Pedro Zamora Briseño
ZACUALPAN, Col. (apro).- El proyecto para explotar una mina de oro, plata, cobre y manganeso provocó un conflicto social en esta comunidad indígena nahua, que después de casi año y medio vive en una tensión permanente, que podría desencadenar enfrentamientos con resultados trágicos.
Entre el 1 y el 4 de marzo, una Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan visitó el estado y en dos ocasiones intentó ingresar al pueblo para entrevistarse con las autoridades comunales y miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). No obstante, un grupo de comuneros priistas bloqueó la carretera con piedras y, armado con palos, tubos y machetes, le impidió el acceso.
En su informe final, los observadores –pertenecientes a 18 organizaciones de Canadá, Estados Unidos y México– responsabilizaron al gobernador Mario Anguiano Moreno de “cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantía para la aplicación del derecho”.
La Misión estuvo integrada, entre otros, por Jennifer Moore, de MiningWatch; María Colín, de Greenpeace; Mario Gálvez, de Peace Action; Miguel Ángel Mijangos, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Alison Wright, de Environmental Defender Law Center; María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados de Jalisco, y personajes como la cineasta Dana Rotberg y el antropólogo Gilberto López y Rivas.
Después de los primeros meses de protestas en contra de la mina —en cuyo contexto la asamblea comunal declaró a Zacualpan como “Territorio libre de minería” y esto fue reconocido por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38—, autoridades estatales y federales afirmaron que no se llevaría a cabo el proyecto, pero la Misión Internacional corroboró que hasta la fecha hay dos concesiones vigentes en esa zona, relacionadas con los lotes Heliotropo y Tigrilla.
A juicio del grupo de observadores, el conflicto de Zacualpan en realidad fue originado por una política implementada por el gobierno federal, que “de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras”, sin que los pueblos de todo el país, y del estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.
“Esta política entreguista y de despojo —añadieron en su documento— genera que 44% del estado de Colima haya sido entregado en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado”.
Datos del Sistema de Administración Minera, de la Secretaría de Economía, muestran que en el periodo de 2002 a 2014 casi se triplicó el número de concesiones mineras en la entidad, de 113 a 297.
La misma dependencia reporta que en la actualidad una decena de compañías mineras trasnacionales, originarias de Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Argentina, Italia e India, están en territorio colimense realizando labores de exploración, en desarrollo o en plena producción.
La mayor parte de estas empresas se dedica a la extracción de hierro, en tanto que otras buscan oro y plata. Entre ellas destacan las estadunidenses Tara Minerals Corp., Subsidiary of Tara Gold, Jaguar Mining Enterprises Inc. y Cotton & Western Mining Inc, así como la china Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, la canadiense Macmillan Gold Corp., la inglesa London Mining Plc, y Ternium, de capital italo-argentino.
En entrevista, el antropólogo Gilberto López y Rivas dice que Colima —uno de los estados más pequeños del país— “es un caso paradigmático en cuanto a la entrega de los territorios a la ocupación integral que sufre el país a partir de las llamadas reformas estructurales y el modelo neoliberal, es decir, esta entidad no es más que el espejo de lo que ocurre en toda la República en el tratamiento racista y subordinante contra los pueblos indígenas para que dejen de resistir”.
Con una población de poco más de 2 mil habitantes, Zacualpan es una de las comunidades indígenas más grandes de Colima y, según las mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se encuentra en el tercer lugar de las localidades con mayor rezago social en el estado.
A finales de 2013, un amplio grupo de comuneros de este lugar, encabezados por Epitacia Zamora (fallecida recientemente), Jesús Santos, Dilva Peña y Rosalío Martínez, entre otros, se inconformaron contra la directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de tratar de imponer un proyecto minero pese al rechazo de la asamblea.
Agrupados en el CIDTZ, pidieron el respaldo y asesoría del grupo ambientalista Bios Iguana, con la preocupación por el riesgo que implicaría la actividad minera para el manantial Ojo de Agua, que además de dar vida a un balneario ecoturístico de la comunidad, la abastece de agua potable a ella y a cerca de 300 mil habitantes de la capital del estado (Proceso 1939).
El movimiento contra la mina logró en febrero de 2014 la destitución de los representantes comunales y el nombramiento de otra mesa directiva, que estuvo en funciones provisionalmente hasta diciembre de ese año, cuando un tribunal ordenó otra elección en la que triunfó de nuevo la corriente cercana al CIDTZ, con Taurino Rincón Lorenzo como presidente de Bienes Comunales.
