, 2015 podría ser el peor año en cuanto a la cantidad de delitos de este tipo.
“Justo este año la mayoría de los asesinatos violentos contra las mujeres se han tipificado como femenicidios y de los 23 que han ocurrido el Gobierno del Estado sólo ha tipificado 15”, dijo Verónica Cruz Sánchez, dirigente del centro Las Libres.
Explicó que pese a los intentos de autoridades estatales por controlar la violencia y las muertes contra las féminas, la tendencia sigue a la alza, pues desde 2013 la cantidad de homicidios contra mujeres ha aumentado.
De acuerdo con las mismas estadísticas que lleva a cabo esta organización que vela y tutela por los derechos del sector femenino en la entidad, en 2014 se presentaron 73 asesinatos en contra de mujeres y la tendencia es que en 2015 la cifra por lo menos se mantenga.
“Desde 2013 hemos venido exigiendo las organizaciones, la sociedad civil y demás a la existencia de una alerta de género, como una medida de prevenir los asesinatos y el Estado se venía negando”, afirmó.
Precisó que en 2013 y 2014 los números de casos de homicidios contra mujeres no se han reducido, por el contrario han crecido y de acuerdo con la cantidad que se lleve en 2015, lo más seguro es que la tendencia se mantenga.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– A pesar que organizaciones civiles, legisladores, investigadores y más ciudadanos han denunciado una ola de violencia contra la mujer en el Estado de México, el gobierno que encabeza Eruviel Ávila Villegas aceptó que persiste este problema, pero no ha actuado con todos los mecanismos porque, informó, no hay denuncias, no es de su competencia e incluso rechazó la gravedad de este tipo de delitos al compararlo con el número de habitantes.
Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Secretario de Gobierno mexiquense José Manzur Quiroga, en representación del Gobernador, Eruviel Ávila Villegas, dijo: “¿En el Estado de México es donde más delitos contra mujeres hay? ¡Sí! pero también es donde existen más mujeres”.
“Es algo que nos angustia, pero tendríamos que comparar cada uno de los delitos por cada 100 mil habitantes. No podemos nosotros hablar de un número tan importante, como reconocemos que hay de muertes de mujeres y muertes de hombres, sin considerar el número de habitantes que hay en el Estado de México. No es posible comparar el estado de Tlaxcala con el Estado de México, simplemente por el número de habitantes”, detalló el funcionario.
Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) exponen que en la entidad existen registro de 194 casos de feminicidio, de los cuales 124 han sido judicializados en lo que lleva la actual administración. En contraste, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años.
En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.
Desde 2010, el Observatorio –una coalición de 43 grupos que documentan graves crímenes contra las mujeres– ha solicitado una alerta por la violencia basada en el género para que se active en el Estado de México.
La Diputada panista Leticia López Salas expuso que “en el Estado de México 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infringida por su pareja. Sin embargo, por temor a represalias, se denuncian ante las autoridades únicamente nueve casos por cada 100 maltratos”.
Ante el cuestionamiento de la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Elena Tapia Fonllem sobre la falta de Alerta por Violencia de Género en el Edomex, Manzur Quiroga dijo que no es competencia de ese estado emitirla, pero de aprobarse la aceptarían porque “beneficiaría a las mujeres que habitan en el territorio mexiquense”.
“Es facultad del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, aseguró.
Por su parte, el Procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez aseveró que aunque el feminicidio ya está tipificado en la entidad, “no hemos aprendido a medir el feminicidio. No sabemos cómo comparar una entidad federativa con otra, o cómo comparar los hechos violentos contra las mujeres, y eso sería un buen punto de partida”.
Ante los cuestionamientos sobre las acciones que se han realizado, tanto el Secretario como el Procurador explicaron que están listos para atender este tipo de delitos y que incluso se ha capacitado a las autoridades para darle un enfoque de género a cada caso, pero que si no hay denuncias las instituciones no podrán actuar.
A pesar que los legisladores de la comisión preguntaron diversas cosas, Manzur se comprometió a atender las dudas y resolverlas en el futuro.
“EPIDEMIA” EN EDOMEX
México vive los dos tipos de violencia de género más extremos: feminicidio y tortura: sexual. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
El diario británico The Guardian publicó el jueves un reportaje amplio firmado por la periodista Nina Lakhani desde Ecatepec en donde detalló que ni la oficina del Gobernador Eruviel Ávila, ni las de las procuradurías local y federal respondieron a varias solicitudes de información respecto a los feminicidios.
El medio calificó de “epidemia” a la ola de feminicidios de la entidad. El reportaje tuvo como título The ‘invisible victims of Edomex, Mexico’s most dangerous place to be female (Las víctimas ‘invisibles’ de Edomex, el lugar más peligroso de México para ser mujer).
El rotativo relató que muchos de los cuerpos estaban mutilados y fueron abandonados en lugares públicos como carreteras, parques y centros comerciales, una acción que académicos ligaron a crímenes de odio de género. Desde la década de 1950, la población de la entidad ha aumentado 16 millones. El crecimiento urbano por etapas ha creado un mosaico de comunidades dispares que carecen de un centro discernible o de identidad compartida, informó.
“El Edomex es tierra de nadie; no existe en el mundo exterior”, dijo Cynthia Galicia, experta legal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre 2005 y 2011, el estado fue gobernado por el actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien fue duramente criticado por no hacer frente a la violencia contra las mujeres: otras mil 200 fueron asesinadas en el estado en el mismo período.
El diario documentó que la violencia en el Edomex es tan desconcertante “que recuerda a una epidemia anterior de feminicidios: entre 1993 y 2005, 379 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, una ciudad en el estado fronterizo de Chihuahua. Muchas fueron agredidos sexualmente y desmembrados antes de que sus cuerpos fueran abandonados en el desierto”.
Las protestas en Juárez llamaron la atención de la cobertura de los medios al norte de la frontera, que a su vez ayudó a galvanizar la indignación internacional, a lanzar múltiples consultas, una nueva legislación y al menos dos películas de Hollywood, publicó The Guardian. “Pero en el mismo período, fueron asesinadas más mujeres, al menos 10 veces más en el Edomex que en Ciudad Juárez. La mayoría de estos asesinatos han sido reportados y han pasado desapercibidos por el mundo exterior, sólo las víctimas lloraron por sus seres queridos”.
“Edomex es un estado pobre, la gente es anónima, y no existen grupos de protesta, por lo que se ha mantenido invisible”, explicó Galicia al diario británico.
Activistas le dijeron al diario que no hay una explicación para la ola de violencia contra las mujeres en el estado que gobernó el Presidente Enrique Peña Nieto. Al igual que en Ciudad Juárez, la evidencia sugiere que algunas niñas y mujeres han sido objeto de trata para la prostitución, mientras que otras han sido víctimas de asesinatos de odio de género, aseguró Lucía Melgar, líder académica sobre cultura y género.
“También podemos plantear la hipótesis de la violencia está relacionada con los propietarios de las grandes empresas, los políticos corruptos y el crimen organizado al igual que en Juárez, pero realmente no sabemos ya que no existen investigaciones. La impunidad en Edomex es brutal”, opinó.
“Pero menos del 5 por ciento de los asesinatos –y sólo un puñado de casos de trata– son procesados con éxito en México”, citó el diario.
Perseo Quiroz Rendón, director de Amnistía Internacional México, dijo: “La ineficiencia terrible en la justicia penal significa que no sabemos por qué la violencia ha aumentado, o incluso exactamente lo malo que es”.
URUAPAN, Mich., 16 de abril de 2015.- Después de varios días de movilizaciones por parte de habitantes de Caltzontzin, quienes eran apoyados por normalistas e integrantes de la CNTE, finalmente este jueves le fue dictado el auto de formal prisión a Nicolás Cervantes, quien enfrentará su proceso penal en libertad pagando una fianza cercana al millón de pesos, esto fue confirmado por autoridades de la Sub Procuraduría Regional, alrededor de las 14:30 horas.
Sin embargo, todavía en el estacionamiento del Cereso local Lic. Eduardo Ruiz, se mantiene un grupo de manifestantes, en espera de que se le dé a conocer de manera oficial la resolución de la juez.
Con esta resolución se espera que se liberen las vías de comunicación a Uruapan, especialmente la del bulevard Industrial que se mantiene en bloqueo permanente por parte de los comuneros de Caltzontzin.
Cabe señalar que adicional a esta carretera, este miércoles se sostuvo un bloqueo por dos horas en la libre a Pátzcuaro y la mañana de este jueves taxistas de la población de San Ángel Zurumucapio, perteneciente al municipio de Ziracuaretiro, impidieron por 15 minutos la circulación vehicular en la carretera libre San Ángel-Uruapa, según lo informó el comandante del Mando Unificado de este municipio.
TOLUCA, Edomex. (apro).- El general de brigada de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León, intervino para que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) demorara su arribo a Tlatlaya por alrededor de seis horas, el pasado 30 de junio, tras la presunta masacre de 22 civiles en la comunidad de San Pedro Limón.
José Manzur, secretario general de Gobierno mexiquense, reveló ante los diputados federales de la Comisión de Derechos Humanos que, debido a la posibilidad de encontrarse con sujetos armados del crimen organizado, en el trayecto de Toluca a Tlatlaya se retrasó el despliegue de personal de la PGJEM.
“Me volví a comunicar con el general –José Luis Sánchez León– y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro”, indicó.
Con base en los primeros reportes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estimó que los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del 30 de junio.
Durante la reunión de trabajo del funcionario mexiquense con diputados federales de esta comisión, también precisó que las 22 víctimas y los sobrevivientes, en su mayoría, son oriundos del estado de Guerrero.
Manzur Quiroga insistió en que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema están siendo atendidas y ofreció que la ley se aplicará en contra de quienes resulten responsables de las omisiones y hechos que se les atribuyen.
Luego recordó que el Estado de México integró un Fideicomiso de Atención a las Víctimas, al que podrán acceder las tres mujeres sobrevivientes, torturadas y agredidas sexualmente por personal de la PGJEM, conforme a las investigaciones de la CNDH.
Los servidores públicos involucrados en la procuración de justicia mexiquense, afirmó, están siendo capacitados en materia de derechos humanos.
La CNDH consideró que en estos hechos y los subsecuentes autoridades judiciales del Estado de México manipularon la escena del crimen, obstaculizaron la investigación y violentaron las garantías individuales de tres víctimas que fueron detenidas, entre otras anomalías.
Por la noche, el gobierno mexiquense difundió un comunicado en el que busca puntualizar las expresiones de Manssur Quiroga.
Según el boletín, “el desplazamiento del equipo de agentes, secretarios y peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México se dio de manera inmediata, luego de que se conocieran los hechos ocurridos en Tlatlaya”.
No obstante, acota, el equipo de la PGJEM llegó al lugar de los hechos “cuando las condiciones de seguridad, tiempo y lugar nos lo permitieron”.
Cabe destacar, justifica, “que los hechos ocurrieron en un lugar lejano, situado en los límites con el estado de Guerrero, en una comunidad de difícil acceso, por lo que el traslado nos llevó algunas horas y además hubo la necesidad de esperar a que hubiera las condiciones suficientes de seguridad para garantizar la integridad física de nuestros elementos”.
El comunicado de prensa, que presuntamente rescata los comentarios del secretario general de Gobierno mexiquense, resalta que, “desde que se tomó conocimiento de los hechos, mantuvimos comunicación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, quien siempre manifestó su disposición y voluntad en las investigaciones del caso, además de actuar de manera profesional y oportuna”.
En las montañas de la costa chica de guerrero, se levanta un faro de lucha comunitaria, del despertar de la conciencia, su nombre, Radio Zapata 94.1FM. Se localiza en la comunidad de Cerro Zapote, resguardada en el corazón del territorio del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG). La radio uenta con un transmisor de 1000Watts de potencia, lo cual le brinda una asombrosa capacidad: alcanza a transmitir a 17 municipios de Guerrero y uno de Oaxaca. La radio opera desde noviembre del 2014 pero fue hasta el 11 de abril de este año, cuando la comunidad tuvo todo listo para hacer la inauguración formal de esta radio comunitaria.
Comenzaba a salir el sol, y ya figuraban 43 sillas hasta el frente del templete, cada una con la foto de nuestros compañeros de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado. La gente comenzó a llegar y los policías comunitarios se hacían presentes, las mujeres registraban a los asistentes en la mesa y por el sonido se escuchaba el llamado a los compas a ser pacientes porque los padres de familia de Ayotzinapa habían tenido problemas para llegar a las entrañas de la montaña. A las 11:42, hora de la comunidad, dio inicio la ceremonia. El pueblo montó una ofrenda a los compañeros desaparecidos, se rezó para la prosperidad de la radio y la comunidad, y se llamo a no cansar en la búsqueda de justicia. Al terminar, los asistentes pasaron a tomar alguna parte de la ofrenda, una piña, pulpa de tamarindo, caña, charales y demás figuraban entre las cosas que se repartía la gente.
Llegó la tarde y la comida era servida en la “casa de la comandancia” donde las señoras del pueblo habían preparado un rico caldo de pollo con tortillas hechas a mano. Fue entonces cuando arribó la camioneta que llevaba a los padres de familia de los compañeros desaparecidos, la comunidad se preparó y se formó en el caminito principal de terracería, con la banda del pueblo en la retaguardia. Para cuando la camioneta llegó, fue recibida con música y aplausos, seguida de una especie de procesión hasta el punto donde bajaron los padres, el dolor era compartido, la bienvenida cálida pareció dibujar una sonrisa en los abatidos rostros de los 3 padres de familia que llegaron a la comunidad.
Nuevamente nos acomodamos en el templete y el evento siguió su curso. Los padres de familia hicieron una breve exposición y pidieron que todos abrazáramos la consigna “No hay elecciones hasta que aparezcan los 43”. Posteriormente se presentaron los diversos invitados y oradores del día. Se encontraban entre ellos: las Feministas Comunitarias de Bolivia, Oaxaca y Guerrero; La Casa de la Mujer Indígena, el CIPOG y el Frente Popular Francisco Villa Independiente – UNOPII (Cd. de México).
Al finalizar la compartición, se procedió a instaurar las mesas de trabajo, en las cuales se abordaron diferentes puntos: mujeres y comunidad; experiencias de educación comunitaria; sistemas comunitarios de seguridad y justicia; radios comunitarias, medios libres o como se llamen. La discusión se extendió toda la tarde, se compartieron denuncias, puntos de vista, se hermanaron las luchas.
Aún no terminaban algunas de las mesas y el sonido ya comenzaba a montarse, se veían los integrantes de distintas bandas llegando al lugar y a las señoras en la cocina preparando unos tamalitos de pollo. Al terminar la discusión, comenzó la fiesta, primero los niños presentaron un baile típico de la región, después la gente se sumó al baile.
Los saludos, las discusiones, la fiesta, todo era transmitido en la cabina de Radio Zapata. Se enviaban saludos, los escuchas regresaban mensajes y aunque la luz se fue por unas horas, el generador de diésel no permitió que la transmisión se detuviera.
Al día siguiente la plenaria comenzó a las 8am, se leyeron los resolutivos de las mesas, entre los cuales estaba la participación más activa de las mujeres en las cuestiones comunales y de seguridad, el impulso a la creación de un “Centro de Saberes” en la comunidad y el rechazo a las elecciones hasta la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se discutieron los acuerdos y desacuerdos, para finalmente avalar la relatoría entre toda la plenaria. El segundo día vio su fin a la una de la tarde, los invitados comenzaron a retirarse, les esperaba un largo camino de regreso a casa en un territorio donde el Estado imparte represión y violencia como el pan de cada día.
La radio comunitaria tiene la facultad de tejer organización, de tejer autonomía, de tejer rebeldía, de romper el cerco que impone el opresor a los pueblos que se organizan y que buscan el despertar conciencias que se sumen a la lucha en contra del sistema capitalista. Radio Zapata 94.1FM es resultado de la organización comunitaria que busca construir una sociedad y modos de participación distintos. Nuevos lazos se tejen con proyectos como éste, la lucha sigue, la organización también.
«¡Viva Radio Zapata! Estamos transmitiendo en el 94.1 de FM para la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, desde el corazón del territorio comunitario» —se escucha en la camioneta que nos conduce hacia el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. Aunque estamos lejos de nuestro objetivo, la señal es nítida pues cubre entre 14 y 20 municipios de la región Costa-Montaña del estado de Guerrero
Antecedentes
La radio es la culminación de un esfuerzo de largo aliento por fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas y constituir lo que ellos llaman el «territorio comunitario». Hace 20 años eran frecuentes los asaltos, los asesinatos, el robo de ganado, las violaciones a las mujeres, comenzaban a multiplicarse los secuestros. No fue sino hasta 1995, con la creación de la policía comunitaria, que estas problemáticas fueron disminuyendo y un ambiente renovado y de calma se consolidó entre las comunidades que habitan en la Montaña. Dos décadas han pasado para que una radio comunitaria de este tipo pueda surgir y sea dirigida por jóvenes indígenas ñu’u savii (mixtecos) y me’pha’a (tlapanecos).
En la lucha por la construcción de un sistema de seguridad y justicia también ha habido una gran cantidad de problemas y de divisiones al interior. Sin embargo, los pueblos indígenas fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) han sabido mantenerse en pie y «abrir otra vez el monte» para continuar con la autonomía que tanto se anhela y se persigue. Autonomía para la toma de decisiones, autonomía para ser considerados como sujetos de derecho colectivo y no sólo objetos que son dirigidos por las políticas indigenistas provenientes del priísmo más recalcitrante.
Se trata de policía comunitaria porque se eligen sus integrantes en la asamblea de cada pueblo, de cada comunidad.
Luego de un largo proceso que fue visto desde afuera como un periodo de confusión, el proyecto de la policía comunitaria fue dividido y esto generó suspicacias y distanciamientos, pero también permitió saber qué organizaciones, qué militantes y qué parte de los pueblos tenían clara la lucha y quiénes optaron por los reflectores y por los apoyos del gobierno. Desde hace algunos años, comunidades de la región Costa-Montaña –principalmente del núcleo agrario de Buenavista, seguidas por algunas comunidades de la región Centro, en los municipios de Chilapa, Zitlala y colonias populares de Chilpancingo– decidieron crear el Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en aras de rescatar el proyecto original de la policía comunitaria, entre otros objetivos. Uno de ellos es la comunicación comunitaria, de la que se entiende la importancia para dar a conocer las ideas y propuestas pero también para conocer lo que sucede en otras latitudes.
El CIPOG-EZ complementa al sistema comunitario para que se fortalezca y se consolide, como los explica en su comunicado del 10 de abril de 2015.
Este sueño –tal y como lo definió Cirino Plácido, uno de sus principales impulsores– comenzó un 10 de abril de 2014, aniversario del CIPOG-EZ, cuando se colocaron las primeras piedras con las manos de quienes ahora mismo preparan un programa de radio o buscan música para la hora de los saludos. El mismo día que el general Emiliano Zapata perdiera la vida traicionado en una hacienda. No es casual, nada lo es en la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero.
El día que se inauguró Radio Zapata
Aunque la primera transmisión se realizó en noviembre de 2014, la inauguración formal se llevó a cabo el 11 y 12 de abril de 2015 en la pequeña comunidad de Cerro Zapote, que es la más alta y la más idónea para instalar una antena. Al lugar acudieron autoridades y policías comunitarios, organizaciones sociales tales como el Frente Popular Francisco Villa Independiente, Tejiendo Organización Revolucionaria, el Centro de Estudios Ecuménicos, así como organizaciones de mujeres provenientes de Bolivia, Oaxaca y del mismo estado de Guerrero. Junto con los habitantes de Cerro Zapote, formaron una hilera a la entrada del pueblo para recibir a una delegación de padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Su presencia, desde luego, marcó el transcurso del evento que sirvió de foro –transmitido en vivo y en directo a través de la señal de Radio Zapata– para difundir su lucha, en particular el llamado a no votar hasta que aparezcan con vida sus hijos. «Si elegimos votar, elegimos que nos asesinen» —resumió uno de los padres.
Asistieron, además, los comisarios de Plan de Iguala, Buena Vista, Llano Silleta, Jicamaltepec, Arroyo El Mango, Xihuitepec, Coyol Chiquito, Cerro Zapote, Arroyo Hoja de Venado, Ayahualtempa, Río Iguapa, así como los coordinadores regionales de la CRAC-PC Pueblos Fundadores, Cornelio González Mendoza y Cirino Plácido Valerio, de la Casa de Justicia de Santa Cruz el Rincón, y Bernardo Sánchez Luna, Margarito Silva Hernández, Rosendo Adolfo Velázquez y David Sánchez Luna del Consejo de Justicia de Rincón de Chautla.
Durante el primer día se llevaron a cabo diversas mesas de debate. Tras un largo intercambio de experiencias, los participantes de la mesa de Comunicación y defensa del territorio resolvieron que se sumarían «a la intención de fortalecer y compartir solidariamente el conocimiento de comunicación que pueda ayudar a seguir construyendo este territorio comunitario». Por su parte, en la mesa de Sistemas comunitarios de seguridad y justicia –en la cual participaron los padres de los estudiantes de Ayotzinapa– se hizo un recuento histórico de la CRAC-PC, y más ampliamente se discutió sobre los principios que deben guiar cualquier proceso comunitario. Finalmente se acordó dar seguimiento al documento que ingresaron los padres ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en el sentido de parar las elecciones hasta que aparezcan los normalistas.
En la mesa de Educación se hizo hincapié sobre la necesidad de formar traductores para facilitar los procesos de intercambio pedagógico venideros; mientras que la mesa de Mujeres y comunidad se resolvió de manera bilingüe, con efusivas intervenciones de mujeres ñu’u savii, cantos de lucha feminista y decididos llamados a destruir la dominación masculina.
El patriarcado es el sistema de dominación y el machismo es la forma de discriminación contra la mujer —concluyó Julieta Paredes, quien trajo consigo desde Bolivia el concepto de «feminismo comunitario».
La fiesta
Además de las mesas referidas, las intervenciones de la comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos y una breve pero consistente tormenta, la inauguración de la radio consistió en algo que los pueblos indígenas de esta zona –por no decir de todo el país– defienden como algo que pertenece a sus usos y costumbres: el baile.
No somos los mismos pero somos un solo cuerpo —Julieta Paredes
Primero una serie de muestras musicales, entre chilenas y sones de artesa originarios de esta región de la Costa-Montaña; los precisos pasos de niñas y niños, significaron la apertura de la pista. Con trajes bordados, paliacates rojos y sombreros de paja, presentaron diferentes coreografías y nos mostraron un poco de la riqueza musical que abunda en las comunidades y en los caminos que delinean estas tierras; tocó el turno a los adultos y para ello la tarea fue titánica: un total de cuatro grupos retumbaron hasta altas horas de la madrugada.
No fue fácil llevar a cabo una fiesta en las condiciones que ahora enmarcan los trabajos del CIPOG-EZ y de Radio Zapata, sobre todo pensando en la costumbre de que en cada fiesta el trago hacía presencia de inmediato y terminaba por destruir toda armonía posible. Con altos índices de alcoholismo y de violencia –intrafamiliar y entre hombres– Cerro Zapote recibió esta fiesta sin que el alcohol fuera invitado. Algunos habitantes prefirieron no asistir o se marcharon temprano, sin embargo el esfuerzo valió la pena y no hubo saldo alguno que lamentar, todo transcurrió en medio de un ambiente fraterno, amistoso y de mucho ímpetu frente al reto de levantar este proyecto de comunicación.
Luego de la fiesta, como cada mañana, quienes llevan la radio, encienden el transmisor y colocan música, preparan la transmisión y ven los pendientes que habrá que abordar. La comunidad de Cerro Zapote regresa a la quietud que la caracteriza, las tortillas desbordan los guajes cubiertos con mantas bordadas, el sonido de las cabras se mezcla con el de los burros, el sol comienza a calentar la tierra y en los rostros de las personas se dibuja una discreta sonrisa que demuestra la satisfacción de haber realizado una fiesta realmente suya, sin que las manos que ocupan el sucio dinero del gobierno hayan participado, una fiesta para y por los pueblos indígenas en constante lucha por lograr la autonomía que, de cierto modo, ya viven.
Pone minera en riesgo sitios sagrados de la comunidad Comcáac
Hermosillo, Sonora, a 15 de abril de 2015.
Los Defensores del Territorio Comcáac y la Red Mexicana de Afectados por la Minería hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Sonora, para que prohíba a la empresa minera La Peineta Minera S.A. de C.V. la explotación y extracción de mineral en los sitios sagrados La Peineta y Pico Johnson, espacios importantes para la cultura Comcáac, con gran significado para su forma de vida.
La explotación de estos sitios implica la destrucción de lugares sagrados que han sido preservados desde muchos años y que son y fueron refugios para los Comcáac, por su riqueza en flora y fauna.
La Peineta (Hast Heemla) es un lugar de reproducción del Venado Bura y del Borrego Cimarrón, por lo que no queremos una actividad extractiva en el territorio Comcáac, considerando además la cercanía con el Canal del Infiernillo, lugar de donde los Comcáac dependen para su subsistencia, tanto económica como cultural.
Hacemos este llamado desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que desde hace diez años ha denunciado los impactos del modelo extractivo en los territorios por parte de empresas mineras que ponen en riesgo los bienes comunes como el agua, un bien que en el desierto es estratégico para las comunidades, especialmente para los Comcáac, pueblo originario que históricamente ha vivido en armonía con su ecosistema.
El proyecto minero mencionado no cuenta con la legalmente debida Manifestación de Impacto Ambiental, lo que constituye el principal motivo para la cancelación del proyecto, sobre el cual tampoco se hizo una consulta pública al pueblo Comcáac, violando el convenio 69 de la OIT.
Por estas razones, el proyecto en sí es ilegal, al no contar con los permisos municipales, estatales ni federales o, lo más importante, no cuenta con la aprobación de la comunidad.
El riesgo que supone este proyecto para el territorio Comcáac es mucho mayor a los supuestos beneficios que quienes lo promueven dicen que dejará a la región. Pone en riesgo bienes estratégicos para la supervivencia de las comunidades humanas, que han vivido por siglos en esta zona que es parte de su cultura, su identidad y su forma de vida, por lo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería y los Defensores del Territorio Comcáac, exigimos al Gobierno de Sonora que cumpla con las medidas de protección, cancelando el proyecto.
También expresamos nuestro rechazo a cualquier otro proyecto basado en la extracción y privatización de los bienes naturales que afecten de manera directa a los ecosistemas y los seres humanos.
Jorge Tadeo Vargas, integrante del Laboratorio para la Investigación Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, que forma parte de la Red de Afectados por la Minería (REMA) , junto con los dos integrantes de la etnia Seri, asegura que la empresa opera en la completa ilegalidad, porque no cuenta con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y el Permiso de Uso de Suelo, este último que otorga el Ayuntamiento…
Por César Fraijo / Dossier Politico
Dia de publicación: 2015-04-15
Hermosillo, Sonora (DP).- Habitantes de la comunidad Seri (Comcaác) de “El Desemboque” denuncian que la empresa “La Peineta Minera S.A de C.V.” opera de manera ilegal y se corre el riesgo de que cerca de mil 500 habitantes sean desplazados y dañados sus sitios sagrados.
Efraín Perales, joven habitante del Desemboque reveló a Dossier Político que la empresa minera entró a su territorio “con mentiras convenció a familias prometiendo hacerlos ricos y llevando muchos beneficios a la comunidad”, lo que pone en riesgo a cerca de mil 500 habitantes, incluyendo a Punta Chueca.
Precisó que los trabajos de extracción que han provocado daños en flora de la región del cerro de “La Peineta”, a cinco kilómetros del canal del “Infiernillo” y que pone en riego algunas especies como el venado bura y el borrego cimarrón.
En el mismo sentido, Gabriela Medida, también habitante de “El Desemboque”, señaló que tanto en el canal del Infiernillo como en el cerro de “La Peineta” depende la economía de su etnia porque de ella extraen la “jojoba” y el “torote”, que utilizan para sus artesanías; además de ello, impacta a sus tradiciones.
Jorge Tadeo Vargas, integrante del Laboratorio para la Investigación Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, que forma parte de la Red de Afectados por la Minería (REMA), junto con los dos integrantes de la etnia Seri, asegura que la empresa opera en la completa ilegalidad, porque no cuenta con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y el Permiso de Uso de Suelo, este último que otorga el Ayuntamiento.
Agrega que la minera, de la que se sospecha que el capital es de empresarios sonorenses, y de la que tiene proyectado extraer oro, plata y cobre; pone en riesgo la actividad pesquera de las comunidades de Puerto Libertad y de Bahía de Kino, lo que también impactaría de manera más indirecta a la ciudad de Hermosillo.
Además de las afectaciones económicas que sufrirá la región, vienen las de la salud y el desplazamiento de los habitantes originarios de esa comunidad.
Tadeo Vargas reveló que según cifras oficiales que tienen del 2013, en Sonora hay entre 50 y 70 mil afectados directo por la actividad minera, sin contabilizar los indirectos.
Señaló que brindará apoyo técnico y social a los integrantes de la Comunidad Seri.
Recordó los casos emblemáticos de municipios en Sonora afectados por la Minería son la región del Río Sonora, cuyo epicentro fue en Cananea, también Nacozari y la comunidad serrana de “Mulatos” del municipio de Sahuaripa.
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de abril de 2015, p. 35
Casi ocho meses después del derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico y metales pesados a los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, ésta no ha entregado la totalidad de los recursos que se comprometió a otorgar a los afectados.
Hay al menos 3 mil demandantes que siguen esperando dichos fondos, además de que aún no se reparan totalmente los daños ambientales, afirma la representación del Sindicato Nacional de Mineros en Cananea.
Sobre todo, señala, siguen presentándose casos de habitantes con problemas de salud por la contaminación del agua. En los últimos meses se ha informado de más personas afectadas, sobre todo menores de edad, que viven cerca de los ríos y que padecen enfermedades cutáneas por el uso y consumo de agua de estos afluentes. Incluso han sido llevados a realizarse múltiples análisis que revelan que hay presencia de metales en sus cuerpos.
Todo ello indica que no ha pasado la emergencia ambiental, destaca la representación sindical. Asimismo, señaló a este diario que se ha tratado de acallar toda esta situación reprimiendo a los pobladores que se manifiestan para denunciar. “La situación de salud de los habitantes de la región es preocupante y Grupo México incumple sus obligaciones.
Informó que integrantes de la sección minera de Cananea conformaron un equipo de trabajo para apoyar las demandas de más de un millón de habitantes de esta localidad de Sonora afectados por la contaminación de los ríos.
Señalaron que incluso en el plantón que establecieron habitantes afectados en la zona de bombeo de agua denominada Los Patos, para denunciar que continúa la emergencia y no se han resarcido los daños, se informó que hay niños enfermos en los siete municipios de la zona por beber agua contaminada del río.
Ponen de ejemplo el caso de la señora Reyna Valenzuela, quien señala que según análisis y tres biopsias realizadas a dos de sus hijos en un lapso de siete meses, se determinó la presencia de metales en su organismo. Han tenido ronchas y escoriaciones que se les han propagado por todo el cuerpo. Ellos sólo piden apoyo para los tratamientos hospitalarios, destacan.
Esta situación y el hecho de que se han llevado a cabo movilizaciones para denunciar los nuevos casos de enfermedades hizo que los habitantes afectados, junto con autoridades federales y del ayuntamiento de Ures, firmaran un acuerdo para revisar más de 3 mil expedientes de personas a quienes no se les ha entregado el apoyo económico del fideicomiso.
Además, se reanudará la verificación física de comercios y prestadores de servicios afectados para dictaminar los pagos que aún están pendientes. Incluso se contempla llevar a cabo la contratación y capacitación de verificadores, según este acuerdo.
En noviembre pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que la emergencia estaba totalmente superada, que la empresa había resarcido los daños económicos y que se estaba atendiendo a las personas que resultaron afectadas en su salud.
MÉXICO, D.F.- El periódico inglés The Guardian publicó un reportaje en el que evidencia “la epidemia” de feminicidios en el Estado de México y la omisión de las autoridades gubernamentales para resolver los casos.
Entre 2011 y 2012, un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios. De ese total, recuerda el diario inglés, 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad.
“Muchos de sus cuerpos mutilados fueron dejados exhibido en lugares públicos, como carreteras, parques y centros comerciales – un acto que criminólogos y académicas feministas dicen que está asociado a los crímenes de odio de género”, cita el periódico.
The Guardian recuerda que, entre 2005 y 2011, cuando el actual presidente de México Enrique Peña Nieto, fue gobernador del estado, fueron asesinadas mil 200 mujeres.
En contraste, compara el periódico inglés, el Estado de México ha sido impulsado como motor de la modernización del país, asentamiento de zonas industriales.
Sólo un 5 por ciento de los casos de feminicidio son resueltos con éxito por las autoridades, mientras que el resto permanece impune.
“Todavía no hay una base de datos nacional de ADN en México, por lo que miles de cuerpos no identificados están enterrados en fosas comunes”, cita el diario.
El periódico recalca que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila no quiso ofrecer una explicación oficial sobre la crisis de feminicidios que sufre la entidad.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Comunidades indígenas de Puebla y Colima interpusieron demandas de amparo contra las concesiones mineras entregadas por el gobierno federal que contemplan sus tierras, debido a que éstas afectan sus derechos al territorio, al agua y a la consulta previa. Se trata de tres demandas de amparo presentadas por las comunidades de Zacualpan, en el municipio de Comala, en Colima; de Tecoltémic, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y del pueblo macehual altepetapianij de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, también en Puebla.
Las tres demandas, presentadas entre el 17 de marzo y el 7 de abril pasados, reclaman al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Economía (SE) por haber expedido diversos artículos de la Ley Minera y haber otorgado concesiones mineras que abarcan a esas comunidades y que contravienen derechos humanos reconocidos constitucionalmente y por preceptos internacionales.
Las tres demandas de amparo ya fueron admitidas por el Poder Judicial de la Federación, que ordenó la suspensión de las respectivas concesiones.
Dichas suspensiones están en proceso, detallaron los abogados que acompañaron a los representantes de las comunidades en una conferencia de prensa, pero son de suma relevancia, pues significa que mientras duren los juicios de amparo las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades de explotación.
Las comunidades afectadas reclaman la violación a los derechos de tierra y territorio, al agua y a la consulta, expuso la abogada Itzel Silva, integrante de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que acompaña legalmente los casos.