A lo largo de este periodo se ha vivido un pesado ambiente al interior de la comunidad, con conatos de violencia, luego de que los seguidores del depuesto dirigente comunal Carlos Guzmán —identificados con el PRI— tomaron por la fuerza desde hace varios meses el balneario ecoturístico Ojo de Agua, que representa ingresos de alrededor de 100 mil pesos mensuales, a pesar de que el TUA 38 determinó que su administración corresponde a las autoridades comunales legalmente constituidas.
De acuerdo con denuncias realizadas por el CIDTZ y por Bios Iguana, el conflicto de Zacualpan ha arrojado un saldo de detenciones temporales, hostigamiento y amenazas de muerte en contra de integrantes y activistas de estas organizaciones, particularmente Esperanza Salazar Zenil, Jesús Santos Quirino, Dilva Peña Velázquez, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Misael Andrade Simental, Gabriel Martínez Campos, Víctor Andrés Cruz Chi y Alejandro Bueno Salazar. Los tres últimos se vieron obligados a salir del estado para resguardar su integridad física.
En el informe de su visita, la Misión Internacional denunció que en Colima prevalece un clima de “criminalización, persecución y amenazas” contra defensores de derechos humanos, y exigió al gobierno estatal instrumentar medidas cautelares para la protección de los habitantes de la comunidad y los activistas que se encuentran en riesgo, de manera especial atender en forma inmediata los casos de quienes tuvieron que emigrar del estado.
Aunque en el discurso gubernamental el tema de la mina se considera superado, el grupo de observadores estimó que el asunto se mantiene latente.
Otorgado en octubre de 1995 a nombre del fallecido Adolfo Pineda Martínez, el título de concesión 211872, que afecta el lote minero denominado Heliotropo, abarca un periodo de 50 años.
Después de entrevistarse con funcionarios estatales, federales y municipales, los miembros de la Misión se mostraron sorprendidos, debido a que todos ellos “repitieron de muchas formas y maneras que no hay conflicto minero en Zacualpan porque no hay un proyecto minero operando”.
Según los activistas, el 18 de julio de 2014 la Secretaría de Economía recibió para su inscripción un contrato de asociación para la exploración y explotación por parte de la empresa Gabfer SA de CV, “lo que implica que hay un proyecto minero y un promovente, y aunque haya sido improcedente en su inscripción, como se cita en el expediente 626/2014 de la Secretaría de Economía, ello significa que sí hay recurrentes intentos para la implementación de un proyecto minero”.
Existen varias evidencias, señalaron los observadores, de que dos concesiones siguen activas en el territorio de Zacualpan, como el hecho de que “cada año alguien está pagando los derechos para que no se les dé de baja”.
Públicamente, el pequeño empresario local Rigoberto Verduzco Rodríguez, propietario de un autolavado en Colima, aparece como representante de la empresa Gabfer, aunque no ha dado a conocer quiénes son los inversionistas.
De acuerdo con indagatorias de la agencia Apro, se pudo conocer que desde noviembre de 2011 la empresa Consultores en Ecología con Visión Integral SA de CV (Corevi) concluyó una Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad general, del proyecto Heliotropo ubicado en el municipio de Comala, Colima, y otro estudio similar fue realizado en torno del proyecto Tigrilla, amparado por la concesión 227572, otorgada en 2006 también en el municipio de Comala.
La empresa que encargó estos estudios, según lo informa Corevi en su sitio web, es la Minera Teck SA de CV, con sede en Guadalajara, y subsidiaria de la compañía canadiense Teck Resources Limited, con oficinas centrales en la ciudad de Vancouver.
No obstante, desde el inicio del conflicto hasta la fecha, funcionarios de los gobiernos estatal y federal han asegurado desconocer la existencia de alguna Manifestación de Impacto Ambiental para proyectos mineros en esa zona.
Gilberto López y Rivas responsabiliza al gobierno de Colima de haber introducido en Zacualpan “un supuesto conflicto intercomunitario” con la finalidad de romper el tejido social de la resistencia a través de la actuación de “un grupúsculo” ligado al PRI que no deja trabajar a las autoridades comunales electas en asamblea.
Se trata, dice el antropólogo, de “un conflicto administrado, dosificado, manipulado y financiado por el gobierno del estado en el que ocultan quién está detrás de las minas, quién está detrás de mantener el Ojo de Agua para los priistas, pero lo que se ve es una alianza de las autoridades con ese grupo para mantener el statu quo”.