Silva hizo énfasis en que hubo un incumplimiento del Estado mexicano a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para la implementación de los proyectos mineros, pues en ningún caso se llevó a cabo una consulta a las comunidades ni éstas dieron su permiso para el otorgamiento de las concesiones.
LOS CASOS
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre los temas que los afectan. Dicha consulta debe ser previa, libre e informada.
Pero en ninguno de los casos en cuestión ocurrió así, de acuerdo con los representantes de las comunidades. Nicéforo Lobato, de Tecoltémic, Ixtacamaxtitlán, refirió a SinEmbargo que desde hace nueve años comenzaron a llegar personas a explorar la zona; en ocasiones, contó, pedían permiso a los pobladores para entrar a sus tierras presentándose como empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero incluso sin autorización igualmente entraban a explorar.
Después se enteraron que esos territorios formaban parte de concesiones mineras.
Algo similar ocurrió en las comunidades del pueblo macehual, donde sus habitantes supieron que sus territorios estaban dentro de concesiones mineras cuando empezaron a notar la llegada de camiones todoterreno y de personas extrañas, narró Nazario Diego Téllez.
El gobierno estatal, dijo, aparentó la entrega de las tierras y sus recursos con un supuesto proyecto turístico en la zona de reserva que tiene el pueblo macehual.
La abogada Silva criticó que pese a los instrumentos internacionales que existen para la protección de las comunidades indígenas, el Estado mexicano “hace entrega del territorio a terceros, empresas, con fines meramente lucrativos y en los que no existe ningún tipo de utilidad pública”, a través de las concesiones mineras.
Leonardo Durán, del Consejo Tiyat Tlali y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, destacó que los amparos de estas comunidades son estratégicos “porque pone en evidencia un patrón sistemático de violación de los derechos humanos a partir de toda la actividad minera, la legislación minera y la política pública en materia minera”.
Subrayó además que la industria minera históricamente es la que más ha afectado los derechos humanos de las comunidades indígenas y más les ha despojado de sus territorios.
El pueblo macehual interpuso su amparo el 17 de marzo pasado y fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla. El pueblo nahua de la comunidad de Zacualpan ingresó su demanda el 24 de marzo y fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Colima. La comunidad campesina de Tecoltémic presentó su demanda el 7 de abril y fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Puebla.
EL PANORAMA
Información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina destaca que más de 70 por ciento de proyectos mineros en México pertenece a firmas canadienses, que ampliaron su presencia en el país luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores. Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE)”, detalla el Observatorio.
La mayoría de los proyectos se concentran en Sonora, con 163, Chihuahua con 10, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12.
También se localizan en Chiapas, con nueve, Coahuila con ocho, Estado de México con siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, en cada caso; Baja California Sur y Colima, con siete, respectivamente, e Hidalgo con tres. Finalmente aparecen dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.
AQUILA, Mich., 15 de abril de 2015.- Indígenas aquilenses que respaldan al comisariado comunal encabezado por Juan Carlos Martínez, al medio día de hoy miércoles bloquearon el camino de acceso a la mina en demanda de que la empresa minera les pague prestaciones que aseguran se les deben.
El bloqueo fue ejecutado por aproximadamente 150 personas que detuvieron a tráiler de los que dan servicio de acarreo de minerales, y lo atravesaron donde inicia el camino de acceso a la mina de Aquila partiendo de la carretera estatal que une a Coalcomán con la costa.
Las prestaciones que demandan se les paguen son la ocupación temporal, ayuda social y el dinero retenido depositado en el Tribunal Unitario Agrario. Se dijo que el bloqueo será indefinido hasta que se cumplan positivamente sus demandas.
El asentamiento humano de San Francisco Magú data originalmente del siglo XII, al igual que muchos pueblos Otomíes del Valle de México. Se encuentra ubicado a 43 kilómetros al norponiente de la Ciudad de México, con una población aproximada de 15 mil habitantes.
Los vecinos y vecinas de San Francisco Magú, poblado situado en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, han sostenido y defendido una autonomía indígena desde tiempos anteriores incluso a la guerra de independencia, Autonomía la cual se encuentra sostenida sobre todo, desde mi punto de vista, en cuatro pilares: Autoridades Locales propias de la Comunidad, Registro Autónomo de la Propiedad y del Comercio, No pago de tributos al Ayuntamiento y una Administración autónoma del Agua Potable.
Aunque las autoridades locales de Magú, subdivididas en Delegación y Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), fueron electas utilizando el mecanismo institucional del Ayuntamiento de Nicolás Romero (ya que históricamente la designación se hace por Asamblea General del pueblo), no se entienden como “autoridades auxiliares” del municipio, ya que por usos y costumbres estas autoridades locales resuelven controversias y conflictos entre los habitantes buscando los caminos del diálogo y el respeto como primordial forma de solución.
Por si lo anterior fuera poco, coordinan los trabajos colectivos del pueblo como la construcción de calles y banquetas además de gestionar los recursos económicos y materiales que habrán de aplicarse a esas faenas colectivas.
Estas mismas autoridades, Delegación y Copaci están facultadas por el consenso indígena para realizar las escrituras del pueblo, que es la forma documental que los habitantes de la comunidad acreditan su propiedad dentro del territorio indígena, es decir, las escrituras públicas protocolizadas por notario público tienen nulo valor en contraste con las escrituras extendidas por el propio pueblo. Así, coordinan y regulan los establecimientos comerciales dentro del pueblo.
Este pueblo no paga tributos al ayuntamiento por concepto de predial, licencia de construcción, uso de suelo etc. porque ha trasmitido de generación en generación que les favorece una exención de impuesto que data desde el siglo XVIII otorgada por el virrey Juan Antonio de Bizarrón.
La tradición oral de Magú dice que este indulto fue revalidado por los expresidentes Benito Juárez y Luis Echeverría Álvarez; pero el que no paguen contribución pública a las autoridades municipales no significa que el pueblo no aporte económicamente a su comunidad, ya que los habitantes pagan anualmente “el peso” (aportación que los indígenas realizan a la Delegación y Copaci en lugar de las contribuciones municipales) con lo cual se cubren los gastos colectivos que la comunidad requiere.
Emilio Gandarilla Avilés, Periodista de la OEM realizó una investigación sobre San Francisco Magú en 2009 y la hizo pública en su columna semanal “Por los Rincones de México”. En ella dio cuenta de que este pueblo compuesto por 2,800 viviendas además de tener autoridades locales propias, un registro propio de propiedad y una exención de impuestos de corte virreinal también administra su agua potable de forma autónoma.
Son los propios indígenas otomíes quienes mediante asamblea eligen a sus representantes del Comité Local de Agua Potable de San Francisco Magú y así administran el agua, lo cual les permite mantener bajos costos de operación y una mayor trasparencia en la administración y destino del vital líquido, porque la comunidad entera se ve involucrada en la relación Ser Humano – Agua.
Este sistema de autonomía durante décadas y décadas ha coexistido con el sistema municipal de gobierno, a tal grado que incluso un alcalde de nombre Rafael Barrón Romero dijo en enero de 2006 a Juan Manuel Barrera reportero del periódico El Universal lo siguiente: “lo más significativo es que ellos ponen su trabajo, la mano de obra, en las obras que hemos financiado en el pueblo, con su mano de obra pagan mucho más de lo que pagarían con impuestos”.
No obstante, el pueblo de San Francisco Magú ha sido agredido y hostigado los últimos tres años para imponer un proyecto inmobiliario en su bosque tradicional conocido como “El Ocote y Las Carretas” el cual requeriría sobre todo agua y atentaría profundamente contra el sistema tradicional de gobierno autónomo de los otomíes, es decir, el Proyecto Inmobiliario denominado “Bosques del Paraíso” transgrediría no solamente las reservas acuíferas sino también el modo de vida de estos indígenas mexiquenses.
Las autoridades municipales y estatales parecen estar dispuestas a todo por imponer su voluntad, y así someter de una buena vez a un pueblo digno de respeto y el cual es ejemplo de que los procesos autonómicos son una propuesta viable y real de organización comunitaria.
Ante ello, la organización indígena ha crecido por encima de agresiones policiacas y de grupos de choque como la registrada el pasado 8 de marzo.
Sin duda alguna, San Francisco Magú a fuerza de organización y lucha, es hoy un referente obligado para los estudiosos de los procesos de autonomía indígena no sólo en el Estado de México sino en el país en general, pareciera imposible que a menos de 50 kilómetros del Distrito Federal exista un pueblo indígena que con sus usos y costumbres desafía con procesos de autonomía el gran proyecto político y económico impuesto desde las élites de este país.
Lo anterior nos debe llamar a difundir y apoyar a este digno y admirable pueblo otomí.
José Antonio Lara Duque, Abogado y Defensor de Derechos Humanos, fundador e integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la Alianza Única del Valle*
Pese a que trabajadores afirman que el derrame que tiene sin agua la ciudad ya fue controlado, el aceite sigue fluyendo.
Prácticamente en cuarentena pusieron trabajadores contratados por Pemex al río la Sierra, toda vez que el aceite que se escurriera a causa de una presunta toma clandestina originada el domingo pasado, provocó un escurrimiento desde el municipio de Teapa hasta el Centro, donde la mancha ha recorrido más de 40 kilómetros, afectando el suministro de agua de aproximadamente 200 mil personas.
Personal de Pemex que labora en el lugar afirmó que la fuga ya se contuvo, sin embargo, durante el recorrido que Tabasco HOY realizó en el lugar, se pudo apreciar que pese a haber colocado barreras y cordones, el aceite sigue filtrándose.
A la altura de la Ranchería Torno Largo primera sección y sobre el canal de alivio Sabanilla y el Centro se han colocado estas barreras que pasan de lado a lado el río, para evitar que siga avanzando el aceite y afecte las plantas de captación de agua del SAS que abastecen la ciudad.
Hasta este momento lo único que se puede observar en la zona es personal de Protección Civil, sin embargo no se ve a Profepa o a Sernapam en las labores que buscan contrarrestar el derrame.
Las operaciones de la Planta Pueblo Nuevo y Parrilla se mantienen suspendidas; cabe señalar que solamente la planta de Parrilla fue protegida a través de los cordones, pero la de Pueblo Nuevo no tiene ninguna protección.
Mientras tanto los habitantes siguen padeciendo la falta de agua por esta situación, desde la carretera que va a Villahermosa hacia Jalapa, y Torno Largo en sus cuatro secciones.
En las últimas semanas, pueblos de origen nahuat de los estados de Puebla y Colima, interpusieron tres demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado Mexicano, dado que la Secretaría de Economía expidió títulos de concesión minera que afectan sus territorios ancestrales.
El 17 de marzo, el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado de Puebla, interpuso su amparo y fue admitido por en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla. El pueblo nahuat de la comunidad de Zacualpan en Colima, hizo lo propio ingresando su demanda el 24 de marzo, el cual fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Colima. Este ciclo de amparos lo cerró la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, quién presentó su demanda el 7 de abril y admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Puebla.
Los tres juicios de amparo fueron admitidos por el Poder Judicial de la Federación, otorgando la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios. Esto es un hecho de suma importancia, pues significa que mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades tendientes a la explotación. Estas acciones se suman a las que han sido emprendidas con anterioridad por los pueblos wirrarika y el pueblo me´phaa, quienes también han interpuesto demandas para defender su territorio de la actividad minera.
La relevancia de estas acciones jurídicas, reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente.
La minería es la industria que históricamente más ha impactado de manera significativa los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, dando como resultado la existencia de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. Uno de sus efectos ha sido el despojo del territorio a los pueblos originarios de América Latina. En los últimos años, los avances tecnológicos han servido para desarrollar modelos de extracción mucho más agresivos, como la minería a cielo abierto, que elevan los efectos destructivos a niveles difíciles de imaginar.
Por ejemplo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) ha documentado lo ocurrido en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, presentándolo como un grave caso de lo que la minería puede ocasionar. Carrizalillo es una comunidad totalmente ocupada por la actividad minera pues sus tierras han sido destruidas. Ellos han identificado particularmente a la compañía minera Goldcorp, la cual ocupa más del 85% del territorio del ejido y lo poco que todavía no ha sido destruido, está contaminado.
La REMA ha denunciado que los efectos a la salud de la población son terribles y han convertido a las enfermedades originadas por la minería en algo común. Según han señalado, muestreos realizados revelan que hasta un 70% de la población presenta afectaciones, todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos casos, la familia entera está enferma. Por otro lado, han alertado respecto de que la actividad minera ha sido también un atrayente del crimen organizado. De acuerdo con la REMA, a ocho años del ingreso de Carrizalillo al progreso minero, su población vive un verdadero infierno, a tal grado que hace apenas una semana prácticamente la mitad de las familias han tenido que salir de su pueblo desplazadas por la violencia, los asesinatos y la extorsión del crimen organizado.
Experiencias como éstas han motivado a otros pueblos a emprender la lucha por mantener sus territorios libres de la actividad minera, continuando con la trayectoria de lucha que en los últimos cinco siglos les ha permitido mantener viva su identidad.
Históricamente, en México se ha hecho caso omiso al hecho de que la diversidad biológica y cultural conviven intrínsecamente dentro de un mismo espacio geográfico y han dado lugar a un enorme patrimonio bicocultural (PatBio). Además, el Estado mexicano por definición es un Estado pluricultural de derecho, lo cual significa que la unidad del Estado radica en la diversidad de los pueblos que lo conforman. Por tanto, las autoridades están obligadas a garantizar el control cultural de los pueblos sobre sus territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han utilizado.
Cabe señalar que tras las modificaciones legales derivadas de la reforma energética se ha agravado la condición de indefensión y vulnerabilidad de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, pues muchos de sus territorios han sido identificados para desarrollar proyectos extractivos y otras actividades consideradas estratégicas para el Estado, lo cual constituye un alto potencial de conflicto social en diversas regiones del país.
Los pueblos refrendan su determinación por defender su identidad, derechos y territorio, apostando por la organización social y el ejercicio de los recursos legales. A partir de actas de asambleas indígenas, ciudadanas, municipales, agrarias y de estatutos comunitarios, algunos pueblos han ejercido la libre determinación y autonomía, rechazando la realización de proyectos mineros dentro de sus territorios. Es indispensable que tanto la legislación como la actividad minera se modifique a fin de que se anteponga en todo momento el respeto de los derechos humanos consagrado en la Constitución
ATENTAMENTE
México D.F. a 24 de marzo de 2015
CONSEJO TIYAT TLALI, CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN, RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA), CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL (CEMDA), FUNDAR
A la opinión pública
A las Autoridades de la Universidad Veracruzana
A la Comunidad Estudiantil de Pedagogía
En Asamblea Estudiantil de la Facultad de Pedagogía, región Xalapa sistema escolarizado, celebrada el día martes 7 de Abril del 2015 a las 14:00 horas donde se recolectaron las necesidades básicas del edificio ubicado en Arco Sur que se hicieron explícitas por escrito a la Dirección de la facultad para ser resueltas
Mencionamos:
Que la Dirección de la Facultad de Pedagogía ha mostrado desinterés por las peticiones estudiantiles, pues no ha convocado a los estudiantes a participar en el desarrollo del plan de estudios y reglamento interno.
La respuesta al oficio que se anexa al final de este pliego no ha sido respondido en el lapso que se solicitó, por parte de la Dirección de esta Facultad, en la cual se exponen algunas necesidades y una respuesta escrita con especificación de fechas aproximadas para el inicio o finalización de los proyectos o actividades a corto, mediano o largo plazo.
Las necesidades de la Facultad no han sido resueltas, asimismo no hemos visto interés y participación para dar resolución a los problemas que afectan a los estudiantes.
El acercamiento de las Autoridades hacia los estudiantes ha sido mínimo, con los cuales deberían tener el contacto suficiente para mantener una buena comunicación y así, un clima de apoyo favorable para los estudiantes, sin ánimos de repudio y sí de colaboración y empatía.
Se acuerda firmar el siguiente pliego petitorio para ser entregado a las Autoridades de la Universidad Veracruzana, enfatizando en los puntos siguientes:
Exigimos:
1. Mayor acercamiento de las Autoridades Universitarias a la Comunidad Estudiantil, específicamente, de la Autoridad principal de la Facultad de Pedagogía con el alumnado, con el fin de entablar la comunicación pertinente, para evitar la distorsión de la información que se pudiera dar a través de otros sujetos, como lo son los representantes de la comunidad estudiantil.
2. La respuesta pronta al oficio entregado el 07 de abril del 2015, en el cual se ponía un lapso de tiempo para ser respondido y que del cual no ha habido ninguna respuesta. (El oficio se anexa al final del pliego).
3. Especificación del establecimiento de fechas para el cumplimiento de las siguientes necesidades y actividades:
a. Avances en el PLADEA y la aclaración del porqué no se incluye a los estudiantes a participar de manera activa en el proceso.
b. Aclaración del porqué no se integró a los Representantes alumnos del Consejo Universitario General a las comisiones del PLADEA, ya que son la parte principal representativa de los Estudiantes de la Facultad.
c. Instalación pronta del alumbrado en las partes que ya se han especificado anteriormente en otros oficios y pliegos que aún no han sido resueltos, y que debido a la misma exigencia, ya es de conocimiento para las autoridades y que no hace falta especificar en qué zona son necesarios.
d. La instalación o puesta de las mesas en la Facultad de Pedagogía con fines de recreación, descanso y comodidad de los estudiantes. Necesitamos 20 mesas con 160 sillas para los estudiantes pues la matrícula es superior a 900 estudiantes y se requiere satisfacer las necesidades de los mismos.
e. Transparencia de actas de Consejo Técnico, con fines de información estudiantil, para que ellos sepan cuándo y cómo se les resolvieron sus problemas o situaciones académicas, cuidando la información que debe ser confidencial de cada estudiante.
f. Respuesta inmediata por escrito a toda la comunidad estudiantil del oficio que se envió con motivo de autorización del evento denominado Semana de Pedagogía 2015.
g. Instalación de computadoras que recientemente fueron adquiridas, pues aún no están en funcionamiento.
h. Avances sobre la fotocopiadora y papelería en la Facultad, pues de ésta se carece y es de urgencia para el estudiantado. Para esto se debe tomar en cuenta el estado socioeconómico promedio de nuestra comunidad, pues los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios.
i. La instalación de la cafetería, sin demeritar que ya está el Butaquito en la Facultad y que ha cubierto parte de las necesidades.
j. Leer el documento de la auditoría que se le aplicó a la Facultad para conocimiento de la comunidad estudiantil y saber el estado actual de la misma.
k. Reparación definitiva de la tubería de drenaje que nos pone en una situación vulnerable de contraer distintas enfermedades; que atenta a la salud y bienestar de nuestros compañeros, maestros y familiares. Hacemos un llamado a las autoridades para que den pronta solución a esto.
l. Mantenimiento a las persianas de todas las aulas, acondicionamiento al taller 1 (Cortinas, mobiliario y cañón). Instalación de los cañones en los sujetadores de cada salón.
m. Exigimos una solución rápida y veraz que concuerde a las peticiones aquí expresadas con el único fin de beneficiar a toda la comunidad estudiantil.
Como estudiantes queremos se nos garantice que no habrá ningún tipo de represalia hacia nosotros y se respete la forma de expresión y manifestación a la que hemos recurrido de forma necesaria.
Este movimiento también manifiesta que se seguirán con los planes de acción que este pliego declara, para que las solicitudes expuestas se cumplan.
El gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, se lavó las manos de los casos de acoso laboral y sexual denunciados por empleados de Mazda, pues dijo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) quien debe atender dicha queja.
Además minimizó la denuncia de los extrabajadores pues dice que no han tenido mayores problemas con otras armadoras.
“Mazda es un tema laboral que ahora la autoridad laboral tendrá que revisarlo, en este caso la Secretaria de Trabajo y Previsión Social”, declaró.
Lo anterior lo detalló después que el pasado ocho de abril, cinco de los 20 exempleados de Mazda denunciaron penalmente a la misma por despido injustificado ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Aunado a ello el día nueve de abril una empleada de Mazda presentó su denuncia ante la Unidad de Atención Integral a la Mujer de la Procuraduría General de Justicia, en contra de Ivanildo Tovar, Asistente Manager por acoso sexual dentro de la empresa de origen japonés.
El Gobernador dijo que su administración siempre ha estado pugnando para que se mejoren los sueldos y que haya un buen ambiente laboral dentro de las armadoras, pero que él no puedo intervenir si el problema va más allá de eso.
“Si el tema va más allá, para eso está la Secretaria de Trabajo y Previsión Social acuérdense hay un contrato colectivo que obedece a una regulación de carácter federal en la cual debe estar atenta dicha autoridad(STPS)”, explicó.
Ante los cuestionamientos de que si su gobierno ha respaldado a los extrabajadores, reiteró que los sindicatos y la STPS son la autoridad competente. Agregó que le ha pedido al Secretario de gobierno, Antonio Salvador que esté al pendiente del tema.
Las arduas jornadas laborales en la armadora Mazda, en el municipio de Salamanca, Guanajuato provocan que algunos de sus empleados se convulsionen y estos únicamente son arrastrados lejos de la línea de producción por indicación del supervisor de producción, Samuel López, acusaron ex empleados.
En rueda de prensa tres ex empleados de Mazda, que se identificaron como Eder Capetillo, Ismael Cantera y Pedro Velázquez, agregaron que había quienes fueron operados de los tendones de las manos y otros presentaron complicaciones en la columna vertebral como producto de las pesadas jornadas de trabajo. “Lo más grave es cuando compañeros se convulsionaban por las largas jornadas de trabajo. El supervisor Samuel López, mandaba que los sacaran arrastrando. La línea no se paraba por que mandaban a otros para seguir trabajando mientras que los compañeros se reponían”, dijo Ismael Cantera.
Por lo anterior Adrián Guerrero Caracheo, Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Región Bajío y Secretario General del Sindicato de Telefonistas, anunció que respaldará a los empleados despedidos y que habrá una serie de movilizaciones en contra de la violación de los derechos humanos laborales.
Las movilizaciones comenzaran este jueves en la ciudad de Celaya con una marcha por las principales calles del Centro, para después, el viernes manifestarse en el Congreso Local y la Casa de Gobierno en el Ciudad de Guanajuato Capital. Además el líder sindicalista recalcó que no solo se está apoyando a los trabajadores con las movilizaciones si no que también con despensas, además de crear el fondo de resistencia que consta en recaudar fondos con sus agremiados para ayudar a los ex trabajadores.
Adrián Guerrero dijo que acudirán ante la Organización Internacional del Trabajo con sede en la ciudad México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer su queja. Guerrero Caracheo mencionó que la empresa viola la Ley Federal del Trabajo al tener jornadas de 10 horas con 21 minutos en el turno de la mañana y por la tarde son de 9 horas con 21 minutos, cuando la máxima es de ocho. Además de que la empresa podría alcanzar una multa de 7 millones de pesos por permitir el acoso a sus trabajadores. Eder Capetillo, Ismael Cantera, Pedro Velázquez, coincidieron en que las condiciones de trabajo en Mazda “es como una esclavitud moderna”.
De manera paralela a esta rueda prensa, el Gobernador del estado, Miguel Márquez, dejó en claro que su administración no colaborará para que terminen este tipo de abusos pues no les corresponde. En todo caso debe ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) quien intervenga, dijo.
20 TRABAJADORES SON DESPEDIDOS POR DENUNCIAR ABUSOS
El pasado 7 de abril, ex trabajadores de la armadora Mazda denunciaron el despido injustificado de 20 elementos. Afirmaron que previamente habían denunciado por acoso laboral y sexual a un superior y que el sindicato les negó el apoyo ante tal situación. El departamento de Recursos Humanos habría oficializado el despido de los trabajadores, como consecuencia de un paro laboral de la línea TSF de Ensamble Final, el pasado 18 de marzo.
Sin embargo, los elementos aseguraron que de los 35 trabajadores de la línea, fueron 20 quienes recurrieron a esa medida ya que habrían interpuesto una queja contra el asistente del Gerente, de las líneas 10 y 11, debido a que éste habría sido responsable de malos tratos al personal además de acosar sexualmente a una compañera. Aseguraron que la línea no detuvo operaciones. “Nos negamos a laborar por las constantes faltas que nos hacen como trabajadores, tanto moralmente como sexualmente a compañeras. Una de ellas ya hizo su denuncia pero no le han hecho caso, la han estado amedrentando”, aseguró uno de los ex empleados.
Asimismo, acusaron al departamento de recursos humanos de la planta de la armadora originaria de Hiroshima, por encubrir y no tomar medidas respecto al Assistent Manager , ya que no es la primera ocasión que dicho sujeto es señalado por acosar sexualmente a empleadas. “Todo el personal de Recursos Humanos hicieron caso omiso a nuestras demandas y el sindicato nos dio la espalda”, aseveró.
Morelia, Michoacán.-Estudiantes normalistas se preparan para una jornada de movilizaciones en la Meseta Purépecha y la capital michoacana, para exigir la liberación inmediata del Nicolás Cervantes, miembro del Consejo Mayor de Caltzontzin, detenido por elementos de la Policía Federal la semana pasada.
Para este martes tienen programado cerrar distintas vialidades cercanas al municipio de Uruapan, otros marcharán en la capital michoacana y un contingente más acudirá a la comunidad de Caltzontzin a brindar apoyo a la población.
Las autoridades de Seguridad Pública acusan de robo a Nicolás Cervantes, aunque a decir de los estudiantes normalistas y comuneros de Caltzontzin, se trata de una detención orquestada en contra de quién es uno de los principales líderes de la comunidad indígena asentada en las orillas del municipio de Uruapan.
Cervantes es miembro del Consejo Mayor de la comunicad de Caltzontzin, se ha distinguido por apoyar las causas sociales y un amplio activismo social en favor de las causas de su pueblo y los estudiantes, por eso ahora los normalistas responden a la petición lanzada por la comunidad de exigir su liberación.
A tres días de mantener un plantón frente al penal de Uruapan, la comunidad no ha logrado un acuerdo con el Gobierno del Estado, encabezado por Salvador Jara, quien andaba de viaje por el Continente Europeo.
Ante esta indiferencia del gobernador el pueblo unido realizará actividades en estas dos ciudades, además de que buscan que el movimiento se multipliqué en el puerto de Lázaro Cárdenas y Zamora.
Al momento los normal suyas están retejiendo camiones a la altura de tiro perito para movilizarse, los pasajeros son subidos a otras unidades para no afectarlos; cabe deshacer que el tramo carretero frente a Tiripetío tampoco está cerrado.
Los denunciantes precisaron que en Nayarit los casos se dan con mayor frecuencia en municipios de la zona norte del estado.
Ante instancias nacionales, defensores de los derechos de los jornaleros agrícolas denunciaron la explotación generalizada a la que son sometidos los indígenas que cada año dejan sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.
En conferencia de prensa, integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) precisaron que los indígenas son contratados por enganchadores que ofrecen condiciones laborales inexistentes y los patrones exigen más de 10 horas de trabajo extenuante, aunado a la ausencia de apoyos gubernamentales, tiendas de raya e impunidad para los dueños de las fincas agrícolas.
Explicaron que por jornadas laborales extenuantes de más de 10 horas y por las cuales cada persona recibe entre 110 y 140 pesos, la agroindustria exporta cada año 400 mil millones de pesos.
De acuerdo con los activistas, los estados donde se encuentran las agroindustrias que requieren de mano de obra barata son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México, Chiapas y Nayarit.
En Nayarit estas prácticas ocurren con mayor frecuencia en los municipios de Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan así como en Huajicori. Los jornaleros contratados son mayormente originarios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Morelos.
A través de un comunicado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dijo que la zona devastada en el bosque El Nixticuil –en donde la constructora Spinelli derribó decenas de árboles para su fraccionamiento Bosque Encantado– no es una zona forestal.
Según la Profepa este sitio no reúne las condiciones establecidas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aunque no muestra los estudios a través de los cuales se llegó a dicha conclusión.
En atención a una denuncia popular iniciada por vecinos de diferentes colonias de Guadalajara y Zapopan la dependencia federal realizó una visita de inspección con el objetivo de verificar las actividades que se realizaron.
El predio conocido como “Bosque Encantado” se localiza en el municipio de Zapopan y colinda con la Zona Metropolitana de Guadalajara; además se ubica muy cerca del Área Natural Protegida Bosque de El Nixticuil, por un espacio de aproximadamente 10 metros.
“Por ello, la Delegación Federal de esta Procuraduría en el estado de Jalisco reportó que durante un recorrido de inspección, se encontraron especies de árboles de encino en su mayoría, así como casuarina y tepame, en menor cantidad, asociados con algunos pastos y malezas propias de terrenos abandonados”, explica la Profepa; sin embargo, afirma que como la cobertura de árboles en la zona es del 8.28% no se toma como suelo forestal.
Por su parte, el Comité Salvabosque explicó que el departamento jurídico de la propia dependencia les dijo que hasta el momento no se había realizado ninguna inspección, esto al ir a revisar el expediente de la denuncia interpuesta.
“No hay referencia a la metodología que usaron para determinar el porcentaje de la masa arbolada continua en el predio antes de la tala, o referencia sobre los tocones y arbolado talado. Por el contrario, la Profepa continúa haciendo uso de los datos falseados que le proporcionó la inmobiliaria Spinelli (el 8.28 por ciento de cobertura forestal) y el uso de términos coloquiales, como el de “terrenos abandonados” para referirse al predio”, explicaron los integrantes del Comité respecto al comunicado oficial.”
Xalapa, Ver., (apro).- A cien días del “levantón” y posterior asesinato del reportero-editor de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, las autoridades sólo han aprehendido a uno de los seis expolicías intermunicipales involucrados (Clemente Noé Rodríguez) y también a uno de los dos presuntos autores materiales: el subdirector de la Policía Municipal, José Luis López Meneses.
Hasta ahora continúan en libertad y sin una orden de aprehensión El Harry, El Chelo, El Moy, El Piolín y El Olmos, los otros expolicías de quienes la Fiscalía General del estado (FGE) sólo conoce por sus apodos.
Omar Cruz Reyes, exalcalde de Medellín de Bravo –desaforado por el Congreso local el pasado 26 de marzo–, continúa sin ser requerido por la justicia, pese a que en la investigación ministerial 01E/2015 de la FGE el único asesino confeso, Clemente Noé Rodríguez, incrimina al panista como autor intelectual del homicidio de Sánchez Cerezo, el onceavo periodista ejecutado en lo que va del sexenio de Javier Duarte.
El testimonio del expolicía, incluido en los legajos de la investigación ministerial 01E/2015, destaca: “Cuando el Harry le cortó el cuello a Moisés (sic), Harry le dijo a Noé: ‘Ya cumplimos con la orden que dio el alcalde de Medellín’”. El contacto, dijo, “era (José Luis) Meneses –subdirector de la policía municipal y escolta de Cruz reyes– para que el alcalde cumpla su palabra (sic), esto sin lugar a dudas se refería al hecho de empezar a distribuir la droga, que era el compromiso que habían adquirido el alcalde, Meneses y el Harry”.
Este lunes, Jorge Morales Vázquez, integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz (CEAPP), denunció en un informe que las corporaciones policíacas de la entidad y las fuerzas armadas nunca atendieron la creciente violencia generada por grupos de la “delincuencia organizada” en el municipio de Medellín de Bravo, lo que –apuntó– derivó en una vulnerabilidad para el ejercicio periodístico.
“Sí existe delincuencia organizada. Nos reporta personal del C4 (organismo de control adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública) que sí había presencia de personas de delincuencia organizada, pero no ubicamos los puntos a detectar. Sí hay presencia de bandas delictivas”, insiste.
Asimismo reprocha que antes del “levantón” y posterior asesinato de Moisés Sánchez, que ayer cumplió cien días, las estadísticas del C-4 y de la propia FGE resaltan que en los últimos meses se habían presentado 13 “secuestros” de personas a manos de grupos armados.
De todos ellos –explica el integrante de la CEAPP– sólo tuvo repercusión mediática el secuestro del exdirector de la policía de Medellín, Martín Sánchez Rodríguez, por su cercana amistad con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, el priista José Ramón Gutiérrez de Velasco.
Advierte que a través de la CEAPP se exigirá a la FGE una “investigación más exhaustiva” de los motivos por los que fue asesinado Moisés Sánchez y el cumplimiento cabal de justicia para su familia, pues al día de hoy, subraya, apenas dos personas involucradas están en prisión.
Durante una década Moisés Sánchez escribió y tomó fotografías para el semanario La Unión, y en el último año (2014) también se dedicó a organizar en su congregación a “guardias de seguridad”, además de que instrumentó un programa de “vecinos vigilantes” para contrarrestar la ola de inseguridad y robos del fuero común que azotaban a su comunidad, ubicada en medio de los municipios de Boca del Río y Veracruz.
Familiares del reportero y activista documentaron que antes del “levantón” de Sánchez Cerezo, a quien le quitaron su cámara fotográfica y computadora portátil, hubo amenazas previas. “Hace poco le habrían advertido que si no le bajaba, le darían un susto”, dijeron.
Moisés Sánchez fue enterrado 20 días después de su asesinato. Su hijo Jorge Sánchez Ordoñez ha iniciado una campaña de activismo para exigir justicia, y hace unas semanas relanzó en el Distrito Federal, Veracruz y esta ciudad una edición especial del semanario La Unión dedicada a la memoria de su padre.
Habitantes de los fraccionamientos Los Almendros I y II hicieron un peculiar ultimátum a los ladrones, a través de tres lonas les advirtieron que los lincharán y luego los entregarán a la policía, tal como ya lo hicieron en dos ocasiones, debido a que las patrullas del Mando Único y demás no hacen rondines ante la falta de gasolina, lo que penosamente evidencia el fracaso de esta estrategia y la seria crisis financiera que atraviesan.
Aunque los vecinos negaron ser una autodefensa, con este grupo son dos las colonias del poniente que han recurrido a las redes vecinales como una táctica de protegerse de la delincuencia, pues aunque en ocasiones las autoridades han acudido, la lejanía ha sido un factor que obstaculiza una justicia pronta.
“Hemos tenido problemas con la delincuencia, ha habido muchos robos en casas-habitación, aquí los vecinos han padecido eso, nos estaban robando, no sabíamos quién era hasta que logramos captarlo, agarramos a uno de los ‘rateros’, lo agarramos dentro de una casa y la persona traía herramientas de corte, cizalla y todo eso, ya vienen preparados; nosotros ya estamos hartos”, expresó Fernando Garfias, uno de los vecinos, al hablar del ladrón que capturaron, cuya ruta de robos era El Tesoro, Las Gaviotas y Punta del Mar.