Desde el punto de vista de López y Rivas, el objetivo es dejar el territorio libre a las trasnacionales para convertir a Colima en el paraíso de las corporaciones, “como el lugar donde el capital puede hacer y deshacer como quiera”.
Luego de que la noche del pasado lunes 1 el grupo priista bloqueó la carretera e impidió la entrada de la Misión a Zacualpan, al día siguiente los visitantes se entrevistaron con diversos funcionarios, entre ellos el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, quien, según ellos, les ofreció garantías para el libre tránsito el martes 2, a las 8:30 de la mañana.
Al presentarse por segunda ocasión, la caravana encontró nuevamente cerrado el acceso a la comunidad, mientras a los costados de la carretera había cerca de 30 camionetas de las policías Estatal y de Procuración de Justicia, así como el grupo antimotines y una tanqueta.
Ante la petición de los observadores de que el gobierno estatal garantizara el derecho al libre tránsito, el director general de Gobierno, José Alberto Peregrina Sánchez, cabildeó durante casi dos horas con los comuneros priistas, encabezados entre otros por Guadalupe Laureano Quirino y Alicia Aranda Olivares, pero no accedieron a levantar el bloqueo.
Cuando los miembros de la Misión reclamaron al funcionario que no había hecho “su tarea” de negociación desde el día anterior, pese a que existían medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con ese propósito, Peregrina les dijo que se implementaría un operativo para “romper el cerco” y retirar a los inconformes mediante la fuerza pública, lo que fue reprobado por los activistas, quienes abandonaron el lugar porque, dijeron, no estaban dispuestos a avalar un acto de represión, que al final no se consumó.
Posteriormente, en su informe, los observadores denunciaron que el funcionario “de manera burda e incluso ridícula, pretendió montar un escenario ideal para que la Misión fuera una causal para reprimir al grupo que estaba bloqueando el camino”, pero “lo único que logró fue poner en evidencia los verdaderos intereses del gobierno del estado, al estar abonando a la agudización de un conflicto que esperamos no tenga fatales consecuencias”.
El miércoles 4, la Misión informó que en su reunión del lunes con el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, uno de los acuerdos fue establecer un trabajo colegiado con el propósito de cancelar de manera permanente la concesión minera, aun y a pesar de que no es un proyecto consumado de forma legal, pues “ha sido ya la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos, a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a los promoventes de las mineras”.
No obstante, para ese momento ya se había generado una ruptura entre los activistas y el gobierno estatal.
Pese a la intención que tuvo el gobierno estatal de usar la fuerza pública, medida anunciada ante observadores y periodistas presentes en el lugar, Rogelio Rueda descargó esa responsabilidad sobre los miembros de la Misión.
“Quienes pretenden criminalizar la protesta de un grupo de gente de Zacualpan son gente extraña a la comunidad que insiste en que se les consigne por presuntos delitos”, dijo mediante un comunicado de prensa emitido el miércoles 4.
Añadió: “Creemos que encarcelar a la gente no debe ser nuestra prioridad, sino lograr que ese diálogo se dé, y aunque nos tome más tiempo y aunque nos tome más esfuerzo, recuperar la vida cotidiana y el orden en Zacualpan, esas son las instrucciones que tenemos del gobernador y a eso estamos dedicados”.
Según el funcionario, inicialmente los visitantes expresaron su interés por conocer la situación de la actividad minera en la comunidad, pero “aun cuando se les brindó la información necesaria y les quedó claro que no hay ni habrá una mina en Zacualpan, como manifestaron era su temor, ahora han ampliado sus intereses hacia los temas de derechos humanos, incluso hemos visto que pretenden inmiscuirse en la vida interna de la comunidad de Zacualpan”.
En relación con la demanda de coadyuvar en la cancelación de la concesión, Rueda Sánchez expresó que del gobierno del estado no habrá oposición a este procedimiento, pero “es un tema que se tiene que dirimir con el gobierno federal, quien administra los bienes de la nación, como son los minerales”.
Y sobre las denuncias de amenazas y hostigamiento contra miembros del CIDTZ y de Bios Iguana, el secretario de Gobierno argumentó que ese asunto ya fue investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el 29 de enero pasado “archivó el asunto porque no hay ninguna violación a los derechos humanos de la gente de Bios Iguana o de la gente que estaba involucrada en esta problemática de Zacualpan”.
Ante de irse, los miembros de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan se mostraron preocupados por lo que vieron y concluyeron que en Colima “prevalece el contubernio, la impunidad, la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y del federal”.
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