DRÁSTICA ESTRATEGIA
Tan sólo en marzo, las dos etapas de este fraccionamiento registraron seis robos, pues tal parece que los delincuentes tenían a esta zona como su área, sin embargo, algo sorprendente fue que los vecinos narraron que ya los policías tenían reportes de uno de los sujetos, pero estaban impedidos para detenerlo anteriormente.
“Nosotros estamos hartos de tanta inseguridad, no vamos a hacer el trabajo de los policías porque ellos tienen cierto entrenamiento, nosotros lo que queremos es defendernos entre todos, aquí todos somos como una familia… tenemos un grupo en ‘What’s App’, en donde nosotros con un mensaje nos damos cuenta de todo… también tenemos una vigilancia que gracias a Dios da resultados, se ha llegado en ocasiones en que quienes entran a casas-habitación ya tienen todo en la puerta para llevárselo y en ese preciso momento han llegado los vigilantes”, señaló el vecino sobre su estrategia, sin embargo, ésta será un poco drástica ante la ola de robos y asaltos en el lugar.
“Ratero que encontremos acá, primero lo vamos a agarrar y ahí él sabe lo que le va tocar (golpes), que lo piense cuando vaya a venir, porque no les vamos a dar ninguna bienvenida… le vamos a hablar después a la policía, pero se les va a tener que dar un escarmiento… ya estamos molestos, repito, no vamos a hacer el trabajo de los policías”, recalcó el avecindado.
FALTA DE GASOLINA ALEJA ALAS PATRULLAS DE LOS ALMENDROS
El hartazgo de ser robados y el temor al asalto ha llevado a los vecinos de Los Almendros a este grado, pero si hay algo que complica más la situación y que ha sido el factor preponderante para formar una red vecinal, ésta ha sido sin duda las carencias económicas que hay de manifiesto en la policía, tal como narran los habitantes, lo que el gobierno estatal ha querido encubrir.
“Los policías hacen su trabajo y en realidad hay veces en que se les llama y no han venido, pero hasta donde yo sé y según comentarios de ellos mismos, a veces no vienen porque no tienen para la gasolina, entonces supongo que como algunos han comentado que les dan 300 o 400 pesos de gasolina para todo el día, eso no les alcanza, es lógico, no somos policías, no nos vamos a convertir en policías, somos vigilantes de esta colonia”, precisaron los habitantes, quien también atraparon a una mujer.
“Hemos visto más, pero se nos han ‘pelado’, en ese parquecito que está por ahí (por conocida universidad privada), hay asaltos, a los mismos vecinos los han asaltado, se les han metido a sus casas, incluso tenemos un audio de una vecina a la que se le metieron a su casa y da un número de taxi”, comentó.
AVISTAN DOS TAXIS Y LOS RELACIONAN CON ROBOS
No obstante, los vecinos han detectado la presencia de dos taxis que rondan la calle Mártires de Chicago, que comunica con el fraccionamiento, vehículos de los que han descendido los delincuentes, siendo uno de éstos el vehículo de alquiler marcado con el número 193, sin placas.
“Por aquí, en un domicilio, en Mártires, han sido dos taxis que se paran ahí, bajan personas, abren las casas y se llevan lo que pueden; están coludidos (los taxistas), no digo que todos, pero desafortunadamente no sabemos quién es y no nos vamos a poner a investigar porque no es nuestra labor, si llegamos a encontrar a alguien aquí dentro de una casa-habitación les va a ir como en feria”, puntualizó Fernando Garfias, quien añadió que además del What’s App y la vigilancia, cada vecino posee un silbato y un sistema de radio que utilizan en caso de algo extraño para alertar a los demás.
-¿Se consideran ustedes una autodefensa?, se les cuestionó, a lo que respondieron: “nosotros no nos nombramos autodefensas, lo único que estamos haciendo es defender nuestro patrimonio”, concluyó.
Nicolás Romero, México.- Cahuacán es una comunidad y ejido ubicado al noroeste del Valle de México, dentro del municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México. Enclavado en la franja del Bosque Sagrado Otomí-Mexica, desde Mayo del 2013 se han visto en conflicto por 800 hectáreas que les son despojadas por el mal gobierno federal y estatal para darles a un consorcio inmobiliario privado y para el proyecto de la autopista privada Atizapán-Atlacomulco.
Es uno de los primeros ejidos, y el más grande en todas las extensiones de México, que data desde 1917 cuando Venustiano Carranza siendo presidente de México les otorga estas tierras para los campesinos de la región.
Sus bosques son los pulmones para el valle de México, también dotan de sus mantos acuíferos para el Sistema Cutzamala, que beneficia a la Ciudad de México y a varios municipios del Estado de México como Tepotzotlán, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán, Tultitlán y Ecatepec.
Emanan de sus manantiales hasta 100 litros por segundo, y sus recursos forestales son los más importantes del municipio. Además en la agricultura posee una importante cantidad de hectáreas de tierra dedicadas a esta actividad. Cultivan frijol, haba, avena, maíz y berros.
Además al tener manantiales donde brota el agua dulce, se da una gran producción de truchas, donde existen criaderos. Contando con más de 14 restaurantes donde lo preparan al gusto.
Breve historia de la región
Según la pagina de Wikipedia, es un pueblo perteneciente al municipio de Nicolás Romero en el Estado de México. Es el más antiguo de ese municipio y de gran parte de la región. Los primeros asentamientos humanos en la región datan de hace más de 2.000 años. Su nombre prehispánico es Qua hua can que significa ‘Lugar de águilas y árboles’.
Es en 1486 durante el reinado del emperador mexica “Ahuizotl” cuando Quahuacan por fin logra ser sometido y comienza a rendir tributo a “Tlacopan” que junto con Texcoco y Tenochtitlan formaban la triple alianza.
La lámina correspondiente a los pueblos tributarios, hoy del estado de México, y que coinciden con la lámina 32r, del códice Mendocino. Encabeza la lista de aquellos pueblos Cuahuacan y le sigue Tecpan, Chapolmoloyan, Tlalatlauhco, Acaxóchic, Ocotépec, Cuauhpanoayan, Tlallachco, Chichicuahtla, y Huitzitzilapan. Bajo los topónimos, una glosa en español refiere que: “Estos de la orla son los pueblos tributarios” Al pie de los tejidos, una glosa señalada en náhuatl su periocidad: Inin nappohualtica in quicalaquiaya Cuahuacan, es decir: “Esto es lo que cada ochenta días entregaba Cuahuacan”. Y en español: “Esto es lo que cada ochenta días entraban los de Quahuacan”.
En 1596 se funda la parroquia más antigua del municipio la de “Santa María Magdalena”, Existió posteriormente desde 1918 y hasta 1943 aproximadamente una línea férrea que trasportaba los recursos forestales (principalmente madera) que se explotaba en los bosques del pueblo y que comercializaban los dueños de la hacienda de la Encarnación, Actualmente existen parajes que conservan el nombre de aquellas estaciones de carga. (El 14, El 19, El trigo etc.)
La elevación más alta es de aproximadamente 3.900 metros sobre el nivel del mar, La Altura promedio según el INEGI es en el centro del pueblo de 2,800msn y en el Ejido de Cahuacán de 2950msn siendo una de las poblaciones establecidas a mayor altura sobre el nivel del mar en el centro del país.
Además limita con el municipio de Villa del Carbón al poniente, con el municipio de Isidro Fabela (comunidad de las Palomas) y es por esto mismo es el pueblo con mayor extensión territorial del municipio, (cerca del 30% de la superficie de Nicolás Romero).
La Asociación de Charros “Pablo Ramos” de Cahuacán es la segunda más antigua de toda la República Mexicana, además de que la charrería es una tradición muy arraigada entre sus habitantes contando con un lienzo charro majestuoso inaugurado en junio de 1980 por el Dr. Jorge Jiménez Cantú, gobernador del Estado de México.
También se le conoce como Santa Maria de Magdalena Cahuacán, debido a sus creencias en honor a la virgen y patrona del poblado.
Conflicto y despojo
Cahuacán tiene problemas territoriales desde hace más de 100 años, por lo cual los pobladores mediante un comunicado explicaron el origen y las razones por las cuales se comenzaron a derivar los problemas.
Hechos:
El pueblo de Santa María Magdalena Cahuacán, fue dotado de una considerable extensión de tierras y montes en la época virreinal, que más tarde les fueron usurpados y con ellos los usurpadores formaron la hacienda La Encarnación, está contaba con más de 18 mil hectáreas ubicadas alrededor de la misma en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.
En el año de 1916, se dice propietario de la finca el Dr. José Ignacio Capetillo, quién tomo posesión de la Hacienda en enero de 1915. Pobladores de Cahuacán reclamaron las tierras presentando títulos de propiedad, un plano gráfico a colores y una copia certificada expedida por el Secretario de Juzgado de Distrito Licenciado Leopoldo Vicencio, el 27 de agosto de 1897 que respalda el derecho de posesión de las tierras.
Desde 1897 hasta 1917 se presentaron disputas entre el pueblo de Santa María Magdalena y el Dr. Capetillo por la posesión de las tierras de la Hacienda La Encarnación.
Tras una lucha histórica por la restitución de las tierras en mayo de 1917, una resolución presidencial firmada por el General Venustiano Carranza dota al pueblo de Cahuacán de la posesión provisional de las tierras, en tanto se dictaba la sentencia definitiva. Finalmente en diciembre de 1917 de acuerdo al informe que el C. Delegado de la Comisión Nacional Agraria rinde a esa H. Comisión, en cumplimiento del artículo 37 del Reglamento al remitir el expediente XIV-G-3 relativo al pueblo de Santa María Magdalena Cahuacán, expone:
… la titulación presentada por el pueblo de Santa María Magdalena Cahuacán, es suficiente para comprobar el derecho de la reivindicación de sus tierras…
Fue así como en 1917 se creó el primer ejido post revolucionario: el de Santa María Magdalena Cahuacán.
DOTACIÓN DE TIERRAS. Por resolución presidencial de fecha 1º de julio de 1919, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 del mismo mes y año y ejecutada en sus términos el 24 de septiembre de dicho año, al poblado de referencia se le otorgó por concepto de dotación de tierras con una superficie de 740-00-00 Has, son de agostadero cerril, para beneficio de 200 individuos que resultaron con capacidad agraria.
AMPLIACIÓN DE EJIDO. Por resolución Presidencial de fecha 21 de noviembre de 1929, publicada en el Diario Oficial de la Federación en su oportunidad y ejecutada en sus términos el 7 de diciembre del citado año, al poblado que nos ocupa, se le amplió su ejido con una superficie total de 2440-00-00 Has., de las que 100-00-00 Has., son de temporal, 72-00-00 Has., son de monte y 2268-00-00 Has., son de agostadero cerril; superficie que se concedió para el beneficio de 305 campesinos que resultaron con capacidad agraria.
PRIMER INTENTO DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE EJIDO.- Por resolución Presidencial de fecha 13 de agosto de 1941, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre del mismo año, se dejaron a salvo los derechos de los 590 campesinos que resultaron con capacidad en el censo levantado al efecto, por virtud de la imposibilidad material de concederles tierras para ampliar su ejido por carecerse de ellas dentro del radio legal de 7 kilómetros.
SEGUNDO INTENTO DE SEGUNDA AMPLIACIÓN DE EJIDO.
SOLICITUD.- Por escrito de fecha 27 de septiembre de 1971, campesinos del poblado que nos ocupa, solicitaron por segunda ocasión segunda ampliación de ejido, señalando como de posible afectación las tierras que, según ellos configura el fraccionamiento simulado de la Hacienda de la Encarnación.
Hacía el año de 1953 Cahuacán es considerado un Ejido modelo en todo el país gracias a la implementación de sistemas de riego que permitían mayor productividad, en este mismo año el Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines, el entonces Secretario del Trabajo Licenciado Adolfo López Mateos y el Jefe de Departamento del Reparto Agrario Licenciado Garriz Urieta, visitan el Ejido de Cahuacán tras considerarlo un ejemplo de progreso. Sin embargo, existieron grandes injusticias con el reparto de tierras dentro del mismo Ejido, hasta hoy día se presentan personas con títulos de grandes extensiones de tierras y personas que son originarias del pueblo que no cuentan con un lugar donde construir sus viviendas. o
El 12 marzo de 1997 el Tribunal Superior Agrario nos favorecio mediante una sentencia del juicio agrario número 177/92, con una superficie de 2402 hectareas, después los supuestos dueños Enrique Rojas Valle y Elena Osornio Pérez interponen un amparo por lo que deja sin efectos la referida sentencia. Dicho amparo nunca se ejecuta por la autoridad competente por lo que a la fecha las tierras siguen en posesión del poblado de Santa María Magdalena Cahuacán.
El día 12 de mayo de 2013, se presentan dos personas con una escritura pública, maquinaria y muchos guardaespaldas (con camionetas blindadas, sin placas y armamento) a querernos despojar de los predio cuando nos enteramos de tal invasión a nuestros predios, se reunio mucha gente de la comunidad, aproximadamente 300 personas y logramos sacarlos, ya que en ese momento no contaban con la documentación correspondiente (orden de desalojo emitida por autoridad competente) para llevar a cabo tal invasión.
El dia miércoles 22 de mayo del año 2013 se llevó a cabo una manifestación con aproximadamente 300 habitantes de la comunidad de Santa María Magdalena Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, en respuesta al rechazo del mega proyecto. Ese mismo día por la noche ya en el pueblo se agredió físicamente y se amenazó a personas que encabezaron el movimiento contra el desalojo de las tierras, las víctimas de las amenazas junto con una gran parte de avecindados del Ejido de Santa María Magdalena Cahuacán, se dirigieron a la Procuraduría General de la Republica ya que las denuncias en el Ministerio Publico local no proceden, desgraciadamente se encontraron con la misma impunidad de hechos, hasta la fecha los agresores siguen en libertad y se ven apoyados y protegidos por la policía municipal.
Sin embargo el 15 de octubre del año en curso se presentaron con orden de desalojo de Juez Civil con residencia en el Distrito Federal, con oficio número 2995 de fecha 10 de octubre de 2014 signado por el C. Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nicolás Romero, Estado de México, mediante el cual se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 300 elementos de seguridad, a efecto de que brinden apoyo en la práctica de una diligencia de requerimiento y una actuaría de Ministerio Publico de Nicolás Romero, donde nosotros exigimos nos mostraran dicha orden, acto que nos fue negado, ya que solo nos hicieron mención de ella en ese momento llegaron al lugar muchos pobladores y pudo ocasionarse un enfrentamiento entre pobladores y los miembros que estaban en resguardo de quienes se ostentan como dueños. No obstante a partir de esta fecha los pobladores de la comunidad referida, organizaron diversas movilizaciones a los predios objeto de disputa y hacia la presidencia municipal, debido a que las personas que se ostentan como dueños están cercando el terreno, lo que ha ocasionado lo antes mencionado, ya que la gente está muy desesperada, puesto que en el predio en disputa se tienen cosechas, parcelas y demás relativos, independientemente de las viviendas que se tenían.
Con lo antes expuesto, dicen los pobladores, podemos manifestar que el poblado de Santa María Magdalena Cahuacán, se está viendo afectado por los megaproyectos que el gobierno en sus tres niveles municipal, estatal y federal, acompañado de las grandes empresas están realizando en poblaciones rurales que cuentan con grandes extensiones de bosques, porque hay que decirlo la mayor parte de las hectáreas que sufrirían la afectación con estos proyectos son bosques. Los cuales para los pobladores de Cahuacán es muy importante conservar ya que aparte del beneficio que le generan a la población en general, gracias a estos se forma el agua que abastece a Cahuacán y los alrededores de este pueblo.
Por ello pedimos la divulgación y apoyo de ustedes.
Poblado de Santa María Magdalena Cahuacán, Nicolás Romero, México, a 10 de Abril del 2015.
Publicado pentro Integral de Comunicación Comunitaria
Palabras del CIPOG-EZ el 10 de abril de 2015
Al Pueblo de México,
A los campesinos de Guerrero y de México,
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional,
Al Congreso Nacional Indígena,
Hoy 10 de abril de 2015 celebramos como pueblos originarios la memoria de nuestro General Emiliano Zapata. Seguimos en la lucha por la tierra, por nuestros territorios, y por nuestra libertad. Hoy a noventa y seis años, el general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, sigue cabalgando.
Celebramos el octavo aniversario del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata y la inauguración de Radio Zapata, estamos al aire desde noviembre de 2014 aunque nuestro caminar había comenzado desde antes, celebraremos con un encuentro este 11 y 12 de abril.
Como autoridades y como promotores del consejo les damos las gracias a las comunidades y organizaciones hermanas que nos han acompañado en estos últimos tiempos de lucha. Nuestro esfuerzo va dirigido a los pueblos campesinos de México que seguimos vivos resistiendo.
A noventa y seis años del cobarde asesinato, recordamos algo de la palabra y la historia del zapatismo y, con ellas saludar la memoria de todas las rebeliones de los pueblos originarios en las guerras de Independencia y Revolución. El 10 de abril de 1919, representa para el CIPOG-EZ el mensaje de represión a nuestros pueblos que con el tiempo se va recrudeciendo, sintetiza cinco siglos de exclusión y traición, hoy nuevamente la conquista de nuestras tierras, y la constante búsqueda de acabar con nuestras formas y estrategia de resistencia y organización.
“Que sigamos luchando y no descansemos, y propiedad nuestras será la tierra, propiedad de gentes, la que fue de nuestros abuelos y que dedos de pata de piedra que machacan nos ha arrebatado, a la sombra de aquellos, los gobernantes que pasaron. Que nosotros juntos pongamos en alto, con la fuerza de nuestro corazón, ese hermoso estandarte de nuestra dignidad y nuestra libertad, de trabajadores de la tierra. Que sigamos luchando y venzamos a aquellos que se han encumbrado, que ayudan a los que han quitado tierras a otros, los que para sí hacen muchos tomines, dinero, con el trabajo de quienes son como nosotros, esos burladores en las haciendas, ese es nuestro deber de honra, si nosotros queremos que nos llamen hombres de vida buena y en verdad buenos habitantes del pueblo”
Emiliano Zapata, El Segundo Manifiesto en Náhuatl
El zapatismo como fuerza popular terminó de nacer en noviembre de 1911 con el Plan de Ayala como bandera de lucha. Este esfuerzo (1911-1919) dejó memoria. Se expropiaron tierras e industrias, permitiendo la reconstitución de los pueblos y sus territorios (altepetl) y la construcción de la administración política estatal en manos de los pueblos. Los manifiestos zapatistas hablaban de tierras, montes y aguas, el Plan de Ayala y la Ley Agraria Revolucionaria, llevados a la práctica en Morelos también reivindicaban el respeto a la ley y a la justicia de los pueblos.
Los campesinos de Morelos aplicaron lo que ellos entendían por Plan de Ayala y acabaron con el latifundio y la propiedad privada de los ingenios azucareros que eran base principal del capitalismo en diferentes regiones del sur. Se expropiaron sin pagos los ingenios y se nacionalizaron bajo la administración del Ejército Libertador.
La distribución de tierra en Morelos con ese sistema fue un proceso donde intervinieron, opinaron y resolvieron los campesinos conforme a sus tradiciones y necesidades.
Los campesinos y obreros agrícolas establecieron su autogobierno, por eso no se habla de las experiencias zapatistas, porque han sido experiencias anticapitalistas: silencio e incomprensión. Por eso no se habla de las experiencia autónomas de los pueblos y enfrentamos simpre el cerco mediatico, la mentira y la difamación.
Hoy nosotros, niños, niñas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres, integrantes del CIPOG-EZ mantenemos en alto los principios y la dignidad de los que pelearon por las tierras de los pueblos originarios. Después de la traición de Chinameca y del “reparto agrario”, nuevamente llegan todas las contrareformas, comenzando por el Articulo 27 en 1992, que es el inicio de la destrucción del campo.
Por la lucha agraria la tierra había quedado en manos de nuestros pueblos y ahora busca ser robada y convertida en una mercancía, empezaron con Procede y ahora con Fanar, también entregan concesiones mineras o proyectos engañosos de Conafor, Semarnat y Conanp, para que ir entrando a controlar nuestros bosques, tierra, agua y nuestros territorios.
Las últimas contrareformas realizadas por Peña Nieto acaban de legalizar el despojo de los territorios al designar como prioritarias actividades como la minería y la producción de energéticos, por lo que la tierra puede arrebatarse a los ejidos y bienes comunales sin derecho a ningun recurso de defensa legal.
Hoy, noventa y seis años después este sistema nos ha llevado a una crisis como forma de vida y a una guerra de exterminio como pueblos originarios. Con la expulsión por la fuerza, por pobreza, llamada migración. Después de las contrareformas y del libre comercio viene caminando la destrucción de nuestra vida como campesinos y de la venta de nuestra Patria como mexicanos.
En el campo son las mismas formas de explotación que durante el porfiriato, y comunidades enteras se rebelan en Baja California. Y nosotros traemos a la memoria al General Zapata, a los hermanos Flores Magón y a Francisco Villa.
En la actualidad, los malos gobiernos, como una estrategia de control, nos dividen con los partidos políticos, religiones, organizaciones con modos ajenos o contrarios a las formas de vida y resistencia comunitarias.
En nuestro estado avanza de manera cada vez más cotidiano y doloroso, la represión directa como militarización, crimen organizado, secuestro, levantamiento forzado, persecución, asesinato, cárcel, para todos aquellos que levantan la voz dignamente para protestar contra tanta violencia e injusticia.
Por todo lo anterior convocamos a luchar por democracia, libertad y justicia, desde abajo y a la izquierda, a defendernos como pueblos, a defender nuestro maíz, nuestra tierra y nuestro Territorio Comunitario.
Los invitamos a reflexionar y no dejarse engañar por los partidos políticos y gobiernos con discursos falsos que invaden nuestra vida y nuestros pueblos con formas de hacer política que rompen la comunidad y formas de gobernar que nos muestran robo, crimen organizado y desvío de recursos en proyectos carreteros y de todo tipo que nunca terminan. Sólo como una muestra de que no sirven de nada y no los necesitamos.
A los saltamontes políticos, que son como el chapulín que salta de un lado a otro a su conveniencia, no queremos que vengan a mentir otra vez al pueblo diciendo que desde el poder se hace el cambio.
En estos momentos que vive nuestro país se requiere análisis y reflexión colectiva, será cada vez más difícil y necesario construir gobierno comunitario. Tenemos claro que ningún cambio vendrá desde arriba, está demostrado en la historia de nuestro país.
Nosotros seguiremos luchando por llevar a los hechos nuestros derechos colectivos y la construcción de un Territorio Comunitario, donde el pueblo manda y el gobierno obedece.
Saludamos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por sus esfuerzos, por un pensamiento crítico frente a la destrucción capitalista.
Saludamos a nuestras compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena y de La Sexta Nacional e Internacional.
Saludamos a los padres de familia de los 46 que nos faltan y les seguimos diciendo que siempre estaremos con ustedes apoyando y compartiendo el dolor y la rabia hasta que haya justicia verdadera para Ayotzinapa, ya que la vida de un hijo no es negociable.
Nosotros seguiremos nuestro esfuerzo por honrar los ideales del General Emiliano Zapata. No nos venderemos ni nos rendiremos a los malos gobiernos, ni por limosnas, ni por migajas de poder. No jugaremos con el dolor de los explotados por este sistema capitalista.
Desde el corazón del territorio comunitario a 10 de abril de 2015
A T E N T A M E N T E
Consejo Indígena y Popular de Guerrero –Emiliano Zapata
URUAPAN, Mich., 10 de abril de 2015.-
Un integrante del Consejo Mayor de Caltzonzin y su acompañante fueron detenidos por elementos de la Policía Federal a bordo de un vehículo presuntamente robado, el cual, según informes policiales, fue reconocido por el dueño y enseguida alertó a los uniformados quienes llevaron a cabo la detención.
Fue a las 14 horas que una unidad de Policía Federal circulaba sobre el Bulevar Industrial, a la altura del Cereso, cuando fueron interceptados por una persona que les solicitó apoyo para detener a dos personas que viajaban en un vehículo que le fue robado hace un mes.
Inmediatamente los policías atendieron la solicitud de apoyo y le dieron alcance al vehículo Nissan, tipo Tsuru, blanco y placas PSJ-1974, el cual era tripulado por Nicolás Cervantes, de 45 años de edad, mismo que manifestó ser parte del Consejo Mayor de Caltzontzin, así mismo le acompañaba Arturo Gómez de 60 años de edad, ambos vecinos de la citada tenencia.
Enseguida el afectado mostró a los oficiales una copia de la denuncia correspondiente por el robo del vehículo, por lo que de inmediato los dos comuneros fueron detenidos y más tarde puestos a disposición de las autoridades ministeriales.
Cabe señalar que la detención de estas dos personas se da a tan solo unos días de que pobladores de esa tenencia bloquearan la circulación vehicular del Bulevar Industrial, precisamente en contra de los robacoches, por lo que las autoridades ya iniciaron con las investigaciones.
(Vícam-Cócorit-Cereso 2 de Hermosillo, Sonora).- Debajo de sus máscaras brillan abultadas gotas de sudor y se alcanza a vislumbrar un rosario que muerden como manda de silencio. Ya durmieron sin cobijo. Ya cruzaron por un camino de sobriedad, sacrificio y penitencia durante los cuarenta días de la Cuarejma. Ya se disponen a ser purificados este Sábado de Gloria, casi al culminar la Semana Santa, despojándose de sus máscaras burlonas, de sus armas de madera pintada, de los vicios acumulados durante un año.
Son chapayecas, miembros de la kojtumbre de los indígenas yaquis de Sonora. Parecería que su función es el vivir la pasión no sólo para ellos, sino para todo aquel, para toda aquella que asista a la sagrada celebración.
“Resucitó Dios, y has de cuenta que resucitamos con él. Por eso estamos vestidos de blanco”, nos dicen tres pequeños cabos, futuros chapayecas. Hablan con total dominio, con profundo conocimiento de sus rosarios, de los personajes de la Cuarejma -venado, pascola, vírgenes- y del significado de estos días para la cultura yaqui.
“Vámonos, que nos pueden regañar”, dicen al final. Y se van corriendo con sus compañeros. No podemos tomar fotografías. No importa. Rojos intensos combaten con oscuros azules en el cielo. Las dos cruces de la iglesia del pueblo de Cócorit iluminan a los hombres que cumplieron con su deber en estos días.
Fernando Jiménez es chapayeca. Es, además, topógrafo. También luchador social. No pudo vivir su proceso de cuarejma. Fue detenido en septiembre del año pasado por policías vestidos de civil en un vehículo no identificado. Se le acusa, al igual que a su compañero de misiones y viajes, Mario Luna, de secuestro y robo. Ni a él ni a Mario se les han comprobado los delitos.
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Fernando llega al pabellón del Cereso 2 de Hermosillo, Sonora, de gorra y playera blanca. Se sienta con quienes integramos la comitiva que lo visita a propósito de la caravana que partió del centro del país, invitada por la Tribu Yaqui, a la Semana Santa.
“No son las condiciones para recibirlos, pero pues aquí estamos”, nos dice.
“Estamos aquí por defender el agua en contra de los gobiernos de hoy y contra los gobiernos por haber”, explica.
Su pueblo, Vícam, es semidesértico, pero tiene acceso al agua de acuerdo con el decreto presidencial emitido por Lázaro Cárdenas en 1940. Fernando insiste en que después de la revolución mexicana a los indígenas no se les ha hecho justicia, ni se les ha respetado la tierra y la libertad, ni sus derechos.
“No estamos por estar. Si no alzamos la voz, no nos quieren ver. Y si alzamos la voz nos encierran. Somos presos políticos”, agrega.
Vocero en la Cátedra “Tata” Juan Chávez Alonso, celebrada en el 2013 en Cideci-Universidad de la Tierra, Chiapas, entre los pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Fernando recuerda anécdotas de la visita del Subcomandante Marcos a territorio Yaqui en el 2007.
“Como ustedes, es el agua. Ahora hacen esta nueva Ley del Agua, para que sólo los ricos puedan pagarla. Al rato nos van a cobrar hasta por respirar”. Explica a un delegado nahua de San Pedro Tlanixco, Estado de México, quien visita para recibir una carta que Fernando mandará a una mujer y cinco hombres presos desde hace diez años en Almoloya de Juárez, acusados de homicidio. Como Fernando, son defensores de los manantiales de su comunidad.
El yaqui manda también una carta a Alejandro Díaz Santiz, tsotsil preso en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actualmente, Díaz Santiz es hostigado por el director del penal debido a las denuncias públicas que realiza por falta de medicinas y comida en esta prisión donde también estuvo preso Alberto Patishtan.
En el mes de enero, en el marco del Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías en Contra del Capitalismo, Díaz Santiz recibió la visita de familiares de los yaquis en prisión.
“En mis cartas exijo libertad para los presos políticos del país, especialmente de los indígenas, y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés (firmados entre el EZLN y el gobierno mexicano y que deberían garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas)”, explica.
Fernando también habla sobre las condiciones de su prisión. Cuenta que cuando fue detenido estuvo recluido por dos meses las veinticuatro horas del día en un cuarto de cuatro por tres metros. Ahora ya puede salir al pabellón. Ya puede correr por las mañanas.
“Lo que nos pasó a Mario y a mí fue diseñado en un escritorio”, opina.
“Mis ancestros sufrieron lo peor, y salieron avantes”, dice, refiriéndose al exterminio y deportación que su pueblo sufrió durante el porfiriato y en los primeros gobiernos de la revolución.
“…que yo no pueda aguantar un encierrito”.
Todos callamos.
Fernando Jiménez pudo no haber participado durante la cuarejma en Vícam, pero tras pasar dos meses incomunicado, encerrado sin haber cometido delito, sus palabras y su rostro muestran el temple que un buen chapayeca debería tener al final de la Semana Santa.
Pero Fernando no puede guardar manda de silencio:
“Que se escuche la voz desde las prisiones”, nos dice, “que no seamos un escarmiento, que seamos un motivo para que se mueva la maquinaria de la rebelión”.
Hasta la fecha, el movimiento en defensa del agua surgido en 2010 en los pueblos yaquis se ha mantenido apartidista. No se fía de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Acción Nacional (PAN) tengan voluntad para liberarlos a él y a Mario Luna en este contexto electoral.
“Es un mal necesario el encierro de nosotros. El gobierno mostró lo que es. Y este sacrificio levantó nuestra lucha”, dice Fernando, quién ha recibido cartas de Sudamérica, de Europa.
“Hasta allá ha viajado mi nombre”, cuenta.
Esta semana hay una posibilidad de que Fernando sea liberado. De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la Misión Civil de Observación del Proceso de Consulta a la Tribu Yaqui, el lunes 30 de marzo, el yaqui fue notificado a través de su abogado defensor de la sentencia favorable en materia de amparo y en la que se ordena al Juez Tercero en Materia Penal que dicte el auto de libertad por falta de elementos para procesarlo. En un plazo de diez días debería salir de prisión.
Sin embargo, en enero del 2015 Mario Luna también fue notificado por una sentencia parecida donde se reconoce que no se verificaron las pruebas en su contra. Aun así el Procurador de Justicia de Sonora recurrió en contra de esta sentencia.
Aunque el gobierno del panista Guillermo Padrés y los gobiernos que le precedan, decidan mantener a Fernando y a Mario en prisión, liberar más órdenes de aprensión en contra de otros yaquis, continuar con el despojo del agua con el Acueducto Independencia; los pequeños cabos que están por acostumbrarse al frío, a deberse a su pueblo y a su kojtumbre, crecerán.
Se convertirán en chapayecas.
Seguirán existiendo.
Nota: Quienes integramos esta comisión intentamos también visitar a Mario Luna entre las tres y las cinco de la tarde. Después de explicar que los integrantes veníamos de lejos y que sólo queríamos platicar con él, en locutorio, nos fue negada la visita arguyendo, primero, que no existían visitas a esa hora, y después, que estaban realizando una “revisión penitenciaria”.
La policía que nos negó la entrada dijo después:
-Sí, están muy mal los presos en esta cárcel. Qué bueno que los vengan a visitar. Pero hoy no se puede-
HERMOSILLO, SON.- Un grupo de cerca de 60 habitantes de comunidades aledañas al río Sonora marcharon por calles de Hermosillo, para demandar se remedie el daño hecho por la contaminación del afluente, y se construya un hospital para atender a las cientos de personas que señalan están afectadas en su salud.
Los residentes de ejidos del municipio de Hermosillo y de Ures, luego de marchar se instalaron en plantón frente a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Gobernación, en la colonia Valle Verde, en la capital sonorense.
Los inconformes demandaron además al gobierno estatal ser interlocutor para solucionar el conflicto; al gobierno federal dejar de proteger a Grupo México y obligarlo a resarcir el daño; y a la empresa minera a cumplir con llevar agua a todas las comunidades que aún hoy en día sufren por el desabasto del vital líquido, a pesar de que la contingencia por el derrame de tóxicos inició el pasado 6 de agosto.
Señalaron que lo que más preocupa a los habitantes de la región es la salud y el actual desabasto de agua en decenas de comunidades, ya que a raíz de la contaminación se dejaron de operar varios pozos, ante el riesgo de que los metales pesados ligados al derrame de tóxicos habrían llegado a los acuíferos.
Los ejidos que estamos cerca de la presa El Molinito (en los linderos del municipio de Hermosillo y Ures) estamos enfrentando muchos problemas, de salud, de abasto de agua y vemos que se hacen muchas promesas que no se cumplen”, dijo José María Tapia López, habitante de la comunidad El Molino de Camou, en el municipio de Hermosillo.
Dijo que utilizar el agua de los pozos en la zona es un peligro, ya que mucha gente que lo hace termina con enfermedades en la piel y gastrointestinales.
Exigimos que nos surtan de tinacos, y se nos lleve agua suficiente en pipas, además que se paguen las compensaciones económicas por todo el daño que nos han hecho, y que se construya un hospital para atender todos los casos que sabemos se van a seguir presentando por mucho tiempo”, dijo Tapia López.
Nada sabíamos. Supimos. Más o menos nos explicaron. Menos entendimos. Pero ya después, como luego dicen, “captamos el concepto en su contexto íntegro”. O sea que nada de nada. Pero era algo de que habíamos sido víctimas de un ataque cibernético de “alto nivel”. Claro, pusimos cara de “no problema”, de “habrá que tomar las medidas pertinentes”, de “se llegará hasta las últimas consecuencias”. Pero, la verdad, nos preguntábamos si no sería resultado de los “clicks” que nosotros mismos le damos a la página para que aumente el número de visitas. “Algún entusiasta del ratón”, pensamos. Pero eso es algo confidencial, así que les agradeceríamos que no lo hicieran público.
Ya después nos dijeron que se calcula que, tan sólo en Estados Unidos, el costo promedio anual en ciber ataques fue de 12.7 millones de dólares en el 2014. No entendimos, me refiero a la cantidad. Nos explicaron. Entonces entramos en pánico y, corriendo, fuimos a revisar si nuestras reservas de pozol habían menguado. Nada. “Nivel estable”, dijo la posta (eso quiere decir que hay suficiente para los homenajes y el seminario). Hasta ahí todo bien. El problema fue que, para celebrar que el ciber ataque no había logrado penetrar las sólidas bóvedas donde almacenamos “el oro del siglo LXIX”, echamos fiesta y baile con música electro de los diyis del pueblo. ¿Resultado? Bajaron significativamente las reservas estratégicas y ahora hay que reponerlas.
Pero, como quien dice, ya es oficial: el neozapatismo ha ingresado al siglo XXI. Ok, ok, ok, nos tardamos, pero tomen en cuenta que apenas es 2015.
¿Pensaban que la imagen del México moderno estaba de shopping en Beverly Hills, viajando en helicóptero o en un spot electoral? ¡Wrong! ¡404 Error! ¡Erreur! ¡Fehler! ¡O?????!
La página del ezetaelene recibió un ¡ataque c-i-b-e-r-n-é-t-i-c-o!
Ok, ok, ok, no sabemos bien qué quiere decir eso (nosotros, tan premodernos, acostumbrados sólo a los ataques de soldados, policías, paramilitares y caga-tintas varios), pero se escucha muy de las de acá, de mucho caché, de clase mi buen, de primer mundo.
¡Ah, pensé que nunca llegaría este día! ¡Mueran de envidia Sony, Microsoft y Apple! ¡Sufran de celos Obama, Putin y Merkel! ¡Retuérzanse de rabia Wallmart, Carrefour, Tesco y Metro! ¡Compren sus antiácidos Samsung, LG y Motorola! ¡Póstrense refrescos de cola, comida chatarra y fast food! ¡No disimulen su humillación Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio!
Y lo tomamos como lo que es: un mínimo homenaje a nuestra humilde y callada labor de estarle dando “click” a la página para que aumente el “tráfico web” y, pronto, recibamos paga por anunciar cursos de superación personal, clases de idiomas élfico, dohtraki, alto valyrio, klingon y na´vi, y, claro, ofertas “online” del “Huarache Veloz”.
Bueno en realidad y en la realidad, todo esto no es sino el pretexto para mandarles un abrazo y decirles:
Gracias a la banda, la plebe, la crew, el barrio, la carnalada, la hermandad, lo compa o como se diga, que hizo el paro, el apoyo, el backup, el soporte y que, como se dice ahora, “replicó” el contenido en sus páginas, tuits, feis y en los chats más cercanos a su corazón respectivo. Como es seguro que volverá a ocurrir, pues de una vez nos reiteramos: Gracias (por favor usar el método científico de “copia y pega” con este agradecimiento porque no será la última vez).
Desde la ciber conserjería, protegiéndose con el híper moderno firewall Pozolware 6.9.
El SupGaleano, peleando con el gato-perro por los derechos de copyleft.
(Nah, es por las palomitas… ¡y yo llegué primero!)
México, Abril del 2015.
Del cuaderno de apuntes del Gato-Perro:
Buscando a quien culpar:
.- Hipótesis en modo “Histeria Moderada“: Sin duda fueron los reptilianos-milenarios-iluminattis-narcomundialistas-partidistas-electoreros.
.- Hipótesis en modo “Alta Política Misógina“: Fue Frank Underwood, pero mal aconsejado por Claire… Ok, ok, ok, ¿por Petrov entonces?
.- Informe del Big Brother, recibido en el Pentágono: (Resumen de lo observado en el “Situation Room” de la “East Wing” del Hexágono Zapatista. Reporta: Sistema Echelon. 7 de abril del 2015. 2330 hora zulu): “Las opiniones estaban divididas: alguien dijo que fue un ataque de nosotros -el Pentágono-. Otro que del Kremlin. Uno más que del Palacio de Buckingham, el Palacio de Hierro, Liverpool o Sears. Nadie que de la Torre Eiffel (lo que los tranquilizó, porque estaban preocupados por sus compas de Tameratong).
Algún amargado señaló que bien sabía que la nueva temporada de Juego de Tronos no traería nada bueno. Un personaje indescriptible, parecido a un perro… o a un gato… o viceversa, sacó un letrero en el que se leía: Pronto se inaugurará nuestra sección “spoilea que algo queda”.
Parecía que llegarían a un acuerdo cuando se escuchó el sonido de una marimba afinando. En el audio las voces se vuelven caóticas, confusas y sólo se alcanza a distinguir una especie de grito: “¡Pozol Agrio!“. Debe ser alguna señal de alarma porque el “Situation Room” y toda el ala este del complejo quedó desierta.
(fin del informe que demuestra que todo el presupuesto destinado a las labores de espionaje es paga tirada a la basura del ciberespacio).
.- Sección “Hay un Trending Topic en su futuro”. Sugerencias de hashtag solidarios:
Veinte ex empleados de la armadora de vehículos de Mazda en Salamanca, quienes dieron a conocer que hubo despidos injustificados en la empresa, ya interpusieron una denuncia formal por los hechos en la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo en Guanajuato.
Los afectados contaron que hace unos días, el grupo de trabajadores de Mazda, originarios de municipios como Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Celaya e Irapuato, se dirigieron al área de Recursos Humanos para pedir un trato digno, pues dijeron, desde enero que se fueron los japoneses, empezaron a sufrir maltrato laboral.
“Es el Assistant Manager, es prepotente y déspota; es una persona que se dirige a los trabajadores muy mal, nos decía: ¡Órale cabrones para eso están aquí, órale muévanse!, él no se detiene si son hombres o mujeres, a todos les decía así”, contó uno de los ex empleados.
Luego del maltrato, los trabajadores se dirigieron al área de Recursos Humanos a poner su queja. Ese día volvieron a sus lugares de trabajo, pero después los mandaron llamar uno por uno.
“A unos nos amenazaron, dijeron que si no firmábamos la renuncia, nos iban a cerrar las puertas en todas las empresas y ya no podríamos encontrar nunca trabajo, a otros nos hicieron firmar con engaños; dijeron que les volviéramos a decir la queja y según lo que firmamos fue la queja, pero luego nos dieron otra hoja y decían; ¿sabes qué firmaste?, no, pues no, firmaste tu renuncia. Otros no han firmado”, contó otro ex empleado de Mazda.
Sin embargo, en el área de Recursos Humanos les dijeron que el despido fue por el supuesto paro de línea TSF de Ensamble Final, pero los ex trabajadores expresaron que la línea nunca se detuvo.
Dentro de la queja, contaron que el mismo Assitant Manager también acosaba sexualmente a una de sus compañeras. “Le decía hola hermosa”, “hola mi amor” y “hacía que la saludaba de beso, pero le buscaba la boca”, contó otro de los ex empleados.
Por la tarde, la afectada interpondría una denuncia en el Ministerio Público contra el directivo de Mazda por acoso sexual.
En Conciliación y Arbitraje, los ex empleados de Mazda pidieron que les restituyan sus empleos, pues dicen es injusto el despido.
“Acá afuera está muy canijo, por eso sí queremos que nos regresen los empleos”.
Ya existe una orden para que los afectados tengan un careo con los directivos de Mazda a mediados de abril.
Calla empresa sobre despidos
AM solicitó la postura de la empresa Mazda sobre los despidos injustificados de 20 empleados, sin embargo la directiva del área de Relaciones Públicas manifestó que estaban enterados de la situación y que darían una postura sobre lo ocurrido, sin embargo, hasta el cierre de la edición no dieron información.
Fueron 20 empleados los que parcialmente dejaron de laborar para interponer su queja en contra de su Assistant Manager, de la línea de TSF de la sección 10 y 11 de reparaciones, por los malos tratos hacia el personal y el acoso sexual a una compañera, aclarando que la línea siguió trabajando en la producción de vehículos sin detenerse.
Por otro lado, los trabajadores platicaron que también denunciaron los hechos con el Presidente del Sindicato Local de la Sección 10 de Trabajadores de Mazda, pero tampoco fueron atendidos.
Personal del Sindicato dijo a AM que estaban enterados de la situación y que darían una postura, sin embargo, AM trató de contactarlos y confirmaron que el día de hoy habrá un pronunciamiento
El gobierno de San Andrés Calpan intenta este martes reiniciar forzadamente los trabajos para la perforación de un pozo de 250 metros de profundidad, junto al río Alseseca y al derecho de vía del Gasoducto Morelos.
Por tal razón, lugareños se reunieron a primera hora en los terrenos de la colonia Tlamapa, a fin de frenar el avance en los trabajos de excavación.
Los pobladores informaron que no permitirán que el alcalde Leonardo Lázaro Jiménez imponga a la población este proyecto –que perfora cinco pozos en cadena–, ante el temor de que se busque gas natural o que los dejen sin suministro de agua. En el lugar, se han concentrado por lo menos unas 200 personas que mantienen en suspendido los trabajos desde el mes pasado.
Los inconformes amagaron con impedir que el ayuntamiento los prive de sus recursos naturales, pues argumentaron que el pueblo se rige por usos y costumbres y el edil debió primeramente efectuar una asamblea pública para que se autorizara la obra.
“Desconocemos que fin tendrá este pozo, si es cierto que será para extraer agua, o peor aún que sea para sacar gas natural, como es la técnica de fracking”, expuso uno de los jóvenes.
El universitario explicó a los pobladores, en su mayoría ancianos y mujeres, que se informó a través del internet sobre el proyecto que se ejecuta en Calpan, el cual incluso contaminaría el agua que procede del deshielo del volcán Popocatépetl.
Habitantes de Calpan pararon hace tres semanas las obras de excavación del primer pozo, a cargo del ayuntamiento, debido a que el presidente municipal se ha rehusado a informar a la comunidad sobre dicho proyecto.
En el lugar se pudo encontrar muestras de diferentes tipos de tierras encontradas a lo largo de la excavación, como explicaron los vecinos que portaban algunas de estas bolsas con material pétreo.
Incluso aseveraron que este terreno por lo menos se perforó en tres ocasiones para extraer las muestras.
México, DF. Fernando Jiménez, uno de los representantes de la tribu yaqui, quien se encuentra encarcelado desde hace siete meses, fue notificado de la sentencia favorable en materia de amparo en la que se ordena al Juez Tercero en Materia Penal que dicte el auto de libertad por falta de elementos para procesarlo, informaron diversas organizaciones sociales.
En un comunicado, señalaron que esta decisión judicial, en la que se reconocen las violaciones de los derechos humanos sufridas por Jiménez en la emisión del auto de formal prisión, es “un avance significativo que debería dejarlo libre en las próximas horas”.
Los colectivos recordaron que en septiembre de 2014, Mario Luna y Fernando Jiménez, representantes de la tribu yaqu, fueron detenidos por el gobierno de Sonora, que encabeza Guillermo Padrés, “sometidos a un proceso irregular y encarcelados por delitos que carecen de sustento jurídico”.
Asimismo, subrayaron que “Mario y Fernando han trabajado activamente en la defensa de la Tribu en el caso de la construcción y operación irregular del Acueducto Independencia, el cual está extrayendo agua del río Yaqui, poniendo en grave riesgo la subsistencia de este pueblo indígena”.
De igual forma, recordaron que en enero de 2015 también Mario Luna Romero fue notificado la sentencia favorable en materia de amparo, donde se reconoce que en la emisión del auto de formal prisión en su contra no se verificaron las pruebas de descargo que la defensa aportó.
Sin embargo, el Procurador de Justicia de Sonora “decidió recurrir en contra de la sentencia que ampara a Mario Luna, dilatando los tiempos para que pueda ser dejado en libertad. Es lamentable el uso político que la Procuraduría de Sonora ha hecho de las instituciones para mantenerlos en la cárcel”.
Por estos antecedentes, las organizaciones sociales firmantes hicieron un llamado al Ministerio Público que sigue el caso y a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora para que adopte un enfoque pro homine y busque la liberación de los voceros yaquis, así como para que las autoridades judiciales sean prontas y expeditas en sus actuaciones, como lo mandata la Ley.
“Ni Fernando Jimenez ni Mario Luna deben permanecer un día más en la cárcel. Ellos son inocentes del delito que los acusan y son dos jueces federales quienes ya se han pronunciado en su favor”, recalcaron.
Pese a que fue se decidió en asambleas comunitarias, la Central Campesina deploró la renta para una actividad altamente contaminante.
La Central Campesina Cardenista (CCC), lamentó la entrega de las tierras aledañas a la zona arqueológica de Xochicalco a los canadienses de la minera Esperanza Silver de México, la cual vendió sus concesiones a su connacional “Álamos Gold” o “La Compañía”.
El líder del sector campesino, Humberto Sandoval Zamora, considera que pese a que cada ejido o comunidad tiene la facultad de decidir en asambleas el uso de sus parcelas, la renta de sus propiedades para una actividad que es considerada por investigadores y especialistas como mega tóxica es lamentable, pues atenta contra la preservación del medio ambiente.
“Si la asamblea lo aprobó para entregarlos a los canadienses en usufructo, arrendamiento o en venta los recursos que ellos poseen legalmente, lo respetamos aunque lo lamentamos porque esto implica un deterioro a los recursos naturales”.
En este sentido añadió que la población en general está convencida de que el uso sustentable de los recursos es la vía adecuada para dejar a los descendientes un mundo mejor con alimentos orgánicos y recursos naturales en las mejores condiciones.
Esperanza Silver
El 23 de marzo la coordinadora de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María del Perpetuo Socorro, reveló que desde 2012 los comuneros de Xochicalco, Tetlama y Miacatlán, firmaron un convenio por 15 años con la minera canadiense Esperanza Silver, para la explotación comercial de sus tierras, a cambio de un millón 200 mil pesos en los primeros dos años, y un millón 600 mil pesos a partir del tercer año.
La concesión Esperanza I
15 mil 25 hectáreas abarca el proyecto
2059 año en que expiran
3 municipios comprende: Tetlama, Xochicalco y Miaclatán
Les compartimos esta galería multimedia publicada por elnorte.com el 7 de abril de 2015 en la que explican diversos factores por los que desde todos los ámbitos de la sociedad se exige la cancelación del proyecto Monterrey VI.
“Mientras el Gobierno de NL asegura que el acueducto Monterrey VI es una obra urgente para asegurar el abasto de agua en la zona metropolitana, la IP y ONGs afirman que es una obra innecesaria, cara y además llena de opacidad y anomalías que hacen dudar del proyecto”.
EL PROYECTO
FINANCIAMIENTO
FACTOR AMBIENTAL
CUESTIONAMIENTOS
La falta de claridad y transparencia respecto del proyecto hidráulico Monterrey VI ha provocado la protesta de grupos civiles y empresariales, destacando los siguientes puntos:
En el contexto actual de crisis que vive México, uno de los grandes problemas que debe afrontar el gobierno es el aumento de los feminicidios en diversas regiones de la república.
Esta situación no ha sido atendida debidamente por las autoridades y a pesar que varias organizaciones de la sociedad civil han exigido a la administración de Peña Nieto activar la alerta de género, éste no ha volteado a ver la problemática.
Entre las demarcaciones con mayor número de feminicidios registrados se encuentra el Estado de México. Este fenómeno en la entidad no es nuevo, pues desde que Enrique Peña Nieto gobernaba la demarcación, diversos sectores de la sociedad demandaron la existencia del problema sin que, el hoy jefe del ejecutivo federal, creará estratégicas para combatir la situación.
El escenario presentado en territorio mexiquense ha sido calificado como grave e incluso ha sido señalado por superar lo acontecido en Ciudad Juarez.
León, Guanajuato, 7 de abril (SinEmbargo/Zona Franca).– Ex trabajadores de la armadora Mazda del municipio de Salamanca, Guanajuato, denunciaron el despido injustificado de 20 elementos. Afirmaron que previamente habían denunciado por acoso laboral y sexual a un superior y que el sindicato les negó el apoyo ante tal situación.
Según a.m., el departamento de Recursos Humanos habría oficializado el despido de los trabajadores, como consecuencia de un paro laboral de la línea TSF de Ensamble Final, el pasado 18 de marzo.
Sin embargo, los elementos aseguraron que de los 35 trabajadores de la línea, fueron 20 quienes recurrieron a esa medida ya que habrían interpuesto una queja contra el asistente del Gerente, de las líneas 10 y 11, debido a que éste habría sido responsable de malos tratos al personal además de acosar sexualmente a una compañera. Aseguraron que la línea no detuvo operaciones.
“Nos negamos a laborar por las constantes faltas que nos hacen como trabajadores, tanto moralmente como sexualmente a compañeras. Una de ellas ya hizo su denuncia pero no le han hecho caso, la han estado amedrentando”, aseguró uno de los ex empleados.
Asimismo, acusaron al departamento de recursos humanos de la planta de la armadora originaria de Hiroshima, por encubrir y no tomar medidas respecto al Assistent Manager , ya que no es la primera ocasión que dicho sujeto es señalado por acosar sexualmente a empleadas.
“Todo el personal de Recursos Humanos hicieron caso omiso a nuestras demandas y el sindicato nos dio la espalda”, aseveró.
La empresa mexicana GEMEX, anuncia la construcción de dos parques eólicos en Tamaulipas, con una inversión de 260 millones de dólares por ambos proyectos, uno en Güémez y otro en Victoria.
Estos proyectos serán financiados con recursos crediticios provenientes de la banca privada, a través de Banorte, y de la banca de desarrollo, a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), además de las aportaciones de capital de GEMEX.
El parque eólico “La Mesa” en el ejido de Güémez tiene una extensión de 553 hectáreas, mientras que el parque eólico “Victoria” cuenta con 700 hectáreas; cada proyecto tiene una capacidad instalada de 49.5 MW conformada por 15 aerogeneradores para una generación estimada de 181 GWh/año cada uno.
La creación de estos parques eólicos beneficiaron a diversas comunidades del estado de Tamaulipas, impulsando el desarrollo social y económico, gracias a la creación de 500 empleos temporales durante su construcción que tienen como prioridad contratar personal de comunidades aledañas; generando un impacto positivo para empresas locales y la economía regional.
Esta energía será utilizada por Soriana los siguientes 20 años como parte de un acuerdo para abastecer de energía sustentable a 311 tiendas, contribuyendo de manera activa al desarrollo de energía sustentable y al mismo tiempo reducir costos de energía eléctrica.
La energía generada de estos parques eólicos es equivalente al 14% de la energía producida por Tamaulipas, semejante a sacar de circulación a 58 mil automóviles en un año. Aunado a esto, los beneficios del proyecto incluyen la producción de electricidad equivalente al consumo anual de 51,046 hogares.
“Dentro de los objetivos de la Política de Sustentabilidad lanzada en el 2012, es la creación de ambos parques eólicos, nos acerca a nuestra meta de lograr que el 100% de nuestras tiendas se suministren de energía renovable”.
Una vez que nuestros dos parques estén operando, lograremos abastecer 506 tiendas de energía renovable, ayudando de esta forma a reducir las emisiones de CO2 y seguir impulsando el cuidado del medio ambiente”, comentó Rodrigo Benet Córdova, director de Planeación Estratégica y Comunicación.
Por su parte, Gerónimo Gutiérrez Fernández, director gerente del BDAN, señaló que “El BDAN sigue impulsando proyectos de energía limpia y renovable en Tamaulipas, así como a lo largo de la zona fronteriza de México con los Estados Unidos”, en referencia a los créditos de $40 millones de dólares otorgados por dicha institución para cada uno de los proyectos.
Por espacio de tres horas integrantes de la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM), bloquearon la calle oriente 10, justo afuera de la Delegación de Política Regional para exigir frenar las amenazas del gobierno para despojar a los ejidatarios de sus tierras y concretar el proyecto de la Hidroeléctrica de Naranjal, que para ellos solo traerá contaminación al agua.
“Más de 10 mil familias estarán siendo afectadas con este proyecto de la Hidroeléctrica, que a toda costa quieren construir, en Zapoapan (Ixtaczoquitlán) ya llevan el 70 por ciento de los terrenos adquiridos, quieren construir la presa a toda costa sin importarles la contaminación que provocan a los manantiales de agua”, señalo, Ignacio Romero Carrera, integrante del TINAM
Puntualizo que dicho proyecto afectara a las comunidades de Zapoapan y Fresnal, como a todo el municipio de Naranjal, afectando principalmente al manantial Ameyal, del cual se abastece el 80 por ciento de la población.
Por otra parte los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, mencionaron que entregaran un pliego petitorio al delegado de Política Regional, Marcelo Cervantes Huerta, para que sea conducto y los entregue a las dependencias de la SEDESOL y la CDI, ya que están pendientes algunos proyectos productivos para la población.
“Queremos que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) cumplan con los proyectos productivos que ya hemos solicitado con anticipación y que hasta la fecha no hay nada claro”, señalaron.
Zacatecas, Zacatecas.- Hay un riesgo inminente con el recorte presupuestal de los apoyos que se pudieran tener al presupuesto para el fin de año, con lo que apoyos extraordinarios para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y para los Ayuntamientos están en riesgo, reconoció el Secretario de Finanzas del Estado, Fernando Soto Acosta.
La federación no tendrá los mismos recursos que tuvo en 2014, entonces está platicando con la Secretaría de Hacienda para determinar cuáles son los ajustes que se tienen que hacer al interior de del estado y los municipios.
Es una situación complicada porque hay una situación económica difícil al interior, tanto de la UAZ como de los municipios.
El gasto social será el privilegiado, serán los gastos que se tendrán que cuidar y donde el Gobernador Miguel Alonso Reyes, siempre ha buscado permanecer con el mismo gasto, o que al menos no se vea tan afectado como algunos otros rubros como inversión en algunas obras o en algunos gastos que no sean necesariamente importantes para el estado.
No se tiene determinado el recorte en el presupuesto que pudiera venir el año entrante, se está hablando de que se tienen que esperar las primeras proyecciones que pueda proporcionar la Secretaría de Hacienda, según la reducción de ingresos que ellos prevean para el año 2016 en base a los efectos que tendrá la disminución del precio del petróleo.
Las demandas de los jornaleros no han cambiado a lo largo de los años, y como novedad se suman las denuncias de acoso sexual de mayordomos a las mujeres trabajadoras, afirmó Everardo Garduño, miembro del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y autor del libro Mixtecos en Baja California: el caso de San Quintín.
Señaló que las comunidades indígenas migrantes que han logrado establecerse en la región tienen los mismos derechos de demandar mejores condiciones de vida que cualquier otro ciudadano de la entidad, pero la actitud del gobierno ha sido de soberbia, porque no encara el problema, no le interesa la solución y tampoco le da el peso que debería tener.
Garduño destacó que la movilización de las agrupaciones de jornaleros en el valle de San Quintín sólo se entiende con la independencia de vivienda y la creación de nuevos asentamientos que han logrado construir los campesinos, a través de luchas que les han otorgado la libertad de acción y de organización.
Señaló que es prácticamente imposible el ordenamiento de campesinos, porque existe la figura del mayordomo –una especie de policía interno–, quien está al tanto de todo lo que ocurre. De ahí que en las colonias de asentados sea donde puede retomarse la organización de los jornaleros; allí se empieza a conformar el movimiento de lucha unificada del pueblo triqui, donde retomó fuerza la Central Independiente de Obras Agrícolas y el poder de la colonia Maclovio Rojas.
Historia mixteca
A 20 años de haber llegado a esta región –aún adolescente y proveniente de San Martín Peras, Oaxaca–, la mixteca Gloria Gracida Martínez advierte que en la actualidad se siguen viviendo las mismas injusticias: “es lamentable que no han cambiado las vejaciones que viven mis compañeros jornaleros; lo peor es que no cesan los acosos y violaciones sexuales de parte de los mayordomos a las mujeres.
Llegamos con muchas ilusiones, motivadas por la pobreza que vivíamos en nuestros pueblos; ha sido mucho el esfuerzo por salir adelante, comentó en entrevista y agregó: en un inicio estaba como la mayoría de los niños que llegan a San Quintín, que sólo hablaba un idioma, el mixteco, por lo que me costaba el doble de trabajo entender las cosas en la escuela y el trabajo.
Gracida Martínez arribó en la década de los noventas a Baja California, en busca de mejores condiciones de vida y con el anhelo de salir de la pobreza, porque los campos agrícolas de Oaxaca son de los peor pagados del país.
Ella llegó con su familia –integrada por 12 hermanos y sus padres– a trabajar de manera temporal, porque después pensaban regresar a su tierra natal, pero las empresas y mayordomos que los contrataron no les cumplieron lo prometido y tuvieron que ir postergando su proyecto. Con el tiempo, las niñas más pequeñas se convirtieron en jornaleras.
Durante cinco años trabajó por más de 12 horas diarias en la pizca de la fresa y el jitomate, hasta que sus estudios la llevaron a laborar sólo medio tiempo y después dedicarse a terminar su educación. Recibió la beca Ford, dentro del Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas, y es maestra en investigación por la Universidad Iberoamericana.
Por fortuna, formo parte del 0.2 por ciento de indígenas que escapó del analfabetismo, del trabajo infantil, de la explotación, y precisamente por eso, desde donde esté, voy a alzar la voz para que niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades que yo, indicó.
La indígena mixteca integró la caravana de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, que recorrió Baja California para hacer visible el movimiento de jornaleros que exigen mejores condiciones laborales y abatir el rezago social de las comunidades del sur de Ensenada.
Tercera generación
El académico de la UABC Heriberto García García, quien fue procurador de los derechos humanos en Baja California, señaló que existe la creencia de que los trabajadores del campo en San Quintín son migrantes, pero advirtió que la mayoría son radicados en la entidad, y ya existe una tercera generación.
Comentó que los rancheros y agroindustriales dan de alta a los jornaleros para que obtengan un número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero al mes los dan de baja, lo que representa una grave omisión de la dependencia y de la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los trabajadores reciben atención médica, pero no tienen seguridad social; los patrones se aprovechan, y el problema es que juegan con las altas y bajas del IMSS, afirmó.
El especialista dio a conocer que existe una grupo de indígenas que se encuentra en la incertidumbre, sin seguridad social, puesto que el padrón del IMSS señala que hay 26 jornaleros inscritos, mientras que los patrones y los diferentes sindicatos aseguran que hay 50 mil, pero los trabajadores afirman que son 80 mil.
COLIMA, Col., (apro).- Habitantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán denunciaron que la empresa minera Peña Colorada pretende despojarlos de sus tierras para utilizarlas como depósito de desechos ferrosos.
Félix Monroy Rutilo, habitante de Los Potros y representante de los poblados en resistencia, informó que el pasado miércoles 1 personal de la compañía minera, escoltado por elementos de la policía municipal de Minatitlán trató de introducirse a las comunidades, pero decenas de habitantes bloquearon el camino y, entre jaloneos y empujones, les impidieron el paso.
En entrevista vía telefónica, Monroy señaló que a consecuencia de esos hechos existe una orden de aprehensión en su contra.
Aunque el conflicto data de varios años atrás, se reactivó a partir del 11 de febrero pasado, cuando trabajadores de Peña Colorada derrumbaron con maquinaria pesada dos viviendas en la comunidad Puertecito de las Parotas, con el propósito de acondicionar el terreno para tirar los desechos mineros.
Los inmuebles colapsados son propiedad de los hermanos José Luis y Jesús Ramos Gerardo, quienes viven en ese lugar con sus familias y se dedican a la agricultura y la ganadería.
A partir de entonces los lugareños establecieron un plantón para bloquear el paso a la maquinaria de la empresa.
José Luis Ramos Gerardo dijo que en varias ocasiones se entrevistó con representantes de Peña Colorada, quienes le ofrecieron 200 mil pesos para que deje un predio de más de 50 hectáreas.
No obstante, señaló que para dejar sus tierras la empresa tendría que pagarle al menos 100 mil pesos por hectárea para tener la posibilidad de comprar un terreno en otro lugar y seguir trabajando para sostener a su familia, conformada por ocho hijos.
El conflicto se generó a partir de que el 22 de julio de 2012 la directiva del ejido Ayotitlán, Jalisco, firmó con Peña Colorada un convenio de ocupación temporal de una superficie de 801 hectáreas de esa zona para el depósito de sus desechos de mineral durante una década.
Según el documento, a cambio del usufructo de las tierras el ejido recibiría de la empresa una renta anual de 14 millones 418 mil pesos, además de un pago único de 8 millones como compensación por el valor de los bienes distintos a la tierra.
En una fracción de ese inmueble se encuentran las comunidades El Mameycito, Los Potros y Puertecito de las Parotas, entre otras, donde viven campesinos de la etnia nahua otomí, quienes nacieron ahí y desde hace varias décadas realizan sus actividades agropecuarias en la zona.
El tema de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, no es el único que muestra las precarias condiciones en las que trabaja este sector de la población en México. Organizaciones civiles han documentado en los últimos años una serie de abusos sin que nadie haga nada por mejorar su situación.
Entre los casos documentados destacan maltratos, violencia, falta de acceso a prestaciones básicas y el trabajo infantil. De 2007 a la fecha, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha registrado la muerte de 40 niños jornaleros o hijos de jornaleros.
La indiferencia hacia este sector, según representantes de organizaciones civiles, es una muestra de que al gobierno, en todos sus niveles, simplemente no le interesa solucionar el problema, pues se siguen registrando los abusos a sus derechos humanos más elementales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas, 40 por ciento de ellos indígenas y la mitad provenientes de los estados más pobres del país. Junto con sus familias representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas para las que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales son condiciones que los hacen vulnerables de ser explotados en los campos agrícolas del país.
Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Las precarias condiciones laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes mantienen un paro de labores desde el pasado 17 de marzo, no son un caso único ni reciente en el país, ni mucho menos desconocido.
Desde hace varios años, distintos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han hecho eco de las denuncias de trabajadores del campo sobre la explotación laboral que padecen en ranchos agrícolas, en donde las jornadas extensas, los pagos miserables, el trabajo infantil, las amenazas, el desdén y el maltrato de los empleadores hacia los trabajadores y sus familias son problemas persistentes y reiterados.
Para las autoridades, tanto federales como locales, esta situación tampoco es desconocida, e incluso ha habido casos en los que han intervenido para “rescatar” a los jornaleros, como ocurrió recientemente primero con los 200 jornaleros indígenas rarámuris que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encontró en dos ranchos en Comondú, Baja California, y días después con 49 jornaleros indígenas mixtecos en Colima.
Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, presumió que el “rescate” de los 200 jornaleros rarámuris en Comondú se había hecho a partir de denuncias de jornaleros que habían logrado escapar, pero de acuerdo con el semanario tijuanense Zeta, lo que detonó la investigación fue un texto periodístico del reportero Arturo Rodríguez Corona, quien encontró deambulando a una pareja de jornaleros que habían huido de uno de esos ranchos por el abuso laboral y el intento de abuso sexual que uno de los patrones tuvo hacia ella.
No hace mucho, en junio de 2013, también se había difundido la noticia de un “rescate” de 275 jornaleros agrícolas en Jalisco, a quienes la empresa Bioparques de Occidente, con sede en Sinaloa, explotaba, pagándoles entre 50 y 60 pesos al día, alimentándolos sólo con arroz y frijoles y dejándolos dormir en el piso, según consignó entonces la prensa.
Unos meses antes, en octubre de 2012, desde Chiapas, el presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Olegario Carrillo Meza, había denunciado que en las fincas cafetaleras de ese estado los jornaleros, indígenas mexicanos y migrantes guatemaltecos, eran explotados laboralmente y vivían abusos y discriminación. En el caso de los migrantes, su situación se complicaba por la falta de una estancia regular, lo que hacía que aceptaran cualquier condición de trabajo. En algunos casos se veían obligados a hacerlo, pues los patrones les retiraban sus documentos de identidad hasta terminar el plazo de trabajo acordado.
Ese mismo año, SinEmbargo documentó que en los viñedos de Hermosillo, Sonora, los jornaleros que pizcaban uva en el rancho Campo Nuevo cobraban 1 peso con 50 centavos por cada cubeta de 20 kilos de fruta. Según los jornaleros, esa era la tarifa que los dueños pagaban desde hacía una década. Sus jornadas de trabajo comenzaban desde las 6 de la mañana y duraban hasta las 5 de la tarde. Los niños trabajaban en las mañanas y por las tarde iban a la escuela. Los jornaleros vivían en galeras, sus hijos estaban desnutridos, dormían en literas de fierro sin colchón o debajo de árboles.
Otro caso reciente se conoció en julio de 2014, cuando una camioneta que transportaba a 42 jornaleras y jornaleros agrícolas, originarios de comunidades indígenas de Guerrero, se volcó cuando se trasladaba del rancho “El Ebanito”, en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, al sitio donde los trabajadores rentaban unos cuartos para vivir durante el tiempo que duraría la cosecha y, por lo tanto, su empleo en el rancho.
Su trabajo en el rancho consistía en cortar chile serrano con las manos hasta llenar cubetas de 20 litros. Para hacer esa tarea, los jornaleros no contaban con equipo de trabajo como guantes, cubrebocas o calzado especial. Su jornada de trabajo era de entre 10 y 14 horas pero ésta podía extenderse hasta que terminaran de llenar la cantidad de arpillas que se les indicaba, o si eran trasladados a otro rancho.
Por cada arpilla que llenaban, les pagaban 20 pesos. Su trabajo no era constante, sino que dependía de los días en que fueran requeridos por el productor.
Entre los pasajeros de la camioneta accidentada iban adolescentes y niños. Dos de ellos, uno de seis y otro de ocho años, murieron. Los dos trabajaban en la pizca, junto con sus padres. En el accidente también falleció un jornalero de 40 años. Las víctimas del accidente habían migrado apenas unos días antes a San Luis Potosí, para emplearse como jornaleros temporales.
Tampoco fue ese el único caso que involucró a menores de edad.
El 6 de enero de 2007, David Salgado Aranda, de 8 años, quien trabajaba en Agrícola Paredes, Sinaloa, cortando tomates, fue atropellado por un camión recolector cuando tropezó en uno de los surcos. Pese a que los familiares del niño interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público de Culiacán, la empresa hizo firmar a los jornaleros un otorgamiento de perdón al momento de contratarlos y ya poco pudo hacerse.
Estrella, una bebé de 11 meses, falleció calcinada en un viñedo de la estación Pesqueira, en San Miguel de Horcasitas, Sonora, el 23 de mayo de 2008. La menor se encontraba en una cuna de cartón, dentro de una habitación de lámina del mismo material con otros 14 niños, en una improvisada guardería. Los menores estaban al cuidado de una chica de 16 años.
Silvia Toribio murió en octubre de 2010, a los cinco meses de nacida. La atropelló un tractor recolector de tomate. La bebé estaba dentro de una caja de plástico que funcionaba como cuna, la cual se encontraba en uno de los surcos.
Ese mismo año, unos meses antes, en julio, había fallecido Flora Jacinta, una pequeña de cuatro años, en Agrícola San Ramón, Sonora. La niña murió envenenada con plaguicidas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que desde hace una década ha denunciado las condiciones de explotación y abusos que padecen los jornaleros agrícolas, de 2007 a la fecha han muerto al menos 40 niños jornaleros agrícolas o hijos de jornaleros.
El caso más reciente ocurrió apenas el pasado 14 de marzo –dos días antes de que la STPS “rescatara” a los 200 jornaleros en Baja California– en Villa Unión, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.
Ahí, Arturo de los Santos Catalán, de 7 años, fue atropellado por una camioneta del programa federal Cruzada contra el Hambre, que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando el niño se encontraba jugando en una angosta calle cercana a la vivienda que su familia rentaba temporalmente mientras se empleaba como jornalera. El primo de Arturo, Gabriel García Félix, de 5 años, resultó lesionado, de acuerdo con Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora del área de Migrantes de Tlachinollan.
Unos días después, el 17 de marzo, mientras el cadáver del niño Arturo era velado en su natal Guerrero. En el Valle de San Quintín, Baja California, miles de jornaleros iniciaron un paro laboral y bloquearon la carretera Transpeninsular en Baja California en demanda de mejores condiciones laborales.
Los dirigentes del paro, agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social han recordado que desde octubre del año pasado entregaron a las autoridades su propuesta de fijar en 300 pesos su jornada laboral. La propuesta fue entregada al gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco “Kiko” Vega, así como a los delegados de la STPS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Pero los jornaleros no obtuvieron respuesta alguna.
Por eso, hace poco más de dos semanas alrededor de 30 mil jornaleros iniciaron un paro de labores. Al día siguiente de que comenzó el bloqueo carretero, se registraron enfrentamientos entre trabajadores y policías municipales, estatales y federales, así como elementos del Ejército. Más de 200 personas fueron detenidas; la mayoría de ellas fueron liberadas bajo reserva de ley, acusadas de ataques a las vías de comunicación.
Para intentar llegar a un acuerdo, los jornaleros accedieron a modificar su demanda original y fijar en 200 pesos el pago por jornada laboral, así como un monto de 20 pesos por caja de fresa pizcada. Sin embargo, la nueva propuesta fue rechazada por el gobierno de Baja California y desde el pasado viernes 27 de marzo se suspendió la mesa de diálogo.
Mientras el movimiento jornalero se mantiene en vilo, los días pasan si que haya sancionados por el caso de los 200 jornaleros de los ranchos de Comondú, como denunció el pasado 1 de abril el semanario Zeta.
PROBLEMA PERSISTENTE
La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Junto con sus familias, representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas. De los más de 2 millones, 762 mil 265 son jornaleros migrantes.
Más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, según datos de las organizaciones Enlace y Voces Mesoamericanas, que forman parte de la Red de Jornaleros Internos. Se trata de entidades con bajos niveles de escolaridad, alimentación y falta de infraestructura. Además, señala la Red, el 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral.
La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años, aunque el 43.6 por ciento se concentraba entre los 18 a 45 años. Según esa misma encuesta, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo.
El 60.9 por ciento trabaja seis días a la semana y casi el 14 por ciento, lo que representa a uno de cada siete, trabaja todos los días.
En un comunicado emitido en los últimos días de marzo, la Red de Jornaleros Internos apuntó que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas son algunas de las condiciones que favorecen la vulnerabilidad de los derechos de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes.
Tal situación de vulnerabilidad es aprovechada por quienes los contratan para dar escasas o de plano nulas condiciones adecuadas de trabajo, coinciden el secretario técnico de la organización Respuesta Alternativa, Jesús Carmona, y Nemecio Nemesio, de Tlachinollan.
“La mano de obra que se emplea es barata, reciclable, altamente rentable y desechable, por tanto es una mano de obra que se tiene que mantener, es conveniente mantener así”, sentencia Carmona, cuya organización trabaja con la población jornalera agrícola del altiplano de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, hace seis años había mil 352 unidades empleadoras de jornaleros agrícolas. Los cultivos en los que trabajaban eran de caña, tomate rojo, café, naranja y mango, manzana, calabacita, tomate verde, chile, melón, uva, durazno, piña, plátano y tabaco, siendo los que más empleaban a jornaleros el del tomate rojo (23 mil 305 jornaleros), la uva (13 mil 411) y la caña (8 mil 425).
A decir de la Red, la mayoría de los jornaleros establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo. Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece jornadas laborales de ocho horas, los jornaleros agrícolas trabajan hasta 15 horas al día.
Además, más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. Todo ello a pesar de que los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales problemas que los jornaleros sufren, de acuerdo con la Red.
La vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse de 500 a 3 mil trabajadores; en otros casos, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o de plano en ruinas, en donde viven de 20 a 100 personas, como documentó Tlachinollan.
La organización Respuesta Alternativa ha registrado el caso del altiplano potosino donde más del 90 por ciento de los campos agrícolas no cuentan con viviendas habitables y la mitad carece de baños y regaderas. Lo mismo ocurre en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Colima, Nayarit, Morelos y el Estado de México, de acuerdo con la Red.
Respecto a los menores de edad, la encuesta oficial estimaba que para 2009 había al menos un millón 58 mil 63 niños y adolescentes trabajando en el sector agrícola y que por lo menos 400 mil de ellos recibían un pago por su trabajo. Asimismo refería que el 39.1 por ciento de la población jornalera agrícola era menor de 18 años.
“Estas graves condiciones de vida y de trabajo son toleradas diariamente por las y los Jornaleros Agrícolas tanto hombres, mujeres, como niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a la sistemática violación a sus derechos humanos por parte de los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos o fincas”, señaló la Red en su comunicado.
Y agregó: “Frente a esta situación de abusos, el gobierno ha sido omiso y ha mostrado cierta negligencia al abordar esta problemática, y en ocasiones cómplice de las condiciones de semi-esclavitud y de explotación laboral a las que se tienen atados a las y los Jornaleros Agrícolas.”
AUTORIDADES OMISAS
A decir de Nemecio, el tema de los jornaleros agrícolas no es un tema prioritario para el gobierno mexicano. Prueba de ello, considera, es lo que ha pasado con el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), dependiente de la Sedesol, que se supone está orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de la población jornalera.
El PAJA existe desde hace más de 20 años, pero “lo han venido diluyendo”, señala Nemecio. “Se ha reducido su presupuesto, ha perdido el enfoque que tenía, que si bien no era integral, era de cierta atención”.
Tlachinollan señaló en un informe sobre mujeres jornaleras que el PAJA ha sido modificado varias veces desde su creación en 1989. En 2009, sus objetivos se redujeron considerablemente y desde hace algunos años se ha adscrito a la misma dirección de la Sedesol que maneja otros programas asistenciales de Setenta y Más y Empleo Temporal. Eso ha significado multiplicar las actividades del personal a cargo de asistir a la población jornalera y ha intensificado la orientación del programa hacia un perfil de transferencia de recursos.
El centro de derechos humanos, que durante años ha monitoreado el PAJA, refirió en su informe que el programa “dejó de comprometerse con la promoción social en los campos agrícolas orientada hacia la mejora efectiva de las condiciones de vida de las y los jornaleros, para orientarse hacia un esquema donde lo prioritario es la transferencia de recursos monetarios y la certificación de capacidades y competencias laborales de la población jornalera, así como la instauración de estrategias para apoyar los procesos de certificación empresarial, en coordinación con otros programas”.
A la par que se ha descuidado ese programa, la STPS fomenta la movilidad laboral, critica la defensora de derechos humanos de la población jornalera agrícola.
A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), la STPS apoya la movilidad de los jornaleros agrícolas al ayudarlos con el traslado y la vinculación con las vacantes. De acuerdo con el informe de labores 2013-2014 de la dependencia, de enero a junio de 2014 el SNE apoyó a 69 mil 413 personas en el sector agrícola.
El mismo informe refiere que de septiembre de 2013 a junio de 2014, la STPS “evaluó” a 8 mil 56 jornaleros agrícolas para certificarlos “es estándares de competencia de cosecha de hortalizas, cítricos y caña de azúcar” en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. La mayoría de esos estados están entre los señalados por las organizaciones de la Red donde han detectado explotación laboral.
Dentro de la STPS desde el sexenio calderonista estableció el Grupo de Coordinación Interinstitucional, que la dependencia preside y en el que participan los 27 grupos de coordinación estatal instalados para la atención de los jornaleros agrícolas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Al frente de ese grupo está la STPS, encargada de diseñar una estrategia para la atención de la población jornalera. Se trata de una estrategia que involucra a los tres órdenes de gobierno y según la STPS de septiembre de 2013 a junio de 2014 se realizaron 66 reuniones de trabajo, incluidas 36 reuniones de los grupos de coordinación.
En su informe la STPS también refirió que en enero de 2014 había entregado 76 Distintivos Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, en igual número de centros de trabajo, y que de enero a junio visitó 77 campos agrícolas y dictó mil 331 medidas de seguridad, sin especificar en qué consistieron dichas medidas.
Carmona apunta que si bien la STPS tiene una responsabilidad mayúscula en el tema de los abusos a jornaleros agrícolas, porque le compete vigilar el cumplimiento de la ley laboral, no es la única instancia involucrada.
A nivel federal, el IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen la obligación de supervisar la regulación de las empresas contratistas y vigilar que éstas cumplan con sus obligaciones como empleadoras; a la Sedesol le corresponde la operación del PAJA, mientras que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde la operación de los programas escolares para hijos de jornaleros migrantes. Además, los gobiernos estatales y municipales también son responsables de evitar operaciones irregulares de empresas y de vigilar que no haya trabajo infantil.
“Pero pareciera que esto no funciona”, dice el representante de la organización Respuesta Alternativa. “Todo esto propicia que sea una industria muy poco regulada”.
INSPECCIONES LAXAS
En su apartado sobre Trabajadores del campo, la Ley Federal del Trabajo, vigente desde diciembre de 2012, contempla obligaciones que tienen los patrones respecto a la población jornalera, como: pago de salarios que no exceda una semana; otorgar habitaciones adecuadas e higiénicas de forma gratuita; mantenimiento del buen estado de las habitaciones; proporcionar agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.
Asimismo la ley obliga a contar con medicamentos y material de curación en los lugares de trabajo; proporcionar asistencia médica o trasladar a los trabajadores a lugares con servicio médico; fomentar la alfabetización; seguro de vida para los traslados; proporcionar transporte gratuito, cómodo y seguro; brindar servicios de guardería; usar intérpretes cuando los trabajadores no hablen español; llevar un registro de los trabajadores eventuales y estacionales que se contraten cada año; pagar al término de la temporada agrícola las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación.
Para asegurar que estas condiciones se cumplan, la STPS cuenta con el Programa Anual de Inspección (PAI), el cual prioriza los centros de trabajo de alto riesgo o que no tengan antecedentes de inspección, como son los campos y empresas agrícolas.
El informe de Tlachinollan señala que una deficiencia de estas inspecciones es que no contemplan la inspección de las condiciones de las viviendas y la zona de albergues, estancias infantiles, módulos de salud o aulas escolares, además de que las visitas de inspección “son en exceso laxas; no se traducen en procedimientos administrativos expeditos; y no desembocan en multas por montos que verdaderamente inhiban la repetición de las violaciones”.
El centro de derechos humanos solicitó en 2012 información respecto a las inspecciones en distintos estados. La información, consignada en su informe, permite ver que, por ejemplo, la delegación de la STPS en Sinaloa -el estado que más jornaleros de la Montaña guerrerense recibe- refirió que durante 2012 realizó sólo 29 visitas de inspección, es decir menos de tres por mes. Ninguna de esas inspecciones había derivado en sanciones al momento de hacer el informe (2013), pues la STPS reportó que todas se encontraban “en análisis”.
La delegación Morelos informó que sólo había realizado 6 visitas de inspección y ninguna de ellas había derivado en sanciones “ya que se realizó emplazamiento de medidas de seguridad e higiene”.
La delegación Guanajuato refirió que había realizado sólo 4 visitas; para cuando se hizo la solicitud de información (julio de 2012) todas estaban “pendientes de resolución”.
En Chihuahua se hicieron 16 visitas de inspección, tres de las cuales derivaron en multas de 24 mil 813.6 pesos; 13 mil 293 pesos y 11 mil 520 pesos, mientras que en Baja California la STPS no realizó ninguna inspección ese año. En Baja California Sur se hicieron 16 visitas y sólo 5 derivaron en multas, la mayor de ellas por 26 mil 178.6 pesos.
En Michoacán se hicieron tres inspecciones en un año, sin que derivaran en multas. En Zacatecas sólo se hizo una visita, en donde la STPS refirió que no hubo multas “en vista del cumplimiento total de las medidas, no existieron violaciones”.
Nemecio, quien trabaja en Tlachinollan, dice que una deficiencia de las inspecciones es que no se hacen de forma sorpresiva, sino que se avisa
a las empresas previamente.
“Sí hacen cambios en el momento en que saben que van a ir a hacer una inspección. Las condiciones del campo cambian: les ponen agua, les ponen sanitario, les dicen [a los jornaleros] que digan que están bien, cuando sabemos que no es así porque así lo hemos documentado”, refiere.
Otro problema, agrega, es que la STPS suele justificar la falta de vigilancia de los ranchos agrícolas argumentando que no tiene suficiente personal para realizar inspecciones.
Una tercera deficiencia en las inspecciones es la laxitud de su marco normativo, de acuerdo con Nemecio.
“No ha habido una modificación al marco normativo para hacer inspecciones aleatorias o sin avisos, para revisar viviendas, condiciones laborales, guarderías, que no sólo se deje a nivel estatal, que no se hagan sólo sanciones administrativas en lugar de multas”, plantea.
Para Carmona, la laxitud en los mecanismos de regulación y vigilancia de las empresas que contratan a jornaleros agrícolas es deliberada.
Sin embargo, considera que se trata de un problema complejo, en el que parte de la responsabilidad también recae en quienes compran los productos provenientes de esas empresas explotadoras y quienes los consumen.
“Es una historia invisibilizada [la de los jornaleros], a veces el consumidor desconoce estas realidades o no las quiere ver también, pero ahí hay responsabilidades muy concretas hacia quien le compra la producción y hacia quien la consume”, expresa.
“Es un tema que se muestra complejísimo, muy amplio, pero creemos que hay al menos mínimos mecanismos que se pueden echara a andar y que en alguna medida pueden incidir positivamente en las condiciones laborales de los jornaleros. Si bien la Ley Federal del Trabajo no es la mejor, sí se contemplan algunas cosas que si se cumplieran y si las entidades responsables de hacerlas cumplir verdaderamente así lo hicieran, incidirían concreta y positivamente en la vida diaria del jornalero”.
EMPRESAS Y POLÍTICOS
Jornaleros reportan perdidas Foto: ZETA
En San Quintín se estima que las pérdidas por el paro de los jornaleros superan los 55 millones de dólares. Foto: ZETA
Uno de los problemas vinculados a la falta de regulación y vigilancia de los ranchos y empresas agrícolas es la relación de sus dueños con los grupos políticos locales. En ocasiones, ni siquiera se trata de relaciones de cercanía, sino que los políticos son también empresarios.
“Donde hay dinero hay demasiados intereses y se mezclan los actores”, apunta Carmona.
Nemecio dice que han constatado que las inspecciones no se llevan a cabalidad precisamente por los nexos entre los empresarios agrícolas y los gobiernos municipales o estatales, o entre éstos y las empresas trasnacionales con las que comercian los productos.
Menciona a modo de ejemplos los casos de Chihuahua, Guanajuato y Morelos, en donde afirma que hay empresarios agrícolas relacionados con el gobierno. Sin embargo, aclara, no es exclusivo de estas tres entidades, pues la misma situación ocurre en los 19 estados donde las organizaciones de la Red tienen detectados casos de explotación laboral de jornaleros agrícolas.
“Este tipo de relaciones tienen una fuerte articulación en que efectivamente las inspecciones no se hagan de manera tan rigurosa, o si se sabe, se hacen denuncias pero no trascienden porque las personas que están detrás de estos ranchos tienen más peso”, refiere.
Un problema asociado a este tema es que la información sobre los dueños de los ranchos donde trabajan los jornaleros suele ser complicada de obtener, según la organización Respuesta Alternativa.
Por una parte, eso se debe a que la mayoría de los jornaleros desconoce el nombre real de los propietarios o se rumora que el dueño es uno cuando en realidad se trata de otra persona. Por gro lado, no existe un registro claro de los ranchos ni del régimen de propiedad que los rige, es decir si son propiedades del productor, son terrenos rentados, si son ejidales, o si son particulares.
El caso de los jornaleros rarámuris “rescatados” en Comondú puso este aspecto en el debate público, al atribuirse la propiedad del rancho “El Cerezo”, uno de los ranchos donde fueron encontrados los jornaleros, al ex Presidente Vicente Fox Quesada.
La STPS informó que los indígenas eran explotados en ese rancho, viviendo en condiciones insalubres y hacinados, y que había 13 menores de edad.
Tras difundirse la posible relación del rancho con el ex mandatario, el 20 de marzo el titular de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, Victor Torres Moreno, aseguró en un comunicado que el rancho, cuya razón social identificó como “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, no registraba a ningún apoderado apellidado Fox y excusó a la STPS de indagar más sobre los propietarios del rancho.
El vínculo con Fox Quesada se originó porque el domicilio fiscal del la productora “El Cerezo” se ubica en el kilómetro 13 de la carretera León-Cuerámaro, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se encuentra la ex hacienda de San Cristóbal, un hotel boutique, un restaurante y la procesadora de alimentos “El Cerrito”, propiedad de los hermanos José, Mercedes y Vicente Fox Quesada.
En esta confusión, el delegado de la STPS en León, Guanajuato, Ángel Arellano, declaró a los medios que la empresa involucrada en la contratación de los jornaleros era “El Cerrito”, cuya propiedad es de los Fox Quesada.
ENGANCHADORES, LA JUSTIFICACIÓN
Tras la polémica que causaron los anuncios de “rescate” de jornaleros en Baja California y Colima, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Navarrete Prida, habló de un supuesto vínculo entre las personas que llevaban a los jornaleros a los campos agrícolas y el crimen organizado.
Nemecio considera lamentables las declaraciones del funcionario, pues distingue entre los “enganchadores” criminales, que engañan a los jornaleros con promesas falsas de trabajo, y los mayordomos, que son elegidos como representantes por las comunidades de jornaleros e incluso pueden tener una relación de parentesco con algunos de ellos. Dice que los mayordomos son la única figura de interlocución de los jornaleros con los empresarios o algún representante del empresario.
“Lo que queda de manifiesto con ese tipo de afirmaciones es que delega completamente la responsabilidad que hay por parte del Estado mexicano y de las autoridades que tienen competencia de vigilar y de darle seguimiento a estos temas […]. El diluir y adjudicar estas condiciones de semiesclavitud a enganchadores asociados al crimen organizado se me hace completamente desatinado, porque entonces ¿cuál es el papel que juega la STPS?”, critica.
En el mismo tenor se expresa Carmona, quien apunta que dentro de la Ley Federal del Trabajo existe un reglamento para las entidades que se dedican al reclutamiento. Su operación es responsabilidad de la STPS.
“¿Por qué este reglamento no se aplica? Es la gran pregunta”, dice. “El enganchamiento es un tema muy oscuro, porque pareciera que son mafias, ligas que se comunican a través del país y saben a dónde van a enganchar, a dónde van a ir a trabajar, saben dónde hay trabajo, saben cuándo es la temporada de cada cosa, y saben exactamente a dónde llegar, a quién llevarse y a dónde llevarlos. Entonces es una situación muy oscura pero de ninguna manera es sólo responsabilidad del enganchador: hay un reglamento que existe y no se aplica”.
EL FUTURO DE SAN QUINTÍN
Desde San Luis Potosí y Guerrero, los dos defensores de los derechos humanos de los jornaleros coinciden en que el caso de San Quintín era algo que iba a ocurrir en cualquier momento, ante la sistemática violación de los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.
“Lo que piden no es demasiado, es lo mínimo si tuvieran un contrato, sus exigencias son mínimas”, considera Nemecio. No obstante de lo justas y elementales que son sus demandas, dice, “lo que vemos por parte de la autoridad es que estos mínimos los quieren agotar, no hay un reconocimiento a la situación de la exigencia de derechos básicos para los trabajadores y creemos que estirar tanto una negociación es una forma de no querer reconocer [sus demandas]…Vemos que la situación la están alargando mucho como para agotarlos”.
La realidad oculta y persistente que los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín están develando es una forma de decir “Ya basta”, opina Carmona.
“Pero ante una cerrazón oficial y una muy poca colaboración de los niveles de gobierno es complicado que el movimiento de los jornaleros prospere”, sopesa. Se refiere a la postura del gobernador Vega, quien ha declarado que el problema no le compete.
“Pero yo espero que al menos en la mayoría de la opinión pública quede el tema ahí y que en un momento dado no se pierda. Yo sí espero que San Quintín, y no nada más San Quintín, [sino] Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, donde hay este tipo de industria, la gente comience a voltear hacia esa realidad, espero que así sea […]. Es un tema que necesita atención urgente y directa”.
Con una inversión cercana a los 140 millones de dólares, Tamaulipas pondrá en marcha el primer proyecto de energía eólica que iniciará operaciones en Reynosa.
El gobernador Egidio Torre Cantú anunció que este proyecto se pondrá en marcha en el ejido “El Porvenir”, este próximo miércoles, y confirmó que el inicio de operaciones será presidido por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Explicó que es el primero de una serie de proyectos para la generación de energía de este tipo, ya que Tamaulipas “tiene extraordinarias características para la generación de energía eólica”.
“Es una inversión muy importante, una inversión que supera los 130 a 140 millones de dólares, y lo importante es el poder utilizar las capacidades de nuestro estado para ayudar a las energías limpias, el hecho de empezar a generar mediante el uso del viento, energía eléctrica, tiene muchas ventajas para nuestro estado”, comentó.
Dijo que en Tamaulipas, además de las energías limpias, hay proyectos como los de Petróleos Mexicanos de yacimientos en las costas del Golfo de México, frente a Matamoros y la explotación de la Cuenca de Burgos.
Torre Cantú informó que durante esta misma jornada de trabajo por el municipio de Reynosa, se pondrá en marcha de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre
Este miércoles fue aplazada la audiencia de los presos políticos Adán y Paul Xicale, porque no estuvo presente el perito que tenía la única función de meter el disco compacto a una computadora para la revisión de una videograbación.
La audiencia estaba programada a las 10:45 horas en el juzgado penal de Cholula y se pospuso para nuevo aviso.
La defensa legal explicó que esto se debió a que de última hora el agente del Ministerio Público presentó el escrito para la participación de un perito, difiriendo finalmente la audiencia.
Josué Xicale argumentó que el perito es de poca relevancia, pues su única labor es meter el disco que contiene la videograbación a la computadora.
El hijo de Adán y hermano de Paul señaló que tal acción fue tomada como una práctica dilatoria de las autoridades judiciales.
Incluso al mediodía de este miércoles, la nueva juez no había dado fecha a la defensa legal de Adán y Paul para poder reponer la audiencia.
“Con la presentación del video se iban a desahogar pruebas en las que se da de manifiesto que el movimiento en Cholula es pacífico, en defensa de la pirámide y la reinstalación del registro civil en las juntas auxiliares como parte de nuestros derechos constitucionales”, informó el hijo de Adán Xicale.
El declarante expuso que se comunicará con representantes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), pues el pasado lunes sostuvieron una reunión como parte de las mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno, donde se comprometieron a no obstaculizar el proceso legal de los Xicale.
Las mesas de negociación se instalaron desde enero pasado para dar salida a un primer bloque de nueve presos políticos, de los cuales tres ya están en libertad condicionada.
Se trata de Juan Carlos Flores Solís, opositor a la instalación del gasoducto Morelos, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Valencia, defensores de la pirámide de Cholula.
Josué Xicale informó que en la audiencia de este miércoles se realizaría una inspección a las 70 grabaciones que supuestamente inculparon a Adán y Paul Xicale, así como a un documental llamado Las Voces de Cholula.
Destacó que los mismos 70 videos que el ayuntamiento de San Andrés Cholula presentó para acusar a sus familiares sirven para demostrar que los hechos sucedidos el 6 de octubre de 2014 fueron en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.
Recordó que en las videograbaciones aparecen manifestantes que exigieron al alcalde Leoncio Paisano Arias la inmediata cancelación del parque de las siete culturas o intermunicipal, por poner en riesgo el patrimonio arqueológico, así como el culto a la virgen de Guadalupe.
Sin embargo, el Ministerio Público interpuso un escrito horas antes de la audiencia, dilatando el procedimiento legal que pospone la liberación de los Xicale.
“El agente propone un perito para estar presente en la diligencia, y lo presenta de última hora y por eso se difiere la audiencia”, recalcó.
Agregó que el Ministerio Público propuso otro perito, aunque desconoce en qué sentido, pues la defensa de los Xicales también presentó a otro especialista.
Finalmente, refirió que se desconoce para cuándo se reanudará la audiencia, pues todo dependerá de la agenda del juzgado, y para ello podrían pasar más de ocho días.
“Vamos a hablar con el subprocurador para ver qué está pasando, cuál es la indicación que giraron sobre el caso, pues manifestaron que no interpondrían ningún obstáculo y no fue así”, refutó.
Señaló que el agente del Ministerio Público depende de la Procuraduría, y presentó un oficio para dilatar la liberación de Adán y Paul.
Un alcalde que golpea a un periodista con sus propias manos y se acoge al fuero para quedar impune. Cinco policías que lo torturan y la libran con una fianza de alrededor de 8 mil pesos cada uno. Una entidad donde las agresiones a la prensa vienen de los funcionarios. Esta es la historia de Edwin Canché Pech, corresponsal del Diario de Yucatán en Seyé, un municipio indígena a 36 kilómetros de Mérida, capital del estado de Yucatán.
“Ya estoy hasta la madre, me tienen cansados de que estén criticando mi administración. Rómpanle la madre”, ordenó Ermilo Dzul Huchim, el presidente municipal de Seyé, a cinco policías locales, entre ellos, el director de Seguridad Municipal, Juan Manuel Chuc Aldana. Y le cayeron a golpes al reportero. Le provocaron lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza.
El alcalde en persona le propinó unos seis puñetazos en cuerpo y cabeza, aunque para ese momento Edwin Canché ya no era capaz de contar cuántos le dio cada quién exactamente. Así terminaba su primer día de 2014.
Esa tarde del 1 de enero, a las 16 horas, todavía ebrio del festejo de Año Nuevo, el sobrino del alcalde, Almícar Couoh, menor de edad, tomó la camioneta de su padre, Sergio Dzul Huchim, y chocó contra el muro de piedra que protegía el patio de la familia Madera Pech; apenas quedó a unos metros de la casa.
Amada Pech acudió a buscar a Edwin Canché para que hiciera la nota, una manera de protegerse ante un eventual desentendimiento del culpable. “El periodismo es importante para que la gente vea lo que pasó, pues son pruebas que uno las tiene a mano. Nosotros, la gente humilde, dice “los papelitos hablan”; cualquier cosa, tú sacas tu periódico y lo muestras”, explica Amada Pech en un español precario, que revela que su primera lengua es el maya.
Canché llegó a las ocho de la noche a la casa de los Madera Pech. Estaba tomando fotos a los daños en el muro y la camioneta estrellada –una Lobo FX4 azul con las placas YP-64-454– cuando llegó el alcalde Ermilo Dzul. Canché ni siquiera le prestó atención. Pero a los pocos minutos llegó una patrulla policial. Canché seguía tomando fotos, ya sentado en su motocicleta. El policía más corpulento, apodado El Soldado, se paró a un costado del reportero, junto con otro agente.
—¿Qué buscas acá? –le preguntó El Soldado.
—Pues trabajando –contestó Canché.
—¿Qué buscas acá? –reiteró el agente.
—Nada, oficial, recabando información.
—No puedes estar acá.
—Pero ¿por qué?
—Ya te dije. Te tenemos que llevar – advirtió El Soldado y le dio un puñetazo en el hombro para provocar una reacción violenta del reportero. Como Canché no respondió, el agente insistió en que se lo iban a llevar, hasta que los dos policías lo bajaron de la moto y lo metieron a la patrulla.
—¿Por qué me detienen?
—No te tenemos detenido.
—Entonces déjenme bajar.
—No, no podemos.
El diálogo se repitió sin más explicaciones hasta el palacio municipal. El alcalde le esperaba, enojado, en una oficina contigua a la comandancia de policía. Canché recuerda cómo, Dzul Huchim, con los puños apretados sobre la mesa, ordenó a su jefe de policía que lo golpearan.
Al ver que los policías y el propio presidente municipal se abalanzaban sobre él, Edwin alcanzó a decirle a su hermano por radio que le estaban pegando. Su hermano Bartolomé, también periodista, se apresuró a la presidencia, a dos cuadras de la casa familiar.
Con él llegaron al ayuntamiento una treintena de personas: familiares de Edwin, Amada Pech —la dueña de la casa siniestrada— y algunos vecinos. Al oírlos, ya después de la golpiza y los gritos de Canché, el alcalde decidió soltar al reportero. Le devolvieron sus pertenencias, pero con las fotos borradas. Llevaba más de una hora retenido.
Seyé es un municipio maya de unos 10 mil habitantes. La mayoría de la gente siempre ha vivido ahí, se conoce entre sí y la voz corre más rápido que los mototaxis que inundan la zona. Por eso, el presidente municipal tuvo que acudir con dos patrullas de la policía estatal para dispersar a las personas que se habían juntado en el cabildo por Edwin.
Delitos minusvalorados
El 2 de enero Edwin Canché Pech interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Yucatán, con sede en Mérida. Gracias a la presión de Indignación — organización colitigante del caso—, la sociedad civil y los medios locales, se logró que atrajera el caso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Juzgado Quinto de Distrito ordenó en mayo de 2014 la aprehensión, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, del director de Seguridad Municipal y los otros cuatro policías que participaron en la agresión: Juan Manuel Chuc Aldana, Felipe Antonio Tut Chale, Fernando Chuc Pech, Andrés Díaz Kantún y Adrián Vázquez Pantoja. El 30 de mayo el juez les dictó auto de formal prisión por ambos cargos. Pero al ser delitos no graves, la libraron con fianzas de entre 7 mil 400 a 8 mil 333 pesos cada uno. El argumento del juez para no imputarles delitos graves, fue que Edwin nunca acreditó su calidad de periodista.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece en su artículo 2° que tortura es “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.
Aun cuando Edwin fue privado de la libertad y torturado, sus agresores no recibieron sentencia por esos delitos. Los abogados de Edwin interpusieron un amparo ante un tribunal de apelación en Campeche, y solicitaron que se reclasifiquen los delitos y se tome en cuenta la calidad de periodista de la víctima. Por tratarse de un tema relevante para la libertad de expresión, Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció el 25 de febrero de 2015 que analizaría el caso para su posible atracción.
En caso de otorgarse el amparo y reclasificarse los delitos, los cinco policías imputados no alcanzarían fianza y deberían enfrentar prisión preventiva mientras se desarrolle el nuevo proceso. Pero sigue siendo un tema pendiente.
El alcalde
El presidente municipal Ermilo Dzul Huchim no ha sido citado a comparecer por la protección que le otorga el fuero constitucional, que impide que sea procesado penalmente. En enero de 2015, a un año de la agresión a Canché, 370 vecinos del municipio de Seyé firmaron una petición para que el Congreso de Yucatán le realice un proceso de desafuero al alcalde y pueda ser juzgado.
Dzul Huchim llevaba años ansiando la presidencia municipal. Candidato dos veces por el PRI, perdió ante sus rivales del PAN. En 2012 se cambió al PRD para volverse a postular. En las anteriores elecciones, cuando era candidato por segunda vez por el PRI, ya había agredido a Edwin Canché uno de sus allegados. José Guadalupe Colín le propinó una golpiza al reportero en la puerta de su casa; le fracturó la nariz, le desprendió la oreja derecha y le ocasionó una fisura en uno de los talones, lo que mantuvo a Canché seis meses fuera de circulación.
En aquella ocasión, Edwin presentó una denuncia penal, pero en la PGJ nunca le dieron una copia del acta correspondiente y cuando preguntó meses después sobre los avances del caso, le dijeron que no procedía y que había desaparecido el expediente.
Los atropellos del mandatario han sido señalados en la prensa local y en redes sociales. En febrero de 2014, la ambulancia que la Secretaría de Salud estatal tenía destinada al municipio de Seyé tuvo un accidente camino a Mérida y se descubrió que, además de dos personas que iban al hospital, transportaba 50 kilos de carnitas para una fiesta del alcalde.
El trabajo periodístico
Edwin Canché Pech considera que el periodismo, en los pueblos rurales de Yucatán como el suyo, representa para sus habitantes la “voz para defender sus injusticias sin que ellos tengan que trasladarse a un juzgado, que no siempre tienen los recursos” con qué hacerlo.
Desde la agresión a manos del alcalde, su trabajo se ha visto muy afectado. Si antes publicaba 30 o 40 notas al mes, ahora son sólo la mitad. Esto es doblemente preocupante para un reportero que gana por nota publicada.
Canché tenía una pequeño criadero de cerdos y un acuario para complementar sus ingresos como colaborador del Diario de Yucatán desde hace nueve años. Después la agresión, todo decayó. Pasó varias semanas en recuperación y descuidó la granja y el acuario. Los primeros seis meses andaba siempre “con cuatro ojos”, vigilante. Sigue pensando que en cualquier momento le pueden dar otro susto, que cualquier día, montado en su motocicleta —su único medio de transporte— un coche lo arrolle intencionalmente.
Su caso llegó hasta la Secretaría de Gobernación (Segob), vía el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que le otorgó medidas cautelares insuficientes 10 meses después de cometida la agresión y por orden de la FEADLE. Los primeros dos meses la Policía Federal lo visitaba a diario. Ahora nada más hacen rondines periódicos. Nunca le dieron el botón de pánico que le prometieron. Lo único que tiene es el teléfono del comandante. “Si vienen por mí, ¿qué medidas cautelares van a funcionar? Un golpe cae más rápido que una llamada”, se queja Canché.
A fin de hostigarlo, las patrullas de la Policía Municipal rondan su casa con demasiada frecuencia. Para Edwin, “la única justicia sería ver un juicio al presidente municipal”, por eso exige que el Congreso le quite el fuero. Mientras tanto, ya no puede andar tranquilo ni ser el mismo reportero de siempre.
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– No sólo se trata de Grupo México: en Sonora, Grupo Peñoles también contamina el afluente de un río y una presa en total impunidad desde hace años y sin que ninguna autoridad haga algo, denunciaron ejidatarios de la zona.
Se trata de la mina de cobre La Parreña que vierte desechos tóxicos en el arroyo Milpillas en el municipio de Santa Cruz, ubicado a unos 15 kilómetros de la frontera entre México y Arizona.
“Esa parte se llama El Cajón Milpillas. El agua pasa por el río y va a la presa El Comaquito, por la región El Ojo de Agua y llega a la población de Imuris. Luego pasa por el Río Magdalena y pasa por Santa Ana hasta Caborca”, dijo Guadalupe Rivera, un ejidatario de la región.
El rancho de Rivera está ubicado a 20 metros del arroyo contaminado por tóxicos que emanan de la mina de cobre de Grupo Peñoles, la cual opera desde hace 14 años en la región.
Desde su vivienda, Guadalupe puede observar el agua color turquesa que corre río abajo, en donde beben agua sus vacas.
“Le voy a decir una cosa: aquí se cría ganado y este año fue cuando se acentuó la mancha turquesa. Yo hago queso fresco. Este año no he podido hacer quesos como es debido, porque la leche no cuaja. En las vacas he notado que ya no dan bien el peso, ha de ser por esto, porque la mina convirtió en drenaje el arroyo”, aseguró.
Incluso la mina descarga aguas negras, dijo, de los distintos campamentos mineros que hay en la zona.
“Ellos tienen una planta tratadora de agua, para luego echarla al río, pero a mí se hace que no están haciendo las cosas bien, porque el agua está contaminada”, indicó.
Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea, coincidió con Rivera. Las minas en Sonora utilizan como drenaje los afluentes de los ríos.
“En Sonora las empresas mineras han convertido en drenajes los ríos en la entidad. Esa es una alerta a todas las autoridades y organizaciones de derechos humanos y medio ambiente para que vengan, que pongan un alto a estos empresarios que están contaminando el agua”, dijo.
Navarrete Aguirre, quien tiene una amplia experiencia en minas, explicó que la coloración azul turquesa del agua se debe al derrame de sulfato de cobre que las mineras desechan tras el proceso de electrólisis.
“Al sacar el agua contaminada, se mezcla con el agua limpia y mata todo lo que hay a su alrededor y pone en riesgo la vida de la flora y fauna que por décadas ha estado ahí”, detalló.
En el caso de los ríos Bacanuchi y Sonora contaminados por un derrame de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, la coloración actual es similar a la de Santa Cruz: “azul turquesa, azul verde, porque todavía hay partes con metales pesados”, expuso.
Cuando ocurrió el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en agosto del año pasado, el agua del el Río Bacanuchi se tornó marrón.
Guadalupe Rivera del municipio de Santa Cruz aseguró, que las autoridades ambientales sólo inspeccionan el interior de la mina de Peñoles.
“Las minas no hacen las inversiones debidas para detener esos desechos. A lo mejor les sale más barato comprar conciencias, que hacer las inversiones necesarias. Nunca me ha tocado ver autoridades en el río. Ellas van a la mina, a mi nunca me ha tocado verlos en los alrededores. Que vayan a inspeccionar para afuera de la mina, no adentro. Adentro no lo dejan ni fumar que por el medio ambiente. Adentro está muy limpio, pero pa’juera cómo está”, reflexionó el ejidatario.
Al igual que los pobladores del municipio Santa Cruz, los pobladores de los siete municipios afectados por el Derrame de Grupo México en el Río Sonora reclaman por su agua y continúan con un plantón, que se prevé será indefinido, en las instalaciones de la planta de bombeo “Los Patos”.
“Exigen que se les devuelva el río, el agua, la paz que tenían hasta antes del derrame. Grupo México no ha respondido y sigue amenazando a los pobladores”, afirmó Antonio Navarrete.
El 15 de marzo llegó a Cananea un contingente de alrededor de mil 500 personas, entre habitantes del río y mineros y tomaron las instalaciones de la Planta de Bombeo de la mina Buena Vista del Cobre, ubicada en la Carretera Cananea a Agua Prieta.
La toma de la planta se dio después de que el gobierno aseguró que resarció los daños de todos los afectados. Sin embargo, no se sabe a quién entregó el dinero del Fideicomiso Río Sonora, porque la información fue reservada por 12 meses. Los pobladores afirman que fue un reparto entre políticos.
Sin embargo, ya no se trata del fideicomiso, afirmó Navarrete. Se trata del agua, pues la planta de bombeo que fue tomada se nutre de 89 pozos distribuidos en los ejidos Zapata y Zaragoza y representan 80 por ciento del líquido que utiliza Grupo México para la producción de su mina Buenavista del Cobre.
“La gente dice que no va regresar a sus pueblos hasta que Grupo México cumpla con todas las promesas que hizo. Ellos dicen que si no hay agua para ellos, no van a permitir que el agua llegue a Grupo México. Es más, los pobladores exigen que así como se hizo un acueducto allá para el sur [Acueducto Independencia], se haga uno de “Los Patos” al Río Sonora, para tener agua limpia”, planteó.
Navarrete aseguró que Grupo México sólo se ha acercado a los pobladores para amenazarlos, no para remediar el conflicto.
Los amenaza con cárcel, denuncias ante distintos ministerios públicos, si no abandonan el plantón y liberan el agua.
“Convierte a la gente en agresores, cuando ellos fueron los que nos agredieron primero. Que responda por los daños a las tierras y al patrimonio de todos”, dijo.
Antonio detalló que un cierre de las instalaciones de rebombeo, significa que se dejen de enviar 12 mil litros por segundo, lo que significa una pérdida de 5 millones de dólares diarios para Grupo México.
Una sociedad que trata a los trabajadores y
los migrantes como objetos, es una sociedad enferma.
—Consigna de una manifestación pro-migrantes
Si no nos organizamos y defendemos nosotros, nadie lo va a hacer.
—Testimonio de un migrante jornalero.
Frente al desdén, la movilización
El martes 17 de marzo del presente año, después de dos intentos de negociación y como protesta para denunciar la explotación y hacer oír sus demandas de respeto a los derechos laborales, miles de jornaleros del Valle de San Quintín (al sur de Ensenada en Baja California Norte), convocados por La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJUS), llevaron a cabo un paro y el bloqueo de la carretera transpeninsular por más de 26 horas; las zonas en las que se concentraron las acciones de bloqueo fueron justamente en las que se encontraban los ranchos agrícolas caracterizados por las condiciones de trabajo más precarias y abusivas. A poco más de un día de iniciadas estas movilizaciones, el miércoles 26 de marzo –con el aval de las autoridades estatales y del gobernador de Baja California Norte– la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno detuvieron a casi doscientos individuos, mediante aprehensiones masivas donde usaron balas de goma y gases lacrimógenos.
La génesis de la protesta
Estas movilizaciones no fueron actos aislados ni repentinos sino una etapa de una lucha que, como antecedentes, tuvo dos hechos previos:
1. Por un lado y en relación a una situación de abuso estructural, las condiciones de explotación laboral que por años han sufrido los jornaleros en los ranchos agrícolas de la región. Muchos de estos jornaleros provienen del sur del país (especialmente de Oaxaca) y son indígenas que se desplazaron hace años de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida y de trabajos mejor remunerados; las empresas y ranchos agrícolas se aprovechaban y a la fecha abusan de la condición de migrantes y de trabajadores temporales de estos jornaleros para escatimar los derechos laborales y las prestaciones que por ley les corresponden. Recientemente, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Red de Jornaleros Internos apuntaron que la gran mayoría de los jornaleros agrícolas no cuentan con un contrato de trabajo formal y tienen desproporcionadas jornadas de trabajo (con un promedio de 57 horas los hombres y 65 horas las mujeres). Los propietarios de estos ranchos y empresas tratan a estos trabajadores agrícolas como mano de obra barata y desechable. A decir de los jornaleros organizados –entrevistados por Juan Carlos Domínguez y publicado en la Revista Proceso No. 2003–, hay una docena de empresas agrícolas principalmente nacionales y extranjeras que se distinguen por su falta de respecto constante y profundo a los derechos humanos y laborales elementales de los trabajadores agrícolas; y de estas empresas, especialmente dos: Santa María de los Pinos (con las peores condiciones de trabajo del Valle de San Quintín) y Valladolid Aragonés, tienen o han tenido vínculos directos con el gobierno estatal (los propietarios de ambas empresas han desempeñado y/o detentan altos cargos públicos de nivel estatal relacionados con la producción agropecuaria).
2. Por otra parte y como antecedente previo, están el ineficaz proceso de negociación y las dos fallidas mesas de diálogo (15 de octubre de 2014 y 22 de enero de 2015), donde las exigencias de decenas de miles de jornaleros no fueron atendidas con seriedad ni por el gobierno estatal (que no envío a la Secretaria de Trabajo de Baja California a los encuentros acordados) ni por los sectores patronal y los grupos sindicales oficialistas, quienes tampoco hicieron acto de presencia (Proceso No. 2003). En este tenor, destaca la ausencia de sensibilidad y voluntad política del gobierno estatal y del grupo patronal para dar seguimiento, atención y resolución al pliego petitorio de este grupo de jornaleros organizados, mostrando de facto su indiferencia y desdén por con estos trabajadores agrícolas.
Este no es un caso nuevo ni aislado de abuso laboral y marginación social de migrantes, indígenas y campesinos. Por el contrario, remite a una condición general y de carácter estructural de buena parte del país y se engarza con otros hechos de abuso social como las recientes denuncias de explotación laboral de doscientos tarahumaras en Baja California y de cuarenta nueve jornaleros en Colima. De hecho, según el FIOB y la Red de Jornaleros Internos (La Jornada, 21/03/2015), en el país hay más de dos millones de jornaleros trabajando en 18 entidades federativas del país en condiciones de explotación y sin los derechos y las prestaciones laborales que por ley les corresponde; más de la mitad de estos trabajadores agrícolas proceden de los 10 estados más pobres, principalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Las exigencias y demandas de los jornaleros,
reflejo de la ley como letra muerta
En tanto sujetos con capacidad de organización y resistencia social, los jornaleros delinearon sus acciones en torno al reconocimiento y repudio de una condición de aguda opresión que viven en carne propia y a la demanda de un pliego petitorio muy puntal con miras a conseguir otras situaciones de trabajo y vida. Sus exigencias son las siguientes: aumento del salario por jornal (300 pesos por día); reducción de la jornada laboral a lo estipulado conforme a la ley; que inicie el proceso de afiliación de los jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social; el pago de las prestaciones conforme a la ley; tener acceso a vacaciones y el derecho a un día de descanso a la semana; que las horas de trabajo extras sean voluntarias y remuneradas de manera adicional y de acuerdo a lo estipulado en la ley; el respeto y ejercicio de los derechos de las madres trabajadoras; y el cese absoluto e indagación del acoso sexual que sufren las mujeres jornaleras en los ranchos agrícolas (Proceso No 2003).
Dicho pliego petitorio refleja y denuncia dos dinámicas de marginación y exclusión socio-económica que –de manera simultánea y en diferentes ámbitos– sufren permanente ciertos sectores de la población (indígenas, campesinos, migrantes). Primero, los procesos de explotación a que son sometidos los jornaleros por parte de los empleadores y las empresas, que van desde el excesivo número de horas trabajadas y la nimia remuneración económica que reciben por su trabajo, hasta la ausencia de contrato laboral, condiciones de trabajo seguras, prestaciones y derechos a la seguridad social, pasando por las vejaciones y las agresiones sexual en el caso de las mujeres. Segundo, que la ley laboral, que normativa y supuestamente debería de regir y regular los contratos entre empleado y empleador a fin de defender los derechos de todos los trabajadores (especialmente de los más desprotegidos y vulnerables), es letra muerta y una promesa incumplida. En este tenor, el Estado, al no hacer valer y ejercer la ley laboral, incumple el acceso a un trabajo justo, seguro y bien remunerado, que permita a las personas tener una vida digna.
En esta ciudad frotneriza fue consignada la primera persona por el delito de feminicidio, dio a conocer la Procuraduría General de Justicia de Baja California, luego que se publicó el decreto para modificar el Código Penal donde se tipifica el homicidio de mujeres.
Se trata de José Roberto Hernández Avilés, “El Toby” acusado por la Subprocuraduría contra Delincuencia Organizada de la PGJE del homicidio de su expareja sentimental María Lidia Montealegre Martínez cuando se encontraba en su casa de la calle Xicoténcatl Leyva de la colonia Internacional en Tijuana.
El 31 de marzo se ejerció acción penal en contra de Hernández Avilés por el delito de feminicidio y fue puesto a disposición de un juzgado penal e internado en el Centro de Reinserción Social de La Mesa en Tijuana.
De acuerdo a las investigaciones existían problemas entre la pareja por celos e infidelidades de Hernández Avilés que se traducían en maltratos físicos y mentales hacia la víctima. El detenido confirmó esta versión en su declaración ministerial, además que se separaron en enero.
Procrearon tres hijos durante una relación de 14 años, tiempo en que María Lidia sufrió violencia intrafamiliar pues era golpeada y maltratada de manera permanente, pero optaba por callarse por el temor a José Roberto, sin presentar denuncia alguna. La mujer presentó cuadros de ansiedad y estrés al grado que se comía su cabello.
El sábado 28 de marzo acordaron reunirse en la plaza Carrousel, al este de Tijuana, para asistir a una fiesta pero la condujo al Motel Flamingos donde permanecieron hasta las 23 horas que salieron a una reunión de amigos en la colonia Fundadores donde comenzó una discusión por supuestas infidelidades por lo que regresaron al motel. Allí continuó la discusión hasta que el consignado la estranguló, luego la subió a una camioneta Ford Explorer, sin que los empleados sospecharan nada y al pensar que estaba “dormida o borracha” los dejan salir.
El hombre llevó el cadáver a su casa en la colonia Internacional, la acostó y para no despertar sospechas fue a la casa de la mujer a recoger a sus tres hijos para llevarlos a la iglesia, a dar un paseo hasta la tarde. Al regresar a su vivienda, le platicó a uno de sus amigos que había matado a María Lidia, por lo que se hizo la denuncia y es detenido por agentes estatales y municipales.
En Baja California se han registrado 22 asesinatos de mujeres, la mitad de ellas en Mexicali. El 29 de marzo, Emma Ramírez Velazco fue asesinada cuando salía de su casa en el fraccionamiento Valle de Puebla hacia su trabajo. Recibió disparos de arma de fuego calibre 9 mm en la cabeza.
Una de las principales líneas de investigación de la policía ministerial es su entorno familiar por un conflicto permanente con su ex pareja sentimental,
El decreto 228 del Congreso de Baja California fue publicado en el Periódico Oficial el 26 de marzo donde se especifica el delito de feminicidio y se establecen penalidades a los agresores, así como sanciones a los servidores públicos que retarden de manera intencional o maliciosa las investigaciones y juicios por el delito de feminicidios.
Aproximadamente a las 2:30 de la mañana de este miércoles, se suscitó una explosión en la plataforma ABKATUN-ALFA ubicada en el área de los ABKATUNES, en la sonda de Campeche, a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, cuyo saldo hasta el momento es de una persona fallecida, un desaparecido y un número de heridos que aún se desconoce.
De acuerdo a un testigo de los hechos entrevistado por Impune Mex (quien pidió el anonimato por miedo a represalias), se produjo un fuerte estallido, el cual provocó un incendio, expandiendo las llamas hasta la plataforma permanente, y con un alto riesgo de alcanzar la zona habitacional (donde se hospedan los trabajadores).
Se realizó la evacuación de al menos 324 personas, cifra preliminar ofrecida por los servicios de rescate, quienes también reportan la muerte de al menos un trabajador de la compañía Cotemar, de apellido Flores Gerson, originario de Oaxaca.
También se reportó una persona desaparecida por parte de Pemex, quien al parecer, se soltó de las amarras de las balsas de rescate y no ha sido localizada desde entonces.
Reportes de algunas embarcaciones aledañas, señalan que los servicios de emergencia tuvieron que rescatar del agua a varios trabajadores que saltaron de la plataforma para salvaguardar su integridad física.
El testigo denuncia que los servicios de emergencia tardaron poco más de hora y media en llegar al lugar del siniestro, ya que la zona es de las más alejadas del complejo petrolero. Además, se reporta el colapso de un puente que conectaba con los quemadores de la plataforma y no se descarta que pudiera colapsar otra plataforma.
Este medio corroboró que el día de ayer se dio un suceso similar en la plataforma ABKATUN-N1 (Inyección de agua), pero de menor proporción y sin motivo aparente.
El testigo resalta que este complejo de plataforma fue de los primeros que se edificaron en pleno “auge petrolero” de finales de los años setenta, por lo que su infraestructura (tuberías) se encuentra oxidada, evidenciando las pésimas condiciones en las que laboran los trabajadores petroleros.
Finalmente, al parecer el incendio fue controlado alrededor de la 7:30 de la mañana, aunque se desconoce sí fallecieron más personas en el siniestro, así como el número de heridos que arrojó esta explosión.
Tanto Pemex, como Cotemar, contratista de la paraestatal, no ha dado su postura sobre lo sucedió.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que cuatro trabajadores murieron al estallar un incendio en la madrugada del miércoles en la plataforma Abkatun Permanente, en la Sonda de Campeche.
Previamente, había confirmado solo un fallecimiento –empleado de la compañía Cotemar– y 16 heridos. Luego la cifra de heridos subió a 39. Dos de ellos graves.
La petrolera estatal mexicana Pemex dijo que combate un incendio en la plataforma Abkatun Alfa en el Golfo de México, donde había evacuado a unos 295 trabajadores; extraoficialmente se habla de decenas de desaparecidos, algunos de los cuales pudieron ser llevados a hospitales de Tabasco.
El incendio se produjo en el área de deshidratación y bombeo de la plataforma, de acuerdo con el reporte.
Pemex movilizó a ocho barcos contra incendios para sofocar el siniestro.
“Lamentablemente se confirma el fallecimiento de un trabajador de la compañía Cotemar; hasta el momento se registran 16 trabajadores de Pemex y de compañía lesionados, dos de ellos se reportan en estado grave. Están siendo atendidos en el Hospital General de Pemex en Ciudad del Carmen y en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, apuntó la empresa en un comunicado.
Pemex dijo en su cuenta de Twitter que el incendio comenzó en la plataforma Abkatun Permanente en las primeras horas del miércoles, y que para atender la emergencia contaba con ocho barcos contra incendios.
Un portavoz de Protección Civil en la cercana Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, dijo que había 45 personas lesionadas por el incendio y que no tenía reportes de víctimas fatales.
La plataforma forma parte del complejo Abkatun-Pol-Chuc en la Sonda de Campeche, entre los estados sureños de Campeche y Tabasco, a unos 132 kilómetros al noreste de la terminal marítima de Dos Bocas, e inició su producción en la década de 1980.
En 2013, el complejo produjo menos de 300,000 barriles por día de crudo, según datos de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos. (Con información de CNN Expansión)
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Desde 1994, en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se comenzó a registrar la llegada de parques eólicos en la comunidad de La Venta, municipio de Juchitán, pues de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Energía Renovable de Estados Unidos en ese año la calidad de viento de la zona era de nivel 7, cuando en el resto del mundo la tecnología sólo trabaja con nivel 5.
A partir de entonces, el Gobierno mexicano comenzó a atraer capitales que quisieran desarrollar proyectos de energía por medio del viento. Sin embargo fue hasta 2006 en que la instauración de estos proyectos comenzó a crecer de manera exponencial a otras comunidades de la región.
Actualmente, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en la zona existen 21 parques en funcionamiento y se espera que para 2016 haya dos más en la región.
Sin embargo, a lo largo de estos 21 años las comunidades, en su mayoría indígenas, han quedado atrás del discurso gubernamental y empresarial sobre la generación de energía verde, que pueda disminuir la dependencia económica que México tiene con los combustibles fósiles, donde el petróleo aporta 30 por ciento de los ingresos del gobierno federal.
Para las comunidades, este proceso ha representado el despojo de sus tierras, la pérdida de la comunidad, de sus formas de subsistencia, de sus costumbres y de sus creencias, por lo que han optado por una organización independiente a partidos y poderes políticos que, acusan, han recibido dinero por parte de las empresas para garantizar la entrega de las tierras.
Bettina Cruz Velázquez, vocera de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, ha señalado en diferentes ocasiones que ese es el modo de actuar de las empresas: llegan con el Gobierno –sea federal, estatal y municipal– y éste les da permisos para entrar a los territorios, con lo que las empresas compran gente, ya sean autoridades agrarias y civiles.
Además, otro escenario recurrente es que las autoridades y las empresas “sacan ventaja” de la necesidad económica de los habitantes de la zona y de las consecuencias de la marginación a la que éstos han sido sometidos durante años; “Las empresas entran, firman contratos y todo es con gente que no sabe hablar español, que no saben leer ni escribir. Esos contratos son de 30 años, que se renuevan automáticamente por otros 30 años y con la posibilidad de renovarse otros 30. Para ese periodo de tiempo esas tierras ya son de ellos, se las apropian”, denunció Cruz Velázquez.
Los 21 parques eólicos en funcionamiento están ubicados en las localidades de Juchitán, Ingenio Santo Domingo, El Espinal, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Ixhuatán, Tehuantepec y Salina Cruz, que actualmente albergan mil 608 aerogeneradores. Estos proyectos representan inversiones por 5 mil millones de pesos.
En entrevista para SinEmbargo, Bettina Cruz planteó que durante este periodo de expansión de los parques, la Asamblea venía interponiendo recursos legales que pudieran detener los proyectos y que se tomara en cuenta la opinión de la gente de las comunidades. Aunque la mayoría no tuvieron resultados a su favor, en 2013 se logró echar para atrás la construcción de un parque que sería construido por la empresa española Mareña Renovable que contaba con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tras la aprobación de la Reforma Energética, y ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la Secretaría de Economía (Sener), el proyecto parece retomar fuerza, ahora bajo el nombre de la empresa Eólica del Sur, pero con el mismo registro del financiamiento del BID.
La Asamblea interpuso una demanda ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, ya que en sus cláusulas normativas para otorgar crédito, debe verificarse que el proyecto respeta los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa, la promoción del desarrollo de los pueblos y cerciorarse de que no se provocarán afectaciones a las comunidades.
CONSULTA EN APARIENCIA
De acuerdo con el Marco Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas, las comunidades tienen el derecho a ser consultadas sobre proyectos que serán implementados en sus comunidades, pero Edmundo del Pozo del Centro de Investigación Fundar, y James Anaya, ex Relator de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el proceso ha estado plagado de irregularidades y no ha cumplido con un objetivo básico: no ha sido culturalmente incluyente.
“Este proceso de consulta en el Istmo de Tehuantepec, se desarrolla dentro de un contexto de imposición […] No solo se está violando el derecho a la consulta, también el del derecho al territorio, a usar sus recursos naturales, su derecho a decidir sus prioridades de desarrollo. Esa gama se ha violentado por la exposición desenfrenada de estos parques que se venden con el título de energía alternativa, pero que detrás se mueve un gran negocio de quienes financian los proyectos”, comentó en entrevista el investigador de Fundar.
En noviembre de 2014, el titular de la Sener escribió para el periódico El Financiero que tras la aprobación de la Reforma Energética quedaron establecidos el respeto, la garantía y protección del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas: “En la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica se plasmó la obligación que tiene la Secretaría de Energía de llevar a cabo los procedimientos de consulta previa observando de forma irrestricta los estándares internacionales en la materia, al tiempo que asegura que se realicen conforme a los principios de libertad, información, pertinencia cultural, transparencia, buena fe, acomodo y razonabilidad”, expuso.
El proceso que inició el 20 de octubre pasado quedó a cargo del Ayuntamiento de Juchitán, la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca, la Sener, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con Cruz Velázquez, en la fase informativa de la consulta no se brindó información sustancial sobre el proyecto, las ganancias económicas, los beneficios para la comunidad o sobre los impactos negativos, “en las reuniones nos hablaron sobre sus prácticas de campo y sobre la metodología de su trabajo […] no fue culturalmente apropiada; el gobierno tiene la obligación de hacerla a modo de que toda la gente entienda la información y no sólo por la lengua, sino por los términos que utilicen y la forma en que la den”.
Incluso, las reuniones a las que asistían poco más de 400 personas –de casi 100 mil habitantes en la región– se realizaron en las mismas fechas que sus festividades. Además, de acuerdo con Bettina, las fechas de las reuniones fueron anunciadas en el portal de Internet de la Semarnat: “¿Quiénes van a ir? Se supone que es una consulta dirigida a pueblos indígenas […] es una consulta sin pertinencia cultural. Incluso hay mucha gente que no sabe que se está realizando una consulta en estos momentos”.
El pasado miércoles, el comité encargado de la consulta cerró la fase informativa y pasó a la fase deliberativa, para pasar a la de toma de acuerdos, lo que representa para las comunidades que el proyecto se realizará tal y como lo presentó la empresa.
“Parece que la consulta es un mero trámite para validar o legalizar ese despojo, porque no es un proceso que pueda alterar o modificar el proyecto”, comentó Edmundo del Pozo.
El ex Relator de la ONU observó la misma situación, “otro factor que dificulta el proceso de consulta es el hecho que el proceso se trata de un proyecto cuyas características ya están definidas”.
“Llama la atención que en medio de una crisis de derechos humanos y del Estado de derecho, y ante los señalamientos internacionales de organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México diga que está tomando medidas que no han sido contempladas por estas instancias y que tienen una visión parcializada. [México] busca apaciguar con el discurso la realidad de las cosas, la exclusión social. Esto es la discriminación permanente, donde el representante de los derechos está coludido con las empresas que pueden pasar por encima todo, porque la gente parece no tener valor alguno para ellos”, enfatizó Edmundo del Pozo.
EL ISTMO CON LOS PARQUES EÓLICOS
Bettina, al hablar sobre su región antes del despojo del territorio, recordó con una sonrisa en el rostro que la región vivía en fiesta, hermandad y reciprocidad. “Antes de que llegaran los parques eólicos, Juchitán era un pueblo sumamente orgulloso de su origen indígena, de hablar nuestra lengua, de nuestra vestimenta, de nuestras fiestas, ¡somos muy fiesteros! Estos proyectos llegaron a romper la unión. Empezamos a pelearnos entre hermanos, de pueblo y de familias.
“En nuestro pueblo comíamos tamalitos de elote, iguana. Hoy, con el desplazamiento de las áreas de agricultura y ahora que quieren acabar también con la pesca, ya no existe nada. Nuestros alimentos que son parte de nuestra cultura se van perdiendo, se van encareciendo porque ya no hay donde sembrarlos, dónde recolectarlos, dónde pescarlos”, dijo la activista.
Alfredo Bravo Olivares, académico de Economía Política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que en la región se vive un proceso de descomposición social que está generando una pugna entre los mismos pobladores, “a través de la educación moderna, las políticas neoliberales han transformado la forma en que la gente piensa, le quitan su forma de concebir sus tradiciones, su cultura y su forma de vida, sobre todo a los más jóvenes, que ya tienen una idea de vida distinta a lo que tienen sus padres y los ancianos en el campo y en el mar, que es de lo que viven. En las escuelas, muchos jóvenes están a favor de los parques eólicos, sin darse cuenta que atentan contra la forma de vida de sus padres y de las generaciones que vienen”.
Los parques eólicos tampoco han significado una fuente de empleo para la población. De acuerdo con las fuentes consultadas, este es sólo temporal y los puestos son en su mayoría, sólo para peón.
Además, la gente que es contratada es la que está afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), organizaciones apegadas a las acciones políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“La gente no tiene la preparación para darle mantenimiento a las aspas eólicas, y estas ni siquiera se fabrican en México, las compran a España, Alemania, China u Holanda”, expuso el académico de la UNAM.
Ante este panorama, resultó inminente la llegada de extranjeros a la zona, lo que ha traído como consecuencia, que los niveles de prostitución hayan tenido un aumento considerable.
“Están inundando nuestro pueblo y por lo mismo se han generado situaciones como la prostitución. Todos los extranjeros se meten con las mujeres de nuestra región, lo que es terrible. Estos hombres deslumbran a las muchachas con sus celulares, sus carros y sus laptops. No hay respeto a las mujeres”, dijo la activista.
TENSIÓN POR LA BARRA SANTA TERESA
De acuerdo con los testimonios de las fuentes consultadas, actualmente la tensión está en dos comunidades: San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, que son los dos únicos accesos a la barra Santa Teresa, uno de los principales objetivos de Mareña Renovable. Si una de las dos zonas cede el territorio, la maquinaria entrará sin dificultad alguna.
Ante la situación que la región vive, San Dionisio del Mar es una localidad que desde hace año y medio se ha declarado autónoma y ha declarado desconocer a toda figura política hasta que no se entable un diálogo y una consulta referente a la construcción de parques eólicos.
Erick Gil, activista y defensor de los derechos de las comunidades oaxaqueñas en resistencia, comentó que la gente, tras enterarse que la autoridad local había recibido 5 millones a cambio de las tierras, lo expulsó del pueblo y tomaron la Presidencia Municipal.
Esta comunidad en diciembre de 2014 impidió con barricadas y zanjas en una distancia de dos kilómetros la entrada del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que las primeras elecciones organizadas por la nueva figura no se llevaron a cabo. La comunidad ha planteado que el escenario de boicot se repetirá en los comicios de este año, al no estar solución a ninguno de los problemas que han planteado a las autoridades.
“En la gente hay inseguridad, no tienen una certeza de qué hacer, sin embargo, están convencidos totalmente de que este tipo de proyectos megaeólicos, no les van a beneficiar; por el contrario, saben que les quitarán su forma de vida, como lo es la pesca, porque no podrán pasar porque habrá generadores eólicos, ya dijeron que no habrá derecho de paso, ahora tendrán que caminar dos horas de trayecto para llegar a una zona en que les permitan realizar sus actividades”, comentó Gil al respecto.
Aunado a esta situación, la presencia policíaca ha aumentado, tanto de elementos que resguardan los parques, hasta presencia de grupos paramilitares. Esto se ha evidenciado ya que dentro de las comunidades que se encuentran en resistencia, han brotado pequeños focos de gente que se dice dispuesta a vender sus tierras, pero que están siendo financiadas por las autoridades con los recursos que San Dionisio del Mar dejó de recibir tras declararse autónomos.
De acuerdo con declaraciones de gente de la comunidad, el gobierno está armando a personas a las que “de un día para otro” convierte en policías, pero que carecen de preparación y entrenamiento. “En la zona hay retenes de grupos paramilitares y policíacos, todos están armados. Es una situación grave, es un choque de grupos armados e impedir las elecciones es un riesgo muy grande para la gente”, concluyen los comunicados de la comunidad de San Dionisio.
¿Querid@s? amig@s y enemig@s: err… bue… resulta que… es decir… ¿recuerdan que al final del texto del 19 de marzo 2015, “Sobre Homenaje y Seminario”, les pusimos que la organización del seminario era un desmadre? Bueno, pues nosotr@s cumplimos lo que prometemos: la dirección electrónica a la que están mandando sus datos de registro está mal, no es ésa, es errónea, etc. La dirección correcta es seminario.pensamientocritico15@gmail.com Ok, ok, ok, Va en mi cuenta. Atentamente: yo merengues.
La Tormenta, el Centinela y el Síndrome del Vigía.
Abril del 2015.
A loas compañeroas de la Sexta:
A loas interesadoas:
Aunque no lo parezca, ésta es una invitación… ¿o un reto?
Si usted es adherente a la Sexta, si usted es de un medio libre, autónomo, alternativo, independiente o como se diga, si usted está interesado en el pensamiento crítico, entonces tome como suya esta invitación al Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”. Si, además de aceptar la invitación, quiere asistir, por favor siga este link: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/registro-al-seminario-de-reflexion-y-analisis-el-pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista/
Si usted ha sido invitada, invitado, invitadoa como ponente, una misiva parecida a ésta le llegará por el mismo medio en que se le contactó. La diferencia estriba en que la carta invitación a ponentes tiene una “cláusula secreta”.
Bien, la invitación es, como quien dice, la envoltura.
Dentro, más abajo y a la izquierda, está…
El Reto.
Oh, lo sé. Los clásicos inicios de las reflexiones zapatistas: desconcertantes, anacrónicos, desubicados, absurdos. Como no queriendo, como así nomás, como “ahí les dejamos”, como “ahí lo vean”, como “va en su cuenta”. Como si aventaran una pieza de un rompecabezas y esperaran a que se entendiera que no están describiendo una parte de la realidad, sino que están imaginando la imagen completa. Como que miran el rompecabezas ya completado, con sus figuras y colores cabales, pero con los bordes de las piezas visibles, como señalando que el conjunto lo es gracias a las partes, y, claro, que cada parte adquiere su sentido en su relación con las otras.
Como si la reflexión zapatista emplazara a ver que falta lo que falta, y no sólo lo que hay, lo que se percibe como inmediato.
Algo como lo que hizo Walter Benjamin con el “Angelus Novus” de Paul Klee. Al reflexionar sobre la pintura, Benjamin la “completa”: ve al ángel, pero también ve lo que el ángel ve, ve hacia dónde es arrojado por lo que ve, ve la fuerza que lo agrede, ve la huella brutal. Ve el rompecabezas completado:
“Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas; así es como uno se imagina al Ángel de la Historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el Paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas, y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.” (X, “Tesis sobre filosofía de la historia”)
Entonces es como si nuestras reflexiones fueran un reto, un enigma del Acertijo, un desafío de Mr. Bane, un comodín en las manos del Guasón mientras inquiere “¿Por qué tan serios?”.
Como si el gato-perro, súper héroe y súper villano, Sherlock y Moriarty, irrumpiera acosando con preguntas: ¿qué miramos?, ¿por qué?, ¿hacia dónde?, ¿desde dónde?, ¿para qué?
Es como si lo pensáramos al mundo, cuestionando su torpe girar, debatiendo su rumbo, desafiando su historia, disputando la racionalidad de sus evidencias.
Es como si, por un momento apenas, fuéramos…
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El Centinela.
Usted puede ver que, por lo regular, en una instalación militar hay puestos en su periferia. Se les llama “Puestos de Observación”, “Puestos de Guardia” o “Puestos del Vigía”. El trabajo de esos puestos es vigilar los alrededores y los accesos al establecimiento, de modo de saber qué o quién se aproxima o se mueve o permanece en los alrededores del lugar. Bien, ese puesto de vigilancia (en los campamentos zapatistas le decimos “la posta”, ignoro la razón; por ejemplo, decimos “te toca la posta a las 0000 hrs”, “el relevo de la posta es a las 1200”, etc.), avisa o advierte al resto de la instalación, y contiene o detiene a quien trata de ingresar sin autorización. Quien ocupa el puesto de observación es el guardia, el vigía, el centinela. Además de observar y estar atento a lo que ocurre, el centinela es quien da la voz de alarma en caso de ataque y frente a cualquier eventualidad.
Según nosotras, nosotros, zapatistas, la reflexión teórica, el pensamiento crítico tiene ese trabajo de centinela. A quien trabaja con el pensamiento analítico, le toca el turno de guardia en el puesto del vigía. Podría extenderme sobre la ubicación de ese puesto en el todo, pero por ahora sólo baste plantear que es una parte también, nada más, pero nada menos. Digo esto por aquellos, aquellas y aquelloas (no olvidar la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad) que pretenden:
.- O estar por encima y afuera del todo, como algo aparte, y se esconden detrás de la “imparcialidad”, la “objetividad”, la “neutralidad”. Y dicen que analizan y reflexionan desde la asepsia de un imposible laboratorio materializado en la ciencia, la cátedra, la investigación, el libro, el blog, el credo, el dogma, la consigna.
.- O trastocan su papel de vigías y se adjudican el de nuevos sacerdotes doctrinarios. Siendo apenas centinelas, se comportan como si fueran el cerebro dirigente que muta en tribunal penal a conveniencia. Y desde ahí ordenan lo que debe hacerse, juzgan y absuelven o condenan. Aunque hay que reconocerles que el hecho de que nadie les haga caso, marcadamente la realidad siempre rebelde, no los inhiba de su delirio (etílico, no pocas veces).
El centinela tiene que ver con el puesto del vigía en cuestión. Pero ya volveremos sobre esto en alguna de nuestras intervenciones en el seminario.
Por ahora, baste decir que, abrumado, sobrepasado por la tarea de observación crítica en un mundo tramposamente instantáneo, en su turno en el puesto de guardia, el vigilante puede caer en…
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El Síndrome del Vigía.
Bien, pues resulta que el centinela “agota” su capacidad de vigilancia después de un período.
Este “agotamiento” (al que nosotras, nosotros, zapatistas, llamamos “el síndrome del vigía”) consiste, grosso modo, en que la persona que está en el puesto de vigilancia desarrolla, después de un tiempo de estar de guardia, una especie de “percepción en bucle” o “constancia de la percepción”. Es decir, reproduce en su percepción consciente una y otra vez la misma imagen, como si nada se alterara, o como si los cambios fueran parte de la misma normalidad de la imagen. Tiene que ver, supongo, con algo de percepción visual, pero también con el deseo de que nada altere la rutina. Así, por ejemplo, el vigilante no desea que un peligro aparezca, y ese deseo lo traslada a lo que vigila. “Todo está bien, no va a pasar nada malo”, se repite una y otra vez, y eso se traslada a su valoración de la realidad. Su objetivo es poder entregar un reporte de vigilancia lacónico: “sin novedad”.
Esto que les explico es producto de una observación empírica, no de un estudio científico. A lo largo de años y años de vigilancia, es lo que concluimos de nuestra propia (y reducida) experiencia. Con la persistente duda de si ciencia o usos y costumbres, preguntamos con alguien que sí le sabe a eso de la neurociencia. Nos dijo que el fenómeno existe, aunque no está precisado el mecanismo que lo provoca (antes de que quieran degollarme las distintas corrientes o posiciones en psicología, aclaro que lo único que confirmé es que el fenómeno es real, comprobable). Ahora bien, ¿por qué se da? bueno, ahí véanlo ustedes -sería bueno que, ya en eso, se pongan de acuerdo en cuál es el objeto de conocimiento de la “ciencia” de la psicología-.
Bueno, esa persona nos explicó lo que es la “atención selectiva” y nos mandó un libro de ésos de los de antes (o sea que se entiende lo que explica). Palabras más, palabras menos, se trata de que sólo atendemos una pequeña parte de lo que vemos en un determinado momento e ignoramos el resto. Bueno, pues ese resto que ignoramos es la “ceguera al cambio” o “ceguera por inatención”. Es como si, al filtrar las partes de la imagen que vemos, nos volviéramos ciegos a lo que no seleccionamos como importante.
Por ahora no desarrollaremos esto, pero, en resumen, el “síndrome del centinela” consiste en que:
a).- No se vigila el todo, sino sólo una parte de ese todo.
b).- Cuando se “cansa”, la guardia no percibe los cambios que se presentan en la zona vigilada porque le son imperceptibles (es decir, no son dignos de atención).
Para contrarrestar eso, usamos varios recursos:
Uno de ellos es la vigilancia no directa, la “visión periférica” o, en término coloquiales, “mirar por el rabillo del ojo”. Esto es que la mirada indirecta permite detectar alteraciones de la rutina. También debe de haber una explicación de esto en la neurociencia, pero creo que nos falta estudio.
Otras formas de solucionar la fatiga del centinela, son: poner dos o más vigías cubriendo el mismo punto; o reducir el tiempo de vigilancia y aumentar la frecuencia del relevo.
Puede y hay otras formas de que la tarea del centinela se cumpla.
Pero lo importante es que hay que estar avizores de cualquier señal de peligro. No se trata entonces de advertir el peligro cuando ya está presente, sino de mirar los indicios, valorarlos, interpretarlos, en suma, pensarlos críticamente.
Por ejemplo: esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera, cuál es su intensidad, se dirige hacia acá o se aleja?
¿O se trata de algo más grande, más terrible, más destructivo? Si es así, habrá que alertar a tod@s de la inminencia de…
La Tormenta.
Bueno, el asunto es que lo que nosotros, nosotras, zapatistas, miramos y escuchamos es que viene una catástrofe en todos los sentidos, una tormenta.
Pero…, resulta que nosotras, nosotros, zapatistas, también miramos y escuchamos que personas con grandes conocimientos dicen, a veces con su palabra, siempre con su actitud, que todo sigue igual.
Que lo que la realidad nos está presentando, son sólo pequeñas variaciones que no alteran en nada importante el paisaje.
O sea que nosotras, nosotros, zapatistas, vemos una cosa, y ellos ven otra.
Porque vemos que se sigue recurriendo a los mismos métodos de lucha. Se sigue con marchas, reales o virtuales, con elecciones, con encuestas, con mítines. Y, de manera concomitante, surgen y se desarrollan los nuevos parámetros de “éxito”, una especie de aplausómetro que, en el caso de las marchas de protesta, es inverso: mientras más bien portada sea (es decir mientras menos proteste), mayor su éxito. Y se hacen organizaciones partidarias, se trazan planes, estrategias y tácticas, haciendo verdaderos malabares con los conceptos.
Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración.
Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años.
Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo.
Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento.
Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas.
Entonces pensamos que en nosotros o en ellos, hay el “síndrome del centinela”.
Y nosotros, nosotras, zapatistas, miramos de reojo esos movimientos en la realidad. Ponemos entonces más atención, subimos a lo alto de la ceiba para tratar de ver más lejos, no lo que pasó, sino lo que viene.
Bueno, pues lo que vemos no es nada bueno.
Vemos que viene algo terrible, más destructivo si posible fuera.
Pero otra vez vemos que quienes piensan y analizan nada dicen de eso. Siguen repitiendo lo de hace 20 años, 40 años, un siglo.
Y vemos que organizaciones, grupos, colectivos, personas, siguen en lo mismo, presentando falsas opciones excluyentes, juzgando y condenando a lo otro, a lo diferente.
Y más: despreciándonos por lo que decimos que vemos.
Entonces, pues ya ve usted, somos zapatistas. Y eso quiere decir muchas cosas, tantas que en los diccionarios de su lengua de usted no existen palabras para eso.
Pero también quiere decir que siempre pensamos que podemos estar equivocados. Que tal vez todo sigue sin cambios fundamentales. Que tal vez el Mandón sigue mandando igual que hace décadas, siglos, milenios. Que puede ser que lo que viene no es algo grave, sino apenas una descompensación, un reacomodo de ésos que ni la pena valen.
Entonces o nada de pensamiento, de análisis, de teoría, o lo mismo de siempre antes.
Entonces nosotros, nosotras, zapatistas, pensamos que tenemos que preguntar a otros, a otras, a otroas, de otros calendarios, de geografías distintas, qué es lo que ven.
Creo que es como cuando a un enfermo le dicen que sí, que ya está muy grave, o sea que “está cabrón”, decimos acá. Y entonces pues, como quien dice, hay que buscar una segunda opinión.
Entonces decimos que está fallando el pensamiento, la teoría. Sea que falla la nuestra, sea que fallan los otros pensamientos. O tal vez fallan los dos.
Entonces, pues somos desconfiados, desconfiadas, como de por sí. Pero sí un poco lo confiamos las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta. Pero bien sabemos que el mundo es muy grande, y que hay otros, otras, otroas, que también le hacen a eso de pensar, analizar, mirar.
Entonces pensamos que necesitamos pensarlo al mundo, y también pensar así su calendario y su geografía de cada quien.
Y pensamos que más mejor si hacemos ahora sí que como un intercambio de pensamientos. No como se dice un intercambio de mercancías, como en el capitalismo, sino como si dijéramos que echemos trato de que yo te lo digo mi pensamiento y tú me lo dices el tuyo. O sea como una reunión de pensamientos.
Pero entonces no pensamos que es una reunión así nomás, sino que tiene que ser grande, muy grande, mundial se dice.
Y, bueno, nosotros, nosotras, zapatistas, no conocemos mucho. Si acaso y batallando, algo lo sabemos de nuestroas compañeroas, compañeras y compañeros de la Sexta.
Entonces vemos que a esas reuniones de pensamientos en algunas partes les dicen “seminarios”, creemos que porque “seminario” quiere decir “semillero” o sea que ahí se hacen semillas que a veces rápido crían y a veces tardan.
Y entonces decimos que hagamos un semillero de ideas, de análisis, de pensamientos críticos de cómo está actualmente eso del sistema capitalista.
Entonces el seminario o semillero no es un sólo lugar ni en un sólo tiempo. Sino que tarda y es en muchas partes.
Y entonces pues por eso decimos que es dislocado, o sea que no todo en un sólo lugar, sino que muchas partes y en muchos lados. Y decimos que es mundial, bueno, pues porque en todos los mundos hay pensamientos críticos, que se están preguntando qué pasa, por qué, qué hacemos, cómo, y esas cosas que se piensan en la teoría.
Pero entonces, pensamos, en algún lado empieza y en un tiempo.
Entonces, pues, empieza en un lugar ese semillero colectivo, y ese lugar es en un caracol zapatista. ¿Por qué? Bueno porque acá los pueblos zapatistas lo usamos el caracol para alertar y para llamar al colectivo.
Así que, por ejemplo, si hay un problema de la comunidad, o un asunto que hay que resolver, pues se toca el caracol y ya todo el pueblo sabe que hay reunión del colectivo para que el pensamiento hable su palabra.
O para ver cómo hacemos para resistir.
Así que digamos que el caracol es uno de los instrumentos del centinela. Con él avisa que hay un peligro.
Entonces el lugar es, pues, un caracol zapatista: el caracol de Oventik, montañas del sureste mexicano, Chiapas, México.
Y la fecha del inicio es el 3 de mayo. ¿Por qué el 3 de mayo?
Bueno, en nuestros pueblos es el día de la siembra, de la fertilidad, de la cosecha, de la semilla. Es el día de la Santa Cruz.
En los pueblos se acostumbra sembrar una cruz en donde nace el río, el arroyo o el manantial que le da vida al poblado. Así es como se señala que ese lugar es sagrado. Y es sagrado porque el agua es la que da la vida. Entonces el 3 de mayo es el día de pedir el agua para la siembra y la buena cosecha. Van entonces los pobladores a donde nace el agua a darle ofrendas. O sea que como que le hablan al agua, le dan sus flores, le dan su taza de atole, su incienso, su caldo de pollo sin sal. En otros pueblos le dan una copita de trago, pero en los pueblos zapatistas está prohibido el alcohol y entonces le dan refresco al agua. El caldo de pollo que se le da al agua es sin sal, para que no se seca el agua. Al mismo tiempo que están en esa ceremonia de ofrenda, tocan música y empiezan la bailadera tod@s, niñ@s, joven@s, ancian@s. Ya cuando termina la ofrenda, empieza la convivencia del pueblo. Se reparten la comida que llevan: atole agrio, pollo, frijol, calabaza. Todo lo que es comida, ahí lo comen en colectivo, junto al nacimiento del agua. Ya terminado eso, regresan en sus casas. Y ya por pura alegría, le siguen a la bailadera en el pueblo y comen en común y toman café con pan. También hay compas zapatistas que son albañiles, y entonces también lo celebran y cuentan que hacen una cruz de cualquier madera que encuentran y la ponen cuando empiezan la construcción. Dicen que porque es su responsabilidad del trabajador. O sea que el trabajador se hace así responsable de la construcción y le echa ganas para que queda bien, porque va en su cuenta que quede bien.
Entonces pues ya lo sabe usted. Ahí lo vea. Si acepta o no el reto, va en su cuenta.
Ojo: lo que sigue es sólo para ponentes. O sea que sólo va a ir en las invitaciones formales que se les mandan a l@s ponentes. No lo ande usted publicando porque es una…
Cláusula Secreta:
Todo esto es para que usted entienda, como quien dice, el contexto del seminario.
¿Qué esperamos de usted?
Pues que entienda que vienen personas de muy lejos, que hacen el sacrificio de su paga y su tiempo para llegar a escuchar lo que usted va a exponer. No vienen por ocio, ni porque vayan a ganar algo. No vienen por moda o ignorancia. Vienen porque tal vez ven esos nubarrones en sus horizontes, porque las lluvias y vientos ya los azotan, porque el hambre de tratar de entender no se sacia, porque sienten que la tormenta se acerca.
Así como nosotros, nosotras, zapatista, le respetamos a usted, así le pedimos que respete a esas personas. Habrá un@ que otr@ colad@, pero la mayoría son nuestr@s compas. Son personas que viven y mueren luchando, sin que nadie, como no seamos nosotros, nosotras, zapatistas, les lleve la cuenta. No hay para ell@s museos, ni estatuas, ni canciones, ni poemas, ni sus nombres están en vagones del metro, calles, colonias. Son nadie, cierto. Y no a pesar de eso, sino precisamente por eso, para nosotras, nosotros, zapatistas, son todo.
Entonces, no se ofenda usted, pero no traiga consignas, dogmas, autos de fe, modas; no repita lo que ya dijeron otros antes o en otro lado; no aliente el pensamiento haragán; no trate de imponer el pensamiento dogmático; no difunda el pensamiento mentiroso.
Le pedimos que traiga su palabra y que ella provoque el pensamiento, la reflexión, la crítica. Le pedimos que prepare su mensaje, que lo afile, que le saque brillo. Que con él honre no a la academia y a sus pares, sino a quien lo recibe, ya sea como sacudida, o como bofetada, o como grito.
La semilla que para este seminario o semillero le pedimos, es la que cuestione, provoque, aliente, impulse a seguir pensando y analizando. Una semilla para que otras semillas escuchen que hay que crecer y lo hagan según su modo, según su calendario y su geografía.
Oh, sí, lo sabemos: no verá ni engrosado su prestigio, ni su cuenta bancaria, ni su caudal de fama. Tampoco verá si consiguió nuevos seguidores, discípulos, rebaños.
Es más, el único indicio de éxito no lo verá, y será que en muchas partes, en otros calendarios y en geografías diversas, otras, otros, otroas, desafíen todo y discutan, debatan, cuestionen, critiquen, imaginen, creen.
Eso le pedimos. Eso, sólo eso.
Desde la conserjería de la Escuelita, habilitada ahora como “Oficina de protocolo, diseño e impresión de invitaciones para bodas, XV años, divorcios, bautizos, graduaciones frustradas, seminarios y otros”, y colgando unos letreros que dicen “Hoy no se fía, mañana tampoco”, “Salvavidas sobre pedido”, “Lleve su catalejo pirata, bara-bara-todo-legal-mi-buen-qué-pasóóó´”, “En este establecimiento no se discrimina por razón de su miopía”.
El SupGaleano.
México, Abril del 2015.
Épa, épa. Paren su carro. La dirección electrónica a la que están mandando sus datos de registro no es la correcta. Deben mandar a: seminario.pensamientocritico15@gmail.com. Por su comprensión, gracias (que las mentadas sean de menta, no hay que ser).
En la entidad mexiquense existe un reporte de más de mil 554 desaparecidos, en donde 70% son mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y 60% de ellas tiene entre 10 y 17 años
01 de abril 2015 12:02
El Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio —asociación integrada por 49 organizaciones de derechos humanos—, asegura que en los últimos nueve años, en el Estado de México, mil 596 mujeres han sido asesinadas, es decir, un promedio de dos por día.
En la entidad mexiquense existe un reporte de más de mil 554 desaparecidos, en donde 70% son mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y 60% de ellas tiene entre 10 y 17 años.
Los puntos rojos de esta violencia son los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco, principalmente.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, aseguró que de 3 mil 892 homicidios dolosos contra mujeres registrados en el país, entre 2012 y 2013, sólo se investigaron con protocolos de perspectiva de género 613 casos, es decir, apenas 15.75%.
Dijo que el Estado de México es la entidad con mayor número de casos, pues entre 2011 y 2013 se registraron más de 800 homicidios violentos en contra de mujeres, y de éstos sólo se indagaron 145 con los mecanismos para distinguir el feminicidio.
En contraparte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que desde marzo de 2011, fecha en que se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Feminicidio, se han registrado 191 casos y ha obtenido 64 sentencias, que representa 35% de los casos judicializados.
El procurador, Alejandro Gómez Sánchez, refirió que aunque el feminicidio ya ha sido tipificado como un delito autónomo, muchos de los asesinatos de mujeres pueden ser considerados homicidio doloso de una persona del sexo femenino en los supuestos específicos que el propio tipo penal señale.
COZUMEL, Q. Roo.- Con ayuda de maquinaria pesada y volquetes un grupo de personas consumó la madrugada del martes el saqueo de las dunas en “Punta Morena”, sitio localizado en un Área Natural Protegida (ANP) en la zona oriental de la isla Cozumel; punto que fue saqueado también en octubre de 2014 sin que hasta la fecha se haya dado con los responsables.
“Esto fue un robo organizado en el que las autoridades municipales, estatales y federales permitieron esto”, declaró Guadalupe Álvarez Chulin, presidenta del grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar (Citymar), quien ya envió la denuncia ante las autoridades ambientales en la ciudad de México.
Los primeros indicios revelan que la arena terminó en dos centros de hospedaje, un hotel de la zona norte y otro más de la zona sur, según declaraciones de César Trejo Vázquez, regidor del ayuntamiento.
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Por su parte el presidente municipal, Freddy Marrufo Martín, al igual que en el 2014, afirmó que “apoyará en las investigaciones este delito ambiental”, pero no pudo precisar qué ocurrió con la denuncian del año pasado.
Denunciado por deportistas
Desde temprana hora deportistas que utilizan la ciclovía en la zona oriental alertaron la desaparición de una duna completa de unos 40 metros de largo y ocho de fondo con aproximadamente dos metros y medio en los puntos más altos del arenal.
El lugar del saqueo se ubica en el kilómetro 47 de la carretera oriental al que se llega por las carreteras transversal y sur.
La primera en confirmar el saqueo fue Guadalupe Álvarez quien envió la denuncia el mismo día con el número de oficio 009/031/03/2015 al Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez. Ésta se suma a la enviada el 16 de octubre luego de que el 14 del mismo mes se diera conocer la primera extracción ilegal que ha quedado sin resolver.
Al mediodía personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se presentó en el lugar para hacer una inspección de los daños en la que aún eran visibles las huellas de los camiones y trascabos utilizados.
“Podemos ver que es bastante grande la afectación […] este punto es habitad natural de diversas especies” Rocío Bravo
Rocío Bravo Xicoténcatl, encargada de la Subdirección de la Conanp en la isla, dejó claro que la zona es un ANP y que apenas el lunes se encontraba en el estado en que quedó luego de la última extracción ilegal.
“Podemos ver que es bastante grande la afectación […] este punto es habitad natural de diversas especies tanto de flora y fauna por lo que le daño que se sufrió es considerable”, afirmó.
Ubican la arena extraída
Luego de conocer la noticia de que “Punta Morena” había sido depredada nuevamente, el concejal César Trejo pudo ubicar y obtener imágenes de uno de los sitios en los que fue depositado el material.
Se trata de un conjunto de condominios de lujo al sur de la ínsula sobre la carretera antigua al que se identificó como “Costa del Sol”.
Acompañado de personal de la Zofemat y su director Julio Dzay Aguilar, pudieron comprobar, hacer videos y fotografías de la arena almacenada en algunos cajones de estacionamiento del sitio.
Ahí se pudo captar parte de la maquinaria que se utilizó para la remoción de arena.
Otro dato al que se pudo tener acceso es que parte de la arena extraída fue llevada a las instalaciones del hotel Club Cozumel Caribe, al norte de la ínsula, en una operación que comenzó a las 11 de la noche y concluyó en la madrugada.
“Lo que procede ahora, (recalcó el regidor), es hacer la denuncia a las autoridades ambientales para dar un ejemplo a quienes depredan de esta forma en la isla de Cozumel. No podemos permitir que esto siga sucediendo y llegaremos hasta las últimas consecuencias”, sentenció.
El pueblo indígena cucapá sobrevive y lucha para seguir con su milenaria pesca rivereña en una de las regiones naturales que ha sido radicalmente modificada debido a la acción del hombre y a fenómenos naturales: el delta del Río Colorado, entre los estados de Baja California y Sonora (México).
A la sistemática degradación del ecosistema rivereño y deltaico que ha sufrido la cuenca baja del Río Colorado producto del desvío y modificación de su cauce en ocho décadas en la cuenca media y alta del río, ubicada en Estados Unidos, se ha sumado en los últimos años la implacable acción de la naturaleza.
“La gente de río”, es decir, la tribu cucapá, por milenios ha habitado la zona del delta del Río Colorado y sobrevivido de la pesca artesanal; pero en los últimos años enfrentan mayores obstáculos en este delicado y cambiante ecosistema rivereño que se une al Alto Golfo de California.
Con un Río Colorado del que sus aguas ya no alcanzan a encontrarse con el Golfo de California, el pueblo cucapá ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y moverse de las aguas tranquilas del bajo Colorado, a las inquietas aguas del Alto Golfo de California en su esfuerzo por continuar con la pesca de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), el pez que llega a desovar a las aguas del delta entre los meses de marzo a mayo, viaje que sincroniza con las mareas altas que llevan las aguas marinas hasta su encuentro con el Río Colorado.
De ser un pueblo de pescadores que encontraba su sustento pescando en el Río Colorado y su delta, los cucapás han sido forzados a ir mar adentro donde los peligros y el esfuerzo son mayores.
Su actividad tradicional y milenaria, la pesca, antaño una forma de vida, ahora está sobreregulada pues sus áreas de pesca quedaron dentro de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, decretada por el Gobierno Federal mexicano en los años noventa sin consultar al pueblo cucapá.pesca cucapa
Un entorno modificado a causa de las presas
Al caminar sobre la planicie deltaica del Río Colorado, unos 10 kilómetros al Sur del último poblado del Valle de Mexicali, el Ejido Indiviso, es apenas perceptible el eco de un antigüo explendor natural. En su momento, donde ahora hay un extenso páramo arcilloso sin vegetación, antes fluía intermitentemente el agua en el gran delta del Río Colorado, antes de llegar a su encuentro con el Mar de Cortés.
En 1934 fue terminada la que en su tiempo fue la presa más grande del mundo, la Hoover ubicada al Oeste de la ciudad de Las Vegas, en Nevada, la que acabó para siempre con el libre Río Colorado, el que antes de su represamiento recorría impetuoso cerca de tres mil kilómetros desde su nacimiento en las montañas Rocallosas hasta su desemboque en el Golfo de California. El represamiento de los flujos naturales del Colorado ha ocasionado que las descargas al Golfo de California resulten prácticamente nulas.
Inició así la decadencia del delta y la adaptación de su gente, los cucapás, a las nuevas condiciones del río.
Sin embrago, a pesar de que el ecosistema del bajo Colorado y su delta han sido alterados de forma dramática, el pueblo cucapá persiste con su pesca artesanal, su principal sustento antes y ahora.
“La pesca de la curvina no sólo es una actividad económica para nuestro pueblo, es también parte de nuestra cultura”, sostiene Hilda Hurtado Valenzuela, una de las líderes cucapás que han organizado a su pueblo como cooperativistas pesqueros y quien preside la Sociedad Cooperativa Pesquera Pueblo Indígena Cucapá.
“Doña Hilda”, como la conocen los pescadores y lugareños del ejido Indiviso, donde la cooperativa de pesca Cucapá genera decenas de empleos, tiene el recio temple de una líder que sabe muy bien cuáles son los problemas de su pueblo y los derechos que están siendo vulnerados.
“Hemos asumido este liderazgo en parte para que no se pierda esta parte cultural pero también para que sobreviva el pueblo cucapá”, platica en medio de un día de trabajo en el Zanjón, a donde llegan las “pangas” cargadas de curvina.
Relata Hilda que originalmente la pesca de la curvina era para la subsistencia de pueblo cucapá, y que no fue hasta mediados de la década de los ochentas del siglo pasado, cuando empezaron a comerciar sus excedentes pesqueros.
Actualmente se tienen 109 permisos para la pesca de curvina, repartidos entre las cooperativas pesqueras Pueblo Indígena Cucapá, Chapay Seis Jhiurrar Cucapá; y Sociedad de Producción Rural el Mayor Cucapá.
En tan sólo una generación, el modo de vida de los cucapá se modificó sustancialmente. De ser nómadas y pescadores que se beneficiaban con la abundancia de peces y crustáceos en la cuenca baja del Colorado, la reducción del agua en el río acabó con estas pesquerías y los obligó a adentrarse al final del río y mar adentro para poder seguir pescando.
A esto se suma una sobreregulación pesquera que ha impuesto la reducción de permisos de pesca y topes de captura para la curvina, la única especie que pescan actualmente.
Y también un acontecimiento natural que desencadenó un escenario aún más difícil para los cucapás. El terremoto de 7.2 grados en escala de Richter ocurrido el 4 de abril de 2010 modificó la planicie del delta del Colorado, hundiendo el terreno y posibilitando que el agua de las mareas altas inunde ahora los caminos que eran utilizados por los cucapá para transportar sus embarcaciones conocidas como “pangas”.
“El terremoto de 2010 nos vino a hacer más difícil nuestra actividad de la pesca, antes teníamos un acceso directo al zanjón para embarcarnos e ir a pescar, ahora para llegar hasta el punto de embarque se tuvo que construir un camino elevado porque todo se inunda con las mareas altas”, relata por su parte Mónica González, cucapá y activista con una larga historia de lucha por los derechos de su pueblo.
Para el acceso de las 3 cooperativas pesqueras cucapás y 2 más que integran pescadores de los ejidos del Sur del Valle de Mexicali, el Gobierno ha habilitado caminos de terracería que en algunos tramos sólo han aguantado una temporada de pesca, siendo destruidos por la acción de las mareas.
Una de las principales demandas del pueblo cucapá es en este sendido, ya que se requiere la construcción de un camino permanente que permita a los pescadores llegar con sus “pangas” hasta la zona de embarque, donde hay agua de forma permanente y no sólo con las mareas altas, lo que limita y hace más difícil su trabajo.
El panorama de la veda total
En las últimas semanas el Gobierno Federal anunció que durante dos años la pesca con redes agalleras en el Alto Golfo de California quedará prohibida, como una medida de protección de la vaquita marina, de la que actualmente se estima sólo quedan 97 ejemplares.
Aunado a esta medida, el Gobierno entregará subsidios a pescadores para evitar que utilicen sus redes de pesca, donde accidentalmente ha muerto la vaquita marina. La veda total no será aplicada a la curvina, la que podrá seguir pescándose durante el periodo de marzo a mayo.
Sin embargo, las amenazas actuales que podrían afectar la milenaria pesquería de los cucapás incluyen los decomisos de la especie pesquera que capturan (Curvina Golfina); detenciones contra los indígenas por pescar en su territorio natural; confiscación y destrucción de sus artes de pesca; baja en los precios del pescado por la sobresaturación del producto.
Hilda Hurtado aclara que la pesca y venta de la curvina es de sobrevivencia, “no para hacernos grandes ricos. Trabajamos esos días para la subsistencia de todo el año”.
La segunda marea en el delta del Río Colorado llegó entre los días 15 al 17 de marzo. Fue una buena marea donde a partir del segundo día de trabajo abundó la curvina.
Intensas jornadas de trabajo y un constante ajetreo entre el Zanjón del delta del Río Colorado y el poblado El Indiviso marcan el ritmo en la temporada de pesca de los cucapás.
El viento y el sol intenso ambientan el campamento pesquero. La Madre Tierra, una vez más, acercó a la curvina hacia el delta del Río Colorado, donde antes como ahora los cucapás cumplen su milenaria cita que posibilita la sobrevivencia de su pueblo.
José Antonio Lara Duque, Abogado y Defensor de Derechos Humanos, fundador e integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la Alianza Única del Valle
Las y los habitantes del Cerro del Coyote lograron con organización, movilizaciones, acciones jurídicas y de visibilización, pero sobre todo, al poner el corazón y la vida por delante, un triunfo importantísimo y de alcances aún por determinar en la defensa del agua de su pueblo y de su administración, basada en usos y costumbres.
Por orden de un juez federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está obligada a reconectar la energía eléctrica de sus pozos de agua por encima de la absurda deuda de más de 31 millones de pesos que reclama, pretexto para dejar sin agua a este pueblo durante prácticamente cinco meses.
Para quienes no ubiquen Coyotepec y el conflicto al que me refiero: este municipio se localiza en la parte noroeste del Estado de México, kilómetro 50 de la autopista México-Querétaro. Colinda al norte con el municipio de Huehuetoca; al sur con Teoloyucan; al oriente con Teoloyucan y una parte de Zumpango; al poniente con Tepotzotlán y el poblado de Santa Cruz del Monte, perteneciente al municipio de Teoloyucan. El INEGI censó en el 2010 la población total del Municipio de Coyotepec con 39,341 personas.
Este pueblo lleno de músicos y mujeres guerreras asombró a propios y extraños cuando el 9 de junio del 2013 cientos y cientos de mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes y ancianos cerraron la autopista México-Querétaro en protesta por la imposición de la municipalización/privatización del agua del pueblo.
El gobierno estatal respondió con la cara que mejor le conocen los y las mexiquenses: la Represión. Cientos de granaderos y un par de helicópteros, arremetieron contra la población civil dejando un saldo de más de 50 lesionados y el pueblo sumergido en una sorprendente nube de gas lacrimógeno que desde tierra y aire fue lanzado no sólo a las calles si no a casas y patios de los y las Coyotes defensores del agua.
El pueblo resistió el embate y echó a andar una estrategia de resistencia civil. La tradición política del priísmo se reafirmó cuando la repuesta a la resistencia popular fue, de nueva cuenta, la represión.
Con grupos de choque, a principios de julio del mismo año privaron de la vida a un joven coyotepense que se destacó en la defensa de su pueblo tras la agresión gubernamental arriba referida; intentaron asesinar a otro defensor en septiembre del mismo año; golpearon a decenas de habitantes y amenazaron de muerte a muchos otros y muchas otras; aun así el pueblo resistió y resistió.
La crítica situación de agresiones y sistemáticas violaciones a derechos humanos atrajo la atención nacional e internacional, de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y campesinos en lucha, académicos e intelectuales, instancias internacionales como la Oficina en México de la ONU en materia de Derechos Humanos que intervinieron ante tan delicado contexto. Lo anterior permitió que los gobernantes bajaran el nivel de hostilidad y postergaron la batalla.
Sin embargo, en noviembre del 2014 regresó el gobierno a las andadas, pero fortalecidos: aliados con la Comisión Federal de Electricidad reclamaron nuevamente el agua del pueblo para entregársela a empresas inmobiliarias con el pretexto de altas y absurdas facturaciones la CFE.
Así el gobierno estatal y municipal cortaron el suministro de energía eléctrica, de los pozos: Centro, Chautonco 1 y Chautonco 2. La CFE colocó trabajadores, ambos gobiernos, policías; creían que así lograrían derrumbar la resistencia popular.
En enero y febrero del 2015, tras corroborar que los ciudadanos y ciudadanas asombrosamente soportaron durante meses la falta de agua y aun así no entregaban los pozos, de nueva cuenta los priístas en el gobierno decidieron echar mano de su mejor carta: la represión.
Con policías y grupos de choque buscaron despojar por la fuerza los pozos de agua. Armados y con vestimenta apta para el combate llegaron los esbirros, y con posturas militares resguardaban los pozos de agua, los cuales fueron construidos única y exclusiamente con las manos y recursos económicos de los abuelos y abuelas Coyotes.
Por tres días, los agresores fueron repelidos por una de las más hermosas y admirables respuestas de una población humilde y digna como lo es Coyotepec: la organización.
Sobre todo, mujeres de todas las edades, al poner su cuerpo y su alma en la línea, impidieron que las fuerzas del orden tomaran posesión de los pozos. Bastó su valiente mirada para echar atrás a tipos preparados para la batalla pero totalmente indefensos ante el espíritu de lucha de las mujeres coyotes que con voz firme gritaban: “el agua no se vende, se ama y se defiende”.
En este marco, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el Frente Popular 9 de Junio de Coyotepec interpusieron el juicio de amparo 74/2015 ante el Juzgado 2 do. de Distrito en el estado de México, con el argumento de violación al derecho humano al agua, del cual, después de una discusión jurídica con CFE, Gobierno estatal y Ayuntamiento de Coyotepec, el Juez determinó:
“La reconexión del suministro de energía eléctrica para que continúen trabajando las máquinas con las que se extrae el agua en los pozos 1 y 2 Chautonco que surten al Municipio de Coyotepec, México, mismos que abastecen del servicio de primera necesidad de agua potable a los habitantes de ese Municipio”.
“Sin que en el caso haya lugar a fijar garantía alguna a efecto de que surta efectos la suspensión que se decreta, es decir, de que se realice el pago del adeudo total o parcial del que se dice existe, pues en el caso prevalece que esa población requiere del vital líquido para vivir y para ello se requiere de manera indispensable la reconexión de la energía eléctrica”.
Al día que redacto esta columna, los habitantes de Coyotepec retomaron las oficinas de la administración autónoma de agua, despojadas por la fuerza en los momentos difíciles de la lucha, echaron a andar las bombas para llevar de nueva cuenta el vital líquido a los hogares humildes que en su mayoría componen esta población y de forma discreta mandaban un mensaje a otros pueblos y organizaciones del estado y del país: “sí es posible luchar y ganar ante el gobierno, nosotros y nosotras los estamos haciendo…”
Gracias, Coyotepec por mandarnos a todas las personas que creemos en la dignidad humana este gran mensaje de esperanza que ustedes han construido con tanto esfuerzo. Ha sido y es un honor estar a su lado en tan digna y admirable lucha en defensa del agua que ahora es ya un ejemplo que seguramente recorrerá los pueblos y organizaciones que defienden su derechos los cuales pululan en nuestro estado.
*Las opiniones aquí expresadas no necesariamente son asumidas por las organizaciones.
A pesar de los problemas de seguridad en Guerrero, que derivaron en el secuestro de empleados contratistas, la minera Torex Gold aseguró a inversionistas que los retrasos por los incidentes delictivos no perjudicaron al proyecto Limón-Guajes, en el Estado.
Fred Stanford, presidente y director ejecutivo de la minera, aseguró que la zona se ha mantenido tranquila e incluso que las actividades de construcción se ha acelerado, por ende, calculó que la primera producción de onzas de oro será al finalizar este año y la fase comercial iniciaría a más tardar en el segundo trimestre de 2016.
“Los miembros de la comunidad que fueron secuestrados fueron devueltos a sus familias. La policía local están participando en un proceso para lograr el reconocimiento formal de las autoridades estatales y militares.
“La Policía Estatal y militar siguen patrullando efectivamente el área y las discusiones han comenzado y continuarán en los próximos meses con el objetivo de formalizar un compromiso para un federal permanente con la presencia de seguridad del Estado”, informó el directivo.
Hasta ahora este personal está trabajando en la instalación del acero estructural, la infraestructura mecánica, tuberías y enseres eléctricos. la minera ha contratado a 2 mil 200 personas, sólo en la fase de la construcción se emplean mil 100 trabajadores.
En febrero pasado la empresa fue afectada por el plagio de 13 personas en la comunidad de Nuevo Balsas, por lo que sus operaciones fueron suspendidas parcialmente por los trabajos de investigación.
Torex Gold cuenta con los proyectos Media Luna y El Limón-Guajes en una extensión de 29 mil hectáreas en Cocula, Guerrero. Sólo en la exploración del proyecto Media Luna se han invertido 56 millones de dólares, mientras que en su otro proyecto en El Limón-Los Guajes se invertirán 642 millones de dólares.
“Colima, México. Avanzada (31 de marzo de 2015).-
El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) denunció que en 18 estados del país, entre ellos Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco y Nayarit, los jornaleros agrícolas viven en condiciones de vulnerabilidad y constante violación a sus derechos fundamentales.
“Sin que hasta la fecha la autoridad haya desarrollado mecanismos de vigilancia, control y protección adecuados”.
A través de una carta que circula por medios de comunicación nacionales, el FIOB señaló que la explotación laboral afecta a más de 2 millones de Jornaleros Agrícolas y por lo menos en 18 estados se ha detectado esta problemática.
Las entidades con este tipo de problemas son: Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.
El Frente Indígena expuso que los campos o fincas pertenecen a empresas nacionales y extranjeras que explotan a sus trabajadoras y trabajadores, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, bajo el amparo y, en ocasiones, en contubernio de instituciones públicas que se ven beneficiadas de esta cadena masiva de explotación laboral.
Además señalaron que más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, sus propias condiciones de trabajo, pobreza y migración impiden que esos trabajadores del campo logren niveles de educación media superior.
El 81 por ciento de los jornaleros agrícolas no han logrado concluir la educación secundaria, “esto último los hace una población más vulnerable a la explotación laboral”, señala el FIOB.
Asimismo dicha organización civil expuso que el 90% de los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo; un jornalero agrícola trabaja 15 horas al día mientras que en la Ley Federal del Trabajo está establecida una jornada laboral de 8 horas en promedio.
Tampoco tienen derecho a prestaciones que la ley marca, entre ellas el derecho a tener seguridad social y condiciones dignas para vivir.
El pasado 22 de marzo en Colima 49 jornaleros mixtecos, entre ellos 13 menores de edad, fueron rescatados por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El titular de dicha secretaria, Alfonso Navarrete Prida, señaló que los jornaleros rescatados se encontraban en condiciones prácticamente de esclavitud, ya que trabajaban 15 horas al día y les pagaban a tres pesos la cubeta de pepino.
Hasta ahorita la autoridad laboral en la entidad no ha dicho qué hará para evitar la explotación de trabajadores agrícolas en los campos colimenses.
El conflicto laboral en el Valle de San Quintín, Baja California continuará por tiempo indefinido y los jornaleros no aceptarán el incremento de sólo 15 por ciento que el Consejo Agrícola les ofreció el viernes, pues consideran que los dueños de los campos llevan una vida millonaria con yates, autos del año y residencias, a costa de la sangre y la explotación de los trabajadores, aseguró Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social del Valle de San Quintín.
Consideró que el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de la Madrid miente, pues el problema de los trabajadores agrícolas no se ha resuleto por completo, tal y como lo aseguró el mandatario el fin de semana en su cuenta de Twitter.
Los empresarios no aceptaron elevar el salario de 110 pesos diarios a 300 pesos que solicitaron los líderes de los jornaleros. Tampoco subir de 10 a 20 pesos el pago de la caja de fresa y otorgarles prestaciones de ley.
“Mientras ellos son millonarios: tienen yates, sus hijos andan en carros de lujo. Ellos dicen que no pueden incrementarnos el salario a 300 pesos, pero la verdad ellos son ricos gracias a que nosotros dejamos la sangre en los campos”, dijo Fidel Sánchez en entrevista con SinEmbargo.
Los “patrones” se negaron también a darles prestaciones como seguro social, pago de aguinaldo, vacaciones, días festivos, prima vacacional y reparto de utilidades por separado del monto que perciben diario.
Sin embargo, de acuerdo con el semanario Zeta, el Gobernador aseguró ayer que su gobierno ya cumplió en el conflicto del Valla de San Quintín.
“Nosotros ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir”, dijo. Sobre la solicitud del incremento en el salario añadió: “No es ni siquiera facultad del Estado”.
Para Fidel Sánchez el Gobernador de Baja California, no les resolvió nada.
“El Gobernador no tuvo la capacidad de dar una respuesta a este problema tan profundo de años que venimos arrastrando. Esperamos que con este movimiento que estamos haciendo las autoridades hagan su trabajo. La mayoría está todavía en paro laboral. Ahorita vamos a Mexicali 500 jornaleros y los cinco líderes, vamos a concientizar a la población de lo que sucede en los campos”, dijo.
El vocero del movimiento aseguró que el Gobernador miente al declarar que los jornaleros ya están trabajando.
“Es totalmente falso. La mayoría seguimos en paro. No hemos regresado a trabajar y no hemos firmado nada. Vamos a solicitar la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación, para que venga a atender la situación, debido a que el Gobernador no tuvo la solución”, afirmó.
Además de recurrir al gobierno federal, los jornaleros solicitarán la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Porque México ha firmado tratados internacionales de trabajo. Estamos tratando de ver a organizaciones de Estados Unidos, para que a través de ellos empiecen a concientizar a los compradores directos, para que desde allá nos apoyen y se preocupen por verificar si el productor mexicano respeta las leyes y a los trabajadores antes de comprarles”, dijo.
LUCHARÁN POR PRESTACIONES DE LEY
Las prestaciones sociales son las de mayor importancia, dijo el líder. Cuando un trabajador enferma, al negársele seguridad social, no tiene derecho a una incapacidad, es decir: “Día trabajado, día pagado”, “si no trabajas no ganas”, indicó.
“La mayoría de nuestros hermanos al estar trabajando en la pizca de la fresa, pueden tener una contracción en la columna vertebral, lastimarse los pulmones por respirar los químicos o, con las espinas de las moras, hasta con los tallos hay personas que han estado a punto de quedarse ciegas”, narró.
Sánchez Gabriel explicó que si un trabajador del campo enferma y requiere reposo como parte de su tratamiento, el patrón prefiere llevarlo a un centro de salud, incluso pagar una consulta particular, que darle seguro social y pagarle los días que no pueda trabajar.
“Hay empresas que tienen nóminas falsas, los agricultores manejan todo a su antojo y ahí está el error, la Secretaría del Trabajo [y Previsión Social] debería hacer su trabajo más a fondo, preguntarle a los jornaleros si están afiliados al seguro social o no”, detalló.
El líder de los jornaleros indicó que en los campos agrícolas de México y en especial, en el Valle de San Quintín, prevalece la “esclavitud moderna”.
“Ya no hay látigos como en el época de Porfirio Díaz, ahora es psicológica porque te dicen: ‘¿quieres ganar más dinero?, échale ganas, apúrate; ¿quieres seguir trabajando?, no faltes ni un día. Si faltas un día porque te enfermaste, te quitan hasta 400 pesos de bonos”, explicó.
Fidel Sánchez lamentó también que en los campos agrícolas de México aún haya niños trabajando.
“Hay que reconocerlo ante la opinión pública: sigue habiendo niños trabajando, porque el salario que recibimos no nos alcanza para que los hijos continúen sus estudios medio superior y mucho menos la Universidad. Se ven obligados a trabajar con actas falsas, de algún familiar, y adentro, cuando se les pregunta su verdadera edad, tienen 13, 14 años”, dijo.
En San Quintín, precisó, el niño más joven que trabaja en en la pizca tiene 12 años: “de los 19 jornaleros que aún están presos, de esos nueve son menores entre 15 y 17 años y los otros 10 son adultos”, dijo.
Fidel Sánchez aseguró que los jornaleros no se detendrán hasta conseguir los 200 pesos mínimos de pago diario, 100 pesos menos que lo solicitado al inicio del conflicto.
“Es lo menos que podemos pedir, y las prestaciones: queremos tener seguro social, porque ellos ante los ojos de un jornalero son millonarios, a costa nuestra, y no nos quieren dar nada”, aseguró.
Cancún, Q.Roo. Eran acusados por Profepa de talar manglar en la isla; un juzgado dicta auto de libertad a su favor, luego de que Tribunal Colegiado confirma amparo liso y llano.
Después de permanecer ocho meses en prisión, acusados por la Profepa de talar manglar y palma chit en una poligonal de Holbox, 12 comuneros abandonaron la cárcel de Cancún al mediodía de hoy, libres de todo cargo.
Lorenzo Poot Canché, Reyes Gaspar Chi Ake, Alfredo Sánchez Marfil, Walter Pinzón Kumul, Alberto Lugo Canul, Alfredo Poot Balam, Carlos Piste Chi, Perfecto Piste Chi, Alfredo Canul Aban, Eliseo Noh, Huchim, Víctor Cocom Dzib y Sergio Pontan Albañil, fueron puestos en libertad y llevados a Holbox, en donde la comunidad hará una fiesta en su honor, para celebrar su liberación.
Alzando los brazos al cielo, Alfredo Sánchez Marfil, de 58 años, agradeció a Dios por haber “dado la luz del entendimiento” al magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito, que el 26 de marzo pasado confirmó el amparo 854/2014 que el Juzgado Tercero de Distrito, concedió a la docena de comuneros el 27 de noviembre.
“Gracias papá Dios”, expresó Alfredo, con los brazos en alto, mientras una lluvia de flashes caía sobre él, antes de abordar la camioneta que lo condujo hacia la isla de Holbox. “Ahí nos esperan nuestras familias con los brazos abiertos”, manifestó.
Sánchez Marfil y sus compañeros salieron libre de cargos, a diferencia de los tres topógrafos y el estudiante -Ismael Chacón Rosado, Roberto Carlos Peralta Abán, Eleazar Arturo Peralta Abán y Abdiel Mena Cruz, quienes siguen bajo proceso, pero lo enfrentan en libertad, luego de que abandonase la prisión de Cancún, la noche del cuatro de marzo pasado.
Nacido en Escárcega, Campeche, Alfredo radica en Holbox desde hace 25 años. El 24 de julio del 2014, cuando fue detenido junto con sus 12 compañeros, los tres topógrafos y el joven universitario, se encontraba sentado comiendo galletas.
“Estábamos sentados esperando que los topógrafos armaran sus equipos para barrer caminos que ya estaban hechos. No dimos ningún machetazo, estábamos bebiendo refresco y comiendo galletas”, indicó.
Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), apoyados por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), los capturaron y acusaron por desmontar manglar y palma chit -especies protegidas por la legislación mexicana- y los condujo ante la mesa de delitos ambientales de la Procuraduría General de la República (PGE), acusándoles de delitos en contra de la Biodiversidad.
Las autoridades argumentaron que además, los delitos imputados se cometieron en flagrancia, al momento de talar el mangle y la palma chit, condición que no han podido acreditar hasta el momento, de acuerdo con el abogado, Alejandro Aguirre.
El 12 de agosto la defensa legal de 12 de los 16 detenidos, presentó un amparo -liso y llano- en contra del auto de formal prisión dictado por el Juzgado Séptimo de Distrito, como obra en la causa penal 28/2014-II-P.
En la cárcel -en donde se encuentran personas a la espera de sentencia y procesados por delitos menores, hasta violadores, narcotraficantes y asesinos- los 16 fueron alojados en una misma celda, durmiendo en colchonetas en el área de Albatros.
“Hicimos amigos, con los guardias, con los reos. Estuvimos en el área de las mujeres, nos pasaron al área de lo que era la ‘F’, en el ‘Cuadro’, pero luego vino el secretario de Seguridad Pública (Juan Pedro Mercader) y nos pasaron en octubre a Albatros.
“En la misma celda dormíamos 16, se fueron cuatro, quedamos 12. Dormíamos en colchonetas, dentro de lo que cabe, bien”, narró.
De los otros prisioneros, Sánchez Marfil y sus compañeros aprendieron “cosas positivas”: Elaborar artesanías, pintar cuadros, hacer hamacas tejidas y rosas.
“Quizá fue una prueba que Dios nos puso y la soportamos (…) sacamos algo positivo dentro de esto”, subrayó, luego de comentar que el momento más amargo dentro de la cárcel, fue cuando les dictaron el auto de formal prisión.
El 27 de noviembre la Juez Tercero de Distrito, Ana María Nava Ortega, falló a favor de los 12 comuneros e instruyó al Juzgado Séptimo a dictar el auto de libertad.
Sin embargo, el agente del Ministerio Público federal presentó un recurso de revisión sobre la sentencia otorgada por la juez, lo que les impidió abandonar la cárcel, en tanto el Tribunal Colegiado resolviera el caso, lo cual ocurrió el jueves pasado.
“No guardamos resentimiento. Acá se cierra una etapa y se abre otra. Nuestra vida continúa y esperemos en Dios, para bien. A Dios gracias se hizo justicia, tanto la justicia de la ley, como la de Dios”, expresó Sánchez Marfil, al salir de la prisión.
Lo primero que hará al llegar a casa será abrazar a su nieto, a sus hijas y a su esposa, para continuar con su vida, luego de enfrentar una experiencia que califica como “inolvidable”.
“No se lo deseo a nadie. Al principio fue duro, un trauma emocional el que vivimos. Ya luego nos fuimos acomodando, conociendo amigos, dentro de lo que cabe; y se acomodó todo, de tal manera que hubo personas que amablemente nos enseñaron a hacer un trabajo manual… a hacer rosas, lámparas”, dijo.
De la Justicia mexicana, Salvador opinó que “debe ser más explícita y clara; deben entrar ya los juicios orales”.
Indígenas mexicanos de los mismos pueblos mixtecos y triquis cosechan fresas en ambos lados de la frontera con Estados Unidos, pero mientras en California son protegidos por la ley laboral, en Baja California tienen dos semanas de protestas por las condiciones de miseria en las que trabajan.
José González, un líder indígena en San Diego, explicó: “los campesinos que cosechan en San Quintín y en el estado de California venimos de los mismos pueblos de Oaxaca y Guerrero, todos tenemos familiares en ambos lados de la frontera entre California y Baja California”.
David Bacon, el periodista independiente que se convirtió en el cronista del Valle de San Quintín, dijo a La Jornada Baja California, que no sólo son los mismos pueblos sino que la producción de ambos lados de la frontera se destina a un mismo mercado, el estadunidense y, que además, tienen los mismos patrones:
“Tradicionalmente los dueños de las tierras en San Quintín son mexicanos, pero producen y exportan asociados con estadunidenses; las fresas que se producen en San Quintín están destinadas en cien por ciento al mercado estadunidense, pero las mueven estadunidenses, los mexicanos no tienen capacidad para exportarlas”, dijo Bacon.
La diferencia es notable: esta semana, una cajilla de una libra de fresas en la tienda Walmart en San Diego se vende en 1.98 dólares. Una caja de importación de San Quintín cuesta 15.84 dólares, pero al campesino en San Quintín le pagan 10 pesos, es decir poco menos de 70 centavos de dólar.
Los campesinos en San Quintín trabajan 14 horas diarias, sin día de descanso, por 110 pesos diarios con seguro social o 120 pesos sin seguro social, lo que equivale a entre 54 y 59 centavos de dólar por hora, y sin pago por tiempo extra trabajado.
Cuando un campesino mixteco o triqui cosecha fresas en California gana 9 dólares por hora trabajada, pero después de la octava hora gana 13.50 dólares por hora; el día que un trabajador de Oaxaca o Guerrero tiene que trabajar una jornada de 14 horas como se trabaja en San Quintín, gana 126 dólares.
Un campesino indígena de San Quintín tendría que trabajar entre 213 y 232 horas para ganar lo que gana un campesino del mismo grupo indígena en California en 14 horas.
Los trabajadores indígenas mixtecos y triquis han cosechado en ambas californias desde hace más de 50 años, pero lo que marcó la diferencia fue el Tratado de Libre Comercio, platicó José González.
“Desde entonces lo que pasó fue que los rancheros de Estados Unidos se asociaron con empresarios en San Quintín y se fueron a producir a Baja California” porque pagan menos en salarios pero venden en Estados Unidos al precio de producción de California.
Bacon confirmó que “si no son los mismos campesinos cien por ciento en ambos lados, sí son mixtecos y triquis en más del 90 por ciento en California”.
Driscoll’s es la empresa más mencionada desde que unos 80 mil jornaleros de San Quintín comenzaron a exigir mejores salarios y condiciones laborales, porque es la empresa estadunidense más visible asociada con BerryMex, pero en esa zona hay por lo menos dos docenas de grandes productoras con inversionistas estadunidenses.
La participación de los agroindustriales mexicanos termina al entregar el producto en Baja California a los rancheros estadunidenses y son las empresas de estos quienes mueven la producción al mercado de Estados Unidos.
Por ejemplo, la familia del congresista federal republicano, Devin Nunes, quien representa a la región agrícola de Tulare en California, tiene contrato de distribución de las fresas de San Quintín dentro del territorio estadunidense.
Al preguntarle a Fidel Sánchez, vocero de la Alianza Nacional Estatal y Municipal por Justicia Social, quien representa a los jornaleros, qué debe saber el pueblo estadunidense, respondió:
Por: Cesar Vázquez
Morelia, Michoacán.- Enrique Peña Nieto es el enemigo común y junto con él todos los gobiernos que se ha dedicado a atacar a los grupos sociales, esa, fue la conclusión de este domingo en Cherán donde miembros de la comunidad indígena se reunieron con padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Allí se habló de una alianza entre los pueblos y de no sucumbir ante el desgaste y la división a los que le apuesta el gobierno Peñista.
“Estamos convocando a los pueblos a que no se dejen dividir, porque el gobierno está centrando todas sus fuerzas y recursos en desgastar las luchas sociales (…) y pareciera que lo están logrando”, explicó José Adolfo De la Cruz Velázquez, uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Además, ante el cierre de espacios en los medios de comunicación, los padres de los estudiantes desaparecidos han optado por otras vías como visitar a las comunidades y a los pueblos indígenas para informar que continúan en pie de lucha construyendo una alianza nacional.
Antes de hacer una parada en Cherán, la caravana visitó la comunidad de Ostula, en la costa michoacana, donde también pidieron que se sumen a la alianza de pueblos contra los que se han cometido los peores abusos.
“Hemos recorrido muchas comunidades en todo México y hemos visto que los abusos se repiten, por ejemplo en Chiapas el Ejército arrasa con pueblos enteros, les destruyen sus chozas, pero la gente tiene suficiente para volver a levantarse, con estos pueblos es con los que estamos haciendo alianzas”, explicó Bertha Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava.
Junto con ella viajan otras dos madres de normalistas desaparecidos, la señora Hilda Legideño Vargas y María Inés Abraján; que desde el 26 de septiembre del 2014 abandonaron sus hogares en cuanto supieron de la tragedia, y que ahora son parte activa de la lucha.
Desde la noche de la tragedia, apenas tuvieron oportunidad de sepultar a los primeros muertos, y desde entonces comenzó su peregrinar y marchan por todo el país pidiendo justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas desparecidos.
Son campesinas, lo han perdido todo, están dispuestas a enfrentar lo que sea y no darán tregua a su lucha hasta que el gobierno de Peña Nieto regrese a los 43 estudiantes.
“Nos han ofrecido mucho dinero, muchas veces nos han visitado para que ya dejemos de luchar, a algunas madres y padres de familia les han ofrecido un millón y medio de pesos, una casa y un carro; pero nuestros hijos no tienen precio, no sabemos cuánto es ese dinero que nos ofrecen, nosotros lo que sentimos es que no están nuestros hijos con nosotros, eso es lo que queremos que nos entreguen, no dinero”, explicó la señora María Inés Abraján.
Sobre las respuestas que ofreció la Procuraduría General de la República (PGR), los normalistas no creen nada, no se sustenta y hay suficientes argumentos para no creer en sus respuestas.
“Hay infinidad de científicos que han demostrado que no se sustenta la teoría de que los incineraron, no hay grasa ni residuos de carbón, incluso donde dicen que los quemaron ya salió pasto, si los hubieran incinerado allí la grasa no permitiría que tan rápido creciera algo”, sostuvo Hilda Legideño.
Eso es entre las pruebas más superficiales, pero también hay otros vicios en el caso, como que el Gobierno Federal no quiso intervenir en las investigaciones hasta muchos días después, cuando ya era más difícil recabar evidencias.
Otra prueba de que el Gobierno Federal estuvo coludido con el gobierno estatal de Ángel Aguirre y el municipal de Iguala, José Luis Abarca, es que nunca permitieron a los abogados revisar los expedientes que llevaban en la supuesta investigación. Fue hasta mucho tiempo después de que el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, cerró el caso y lo dio por finalizado cuando les permitieron revisar los expedientes.
“Pero para nosotros el caso no está cerrado, sigue abierto, para nosotros no ha transcurrido medio año como dicen, para nosotros es un día eterno que no finaliza, no vamos a olvidar y no estamos dispuestos a ceder, vamos a continuar en la lucha hasta aparezcan los 43”, aseguró.
Por su parte, María Inés explicó que el gobierno federal está introduciendo a muchos infiltrados entre los padres como entre los maestros, pero nada va a lograr que dejen de luchar, “y al imbécil de Vicente Fox, le exigimos que se calle, que deje de decir idioteces no queremos saber nada”.
Finalmente, establecieron que en Guerrero no permitirán que haya elecciones a ningún cargo, ni municipales, ni a gobernador ni a diputados”, ya no queremos un gobierno que se dedica a matar a su pueblo”, explicó el normalista Francisco Sánchez.
Una mujer fue asesinada durante la madrugada de este lunes en el fraccionamiento Valle de Puebla, confirmó la Procuraduría General de Justicia de Baja California.
La mujer fue identificada como Ema Ramírez Velasco, de 34 años de edad, empleada de un establecimiento comercial, quien durante la madrugada de este lunes, alrededor de las cinco de la mañana, salió de su domicilio rumbo a su trabajo.
Una vez en la calle, la mujer recibió en la cabeza un disparo de arma de fuego calibre 9 mm que le provocó la muerte de manera instantánea.
Los hechos ocurrieron en la calle Carroceros esquina con Chiquihuite de este fraccionamiento ubicado en la carretera a San Luis Río Colorado, Sonora, uno de los asentamientos humanos de alta incidencia delictiva de esta ciudad fronteriza.
Una de las principales líneas de investigación de la policía ministerial es su entorno familiar por un conflicto permanente con su ex pareja sentimental, según una fuente policiaca consultada.
Con el asesinato de Ema Ramírez suman ya 10 homicidios en contra de mujeres en Mexicali de los 21 registrados en Baja California durante el primer trimestre de 2015.
Las reformas legales aprobadas en el Congreso del Estado para detallar y especificar los supuestos de feminicidios aún no han sido publicados en el Periódico Oficial de Baja California, toda vez que el gobernador Francisco Vega no ha determinado si aplica su facultad de veto u ordena su impresión.
La frase “Somos humildes, no criminales” se deja ver en el muro blanco, recién pintado, de un local a medio construir en el predio que desde hace años se conoce como “Antigua Línea de Fuego”, a pesar de que nunca funcionó como tal.
Desde hace dos semanas, habitantes de este pedazo de tierra, atrapada entre los fraccionamientos de Colinas del Río, Colinas de San Ignacio y Los Sauces, han comenzado a limpiar las estrechas calles y quitar escombros. Ciudadanos solidarios han ayudado, pintando muros y quitando basura. Ninguno de ellos vive en los alrededores.
El motivo para limpiar la zona es que los habitantes se sientan más cómodos y dejen de ser criminalizados por la fachada del lugar, dijo uno de los ciudadanos que ayuda a regenerar la zona. Planean pintar de blanco los muros y que los niños dibujen algo en ellos, arreglar las tuberías tapadas y quitar el escombro de algunos locales demolidos.
Vecinos de este barrio no reconocido se han quejado de la victimización que viven desde hace tiempo. Algunos jóvenes dicen que la mayoría de los delitos con los que se culpa al lugar los han hecho personas de otras colonias. También dicen haber sido maltratados por policías. Los suben a las patrullas solo por estar parados en la esquina del predio o jugando fútbol.
No son los únicos que han vivido represión. Un vecino, que prefiere ocultar su nombre, tuvo una experiencia parecida. Un par de policías lo golpearon acusándolo de tener marihuana, pero él dijo que en ese momento estaba trabajando.
En la “Antigua Línea de Fuego” viven familias desde hace más de 20 años a pesar de que no es una zona habitacional. Otras llevan menos tiempo, cinco años, seis o tres meses. Se calculan unas 17 familias que, en su mayoría, rebasan los cuatro integrantes.
Los locales no están adaptados para ser una vivienda. Muchos no tienen puertas ni separación de cuartos. Algunos habitantes han dicho que ellos no quieren regalos sino un apoyo para pagar otro lugar. Varios pagan rentas desde 350 pesos al mes a los dueños, contrario a las “rentas caras de más de 700 pesos” que dijo Enrique Peralta Plancarte, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal.
El funcionario también aconsejó al reportero que lo entrevistó (la nota salió en un medio televisivo) que no fuera solo al lugar al que tildó de hotel, bar, bodega de cosas robadas y venta de estupefacientes.
Desde hace varias administraciones las autoridades en turno se han comprometido a rehabilitar el lugar y apoyar a quienes viven ahí para pagar una casa. Nunca se ha mencionado en qué zona vivirían ni se ha formalizado ningún acuerdo.
Lo que sí ha sucedido son amenazas constantes. Funcionarios han anunciado un “límite de tiempo” para que las familias desalojen y se derrumben los locales. La última fue el 9 de marzo de este año. El alcalde, Juan Antonio Martín del Campo, lo anunció como una medida que pedía Protección Civil.
En 2011, cuando Lorena Martínez era alcaldesa del municipio, dijo que desconocía la existencia del lugar. “No se imaginaba” que había personas viviendo en él. Su administración terminó y las promesas de entregar pies de casas se fueron con ella.
También se perdió la pista de los 7 millones que la ex alcaldesa designó para rehabilitar el lugar y entregar apoyos a las familias. Una parte de este recurso salió de la venta del estacionamiento de El Parián en 2013, según declaraciones de Lorena Martínez.
La historia de este predio comenzó en agosto de 1981, durante el gobierno de Rodolfo Landeros Gallegos. El dueño, Miguel Tiscareño Silva, vendió su terreno de 17,500 metros cuadrados para que la Línea de Fuego se instalara ahí. El proyecto no se terminó ni se utilizó para lo que fue planeado. El motivo fue una supuesta falta de recursos.
La mayoría de los locales no se han usado para el comercio. Sólo tres de ellos, uno de materiales de aluminio, otro de reparación de bicicletas y uno más de tapicería.
Esta información está integrada en un documento que nueve diputados del Partido Acción Nacional entregaron al Congreso del Estado en noviembre del 2008, entre ellos Juan Antonio Martín del Campo y Jaime Gallo Camacho.
La petición de los diputados para desalojar el área y construir un parque recreativo se apoyaba en el recuento de 402 firmas que vecinos de los fraccionamientos aledaños juntaron de 1993 a 1999 pidiendo que el predio desapareciera.
Vagancia, drogadicción, prostitución, asesinatos y riesgos ambientales fueron los motivos que vecinos y funcionarios detectaron para querer construir el parque y entregar viviendas con mejores condiciones a quienes habitaban ahí.
Medios locales han ayudado a que la imagen de la “Antigua Línea de Fuego” inspire temor entre la sociedad. “Gueto, semillero de criminales, muladar de miseria humana y hacinamiento” son algunos de los adjetivos con los que se le hace referencia. En los mismos medios se han publicado declaraciones del secretario de Seguridad Pública del Municipio, Pablo Godínez Hernández, negando haber recibido reportes de esa zona.
Sus habitantes piensan distinto. Para ellos es como cualquier barrio de personas con escasos recursos, donde hay gente trabajadora y pleitos ocasionales.
Trabajadores de la empresa Red Recolector, S.A de C.V. aseguran que trabajan jornadas de 12 horas diarias sin que les paguen horas extra.
Además mencionaron que antes no laboraban días festivos como Año Nuevo o Viernes Santo y ahora sí lo hacen también sin pago adicional.
“Somos como 200 compañeros y los lunes y martes son cuando más trabajo hay; esos días salimos alrededor de las cuatro de la tarde cuando nuestro horario es hasta la una”, dijo un empleado.
Los recolectores de basura de Red Recolector prefirieron el anonimato para evitar represalias de parte de sus jefes.
“Son cuatro horas que nadie nos las paga, si decimos algo nos pueden correr y para como está la situación uno no puede dejar de trabajar”, dijo otro afectado.
Según mencionó la abogada Jessica Iliana Ontiveros García, del despacho Ontiveros-Tovar, los trabajadores siempre tienen opción de denunciar el abuso.
“Las personas siempre tienen la opción de denunciar el abuso pero estarían dando por terminada la relación laboral, entonces por eso mismo muchos no lo reportan”, comentó.
AM buscó a representantes de la empresa y uno de los empleados de recursos humanos indicó que no era el indicado para dar información.
“No puedo decir nada, tendríamos que hablar con los abogados para ver qué es lo que se puede comentar, pero es la una de la tarde (de ayer) y están saliendo ya los trabajadores, saca tus conclusiones”, comentó sin dar su nombre.
Lo que piden los trabajadores es que si laboran horas extra se les paguen conforme a la ley, pues es tiempo que ellos pueden usar para otras actividades que les permita llevar el pan a la mesa o pagar sus deudas.
Rechaza Contralor acusación del SIAP
El contralor municipal, Alberto Padilla Camacho, rechazó ayer que la dependencia a su cargo haya dado una mala asesoría al Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) en el proceso de licitación para adquirir un software.
El funcionario comentó que al realizar una licitación cada dependencia solicitante debe saber el procedimiento a seguir, por lo que deslindó a la Contraloría de las acusaciones que hizo ayer el director del SIAP, Norberto Origel Camacho.
“Es evidente que se siguen equivocando, le están echando la culpa a alguien de la Contraloría cuando son ellos los que deberían conocer los procedimientos, independientemente de que se les diga una cosa y pudiera ser verdad o mentira”.
“No consta en ninguna parte que haya sucedido lo que ellos están señalando, lo que sí consta es que producto de su mal actuar se está echando abajo por parte de la Contraloría una licitación, ellos son los responsables del procedimiento”, indicó el Contralor.
El software de armonización contable, con costo de un millón 980 mil pesos más IVA, ni siquiera es necesario que lo compre el Sistema Integral de Aseo Público, según Padilla Camacho, quien aseguró que el Gobierno del Estado puede proveerlo a los municipios.
“Se equivocan porque no convocan a los consejeros al fallo, no siguieron el procedimiento adecuado. Ellos no tienen la necesidad de comprar ese software porque ese lo regala Gobierno del Estado. Si ellos quieren gastarse dos millones de pesos en eso, están en su derecho”, expuso.
Luego de la detención del proceso mencionado, se iniciará una nueva licitación para la compra del software.
Garantiza servicio
Respecto a la revocación de contratos para la recolección de basura para Red Recolector, Norberto Origel, titular del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), aseguró que el servicio seguirá y si se llegara a cancelar el contrato deberán implementar un plan emergente.
Dijo que en promedio se le paga 12 millones de pesos mensuales a la empresa por el servicio brindado a partir de septiembre de 2014.
“No afecta el servicio en este momento; el Municipio como primera instancia tiene la facultad de poner una revisión así como el propio particular que es Red Recolector; el servicio está garantizado y no se afectará ninguna colonia”, aseguró.
Comentó que si hubiera una resolución más adelante y tuviera que reponerse el procedimiento, la empresa seguramente se amparará y mientras seguirá prestando el servicio hasta que haya una resolución definitiva.
